Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00123-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00123-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2016-00123-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 25000-23-36-000-2015-01068-00 (57605)
Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales —IDEAM—
Demandados: Carlos Rufino Costa Posada y otros
Referencia: Medio de control de repetición
TEMAS: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – resulta procedente para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial de los agentes estatales que, con su conducta
dolosa o gravemente culposa, hayan provocado una sentencia condenatoria contra el Estado y,
con ello, un reconocimiento indemnizatorio. Presupuestos de procedencia bajo la Ley 678 de
2001. PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA – el Consejo de Estado debe conocer en única
instancia la demanda de repetición que el Estado ejerza, entre otros, contra el representante
legal de entidades del orden nacional. Cuando son varios los funcionarios demandados, el
competente será el juez que conocería el proceso en contra del servidor público de mayor
jerarquía. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – el término para
presentar la demanda de repetición es de dos años contados desde el pago de la condena o
desde el vencimiento del plazo para pagar la obligación. En caso de que el pago se haga en
cuotas, el término se debe contar desde el último pago, siempre que aquel se materialice dentro
del término legal para el pago de la condena. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA –
no están legitimados en la causa por pasiva quienes no participan en los hechos que originan
el daño sufrido por la entidad estatal. SUPUESTOS DE HECHO QUE DAN LUGAR A
PRESUMIR LA CULPA GRAVE O EL DOLO – la entidad demandante tiene la carga de
acreditar los hechos base de la presunción de la que pretenda valerse para estructurar la
responsabilidad patrimonial del agente estatal. ALCANCE DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO
6 DE LA LEY 678 DE 2001 - la materialización del supuesto de hecho allí contemplado se
concreta en el desconocimiento manifiesto e inexcusable del ordenamiento jurídico superior.
RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES ESTATALES – Ausencia de culpa grave o dolo -
la ambigüedad normativa sobre la aplicación de la Ley 797 de 2003 frente al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, sumada a la inexistencia de pruebas suficientes, impide atribuir
a los funcionarios culpa grave o dolo, dado que su actuación se fundó en una interpretación
plausible del derecho vigente. No puede configurarse desconocimiento inexcusable ni
responsabilidad personal cuando la decisión obedeció a un criterio razonable y no a una
conducta arbitraria o contraria a derecho. CONDENA EN COSTAS - de conformidad con los
artículos 361, 365 y 366 del CGP y el artículo 188 del CPACA, se condena en costas al IDEAM
por haber resultado vencido, ordenando su liquidación conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de
2016 del CSJ y fijando agencias en derecho.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales —
en adelante, IDEAM— en contra de Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos
Morillo Herrera, Juan Crisóstomo Lara Franco y Marcial Hernando Ibarra Morillo,
con el propósito de que se declare su responsabilidad patrimonial por haber dado
lugar, con su conducta gravemente culposa, al pago de un reconocimiento
indemnizatorio proveniente de una sentencia condenatoria proferida en su contra.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-01068-00 (57605)
Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante sentencia proferida el 17 de febrero de 2012, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad del acto administrativo
proferido por el IDEAM, que dispuso el retiro del servicio del señor José Norbey
García Tangarife; en consecuencia, ordenó su reintegro y condenó a la entidad al
pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir.
Como el IDEAM fue condenado en el mencionado proceso , promovió demanda en
ejercicio del medio de control de repetición en contra de los señores Carlos Rufino
Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera, Juan Crisóstomo Lara Franco y Marcial
Hernando Ibarra Morillo, para que sean declarados responsables, a título de culpa
grave, del pago efectuado en cumplimiento de la condena impuesta. Lo anterior, al
considerar que en su calidad de servidores públicos y con su actuar gravemente
culposo dieron lugar a la condena impuesta, pues incurrieron en una inexcusable
omisión en el cumplimiento de sus funciones al no advertir que, con la expedición
del acto administrativo anulado, se vulneraba el derecho que le asistía al funcionario
retirado a mejorar el promedio de su pensión de jubilación hasta el momento en que
alcanzara la edad de retiro forzoso.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 7 de mayo de 20151, el IDEAM, por conducto de su apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición contra Carlos
Rufino Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera, Juan Crisóstomo Lara Franco y
Marcial Hernando Ibarra Morillo, con las siguientes pretensiones (se transcriben de
forma literal, incluso con posibles errores):
“PRIMERA: que se declare patrimonialmente responsables a los señores CARLOS
RUFINO COSTA POSADA, JUAN CARLOS MORILLO HERRERA, JUAN
CRISÓSTOMO LARA FRANCO Y HERNANDO IBARRA MORILLO, por los daños
antijurídicos imputables, causados por la culpa grave en su actuar con ocasión de la
condena proferida por el Juzgado Quinto administrativo del Circuito de Villavicencio
en contra del IDEAM, de reintegro y permanencia en el cargo del exfuncionario JOSÉ
NORBEY GARCÍA TANGARIFE.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a los
señores CARLOS RUFINO COSTA POSADA, JUAN CARLOS MORILLO
HERRERA, JUAN CRISÓSTOMO LARA FRANCO Y HERNANDO IBARRA
MORILLO, en su calidad de demandados, al pago de DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MONEDALEGAL COLOMBIANA ($283.433.970.00) dinero éste
que fue cancelado por la entidad que represento, INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-, al señor JOSÉ NORBEY
GARCÍA TANGARIFE al FONDO NACIONAL DEL HORRO [sic] y a través de la
1 Fls 2 a 13, C. 1.
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
planilla integrada de liquidación de aportes “MI PLANILLA” los correspondientes a
seguridad social y parafiscales, de conformidad con la Certificación de fecha 26 de
septiembre de 2014, expedida por la Dra. Mónica Yolanda Alayon Madero,
Coordinadora del Grupo de Tesorería del IDEAM.
TERCERA: Que se condene a los señores CARLOS RUFINO COSTA POSADA,
JUAN CARLOS MORILLO HERRERA, JUAN CRISÓSTOMO LARA FRANCO Y
HERNANDO IBARRA MORILLO ya identificados, al pago de los intereses moratorios
y corrientes, causados desde el momento en que el INSTITUTO DE HIDRÓLOGA
[sic], METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- canceló la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($283.433.970.00) al Sr. JOSÉ NORBEY GARCÍA TANGARIFE, esto es desde el día
3 de febrero de 2014, como última fecha de pago realizada por la entidad, según
certificación y relación (pago segundad social y parafiscales “Mi Planilla”) expedida
por la Coordinadora del Grupo do [sic] Tesorería del IDEAM.
CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene igualmente a las costas
y agencias en derecho del presente proceso.”
1.2. En su demanda, la parte accionante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
1.2.1. El 24 de agosto de 1970 José Norbey García Tangarife se vinculó al Instituto
Nacional de Adecuación de Tierras INAT, entidad en la que trabajó hasta el 26 de
febrero de 1995. El 1 de marzo siguiente se vinculó al Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras HIMAT —reemplazado en sus
funciones hidrológicas y meteorológicas por el IDEAM con ocasión de la expedición
de la Ley 99 de 1993—, en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado
09, del programa de operación de redes en el área operativa 03 Meta – Vichada –
Guaviare.
1.2.2. Mediante oficio del 18 de julio de 2003, José Norbey García Tangarife solicitó
a la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento y pago de su pensión de
vejez, por haber cumplido los requisitos establecidos en el régimen pensional
anterior a la Ley 100 de 1993, el cual le era aplicable al estar amparado por el
régimen de transición previsto en el artículo 36 ejusdem. La Caja Nacional de
Previsión Social accedió a la solicitud impetrada por el señor García Tangarife y, en
dicho sentido, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a su favor en
cuantía de $655.967,17, efectiva a partir del 14 de marzo de 2003, siempre que
demostrara su retiro definitivo del servicio.
1.2.3. Por medio de Resolución No. 0198 del 22 de septiembre de 2004, el IDEAM
ordenó retirar del servicio al señor García Tangarife a partir del 1 de noviembre de
2004, por cuenta del reconocimiento de su pensión de vejez. De acuerdo con lo
expuesto en la demanda, esta decisión estuvo precedida de una comunicación
enviada al IDEAM por la Caja Nacional de Previsión Social, en la que informó que
se encontraba a la espera del acto de retiro de varios de sus funcionarios cuya
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efectividad debía darse a partir del 1 de noviembre de 2004, figurando entre ellos el
señor García Tangarife
1.2.4. Inconforme con su retiro definitivo del servicio, José Norbey García Tangarife
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra el IDEAM,
con el objeto de que se anulara la Resolución No. 0198 del 22 de septiembre de
2004 y se restablecieran los derechos que estimó vulnerados con ocasión de la
expedición del acto que lo retiró del servicio. El proceso correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, que en sentencia del 17 de
febrero de 2012 declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, en
consecuencia, ordenó el reintegro al servicio del señor García Tangarife y el pago
de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir.
De acuerdo con lo expuesto en la providencia que dio fin al proceso, el señor García
Tangarife tenía derecho a permanecer en el servicio hasta la edad de retiro forzoso,
con el objeto de mejorar su promedio de pensión por virtud de lo establecido en el
artículo 150 de la Ley 100 de 1993, por lo que el IDEAM no podía retirarlo por el
solo hecho de que se hubiere reconocido en su favor la pensión de vejez.
1.2.5. La sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio
no fue apelada, motivo por el cual quedó ejecutoriada el 12 de marzo de 2012. El
IDEAM ordenó su pago por medio de la Resolución No. 2504 del 4 de octubre de
2012, la cual fue modificada en varias ocasiones. Seguidamente, “mediante órdenes
de pago 489090112 de 22 de octubre de 2012 y 489104612 de 29 de octubre de
2012, se dispuso el respectivo pago de la condena, lo que ocurrió el 22 de octubre
de 2012 y el 29 de octubre de 2012, así como los pagos de seguridad social, último
pago realizado el 3 de febrero de 2014, conforme a certificación de fecha 26 de
septiembre de 2014, expedida por la Dra. MÓNICA YOLANDA AYALON MADERO,
Coordinadora Grupo de Tesorería del IDEAM”.
1.2.6. Teniendo en consideración que el IDEAM afirma haber pagado una
indemnización por la condena impuesta en su contra, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de repetición en contra de los señores Carlos Rufino
Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera, Juan Crisóstomo Lara Franco y Marcial
Hernando Ibarra Morillo, pues considera que fueron los servidores públicos que con
su actuar gravemente culposo dieron lugar a la condena proferida en su contra, al
incurrir en una inexcusable omisión en el ejercicio de las funciones a su cargo, por
no advertir que, con la expedición del acto administrativo anulado, se vulneraba el
derecho que le asistía al señor García Tangarife de mejorar el promedio de su
pensión de jubilación hasta el momento en que cumpliera la edad de retiro forzoso.
1.2.6.1. En el caso de Carlos Rufino Costa Posada, en su momento director general
del IDEAM, la entidad reprochó su conducta al haber proferido el acto administrativo
que retiró del servicio al señor Garcia Tangarife, punto en el cual refirió que “[…] sino
[sic] hubiese suscrito el acto administrativo demandado no se había [sic] producido el
daño causado a la entidad […]”.
1.2.6.2. En lo que respecta a Juan Carlos Morillo Herrera, técnico administrativo del
Grupo de Recursos Humanos del IDEAM en aquel entonces, la entidad cuestionó su
conducta al haber elaborado el acto administrativo anulado, aspecto en el cual agregó
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que “[…] sino […] hubiese elaborado el acto administrativo demandado no se había
[…] producido el daño causado a la entidad […]”.
1.2.6.3. En cuanto al demandado Juan Crisóstomo Lara Franco, a la sazón
profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica del IDEAM, la entidad censuró
su conducta porque no advirtió el error que implicaba retirar del servicio al señor García
Tangarife, pese a haber estado a cargo de la revisión del acto administrativo,
precisando al mismo tiempo que si “[…] con su revisión hubiese advertido el error que
con el acto administrativo […] se produjo, no se habría causado daño a la entidad […]”.
1.2.6.4. Frente a Marcial Hernando Ibarra Morillo, en su momento asesor del Grupo
de Recursos Humanos del IDEAM, la entidad cuestionó su conducta porque permitió
la elaboración del acto administrativo que retiró del servicio al señor García Tangarife,
pese a tener a su cargo, entre otras funciones, la de vigilar la correcta elaboración de
resoluciones de nombramiento, retiros y, en general, lo relativo a los actos sobre
distintas situaciones administrativas del personal de la entidad.
2. Trámite relevante en punto a la admisión de la demanda y su notificación
2.1. La demanda de repetición promovida por el IDEAM fue presentada ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en auto del 21 de mayo de 20152
declaró su falta de competencia para conocer el asunto. En criterio del Tribunal, el
competente para dirimir la controversia era el Juez Quinto Administrativo del Circuito
de Villavicencio al haber proferido la sentencia condenatoria contra el IDEAM —
factor de conexidad previsto en el artículo 7 de la Ley 678 de 2001—, motivo por el
cual dispuso la remisión del expediente para su conocimiento, luego de confirmar que
la cuantía del proceso de repetición no excedía el límite que restringía su competencia.
2.2. Por medio de auto del 18 de junio de 20153, el Juez Quinto Administrativo del
Circuito de Villavicencio inadmitió la demanda, al verificar que no venía acompañada
de las copias y anexos necesarios para su traslado al extremo pasivo y al Ministerio
Público. Mediante oficio radicado el 14 de julio de 20154, el apoderado de la entidad
demandante presentó los documentos requeridos, por lo que el Juez Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio admitió la demanda a través de
providencia del 16 de julio de 20155 y dispuso su notificación personal a los
demandados y al Ministerio Público.
2.3. La demanda fue notificada personalmente a los señores (i) Juan Carlos Morillo
Herrera6, quien la contestó oportunamente el 5 de abril siguiente7, (ii) Marcial
Hernando Ibarra Morillo8, quien la contestó dentro del término legal el 9 de febrero de
2 Fl 56, C. 1.
3 Fl 63, C. 1.
4 Fl 64, C. 1.
5 Fl 66, C. 1.
6 Fl 76, C. 1.
7 Fls. 100 a 105, C. 1.
8 Fl 78, C. 1.
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20169 y (iii) Carlos Rufino Costa Posada10, quien no la contestó. En el caso del señor
Juan Crisóstomo Lara Franco, la empresa de correspondencia a cargo del envío de la
citación para su notificación personal informó que el documento no pudo ser
entregado, en tanto el destinatario no residía en la dirección proporcionada para el
efecto. De este modo, el Juez Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio
dispuso su emplazamiento mediante auto del 21 de abril de 201611.
2.4. En el expediente está demostrado que, mediante oficio radicado el 8 de junio de
201612, el apoderado del IDEAM solicitó al Juez Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio declarar la falta de competencia para conocer el asunto, porque, en los
términos del numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo —en adelante, CPACA—, el Consejo de Estado
era el competente para conocer en única instancia de las demandas de repetición que
se promovieran en contra de los representantes legales de las entidades del orden
nacional, como lo era el IDEAM. De este modo, como en este caso se demandó en
repetición a Carlos Rufino Costa Posada, en su momento director general del IDEAM,
consideró que era el Consejo de Estado quien debía decidir la controversia en un
proceso de única instancia.
2.5. Con auto del 30 de junio de 201613, el Juez Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio accedió a la solicitud impetrada por el apoderado de la parte accionante
y declaró su falta de competencia para conocer el asunto. Expuso que el proceso
debía ser conocido por el Consejo de Estado, en tanto en el extremo pasivo figuraba
como demandado Carlos Rufino Costa Posada, quien fungió como director general
del IDEAM en el momento de los hechos, esto es, como representante legal de un
establecimiento público del orden nacional al tiempo en que se profirió el acto
administrativo anulado. En estos términos, de acuerdo con lo prescrito en el numeral
13 del artículo 149 del CPACA, concluyó que carecía de competencia para conocer el
asunto por la calidad de uno de los demandados, por lo que ordenó que el expediente
fuera remitido al Consejo de Estado.
2.6. Por medio de auto del 23 de agosto de 201614, el Consejo de Estado avocó el
conocimiento del asunto al considerar que era competente de acuerdo con lo
establecido en el citado numeral 13 del artículo 149 del CPACA, a propósito de lo cual
agregó que todo lo actuado por el Juez Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio conservaba validez. De esta forma, como quiera que la demanda de
repetición fue promovida dentro del término legal, dispuso continuar con el trámite del
proceso judicial.
2.7. En providencia del 15 de noviembre de 201615, esta Corporación advirtió que el
auto admisorio de la demanda no había podido ser notificado en debida forma a los
demandados Carlos Rufino Costa Posada y Juan Crisóstomo Lara Franco. Por lo
9 Fls 86 a 92, C. 1.
10 Fl 107, C. 1.
11 Fl 109, C. 1.
12 Fls 110 a 111, C. 1.
13 Fls 115 a 117, C. 1.
14 Fls. 121 a 125, C. 1.
15 Fl 127, C. 1.
6
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
anterior, dispuso su emplazamiento a través de un medio de comunicación escrito de
amplia circulación nacional, punto en el cual precisó que la parte demandante tenía la
carga de retirar el edicto emplazatorio y de gestionar lo concerniente al Registro
Nacional de Personas Emplazados.
2.8. Mediante oficio del 12 de enero de 201716, el apoderado del IDEAM dio cuenta
del cumplimiento de lo ordenado en el proveído del 15 de noviembre de 2016. En tal
sentido, allegó al expediente prueba de la publicación de los edictos emplazatorios en
el diario El Tiempo, al igual que prueba de la publicación efectuada en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. Pese a lo anterior, no fue posible lograr la
comparecencia al proceso de los señores Carlos Rufino Costa Posada y Juan
Crisóstomo Lara Franco, razón por la cual esta Corporación designó a la abogada
María Virginia Peñaloza Sierra como su curadora ad litem, quien aceptó la designación
el 27 de junio de 201817.
2.9. Por medio de escrito del 16 de septiembre de 201918, el Magistrado Nicolás Yepes
Corrales, quien asumió la dirección del despacho que conocía el proceso de la
referencia, manifestó encontrarse impedido para decidir la controversia. El
impedimento fue declarado fundado por la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación en auto del 4 de diciembre de 202019, por lo que este despacho,
en su momento a cargo del Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, avocó
conocimiento del proceso.
2.10. En proveído del 23 de enero de 202320 el despacho dispuso la notificación
personal del auto admisorio de la demanda a la abogada María Virginia Peñaloza
Sierra como curadora ad litem de los señores Carlos Rufino Costa Posada y Juan
Crisóstomo Lara Franco, así como también al Ministerio Público. Aun cuando se
reconoció que el Ministerio Público ya había sido notificado del auto admisorio de la
demanda, se estimó pertinente efectuar nuevamente dicha diligencia en la medida en
que “[…] el expediente fue remitido a esta Corporación y el delegado varía según la
autoridad judicial que conoce el proceso […]”.
2.11. En el proceso está acreditado que la abogada María Virginia Peñaloza Sierra,
actuando como curadora ad litem de los señores Carlos Rufino Costa Posada y Juan
Crisóstomo Lara Franco, contestó la demanda21 dentro del término legal dispuesto
para el efecto.
3. Contestación de la demanda
3.1. Marcial Hernando Ibarra Morillo se opuso a las pretensiones de la demanda,
señalando que no participó en la expedición del acto administrativo que retiró del
servicio al señor José Norbey García Tangarife. Al efecto, explicó que ya se había
desvinculado del IDEAM para el momento en que la entidad expidió el acto
16 Fls 131 a 141, C. 1.
17 Fl 229, C. 1.
18 Fl 243, C. 1.
19 Fls 247 a 248, C. 1.
20 Índice 77 de SAMAI.
21 Índice 81 de SAMAI.
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
administrativo en cuestión —22 de septiembre de 2004—, por lo que afirmó que no
tuvo participación alguna en los hechos que dieron origen al proceso de la
referencia. En los anteriores términos, formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, en tanto la condena impuesta contra el IDEAM no fue
propiciada por una conducta suya, ni mucho menos por una conducta que pudiera
ser calificada como dolosa o gravemente culposa.
Al mismo tiempo, propuso las excepciones de (i) caducidad de la acción, en la medida
en que “[…] la entidad dejó vencer los dos años que tenía para accionar, contados a
partir del pago de la condena, hecho que sucedió, según la demanda el 29 de octubre
de 2012, y acorde con el término de caducidad el mismo venció el 29 de octubre de
2014 y la acción se presentó el 7 de mayo de 2015, esto por fuera del término legal de
caducidad […]”; y (ii) falta de autenticidad de los documentos base de la acción, la
cual sustentó en el hecho de que las pruebas que brindaban sustento jurídico a la
demanda del IDEAM fueron allegadas al proceso en copia simple, pese a que estas
copias no tenían la virtualidad jurídica de ser evaluadas por no tener valor probatorio
alguno.
3.2. Juan Carlos Morillo Herrera se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto
afirma que actuó en cumplimiento de sus deberes funcionales, así como también que
su conducta estuvo apegada a la ley. Al punto, explicó que la decisión de retirar del
servicio al señor García Tangarife hizo parte de una serie de medidas adoptadas en
desarrollo del programa de renovación de la Administración Pública al amparo de lo
previsto en la Ley 790 de 2002, a propósito de lo cual resaltó que esta ley contemplaba
la posibilidad de que en desarrollo del referido programa resultaran suprimidos algunos
cargos de la carrera administrativa en los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva. Precisó que aun cuando el ordenamiento jurídico protegía a algunos
empleados públicos, como aquellos que estaban próximos a pensionarse, lo cierto era
que dicha protección no era aplicable al señor García Tangarife, en la medida en que
ya se le había reconocido en su favor el derecho a la pensión de vejez mediante acto
administrativo, sobre lo cual agregó que era evidente que “[…] era un deseo del
empleado disfrutar su pensión pues fue él quien la solicitó […]”.
3.3. Carlos Rufino Costa Posada y Juan Crisóstomo Lara Franco, quienes actuaron a
través de su curadora ad litem, aceptaron como ciertos los hechos formulados por el
IDEAM en el libelo introductorio y, frente a las pretensiones, manifestaron atenerse a
lo que resultara probado en el proceso.
4. Adecuación del trámite para proferir sentencia anticipada
4.1. Mediante providencia del 1 de agosto de 202322, el despacho advirtió que se
encontraban reunidos los presupuestos para dictar sentencia anticipada, en la
medida en que al proceso “[…] se allegaron pruebas documentales, no e[ra]
necesario practicar pruebas y no exist[ían] situaciones que acarre[aran] posibles
nulidades o excepciones que debi[eran] ser resueltas […]”. Por consiguiente, el
despacho dispuso no realizar audiencia inicial y, para dar trámite al proceso, adoptó
las siguientes medidas:
22 Índice 90 de SAMAI.
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
4.1.1. Estableció que el objeto del litigio consistía en “[…] determinar si la conducta
de Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera, Juan Crisóstomo Lara
Franco y Marcial Hernando Ibarra Morillo, cuando se encontraban vinculados a la
entidad demandante, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados
deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio le impuso al IDEAM, en la sentencia del
diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con Radicado No. 50001-23-31-000-2005-30032-00”.
4.1.2. Decretó las pruebas documentales aportadas por el IDEAM y por Marcial
Hernando Ibarra Portilla. En este particular aclaró que Juan Carlos Morillo Herrera,
Carlos Rufino Costa Posada y Juan Crisóstomo Lara Franco no allegaron pruebas
documentales con sus escritos de contestación de la demanda. En el caso del señor
Morillo Herrera, el despacho advirtió que este solicitó decretar como pruebas varias
leyes, decretos y sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional; sin embargo, explicó aquellas no constituían medios de prueba, por lo
que no serían tenidos en cuenta como tal dentro del proceso.
4.1.3. Negó por inconducente el interrogatorio de parte solicitado por el IDEAM, en
tanto la declaración que rindieran los demandados no era idónea para acreditar los
hechos y fundamentos de la demanda, es decir, no tenía eficacia para demostrar la
culpa grave que la entidad les endilgó en el libelo introductorio.
4.1.4. Por último, con el objeto de garantizar el derecho de los sujetos procesales de
acceder al expediente, concedió un término de 5 días para que indicaran si les faltaba
alguno de los documentos necesarios para presentar en su debido momento el escrito
de alegatos de conclusión.
5. Alegatos de conclusión
5.1. Por medio de auto del 14 de noviembre de 202323, el despacho corrió traslado
para alegar de conclusión por el término de 10 días. Asimismo, dispuso que en el
mismo término el Ministerio Público podría rendir concepto.
5.1.1. El IDEAM y los demandados guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
5.1.2. El Ministerio Público rindió concepto24 en el sentido de negar las pretensiones
de la demanda, para lo cual expuso lo siguiente:
5.1.2.1. En el expediente está acreditado que (i) Juan Carlos Morillo Herrera fue el
servidor público que elaboró el acto administrativo que dio lugar a la condena proferida
en contra del IDEAM, en su condición de auxiliar técnico administrativo del Grupo de
Recursos Humanos de la entidad; (ii) Juan Crisóstomo Lara Franco lo revisó en su
condición de profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica del IDEAM; y
(iii) Carlos Rufino Costa Posada lo suscribió en su condición de director general del
23 Índice 95 de SAMAI.
24 Índice 101 de SAMAI.
9
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
IDEAM. En lo que respecta al demandado Marcial Hernando Ibarra Morillo, está
probado que se encontraba desvinculado del IDEAM en el momento en que se profirió
el acto administrativo, por lo que consideró que estaba llamada a prosperar la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que propuso con la
contestación de la demanda.
5.1.2.2. Para el Ministerio Público, las pruebas que obran en el expediente también
demuestran que el IDEAM efectuó el pago de la condena impuesta en su contra por
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, con ocasión de la
declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0198 del 22 de septiembre de 2004 por
medio de la cual la entidad demandante retiró del servicio a José Norbey García
Tangarife. En efecto, resaltó que al proceso fueron allegados los actos
administrativos por medio de los cuales el IDEAM ordenó el pago de la sentencia
condenatoria, así como también las certificaciones de pago expedidas por la
coordinadora del Grupo de Tesorería del IDEAM, las cuales, por demás, no fueron
refutadas por los demandados, por lo que el Ministerio Público las tuvo como prueba
suficiente del pago de la obligación.
5.1.2.3. Con todo, concluyó que el IDEAM no demostró que los servidores públicos
demandados hubieren incurrido en una conducta gravemente culposa que diera
lugar a la condena impuesta en su contra, porque para la época en que se expidió
el acto administrativo “[…] se tenía por sentado que las entidades públicas sí podían
hacer uso de la facultad discrecional de retirar a los funcionarios que tuvieran
reconocido su derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando estuvieran incluidos
en nómina, de acuerdo con el requisito adicional que había establecido la Corte
Constitucional, lo que en el sub examine se cumplía plenamente a partir del 01 de
noviembre de 1998, según lo contemplado en la referida Resolución de retiro y la
comunicación efectuada mediante oficio de 24 de septiembre de 1998 por parte del
IDEAM a CAJANAL”.
III. CONSIDERACIONES
De entrada la Sala advierte que se otorgará valor probatorio a las copias simples
allegadas al proceso por los sujetos procesales, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 246 del Código General del Proceso —en adelante, CGP—, según el cual
“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada
copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se
aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de
este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará
mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.
Al respecto, vale la pena indicar que las pruebas documentales allegadas al proceso
en copias simples permanecieron a la vista de los sujetos procesales para que se
pronunciaran sobre veracidad, sin que esta oportunidad fuera aprovechada para
cuestionarlas o tacharlas de falso. Tampoco existe alguna disposición normativa
que haga exigible allegar al proceso copias auténticas o determinada copia en
particular. En estos términos, contario a lo alegado por el demandado Ibarra Morillo,
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
las pruebas documentales aportadas en copia simple serán objeto de valoración
probatoria, de acuerdo con los criterios establecidos en la materia en el CPACA y
en el CGP25.
Aclarado lo anterior, la Sala precisa que, para resolver el asunto puesto a su
consideración, abordará los siguientes puntos: (1) régimen jurídico especial
aplicable al proceso de repetición, (2) presupuestos procesales, (3) objeto de la
controversia y problema jurídico, (4) caso concreto, y (5) costas.
1. Régimen jurídico especial aplicable al proceso de repetición
El inciso 2 del artículo 90 de la Constitución Política26 estableció el régimen de
responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, el cual fue desarrollado de
manera integral por la Ley 678 de 2001. En este particular conviene anotar que la
Ley 678 de 2001 reguló aspectos sustanciales y procesales de la acción de
repetición, al reglar tanto lo relativo a su objeto, noción, finalidades y los supuestos
que dan lugar a presumir la culpa grave y dolo del agente estatal; como lo atinente
al proceso mismo y, en particular, lo relacionado con la jurisdicción y competencia
para conocer estos asuntos, la legitimación para iniciar esta acción, su
desistimiento, la caducidad, la oportunidad de conciliación judicial y extrajudicial, la
cuantificación de la condena y la determinación de su ejecución, entre otros. En
estos términos, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que los hechos
ocurridos en vigencia de esta ley se rigen en sus aspectos sustanciales y formales
de acuerdo con sus previsiones legales27.
La Sala advierte que el régimen jurídico especial conforme con el cual se analizará
el caso concreto es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida
en varios de sus aspectos por la Ley 2195 de 2022, como quiera que los hechos
que dieron origen a la sentencia condenatoria proferida en contra del IDEAM
ocurrieron en septiembre de 2004 —con ocasión de la expedición de la Resolución
No. 0198 del 22 de septiembre de 2004 que retiró del servicio al señor José Norbey
García Tangarife—. En el anterior orden, los presupuestos procesales y
sustanciales del medio de control de repetición serán abordados desde la óptica de
lo regulado en la Ley 678 de 2001, bajo la advertencia de que algunas de sus
previsiones fueron derogadas tácitamente por el CPACA —v.gr. la caducidad del
medio de control—, por lo que en estos particulares aspectos se aplicarán las
disposiciones vigentes para el estudio del caso concreto.
2. Presupuestos procesales
25 Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, al presente asunto
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 308 de la mencionada normatividad. Asimismo, son aplicables las
disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.
26 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al
disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2013, exp. 27006.
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2.1. Jurisdicción y competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 728 de la Ley 678 de 200129, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer los
procesos de repetición promovidos por entidades estatales cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados.
En estas condiciones, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le
corresponde conocer el presente asunto, en la medida en que el objeto del litigio
gira en torno a la responsabilidad patrimonial de unos ex agentes estatales cuya
conducta, en criterio del IDEAM, dio lugar al pago de una sentencia condenatoria
proferida en su contra.
Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de
acuerdo con lo previsto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA30, según el
cual esta Corporación debe conocer en única instancia la demanda de repetición
que el Estado ejerza, entre otros, contra el representante legal de entidades del
orden nacional. Al efecto, viene bien recordar que (i) el IDEAM fue creado como un
establecimiento público del orden nacional, según se desprende de lo establecido
en el artículo 1731 de la Ley 99 de 1993; y (ii) el IDEAM demandó a Carlos Rufino
Costa Posada, quien expidió el acto administrativo que dio lugar a la condena
impuesta en su condición de director general y, por tanto, representante legal de la
entidad.
28 “ARTÍCULO 7o. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La jurisdicción de lo contencioso
administrativo conocerá de la acción de repetición. […]”.
29 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes
del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de
repetición.
30 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021,
establecía lo siguiente: “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...) 13. De la
repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la
Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de
los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior
Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”.
31“ARTÍCULO 17. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM. Créase el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el cual se
organizará como un establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio del Medio
Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, encargado
del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman
parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y
zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio.
[…]”.
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Ahora bien, la Sala advierte que en este caso el IDEAM también demandó a Juan
Carlos Morillo Herrera, Juan Crisóstomo Lara Franco y Marcial Hernando Ibarra
Morillo, quienes no han fungido como directores de la entidad y, en dicho sentido,
no la han representado legalmente, lo que en criterio de esta Subsección en nada
afecta la competencia para conocer el asunto en única instancia. En este punto no
debe perderse de vista que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2°32
del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición promovida contra varios
funcionarios debe ser resuelta por el juez que conocería el proceso en contra del
servidor público de mayor jerarquía. De ahí que sea el Consejo de Estado el llamado
a conocer la demanda formulada por el IDEAM, en tanto es el juez competente para
conocer la acción de repetición formulada contra Carlos Rufino Costa Posada, esto
es, el funcionario que en su momento tuvo mayor jerarquía entre los demandados33.
2.2. Medio de control procedente
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14234 del CPACA, el medio de control
de repetición resulta procedente para perseguir la declaratoria de responsabilidad
patrimonial de los agentes estatales que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hayan provocado una sentencia condenatoria contra el Estado y, con ello,
un reconocimiento indemnizatorio.
En estos términos, el medio de control ejercido resulta procedente en este caso, en
la medida en que el IDEAM reclama la responsabilidad patrimonial de varios de sus
ex servidores públicos, quienes —según lo indica la parte accionante—, con su
conducta gravemente culposa, provocaron una sentencia condenatoria en su contra
y, con ello, dieron lugar a un reconocimiento indemnizatorio en favor del señor José
Norbey García Tangarife.
2.3. Ejercicio oportuno del medio de control
2.3.1. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que las leyes concernientes
a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde
32 “ARTÍCULO 7o. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La jurisdicción de lo contencioso
administrativo conocerá de la acción de repetición. […] PARÁGRAFO 2o. Si la acción se intentara
en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del
de mayor jerarquía”.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 50424.
Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 7 de diciembre de 2021,
exp. 67003.
34 “ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento
indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos
que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor
público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra
estos por lo pagado.
La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso
de responsabilidad contra la entidad pública.
Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o
servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será
prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario
responsable del daño”.
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el momento en que empiecen a regir. Al mismo tiempo, esta norma plantea varias
excepciones a la regla general de aplicación inmediata de las leyes procesales,
punto en el cual establece que los términos que hubieren empezado a correr se
regirán por las leyes vigentes en dicho momento. Entonces, como en el caso objeto
de estudio el término de caducidad empezó a correr el 13 de septiembre de 2013
—como se precisará más adelante—, la norma aplicable para el estudio de caducidad
es el literal L35 del numeral 2 del artículo 164 del CPACA36, que derogó tácitamente el
primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, el cual reguló en su momento lo
relativo a la caducidad para ejercer la acción de repetición.
De conformidad con el referido literal L del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el
término de caducidad para ejercer el medio de control de repetición es de 2 años
contados a partir del día siguiente a la fecha del pago, o, a más tardar, desde el
vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para el pago de la condena.
Sobre la forma en que debe aplicarse esta disposición normativa, la jurisprudencia37
de esta Corporación ha precisado que la contabilización del término de caducidad
a partir de los supuestos antes planteados depende de lo que ocurra primero, de
manera que resultará procedente acudir al momento del pago de la condena o
conciliación siempre que aquel se materialice antes del vencimiento del término
dispuesto para el efecto, mientras que será necesario acudir al vencimiento del
término legal para el pago de la condena cuando éste no se reporte dentro de dicho
periodo de tiempo.
2.3.2. La jurisprudencia38 de esta Corporación también ha aclarado que el plazo
para el pago de la condena —al que se debe acudir para efectos del cómputo del
término de caducidad— depende del estatuto procesal en cuya vigencia se hubiere
tramitado el proceso judicial en el que se profirió la sentencia condenatoria contra
el Estado. De allí que deba tenerse en cuenta el plazo de 18 meses previsto en el
artículo 17739 del Código Contencioso Administrativo (CCA) en aquellos casos en
los que la sentencia condenatoria hubiere sido proferida en el marco de un proceso
35 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] l) Cuando se
pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código. […]”.
36 El CPACA empezó a regir desde el 2 de julio de 2012.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 5 de abril de 2017, exp. 58762. Ver
también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023,
exp. 56201.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 5 de abril de 2017, exp. 58762. Ver
también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de junio de 2025, exp.
49154.
39 “ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. Cuando
se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente
para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. […] Será causal de
mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las
apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas,
además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
[…]”.
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regido por dicho estatuto procesal, al paso que el plazo de 10 meses establecido en
el artículo 19240 del CPACA en aquellos asuntos en los que la sentencia
condenatoria se hubiere proferido en el trámite de un proceso sometido a esta
codificación.
2.3.3. En este punto viene bien agregar que el legislador estableció reglas
especiales para computar el término de caducidad del medio de control de
repetición, en función de la modalidad que hubiere sido escogida por la entidad
estatal para efectuar el pago de la condena impuesta en su contra. En tal sentido,
el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 —antes de su modificación
por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022— establece que “[…] Cuando el pago se
haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del
último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere
condenado a ellas”.
Con todo, debe indicarse que la citada disposición normativa fue declarada
exequible en la sentencia C-349 de 2001, bajo el entendido de que “[…] la expresión
“Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a
contarse desde la fecha del último pago”, contenida en el segundo inciso del
artículo 11 atacado solo es constitucional si se somete al mismo condicionamiento
establecido por la Sentencia C-832 de 2001 para la expresión “contados a partir
del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad pública” es decir
que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en
que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del
plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso
Administrativo”.
De este modo, está visto que, aunque la entidad estatal condenada opte por pagar
la indemnización a su cargo en cuotas, el término para formular la acción de
repetición no podrá supeditarse a la voluntad de la administración en la medida en
que en todo caso estará atado a un hito objetivo, como lo es el vencimiento del plazo
dispuesto en la ley para el pago de las sentencias condenatorias. Lo anterior quiere
significar que aun cuando la entidad estatal elija pagar la condena en cuotas y
termine de hacerlo luego del vencimiento del plazo dispuesto para el efecto, ello no
comportará una ampliación del término de caducidad para presentar la demanda,
pues en estos casos deberá efectuarse la contabilización del término preclusivo
desde el vencimiento del plazo establecido en la ley para el pago de la condena41.
40 “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago
o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias
para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de
dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada. […]”.
41 Sobre el particular esta Corporación ha definido que “La circunstancia de que el pago de la
condena se haya realizado <<en cuotas>> no amplía el término de caducidad para presentar la
demanda en la medida en que este debe contarse i) desde el vencimiento del plazo para pagar,
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2.3.4. En el caso concreto está probado que la sentencia condenatoria fue proferida
en el marco de un proceso judicial que se tramitó en vigencia del CCA, por lo que
el término para que el IDEAM pagara la condena impuesta en su contra era el
establecido en el artículo 177 ejusdem, esto es, un plazo de 18 meses contados a
partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia judicial. De igual modo, de
acuerdo con lo informado por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio en
oficio del 13 de marzo de 201242, la sentencia condenatoria cobró ejecutoria el 12
de marzo de 2012, de tal modo que el IDEAM disponía hasta el 13 de septiembre
de 2013 para el pago de la obligación contenida en la providencia judicial.
Ahora bien, en el proceso está demostrado que el IDEAM pagó la condena impuesta
en su contra en cuotas43 y que el último pago fue realizado 3 de febrero de 2014, es
decir, más de 4 meses después de haberse vencido el término de 18 meses antes
indicado. En estas condiciones, a la vista de lo expuesto anteriormente, la Sala
advierte que el término de caducidad en el caso concreto debe computarse desde el
13 de septiembre de 2013, esto es, desde el momento en que venció el término
legal para el pago de la condena, por lo que el plazo de 2 años para ejercer el medio
de control de repetición vencía el 14 de septiembre de 2015, y no el 29 de octubre
de 2014 como equivocadamente lo sostuvo el demandado Marcial Hernando Ibarra
Morillo.
Así las cosas, la Sala concluye que la demanda presentada el 7 de mayo de 2015
fue oportuna, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal L del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, por lo que se declarará no probada la excepción de
caducidad de la acción formulada por el demandado Ibarra Morillo.
2.4. Legitimación en la causa
La jurisprudencia de la Corporación ha sostenido de tiempo atrás que la legitimación
en la causa —legitimatio ad causam— “(…) se refiere a la posición sustancial que
tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la
controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se
desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se
les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en
ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada
para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas
en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial
debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista”44.
contado a partir de la ejecutoria de la sentencia (como ocurrió en este caso) o, ii) desde el pago total
de la condena, lo que ocurra primero, pero nunca podrá empezar a contarse más allá del vencimiento
del plazo legal que tienen las entidades públicas para pagar”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, auto del 4 de junio de 2019, exp. 63822.
42 Fl 31, C. 1.
43 Fls 18 a 21, C. 1.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 16.271.
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La legitimación en la causa —entendida como la correspondencia entre quien ejerce
la acción y el titular del derecho sustancial que se alega vulnerado— constituye un
presupuesto esencial para la validez de la relación jurídico-procesal45.
Desde la perspectiva activa, la legitimación en la causa exige que quien formula la
demanda ostente la titularidad del interés jurídico sustancial cuya protección se
pretende, esto es, que exista una conexión directa, actual y jurídicamente relevante
entre el demandante y el objeto de la controversia. No basta, por tanto, con un
interés meramente fáctico, abstracto o general en la legalidad o validez del acto o
hecho impugnado; se requiere, por el contrario, que el actor acredite una afectación
concreta de su esfera jurídica que lo habilite, conforme a la ley sustancial, para
promover válidamente la acción.
Desde la perspectiva pasiva, la exigencia recae sobre la parte contra quien se dirige
la demanda, en el sentido de que debe ser la persona llamada a responder por el
derecho o interés sustancial que se somete a juicio. Esto implica que el sujeto
demandado debe estar vinculado de manera sustantiva con la relación jurídica que
dio origen al litigio, en calidad de titular de la situación jurídica pasiva debatida. En
consecuencia, no es posible estructurar válidamente una relación procesal cuando
se demanda a un tercero que no tiene participación o responsabilidad sustancial en
el asunto controvertido, pues ello vulneraría el principio de congruencia y afectaría
el debido proceso.
Así entendida, la legitimación en la causa —ya sea en su dimensión activa o
pasiva— cumple una función estructural dentro del proceso, en la medida en que
delimita los sujetos habilitados para intervenir en la contienda judicial con
fundamento en la existencia de una relación jurídica material que los vincula con el
objeto del litigio. Su verificación, por tanto, constituye una exigencia ineludible para
habilitar la competencia funcional del juez y asegurar que el pronunciamiento que
se profiera recaiga sobre una controversia jurídicamente justiciable46.
Pues bien, descendiendo al caso concreto la Sala observa que el IDEAM está
legitimado en la causa por activa de acuerdo con lo prescrito en el artículo 847 de la
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de septiembre de 2012, exp.
24677.
46 En el marco de la construcción dogmática del proceso, la legitimación en la causa ha sido
concebida como un presupuesto esencial para la existencia válida de la relación jurídico-procesal,
en tanto representa la correspondencia subjetiva entre los sujetos procesales y los titulares del
derecho o de la obligación sustancial que se debate. Desde esta perspectiva, la doctrina procesal ha
resaltado que el juez no puede emitir un pronunciamiento de fondo favorable sin verificar dicha
correspondencia, pues no basta con la existencia material del derecho alegado, sino que es
necesario constatar quién lo hace valer y contra quién se ejerce. Al respecto, Giussepe Chiovenda
lo expone en los siguientes términos: “(…) Con ella se expresa que, para que un juez estime la
demanda, no basta con que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere
que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho
valer, o sea, considere la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se
dirige la voluntad de la ley”. (CHIOVENDA, Giussepe. Curso de derecho procesal civil. Ed. Oxford,
pág. 68).
47 “ARTÍCULO 8. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de
la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona
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Ley 678 de 2001, en la medida en que efectuó el pago de la condena en favor del
señor José Arbey García Tangarife, con ocasión de una sentencia proferida en su
contra por el Juez Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio. Por su parte,
los señores Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera y Juan
Crisóstomo Lara Franco están legitimados en la causa por pasiva, en tanto, de
acuerdo con lo manifestado en la demanda, con su conducta gravemente culposa
dieron lugar a la condena impuesta en contra del IDEAM en el proceso de nulidad y
restablecimiento promovido por José Arbey García Tangarife, y en el proceso está
demostrado que participaron en la expedición del acto administrativo que dio lugar
a dicha condena, como se precisará más adelante.
En contraste, la Sala advierte que el señor Marcial Hernando Ibarra Morillo no está
legitimado en la causa por pasiva porque, tal y como lo advirtió al contestar la
demanda, está acreditado que no intervino en la expedición del acto administrativo
que dio lugar a la condena proferida en contra del IDEAM. En efecto, está probado
que el señor Ibarra Morillo se vinculó al IDEAM en abril de 1996 como asesor de la
Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Recursos Humanos, pero
también que se retiró de la entidad a partir del 1 de febrero de 1998, según se
desprende del contenido de la Resolución No. 00013 del 26 de enero de 199848, por
medio de la cual el director general del IDEAM aceptó la renuncia que aquel presentó
al cargo de asesor.
En estos términos, como el acto administrativo que dio lugar a la condena proferida
contra el IDEAM fue proferido en septiembre de 2004, esto es, más de 5 años después
de que el demandado Ibarra Morillo se desvinculara de la entidad, es evidente que
aquel no está llamado a responder por el derecho o interés sustancial que se somete
a juicio, en la medida en que no pudo haber participado de manera alguna en su
expedición. De ahí que en la parte resolutiva de esta providencia judicial se declarará
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de aquel.
3. Objeto de la controversia y problema jurídico a resolver
En el presente caso el IDEAM alega que realizó un reconocimiento indemnizatorio
con ocasión de la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012, por medio de la cual
el Juez Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad del acto
administrativo que dispuso el retiro del servicio del señor José Norbey García
Tangarife y, en consecuencia, ordenó su reintegro y el pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir. En tal sentido, en
la demanda presentada en ejercicio del medio de control de repetición en contra de
los señores Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera y Juan
Crisóstomo Lara Franco49, la entidad afirma que fueron los servidores públicos que
jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto
permitida por la ley. […]”.
48 Fl 83, C. 1.
49 En este particular la Sala recuerda que, aun cuando la demanda también fue presentada contra
Marcial Hernando Ibarra Morillo, tal y como fue precisado en el acápite anterior el demandado Ibarra
Morillo no tuvo participación en los hechos que se debaten, por lo que carece de legitimación en la
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con su actuar gravemente culposo dieron lugar a la condena proferida en su contra,
al incurrir en una inexcusable omisión en el ejercicio de sus funciones, por no
advertir que con la expedición del acto administrativo anulado se vulneraba el
derecho que le asistía al funcionario retirado, de mejorar el promedio de su pensión
de jubilación hasta el momento en que cumpliera la edad de retiro forzoso.
En oposición a lo planteado por la parte accionante, el señor Juan Carlos Morillo
Herrera sostiene que la decisión de retirar del servicio al señor José Norbey García
Tangarife estuvo justificada, en tanto hizo parte de una serie de medidas adoptadas
en desarrollo del programa de renovación de la Administración Pública al amparo
de lo previsto en la Ley 790 de 2002. Al efecto, destacó que el funcionario retirado
no era objeto de la protección establecida en la ley para los empleados próximos a
pensionarse, en la medida en que ya se había reconocido su derecho de pensión.
Por su parte, los demandados Carlos Rufino Costa Posada y Juan Crisóstomo Lara
Franco, quienes actuaron a través de curador ad litem, frente a las pretensiones de
la demanda manifestaron atenerse a lo que resultara probado dentro del proceso,
luego de aceptar como ciertos los hechos formulados por el IDEAM en el libelo
introductorio.
Vistas así las cosas, de cara a los anteriores planteamientos que delimitan los
elementos esenciales de la controversia que debe ser resuelta por esta Subsección,
corresponde a la Sala determinar si le asiste responsabilidad patrimonial a los
demandados Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera y Juan
Crisóstomo Lara Franco, por cuenta de la condena impuesta contra el IDEAM con
ocasión de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que dispuso el retiro
del servicio del señor José Norbey García Tangarife.
En este orden de ideas, deberá establecerse si se reúnen los requisitos para la
prosperidad del medio de control de repetición, por lo que corresponderá a la Sala
verificar si, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, el IDEAM efectuó el pago
de una indemnización con ocasión de una sentencia condenatoria proferida en su
contra, como consecuencia de una conducta gravemente culposa de los ex
servidores públicos Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos Morillo Herrera y Juan
Crisóstomo Lara Franco.
4. Caso concreto
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, la acción de
repetición es una acción civil de carácter patrimonial que debe ser ejercida en contra
del servidor o ex servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, haya dado lugar a una sentencia condenatoria en contra del Estado y, con
ello, a un reconocimiento de indemnizatorio.
causa por pasiva, de tal manera que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno en punto a la
responsabilidad patrimonial que le endilga la parte actora.
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La jurisprudencia50 de esta Corporación ha fijado los requisitos que deben cumplirse
para la prosperidad del medio de control de repetición, a saber: (i) la existencia de
una obligación indemnizatoria a cargo del Estado; (ii) la calidad de servidor o ex
servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del
demandado; (iii) el pago de la obligación reparatoria a cargo del Estado; y (iv) la
demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, que
hubiere determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
Al respecto, esta Corporación ha precisado que los tres primeros requisitos son de
carácter objetivo, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y se
encuentra sujeto a la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de la acción
u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su
cargo y por cuyo reembolso se adelanta el proceso de repetición51.
Así las cosas, la Sala pasa a verificar si en el caso sometido a su estudio están
reunidos los requisitos de los que depende el éxito del medio de control de
repetición, a propósito de lo cual advierte que estos presupuestos son de carácter
acumulativo, de tal manera que todos deben encontrarse acreditados, por lo que en
ausencia de uno de ellos resultará inviable declarar la responsabilidad patrimonial
de los demandados y, en esa medida, condenarlos al reintegro de lo que el IDEAM
afirma haber pagado con ocasión de la sentencia condenatoria proferida en su
contra.
4.1. La existencia de una obligación reparatoria a cargo del Estado
El primer requisito para la prosperidad del medio de control de repetición consiste
en la existencia de una obligación indemnizatoria a cargo del Estado, proveniente
de una sentencia condenatoria, un acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de
terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001.
En el caso concreto este primer requisito se encuentra plenamente satisfecho, en la
medida en que al expediente fue allegada copia de la sentencia del 17 de febrero
de 201252, por medio de la cual el Juez Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio (i) declaró la nulidad de la Resolución No. 0198 del 22 de septiembre
de 2004, mediante la cual el director general del IDEAM retiró del servicio al señor
José Norbey García Tangarife; (ii) declaró que el señor García Tangarife tenía
derecho a permanecer en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado 09,
del programa de operación de redes área operativa No. 3 Meta, Vichada, Guaviare,
hasta la edad de retiro forzoso; y (iii) ordenó el reintegró del señor García Tangarife,
así como también el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos que aquel dejó de percibir entre la fecha en que fue retirado del
servicio y la fecha en que se produjera su reintegro al cargo, de cuyo monto se
descontaría el valor percibido por concepto de pensión de vejez durante el mismo
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp.
69898. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio
de 2024, exp. 60977.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de agosto de 2022, exp.
62238.
52 Fls 31 a 38, C. 1.
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lapso de tiempo.
Cabe resaltar que la condena al pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir por el señor García Tangarife, fue dispuesta en la
sentencia proferida por el Juez Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio a
título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la ilegalidad del acto
administrativo proferido por el IDEAM, es decir, constituye la reparación patrimonial
del daño antijurídico causado por la desvinculación ilegal efectuada por el IDEAM
mediante el acto administrativo declarado nulo, de donde el carácter indemnizatorio
de la obligación emanada de la mencionada sentencia no ofrece duda.
4.2. La calidad de servidor público del demandado
El segundo de los requisitos a partir de los cuales se predica el éxito de la acción
de repetición está atado a que el Estado pruebe que los demandados tengan la
condición de servidores o ex servidores públicos, lo que igualmente está
plenamente acreditado en el expediente en la medida en que el IDEAM allegó al
proceso sendas constancias emitidas por el coordinador del Grupo de
Administración y Desarrollo del Talento Humano que prueban tal circunstancia.
En efecto, obran en el expediente: (i) constancia del 8 de abril de 201453 por medio
de la cual el coordinador del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento
Humano del IDEAM afirma que Carlos Rufino Costa Posada fungió como director
general de la entidad entre el 5 de enero de 2004 y el 1 de mayo de 2008, por lo
que está acreditado que en el momento en que ocurrieron los hechos —septiembre
de 2004— aquel tenía la condición de servidor público; (ii) documento del 8 de abril
de 201454 mediante el cual el coordinador del Grupo de Administración y Desarrollo
del Talento Humano del IDEAM hace constar que Juan Carlos Morillo Herrera laboró
en la entidad entre el 30 de mayo de 1995 y el 12 de febrero de 2012, así como
también que en septiembre de 2004 desempeñaba el cargo de técnico
administrativo, código 4065, grado 16, de la planta global; y (iii) certificación del 8
de abril de 201455 suscrita por el coordinador del Grupo de Administración y
Desarrollo del Talento Humano del IDEAM, en la que consta que Juan Crisóstomo
Lara Franco laboró en la entidad entre el 7 de julio de 2004 y el 23 de octubre de
2005, al igual que, en el momento de los hechos, desempeñaba el cargo de
profesional especializado, grado 3010, grado 20, de la oficina asesora jurídica de la
entidad.
4.3. El pago de la obligación reparatoria
El tercer requisito para que prospere la acción de repetición se contrae al pago de
la indemnización impuesta contra la entidad estatal. En este punto la Sala advierte
que, tal y como ocurre con los requisitos anteriormente abordados, esta exigencia
está debidamente satisfecha, toda vez que el IDEAM allegó al expediente copia de
los actos administrativos por medio de los cuales ordenó el pago de la condena
53 Fl 41, C. 1.
54 Fl 46, C. 1.
55 Fl 49, C. 1.
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impuesta en su contra, al igual que la constancia emitida por la coordinadora del
Grupo de Tesorería de la entidad que demuestra el pago de la obligación, elementos
probatorios que constituyen, en conjunto, pruebas idóneas y suficientes para
acreditar el pago de la condena.
En lo que respecta a los actos administrativos, la Sala advierte que el IDEAM aportó
al proceso las siguientes pruebas documentales:
(i) La Resolución No. 2504 del 4 de octubre de 201256 por medio de la cual
el director general del IDEAM liquidó la condena impuesta en su contra
en la suma de $323.158.249, punto en el cual agregó que, al valor
adeudado por concepto de salarios y prestaciones sociales, se debía
descontar lo percibido por el señor García Tangarife por concepto de
pensión de jubilación durante el tiempo en que estuvo desvinculado de la
entidad. En consecuencia, luego de descontado el valor recibo por
concepto de pensión de vejez, el monto reconocido en favor del señor
García Tangarife fue fijado en la suma de $215.156.310.
(ii) La Resolución No. 2809 del 9 de octubre de 201257 mediante la cual el
director general del IDEAM modificó el artículo segundo de la Resolución
No. 2504 del 4 de octubre de 2012, en el sentido de ordenar al Grupo de
Tesorería de la entidad pagar al Fondo de Pensiones Públicas FOPEP el
valor recibido por el señor García Tangarife por concepto de pensión de
jubilación.
(iii) La Resolución No. 3565 del 28 de diciembre de 201258 a través de la cual
el director general del IDEAM modificó la Resolución No. 2504 del 4 de
octubre de 2012, en el sentido de adicionar al monto reconocido en favor
del señor García Tangarife la suma de $66.088.818, por concepto de
intereses moratorios causados por los valores adeudados.
(iv) La Resolución No. 0146 del 31 de enero de 201459 por medio de la cual
el secretario general del IDEAM reconoció y ordenó el pago de unos
aportes al sistema de seguridad social en pensión, salud, riesgos
laborales y parafiscales por una cuantía de $3.536.590, suma de dinero
que debía ser consignada directamente en los fondos correspondientes.
(v) La Resolución No. 0157 del 3 de febrero de 201460 a través de la cual el
secretario general del IDEAM reconoció en favor del señor García
Tangarife la cantidad de $7.300 por concepto de aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, suma
de dinero que igualmente debía ser pagada a los fondos
correspondientes.
De otra parte, debe indicarse que la entidad demandante también allegó al proceso
constancia del 26 de septiembre de 201461 emitida por la coordinadora del Grupo
de Tesorería de la entidad, de conformidad con la cual el IDEAM pagó la suma total
56 Fls 22 a 24, C. 1.
57 Fl 25, C. 1.
58 Fl 26, C. 1.
59 Fls 27 a 28, C. 1.
60 Fl 29, C. 1.
61 Fls 18 a 21, C. 1.
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de $283.433.970 por concepto de la condena impuesta en su contra.
Sobre el particular vale la pena anotar que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso
final del artículo 142 del CPACA62, la mencionada constancia, apreciada en conjunto
con los actos administrativos por medio de los cuales la entidad ordenó el pago,
acreditan plenamente el pago de la condena impuesta en su contra, en la medida
en que proviene del coordinador del Grupo de Tesorería del IDEAM, al paso que
discrimina los pagos efectuados por concepto de salarios, prestaciones sociales,
aportes al sistema de seguridad social y demás emolumentos que dejó de percibir
el empleado afectado con ocasión de su retiro del servicio.
Cabe aquí recordar, tal como en oportunidades anteriores ha precisado esta
Corporación, que no existe disposición legal que establezca un medio probatorio
específico para acreditar el pago, o que exija que la constancia del pago deba
provenir del acreedor, así como tampoco el ordenamiento jurídico dispone que otros
medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad,
no sean suficientes o idóneos para demostrar el requisito que se examina63. Por el
contrario, nuestro ordenamiento jurídico, por regla general, deja en libertad a las
partes para acreditar los hechos que pretenden hacer valer a través de los distintos
elementos de prueba consagrados en las normas procesales, los que habrán de ser
apreciados por el juez en su conjunto y de conformidad con las reglas de la sana
crítica.
4.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal
Como último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe
demostrar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos64, la
conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones
públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue
dolosa o gravemente culposa
Al respecto, debe resaltarse que, para que pueda predicarse la responsabilidad del
agente, no es suficiente con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es
necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia
condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un
conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión65.
Ahora bien, en punto al requisito que se analiza, de conformidad con la Ley 678 de
2001, norma vigente al momento de los hechos que originaron la condena, hay lugar
62 “ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. […] Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el
certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que
la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición
contra el funcionario responsable del daño”.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 5 de mayo de 2020, exp. 45522
y del 17 de julio de 2025, exp. 51996.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016,
exp.56284.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2018, exp. 55661.
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a predicar las presunciones previstas en los artículos 5 y 6 de dicha norma, las
cuales, tal como fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-374 de
2002, pueden ser desvirtuadas por la parte demandada mediante prueba en
contrario, pues se trata de presunciones de hecho y no de derecho66. Es así como,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con apoyo en pronunciamientos de esta
Corporación, ha planteado que en los procesos de repetición que se encuentran
regidos por la Ley 678 de 2001 “[…] las entidades demandantes, a efectos de
demostrar la responsabilidad del agente estatal, pueden apoyarse en las
definiciones y presunciones de dolo y culpa grave contempladas en los artículos 5°
y 6° de dicho cuerpo normativo […]”67.
En este caso la entidad demandante precisamente se apoya en el artículo 6 de la
Ley 678 de 2001 —antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de
2022—, para efectos de estructurar la responsabilidad patrimonial que endilga a los
ex servidores públicos que integran el extremo pasivo. En efecto, con respaldo en
la definición de culpa grave contenida en el primer inciso artículo 668 ejusdem y en
el primero de los supuestos de hecho que permiten presumir la culpa grave del
agente estatal69, la entidad alega que los ex servidores públicos demandados
desplegaron una conducta gravemente culposa por haber incurrido en una
inexcusable omisión en el ejercicio de sus funciones, al omitir que con la expedición
del acto administrativo anulado se vulneraba el derecho que le asistía al funcionario
retirado de mejorar el promedio de su pensión de jubilación hasta el momento en
que cumpliera la edad de retiro forzoso.
En estas condiciones, el análisis que debe abordarse en este particular está limitado
a determinar si el IDEAM probó el hecho base de la presunción de culpa grave
previsto en el numeral 1 del artículo 6 ejusdem, esto es, el hecho base de la
presunción de la cual se valió para imputar responsabilidad a los demandados. En
este punto no debe perderse de vista que, tal y como lo ha precisado esta Sección70
con apoyo en el artículo 16671 del CGP, en este tipo de casos la entidad demandante
tiene la carga de demostrar el supuesto de hecho de la presunción cuya inferencia
quiere aprovechar a su favor, al paso que el demandado la carga desvirtuar el hecho
base de la presunción; con lo cual se garantiza su derecho al debido proceso y el
equilibrio en el debate probatorio.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de agosto de 2007, exp. 29.223; del 26 de
febrero de 2009. exp. 30329; y del 22 de julio de 2009. exp. 25659.
67 Corte Constitucional, sentencia SU 345 de 2020, exp. (i) T-7616782 y (ii) T-7629189.
68 “ARTÍCULO 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. […]”
69 “ARTÍCULO 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa
por las siguientes causas 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp.
69898. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero
de 2011, exp. 34816.
71 “ARTÍCULO 166. PRESUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY. Las presunciones
establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén
debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba
en contrario cuando la ley lo autorice”.
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Sobre este particular vale la pena agregar que la Corte Constitucional ha sido
enfática en sostener que el éxito de la acción de repetición está supeditado a la
efectiva demostración por parte de la entidad estatal del elemento subjetivo de la
responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, incluso en aquellos asuntos
en los que pretenda valerse de las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001.
En línea con lo anterior, también ha señalado que en este tipo de casos los jueces
de lo contencioso administrativo deben ser garantes de que la Administración
cumpla con la carga que le asiste y, en tal sentido, “[…] deben asegurar el respeto
del derecho al debido proceso de los agentes del Estado que sean sometidos a una
causa de repetición, por lo que están en la obligación de evitar que los análisis
construidos para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Estado sean
simplemente extrapolados al examen de la responsabilidad patrimonial de los
agentes de la administración”72.
Ahora bien, en lo que respecta al alcance que le ha sido otorgado al numeral 1 del
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, se impone recordar que esta Subsección73 ha
considerado que, el fundamento de hecho de la presunción de culpa grave
consignada en el citado numeral 1 del artículo 6 ejusdem se configura cuando el
acto o la conducta del agente estatal desconoce de manera manifiesta e
inexcusable la Constitución Política o la ley, o cuando se verifica una inexcusable
omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones a su cargo. En este
particular debe destacarse, entonces, que no se trata de una mera violación
normativa, sino que ha de evaluarse si el demandado obró o, en su caso, expidió el
acto administrativo, sin excusa válida, lo que significa que no cualquier error o
actuación que desconozca el ordenamiento jurídico conduce a la declaratoria de
responsabilidad del agente estatal.
Desde esta perspectiva, solo las equivocaciones que sean patentes y que no
admitan justificación alguna darán lugar a la declaratoria de responsabilidad de los
agentes estatales. De ahí que esta Subsección haya planteado que para la efectiva
demostración de la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho se
debe acreditar “[…](i) que exista la norma en el ordenamiento (ii) la transgresión de
la norma y (iii) evaluar si el demando [sic] obró o expidió el acto administrativo
(cuando hubiere lugar) sin una excusa válida. Esto último se puede analizar a partir
de un estudio de interpretaciones posibles de la norma, de la posición
jurisprudencial vigente al momento del acto o conducta, o, si de la infracción
normativa o del comportamiento se permite inferir que el demandado obró con una
negligencia grave (inexcusable) en el curso normal de sus funciones (en los
términos del código civil)”74.
Aclarado el panorama en punto al elemento subjetivo de la responsabilidad
patrimonial de los agentes estatales, la Sala observa que en el caso concreto el
IDEAM allegó al proceso copia de la Resolución No. 0198 del 22 de septiembre de
72 Corte Constitucional, sentencia SU 345 de 2020, exp. (i) T-7616782 y (ii) T-7629189.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp.
69898.
74 Ibídem.
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200475, por medio de la cual retiró del servicio al señor José Norbey García
Tangarife a partir del 1 de noviembre de 2004. Una vez analizado su contenido, la
Sala advierte que este acto administrativo demuestra las siguientes circunstancias
fácticas:
(i) El acto fue expedido por Carlos Rufino Costa Posada en su condición de
director general del IDEAM, quien tenía entre sus funciones nombrar y
remover los empleados de la entidad de acuerdo con las disposiciones de
ley 76. Fue elaborado por Juan Carlos Morillo Herrera en su calidad de
técnico administrativo del Grupo de Recursos Humanos de la entidad,
quien tenía entre sus funciones colaborar con el desarrollo de las
actividades de la dependencia77. Y fue revisado por Juan Crisóstomo Lara
Franco en su calidad de profesional especializado de la Oficina Asesora
Jurídica de la entidad, quien tenía entre sus funciones revisar y proyectar
acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos necesarios para el
cumplimiento de la ley78.
(ii) El retiro del servicio del señor García Tangarife estuvo motivado en el
hecho de que aquel hubiere obtenido el reconocimiento de su derecho de
pensión de vejez. Esta determinación, a su vez, tuvo sustento jurídico en
lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 200379 que
modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual preveía que la
notificación del acto administrativo de reconocimiento de pensión de vejez
conllevaba una justa causa para la terminación del contrato de trabajo o
de la relación legal o reglamentaria, siempre y cuando también se
notificara al empleado su inclusión en nómina de pensionados, de
acuerdo con lo establecido en sentencia C-1037 de 2003 que declaró la
constitucionalidad condicionada de la disposición normativa citada.
Ahora bien, tal y como fue advertido antes, en el expediente igualmente obra la
sentencia del 17 de febrero de 2012 por medio de la cual el Juez Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad de la Resolución No.
0198 del 22 de septiembre de 2004 expedida por el IDEAM y, en consecuencia,
ordenó el reintegró del señor García Tangarife a su cargo y el pago a su favor de
los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que aquel dejó de percibir
entre el momento en que fue retirado del servicio y el momento en que se produjera
su reintegro al cargo.
75 Fl 39, C. 1.
76 Fls 42 a 43, C. 1.
77 Fls 44 a 45, C. 1.
78 Fls 47 a 48, C. 1.
79 “ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos para
obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir
las siguientes condiciones: […] PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>
Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o
reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado
el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la
pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones. […] Lo dispuesto en este
artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de
pensiones.
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De acuerdo con el contenido de esta prueba documental, la Sala advierte que el
señor García Tangarife cuestionó la legalidad del referido acto administrativo en
tanto lo consideró violatorio —entre otros— del artículo 150 de la Ley 100 de 199380,
el cual le otorgaba el derecho a permanecer en el cargo hasta la edad de retiro
forzoso con el objeto de mejorar su quantum pensional. Por este motivo, el problema
jurídico definido por el Juez Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio
consistió en determinar si le asistía derecho al señor García Tangarife de
permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso de acuerdo con lo previsto
en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, o si, por el contrario, resultaba válido su
retiro de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797
de 2003.
En el anterior orden, para resolver la controversia jurídica puesta a su consideración,
el juez abordó el estudio del caso desde la óptica de la interpretación que el Consejo
de Estado había imprimido al cambio normativo producido con ocasión de la
expedición de la Ley 797 de 2003, punto en el cual se refirió concretamente a lo
expuesto en sentencia del 4 de agosto de 2010, por medio de la cual la Sección
Segunda de esta Corporación definió que las previsiones establecidas en el artículo
9 ejusdem no resultaban aplicables a quienes se encontraran amparados por el
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
“[…] la aplicación de la Ley 797 de 2003 en su artículo 9° parágrafo 3°, en cuanto
estipula como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación
legal y reglamentaria el cumplimiento de los requisitos establecidos para tener
derecho a la pensión, se supedita al respeto del derecho de transición en el
componente que examinamos, pues si el empleado consolidó sus derechos
atendiendo la posibilidad de diferir el goce de su pensión y acceder a la reliquidación
del monto de pensión prevista en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, es indiscutible
que por efecto del derecho a la transición: i) podrá quedarse en el empleo para
reajustar su derecho pensional más allá de la fecha en que se le notificó el acto
administrativo que reconoce su derecho a la pensión de jubilación, y ii) no podrá ser
obligado a retirarse por el solo hecho de haberse expedido a su favor resolución de
jubilación si no ha llegado a la edad de retiro forzoso, toda vez que el derecho a la
transición y la concreción del derecho pensional a la luz del mismo, le preservan y
habilitan la posibilidad de reliquidar el valor de su pensión en los eventos allí
determinados”81.
Así entonces, la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo proferido por el
IDEAM se fundó en que el señor García Tangarife consolidó su derecho de pensión
bajo el amparo del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, el cual le
80 “ARTÍCULO 150. RELIQUIDACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN PARA FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PÚBLICOS. Los funcionarios y empleados públicos que hubiesen sido notificados de
la resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se les
reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con
posterioridad a la fecha de notificación de la resolución.
PARÁGRAFO. No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por
el sólo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad
de retiro forzoso.”
81 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, exp. 2533-07.
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otorgaba el derecho de permanecer en el cargo con el propósito de mejorar su
quantum pensional hasta la edad de retiro forzoso, según lo dispuesto en el artículo
150 ejusdem. En el anterior orden, el Juez Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio consideró que “[…] el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, no era aplicable
al demandante porque para la entrada en vigencia de esta ley, su situación jurídica
pensional ya estaba definida a la luz del régimen de transición, por lo que se debió
preservar al actor el derecho a permanecer en el servicio hasta la edad de retiro
forzoso, esto es, hasta los 65 años de edad”.
Con todo, esta Subsección no pasa por algo que este no fue el único entendimiento
que la Sección Segunda de esta Corporación otorgó al cambio normativo provocado
con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003. Al efecto, debe indicarse
que en sentencia del 6 de agosto de 2009, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación, al analizar la legalidad de un acto
administrativo mediante el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN retiró del servicio a una funcionaria con sustento en el parágrafo 3 del artículo
9 de la Ley 797 de 2003, planteó que los beneficiarios del régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 podían ser retirados del servicio con sustento en
la causal introducida por la Ley 797 de 2003, teniendo en consideración los
siguientes argumentos:
“En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, se tiene que
su inconformidad se fundamenta en la aplicación de la ley en el tiempo, su
irretroactividad y el respeto a los derechos consolidados y establecidos en
disposiciones anteriores, es decir, que a funcionarios que, como ella, cumplieron
requisitos y obtuvieron el reconocimiento de su pensión durante la vigencia de la Ley
100 de 1993, no se puede aplicar ni legal ni constitucionalmente la causal prevista en
el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 cuya vigencia comenzó el día 27 de enero de
2003.
De las probanzas allegadas y de las cuales ya se hizo referencia, se establece que la
actora se encuentra en la transición prevista por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
régimen que se refiere a los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión,
situación que bajo ningún punto de vista se le ha desconocido a la accionante por
parte de la entidad para la cual prestó sus servicios.
Así mismo, considera la Sala que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
estaba facultada para tomar la decisión de retirar del servicio a la accionante como
efectivamente lo hizo, dado que el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, derogó en forma tácita lo dispuesto previamente
en los artículos 150 de la Ley 100 de 1993 y en el 19 de la Ley 344 de 1996, como se
desprende del siguiente análisis:
[…]
En segundo término, el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual [n]o
podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el
sólo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado
a la edad de retiro forzoso, resulta también derogado en forma tácita por el artículo 9º
de la Ley 797 de 2003, en cuanto ésta se dirige igualmente a los servidores públicos,
y permite al empleador tramitar el reconocimiento de la pensión al cumplirse los
requisitos respectivos. No hay, en consecuencia, excepción alguna en estas reglas
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con respecto a los empleados públicos por el hecho de encontrarse escalafonados en
la carrera administrativa.
Por lo anterior, la Sala concluye que no se trata, en este caso, de conflicto normativo
que deba resolverse con criterio de favorabilidad, conforme a la regla constitucional
que rige en materia de relaciones de trabajo en todas sus modalidades, sino de norma
posterior, del mismo rango, que deroga tácitamente las anteriores que le son
contrarias, conforme a las reglas básicas de vigencia de las leyes en nuestro sistema
normativo.
[…]
Adicionalmente, la consolidación del status de pensionado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 797 no implica, como lo sostiene la actora, la no
aplicación de tal disposición, puesto que lo que hizo la norma fue crear una nueva
causal de terminación del vínculo laboral y no establecer requisitos para acceder a la
pensión, caso éste último en el cual, sí hubiera podido invocarse válidamente la
existencia de derechos adquiridos al tener reconocida tal prestación por parte de la
entidad pagadora de pensiones, que en el caso de autos fue el Seguro Social. Sin
embargo, como el parágrafo 3o del artículo 9º ibídem establece como justa causa
para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria el
cumplimiento de “los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la
pensión”, no constituye ningún impedimento para la aplicación de dicha justa causa
el hecho de que al trabajador ya se le hubiera reconocido su pensión de vejez o de
jubilación. Tampoco la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de la norma a
dicha situación sino que, únicamente se refirió, como ya se ha reiterado, a la inclusión
en la respectiva nómina de pensionados”82.
Vistas así las cosas, de cara a los hechos que están debidamente acreditados en el
proceso, la Sala pasa a estudiar la conducta de los ex servidores públicos
demandados, punto en el cual se observa que la parte accionante sustenta el
elemento subjetivo que se predica de la responsabilidad patrimonial de los agentes
estatales, en el desconocimiento de las previsiones legales contenidas en la Ley
100 de 1993. Aun cuando en el libelo genitor hubiere referido que los ex servidores
públicos demandados desplegaron una conducta gravemente culposa por haber
incurrido en una inexcusable omisión en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es
que su reproche se concreta en el hecho de que aquellos hubieren omitido que el
señor García Tangarife tenía derecho a permanecer en la entidad hasta la edad de
retiro forzoso, esto es, en el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de
la Ley 100 de 1993; lo que de suyo excluye del debate toda referencia al
incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las funciones cargo de los
demandados.
Desde esta óptica, descendiendo al caso concreto la Sala estima que el IDEAM
incumplió la carga probatoria que le asistía de probar que los funcionarios
demandados hubieren desconocido de manera inexcusable lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico superior. Lo anterior, pues aun cuando la Resolución No.
0198 del 22 de septiembre de 2004 omitió lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
100 de 1993 en punto al derecho que tenía el empleado público de mejorar su
82 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2009, exp.
00164-08.
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promedio pensional hasta la edad de retiro forzoso, en el ámbito de la
responsabilidad personal del agente mal puede desconocerse que ello estuvo
justificado en una lectura razonable del cambio normativo introducido con ocasión
de la expedición de la Ley 797 de 2003. De hecho, como se vio antes, esa misma
interpretación fue aplicada unos años después por la Sección Segunda de esta
Corporación, al plantear que los beneficiarios del régimen de transición establecido
en la Ley 100 de 1993 podían ser retirados del servicio con sustento en la causal de
terminación de la relación reglamentaria introducida por la Ley 797 de 2003.
Si bien esta postura jurisprudencial fue rectificada por la Sala Plena de la Sección
Segunda de esta Corporación en la sentencia del 4 de agosto de 2010, esta
circunstancia no desdice el planteamiento sobre el cual descansa la decisión que
esta Subsección adopta en punto a la responsabilidad de los demandados. En
efecto, una lectura de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797
de 2003 permitía considerar, de manera razonable, que lo allí previsto podía
sustentar el retiro del servicio del señor José Norbey García Tangarife, motivo por
el cual no podría afirmarse que los demandados hubieren incurrido en un
desconocimiento injustificado del ordenamiento jurídico superior, lo que excluye
toda posibilidad de imputarles el daño sufrido por la entidad demandante.
En este contexto, la Sala considera que la ausencia de prueba sobre la culpa grave
de los ex funcionarios demandados no obedeció únicamente a una deficiencia
probatoria del IDEAM, sino a la naturaleza misma del debate jurídico suscitado en
la época de los hechos. La controversia en torno al alcance de la Ley 797 de 2003
y su relación con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 generó un
escenario de ambigüedad interpretativa que excluye la posibilidad de calificar la
actuación de los servidores como manifiestamente contraria al orden jurídico. El
ejercicio de la función pública, en particular en contextos de cambio normativo, no
puede evaluarse con criterios de responsabilidad objetiva ni con base en la
interpretación posterior de la ley, sino atendiendo a la razonabilidad y diligencia
observadas conforme al estado del derecho vigente al momento de la actuación.
Así las cosas, no es posible afirmar la existencia de un desconocimiento inexcusable
del ordenamiento jurídico cuando la decisión adoptada se sustentó en una
interpretación plausible de la norma, posteriormente avalada por la jurisprudencia
de esta Corporación. Imputar responsabilidad personal en tales condiciones
supondría desconocer el principio de confianza legítima en la actuación de los
servidores públicos y desnaturalizar la finalidad del medio de control de repetición,
que no busca reprochar el error de criterio razonable, sino el proceder arbitrario o
abiertamente contrario a derecho. En consecuencia, la Sala reafirma que la
actuación de los demandados se enmarcó en los límites de la función pública y no
configura un supuesto de responsabilidad trasladable al agente.
A lo anterior debe agregarse que en el momento en que se adoptó la decisión
administrativa esta Corporación no había emitido pronunciamientos judiciales que
precisaran la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley
797 de 2003. Para la Sala, esta es una circunstancia insoslayable, en la medida que
la ausencia de precisiones jurisprudenciales sobre la forma en que debía emplearse
la norma permitía su aplicación desde las interpretaciones razonables divergentes,
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lo que el presente caso se materializó al haber justificado el retiro del servicio desde
un entendimiento que, inclusive, más adelante fue dispensado por la jurisprudencia
de esta Corporación.
En los términos antes expuestos, la Sala concluye que en el expediente no está
demostrado que los agentes estatales que intervinieron en la expedición del acto
administrativo anulado hubieren desatendido la ley de manera inexcusable. A la
anterior conclusión arriba esta Subsección, sobre la base de advertir que el examen
de responsabilidad de los agentes estatales no puede fundarse en una
reconstrucción retrospectiva del derecho, sino en las circunstancias existentes al
momento de la actuación administrativa. La ausencia de jurisprudencia
interpretativa sobre el alcance del parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003
revela que los funcionarios ejercieron su competencia dentro de un margen de
apreciación legítimo, en un contexto de incertidumbre normativa que hacía
razonables distintas lecturas del ordenamiento. De ahí que su conducta no pueda
ser calificada como gravemente culposa por desconocimiento de lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 100 de 1993, sino como expresión del deber funcional de
aplicar la ley conforme a su mejor entendimiento. Este elemento reafirma que el
medio de control de repetición no es un mecanismo sancionatorio frente a
interpretaciones razonables de la norma, sino una herramienta de control de
actuaciones manifiestamente contrarias al derecho de cara a las circunstancias
concretas del caso, supuesto que no se configura en el presente caso.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que no obran pruebas en el expediente que
permitan concluir que la actuación desplegada por los demandados hubiere
comportado el ejercicio de una conducta gravemente culposa, a la luz de la
definición general contenida en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001. En efecto, al
proceso de la referencia no fueron allegadas pruebas diferentes al acto
administrativo anulado y a la sentencia condenatoria, por lo que en cualquier caso
existe una orfandad probatoria que impide verificar la acreditación del elemento
subjetivo del que depende el éxito de la responsabilidad patrimonial de los agentes
estatales. En tal sentido, la Sala echa de menos el expediente del trámite
administrativo que finalizó con la expedición del acto administrativo anulado, lo que
impide verificar las actuaciones adelantadas por los agentes demandados para
efectos de adoptar la decisión que dio por terminado el trámite administrativo.
Así las cosas, la Sala concluye que la inexistencia de pruebas suficientes impide
acreditar el elemento subjetivo indispensable para configurar la responsabilidad
patrimonial de los agentes estatales. La ausencia de medios de convicción que
permitan reconstruir el procedimiento administrativo y las actuaciones concretas de
los ex funcionarios genera una incertidumbre insalvable sobre la acreditación de
culpa grave de los demandados, lo que excluye cualquier imputación individual. Este
vacío probatorio, sumado al contexto de ambigüedad normativa existente al
momento de los hechos, reafirma que los servidores actuaron dentro del ámbito de
su competencia y bajo una interpretación razonable de la norma que fundó la
decisión.
En suma, no está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del
numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Tampoco está demostrado que los
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demandados hayan actuado con culpa grave en el cumplimiento de sus funciones.
Como consecuencia, la Sala dispondrá negar las pretensiones de la demanda de
repetición formulada contra los señores Carlos Rufino Costa Posada, Juan Carlos
Morillo Herrera y Juan Crisóstomo Lara Franco.
5. Condena en costas
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 36583 y 36684 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA85, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
su causación; y su liquidación se realizará por la secretaría de la Corporación,
correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de acuerdo
con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo este entendido, la Sala condenará en costas al Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales —IDEAM—, dado que resultó vencido
dentro del proceso86. Para tal efecto, la Secretaría de la Corporación efectuará la
liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que, con fundamento en las
83 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
84 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La
liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido
útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
excederse el máximo de dichas tarifas”.
85 LEY 1437 DE 20111. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del CPC”.
86 La Sala precisa que en reciente pronunciamiento esta Subsección acogió la postura que avala la
condena en costas en los procesos de repetición, al considerar que “[…] el medio de control de
repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por el cual el organismo estatal
pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus
agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función
pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la
acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila
de forma directa en el proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
8 de noviembre de 2024, exp. 56897. Ver también. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 14 de julio de 2025, exp. 71384.
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tarifas establecidas en el acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el
Consejo Superior de la Judicatura87, se fijan agencias en derecho en un valor
equivalente al 5% del monto de las pretensiones formuladas en la demanda, a favor
de los demandados Juan Carlos Morillo Herrera y Marcial Hernando Ibarra Morillo,
en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión
efectuada por la defensa. Como las pretensiones se estimaron en $283.433.970, la
demandante pagará la suma de $14.171.699, por concepto de agencias en derecho.
En lo que respecta a los demandados Carlos Rufino Costa Posada y Juan Crisóstomo
Lara Franco, la Sala recuerda que no fue posible lograr su comparecencia al proceso
de la referencia, por lo que estuvieron representados por María Virginia Peñaloza
Sierra, quien aceptó la designación en el cargo de curadora ad litem en diligencia
celebrada el 27 de junio de 2018. Sobre este particular vale la pena anotar que, en los
términos del numeral 7 del artículo 48 del CGP88, el cargo de curador ad lítem se
desempeña de forma gratuita, lo que excluye toda posibilidad de concluir que, respecto
de los demandados Carlos Rufino Costa Posada y Juan Crisóstomo Lara Franco, se
hubieren causado agencias en derecho. También debe referirse que al no haber
comparecido al proceso judicial, los demandados Carlos Rufino Costa Posada y Juan
Crisóstomo Lara Franco no incurrieron en expensas, motivo por el cual la condena en
costas será proferida, única y exclusivamente, en favor de Juan Carlos Morillo Herrera
y Marcial Hernando Ibarra Morillo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección C de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción
formulada por el señor Marcial Hernando Ibarra Morillo, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el señor Marcial Hernando Ibarra Morillo, según lo señalado
en la parte considerativa de esta decisión.
87 ACUERDO 1887 NO. 1887, expedido el 26 de junio de 2003. El literal III del artículo 6 establece
que, en los procesos contenciosos administrativos de única instancia con cuantía, la tarifa por
concepto de agencias en derecho se fijarán en un porcentaje que represente “hasta el veinte por
ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
88 “ARTÍCULO 48. DESIGNACIÓN. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán
las siguientes reglas: […] 7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza
habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio.
El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más
de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir
inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para
lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente. […]”.
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM a pagar las costas causadas a favor de Juan Carlos Morillo
Herrera y Marcial Hernando Ibarra Morillo. Liquidar por Secretaría según lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP e incluir, por concepto de agencias en derecho,
la suma equivalente al 5% del monto de las pretensiones formuladas en la demanda,
a favor de los señores Juan Carlos Morillo Herrera y Marcial Hernando Ibarra Morillo.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas las
anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
GE2
34
Sigue leyendo
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