Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00150-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2016-00150-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00150-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2016-00150-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Demandado: ENRIQUE MEZA DAZA Y OTROS
Tema: Medio de control de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley
678 de 2001. No se probó la conducta dolosa y/o gravemente
culposa del agente estatal. Condena en costas.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia y mediante sentencia anticipada1 el medio de
control de repetición promovido por la Universidad Popular del Cesar contra Enrique
Meza Daza y otros.
I. SINTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 10 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012 expedido por la Universidad
Popular del Cesar, declaró la existencia de una relación laboral entre José Armel
González Roa y esa institución educativa y ordenó pagar al señor González Roa “el
valor equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de
la universidad que desempeñaban similar labor”. El 12 de febrero de 2015 el
Tribunal Administrativo del Cesar celebró audiencia de conciliación judicial, en la
que se acordó que la Universidad Popular del Cesar pagaría a José Armel González
Roa la suma de $53.635.556 “por concepto de condena judicial” y $8.045.333 “por
concepto de costas y agencias en derecho”. Así las cosas, mediante auto del 26 de
febrero de siguiente, el Tribunal Administrativo del Cesar aprobó la conciliación
1 Índice 156 Samai, expediente electrónico. Mediante auto del 7 de julio de 2025 se resolvió prescindir
de la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, con el objeto de dictar sentencia
anticipada.
2
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
judicial celebrada entre la Universidad Popular del Cesar y José Armel González
Roa y declaró terminado el proceso.
Como la Universidad Popular del Cesar afirma que pagó una indemnización por
concepto de dicha conciliación, en ejercicio del medio de control de repetición,
presentó demanda en contra de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia
Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya
Pabón, pues considera que con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en
la producción del daño antijurídico por el cual debió suscribir la conciliación referida
y pagar la suma allí acordada.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 22 de septiembre de 20162, la Universidad Popular del Cesar, mediante
apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó
demanda en contra de José Guillermo Botero Cotes, Jesús María Valencia
Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya
Pabón, para que se les declare patrimonialmente responsables del pago de
$61.927.613 a José Armel González, realizado en cumplimiento de la conciliación
aprobada por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 26 de febrero
de 2015.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que entre el periodo
comprendido del 14 de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, José
Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor
Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón en calidad de “funcionarios de la
Universidad Popular del Cesar” mediante ordenes de prestación de servicios
“vincularon irregularmente” a José Armel González Roa a dicha universidad como
“celador” del Centro Experimental Piloto ubicado en el corregimiento de Valencia de
Jesús.
2 Fl. 2 a 15, C. 1.
3
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Sostiene que, mediante oficio del 18 de mayo de 2012, la Universidad Popular del
Cesar negó la solicitud efectuada por José Armel González Roa, consistente en que
se le pagaran prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que se le
adeudaban “como celador del Centro Experimental Piloto” de dicha institución
educativa.
Refiere que, en fecha indeterminada, José Armel González Roa instauró medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad
del oficio del 18 de mayo de 2012, expedido por la Universidad Popular del Cesar
y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el pago
de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que ese centro
educativo le adeudaba.
Manifiesta que, mediante sentencia del 10 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012 expedido por la
Universidad Popular del Cesar, declaró la existencia de una relación laboral entre
el señor González Roa y esa institución educativa y ordenó pagar al entonces
accionante “el valor equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los
empleados de la universidad que desempeñaban similar labor”.
Destaca que el 12 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Cesar celebró
audiencia de conciliación judicial, en la que se acordó que la Universidad Popular
del Cesar pagaría a José Armel González Roa la suma de $53.635.556 “por
concepto de condena judicial” y $8.045.333 “por concepto de costas y agencias en
derecho”.
Señala que, mediante auto del 26 de febrero de siguiente, el Tribunal Administrativo
del Cesar aprobó la conciliación judicial celebrada entre la Universidad Popular del
Cesar y José Armel González Roa y declaró terminado el proceso.
Como la Universidad Popular del Cesar afirma que pagó una suma de dinero por
concepto de la conciliación judicial mencionada, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de repetición en contra de José Guillermo Botero, Jesús María
4
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique
Maya Pabón señalando que debían reembolsarle dicho dinero, dado que fueron los
servidores públicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidieron en
la producción del daño por el cual debió suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar lo
allí convenido.
Textualmente, la parte demandante solicitó: “Se declare responsable a José
Guillermo Botero, Leonor Castrillo Guerra, Jesús María Valencia Bustamante,
Enrique Meza Daza y Raúl Enrique Maya Pabón de los perjuicios ocasionados a la
Universidad Popular del Cesar, condenada administrativamente por el Honorable
Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de fecha 10 de julio de 2014, por
concepto de haber expedido el acto administrativo con ocultamiento a los hechos
que sirven de sustento a la decisión de la administración y por violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho. El acto administrativo acusado es el Oficio
de fecha 18 de mayo de 2012, mediante la cual se le negó al señor Josi Armel
González Roa las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales desde el
14 de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.”
2. Contestación
La demanda se admitió mediante auto 15 de noviembre de 20163 y se ordenó su
notificación a los demandados y al ministerio público.
2.1. José Guillermo Botero Cotes4 contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones. En sustento, manifestó que no actuó con dolo y/o culpa grave, pues
no fue el servidor público que suscribió el oficio del 18 de mayo de 2012 a través
del cual se negaron unos pagos de prestaciones sociales solicitadas por José Armel
González Roa, el cual posteriormente fue anulado mediante sentencia del 10 de
julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Por lo anterior,
propuso las excepciones que denominó: “inexistencia de la obligación, cobro de lo
no debido, falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva,
falta de legitimación en la causa por activa y la genérica”.
3 Fl. 90 a 93, C. 1.
4 Fl. 155 a 168, C. 1.
5
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
2.2. Jesús María Valencia Bustamante5 se opuso a las pretensiones de la demanda,
en atención a que no se acreditó su conducta dolosa y/o gravemente culposa. Alega
en su defensa que en varias ocasiones lo encargaron de funciones rectorales en la
Universidad Popular del Cesar y en tal virtud suscribió un contrato de prestación de
servicios con José Armel González Roa, no obstante, no está probado en este
proceso que ese contrato se haya celebrado con desconocimiento de las normas
legales que lo amparaban. Por ello, propuso las excepciones que denominó
“ilegitimidad de la acción de repetición ante el vencimiento del término del plazo
temporal de los seis meses siguientes al pago de la condena a José Armel González
Roa”, “falta de legitimidad en la causa por pasiva”, “falta de integración del
contradictorio por no vinculación del rector delegante Dr. Abdo Barrera como
litisconsorte necesario”, “inexistencia del dolo o culpa grave”, “inoponibilidad del
presunto detrimento patrimonial”, “buena fe y presunción de inocencia”, “ausencia
de error inexcusable en la suscripción de la OPS en marzo de 2009 en favor de
José Armel González” y la genérica.
2.3. La curadora ad litem de Enrique Meza Daza y Leonor Castrillo Guerra contestó
la demanda6 oponiéndose a las pretensiones, pues no estaba acreditado el dolo y/o
la culpa grave de sus representados. En efecto, sostuvo que el acto administrativo
anulado por el Tribunal Administrativo del Cesar y de cuya anulación nació la
obligación para la Universidad Popular del Cesar de pagar unos dineros al señor
José Armel González, no fue suscrito por ninguno de sus defendidos, de allí que no
incurrieron en las conductas alegadas en la demanda.
2.4. Raúl Enrique Maya Pabón7 no contestó la demanda.
3. Trámite de la sentencia anticipada
Encontrándose el proceso para convocar a la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA, se resolvió prescindir de esta con el fin de dictar sentencia
5 Fl. 202 a 225, C. 1.
6 Fl. 370 a 383, C. 1.
7 Índice 144 Samai, expediente electrónico.
6
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
anticipada8. Al efecto, se constató la configuración de las causales contenidas en
los literales b) y d) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA9, por lo que se
decretaron e incorporaron como pruebas los documentos aportados por las partes
y, en firme tal determinación, se fijó el objeto del litigio en torno a determinar “Si los
señores José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza
Daza, Leonor Beatriz Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón, tienen la calidad
de exfuncionarios de la Universidad Popular del Cesar y, en ejercicio de su cargo,
incurrieron en conducta dolosa o gravemente culposa que diera lugar a la condena
impuesta a la institución universitaria dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 20-001-23-33-003-
2013-00047-00, trámite que derivó en un acuerdo de conciliación y posterior pago
de $ 61'.927.613 a favor del señor José Armel González Roa”.
4. Alegatos de conclusión
El 25 de julio de 202510 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La Universidad Popular del Cesar11 reiteró los argumentos expuestos en la
demanda e insistió que estaba demostrada la conducta dolosa y/o gravemente
culposa de los demandados.
4.2. José Guillermo Botero Cotes12 reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda. Adicionalmente, indicó que “el solo hecho de que en
el fallo condenatorio (nulidad y restablecimiento del derecho que impetrara
González Roa, que dio lugar a la presente controversia se hubiere concluido la
8 Auto del 7 de julio de 2025, índice 156 Samai, expediente electrónico.
9 Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia
inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c)
Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la
contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas
solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles (…)”.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este
numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá
hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
10 Índice 162 Samai, expediente electrónico.
11 Índice 169 Samai, expediente electrónico.
12 Índice 166 Samai, expediente eléctronico.
7
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
responsabilidad del aquí demandado, no es razón suficiente para endilgarle
responsabilidad al exrector que aquí represento, a título de culpa grave. Si así fuera,
bastaría con la constatación de los requisitos objetivos (existencia de condena,
prueba del pago y condición de agente o ex agente estatal) para predicar, sin
excepciones, la responsabilidad patrimonial del demandado en esta acción de
repetición”.
4.3. El ministerio público13 solicitó negar las pretensiones de la demanda con
fundamento en que no se probó la conducta dolosa y/o gravemente culposa de los
demandados, pues ninguno de ellos fue quien en calidad de rector o rectora de la
Universidad Popular del Cesar suscribió el oficio del 18 de mayo de 2012, que
posteriormente fue anulado por el Tribunal Administrativo del Cesar.
4.3. Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra
y Raúl Enrique Maya Pabón guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento
13 Índice 167 Samai, expediente electrónico.
8
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)14 y el inciso 1° del
artículo 7 de la Ley 678 de 200115.
En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437
de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda16, en sus
artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos
de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de
doble instancia.
De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del
CPACA sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 202117, el Consejo de
14 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
15 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá
de la acción de repetición.”
16 Por tratarse de una demanda promovida el 24 de septiembre de 2021, esto es, con posterioridad
al 2 de julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la mencionada
normatividad, a cuyo tenor: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP),
en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar
que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento
en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
17 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021,
dispuso lo siguiente: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 13. De
la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la
Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de
los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior
Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden
nacional (se destaca).
9
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado
ejerce contra “los representantes legales de los órganos y entidades del orden
nacional”. Adicionalmente, el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 678 prevé que "Si
la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que
conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía".
Para el presente asunto, este Despacho encuentra que es competente para conocer
de la pretensión incoada comoquiera que la misma se ejerce con ocasión de las
actuaciones que desempeñaron los demandados como rectores en distintos
periodos de la Universidad Popular del Cesar. En consecuencia, la competencia
sobre este asunto está a cargo de esta Corporación, toda vez que la Ley 34 de
197618, transformó el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar en la Universidad
Popular del Cesar y la reguló como establecimiento público autónomo, con
personería jurídica cuyo objetivo primordial es la investigación y la docencia a través
de programas que conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados profesionales
y títulos académicos.
En este sentido, atendiendo a la calidad de José Guillermo Botero, Jesús María
Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor
Castrillo Guerra como rectores y vicerrectora19, respectivamente, de la Universidad
Popular del Cesar se concluye que esta Corporación es competente para decidir de
fondo el presente proceso, en única instancia.
Es importante precisar que, si bien el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 149 del
CPACA y que el artículo 25 de la misma ley introdujo el artículo 149A al CPACA sobre la competencia
del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad respecto de las Repeticiones que el
Estado ejerza contra congresistas, entre otros funcionarios, lo cierto es que tanto el artículo 149
modificado como el artículo 149A se aplican a las demandas instauradas a partir del 25 de enero de
2022, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, pero esta demanda fue presentada
el 24 de septiembre de 2021, por ello se aplica el artículo 149 del CPACA en su texto original.
18 “Por la cual el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar se transforma en la Universidad Popular
del Cesar y se dictan otras disposiciones”.
19 Fl. 53 a 54, C. 1. Reposa certificación expedida por la coordinadora del grupo de gestión de
desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, en la que hace constar que entre el año
2003 al 2011 Leonor Castrillo Guerra en calidad de vicerrectora, José Guillermo Botero Cotes en
calidad de rector, Jesús María Valencia Bustamante ejerciendo como rector “A”, Raúl Enrique Maya
Pabón en calidad de rector y Enrique Alfonzo Meza como rector (e), suscribieron contratos de
prestación de servicios con José Armel González Roa.
10
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
2. Medio de control procedente
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 20, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 21, el medio
de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra
el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto.
En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita
declarar a José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza
Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor Castrillo Guerra patrimonialmente
responsables del pago de $61.927.613 a José Armel González, realizado en
cumplimiento de la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Cesar
mediante auto del 26 de febrero de 2015.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal22.
20 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
21 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al
disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.
22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
11
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
12
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure25 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 26,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.
Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 201227, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
27 La demanda de repetición se presentó el 22 de septiembre de 2016.
13
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)28. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código
General del Proceso (CGP)29, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados30.
Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable es el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del
numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control
de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago
de la condena o conciliación o, a más tardar, desde el día siguiente al del
vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago
correspondiente.31
28 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.
29 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP
entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la
norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el
respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
30 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 21 de mayo de 2021, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00070-00 (51260)B y 81001-
33-33-002-2014-00468-00 (acumulado): “De conformidad con lo anterior, para brindar seguridad
jurídica y que no se postergue la caducidad en el tiempo, el término de caducidad del medio de
control de repetición (...) inicia a partir del día siguiente de la fecha de pago o a más tardar del
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. Es decir que, el
inicio del conteo del término de caducidad se supedita a lo primero que suceda en el tiempo, (i) bien
sea el día siguiente en que la entidad realizó el pago dentro del plazo previsto, o (ii) en caso de que
la entidad no hubiera cumplido con el pago dentro del plazo legal, se iniciará la contabilización del
término al vencimiento de este.”
14
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que
se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del
CPACA32_33.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que el auto del 26 de febrero de 201534, mediante el cual el
Tribunal Administrativo del Cesar aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre
José Armel González Roa y la Universidad Popular, como partes del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, quedó ejecutoriado el 6 de
marzo de 2015, según da cuenta la constancia de ejecutoria expedida por ese
Tribunal35; ii) que mediante transferencia electrónica del 6 de mayo de 2015 la
Universidad Popular del Cesar pagó a José Armel González Roa la suma de
$61.927.613 por concepto de una conciliación judicial36; iii) que el plazo de los 10
meses para cumplir la conciliación judicial se cumplió el 7 de enero de 2016; iv) que
lo primero que ocurrió fue el pago de la conciliación; y v) que la demanda se
presentó el 22 de septiembre de 201637, esto es, dentro de los dos años que otorga
el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma
oportuna.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
32 “Artículo 192. “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las Entidades Públicas.
Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30)
días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de
dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada […].”
33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de marzo de 2018, Rad.: 59245. En el
mismo sentido, véase, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 6 de
diciembre de 2017, Rad.: 50192 y del 30 de agosto de 2018, Rad.: 55661.
34 Fl. 43 a 50, C. 1.
35 Fl. 50 anverso. C. 1.
36 Fl. 56 a 58, C. 1.
37 Fl. 2 a 15, C. 1.
15
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis38.
4.1. La Universidad Popular del Cesar está legitimada en la causa por activa, puesto
que es la entidad pública que celebró el acuerdo conciliatorio aprobado por el
Tribunal Administrativo de Cesar mediante auto del 26 de febrero de 201539.
4.2. José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza,
Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor Castrillo Guerra están legitimados en la causa
por pasiva pues presuntamente fueron los agentes que con su conducta dolosa y/o
gravemente culposa causaron el daño por el cual la Universidad Popular del Cesar
debió suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar lo allí acordado, dado que en calidad
de rectores y vicerrectora, respectivamente, suscribieron los contratos de prestación
de servicios con José Armel González Roa que conllevaron posteriormente a que
se declarara una relación laboral o contrato realidad entre este último y la institución
universitaria.
De hecho, para demostrar la calidad de los demandados, la parte demandante
aportó certificación40 expedida por la coordinadora del grupo de gestión de
desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, en la que hace constar que
entre el año 2003 al 2011 Leonor Castrillo Guerra en calidad de vicerrectora, José
Guillermo Botero Cotes en calidad de rector, Jesús María Valencia Bustamante
ejerciendo como rector “A”, Raúl Enrique Maya Pabón en calidad de rector y Enrique
Alfonzo Meza como rector (e), suscribieron contratos de prestación de servicios con
José Armel González Roa.
38 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
39 Fl. 43 a 50, C. 1.
40 Fl. 53 a 54, C. 1.
16
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
5. Problema jurídico
En la fijación del litigio se dispuso que el problema jurídico a resolver en el presente
asunto sería determinar “Si los señores José Guillermo Botero, Jesús María
Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Beatriz Castrillo Guerra y Raúl
Enrique Maya Pabón, tienen la calidad de exfuncionarios de la Universidad Popular
del Cesar y, en ejercicio de su cargo, incurrieron en conducta dolosa o gravemente
culposa que diera lugar a la condena impuesta a la institución universitaria dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
No. 20-001-23-33-003-2013-00047-00, trámite que derivó en un acuerdo de
conciliación y posterior pago de $ 61'.927.613 a favor del señor José Armel
González Roa”.41
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.
7. Régimen jurídico aplicable al caso
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.
Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de
carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público,
41 Auto del 7 de julio de 2025, índice 156 Samai, expediente electrónico.
17
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.
La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual
que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del
agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto
a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos
procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción
y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad,
oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y
determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con
fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso42.
Así las cosas, como en el sub examine los hechos43 que llevaron a suscribir la
conciliación por parte de la Universidad Popular del Cesar ocurrieron en el año 2012,
esto es, cuando se expidió el oficio del 18 de mayo de 2012, que posteriormente fue
anulado, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la
Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 202244, toda
vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.
8. El caso concreto
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación45, para la procedencia del medio
de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación
42 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23
de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad:
47535
44 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra
la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
18
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor
o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii)
el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente
culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al
Estado.
En este sentido, en aras de resolver los cargos invocados en el recurso de
apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la
procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de
dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no
será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende,
declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a
la condena o conciliación contra el Estado y condenarlo a reembolsar la suma de
dinero que éste pagó.
8.1. La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que
formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma
de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia
debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza
judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto46, tal
y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 200147.
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
46Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,
Rad.:56284.
47 “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra
del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente
culposa, la reparación patrimonial”.
19
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado: i) que mediante
sentencia del 10 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la
nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012 expedido por la Universidad Popular del
Cesar, declaró la existencia de una relación laboral entre José Armel González Roa
y esa institución educativa y ordenó pagar al señor González Roa “el valor
equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de la
universidad que desempeñaban similar labor”, según da cuenta copia de la referida
providencia48; ii) que el 12 de febrero de 2015, la Universidad Popular del Cesar y
José Armel González Roa celebraron conciliación judicial ante el Tribunal
Administrativo del Cesar, en la que se acordó que esa institución educativa pagaría
al señor González Roa la suma de $53.635.556 “por concepto de condena judicial”
y $8.045.333 “por concepto de costas y agencias en derecho”, según da cuenta
copia del mencionado auto49; y, iii) que mediante auto del 26 de febrero de 2015, el
Tribunal Administrativo del Cesar aprobó la referida conciliación judicial, según da
cuenta copia del auto aprobatorio de la conciliación50.
8.2. La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado
El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el
demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la
responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de
particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.
En el caso sub judice, para probar la calidad de servidores públicos de los
demandados, la parte demandante aportó el siguiente medio de prueba:
8.2.1. Certificación del 20 de octubre de 201551 suscrita por la coordinadora del
grupo de gestión de desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, en la
que hace constar que entre el año 2003 al 2011 Leonor Castrillo Guerra en calidad
48 Fl. 25 a 40, C. 1.
49 Fl. 41 a 42, C. 1.
50 Fl. 43 a 50, C. 1.
51 Fl. 53 a 54, C. 1.
20
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
de vicerrectora, José Guillermo Botero Cotes en calidad de rector, Jesús María
Valencia Bustamante ejerciendo como rector “A”, Raúl Enrique Maya Pabón en
calidad de rector y Enrique Alfonzo Meza como rector (e), suscribieron contratos de
prestación de servicios con José Armel González Roa. De hecho, el contenido de
tal documento es el siguiente:
“Que el 14 de febrero de 2003 se suscribió la Carta Contrato No. 044, entre el señor
JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del Cesar, con una
vigencia de cuarenta y cinco (45) días, suscrito por la entonces Vicerrectora de
Investigación y Extensión de la Universidad Popular del Cesar, LEONOR
CASTRILLO GUERRA, en representación de la misma.
Que, entre el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2003 al 30 de junio de
2003, se suscribió la Carta Contrato No. 113, entre el señor JOSÉ ARMEL
GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del Cesar, suscrito por la entonces
Vicerrectora de Investigación y Extensión de la Universidad Popular del Cesar,
LEONOR CASTRILLO GUERRA, en representación de la misma.
Que el 31 de agosto de 2005 se suscribió una (sic) la Orden de Prestación de
servicios No. 397, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad
Popular del Cesar, con una vigencia de ejecución de seis (6) meses, durante la
administración del entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES.
Que el 31 de enero de 2006, se suscribió el Adicional No. 1, a la Orden de Prestación
de servicios No. 397, entre el señor JOSE ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad
Popular del Cesar, a partir del 1 de marzo de 2006 por tres (3) meses y dieciocho
(18) días más, durante la administración del entonces Rector JOSE GUILLERMO
BOTERO COTES.
Que el 28 de junio de 2006, se suscribió la Orden de Prestación de servicios No.
044, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del
Cesar, con una vigencia de ejecución de siete (7) meses, durante la administración
del entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES.
Que el 15 de febrero de 2007, se suscribió la Orden de Prestación de servicios No.
021, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del
Cesar, con una vigencia de ejecución de nueve (9) meses, durante la administración
del entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES.
Que el 19 de octubre de 2007, se suscribió el Adicional No. 1, a la Orden de
Prestación de servicios No. 021, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la
Universidad Popular del Cesar, por veintitrés (23) días más, durante la
administración del entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES.
Que el 18 de diciembre de 2007, se suscribió la Orden de Prestación de servicios
No. 197, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular
del Cesar, con una vigencia de ejecución de tres (3) meses, durante la
administración del entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES.
Que el 1 de abril de 2008, se suscribió la Orden de Prestación de servicios No. 062,
entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del Cesar,
21
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
con una vigencia de ejecución de ocho (8) meses, durante la administración del
entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES.
Que el 17 de diciembre de 2008, se suscribió la Orden de Prestación de servicios
No. 138, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular
del Cesar, con una vigencia de ejecución de tres (3) meses, durante la
administración del entonces Rector JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES
Que el 27 de marzo de 2009, se suscribió la Orden de Prestación de servicios No.
052, entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del
Cesar, con una vigencia de ejecución de diez (10) meses, durante la administración
del entonces Rector (A) JESUS MARIA VALENCIA BUSTAMANTE.
Que el 09 de julio de 2010, se suscribió la Orden de Prestación de servicios No. 047,
entre el señor JOSÉ ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del Cesar,
con una vigencia de ejecución de diez (10) meses, durante la administración del
entonces Rector RAUL ENRIQUE MAYA PABON.
Que el 30 de mayo de 2011, se suscribió la Orden de Prestación de Servicios
Personales Independientes de la Administración No. 096, entre el señor JOSÉ
ARMEL GONZALEZ ROA y la Universidad Popular del Cesar, con una vigencia de
ejecución de siete (7) meses, durante la administración del entonces Rector (E)
ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA.” (se subraya)
De acuerdo con lo anterior, está demostrado que José Guillermo Botero, Jesús
María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl
Enrique Maya Pabón tenían la calidad de servidores públicos para la época de los
hechos, pues si bien no reposan sus nombramientos o actas de posesión, lo cierto
es que según la certificación expedida por la coordinadora del grupo de gestión de
desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, se acreditó que en calidad
de rectores y vicerrectores, respectivamente, suscribieron los contratos de
prestación de servicios con José Armel González Roa, prueba por demás, que no
fue controvertida por la parte demandada.
8.3. El pago de la obligación reparatoria
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe
acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier
otra forma de terminación de conflictos.
A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine la actora aportó las
siguientes pruebas:
22
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
8.3.1. Copia de la Resolución No. 1060 del 4 de mayo de 2015, expedida por el
Rector de la Universidad Popular del Cesar “por medio de la cual se autoriza su
pago de una conciliación judicial”, en la que se ordenó pagar $61.680.889 a José
Armel González Roa en cumplimiento del auto del 26 de febrero de 2015 proferido
por el Tribunal Administrativo del Cesar.
8.3.2. Certificación expedida por el coordinador del grupo de gestión de tesorería
pagaduría de la Universidad Popular del Cesar, en la que hace constar que “dando
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 1060 del 04/05/2015 se le canceló
al señor José Armel González Roa identificado con C.C. No. (…) el valor de
$61.927.613 según comprobante de pago 2015010554 del 6/may/2015 y egreso
2015010588 del 06/05/2015 por transferencia electrónica”.52
8.3.3. Comprobante de pago No. 2015010554 del 6 de mayo de 2015, en el que
consta que la Universidad Popular del Cesar pagó a José Armel González Roa la
suma de $61.927.613 en cumplimiento de la Resolución No. 1060 del 4 de mayo
de 2015 y por concepto de “pago de sentencia judicial conciliada”.53
8.3.4. Comprobante de egreso No. 2015010588 del 6 de mayo de 2015, en el que
consta que la Universidad Popular del Cesar pagó a José Armel González Roa la
suma de $61.927.613 en cumplimiento de la Resolución No. 1060 del 4 de mayo
de 2015 y por concepto de “pago de sentencia judicial conciliada” mediante
transferencia electrónica a la cuenta corriente No. 900067554 del señor González
Roa, quien suscribió dicho comprobante.54
De conformidad con los anteriores medios de prueba, se evidencia que la entidad
demandante acreditó el pago de la conciliación judicial aprobada mediante auto del
26 de febrero de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, por un
valor equivalente a $61.927.613.
52 Fl. 56, C. 1.
53 Fl. 57 y 61, C. 1.
54 Fl. 58 y 62, C. 1.
23
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
8.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del
daño reparado por el Estado
Como cuarto y último presupuesto del medio de control de repetición, la entidad
demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los
hechos55, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido
de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la
Administración, fue dolosa o gravemente culposa.
Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del
agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es
necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia
condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un
conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión56.
Como lo ha sostenido esta Corporación57, para el estudio del dolo o la culpa grave
se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la
condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud
de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley referida.
Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa
cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades
del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del
agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2.
Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de
fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la
55 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,
Rad.: 56284.
56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661.
57 Cfr. Sentencias del 30 de agosto de 2007. Rad.: 29.223; del 26 de febrero de 2009. Rad.: 30329;
del 22 de julio de 2009. Rad.: 25659.
24
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable
a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o
sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.
A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume
que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de
competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable;
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso en
lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con
detención física o corporal.
Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte
Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de
presunciones de hecho mediante prueba en contrario; posición que posteriormente
fue reiterada por el Consejo de Estado58 mediante sentencia del 6 de julio de 2017,
en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son
legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el
ejercicio del derecho de defensa.
Además, la jurisprudencia de esta Sección59 ha destacado que quien invoque en la
demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá
probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho
inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe
la conclusión que se presume.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, Rad.: 45203;
y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, Rad.: 42777.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, Rad.:
40755. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 62571.
25
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
Justamente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-354 de 202060,
fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los
funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, dicha
Corporación advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y, al
margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del
Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a
título de dolo o culpa grave”.
De hecho, en esa misma oportunidad el alto tribunal indicó que las presunciones
legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678
de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso
administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión
atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos
legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida la
posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado
contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la
determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos
de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la
oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.
Bajo esta óptica, se establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si dentro del sub examine se encuentra acreditado el actuar
doloso y/o gravemente culposo de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia
Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya
Pabón.
8.4.1. Está acreditado que, mediante oficio del 18 de mayo de 2012, Jesualdo
Hernández Mieles en calidad de Rector de la Universidad Popular del Cesar informó
a José Armel González Roa que su petición de reconocimiento y pago de unas
acreencias laborales y prestaciones sociales no era procedente, por cuanto su
vinculación con ese ente educativo se dio a través de órdenes de prestación de
servicios personales por lo que “la institución universitaria no tiene obligación de
60 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020.
26
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
reconocerle y pagarle las prestaciones sociales y laborales”. De ello, da cuenta
copia del mencionado oficio61.
8.4.2. Está probado que, mediante sentencia del 10 de julio de 2014, el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012
expedido por Jesualdo Hernández Mieles en calidad de Rector de la Universidad
Popular del Cesar, declaró la existencia de una relación laboral entre José Armel
González Roa y esa institución educativa y ordenó pagar al señor González Roa “el
valor equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de
la universidad que desempeñaban similar labor”. De ello, da cuenta copia de la
mencionada sentencia62, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“(…) De lo anterior, es claro que en el presente caso se suscribieron entre el señor
José Armel González Roa y la Universidad Popular del Cesar diversos contratos de
prestación de servicios, entre el 14 de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2011, (los cuales presentaron ciertas interrupciones) lo que muestra el indiscutible
ánimo de la Universidad Popular del Cesar de emplear de modo permanente y
continuo sus servicios de celaduría, vigilancia y mantenimiento en el centro
experimental piloto de dicha universidad, tal como se observa en el objeto
establecido en los distintos contratos de prestación de servicios obrantes en el
expediente (fls. 25 a 39).
También es claro para la Sala que el demandante no desarrolló labores ocasionales
o temporales, para las cuales la Ley 80 de 1993 previó la figura del contrato de
prestación de servicios, por el contrario, el señor JOSÉ ARMEL GONZÁLEZ ROA
laboró para la Universidad Popular del Cesar, por más de 7 años, situación que
conlleva a determinar que existió una verdadera relación laboral por la actividad que
desarrollaba como vigilante y/o celador.
(…) Así las cosas y conforme al principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, existía una relación laboral, que impone la especial protección del
Estado en igualdad de condiciones a la de los vigilantes de planta, según términos
de los artículos 13 y 25 de la Carta.
(…) Por lo anterior, se declarará la nulidad del oficio sin número de fecha 18 de
mayo de 2012, por medio del cual el Rector de la Universidad Popular del
Cesar, negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene
derecho el señor José Armel González Roa, declarando en consecuencia la
existencia de una relación laboral entre el demandante y la
Universidad Popular del Cesar.
En consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Universidad Popular del Cesar
reconocer y pagar al demandante, a título de reparación del daño, el valor
equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de la
Universidad que desempeñaban similar labor, tomando como base para la
61 Fl. 18 a 20, C. 1.
62 Fl. 24 a 40, C. 1.
27
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
liquidación los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, por
el período comprendido entre el 14 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011,
excluyendo los períodos de tiempo en que no tuvo contrato vigente.”
8.4.3. Consta que el 12 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Cesar
celebró audiencia de conciliación judicial, en la que se acordó que la Universidad
Popular del Cesar pagaría a José Armel González Roa la suma de $53.635.556 “por
concepto de condena judicial” y $8.045.333 “por concepto de costas y agencias en
derecho”, según da cuenta copia del acta de la referida audiencia de conciliación63.
8.4.4. Se demostró que, mediante auto del 26 de febrero de 2015, el Tribunal
Administrativo del Cesar aprobó la conciliación judicial del 12 de febrero de 2015
celebrada entre la Universidad Popular del Cesar y José Armel González Roa y
declaró terminado el proceso, según da cuenta copia de dicho proveído64.
Ahora bien, la Universidad Popular del Cesar considera que las actuaciones dolosas
y/o gravemente culposas de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia
Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor Castrillo
Guerra -quienes, en calidad de rectores y vicerrectora, respectivamente,
suscribieron las ordenes de prestación de servicio con José Armel González Roa-,
fueron las que ocasionaron la conciliación que tuvo que suscribir y pagar lo allí
acordado.
Así las cosas, en lo que respecta a la responsabilidad de los demandados, se reitera
que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley
678 de 2001, deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, sin perjuicio de
que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume65. Además, respecto
de aquellas situaciones que no se subsumen en los supuestos contemplados en las
63 Fl. 41 a 42, C. 1.
64 Fl. 43 a 50, C. 1.
65 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del
caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante
su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o
por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.”
28
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
presunciones previstas en los artículos 5° y 6° de la referida norma, la parte actora
debe, entonces, demostrar que en el caso concreto se configuró el dolo o la culpa
grave del agente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil.
De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante no probó el
obrar doloso y/o gravemente culposo de José Guillermo Botero, Jesús María
Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor
Castrillo Guerra, pues si bien al proceso se aportaron las copias de: i) la sentencia
del 10 de julio de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012, declaró la existencia de una
relación laboral entre la Universidad Popular del Cesar y José Armel González Roa
y ordenó pagarle a este último una suma de dinero (hecho probado 8.4.2); ii) el acta
de la audiencia de conciliación celebrada el 12 de febrero de 2015, ante el Tribunal
Administrativo del Cesar en la que consta que se acordó que el ente universitario
pagaría a José Armel González Roa la suma de $53.635.556 (hecho probado 8.4.3);
y, iii) el auto del 26 de febrero de 2015, por medio del cual el Tribunal Administrativo
del Cesar aprobó la conciliación judicial del 12 de febrero de 2015 celebrada entre
la Universidad Popular del Cesar y José Armel González Roa y declaró terminado
el proceso (hecho probado 8.4.4), lo cierto es que lo cierto es que dichas decisiones
judiciales por sí solas no acreditan que la conducta de los demandados fue dolosa
y/o gravemente culposa.
En efecto, llama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte
demandante pretende endilgar responsabilidad a José Guillermo Botero, Jesús
María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y
Leonor Castrillo Guerra, pues pese a que en la demanda señala que fueron los
agentes estatales que suscribieron las ordenes o contratos de prestación de
servicios que dieron lugar a que se declarara por parte del Tribunal Administrativo
del Cesar una relación laboral entre el ente universitario y José Armel González
Roa, lo cierto es que no se allegaron al plenario los referidos contratos, de hecho,
está demostrado que el oficio cuya nulidad fue decretada por el Tribunal
Administrativo del Cesar ni siquiera fue suscrito por ninguno de los demandados.
En ese orden de ideas no se logró acreditar, en aras de aplicar las presunciones de
29
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
dolo y/o culpa grave de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que los
demandados desconocieron las normas de derecho.
De hecho, no solo se tiene que la parte demandante no demostró los supuestos
para abrir paso a las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, sino que
tampoco probó por otros medios que los demandados actuaron con dolo y/o culpa
grave cuando suscribieron los contratos u ordenes de servicio con José Armel
González Roa.
En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del
servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el
deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de
aquel.
Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los otros
requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los
máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado
lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado,
generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más
desprevenido.
En el caso de autos no existe prueba, además de las enunciadas en los hechos
probados 8.4.2 a 8.4.4, que indiquen que la actuación de José Guillermo Botero,
Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón
y Leonor Castrillo Guerra fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no hay copia de
las ordenes de servicio, no reposan testimonios u otros medios de prueba válidos
que acrediten con grado de certeza que la intención de los demandados al suscribir
un contrato de prestación de servicio con José Armel González Roa era la de actuar
por fuera de la ley o en desconocimiento de ella.
De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, resolvió la responsabilidad de la entidad
demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento de derechos
que en ella se dispuso. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada
30
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
frente a los agentes estatales a los que se le imputa la causación del daño, porque
el proceso mencionado no tuvo como propósito el juzgamiento de sus conductas ni
la determinación de si al proferir la resolución demandada obraron con dolo y/o
culpa grave; mientras los agentes estatales no sean llamados en garantía y se
juzgue en el mismo proceso lo relativo a su conducta. De suerte que no puede
afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace tránsito a cosa
juzgada en este aspecto, es decir, frente a la conducta de José Guillermo Botero,
Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón
y Leonor Castrillo Guerra.
Lo anterior constituye una razón adicional para concluir que la sentencia del 10 de
julio de 2014 proferida por el Tribunal del Cesar (hecho probado 8.4.2) así como el
auto que aprobó la conciliación judicial (hecho probado 8.4.4) no son per se prueba
de la culpabilidad de los agentes y, por tal razón, en el medio de control de repetición
deben acreditarse todos los supuestos que lleven a inferir razonadamente que los
demandados son acreedores de la aplicación de las presunciones de dolo y/o culpa
grave consagradas en la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en el presente caso.
En otras palabras, la Sala considera que la parte demandante no allegó medio de
convicción alguno que permita valorar y analizar si la conducta de los demandados
se adecúa a la “presunción” de dolo y/o culpa grave de los artículos 5° y 6° de la
Ley 678 de 2001.
De igual modo, es importante destacar que al analizar el acervo probatorio tampoco
se encontró acreditado que las conductas de José Guillermo Botero, Jesús María
Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor
Castrillo Guerra haya sido dolosa y/o gravemente culposa, razón por la que, en
suma, no están llamados a responder dentro del medio de control de repetición.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante,
31
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de
los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos
del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración
de responsabilidad del demandado.
Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la
carga de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los
requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del
Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y
que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño
antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub
examine.
Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente
concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera
buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las
partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para
suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico
procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la
debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan
a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
9. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:
32
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.
De acuerdo con lo anterior, y conforme a los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.1
ejusdem, la Sala encuentra que es procedente condenar a la parte demandante a
pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el
proceso de repetición.
En relación con las agencias en procesos de única instancia, de conformidad con lo
establecido en los numerales 366 y 467 del artículo 366 del Código General del
Proceso, en concordancia con los artículos 5, numeral 1°68 del Acuerdo 10554 del
5 de agosto de 201669, vigente para el momento de la presentación de la demanda,
tratándose de procesos “declarativos en general” que se surten en única instancia
la tarifa de agencias en derecho será entre 5% y el 15% de lo pedido.
66 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos
judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de
los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará
67 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
68 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. procesos declarativos en general
[…] En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. […]”
69 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Acuerdo que es aplicable por la
fecha de presentación de la demanda y en atención a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto 5 de 2016.
33
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en la suma de $3.096.380, que
equivale al 5% de lo pedido en la demanda, que la Universidad Popular del Cesar
deberá dividir o pagar en parte iguales a José Guillermo Botero Cotes y Jesús María
Valencia Bustamante, pues fueron los demandados que actuaron en el proceso
contestando la demanda y proponiendo excepciones. De hecho, el señor Botero
Cotes presentó escrito de alegatos de conclusión. La liquidación se hará de manera
concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los
términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en
consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem.
No se fijarán agencias en derecho en favor de los demandados Enrique Meza Daza
y Leonor Castrillo Guerra porque actuaron representados por curador ad litem. En
esa línea, tampoco se hará reconocimiento frente a Raúl Enrique Maya Pabón
porque no contestó la demanda y guardó silencio durante el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8
del Código General del Proceso.
Fijar por concepto de agencias en derecho en única instancia la suma equivalente
a $3.096.380que el demandante deberá pagar a José Guillermo Botero Cotes y
Jesús María Valencia Bustamante.
34
Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
TERCERO: DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 a 195 del CPACA.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas
las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.