RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2016-00166-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00166-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00166-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Nicolás Yepes Corrales y, como consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Agencia Nacional de Minería–ANM y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –coadyuvante por pasiva–, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. TERCERO: NEGAR la nulidad de los actos acusados –Resoluciones No. 600 y 855 de 2015; No. 388 de 2016; No. 153, 364 y 818 de 2017; No. 533 y 762 de 2018; No. 118 y 652 de 2019; No. 098, 135, 234 y 395 de 2020; y No. 078 de 2021–, proferidas por la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta sentencia. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de las demandas, de conformidad por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: CONDENAR en costas, en única instancia, a la parte demandante –Cerro Matoso SA–, las cuales serán liquidadas en los términos del artículo 366 del CGP. Para el efecto, las agencias en derecho en única instancia se fijan en la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes–SMLMV a la fecha de expedición de la presente sentencia, a cargo de la sociedad Cerro Matoso S.A. y en favor de la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME y Agencia Nacional de Minería–ANM, cifra que se dividirá en partes iguales entre las entidades demandadas. Por Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, una vez ejecutoriado el presente proveído, LIQUIDAR las costas, en única instancia, en los términos del artículo 366 del CGP. 68 Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237) Acumulado Demandante: Cerro Matoso SA Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte demandada serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2016-00166-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintiséis (2026)

Número interno: 58237 Acumulado1
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00
Demandante: Cerro Matoso S.A.
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Ley 685 de 2001 tenía prevista la competencia del Consejo de Estado
en única instancia para asuntos mineros. ASUNTOS MINEROS-Competencias en el Código de Minas –Ley 685
de 2001– para el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos. CONSEJO DE ESTADO-Competencia
en única instancia para conocer de asuntos mineros. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-
Procedencia del medio de control contra actos generales, conforme al inciso segundo art. 138 del CPACA.
REGALÍAS-Contraprestación económica en favor del Estado y a cargo de quien explota el mineral. AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA-Competencia para establecer los términos y condiciones de determinación de los
precios base de liquidación de regalías y compensaciones, Ley 1530 de 2012, art. 15. PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD-Atributo de los actos administrativos. DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO-La decisión
de ilegalidad de un acto general no afecta la legalidad de los efectos de carácter particular que hubiere podido
haber causado. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME-Competencia en relación con la
liquidación de regalías por explotación de níquel. REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE NÍQUEL-Fijación de los
precios base de liquidación en el Ley 141 de 1994 y la Ley 1530 de 2012.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver, en única instancia, las demandas acumuladas
promovidas por la sociedad Cerro Matoso S.A., en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de unos actos administrativos
proferidos por la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Cerro Matoso S.A. demanda a la UPME y a la ANM, para que se declare la nulidad
de varias resoluciones expedidas por la UPME, por las cuales se fijaron los precios
base para la liquidación de regalías del níquel en diferentes trimestres entre los años
2015 y 2021. Según el demandante, los actos acusados se expidieron con violación
de las normas en que debían fundarse, por lo que, a título de restablecimiento del
derecho, solicita la restitución de lo pagado por regalías y compensaciones, así
como el reconocimiento de los perjuicios derivados del mayor pago de regalías,
junto con los intereses legales y moratorios.

1 Al presente asunto se acumularon los siguientes procesos: i) 11001-03-26-000-2016-00061-00(56841), ii)

11001-03-26-000-2017-00141-00(60029), iii) 11001-03-26-000-2018-00106-00(62005), iv) 11001-03-26-000-
2019-00056-00(63674), v) 11001-03-26-000-2019-0016100(64988), vi) 11001-03-26-000-2020-00102-
00(66169), vii) 11001-03-26-000-2021-00006-00(66404) y viii) 11001-03-26-000-2021-00147-00(67257).

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

II. ANTECEDENTES

Expediente 58237

El 26 de octubre de 20162, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 388 del 28 de junio de
2016 “por la cual se determina el precio base de níquel para la liquidación de
regalías”, expedida por el Director General Encargado de la Unidad de Planeación
Minero Energética (La “Resolución 388 de 2016”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
primera, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 388 de
2016 por concepto de regalías y compensaciones de níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor: (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

TERCERA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
primera, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 388 de 2016.

CUARTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 56841

El 18 de marzo de 20163, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

PRIMERA. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos (i)
Resolución No. 600 del 29 de septiembre de 2015 “por la cual se determina el
precio base de níquel para la liquidación de regalías”, expedida por el Director
General de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 600 de

2 Primera página del cuaderno principal expediente 58237.
3 Primera página del cuaderno principal expediente 56841.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

2015”) y (ii) Resolución No. 855 del 23 de diciembre de 2015 “por la cual se
determina el precio base de níquel para la liquidación de regalías”, expedida por el
Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución
855 de 2015”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
primera, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 600 de
2015 y/o de la Resolución 855 de 2015 por concepto de regalías y compensaciones
del níquel, más: (i) el ajuste de valor de las mismas (sic) con base en el índice de
Precios al Consumidor: (ii) los intereses legales liquidados desde la fecha en que
CERRO MATOSO realice el pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la
sentencia que ponga fin a este proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos
aplicables, liquidados sobre las sumas anteriores.

TERCERA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 60029

El 14 de septiembre de 20174, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 153 del 28 de marzo
de 2017.

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 153 del 28 de marzo de
2017 “Por la cual se determina el precio base de níquel para la liquidación de
regalías aplicables al primer trimestre de 2017”, expedida por el Director General
de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 153 de 2017”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 153 de
2017 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

TERCERA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 153 de 2017.

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 364 de 29 de junio

4 Primera página del cuaderno principal expediente 60029.

3

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de 2017.

CUARTA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 364 del 29 de junio de
2017 “Por la cual se determina el precio base de níquel para la liquidación de
regalías aplicables al segundo trimestre de 2017” expedida por el Director General
encargado de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 364 de
2017”).

QUINTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
CUARTA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 364 de
2017 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha hasta en que CERRO MATOSO realice
el pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a
este proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre
las sumas anteriores.

SEXTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
CUARTA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 364 de 2017.

Pretensión relacionada con la condena en costas y agencias en derecho.

SÉPTIMA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 62005

El 23 de julio de 20185, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de apoderada
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 818 de 29 de diciembre de
2017 “Por la cual se determina el precio base de níquel para la liquidación de
regalías aplicables al cuarto trimestre de 2017” expedida por el Director General
de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 818 de 2017”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 818 de
2017 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

5 Primera página del cuaderno principal expediente 62005.

4

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

TERCERA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 818 de 2017.

CUARTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 63674

El 28 de marzo de 20196, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No.533 de 27 de
septiembre de 2018.

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 533 de 27 de septiembre
de 2018 “Por la cual se determina el precio base de níquel para la liquidación de
regalías aplicables al tercer trimestre de 2018”, expedida por el Director General
de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 533 de 2018”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 533 de
2018 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

TERCERA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 533 de 2018.

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 762 del 26 de
diciembre de 2018.

CUARTA. Que se declare la nulidad de la Resolución 762 de 26 de diciembre de
2018 “Por lo cual se determina el precio base de níquel para la liquidación de
regalías aplicables al cuarto trimestre de 2018”, expedida por el Director General
de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 762 de 2018”).

QUINTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
CUARTA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que

6 Primera página del cuaderno principal.

5

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 762 de
2018 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

SEXTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
CUARTA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 762 de 2018.

Pretensión relacionada con la condena en costas y agencias en derecho.

SÉPTIMA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 64988

El 9 de octubre de 20197, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 118 de 27 de marzo de
2019, “Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de
Níquel aplicable al primer trimestre de 2019”, expedida por el Director General de
la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 118 de 2019”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 118 de
2019 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

TERCERA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 118 de 2019.

CUARTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 66169

7 Primera página del cuaderno principal expediente 64988.

6

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

El 5 de octubre de 20208, la sociedad Cerro Matoso SA, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 652 de 30 de
diciembre de 2019.

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 652 de 30 de diciembre de
2019 “Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de
Níquel aplicable al cuarto trimestre de 2019”, expedida por el Director General de
la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 652 de 2019”)

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 652 de
2019 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

TERCERA. Que como consecuencia de la declaratoria resultante de la pretensión
PRIMERA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la Resolución 652 de 2019.

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 098 de 31 de marzo
de 2020.

CUARTA. Que se declare la nulidad de la Resolución 098 de 31 de marzo de 2020
“Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de Níquel
aplicables al Primer trimestre de 2020”, expedida por el Director General de la
Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 098 de 2020”).

QUINTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 098 de
2020 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

SEXTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se ordene la reparación de todos los daños que se causen a CERRO
MATOSO como consecuencia de la aplicación de la Resolución 098 de 2020.

8 Cfr. SAMAI, índice 2 expediente 66169. Documento «ED-1-Correo Recibo Demanda.pdf(.pdf)».

7

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Pretensión relacionada con la condena en costas y agencias en derecho.

SÉPTIMA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 66404

El 12 de enero de 20219, la sociedad Cerro Matoso S.A., por conducto de apoderada
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 135 de 30 de junio
de 2020.

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 135 de 30 de junio de 2020
“[p]or la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de Níquel
aplicable al segundo trimestre de 2020”, expedida por el Director General (E) de la
Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 135 de 2020”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 135 de
2020 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 234 de 29 de
septiembre de 2020.

TERCERA. Que se declare la nulidad de nulidad de la Resolución 135 de 30 de
junio de 2020 “por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías
de Níquel aplicable al segundo trimestre de 2020”, expedida por el Director General
de la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 234 de 2020”).

CUARTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 234 de
2020 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

9 Cfr. SAMAI, índice 2 expediente 66404. Documento «5_ED_Correo Recibido.pdf(.PDF)».

8

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Pretensión relacionada con la condena en costas y agencias en derecho.

QUINTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Expediente 67257

El 23 de junio de 202110, la sociedad Cerro Matoso SA, por conducto de apoderada
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería–ANM y la
Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 395 de 30 de
diciembre de 2020.

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 395 de 30 de diciembre de
2020 “[p]or la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de
Níquel aplicable al cuarto trimestre de 2020”, expedida por el Director General de
la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 395 de 2020”).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 395 de
2020 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

Pretensiones relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 078 de 30 de marzo
de 2021.

TERCERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 078 de 30 de marzo de
2021 “[p]or la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de
Níquel aplicable al primer trimestre de 2021”, expedida por el Director General de
la Unidad de Planeación Minero Energética (la “Resolución 078 de 2021”).

CUARTA. Que como consecuencia de la declaración resultante de la pretensión
PRIMERA, se condene a la Agencia Nacional de Minería y/o a la Unidad de
Planeación Minero Energética a restituir a CERRO MATOSO, todas las sumas que
ésta hubiere pagado como consecuencia de la aplicación de la Resolución 078 de
2021 por concepto de regalías y compensaciones del níquel, más: (i) el ajuste de
valor de las mismas (sic) con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) los
intereses legales liquidados desde la fecha en que CERRO MATOSO realice el
pago y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a este
proceso; y (iii) los intereses moratorios máximos aplicables, liquidados sobre las
sumas anteriores.

10 Cfr. SAMAI, índice 2 expediente 67257. Documento «6_ED_GMAILRV_RADICACI(.PDF) NroActua 2».

9

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Pretensión relacionada con la condena en costas y agencias en derecho.

QUINTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

Dado que existe coincidencia en el fundamento fáctico de todos los procesos, en
síntesis, se narró:

Cerro Matoso S.A. es titular del contrato de exploración y explotación minera No.
051-96M de 1996, vigente a la fecha de la presentación de las demandas.

Conforme con el artículo 5 del Decreto 4130 del 3 de noviembre de 2011,
corresponde a la UPME fijar los precios de los diferentes minerales para efectos de
la liquidación de regalías.

En atención a la competencia dispuesta en la Ley 1530 de 2012 –por la cual se
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías–, la
ANM debía señalar, a través de un acto administrativo de carácter general, los
términos y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de
las regalías y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales
no renovables.

El 15 de mayo de 2015, la ANM expidió la Resolución No. 293 en la que definió los
criterios o parámetros para que la UPME procediera a fijar los precios base de
liquidación de regalías aplicables al níquel. Acto que fue demandado por Cerro
Matoso y «se encuentra en trámite en el Despacho del H. Consejero de Estado
Nicolás Yepes Corrales». Por ello, se afirma que (transcripción literal):

(…) al ser nula la Resolución 293 de 2015 expedida por la ANM lo son también las
Resoluciones objeto de demanda, toda vez que como se indicó antes y consta
expresamente en ellas, los precios base de liquidación de regalías de níquel fijados
por la UPME, fueron determinados en la forma y términos señalados por la ANM
en la Resolución 293 de 2015, los cuales, repito, son contrarios a la Ley.

Por lo anterior, se solicita el reintegro de los valores pagados con base en las
liquidaciones efectuadas según las distintas resoluciones acusadas por las cuales
se fijaron los precios base para la liquidación de regalías del níquel en diferentes

10

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

trimestres entre los años 2015 a 202111.

En relación con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de
violación–, se advierte identidad en este aspecto con todos los procesos
acumulados, ya que la causal de nulidad alegada se enmarca en la infracción de las
normas en que deberían fundarse, por lo que se realiza una síntesis de los reparos
planteados. Así, respecto del primer cargo de nulidad, los actos acusados son
nulos debido a que contravienen el artículo 23 de la Ley 141 de 1994, en la medida
en que el precio base para la liquidación de regalías de níquel no se fijó con
referencia al precio FOB en puertos colombianos como lo prevé dicha normativa.
Señaló que (transcripción literal):

A pesar de la notoria claridad de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 141 de
1994, el precio base para la liquidación de regalías de níquel fijado por la UPME,
fue liquidado tomando como referencia el promedio aritmético mensual del precio
internacional fijado por la Bolsa de Metales de Londres (LME) en su versión al
cierre de la tarde más un promedio mensual simple de las primas de mercado libre
de Europa y Estados Unidos publicadas en el “Metal Bulletin”, en el trimestre
inmediatamente anterior al período de liquidación, y no con base en el precio FOB
real del níquel en puertos colombianos, tal y como lo ordena el artículo 23 de la
Ley 141 de 1994.
(…)
El mandato de la Ley 141 de 1994 fue muy claro: el precio base para la liquidación
de las regalías por la explotación de níquel debe determinarse con base en el
promedio ponderado del precio FOB en puertos colombianos, razón por la que con
un simple ejercicio de lectura de comparación entre lo ordenado por la citada Ley
y las Resoluciones demandadas, se concluye sin esfuerzo que estos actos
administrativos son nulos, por cuanto determinaron dicho precio base tomando
como referencia un estándar – no contemplado en la Ley – sino otro ilegalmente
determinado por la ANM en la Resolución 293 del 2015.

Asimismo, refirió que los actos acusados «tomaron como referencia un precio
internacional fijado por la Bolsa de Metales de Londres (LME), adoptado ilegalmente
por la Resolución 293 del 2015 expedida por la ANM, cuando el único permitido por
la ley es el precio FOB en puertos colombianos», concepto que se encuentra
definido en el Glosario Técnico Minero, adoptado mediante el Decreto 2191 de
2003, el cual, por disposición del artículo 68 de la Ley 685 de 2001 y del artículo 2º
de dicho Decreto, resulta «de obligatorio uso por parte de los particulares y de las
autoridades y funcionarios en la elaboración, presentación y expedición de
documentos, solicitudes y providencias que se produzcan en las actuaciones

11 Las que corresponden a: i) tercer y cuarto trimestre de 2015 –Resoluciones 600 y 855 de 2015–, ii) segundo

trimestre de 2016 –Resolución 388 de 2016–, iii) primer, segundo y cuarto trimestre de 2017 –Resoluciones
153, 364 y 818 de 2017–, iv) tercer y cuarto trimestre de 2018 –Resoluciones 533 y 762 de 2018–, v) primer y
cuarto trimestre de 2019 –Resoluciones 118 y 652 de 2019–, vi) primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de
2020 –Resoluciones 098, 135, 234 y 395 de 2020– y vii) primer trimestre de 2021 –Resolución 078 de 2021–.

11

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

reguladas por la Ley 685 de 2001 y decretos reglamentarios».

En consecuencia, el precio FOB del níquel en puertos colombianos, al que remite
de manera expresa el artículo 23 de la Ley 141 de 1994, es aquel utilizado en las
operaciones de comercio exterior del mineral y declarado ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN en las correspondientes declaraciones de
exportación, esto es, el valor del bien puesto a bordo del buque en el respectivo
puerto colombiano. Por ello, la base para la fijación del precio de liquidación de
regalías de níquel es el precio FOB en puertos colombianos, sin que sea posible
«acudir a un precio de referencia internacional como se hizo en las Resoluciones
acusadas, replicando la fórmula ilegalmente adoptada por la ANM en la Resolución
293 del 2015».

Como segundo cargo de nulidad, alegó que la «fórmula adoptada en las
Resoluciones acusadas no arroja el precio del níquel en boca de mina sino uno
diferente y más alto», lo que incrementa sin justificación legal el valor de las regalías
por dicho mineral, desconociendo el contenido de la normativa que regula lo atinente
al concepto y base de cálculo de la regalía –artículos 360 de la Constitución Política,
16 y 23 de la Ley 141 de 1994, 227 y 228 de la Ley 685 de 2001 y 15 de la Ley 1530
de 2012– las que han reconocido en forma constante que la base para el cobro de
regalías es el «valor de la producción en boca o borde de mina o pozo».

Además, expuso que en los actos acusados no se empleó el precio FOB como base
de liquidación de las regalías y compensaciones en la explotación de níquel, ni
contempló los descuentos que afectan el precio, relacionados con la comisión de
comercialización y los descuentos de mercado, ya que se «tomó como referencia el
precio internacional LME fijado en la Bolsa de Metales de Londres, y le adicionó un
sobreprecio con base en las primas del mercado libre de Europa y Estados Unidos».

Entre el 13 de febrero de 201712 y el 27 de mayo de 202213 se admitieron las nueve
demandas por encontrar reunidos los requisitos de ley. Decisión que se notificó
debidamente. Así mismo, entre 2018 y 2023, se acumularon ocho procesos al
presente14.

12 Fecha en la que se admitió la demanda del expediente 58237 (visible a folio 103).
13 Fecha en la que se admitió la demanda del expediente 66404 (visible a folios 375 y 376).
14 Folios 258, 338, 375 y 376 del cuaderno principal e índice 129 SAMAI del expediente 58237.

12

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Contestaciones de las demandas

La Unidad de Planeación Minero-Energética–UPME15 contestó las demandas y
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque los actos por los cuales se
fijan los precios base de liquidación de regalías se expidieron con base en las
normas en las que debía fundarse, debido a que se dio cumplimiento a «los métodos
y lineamientos para determinar el valor de los minerales en borde o boca de mina,
que de manera general constituye el criterio de precio de los minerales para la
liquidación de regalías» establecido por la ANM, en concordancia con la Ley 1530
de 2012. Destacó que (transcripción literal):

no tiene la discrecionalidad y mucho menos la competencia para desconocerla,
apartarse de ella o aplicar otros criterios o fórmulas para la determinación de dicho
precio. Lo cierto es que (sic) Dicha norma fue cumplida a cabalidad por mi
representada en la Resolución Demandada en la que se observa la aplicación de
la fórmula de acuerdo con las definiciones y los criterios establecidos por la ANM.

De esta manera no es posible predicar que la Resolución Demandada se haya
expedido con violación de las normas en que debía fundarse, pues como se dijo y
como lo acepta CMSA en los cargos que plantea, la UPME dio aplicación estricta
a lo establecido en la Resolución de la ANM que constituye el único camino que
puede y debe seguir la UPME para la determinación del precio base para la
liquidación de regalías del Níquel.

Asimismo, indicó que, dentro de sus competencias, no se encuentra la de liquidar,
recaudar o recibir suma de dinero por concepto de regalías o compensaciones
derivadas de la explotación minera, por lo que no era posible «restituir valores que
no recibe y sobre los cuales no tiene la función de liquidación recaudo o
administración».

La Agencia Nacional de Minería–ANM16 señaló que las pretensiones no tenían
vocación de prosperidad, porque las resoluciones acusadas fueron expedidas en
forma legal. Expresó que, contrario a lo afirmado en la demanda, en los actos
acusados no se determinó que el precio internacional fijado por la Bolsa de Metales
de Londres (LME) constituya el precio FOB en puertos colombianos, ya que dicho
primer valor se considera como un «precio de referencia que permite efectuar la

15 Folios 114 a 124 del cuaderno principal (exp. 58237); folios 127 a 137 del cuaderno principal (exp. 56841);

folios 221 a 232 (exp. 60029); folios 251 a 256 (exp. 62005); folios 82 a 87 del cuaderno principal (63674); folios
67 a 72 (exp. 64988); índice 73 SAMAI (exp. 58237, ac. 66404); índice 95 (exp. 58237, ac. 66169); índice 11
SAMAI (exp. 67257).
16 Folios 167 a 182 del cuaderno principal (exp. 58237); folios 103 a 119 del cuaderno principal (exp. 56841);

folios 274 a 297 (exp. 60029); folios 299 a 307 (exp. 62005); folios 137 a 145 del cuaderno principal (63674);
folios 97 a 106 (exp. 64988); índice 69 SAMAI (exp. 58237, ac. 66404); índice 96 (exp. 58237, ac. 66169); índice
10 SAMAI (exp. 67257).

13

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

valoración del níquel contenido en el ferroníquel, en tanto que el ferroníquel como
producto tiene valor en el mercado internacional por el contenido de níquel que se
encuentra presente en éste». Además, (transcripción literal):

Si bien es cierto que el precio LME (London Metal Exchange) expresa un valor
para el níquel que cumple con características específicas estandarizadas (99.8%
pureza de, lotes de 6 toneladas y en forma cátodo de placa completa, cátodo
cortado, bolas —pellets- o briquetas únicamente) y se encuentra disponible en
cualquiera de los más de 600 depósitos aprobados por LME, también lo es que
este precio es un precio de último recurso, es decir, es el precio que cualquier
comerciante se encontraría en disposición de pagar por la disponibilidad de este
mineral en cualquiera de los depósitos del LME, es decir, que el precio real de
comercialización incluye la prestación de servicios adicionales.

El LME es un precio que permite contener las fluctuaciones del mercado,
garantizando una relativa estabilidad del precio que logra incidir positivamente en
la oferta y la demanda del mineral. En suma, es un precio único independiente del
depósito donde esté localizado el producto y todos los días es publicado por el
London Metal Exchange.

Por su parte, el precio FOB expresa el valor de un producto embarcado en el puerto
de salida, sin considerar el costo de flete ni transporte hasta ese lugar, por lo que
no puede ser asimilado al precio LME, el cual es únicamente un punto de partida –
precio internacional de referencia– y en ningún aparte de los actos acusados se le
asume como el valor en boca o borde de mina, luego no es el precio al que se le
aplica directamente el porcentaje para liquidar las regalías del níquel.

Así, atendiendo la competencia conferida por la Ley 1530 de 2012, la ANM expidió
la Resolución 293 de 2015, acto administrativo de carácter general por el cual se
establecieron los parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio base
de liquidación de las regalías y compensaciones de níquel, que tomó como variable
un precio internacional para evaluar el mineral en esos mercados, sin que dicha
determinación contraríe lo establecido en la Ley 141 de 1994 sobre el precio FOB,
sino que «este indicador es menos susceptible a fenómenos de especulación y
problemas coyunturales de corto plazo que puedan distorsionar el verdadero valor
de mercado, y que por lo demás, muestra mayor estabilidad en el tiempo»:

Ahora bien, la fórmula, de la manera en que fue construida y en consideración a
las recomendaciones dadas por los expertos que en su momento fueron
contratados para asesorar a la entidad en su elaboración, tiene la pretensión de
reflejar el comportamiento del mercado internacional del níquel de la manera más
transparente posible, en tanto que el mineral objeto de explotación en los contratos
vigentes es el níquel y que el mercado interno de este mineral es insipiente. Casi
el 100% del níquel que se extrae en Colombia es exportado y por ello, resulta
necesario acudir a indicadores internacionales que den cuenta del comportamiento
del mercado internacional. No obstante, acceder a la pretensión de la demandante

14

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de que para la definición del precio FOB de que trata la Ley 141 de 1994 se realice
única y exclusivamente con la información de las facturas de venta de su producto,
iría en contra de los objetivos perseguidos por la metodología, pues como se ha
dicho, no se trata de reflejar las prácticas comerciales de una compañía específica
en Colombia, sino las prácticas de comercio internacional de los mercados que
demandan los minerales que se explotan en el territorio nacional.

Por tanto, ninguno de los cargos de nulidad formulados tiene vocación de
prosperidad, debido a que los actos se profirieron conforme a las facultades,
competencias y funciones establecidas en la ley, sin que se desvirtuara su
presunción de legalidad.

Asimismo, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de las resoluciones acusadas, ya que esa agencia no intervino en la
expedición de esos actos administrativos y, en el exp. 66169, formuló la excepción
previa de inepta demanda, porque las pretensiones quinta y sexta no eran claras ni
precisas.

También intervinieron en el proceso, la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y San Jorge17 (exp. 6002918) y el Municipio de Montelíbano (exp.
5823719 y 5684120), como coadyuvantes de la parte demandada.

Trámite del proceso

Mediante auto del 21 de noviembre de 202221, el Despacho sustanciador declaró
subsanado el defecto alegado por la ANM como constitutivo de inepta demanda
(exp. 66169), ya que la parte demandante en el término de traslado de las
excepciones aclaró el defecto advertido. Asimismo, señaló que las excepciones
(mixtas) formuladas –caducidad y falta de legitimación en la causa– no se deciden
en esa etapa procesal, ni en la audiencia inicial, sino por vía de sentencia.

En proveído del 2 de febrero de 202322, se fijó para el 20 de febrero de la misma
anualidad la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.

17 Folios 338 a 348 del cuaderno principal (exp. 62005).
18 El cual fue admitido por auto del 22 de octubre de 2018 (folios 351 y 352, ibidem).
19 Folio 113 del cuaderno principal (exp. 58237). Intervención que fue admitida por auto del 2 de febrero de 2023

(índice 129, SAMAI -exp. 58237-).
20 Folio 102 del cuaderno principal (exp. 56841).
21 Cfr. SAMAI, índice 101 (exp. 58237).
22 Cfr. SAMAI, índice 129 (exp. 58237).

15

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En la fecha señalada se celebró la referida audiencia23, oportunidad en la cual se
llevaron a cabo las etapas de saneamiento, fijación del litigio24, conciliación y
decreto de pruebas25.

El 27 de febrero de 202326, se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se
practicó el testimonio decretado27. Además, se ordenó correr traslado de los
documentos aportados con las certificaciones expedidas por la Secretaría de la
Sección sobre el estado del proceso Rad. 55.953, que se tramita en el Despacho
del consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, según lo previsto en el
artículo 110 del CGP.

En providencia del 21 de marzo de 2023, se corrió el traslado a las partes y demás
sujetos procesales para alegar de conclusión por escrito, así como al Ministerio
Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera el concepto respectivo28.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge29 presentó
escrito de alegatos en el que indicó que los actos acusados fueron expedidos
conforme a la normatividad sobre la regalía del níquel, establecida por el legislador
en el artículo 23 de la Ley 141 de 1994 y la Ley 1530 de 2012, por lo que gozan de
plena validez y legalidad, sin que fuera posible declarar su nulidad, ni la restitución
de las sumas de dineros reclamadas.

La Unidad Minero-Energética–UPME30 alegó de conclusión para afirmar que los
actos acusados fueron expedidos en cumplimiento de las normas en las que debían
fundarse, debido a que la ANM estableció los métodos y lineamientos para

23 Cfr. SAMAI, índice 167 (exp. 58237).
24 El cual se plasmó en los siguientes términos: «Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones
demandadas –proferidas por la Unidad de Planeación Minero Energética– son ilegales por violación de las
normas en que debían fundarse». La anterior decisión fue puesta a consideración de las partes, el Ministerio
Público y demás sujetos procesales, quienes manifestaron su expresa aceptación.
25 Que corresponden a: i) las pruebas documentales solicitadas por las partes, que aportaron con la demanda

y las contestaciones; ii) los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas; iii) el testimonio de
Pablo Roberto Bernal López y iv) se ofició a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado para
que remita al proceso copia digital del expediente del proceso Rad. 55953, que se tramita en el despacho del
consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales.
En relación con la prueba testimonial, en el desarrollo de la diligencia, la ANM desistió de dicha prueba y en su
lugar solicitó otro testimonio, éste del señor Jaime Alonso García Arango, gerente de regalías y
contraprestaciones económicas de la ANM, funcionario vinculado a esa entidad. El Despacho aceptó el
desistimiento de la prueba y señaló que no era una oportunidad procesal para pedir pruebas. Decisión que fue
recurrida por el Municipio de Montelíbano y resulta de manera desfavorable; sin embargo, en uso de la facultad
oficiosa, el Despacho decretó el testimonio de Jaime Alonso García Arango, por lo que repuso el auto de decreto
de pruebas.
26 Cfr. SAMAI, índice 182 (exp. 58237).
27 Que corresponde al testimonio de Jaime Alonso García Arango.
28 Cfr. SAMAI, índice 194 (exp. 58237).
29 Cfr. SAMAI, índice 207 (exp. 58237).
30 Cfr. SAMAI, índice 208 (exp. 58237).

16

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

determinar el valor de los minerales en borde o boca de mina, que de manera
general constituye el criterio de precio de los minerales para la liquidación de
regalías, como lo establece el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012. Por su parte, la
UPME acató esos parámetros al expedir las resoluciones demandadas, ya que «no
tiene la discrecionalidad y mucho menos la competencia para desconocerla,
apartarse de ella o aplicar otros criterios o fórmulas para la determinación de dicho
precio»; además, era evidente que no se cuestionaba desviación, error o
inconsistencia alguna en la aplicación de la fórmula contemplada en la Resolución
293 del 2015 por parte de la UPME para la determinación del precio base de
liquidación de regalías del níquel31.

La parte demandante32 radicó los alegatos de conclusión y reiteró los argumentos
expuestos a lo largo del proceso. Esgrimió que los actos acusados eran ilegales por
violación de las normas en que debían fundarse, ya que el artículo 23 de la Ley 141
de 1994, norma especial que contiene las reglas para la liquidación y distribución
de las regalías, de manera clara y expresa estableció cómo debería fijarse el precio
base de liquidación de las regalías y compensaciones del níquel, el que corresponde
al promedio ponderado del precio FOB en puertos colombianos de ese mineral
explotado en el país y no en otros puertos.

Así, en ningún aparte de la normativa y el glosario técnico minero, adoptado
mediante el Decreto 2191 de 2003, el término FOB se define como el precio
internacional fijado por la Bolsa de Metales de Londres (LME), por lo que la fórmula
adoptada en las resoluciones demandadas no arroja el precio del níquel en boca de
mina, sino uno más alto, que elevó el valor de la regalía a pagar sin fundamento
legal. Además, la fórmula usada por la UPME para fijar el precio base para la
liquidación de regalías de níquel aplicable en las resoluciones demandadas, incluye
unas primas o sobreprecios que no recibe el tipo de níquel explotado por la
demandante, según fue establecido ilegalmente por la Resolución 293 del 2015
expedida por la ANM, actualmente demandada cuya decisión se encuentra en curso
ante el Consejo de Estado, por lo que solicitó la suspensión del presente proceso
por prejudicialidad.

31 Por ello, con base lo previsto en el artículo 162 del CGP, solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad,

ya que estima que la legalidad de la Resolución 293 de 2015, se encuentra demandada ante el Consejo de
Estado en el proceso «con radicado 110010323000201500017400».
32 Cfr. SAMAI, índice 209 (exp. 58237).

17

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado–ANDJE33 presentó escrito de
alegatos en el que indicó que las súplicas de la demanda no tenían vocación de
prosperidad, porque el precio LME se emplea solo como una referencia
internacional del precio del níquel, que funge como punto de partida para el
establecimiento del precio FOB en puertos colombianos y que no se considera como
su precio propiamente dicho, lo que corresponde a la necesidad técnica de contar
con parámetros confiables que reflejen la situación real del mercado mundial del
níquel y así dotar de estabilidad al ordenamiento a partir de una robusta metodología
del cálculo de las regalías.

El Municipio de Montelíbano34 alegó de conclusión e indicó que las pretensiones de
las demandas se debían negar, debido a que el precio FOB se basa en el valor
comercial internacional del material y que se obtiene de un indicador internacional
de precios, el LME, tal como lo establece la fórmula, que combina otros elementos
para arrojar el precio final, según lo explicó el testigo en la audiencia de pruebas.
Por lo que no puede derivarse un cargo de razonabilidad o proporcionalidad,
necesario para controvertir el precio base de regalías, ni la aplicación de la fórmula,
la cual se aplica en las resoluciones de la UPME acusadas.

La Agencia Nacional de Minería–ANM radicó los alegatos de conclusión para
insistir en los argumentos de la contestación de la demanda35. Refirió que la UMPE
utilizó la metodología establecida en la Resolución 293 de 2015, para establecer el
precio base para liquidación de regalías de níquel, disposición que no es objeto de
este proceso y a la fecha de presentación de las alegaciones no ha sido declarada
ilegal36. En esa medida, en ningún aparte de ese acto reglamentario se estableció
que el precio internacional fijado por la Bolsa de Metales de Londres (LME)
constituye el precio FOB en puertos colombianos, ya que éste solo es considerado
como un precio de referencia que permite efectuar la valoración del mineral de
níquel contenido en el ferroníquel, en tanto, que el ferroníquel tiene valor en el
mercado internacional por el contenido de níquel que se encuentra presente.

Esta premisa guarda consonancia con el testimonio técnico decretado y recibido en

33 Cfr. SAMAI, índice 210. (exp. 58237).
34 Cfr. SAMAI, índice 211 (exp. 58237).
35 Cfr. SAMAI, índice 209 (exp. 58237).
36 Sin embargo, se afirma que como los cargos de nulidad propuestos se fundamentan en las normas vigentes

para el tema y en la Resolución 293 de 2015 que es la metodología que se debe utilizar proferida por ANM, los
cuales, realizado el análisis de las resoluciones y sus antecedentes normativos, son aplicados en su totalidad,
por lo que solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad, dado que la legalidad de la Resolución 293 de
2015, se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado.

18

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

el curso de este proceso, con lo que se reafirma que la metodología para llegar al
precio FOB en puerto colombiano contempla unos precios de referencia
internacionales (LME), sin que ello transgreda en manera alguna lo previsto en el
artículo 23 de la citada Ley 141 de 1994.

El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto37, en el que
solicitó negar la anulación de los actos acusados. Por una parte, puso de presente
que, si bien el sustento técnico y legal de las resoluciones atacadas se encuentra
en la Resolución 293 del 15 de mayo de 2015 proferida por la Agencia Nacional de
Minería, que se encuentra demandada ante esta jurisdicción38, dicho acto «se
encuentra investid[o] de presunción de legalidad hasta tanto se profiera sentencia
Judicial que decida lo contrario» y ninguna de las demandas acumuladas ataca la
legalidad de esa disposición.

Por otra parte, adujo que el contenido de las resoluciones demandadas no
transgrede en manera alguna lo previsto por el artículo 23 de la citada Ley 141 de
1994, sobre el cual existe ya pronunciamiento de la Corte Constitucional en la
sentencia C-800 de 2008, ya que el precio base para la liquidación de regalías del
níquel es un precio FOB, el cual se obtiene de un precio de referencia que constituye
una variable internacional para la valoración del níquel en los mercados
internacionales, esto es, el LME, (transcripción literal):

En efecto, al analizar los antecedentes propios de la Resolución 293 de 2015,
encuentra esta vista fiscal que, desde el año 1985, el precio acordado
contractualmente con Cerro Matoso partía de la liquidación LME como precio de
referencia, esto, desde la modificación al contrato original de la concesión No. 866
o contrato adicional del 22 de julio de 1970, se estableció en la cláusula décima
sexta (16) la obligación de pagar al Gobierno Nacional una regalía del ocho por
ciento (8%) del valor que tenga en boca de mina el producto del mineral de níquel
extraído. indicándose, que para determinar dicho valor se tendrán en cuenta los
precios de los mercados internacionales para el níquel contenido en el ferroníquel
o en los productos más avanzados de que se trate, y de ellos se deducirán los
costos de transporte interno y externo, los costos de procesamiento y todos
aquellos que se causen después de la explotación del mineral.

Posteriormente, mediante el Acuerdo del cinco (5) de agosto de 1985, suscrito por
el Ministro de Minas y Petróleos y el Gerente de Cerro Matoso S.A., se
determinaron con mayor precisión los factores y procedimientos que deben tenerse
en cuenta para liquidar y pagar la regalía y compensaciones económicas. Para
este efecto, se acordó una fórmula matemática cuyo resultado (R) es el monto de
la regalía trimestral, obtenido como el valor en boca de mina (Vbm) del producto

37 Cfr. SAMAI, índice 213 (exp. 58237).
38 Se indica: «fue objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada bajo No
11001032600020150017400 (55953), expediente que se encuentra en trámite de audiencia inicial, y se
encuentra investida de presunción de legalidad hasta tanto se profiera sentencia Judicial que decida lo
contrario».

19

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

bruto del mineral extraído (Medido en libras de níquel), multiplicado por el
porcentaje de regalía vigente y por el precio de referencia, esto es, el LME.

Asimismo, expuso que para determinar un precio al cual se realizan las
transacciones reales del mineral, era necesario tener en cuenta el precio LME,
debido a que la fórmula para la fijación del precio base «fue diseñada con el fin de
reflejar el comportamiento del mercado internacional del níquel. Lo anterior, dado
que (…) casi el 100% del níquel que se extrae en Colombia es exportado por lo que,
resulta necesario considerar los indicadores internacionales que den cuenta del
comportamiento del mercado internacional», (transcripción literal):

Por lo anterior, no es posible establecer el precio FOB de que trata la Ley 141 de
1994 única y exclusivamente con la información referente a las facturas de venta
interna de una sola compañía refiriéndonos a Cerro Matoso S.A. como único
explotador de níquel en Colombia, pues esto iría en contra de los objetivos
perseguidos por la metodología establecida en la ley, toda vez que, el establecer
la formula no busca reflejar las prácticas comerciales de una compañía específica
en Colombia, sino que esta debe tener en cuenta las prácticas de comercio
internacional de los mercados que demandan los minerales que se explotan en el
territorio nacional.

Es importante que recordemos que, las regalías de níquel no se pagan sobre el
precio de venta de los productores sino sobre un precio de referencia que para el
caso que se estudia, se construye a partir de un precio de referencia internacional,
considerando los descuentos previstos en la Ley.
(…)
En atención a lo precisado por el testigo, se constata que la fórmula para poder
obtener el precio base de liquidación de una regalía la Resolución 293 de 2015 se
fundamenta en la Ley 1530 del año 2012 y la Ley 141 de 1994. Asimismo, conforme
a lo indicado por el señor Pablo Roberto Bernal López bajo gravedad de juramento
y contrario a lo precisado por el demandante, la fórmula establecida en la
Resolución 293 de 2015, contempló claramente el valor del mineral en boca de
mina, esto es, el precio FOB en puerto colombiano.

De esta manera, se reitera que cada uno de los actos administrativos expedidos
por la UPME mediante el cual se liquida trimestralmente el precio base de
liquidación de regalías del metal níquel, atacados mediante las demandas
acumuladas, fueron expedidos atendiendo la metodología establecida en la
Resolución 293 de 2015 ANM, la cual es efectivamente la norma en la que debía
liquidarse; y que a la fecha no ha sido declarada ilegal, por ende como ya se dijo
resulta de obligatorio cumplimiento para la UPME quien debe acatar lo establecido
en la resolución mencionada a fin de establecer trimestralmente mediante acto
administrativo el precio base sobre el cual liquidará las correspondientes regalías
del metal.

En providencia del 9 de septiembre de 2024, se rechazó el incidente de nulidad
presentado por el Municipio de Montelíbano junto con su escrito de alegatos de
conclusión39.

39 Cfr. SAMAI, índice 227 (exp. 58237). El incidente se promovió contra varios laudos de los Tribunales de

Arbitraje de Cerro Matoso SA y la Agencia Nacional de Minería–ANM indicando que dichas providencias
afectaron derechos de ese ente territorial y condicionarían la decisión que se tomaran en el proceso de

20

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

El 12 de septiembre de 202540, la apoderada de la Agencia Nacional de Minería
presentó memorial de renuncia a el poder otorgado; no obstante, previo al
requerimiento de rigor, en escrito del 17 de marzo de 202641, la entidad allegó nuevo
poder, por lo que una vez revisada dicha documentación, se evidencia que se
reúnen los requisitos legales y, por consiguiente, en la parte resolutiva de la
presente providencia se reconocerá personería a Alfonso Leonardo Tovar Díaz,
portador de la Tarjeta Profesional No. 166.431 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderado de la ANM.

Manifestación de impedimento y solicitud adicional

Mediante escrito que obra a índice 259 de SAMAI, el consejero de Estado doctor
Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento para conocer del asunto de la
referencia, con fundamento en el el inciso 1º del artículo 140 y el numeral 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso, toda vez que intervino como agente
del Ministerio Público en la audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el 19
de julio de 2018, aportada en el expediente 6200542.

Dado que las circunstancias descritas encuadran en la causal de impedimento
prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso43,
aplicable al asunto por la remisión del primer inciso del artículo 130 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo44, la Sala declarará
fundado el impedimento manifestado.

Igualmente, estando el proceso para dictar sentencia, en memorial del 21 de abril
de 202645, la apoderada de la parte demandante indicó que «previo a discutir el
proyecto de fallo que habrá de proferirse en este proceso, se resuelva sobre la
solicitud de suspensión por prejudicialidad que, en los términos establecidos en los
artículos 161 y 162 del Código General del Proceso, fue presentada oportunamente

referencia. Mediante providencia del 16 de noviembre de 2023, se corrió traslado del incidente de nulidad (índice
218, SAMAI). Oportunidad en la que Cerro Matoso solicitó rechazarlo (índice 224, SAMAI).
40
Cfr. SAMAI, índice 258 (exp. 58237).
41 Cfr. SAMAI, índice 261 (exp. 58237).
42 Folios 229 a 231 del cuaderno principal (exp. 62005).
43 ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: (…)

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge,
compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.
44 ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables,

en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 141 del Código
General del Proceso] (…).
45 Cfr. SAMAI, índice 264.

21

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

por CERRO MATOSO S.A., la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
y por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA». Sobre este particular, conviene
destacar que dicho aspecto será abordado al analizar los cargos de nulidad
propuestos en el presente asunto.

III. CONSIDERACIONES

I. Régimen procesal del litigio

1. Al presente asunto resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para
la fecha de interposición de las demandas46 –26 de octubre de 2016, exp. 58237–,
que corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como las del Código
General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista
por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 –reforma al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)–, con excepción de las
modificaciones sobre competencia, las cuales sólo se aplicarán a las demandas que
se presenten un año después de publicada dicha ley, según lo prevé el artículo 86
de esa norma –régimen de vigencia y transición normativa–47, en concordancia con
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

II. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. Si bien el CPACA, en su redacción original, señalaba las reglas para determinar
la competencia entre las diferentes autoridades que conforman la Jurisdicción de lo

46 i) Exp. 56841, 18 de marzo de 2016; ii) exp. 60029, 14 de septiembre de 2017; iii) exp. 62005, 23 de julio de

2018; iv) exp. 63674, 28 de marzo de 2019; v) exp. 64988, 9 de octubre de 2019; vi) exp. 66169, 5 de octubre
de 2020; vii) exp. 66404, 12 de enero de 2021; viii) exp. 67257, el 23 de junio de 2021.
47 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su

publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley.
(…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

22

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Contencioso Administrativo –juzgados, tribunales y Consejo de Estado–, en asuntos
de naturaleza minera se debía acudir a la regulación especial48, es decir, al Código
de Minas –Ley 685 de 2001–, que establecía unas competencias en cabeza del
Consejo de Estado, en única instancia, y otras en los Tribunales Administrativos, en
primera instancia, para conocer de ciertas controversias.

Así las cosas, el artículo 295 del Código de Minas –vigente a la radicación de la
demanda–49 asignaba al Consejo de Estado, en única instancia, el conocimiento
«De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas a las
contractuales y en los que la Nación o una entidad nacional sea parte».

3. Conviene precisar que el conocimiento del presente asunto se funda conforme a
la normativa en mención y a las precisiones que sobre el alcance de esa disposición
están contenidas en el auto de unificación del 13 de febrero de 2014, proferido por
la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación50, en el que se consideró
que:

(…) no todo asunto que tenga incidencia en un tema minero puede ser catalogado
como tal, en los términos del artículo 295 de la ley 685 de 2001, sino que, por el
contrario, sólo serán del conocimiento del Consejo de Estado, en única instancia,
aquellos que sean eminentemente asuntos de esta naturaleza, es decir, que el
objeto de la controversia se refiera de manera directa e inmediata a un tema minero
(v.gr. la prórroga de un título habilitante).

(…)

Por lo tanto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o
cualquier otro distinto del de controversias contractuales que se promuevan y
relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y donde una de las

48 Así lo estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de unificación

del 13 de febrero de 2014, expediente 48.521, C.P. Enrique Gil Botero.
49 Resulta importante destacar que dicho artículo fue derogado expresamente por el artículo 87 de la Ley 2080

de 2021, la cual introdujo reformas al CPACA y una de las más importantes fue la variación de competencias
de juzgados y tribunales administrativos, así como del Consejo de Estado, a partir de la entrada en vigor el 26
de enero de 2021 -Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021-. Lo anterior implica que esa competencia
especial y privativa del Consejo de Estado desapareció del ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad
se debe acudir a la redistribución de competencias que introdujo la Ley 2080 de 2021, la cual, valga reiterar,
solo empezó a regir respecto de las demandas que se presentaran un año después de publicada dicha ley, lo
cual no ocurre en el presente caso.
Así las cosas, el numeral 24 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021,
estableció que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera instancia, de los conflictos que se susciten
en asuntos petroleros o mineros «en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por
servicios».
Adicionalmente, se debe indicar que, si bien la mencionada codificación minera establecía la competencia bajo
un criterio netamente objetivo, es decir, si la litis tenía relación o no con un contrato, en la actualidad, con
independencia del medio de control que se ejerza, siempre que se trate sobre un asunto petrolero o minero, el
competente será un Tribunal Administrativo.
Sin embargo, se debe tener presente que cuando la controversia sea un asunto minero de naturaleza
contractual, se debe aplicar la competencia especial -artículo 293- consagrada en el Código de Minas, pues no
fue derogada expresa o tácitamente por la Ley 2080 de 2021.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación del 13 de febrero de 2014, expediente

48521, C.P. Enrique Gil Botero.

23

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los
preceptos contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula
la materia, máxime que la ley 1437 de 2011, que es posterior, guardó silencio sobre
este tópico (sic) en particular, aunado al hecho que no es posible concluir, desde
ningún punto de vista - ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme–
que la legislación posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma
posterior deroga en todos los eventos a la anterior. (Negrita original del texto).

4. En armonía con ese criterio, esta misma Sección del Consejo de Estado ha
considerado que, si bien el referido artículo 295 del Código de Minas «no definió
[cuáles] cuestiones están comprendidas en los asuntos mineros, ello no impide
deducirlo51 con base, por una parte, en que dichos asuntos se encuentran
preferentemente regulados en la Ley 685 de 2001 –Código de Minas– y, por otra
parte, en que el propósito de esta norma fue regular íntegramente la materia, según
lo corrobora la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley52»53.

Con esa perspectiva, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación
se ha pronunciado también sobre los criterios específicos que se deben tener en
cuenta, al analizar la competencia en única instancia del Consejo de Estado que,
en esencia, radica en establecer si el caso puede ser catalogado como un genuino
«asunto minero», así54:

Por otro lado, entre los criterios para determinar los asuntos que son de
competencia de esta Corporación en materia minera, se afirmó: “De la
jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de la Sección
Tercera, sin duda alguna, los criterios en los que se sustenta la determinación de
la competencia en única instancia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
cuando se trata de asuntos mineros: a) debe examinarse la demanda en sus
pretensiones y presupuestos fácticos, para determinar hacia donde se encamina
51 Original de cita: En ese sentido: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Autos de 6 de septiembre

de 2013 [Rad. 11001-03-26-000-2013-00097-00(47825)]. Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, 8 de
junio de 2017 [Rad. 11001-03-26-000-2017-00016-00(58673)] y 18 de diciembre de 2018 [Rad. 11001-03-24-
000-2013-00263-00(61073)], entre otros.
52 Original de cita: Colombia. Senado y Cámara de Representantes. Proyecto de Ley 269/00. Mediante el cual

se expide el Código de Minas. Gaceta del Congreso, Año IX No. 200, del 12 de junio de 2000. pp. 2-5. Se indicó:
“El proyecto de ley No. 269 de 2000 está conformado por un cuerpo de disposiciones sustantivas y de
procedimiento que asegure, en el mayor grado posible, la vigencia en el tiempo de un marco regulatorio estable
para el sector minero y que haga innecesaria una reglamentación periódica del estatuto legal que se expida. A
través del articulado contenido en los ocho Títulos y treinta y un Capítulos del proyecto analizado, se pretende
disponer de un cuerpo armónico de normas, que haga posible obtener los siguientes propósitos:
● Regular íntegramente la materia.
● Establecer seguridad jurídica para el sector y ‘reglas de juego’ claras y estables.
● Señalar procedimientos simples, ágiles y eficaces.
● Promover y estimular la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables de que dispone el
país.
● Evitar la inconveniente congelación de áreas mineras y la especulación respectiva.
● Reducir al máximo posible las explotaciones ilegales, mediante sanciones adecuadas para quienes exploten
o comercialicen minerales que no estén amparados por un título jurídico minero.
● Propiciar el mejoramiento de los niveles técnicos, económicos y ambientales de las pequeñas explotaciones
mineras, haciendo posible la integración de áreas y la utilización compartida de instalaciones, a través de
esquemas asociativos”.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 23 de julio de 2019, expediente 63935, C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 30 de octubre de 2017, expediente 60093, C.P.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

24

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

el debate jurídico; b) debe ser parte la Nación o una entidad territorial
descentralizada, del orden minero; c) debe tratarse de personas que ejerzan la
actividad minera y cuyo debate jurídico esté encaminado a los derechos y
obligaciones derivadas de la exploración o explotación de los recursos naturales
no renovables, para lo que cabe tener en cuenta los siguientes sub-criterios en los
que se sustenta el problema jurídico: i) exploración o explotación de minerales o
hidrocarburos y sus derivados; ii) contrato de asociación o concesión minera; iii)
actos administrativos relacionados con la ejecución de un contrato de explotación;
iv) concesión de licencias; v) aportes o permisos otorgados para ejercer la
actividad; vi) resolver la solicitud de licencia de exploración minera, etc. 55.

5. Como puede observarse, la competencia en única instancia del Consejo de
Estado está determinada por la naturaleza minera del asunto que se somete a
revisión judicial. No basta con que las partes sean, respectivamente, una autoridad
y un titular minero; tampoco que en el litigio se haga una mera referencia a la
actividad minera en cualquiera de sus fases. Desde el mismo momento de la
presentación de la demanda –mediante la exposición de los hechos y las
pretensiones– es necesario delimitar claramente el objeto del proceso como un
conflicto estrictamente minero, el cual puede estar relacionado, por ejemplo, con la
prórroga de un título habilitante, la cancelación de la licencia de exploración
minera56, los procesos de legalización minera57, los términos y condiciones –
parámetros– para la fijación del precio base de liquidación de las regalías58, entre
otros59, como corresponde al presente proceso acumulado, dado que los actos
acusados devienen de ese último ejemplo planteado, al comportar la materialización
de esos parámetros y la consecuente fijación de los precios base para la liquidación
de regalías del níquel.

6. De ahí que la presente controversia, al radicar en el juicio de legalidad de varios
actos administrativos expedidos por la UPME, que corresponde respectivamente a
una unidad administrativa especial del orden nacional –de carácter técnico– y
perteneciente al ramo del Ministerio de Minas y Energía60, actos estos por los cuales
se fijaron los precios base de liquidación de regalías del níquel en diferentes
trimestres entre los años 2015 y 2021, elementos que, atendiendo la normativa y

55 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto de 28 de noviembre de 2012. Exp.

42083.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente 33844,

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, expediente 27600,

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 7 de diciembre de 2015, expediente 55953,

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 11 de marzo de 2019, expediente 61526 y

sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 60177, ambas con C.P. María Adriana Marín.
60 De que trata del capítulo IV del Decreto 2119 de 1992, modificado por el artículo 15 del Decreto 10 de 1995,

y, a su vez, por la Ley 143 de 1994, como por el Decreto 255 de 2004, derogado por el Decreto 1258 de 2013,
que recientemente fue derogado por el Decreto 2121 de 2023.

25

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

jurisprudencia referida, de entrada, permiten determinar que esta Corporación es
competente para decidir el asunto61.

7. Por ello, esta Subsección de la Sección Tercera conoce de la controversia, dadas
las reglas de reparto establecidas en el Acuerdo 80 de 2019, artículo 13 –Sección
Tercera–, las cuales indican que conocerá, entre otros asuntos, de: «Los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho (…) sobre las materias enunciadas en el
numeral primero», es decir, «nulidad de actos administrativos que versen sobre
asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros».

Medio de control procedente

8. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control
idóneo, como lo prevé el artículo 138 del CPACA, para que toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica pueda
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las causales del artículo 137 del CPACA, esto es: i) infracción
de las normas en que deberían fundarse, ii) falta de competencia, iii) expedición
irregular, iv) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) por falsa
motivación y vi) expedición con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió –desviación de poder–.

Asimismo, por este medio de control, se puede pretender la nulidad de un acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al demandante o la reparación del daño causado a dicho sujeto –
como ocurre en el presente asunto–, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.

9. En efecto, se solicita la nulidad de los actos administrativos por los cuales la
UPME fijó los precios base de liquidación de regalías del níquel en diferentes
trimestres entre los años 2015 y 2021, junto con el correspondiente restablecimiento
del derecho o la reparación del supuesto daño causado por ese hecho, por lo que
el medio de control adecuado es la nulidad y restablecimiento del derecho, en la

61 Tal como lo ha definido en ocasiones anteriores esta Subsección en sentencia del 11 de agosto de 2025,

expediente 57580, que reiteró el criterio del auto del 7 de diciembre de 2015, expediente 55953, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.

26

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

modalidad prevista en el inciso 2 del artículo 138 del CPACA, ya que la parte
demandante sostiene que esos actos son la causa directa del daño que se pide
indemnizar, toda vez que conforme a estos presentó las declaraciones y los
respectivos pagos de las regalías y compensaciones en esas anualidades62.

10. Resulta importante aclarar que, tal como lo ha definido en ocasiones anteriores
esta Sección del Consejo de Estado63, las resoluciones acusadas revisten el
carácter de actos administrativos generales64 que, de manera abstracta e
impersonal, fijaron los precios base para la liquidación de las regalías del níquel, es
decir, modifican el ordenamiento en tanto, crean, modifican o extinguen una
situación jurídica, al disponer en un período específico uno de los elementos para
la determinación de la obligación del pago de las regalías, criterio que es consistente
con una decisión de la Subsección, esto es, la sentencia del 11 de agosto de 2025,
Rad. 57580, en la que se analizó la legalidad de unos actos que fijaron el precio
base para la liquidación de las regalías de otro mineral –carbón– para los trimestres
cuarto de 2013 y primero de 201465.

Oportunidad para presentar la demanda

11. El artículo 164 del CPACA prevé el plazo en el que se debe ejercer el derecho
de acción y desde cuándo comienza a correr dicho término, so pena de que una vez
fenecido no se pueda formular el medio de control, dada la naturaleza del fenómeno
jurídico de la caducidad66, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Sección67, dicha figura procesal:

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones
judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio

62 Sobre la aplicación de dicha disposición, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, expediente 57580.
63 Ibidem.
64 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires,

1975. Pág. 406. «451. b) Por el alcance del acto con relación a las personas.
Considerado respecto a las personas sobre las que puede incidir los efectos del acto administrativo, éste puede
ser “general”, verbigracia reglamento, o “individual” (concreto o especial).
El acto administrativo “general”, reglamento, se refiere a todas las personas indeterminadamente. El acto
administrativo “individual” (concreto o especial) se refiere a una, varias o muchas personas determinadas o
determinables».
65 Criterio reiterado por esta misma Subsección en sentencia del 23 de febrero de 2026, expediente 59545

[fundamento jurídico 10].
66 El artículo 13 del CGP establece: Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales son de orden

público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas,
modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley (se
destaca).
67 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, expediente

39435 [fundamento jurídico 1.4].

27

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en
tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho68 (se destaca).

En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la
caducidad del término para formular la acción o medio de control:

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad
de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede
renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente69.

12. Ahora, en lo que respecta al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que la demanda
deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso.

13. En el presente asunto, en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del
CPACA, el término de caducidad se contabiliza dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la publicación de los actos acusados, dado el carácter general de estos
y que se solicita la reparación del daño directamente causado por esas resoluciones
administrativas.

13.1. –Expediente 58237, principal– La Resolución 388 del 28 de junio de 2016 fue
publicada en el Diario Oficial 49.919 del 29 de junio de 2016, por lo que el plazo
para demandar corrió, en principio, entre el 30 de junio y el 30 de octubre de 2016.

No obstante, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 17 de agosto de 2016, cuando faltaban 2 meses y 15
días para presentar la demanda. Dado que la audiencia se declaró fallida el 22 de
septiembre de la misma anualidad y en esa misma fecha el Ministerio Público
expidió la constancia respectiva70, el término se reanudó el 23 de septiembre de
2016. Como la demanda se radicó el 26 de octubre de 2016, se concluye que se
presentó dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164

68 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009.

Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.
69 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009 [fundamento jurídico 4]. En igual sentido se puede

consultar la sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3], al decidir sobre la constitucionalidad del artículo
136 del CCA.
70 Folio 75 del cuaderno principal (exp. 58237).

28

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

del CPACA, en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

13.2. –Expediente 56841– La Resolución 600 del 29 de septiembre de 2015 se
publicó en el Diario Oficial 49.651 del 30 de septiembre de 2015, por lo que el plazo
para demandar corrió, en principio, entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de febrero
de 2016.

Por su parte, la Resolución No. 855 del 23 de diciembre de 2015 fue publicada en
el Diario Oficial 49.739 del 28 de diciembre de 2015, por lo que el término para
demandar trascurrió, inicialmente, entre el 29 de diciembre de 2015 al 29 de abril
de 2016.

Sin embargo, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 26 de enero de 2016, cuando faltaban 7 días y 3 meses
con 4 días para presentar la demanda, respectivamente. Dado que la audiencia se
declaró fallida el 15 de marzo de la misma anualidad y en esa misma fecha el
Ministerio Público expidió la constancia respectiva71, el término se reanudó el 16 de
marzo de 2016. Como la demanda se radicó el 18 de marzo de 2016, se concluye
que se presentó dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

13.3. –Expediente 60029– La Resolución 153 del 28 de marzo de 2017 se publicó
en el Diario Oficial 50.192 del 31 de marzo de 2017, por lo que el plazo para
demandar corrió, en principio, entre el 1 de abril y el 1 agosto de 2017.

Por su parte, la Resolución No. 364 del 29 de junio de 2017 fue publicada en el
Diario Oficial 50.280 del 30 de junio de 2017, por lo que el término para demandar
trascurrió, inicialmente, entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2017.

Empero, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 26 de julio de 2017, cuando faltaban 7 días y 3 meses
con 7 días para presentar la demanda, respectivamente. Dado que la audiencia se
declaró fallida el 6 de septiembre de la misma anualidad y el 13 de septiembre
siguiente el Ministerio Público expidió la constancia respectiva72, el término se
reanudó el 14 de septiembre de 2017, fecha en la que se radicó la demanda, por lo

71 Folio 58 del cuaderno principal (exp. 56841).
72 Folio 185 del cuaderno principal (exp. 60029).

29

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

que se concluye que se presentó dentro del plazo establecido en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en concordancia con el inciso 2 del artículo
138 del CPACA.

13.4. –Expediente 62005– La Resolución 818 del 29 de diciembre de 2017 se
publicó en el Diario Oficial 50.461 de esa misma fecha, por lo que el plazo para
demandar corrió, en principio, entre el 30 de diciembre de 2017 y el 30 de abril de
2018.

No obstante, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 24 de abril de 2018, cuando faltaban 7 días para
presentar la demanda. Dado que la audiencia se declaró fallida el 19 de julio de la
misma anualidad y en esa misma fecha el Ministerio Público expidió la constancia
respectiva73, el término se reanudó el 20 de julio de 2018. Como la demanda se
radicó el 23 de julio de 2018, se concluye que se presentó dentro del plazo
establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en
concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

En este proceso, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San
Jorge, actuando en calidad de coadyuvante de la parte demandada74, formuló
excepción de caducidad del medio de control, ya que afirmó que «la génesis y su
malestar inicia con la expedición de la Resolución 293 de 2015 y es por tanto desde
ese momento en que debió combatir el acto administrativo y no 2 años después
cuando le había fenecido la oportunidad ofrecida para ello»75.

Sin embargo, ese argumento desconoce, por una parte, que la Resolución 293 de
2015 no está acusada en este asunto76, ni forma parte del sustento de los cargos
de nulidad invocados por el demandante, ya que el fundamento jurídico que se
invocó expresamente fueron normas de carácter constitucional y legal –artículos
360 de la Constitución Política, 16 y 23 de la Ley 141 de 1994, 227 y 228 de la Ley
685 de 2001 y 15 de la Ley 1530 de 2012– y no preceptos reglamentarios77 de la

73
Folios 229 a 231 del cuaderno principal (exp. 62005).
74 Dicha intervención fue admitida por auto del 22 de octubre de 2018 (folios 351 y 352 del cuaderno principal,

exp. 62005).
75 Folios 338 a 348 del cuaderno principal (exp. 62005).
76 Acto administrativo que fue demandado ante el Consejo de Estado en el expediente con radicación 11001-

03-26-000-2015-00174-00(55953) que se encuentra a cargo del despacho del consejero de Estado doctor
Nicolás Yepes Corrales.
77 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de junio de 2009, radicación 11001-03-25-000-2005-

00348-00 [fundamento jurídico 3.1.], C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Los actos reglamentarios
proferidos por el ejecutivo con arreglo al precepto constitucional anteriormente trascrito [artículo 189, numeral

30

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Ley 1530 de 201278, como es la referida Resolución 293 de 2015.

Por otra parte, se pasa por alto lo previsto en el inciso segundo del artículo 138 del
CPACA que establece que se puede pretender la nulidad de un acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
demandante o la reparación del daño causado a dicho sujeto –como ocurre en el
presente asunto–, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Por consiguiente, se
declarará no probada la excepción de caducidad propuesta.

13.5. –Expediente 63674– La Resolución 533 del 27 de septiembre de 2018 se
publicó en el Diario Oficial 50.730 del 28 de septiembre de 2018, por lo que el plazo
para demandar corrió, en principio, entre el 29 de septiembre de 2018 y el 29 de
enero de 2019.

Por su parte, la Resolución 762 del 26 de diciembre de 2018 fue publicada en el
Diario Oficial 50.820 del 28 de diciembre de 2018, por lo que el plazo para demandar
corrió, en principio, entre el 29 de diciembre de 2018 y el 29 de abril de 2019.

Sin embargo, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 23 de enero de 2019, cuando faltaban 7 días y 3 meses
con 8 días para presentar la demanda, respectivamente. Dado que la audiencia se
declaró fallida el 27 de marzo de la misma anualidad y en esa misma fecha el
Ministerio Público expidió la constancia respectiva79, el término se reanudó el 28 de
marzo de 2019, fecha en la que se radicó la demanda, por lo que se concluye que
se presentó dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

13.6. –Expediente 64988– La Resolución 118 del 27 de marzo de 2019 se publicó

11, de la Constitución Política], en cuanto productos emanados de la voluntad administrativa, tienen el carácter
de normas jurídicas que desde el punto de vista formal y material se encuentran subordinadas a la ley, o como
lo expresa la doctrina francesa, se trata de actes de puissance subalterne, encaminados a explicitar y completar
las disposiciones legales, con el propósito de garantizar su más cumplida y estricta ejecución y asegurar el
cumplimiento de la voluntad general en ellas representada. En ese orden de ideas, los actos reglamentarios
no son más que unas normas jurídicas secundarias, inferiores y complementarias de la Ley, cuya alcance
es de suyo diferente del que es propio de los actos de regulación, cuya adopción, por regla general, se encuentra
reservada al legislador, aunque por excepción y en ciertas materias puntuales, la Carta también atribuye
potestades de regulación a determinadas autoridades administrativas (tal es el caso de las Comisiones de
Regulación de los servicios públicos domiciliarios, de la Junta Directiva del Banco de la República y la Comisión
Nacional de Televisión, etc.) (se precisa y destaca).
78 Que reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.
79 Folio 33 del cuaderno principal (exp. 63674).

31

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

en el Diario Oficial 50.911 del 30 de marzo de 2019, por lo que el plazo para
demandar corrió, en principio, entre el 31 de marzo y el 31 de julio de 2019.

Empero, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 24 de julio de 2019, cuando faltaban 8 días para
presentar la demanda. Dado que la audiencia se declaró fallida el 7 de octubre de
la misma anualidad y el 8 de octubre siguiente el Ministerio Público expidió la
constancia respectiva80, el término se reanudó el 9 de octubre de 2019, fecha en la
que se radicó la demanda, por lo que se concluye que se presentó dentro del plazo
establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en
concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

13.7. –Expediente 66169– La Resolución 652 del 30 de diciembre de 2019 se
publicó en el Diario Oficial 51.182 de la misma fecha, por lo que el plazo para
demandar corrió, en principio, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de abril de
2020.

Por su parte, la Resolución 098 del 31 de marzo de 2020 fue publicada en el Diario
Oficial 51.273 de la misma fecha, por lo que el plazo para demandar corrió, en
principio, entre el 1 de abril y el 1 de agosto de 2020.

Dicho término se suspendió en virtud del Decreto Legislativo 564 de 202081, en
concordancia con los Acuerdos No. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y No.
PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura82,
entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 202083. Asimismo, en atención a que

80 Folios 31 y 32 del cuaderno principal (exp. 64988).
81 Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. (…)
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de
control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o
años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de
la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en
que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante,
cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la
prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado
a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente (se destaca).
82 En atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, el Consejo Superior de la

Judicatura, mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11517 del 15 de marzo 2020, ordenó la suspensión de los
términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 y, por medio del Acuerdo No. PCSJA20-11567 del 5 de junio
de 2020, ordenó su levantamiento a partir del 1 de julio de 2020.
83 En este escenario, al momento de la suspensión de términos, en relación con la Resolución 652 de 2019,

restaban 15 días para que operara la caducidad del medio de control, por lo que, al reanudarse dicho término,
éste vencía el 15 de julio de 2020; sin embargo, dado que el plazo que restaba para interrumpir la prescripción
o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tenía un mes contado a partir del

32

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

el 4 de julio de 2020 la parte demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial, la caducidad se suspendió nuevamente, tal como lo preveía el artículo
21 de la Ley 640 de 2001 –Estatuto de Conciliación vigente entonces–, en
concordancia con el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 202084.

Dado que la audiencia se declaró fallida el 1 de octubre de 2020 y en esa misma
fecha el Ministerio Público expidió la constancia respectiva85, el término se reanudó
el 2 de octubre siguiente. Como la demanda se radicó el 5 de octubre de 202086, se
concluye que se presentó dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral 2
del artículo 164 del CPACA, en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del
CPACA.

13.8. –Expediente 66404– La Resolución 135 del 30 de junio de 2020 se publicó en
el Diario Oficial 51.361 del 30 de junio de 2020, por lo que el plazo para demandar
corrió, en principio, entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2020.

Por su parte, la Resolución 234 del 29 de septiembre de 2020 fue publicada en el
Diario Oficial 51.453 del 30 de septiembre siguiente, por lo que el plazo para
demandar corrió, en principio, entre el 1 de octubre de 2020 y el 1 de febrero de
2021.

No obstante, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 26 de octubre de 2020, cuando faltaban 6 días y 3 meses

día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente, en
atención al artículo 1 del Decreto 564 de 2020, es decir, hasta el 31 de julio de 2020, pero dicho término se
suspendió nuevamente el 4 de julio de 2020, ya que se presentó solicitud de conciliación extrajudicial.
Ahora, en lo que respecta a la Resolución 098 de 2020, al momento de la suspensión de términos por causa
del COVID-19, aún no había comenzado a correr la caducidad del medio de control, por lo que éste solo empezó
su contabilización con la reanudación de términos decretada en el Acuerdo No. PCSJA20-11567 del 5 de junio
de 2020, que ordenó su levantamiento a partir del 1 de julio de 2020. Por ello, el plazo para ejercer el derecho
de acción culminaba el 1 de noviembre de 2020, pero dicho término se suspendió nuevamente el 4 de julio de
2020, ya que se presentó solicitud de conciliación extrajudicial.
84 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por

parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. (…)
Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. (…) Modifíquese el plazo
contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones
extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la
Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud de
convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad convocada, el
Comité de Conciliación contara con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión.
Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de
conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren
en trámite al momento de la expedición del mismo.
Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (se destaca).
85 Cfr. SAMAI, índice 2 (exp. 66169). Documento «ED-8-Prueba 5 - Constancia conciliación
extrajudicial.pdf(.pdf)».
86 Ibidem. Documento «ED-1-Correo Recibo Demanda.pdf(.pdf)».

33

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

más 7 días para presentar la demanda, respectivamente. Dado que la audiencia se
declaró fallida el 8 de enero de 2021 y en esa misma fecha el Ministerio Público
expidió la constancia respectiva87, el término se reanudó el 9 de enero de 202188.
Como la demanda se radicó el 12 de enero de 202189, se concluye que se presentó
dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

13.9. –Expediente 67257– La Resolución 395 del 30 de diciembre de 2020 se
publicó en el Diario Oficial 51.544 del 31 de diciembre siguiente, por lo que el plazo
para demandar corrió, en principio, entre el 1 de enero y el 1 de mayo 202190.

Por su parte, la nulidad de la Resolución 078 del 30 de marzo de 2021 fue publicada
en el Diario Oficial 51.633 del 31 de marzo siguiente, por lo que el plazo para
demandar corrió, en principio, entre el 1 de abril y el 1 de agosto de 2021.

Sin embargo, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 20 de abril de 2021, cuando faltaban 12 días y 3 meses
más 13 días para presentar la demanda, respectivamente. Dado que la audiencia
se declaró fallida el 18 de junio de 2021 y en esa misma fecha el Ministerio Público
expidió la constancia respectiva91, el término se reanudó el 19 de junio de 2021.
Como la demanda se radicó el 23 de junio de 202192, se concluye que se presentó
dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa en el ejercicio del medio de control dispuesto en el
artículo 138 del CPACA, se reservó a toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo, previsto por una norma jurídica, con ocasión de la expedición de
un acto administrativo particular, de modo que podrá pedir que se declare su nulidad
y se restablezca el derecho; el afectado también podrá solicitar que se le repare el
daño.

87
Cfr. SAMAI, índice 2 (exp. 67257). Documento «12_ED_PRUEBA5CONSTANCI(.PDF)».
88 CGP. Artículo 118. Cómputo de Términos. (...) Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento

tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el
término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá
hasta el primer día hábil siguiente.
89 Ibidem. Documento «6_ED_GMAILRV_RADICACI(.PDF)».
90 CGP. Artículo 118. Cómputo de Términos.
91 Cfr. SAMAI, índice 2 (exp. 66404). Documento «11_ED_Prueba 5 - Constancia agotamiento requisito

procedibilidad E-2020-560170.pdf(.PDF)».
92 Ibidem. Documento «5_ED_Correo Recibido.pdf(.PDF)».

34

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En iguales términos, se puede solicitar la nulidad de un acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado. Así las cosas, en este
asunto la legitimidad está dada:

Por activa

15. La sociedad Cerro Matoso S.A.93 está legitimada en la causa por activa, porque
es una empresa minera que desarrolla actividades de explotación de níquel,
ferroníquel y otros productos con contenido de níquel, la cual alega haber sido
afectada por la expedición de las Resoluciones No. 600 y 855 de 2015; No. 388 de
2016; No. 153, 364 y 818 de 2017; No. 533 y 762 de 2018; No. 118 y 652 de 2019;
No. 098, 135, 234 y 395 de 2020; y No. 078 de 2021, actos en los que se fijó el
precio base de ese mineral –en un período dado–, lo que se afirma en las demandas
produjo una afectación en su derecho, así como un daño consistente en el mayor
valor pagado por regalías y compensaciones, conforme a las resoluciones
acusadas.

Por pasiva

16. Le asiste legitimación en la causa por pasiva a la UPME, dada su calidad de
autoridad que expidió los actos administrativos acusados, la cual se encontraba
facultada para expedirlo –Decreto 4130 de 2011, Decreto 1258 de 2013 y
Resolución 293 de 2015–.

En lo que respecta a la ANM, esta formuló la excepción de falta de legitimación en
relación con las resoluciones acusadas debido a que no fue la entidad que las
profirió. Por su parte, la demandante, en su escrito inicial, alega que «la vinculación
de la ANM resulta necesaria toda vez que, de prosperar las pretensiones de nulidad
de la demanda, esa entidad, junto con la UPME, será llamada a satisfacer el
restablecimiento del derecho derivado de aquellas».

Al respecto, si bien es cierto que la ANM no profirió las resoluciones por las cuales

93 Folios 2 a 8 del cuaderno principal (exp. 58237). En el que reposa el certificado de existencia y representación

legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se lee que: El objeto principal de la compañía consiste
en la exploración, explotación y beneficio de minas de níquel, la producción de níquel, ferroníquel y otros
productos con contenido de níquel, y la comercialización, de estos productos en Colombia en el exterior.

35

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

se fijaron los precios base de liquidación de regalías de níquel acusadas, no se
puede pasar por alto que, tal como se indicó, la demandante formuló pretensión
indemnizatoria contra esta entidad. Además, la UPME la llamó en garantía, en los
procesos Rad. 58237, 56841, 62005, 63674 y 64988, lo cual fue aceptado por auto
del 21 de noviembre de 202294, sin que se formulara recurso alguno. Por ello, le
asiste legitimación en la causa por pasiva a la ANM, sin que se encuentre
configurada la excepción formulada; sin embargo, conviene aclarar que en relación
con su incidencia en la producción del supuesto daño causado –legitimación
material95–, por determinar el sentido de la sentencia, no se analizará ab initio, sino
al adelantar el respectivo estudio de los cargos de nulidad formulados, así como de
la indemnización pedida por la expedición de dichos actos.

III. Marco normativo de la fijación de los precios base para liquidación de
regalías generadas por la explotación del níquel

17. La Constitución Política de 1991 otorgó estatus constitucional a la propiedad
estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables –artículo 33296–, su
aprovechamiento y desarrollo sostenible –artículo 80–, así como una
contraprestación económica inherente a favor del Estado por su explotación –
artículos 331, 360 y 361–. En relación con este último aspecto, el artículo 360
encargó al legislador definir las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables y estableció que, en cualquier caso y sin perjuicio de otros
derechos o compensaciones acordadas, dicho aprovechamiento siempre generará
una contraprestación económica a favor del Estado, denominada regalía.

18. En la Ley 141 de 1994, por la cual se creó el Fondo Nacional de Regalías y su
respectiva Comisión, se reguló el derecho del Estado a percibir regalías por la
explotación de recursos naturales no renovables y se establecieron reglas para su

94 Cfr. SAMAI, índice 101.
95 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356 [fundamento

jurídico B], C.P. María Elena Giraldo Gómez. La legitimación de hecho en la causa es entendida como la
relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la
notificación de ésta al demandado. Quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien
cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la
demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho.
La legitimación material en la causa alude, por regla general, a situación distinta cual es la participación real
de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas
personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas.
96 En concordancia con el artículo 333 de la Constitución que prevé: La actividad económica y la iniciativa

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley. (…)
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación. (Subraya y negrita original del texto).

36

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

liquidación. El artículo 16 estableció como regalía por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en
boca o borde de mina o pozo, según corresponda, un porcentaje determinado en
dicha norma97 y el artículo 23 sentó los parámetros para la fijación del precio del
níquel, en los siguientes términos:

PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS REGALÍAS Y
COMPENSACIONES MONETARIAS GENERADAS POR LA EXPLOTACIÓN DEL
NÍQUEL. En las nuevas concesiones o en las prórrogas del contrato vigente, si las
hubiere, para la fijación del precio básico en boca o borde de mina para la
liquidación de las regalías y compensaciones monetarias, se tomará como base el
promedio ponderado del precio FOB en puertos colombianos en el trimestre
inmediatamente anterior, descontando el setenta y cinco por ciento (75%) de los
costos de procesamiento en horno, de los costos de manejo, de los costos de
transporte y portuarios98.

Por su parte, el artículo 19 asignó al Ministerio de Minas y Energía la facultad de
determinar, mediante providencias de carácter general, los precios de los minerales
para efectos de la liquidación de regalías.

19. En concordancia, el Decreto 145 de 199599, reglamentario parcial de la Ley 141
de 1994, estableció –artículo 2– la obligación de los explotadores de minerales de
declarar ante la Alcaldía Municipal del área de explotación, dentro de los 10 días
siguientes a la terminación de cada trimestre calendario, la cantidad de mineral
obtenido, indicando la jurisdicción municipal de donde se extrajo y liquidar en el
mismo documento la regalía que le corresponda pagar de acuerdo con la producción
declarada, el precio base del mineral para la liquidación de regalías fijado por el
Ministerio de Minas y Energía y el porcentaje establecido en la Ley 141 de 1994.

20. Además, las Leyes 488 de 1998100 y 685 de 2001 –Código de Minas–
dispusieron algunos aspectos relacionados con el régimen de las regalías. Así, el
artículo 227 del Código de Minas previó que:

97 Artículo 16. Monto de las regalías. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 2002. El nuevo

texto es el siguiente:> Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no renovables de
propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según corresponda, el
porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: // Carbón (explotación mayor a 3 millones de toneladas
anuales) 10% // Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5% // Níquel 12% // Hierro y
cobre 5% // Oro y plata 4% // Oro de aluvión en contratos de concesión 6% // Platino 5% // Sal 12% // Calizas,
yesos, arcillas y grava 1% // Minerales radioactivos 10% // Minerales metálicos 5% // Minerales no metálicos 3%
// Materiales de construcción 1% (…).
98 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-800 del 20 de agosto

de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
99 Publicado en el Diario Oficial No. 41.680 del 19 de enero de 1995.
100 Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades

Territoriales y en la que el parágrafo de su artículo 142, dispuso: Las regalías mínimas por la explotación de
recursos naturales no renovables de propiedad nacional, distintas del oro, plata y el platino, continuarán
rigiéndose por la Ley 141 de 1994.

37

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda
explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una
regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o
progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus
subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero
o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas101.

En el caso de propietarios privados del subsuelo, estos pagarán no menos del
0.4% del valor de la producción calculado o medido al borde o en boca de mina,
pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se recaudarán y distribuirán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno reglamentará lo
pertinente a la materia102.

21. En desarrollo de la anterior preceptiva y virtud de las facultades extraordinarias
conferidas al presidente de la República en la Ley 1444 de 2011103, se expidió el
Decreto 4130 de 2011, que reasignó a la UPME las funciones de: i) desarrollar y
mantener un sistema adecuado de información sectorial para el uso de las
autoridades y del público en general, asignada al Ministerio de Minas y Energía en
el numeral 16 del artículo 3º del Decreto 70 de 2001; y ii) fijar los precios de los
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías, asignada al
Ministerio de Minas y Energía en el numeral 22 del artículo 5° del Decreto 70 de
2001104.

22. No obstante, en el año 2011 se expidió el Acto Legislativo 5 del 18 de julio, por
el cual se constituyó el Sistema General de Regalías y se modificaron los artículos
360 y 361 de la Constitución Política. Dicho cambio normativo tuvo como fin
actualizar el régimen de regalías, lo que condujo a la expedición de la Ley 1530 de
2012105, la cual dispuso, entre otros aspectos, que –artículo 12– para los efectos
previstos en el inciso segundo del artículo 360 de la Constitución Política, el ciclo de
generación de regalías y compensaciones comprende las actividades de

101 Este primer inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-669 del 20 de

agosto de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
102 El inciso final fue declarado exequible «bajo el entendido que tratándose de propietarios privados del

subsuelo pagarán no menos del 0.4% y hasta el máximo previsto por la Ley en materia de regalías para cada
especie de recursos» por la Corte Constitucional mediante sentencia C-669 del 20 de agosto de 2002, M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
103 Por la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al presidente de la

República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación y se dictan otras disposiciones.
104 Funciones que se mantuvieron en el Decreto 1258 de 2013, expedido por el Ministerio de Minas y Energía,

por el cual se modificó la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Publicado en el
Diario Oficial No. 48.824 del 17 de junio de 2013.
105 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011.

38

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

fiscalización, liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros a los
beneficiarios de las asignaciones y compensaciones directas.

23. Asimismo, frente a la liquidación de las regalías –artículo 14–, se dispuso que
se entendía como el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas
con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período
determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación,
tasa representativa del mercado y porcentajes de participación de regalía por
recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley y en los
contratos. Además, estableció que las regalías se causan al momento en que se
extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina
y en borde de mina. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería quedaron como las máximas
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación,
según el recurso natural no renovable de que se trate.

24. En relación con los precios base de liquidación de regalías y compensaciones –
artículo 15–, previó que correspondía a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la
Agencia Nacional de Minería señalar, mediante actos administrativos de carácter
general, los términos y condiciones para la determinación de los precios base de
liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de los
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo pactado en los contratos
vigentes a la fecha de promulgación de esa ley. Para tal efecto, se debían tener en
cuenta la relación entre producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los
costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según
corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente apropiada para
llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

25. Así, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, la ANM expidió la
Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015106, que estableció los términos y
condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías
y compensaciones por la explotación de níquel, la cual fue aclarada mediante la
Resolución No. 778 del 9 de noviembre de 2015107 y modificada por la Resolución
No. 315 del 18 de junio de 2018108. Conviene precisar que este acto reglamentario

106 Publicada en el Diario Oficial No. 49.512 del 15 de mayo de 2015.
107 En relación con el artículo tercero de la Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015.
108 Publicada en el Diario Oficial No. 50.638 del 28 de junio de 2018. En relación con el literal b) del artículo 2

de la Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015.

39

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

–Resolución No. 293 de 2015– fue demandado ante esta Corporación en el proceso
con radicación 11001-03-26-000-2015-00174-00(55953), que se encuentra en
trámite y a cargo del consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales y cuyo
expediente fue decretado como prueba en el presente asunto109, aspecto al que se
hará alusión.

26. En la actualidad, el Sistema General de Regalías se encuentra desarrollado en
la Ley 2056 de 2020110, la cual entró a regir a partir del 1 de enero de 2021 –artículo
221–, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos
199 –correctivos y sancionatorios– y 200 –preventivo– previstos en dicha normativa,
y que introdujo cambios en dicho sistema, en particular, en relación con la
determinación de los precios base de liquidación de regalías y compensaciones –
artículo 19–.

Con fundamento en el marco normativo expuesto en precedencia, corresponde a la
Subsección abordar el análisis de las pretensiones de las demandas acumuladas,
atendiendo la identidad en el fundamento jurídico y concepto de violación alegado
en todos los procesos, por lo que su estudio se desarrollará de manera concentrada
bajo los cargos de nulidad planteados.

IV. Caso concreto

Primer cargo de nulidad. Infracción del artículo 23 de la Ley 141 de 1994

27. Dentro de las causales que el CPACA dispone para la anulación de los actos
administrativos, se encuentra la infracción de las normas en que deberían fundarse,
es decir, si el contenido del acto administrativo no se encuentra conforme con la
Constitución o la ley es nulo, lo cual se configura por «i) falta de aplicación, ii)
aplicación indebida o, iii) interpretación errónea»111.

109 Cfr. SAMAI, índice 167 (exp. 58237). En desarrollo de la audiencia inicial, en el auto del decreto de pruebas.
110 Promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30 de septiembre de 2020.
111
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, expediente 16660 [fundamento
jurídico 2], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Al respecto, se consideró lo siguiente: Según la doctrina
judicial del Consejo de Estado, ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma,
ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o
sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez
acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el
espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma pero cree, equivocadamente, que
no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de
aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al
caso.

40

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

28. En el presente asunto, la demandante alega que los actos acusados –
Resoluciones No. 600 y 855 de 2015; No. 388 de 2016; No. 153, 364 y 818 de 2017;
No. 533 y 762 de 2018; No. 118 y 652 de 2019; No. 098, 135, 234 y 395 de 2020; y
No. 078 de 2021– son nulos, porque contravienen el artículo 23 de la Ley 141 de
1994, en la medida en que el precio base para la liquidación de regalías de níquel
no se fijó con referencia al precio FOB en puertos colombianos como lo prevé dicha
normativa, sino que se tomó un precio internacional fijado por la Bolsa de Metales
de Londres (LME), cuando el único permitido por la ley era el mencionado precio
FOB.

29. Por su parte, la ANM indicó que, contrario a lo afirmado en la demanda, en los
actos acusados no se determinó que el precio internacional fijado por la Bolsa de
Metales de Londres (LME) constituya el precio FOB en puertos colombianos, ya que
ese precio LME se considera como un «precio de referencia», sin que se equiparen
ambos valores, ya que, en atención a la reglamentación, se tomó como variable un
precio internacional para evaluar dicho mineral en esos mercados, sin que esa
determinación contraríe lo establecido en la Ley 141 de 1994 sobre el precio FOB,
ni se asume como el valor en boca o borde de mina, por lo que no es el precio al
que se le aplica de manera directa el porcentaje para liquidar las regalías del níquel.

30. Al respecto, resulta importante destacar que, tal como se reseñó [Marco
normativo de la fijación de los precios base para liquidación de regalías generadas
por la explotación del níquel], en la Ley 141 de 1994, por la cual se creó el Fondo
Nacional de Regalías y su respectiva Comisión, se reguló el derecho del Estado a
percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y se
establecieron reglas para su liquidación.

Así, en el artículo 16 se señaló que la regalía por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad nacional corresponde a un porcentaje

Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o
preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el
asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.-
Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la
norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre
la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede
cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los
entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador
le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.

41

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

determinado sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo 112,
mientras que el artículo 23 estableció que:

PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS REGALÍAS Y
COMPENSACIONES MONETARIAS GENERADAS POR LA EXPLOTACIÓN DEL
NÍQUEL. En las nuevas concesiones o en las prórrogas del contrato vigente, si las
hubiere, para la fijación del precio básico en boca o borde de mina para la
liquidación de las regalías y compensaciones monetarias, se tomará como base el
promedio ponderado del precio FOB en puertos colombianos en el trimestre
inmediatamente anterior, descontando el setenta y cinco por ciento (75%) de los
costos de procesamiento en horno, de los costos de manejo, de los costos de
transporte y portuarios113.

31. Sobre el FOB –Free On Board [libre a bordo]–, se debe tener en cuenta que el
Código de Comercio –artículos 1694 a 1696– lo prevé para las compraventas
marítimas y, en materia minera, la Resolución 40599 de 2015114 expedida por el
Ministerio de Minas y Energía, por medio de la cual se adopta el Glosario Técnico
Minero, señala que corresponde a una «Abreviatura usada en algunos contratos de
ventas internacionales. En estos contratos, el vendedor está en la obligación de
colocar los bienes en su punto de embarque, listos para el envío. Mientras que el
comprador acepta cubrir todos los gastos de transporte terrestres y asume los
riesgos en el país exportador, así como los costos de transporte posteriores al
embarque. En Colombia las exportaciones se miden a precios FOB».

32. En esa medida, aunque en principio se pudiera observar que, tal como lo afirma
el demandante, la Ley 141 de 1994 dispuso de manera clara que para la fijación del
precio base para la liquidación de la regalía por la explotación del níquel, se tendría
como base el promedio ponderado del precio FOB en puertos colombianos en el
trimestre inmediatamente anterior, haciendo los respectivos descuentos previstos
en esa norma. Empero, no se puede pretender hacer una lectura aislada de esa
disposición, ni obviar que para el momento en que se expidieron los actos

112 Ley 141 de 1994. Artículo 16. Monto de las regalías. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de

2002. El nuevo texto es el siguiente:> Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según
corresponda, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: // Carbón (explotación mayor a 3 millones
de toneladas anuales) 10% // Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5% // Níquel 12%
// Hierro y cobre 5% // Oro y plata 4% // Oro de aluvión en contratos de concesión 6% // Platino 5% // Sal 12%
// Calizas, yesos, arcillas y grava 1% // Minerales radioactivos 10% // Minerales metálicos 5% // Minerales no
metálicos 3% // Materiales de construcción 1% (…).
113 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-800 del 20 de

agosto de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
114 Publicado en el Diario Oficial No. 49.524 del 27 de mayo de 2015.

42

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

acusados115 se encontraba vigente la Ley 1530 de 2012116, la cual supuso un
cambio normativo que tuvo como fin actualizar el régimen de regalías, en atención
al Acto Legislativo 5 del 18 de julio de 2011, por el cual se constituyó el Sistema
General de Regalías y se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política.

33. Así, frente a la liquidación de las regalías, la Ley 1530 de 2012 –artículo 14–
dispuso que se entendía como el resultado de la aplicación de las variables técnicas
asociadas con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un
período determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de
liquidación, tasa representativa del mercado y porcentajes de participación de
regalía por recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley
y en los contratos. Además, estableció que las regalías se causan al momento en
que se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca
de mina y en borde de mina.

En relación con los precios base de liquidación de regalías y compensaciones –
artículo 15–, previó que correspondía a la Agencia Nacional de Hidrocarburos–ANH
y a la Agencia Nacional de Minería–ANM señalar, mediante actos administrativos
de carácter general, los términos y condiciones para la determinación de los precios
base de liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de
los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo pactado en los contratos
vigentes a la fecha de promulgación de esa ley. Incluso, para tal efecto, se debían
tener en cuenta la relación entre producto exportado y de consumo nacional,
deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición
técnicamente apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

34. Con esa perspectiva, se tiene que la ANM expidió la Resolución No. 293 del 15
de mayo de 2015117, que estableció los términos y condiciones para la

115 Resoluciones por las cuales se fijaron los precios base para la liquidación de regalías del níquel para: i) tercer

y cuarto trimestre de 2015 –Resoluciones 600 y 855 de 2015–, ii) segundo trimestre de 2016 –Resolución 388
de 2016–, iii) primer, segundo y cuarto trimestre de 2017 –Resoluciones 153, 364 y 818 de 2017–, iv) tercer y
cuarto trimestre de 2018 –Resoluciones 533 y 762 de 2018–, v) primer y cuarto trimestre de 2019 –Resoluciones
118 y 652 de 2019–, vi) primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 –Resoluciones 098, 135, 234 y 395
de 2020– y vii) primer trimestre de 2021 –Resolución 078 de 2021–.
116 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 5 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
No. 48.294 del 26 de diciembre de 2011.
117 Publicada en el Diario Oficial No. 49.512 del 15 de mayo de 2015.

43

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

determinación de los precios base de liquidación de las regalías y compensaciones
por la explotación de níquel, la cual fue aclarada mediante la Resolución No. 778
del 9 de noviembre de 2015118 y modificada por la Resolución No. 315 del 18 de
junio de 2018119, en la que determinó, entre varios aspectos: i) Precio Base de
Liquidación de Regalías y Compensaciones de Níquel (PBLRN) 120; ii) Precio
Internacional del Níquel (PTIN)121; iii) Costo transporte externo (Te)122; iv) Precio
FOB de Níquel (FOB)123, v) Precio promedio ponderado FOB (PFOB)124; vi) Boca o
Borde de Mina que, para efectos del níquel, corresponde al «Sitio en superficie por
donde se accede a un yacimiento mineral. Para los efectos de la presente
resolución, se asumirá este sitio como la zona o área donde finalizan las
operaciones mineras e inicia el proceso de transformación o beneficio»125, vii)
Costos de Procesamiento en Horno (CPH)126, viii) Costos de Manejo (CM)127; ix)
Costos de Transporte y Portuarios (CTP)128 y x) la fórmula para la determinación del
Precio Base para Liquidación de Regalías de Níquel (PBLRN), en pesos
colombianos por Libra de Níquel129, último aspecto que se analizará al abordar el

118 En relación con el artículo tercero de la Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015.
119 Publicada en el Diario Oficial No. 50.638 del 28 de junio de 2018. En relación con el literal b) del artículo 2

de la Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015.
120 Literal a) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015. Es el precio base para la liquidación de las regalías y

compensaciones de Niquel, en pesos colombianos por Libra de Niquel, de conformidad con lo establecido en
los artículos 16, 23 y 26 de la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002.
El PBLRN deberá establecerse tomando como referencia el promedio aritmético mensual del precio
internacional que fije para este metal la Bolsa de Metales de Londres (LME) en su versión al cierre de la tarde
más un promedio mensual simple de las primas de mercado libre de Europa y Estados Unidos publicadas en el
“Metal Bulletin”, en el trimestre inmediatamente anterior al período de liquidación, descontando el transporte
externo y el valor de los costos deducibles establecidos en la Ley, siguiendo el procedimiento y las fórmulas
definidas en la presente resolución.
La conversión de la moneda extranjera a pesos colombianos se hará tomando como base la tasa de cambio
representativa del mercado promedio del trimestre inmediatamente anterior al del periodo en el cual se liquidará
las regalías y compensaciones.
121 Literal b) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución 315 de

2018. Es la suma del precio promedio aritmético mensual de la libra de níquel, en dólares de los Estados Unidos
de América, para ventas a tres (3) meses, registrado en la Bolsa de Metales de Londres (LME), más el promedio
aritmético de las primas promedio establecidas en los mercados libres de Europa y Norteamérica en el mes
respectivo, en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación
calculado (…).
122 Literal c) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015. Corresponde al promedio aritmético de los costos

mensuales de transporte de la Libra de Níquel, como costo de los fletes marítimos en cada uno los meses
correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, determinado como el menor
valor (…).
123 Artículo 2 de la Resolución 293 de 2015. Corresponde al precio promedio mensual del Niquel, en pesos

colombianos por Libra de Niquel exportado, en el puerto de salida colombiano cargado en el barco o en el medio
de transporte usado, es decir, el Precio Internacional del Níquel (PTIN), habiéndole descontado los costos de
transporte externo y seguros correspondientes, calculado para cada uno de los meses correspondientes al
trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación (…).
124 Literal d) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015. Corresponde al precio promedio mensual del Níquel,

en pesos colombianos por Libra de Níquel exportado, en el puerto de salida colombiano de cargado en el barco
o en el medio de transporte usado, es decir, el Precio Internacional del Níquel (PTIN), habiendo descontado los
costos de transporte externo y seguros correspondientes, calculado para cada uno de los meses
correspondientes al trimestre anterior al del periodo de liquidación (…).
125 Literal e) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015.
126 Literal f) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015.
127 Literal g) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015.
128 Literal h) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015.
129 Artículo 3 de la Resolución 293 de 2015, aclarado por el artículo 1 de la Resolución 778 de 2015. La fórmula

para la determinación del Precio Base para Liquidación de Regalías de Níquel (PBLRN), en pesos colombianos
por Libra de Níquel, se obtiene como la diferencia entre el promedio trimestral ponderado del precio FOB del

44

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

segundo cargo de nulidad.

35. Por lo anterior, frente a los actos acusados, en los términos del cargo de nulidad
planteado, la censura no tiene vocación de prosperidad, ya que, si bien el artículo
23 de la Ley 141 de 1994 estableció que para la liquidación de regalías por la
explotación de níquel, se debía tener como base el promedio ponderado del precio
FOB en puertos colombianos en el trimestre inmediatamente anterior, haciendo las
respectivas deducciones previstas en esa legislación, se pretende omitir el cambio
normativo que supuso el Acto Legislativo 5 de 2011 y, en especial, la Ley 1530 de
2012130 –vigente en la época de los hechos que originan la controversia–, ya que –
valga reiterar– en esta última norma se determinó que la ANM señalaría, mediante
acto administrativo de carácter general, los términos y condiciones –parámetros–
para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y
compensaciones, salvaguardando lo pactado en los contratos vigentes a la fecha
de promulgación de esa ley, y «Para tal efecto, se debían tener en cuenta la
relación entre producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los
costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según
corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente apropiada
para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina»131 (se destaca).

36. Así, contrario al argumento de la parte demandante, a fin de establecer el precio
base de liquidación de regalías y compensaciones de níquel, no sólo se debía tener
en cuenta lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 141 de 1994, también es
mandatorio aplicar y armonizar esa disposición con la legislación reciente sobre esa
materia, la cual prescribía la relación entre producto exportado y de consumo
nacional, a fin de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a esos
precios, lo que implicaba comparar ambos mercados y valorar posibles distorsiones

Níquel en puertos colombianos (PFOB) y el monto equivalente al 75% de los Costos de Procesamiento en Horno
(CPH), Costos de Manejo (CM), Costos de Transporte y Portuarios (CTP), aplicando la siguiente ecuación:

Donde:
PFOB, CPH, CM, CTP: Definidos en los literales g), h) e i) del Artículo 2° de la presente resolución
t: periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías de Níquel.
130
Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso
de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011. Además, la mencionada ley fue derogada a partir del 1 de enero de 2021
por la Ley 2056 de 2020 -artículo 221-, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 -correctivos y
sancionatorios- y 200 -preventivo- de la Ley 2056 de 2020 (promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30
de septiembre de 2020).
131 Ley 1530 de 2012. Artículo 15, inciso 2.

45

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

entre ellos. Ese mandato se materializó en la Resolución No. 293 de 2015, a fin de
dar aplicación concreta del mandato legal de ponderar la relación entre mercados
para garantizar consistencia y proporcionalidad en la determinación del precio base,
aspecto que, se insiste, se abordará al analizar el segundo cargo de nulidad
propuesto. Valga advertir que lo dicho acá no significa un pronunciamiento sobre la
legalidad de la Resolución No. 293 de 2015 que, como se anunció, es objeto de
estudio en un proceso diferente.

37. No se puede dejar de lado que el legislador –artículo 15 de la Ley 1530 de 2012–
facultó a la ANM para expedir el reglamento132, es decir, definir los términos y
condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías
y compensaciones, potestad que se otorgó de manera amplia, lo cual autorizaba la
incorporación de parámetros técnicos para asegurar la estabilidad, simetría y
razonabilidad en la determinación del precio base de liquidación de las regalías y

132 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos

Aires, 1975. Págs. 240 a 247. Desde el punto de vista “cuantitativo”, el reglamento es la fuente más importante
del derecho administrativo. Implica una manifestación de voluntad de órganos administrativos, creadora de status generales, impersonales
y objetivos. No existen reglamentos para regir un caso concreto; solamente la ley formal puede dictar
disposiciones para un caso particular. (…).
¿Cómo se distinguen el reglamento y la ley? Para ello no bastaría decir que el reglamento siempre debe ser
“general”, en tanto que la ley puede ser general o “particular” o sea para un caso individual, pues aun quedaría
en pie la necesidad de diferenciar una ley y un reglamento cuando “ambos” son generales o abstractos. En tal
supuesto ¿qué los distingue? Corresponde descartar, por insuficiente, el criterio que pretendió fundar esa
diferencia en que el reglamento sólo puede consistir en medidas de “ejecución” de la ley, pues es bien sabido
que hay reglamentos que no tienen ese objeto, tales los “autónomos”, “independientes” o “constitucionales”. A
mi juicio, aparte del distinto órgano de que proceden habitualmente la ley formal y el reglamento –y todo ello sin
perjuicio de que los órganos Legislativo y Judicial pueden también emitir reglamentos–, la diferencia esencial
entre ambos radica en su contenido: el reglamento de ejecución contiene disposiciones que tienden a facilitar
la aplicación de la ley, en tanto que el reglamento autónomo, independiente o constitucional, se refiere a
materias cuya regulación, por imperio de la propia Constitución, le está reservada al órgano Ejecutivo y excluida
de la competencia del órgano Legislativo. Así como existe la llamada “reserva de la ley” juzgo que también
existe la "reserva de la Administración”: todo esto sin perjuicio de lo que ocurre con los reglamentos “delegados”
y de “necesidad y urgencia”, cuya substancia es efectivamente legislativa, y cuya razón de ser justifica que, en
este orden de ideas, se les someta a un tratamiento jurídico distinto que a los reglamentos de ejecución y
autónomos. (…). El reglamento típico –que aquí se considera– no es acto “legislativo”: es acto administrativo, lo que resulta tanto
más exacto tratándose de los reglamentos de “ejecución” y “autónomo”, cuyo carácter “administrativo” no sólo
resulta de su forma sino también de su substancia o contenido. Pero la doctrina no es uniforme en lo que a esto
respecta: mientras un sector sostiene que el reglamento es acto administrativo, otro sector lo niega. Algunos
expositores, al negar que el reglamento tenga carácter de acto administrativo, invocan la “generalidad” del
reglamento, pues para ellos el acto administrativo es decisión individual y concreta, criterio que no comparto,
según así lo haré ver al referirme al acto administrativo, donde sostendré la noción amplia de éste. Incluso los
reglamentos “delegados” y los de “necesidad y urgencia” –a pesar de su contenido o substancia–, desde el
punto de vista “formal”, son actos administrativos; una cosa distinta ocurre con el “decreto-ley”, que es acto
“legislativo”. CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen Jurídico. Segunda edición. Editorial Temis. Bogotá, 2013. Pág.120. Las diferencias de régimen jurídico que existen entre el acto administrativo y el
reglamento tienen por causa el hecho de que responden a funciones y, por ende, potestades de distinta
naturaleza. Mientras el reglamento traduce una actividad normativa y, por lo tanto, constituye una norma (de
alcance general) que produce una innovación en el ordenamiento, el acto administrativo implica el ejercicio de
la función o potestad administrativa mediante la concreción de una o varias normas. En síntesis, el acto administrativo se consume con su dictado y cumplimiento, sin perjuicio de que pueda servir
de antecedente para actos complementarios que se ejecuten a posteriori, a diferencia del reglamento que tiene
por función permanecer hasta tanto sea derogado.

El acto administrativo tampoco ha de confundirse con el mero acto de alcance general que tiene destinatarios
indeterminados y no integra el ordenamiento (v. gr. clausura de una calle) al cual no se le aplica el rigorismo
formal de la publicidad de actos y reglamentos (notificación y publicación, respectivamente).

46

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

compensaciones. Por ello, tal como lo ha considerado la Corte Constitucional, es el
legislador que «goza de una muy amplia libertad para fijar el monto de las regalías
derivadas de la explotación de recursos no renovables»133, por lo que la
reglamentación debe estar acorde con la normativa sobre la materia y encuentra su
límite en esta.

38. Dicha amplia libertad legislativa, se puede ejemplificar en la Ley 2056 de 2020134
que regula en la actualidad la organización y el funcionamiento del Sistema General
de Regalías, en la que, en el artículo 19, frente a los precios base de liquidación de
regalías y compensaciones, estableció que: Con el fin de mantener la equidad y el
equilibrio económico en la fijación de los términos y condiciones para la explotación
de los recursos naturales no renovables, y en concordancia con los Artículos 334 y
360 de la Constitución Política de Colombia, la metodología para la fijación del
precio base de liquidación y pago de las regalías y compensaciones la establecerá
la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería o quienes
hagan sus veces, mediante actos administrativos de carácter general, tomando
como base un precio internacional de referencia, sin perjuicio de lo pactado en los
contratos vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. Frente a esta
disposición –artículo 19 de la Ley 2056 de 2020–, no hay un pronunciamiento de la
Corte Constitucional, por lo que goza de presunción de constitucionalidad, la cual,
«constituye una garantía indispensable para el adecuado funcionamiento del
sistema de democracia representativa, en el cual la soberanía popular se ejerce a
través del legislador»135. Por ello, se presenta el siguiente cuadro que sintetiza la
evolución normativa al respecto:

Norma Contenido

Ley 141 de 1994. Artículo 16 Las regalías por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad del
Estado se aplican sobre el valor de la
producción en boca o borde de mina.

133 Corte Constitucional, sentencia C-1548 del 21 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
134 Promulgada en el Diario Oficial 51.453 del 30 de septiembre de 2020, la cual empezó a regir a partir del 1

de enero de 2021 -artículo 211-.
135 Corte Constitucional, sentencia C-874 del 15 de octubre de 2002 [fundamento jurídico 1.1]. En esa

providencia se reitera el argumento expuesto por esa misma Corporación en la sentencia C-236 del 20 de mayo
de 1997 [fundamento jurídico 3], M.P. Antonio Barrera Carbonell, en la que señaló: Cuando el ciudadano pone
en movimiento el control constitucional por la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las
normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de
determinar con toda claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la
Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda
extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo
que no puede ser admitido es que bajo una interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo
normativo se puedan deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la Constitución, por la manera en que
el legislador reguló una determinada materia.

47

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Ley 141 de 1994. Artículo 23 Establece la forma como se fijará el precio
base para la liquidación de las regalías y
compensaciones monetarias generadas
por la explotación de níquel. Al respecto
señala que «se tomará como base el
promedio ponderado del precio FOB en
puertos colombianos en el trimestre
inmediatamente anterior, descontando el
setenta y cinco por ciento (75%) de los
costos de procesamiento en horno, de los
costos de manejo, de los costos de
transporte y portuarios».

Ley 1530 de 2012. Artículo 14 El Ministerio de Minas y la ANM serán las
máximas autoridades para determinar y
ejecutar los procedimientos y plazos de
liquidación del recurso natural no
renovable. Las regalías se causan al
momento en que se extrae el recurso, es
decir, en boca o borde de mina.

Ley 1530 de 2012. Artículo 15 La ANM señalará los términos y
condiciones para la determinación de los
precios base de liquidación de las regalías
y compensaciones producto de la
explotación de los recursos naturales no
renovables. «Para tal efecto, se debían
tener en cuenta la relación entre producto
exportado y de consumo nacional,
deduciendo los costos de transporte,
manejo, trasiego, refinación y
comercialización, según corresponda con
el objeto de establecer la definición
técnicamente apropiada para llegar a los
precios en borde o boca de pozo o mina».

Resolución 293 de 2015 de la ANM. Establece los términos y condiciones que
debe tener en cuenta la UPME para fijar los
precios de liquidación de regalías y
compensaciones para níquel.

Ley 2056 de 2020. Artículo 19 La metodología para la fijación del precio
base de liquidación y pago de las regalías
y compensaciones la establecerá la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la
Agencia Nacional de Minería o quienes
hagan sus veces, mediante actos
administrativos de carácter general,
tomando como base un precio internacional
de referencia.

39. En ese orden de ideas, resulta importante traer a colación el pronunciamiento

48

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de la Corte Constitucional al analizar el citado artículo 23 de la Ley 141 de 1994, en
el que consideró lo siguiente136:

En este caso la Corte decidió que el legislador no desconoce los amplios márgenes
de configuración constitucionales al haber “establecido el deber de que una
autoridad -ya sea el Ministerio de Minas o ya se la entidad a quien este ministerio
designe- realice un aforo, consistente en calcular la explotación máxima mensual
de metales preciosos de cada entidad territorial, con el fin de limitar la transferencia
de regalías a ese aforo”.137 Esta línea jurisprudencial también ha sido reiterada,
entre otras, en las sentencias C-669 de 2002,138 C-251 de 2003.139

3.7. En conclusión, la Corte reitera que (1) ‘el legislador goza de una amplia libertad
para fijar el monto de las regalías’, (2) que las normas que contemplen tal decisión
son susceptibles de control constitucional y (3) que para que tal norma pueda ser
considerada inconstitucional debe ser (i) manifiestamente irrazonable y
desproporcionada, o (ii) vulnerar prohibiciones constitucionales específicas.

3.8. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, concluye la Sala que no
es de recibo el primero de los cargos de la demanda en contra del aparte de la
norma acusada, puesto que el concepto constitucional de regalía no contempla
parámetros específicos que el legislador deba incluir necesariamente en la fórmula
para el cálculo de las regalías. Concretamente, la Constitución no exige al
legislador que siempre excluya el 100% de los costos de procesamiento, manejo,
transporte y portuarios para el cálculo del monto de las regalías.

En efecto, la demanda parte de que el régimen constitucional vigente de regalías
por “explotación” de recursos naturales implica, necesariamente, que para el
cálculo de las mismas (sic) se excluya en todo caso el 100% de los costos de
procesamiento en horno, de manejo, de transporte y portuarios. Subraya que la
norma no descuenta el 100% de tales costos, sino únicamente el 75%, y que por
tanto, incluye dentro de la fórmula para calcular la regalía parte de un costo que es
posterior a la “explotación” del níquel.

Ahora bien, incluir el 25% de tales costos como parte del precio base para la
liquidación de la regalía y compensación monetaria por explotación de níquel no
viola ninguna prohibición constitucional específica. La demanda funda su
argumento en las etapas sucesivas de toda actividad minera, no en la existencia
de una prohibición constitucional específica.

Dentro de tales etapas se destaca la de explotación, que a juicio de la demanda
termina cuando el recurso no renovable es colocado en boca o borde de mina. Las
etapas posteriores ya no son explotación del recurso y, por lo tanto, no es admisible
incluir su costo, o parte de él, como criterio para determinar el precio base de la
liquidación de la regalía. Sin embargo, la Corte no encuentra manifiestamente
irrazonable o desproporcionado que así sea. En efecto, el concepto ‘explotación’,
en el plano constitucional, no se circunscribe al proceso físico de sacar del suelo o

136 Corte Constitucional, sentencia C-800 del 20 de agosto de 2008 [fundamento jurídico 3.8], M.P. Manuel José

Cepeda Espinosa.
137 Original de cita: Corte Constitucional, sentencia C-1087 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En

este caso la Corte consideró “(…) que dentro de la amplia libertad configurativa del Congreso en esta materia,
ese aforo cumple propósitos constitucionales admisibles, en la medida en que contribuye a racionalizar el cálculo
y transferencia de las regalías a cada una de las entidades territoriales, en la medida en que busca que los
reportes de regalías y las transferencias de las mismas a los municipios productores correspondan a la realidad
de la explotación realizada en cada entidad territorial. […] || La existencia de ese aforo no viola tampoco ningún
límite constitucional impuesto por la Carta, pues no desconoce en sí mismo el deber de pago de las regalías, la
titularidad estatal de las regalías, ni los derechos de las entidades territoriales de beneficiarse de las mismas.
Por ello, la Corte concluye que la previsión de un sistema de aforo de la producción de metales preciosos para
determinar el monto máximo de transferencias de regalías no es en sí misma contraria a la Carta.”
138 Original de cita: Corte Constitucional, sentencia C-669 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis).
139 Original de cita: Corte Constitucional, sentencia C-251 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).

49

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

el subsuelo el recurso natural. Es decir, existe una diferencia entre el uso del
concepto ‘explotación’ para hacer referencia a la actividad física de extraer un
recurso, el cual constituye un proceso de carácter natural que es objeto de
regulación por parte de ley,140 y el uso constitucional del concepto, que hace
referencia al ‘derecho a explotar’, una figura de carácter jurídico que emana de los
contratos en el ámbito minero.141

Además, en el caso del níquel, según lo aducen varios intervienes, aún el proceso
físico para obtenerlo comprende una actividad extractiva posterior consistente en
separarlo de la roca en que se encuentra.

Para la Sala, el legislador acudió a criterios que a su juicio permiten determinar con
mayor claridad el precio base, cambiante y en constante evolución, para la
liquidación de las regalías y compensaciones monetarias por explotación de
níquel. Así, el primer criterio es el precio FOB en puertos colombianos. El segundo,
el promedio ponderado del trimestre inmediatamente anterior de dicho precio FOB.
El tercero, el descuento de ciertos costos, claramente demostrables, hasta un 75%
de los mismos, atendiendo a las especificidades de la obtención del níquel. Estas
razones son suficientes para concluir que la norma acusada no es manifiestamente
irrazonable o desproporcionada.

En consecuencia, la Subsección determina que este cargo no prospera, toda vez
que, del pronunciamiento citado de la Corte Constitucional, el cual estudió la
legislación anterior a la expedición de la Ley 1530 de 2012, se evidencia que son
varios los factores que se deben considerar para la liquidación del precio base de
regalías y que para ese efecto el legislador, directamente o autorizada la vía
reglamentaria, puede establecer los parámetros, criterios y la fórmula para la fijación
de los precios base de liquidación de regalías y compensaciones.

Por ello, los actos acusados, conforme a la Ley 1530 de 2012 –norma vigente al
momento de su expedición–, dan cuenta de los factores que se deben tener en
cuenta y que claramente ya no solo es el precio FOB, previsto en la legislación
anterior. Incluso, la normativa actual prevé la necesidad de tener en cuenta la
relación entre producto exportado y de consumo nacional –el cual, para el níquel,
valga precisar, es mucho menor en comparación con el mineral que se exporta–,
deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y

140 Original de cita: Ley 685 de 2001 (Código de minas), ‘Artículo 2°.– Ámbito material del Código. El presente

Código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los
trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje,
explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo
o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. Se excluyen la exploración y explotación
de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por las disposiciones especiales sobre la materia.’
141 Original de cita: Ley 685 de 2001 (Código de minas), ‘Artículo 14.– Título minero. A partir de la vigencia de

este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de
propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. (…). || Artículo 15. Naturaleza del derecho del beneficiario. El contrato de concesión y los
demás títulos emanados del Estado de que trata el artículo anterior, no transfieren al beneficiario un derecho de
propiedad de los minerales ‘in situ’ sino el de establecer, en forma exclusiva y temporal dentro del área otorgada,
la existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables, a apropiárselos mediante su extracción o
captación y a gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dichas
actividades.’

50

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

comercialización, según corresponda, con la finalidad u objetivo de establecer la
definición técnicamente apropiada para llegar a esos precios, lo que ocurrió en el
presente asunto. Así, el cargo planteado no está llamado a prosperar.

Segundo cargo de nulidad. Infracción de normas constitucionales y legales
sobre regalías en que debían fundarse los actos acusados

40. En relación con este cargo, la parte demandante señaló que la «fórmula
adoptada en las Resoluciones acusadas no arroja el precio del níquel en boca de
mina sino uno diferente y más alto», lo que incrementa sin justificación legal el valor
de las regalías por dicho mineral, desconociendo el contenido de la normativa que
regulan lo atinente al concepto y base de cálculo de la regalía, en particular, los
artículos 360 de la Constitución Política, 16 y 23 de la Ley 141 de 1994, 227 y 228
de la Ley 685 de 2001 y 15 de la Ley 1530 de 2012, en las que se ha reconocido en
forma constante que la base para el cobro de regalías es el «valor de la producción
en boca o borde de mina o pozo».

41. De entrada, resulta importante precisar que la «fórmula» a la que se hace
mención, corresponde a la prevista para la determinación del precio base para
liquidación de regalías de níquel (PBLRN)142, la cual se encuentra contemplada en
la Resolución No. 293 de 2015143 expedida por la ANM, en ejercicio de la facultad
conferida por la Ley 1530 de 2012 –replicada en la Ley 2056 de 2020–, en la que
se establecieron los términos y condiciones para la determinación de los precios
base de liquidación de las regalías y compensaciones por la explotación de níquel,
la cual fue aclarada mediante la Resolución No. 778 del 9 de noviembre de 2015144
y modificada por la Resolución No. 315 del 18 de junio de 2018145. No obstante,
como ya se indicó, este acto reglamentario146 –Resolución No. 293 de 2015– fue

142 Artículo 3 de la Resolución 293 de 2015, aclarado por el artículo 1 de la Resolución 778 de 2015.
143 Publicada en el Diario Oficial No. 49.512 del 15 de mayo de 2015.
144 En relación con el artículo tercero de la Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015.
145 Publicada en el Diario Oficial No. 50.638 del 28 de junio de 2018. En relación con el literal b) del artículo 2

de la Resolución No. 293 del 15 de mayo de 2015.
146 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de junio de 2009, radicación 11001-03-25-000-2005-

00348-00 [fundamento jurídico 3.1.], C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Los actos reglamentarios
proferidos por el ejecutivo con arreglo al precepto constitucional anteriormente trascrito [artículo 189, numeral
11, de la Constitución Política], en cuanto productos emanados de la voluntad administrativa, tienen el carácter
de normas jurídicas que desde el punto de vista formal y material se encuentran subordinadas a la ley, o como
lo expresa la doctrina francesa, se trata de actes de puissance subalterne, encaminados a explicitar y completar
las disposiciones legales, con el propósito de garantizar su más cumplida y estricta ejecución y asegurar el
cumplimiento de la voluntad general en ellas representada. En ese orden de ideas, los actos reglamentarios
no son más que unas normas jurídicas secundarias, inferiores y complementarias de la Ley, cuya alcance
es de suyo diferente del que es propio de los actos de regulación, cuya adopción, por regla general, se encuentra
reservada al legislador, aunque por excepción y en ciertas materias puntuales, la Carta también atribuye
potestades de regulación a determinadas autoridades administrativas (tal es el caso de las Comisiones de
Regulación de los servicios públicos domiciliarios, de la Junta Directiva del Banco de la República y la Comisión
Nacional de Televisión, etc.) (se precisa y destaca).

51

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

demandado ante esta Corporación en el proceso con radicación 11001-03-26-000-
2015-00174-00(55953), que se encuentra en trámite y a cargo del consejero de
Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales y cuyo expediente fue decretado como
prueba en este asunto147.

Por lo anterior, conviene señalar que esa disposición –Resolución No. 293 de 2015–
no está acusada en el presente asunto, ni forma parte de manera directa del
sustento de los cargos de nulidad invocados, ya que el fundamento jurídico que se
invocó expresamente en las diferentes demandas fueron normas de carácter
constitucional y legal –artículos 360 de la Constitución Política, 16 y 23 de la Ley
141 de 1994, 227 y 228 de la Ley 685 de 2001 y 15 de la Ley 1530 de 2012– y no
de carácter reglamentario148 de la Ley 1530 de 2012149, pese a que la parte
demandante hiciera alusión a la supuesta «ilegalidad» de dicha disposición.

En esas condiciones, tal como lo expresó el Ministerio Público en su concepto, la
Resolución No. 293 de 2015 «se encuentra investida de presunción de legalidad[150]
hasta tanto se profiera sentencia judicial que decida lo contrario»151 y en ninguna de
las demandas acumuladas se controvirtió o formuló pretensión alguna de manera
directa contra la legalidad de ese acto, ni se ofrecieron argumentos específicos que
permitan establecer un reproche concreto, circunstancia que escapa del presente
asunto e impide algún pronunciamiento de fondo sobre su supuesta «ilegalidad».

147 Cfr. SAMAI, índice 167 (exp. 58237). En desarrollo de la audiencia inicial, en el auto del decreto de pruebas.
148 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Op. Cit. Págs. 240 a 247.
149 Que reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.
150 Al respecto, un sector de la doctrina ha expresado: MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho
Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1975. Págs. 368 a 372. La “presunción de
legitimidad” consiste en la suposición de que el acto fue emitido “conforme a derecho”, es decir que su emisión
responde a todas las prescripciones legales. (…).
430. De la “presunción de legalidad” del acto administrativo se derivan consecuencias trascendentales:
1º En mérito a tal presunción, no es necesario que la “legitimidad” de dichos actos sea declarada por la autoridad
judicial.
2º. También en base a la expresada presunción, la nulidad de los actos administrativos no puede declararse de
oficio por los jueces.
3º. Quien pretenda la ilegitimidad o nulidad de un acto administrativo debe alegar y probar lo pertinente.
4º. Dado que la declaración judicial de “oficio” de la nulidad de un acto administrativo, violaría el principio de
separación de los poderes de gobierno, este principio queda a salvo si la intervención judicial lo es a pedido de
parte. De ahí –como lo dijo la Corte Suprema– que sean los interesados o administrados a quienes les
corresponde “constitucionalmente” tomar la iniciativa en esta materia, con exclusión de los miembros del Poder
Judicial.
431. La presunción de legitimidad que acompaña al acto administrativo no es una presunción “absoluta”, sino
una mera presunción “simple”: puede ser desvirtuada por el interesado, demostrando que el acto controvierte
al orden jurídico.
CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen Jurídico. Segunda edición. Editorial Temis.
Bogotá, 2013. Págs. 217 y 218. La segunda cuestión que vamos a examinar se vincula con la llamada
presunción de validez del acto administrativo, la que, por razones antes señaladas, resulta más correcto
denominar “presunción de legitimidad”. Esta figura, que marca un rasgo diferencial advertible con el Derecho
Civil, viene a presumir que el acto administrativo –en razón de las garantías objetivas y subjetivas que rodean
su emanación– se ha emitido de conformidad con el ordenamiento jurídico, por lo que, presumiéndose legítimo,
posee existencia válida hasta tanto sea declarada su invalidez.
151 Cfr. SAMAI, índice 213 (exp. 58237).

52

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tampoco se puede llegar a predicar la existencia de una nulidad por
consecuencia152 de los actos acá acusados con ocasión del referido proceso Rad.
55953153, ya que las particularidades de cada juicio los hace autónomos e
independientes, lo que también descarta una suspensión del presente proceso
acumulado por prejudicialidad154, tal como lo solicitaron en sus alegatos de
conclusión la parte demandante, la ANM y la UPME155, ya que, para hablar de esa
figura procesal «se requiere no la simple relación entre dos procesos, sino la
incidencia definitiva, necesaria y directa que la decisión que se tome en un proceso
tenga sobre la que se adopte en el otro, de modo tal que sea condicionante total o
particularmente del fallo que deba proferirse, criterio que es esencial para no
desnaturalizar el concepto y evitar el abuso que en alguna época y con fines
claramente dilatorios de la actuación se dio»156, aspecto que no ocurre en este
asunto.

Incluso, resulta importante considerar que la declaratoria de nulidad posterior del
acto reglamentario, si es que así se llegare a considerar en el proceso Rad. 55953,
no significaría la configuración del fenómeno del decaimiento157 de las resoluciones

152 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del

7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2004-01662-00, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 77. En efecto,
los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias conservan unidad jurídica con la
norma que autorizó las mismas, así como con los decretos a través de los cuales éstas se desarrollan; por ello,
declarada la inexequibilidad de la norma habilitante y el decreto ley respectivo con efectos ex tunc, los decretos
reglamentarios y actos administrativos derivados de ello deben seguir la misma suerte, independientemente de
que las reglas que consagren en su fuero interno sean o no constitucionales en sí mismas; de donde surge, no
sólo el fenómeno de decaimiento por la desaparición de su fundamento jurídico en los términos previstos en el
artículo 66 del C.C.A. -que opera de pleno derecho sin que requiera declaración judicial-, sino además, en sede
jurisdiccional, el decreto de su nulidad por consecuencia, como quiera que al preceder un pronunciamiento
proferido por la Corte Constitucional acerca de la inexequibilidad de las normas que le sirven de sustento, no
se exige al respecto un control integral de legalidad sino limitado a la revisión formal de la cadena de validez de
los actos afectados por la inconstitucionalidad de la norma base.
78. Por tanto, se concluye que en general el acaecimiento de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos por razón de la inexequibilidad con efectos ex tunc de las normas que, dictadas en uso de
facultades extraordinarias les conferían sustento normativo, ocasiona la nulidad por consecuencia de los
mismos, con los efectos propios otorgados a la decisión de inexequibilidad.
153 Radicación 11001-03-26-000-2015-00174-00, que se encuentra en trámite y a cargo del consejero de

Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales.
154 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de marzo de 1992, expediente N6026 [fundamento jurídico

3 y 4], C.P. Daniel Suarez Hernández, 3. El fenómeno procesal comúnmente llamado PREJUDICIALIDAD, trae
consigo la suspensión temporal de la competencia del juez en un caso concreto hasta tanto se decida otro
proceso cuya determinación tenga marcada incidencia en el que se suspende, de tal suerte que mediante tal
mecanismo se busca que no haya decisiones antagónicas, o al menos' contradictorias. El fin de la prejudicialidad
está dado en la uniformidad de la jurisdicción o aplicación concreta del derecho.
4. No siempre que en dos procesos se presenten identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa,
necesariamente deba concluirse que el proceso se suspenda hasta tanto se resuelva el otro. Las circunstancias
particulares que gobiernan cada juicio los hace autónomos e independientes.
155 Adicionalmente, tampoco se puede considerar que las solicitudes de suspensión por prejudicialidad de las

partes se enmarcan en el numeral 2 del artículo 161 del CGP, es decir, «de común acuerdo», ya que ello
requiere que las partes la formulen de manera conjunta y por un tiempo determinado, circunstancias que no
ocurrieron en el presente asunto, lo que descarta también la aplicación de dicha figura procesal.
156 LOPÉZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tercera edición. Editorial Tirant

lo Blanch. Bogotá, 2024. Págs. 909 y 910.
157 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos

Aires, 1975. Págs. 562. «505. Los medios de “extinción” del acto administrativo son: la derogación, la

53

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

acusadas, las cuales –valga precisar– son actos administrativos de carácter general
que desarrollan esa reglamentación, a través de la concreción de los mandatos
tanto del reglamento, como de la ley y la Constitución, por vía de otro acto general,
por la expulsión del ordenamiento de la normativa que le sirvió de sustento, ya que,
tal como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la desaparición
del fundamento jurídico del acto no afecta su validez, al conservar su presunción de
legalidad158.

42. Aclarado lo anterior, la Sala abordará el estudio de los actos acusados en los
términos del cargo planteado y en atención a la presunción de legalidad que
conserva la Resolución No. 293 de 2015 de la ANM159.

43. En primer lugar, es importante considerar que, como bien se reseñó, la
Constitución Política de 1991 –desde su redacción original– otorgó estatus
constitucional a la propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables –artículo 332160–, su aprovechamiento y desarrollo sostenible –artículo
80–, así como una contraprestación económica inherente a favor del Estado por su
explotación –artículos 331, 360 y 361–. No obstante, con la expedición del Acto
Legislativo 5 del 18 de julio de 2011, se constituyó el Sistema General de Regalías

revocación, la anulación, la caducidad, la rescisión, la renuncia, y el rescate. El primero de éstos refiérese a los
actos de contenido general (reglamento); los restantes a los actos de contenido individual o particular.
Algunos autores mencionan, además, como medios específicos de extinción del acto administrativo, la
“abrogación” y el “decaimiento”. No comparto estos puntos de vista. Tanto la abrogación como el decaimiento
no son otra cosa que supuestos de “revocación”, no constituyendo, por sí mismos, figuras específicas de
extinción de los actos administrativos. (…). // Un sector doctrinal, con referencia a la extinción del acto
administrativo, menciona como figura específica el “decaimiento”, que tendría lugar cuando se modifican o
llegaren a faltar los presupuestos de hecho que justificaron la emisión del acto. (…). // Considero que lo que los
autores agrupan bajo el rubro “decaimiento” queda involucrado en el concepto lato de acto “inoportuno”
(inoportunidad sobreviniente), lo que excluye la necesidad de una consideración especial al respecto».
158 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 julio de 2006, expediente 21051 [fundamento jurídico

1], C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En tal virtud la presunción de legalidad que ostentan los actos
administrativos tan sólo puede ser desvirtuada por el juez del acto, de suerte que el “decaimiento” del acto
administrativo no trae aparejado el juicio de validez del mismo, como tampoco que las situaciones particulares
y concretas surgidas al abrigo de una norma que tuvo fundamento en un acto general anulado padezcan una
suerte de “decaimiento subsiguiente”.
159 Se pone de presente que si bien en el proceso 55953, mediante auto del 26 de febrero de 2016, el despacho

sustanciador a cargo del consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa decretó medida cautelar
innominada «consistente en interpretar provisionalmente, el precepto del artículo 8º de la Resolución 293 de 15
de mayo de 2015 dictada por la Agencia Nacional de Minería – ANM bajo el entendido que su ámbito de
aplicación temporal sólo comprende las situaciones jurídicas que se presenten a futuro, excluyendo cualquier
suerte de retroactividad de lo allí prescrito». Esa determinación que fue revocada por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto del 24 de noviembre de 2016, y en su lugar denegó la solicitud
de suspensión provisional elevada por la parte actora.
Asimismo, a través de auto del 15 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador a cargo del consejero de
Estado Nicolás Yepes Corrales negó la medida cautelar de suspensión provisión de un aparte del artículo 8 de
la Resolución 293 de 2015 (visible a índice 260, SAMAI exp. 55953). Decisión contra la que no se interpuso
recurso alguno.
160 En concordancia con el artículo 333 de la Constitución que prevé: La actividad económica y la iniciativa

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley. (…)
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.

54

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

y se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política. Dicho cambio
normativo tuvo como fin actualizar el régimen de regalías y estableció lo siguiente:

Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor
del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las
condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución,
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación
de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no
renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistema General de Regalías.

Por ello, es claro que en este precepto se encargó al legislador para definir las
condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables y dispuso
que, en cualquier caso y sin perjuicio de otros derechos o compensaciones
acordadas, dicho aprovechamiento siempre generará una contraprestación
económica a favor del Estado, denominada regalía. Como también para establecer,
a través de otra ley, las condiciones de participación de los beneficiarios de esos
recursos –artículo 361 de la Constitución–.

44. En esa medida, no se observa que, en la disposición constitucional analizada,
modificada por el Acto Legislativo 5 de 2011, se establecieran unas condiciones
para la determinación del precio base de liquidación de las regalías, ya que dicho
aspecto correspondía desarrollarlo a la ley, junto con las demás condiciones para la
explotación de los recursos naturales no renovables, lo cual ocurrió con la
expedición de la Ley 1530 de 2012161, que se expidió precisamente para ajustar la
normativa legal a la modificación constitucional.

45. Por lo anterior, desde el punto de vista de los artículos 332, 360 y 361 de la
Constitución Política, no se estableció de manera expresa la forma en que se
determina el precio de las regalías por la explotación de los recursos naturales no
renovables, en particular el níquel. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional

161 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011. Además, la mencionada ley fue derogada a partir del 1 de enero de 2021
por la Ley 2056 de 2020 -artículo 221-, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 -correctivos y
sancionatorios- y 200 -preventivo- de la Ley 2056 de 2020 (promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30
de septiembre de 2020).

55

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

ha señalado que162:

(…) el régimen jurídico de las regalías se encuentra en parte constitucionalizado
pues, tal y como esta Corte lo ha destacado, la Carta establece un contenido
esencial del régimen de regalías que debe ser respetado por el Legislador. Sin
embargo, a pesar de esa constitucionalización parcial del régimen de regalías, la
Constitución no fija directamente muchos elementos de dicho régimen, pues no
establece los criterios para determinar cuál es el valor que deben tener esas
regalías ni regula detalladamente las formas de reparto. Por ello, en numerosas
sentencias, esta Corte ha indicado que el legislador goza de una amplia libertad
para fijar el monto de las regalías y determinar los derechos de participación de las
entidades territoriales en esas regalías163. Por ejemplo, la sentencia C-567 de 1995
precisó que “la ley puede determinar el monto y la (sic) cuantías de los derechos
de las entidades territoriales a participar en las regalías y compensaciones sobre
la explotación de los recursos naturales no renovables o, lo que es lo mismo, los
porcentajes de aquella participación.” Por su parte, la sentencia C-1548 de 2000,
Fundamento 6, recordó que “el Legislador goza de una muy amplia libertad para
fijar el monto de las regalías derivadas de la explotación de recursos no
renovables”.

46. Ahora, en relación con el supuesto desconocimiento de la normativa sobre
regalías, entre estas, la Ley 141 de 1994, Ley 685 de 2001, Ley 756 de 2002 y la
Ley 1530 de 2012, resulta importante destacar que, como se reseñó [Marco
normativo de la fijación de los precios base para liquidación de regalías generadas
por la explotación de níquel y en el análisis del primer cargo de nulidad], en la Ley
141 de 1994, por la cual se creó el Fondo Nacional de Regalías y su respectiva
Comisión, se reguló el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de
recursos naturales no renovables y se establecieron reglas para su liquidación.

Así, –se reitera– en el artículo 16 se señaló que la regalía por la explotación de
recursos naturales no renovables de propiedad nacional corresponde a un
porcentaje determinado sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o
pozo164, mientras que el artículo 23 estableció que para la liquidación de regalías
por la explotación de níquel, se debía tener como base el promedio ponderado del
precio FOB en puertos colombianos en el trimestre inmediatamente anterior,
haciendo las respectivas deducciones previstas en esa legislación.

162 Corte Constitucional, sentencia C-1087 del 3 de noviembre de 2004 [fundamento jurídico 5], M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto. Criterio reiterado en sentencia C-800 del 20 de agosto de 2008 [fundamento jurídico 3],
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
163
Original de cita: Ver, entre otras, las sentencias C-576 de 1995, C-221 de 1997, C-127 de 2000, C-207 de
2000 y C-293 de 2000.
164 Ley 141 de 1994. Artículo 16. Monto de las regalías. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de

2002. El nuevo texto es el siguiente:> Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según
corresponda, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: // Carbón (explotación mayor a 3 millones
de toneladas anuales) 10% // Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5% // Níquel 12%
// Hierro y cobre 5% // Oro y plata 4% // Oro de aluvión en contratos de concesión 6% // Platino 5% // Sal 12%
// Calizas, yesos, arcillas y grava 1% // Minerales radioactivos 10% // Minerales metálicos 5% // Minerales no
metálicos 3% // Materiales de construcción 1% (…).

56

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

47. Por su parte, la Ley 685 de 2001 –Código de Minas– determinó en su artículo
227 que de conformidad con los artículos 58, 332165 y 360 de la Constitución Política,
toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera
una regalía como contraprestación obligatoria, la cual consiste en un porcentaje, fijo
o progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus
subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero
o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.

48. De esta manera, como se analizó en el acápite precedente, la Ley 1530 de
2012166, por la cual se reguló la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías, estableció, entre otros aspectos, que –artículo 12– para los
efectos previstos en el artículo 360 de la Constitución Política, el ciclo de generación
de regalías y compensaciones comprende las actividades de fiscalización,
liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros a los beneficiarios de las
asignaciones y compensaciones directas.

Por ello, en relación con la liquidación de las regalías –artículo 14–, se dispuso que
se entendía como el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas
con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período
determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación,
tasa representativa del mercado y porcentajes de participación de regalía por
recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley y en los
contratos. Además, previó que «Las regalías se causan al momento en que se
extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina
y en borde de mina».

49. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha

165 En concordancia con el artículo 333 de la Constitución que prevé: La actividad económica y la iniciativa

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley. (…)
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
166 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011. Además, la mencionada ley fue derogada a partir del 1 de enero de 2021
por la Ley 2056 de 2020 -artículo 221-, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 -correctivos y
sancionatorios- y 200 -preventivo- de la Ley 2056 de 2020 (promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30
de septiembre de 2020).

57

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

considerado que:

(…) el legislador encuentra un espacio para desarrollar el concepto de regalía en
el ordenamiento jurídico colombiano, siempre, se reitera, en acuerdo con los
elementos que son definidos en el nivel constitucional. En ejercicio de esta facultad
se previó en el artículo 16 de la ley 756 de 2002 el monto al que ascenderían las
regalías; en el artículo 16 de la ley 1530 de 2012 que las mismas puedan ser
pagadas en dinero o en especie; y en el artículo 15 del mismo cuerpo normativo la
forma en que las mismas se liquidarán. Respecto de este último punto se prevé
que para establecer el valor de las regalías se “tendrán en cuenta la relación entre
producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte,
manejo, trasiego, refinación y comercialización, según corresponda con el objeto
de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a los precios en
borde o boca de pozo o mina” y dicha determinación se realizará por actos
administrativos que, a su vez, sigan las pautas dadas por el legislador.
(…)
137. La regalía es una obligación cuya fuente es la Constitución Política. En el
caso de las regalías, el mandato imperativo previsto en el artículo 360 de la
Constitución Política es la fuente de la obligación de pago de las regalías. Sea cual
fuere el mecanismo que escoja el legislador para explotar los RNNR [Recurso
Naturales No Renovables], en todos los casos en los que se cumpla la condición,
cual es la explotación de RNNR, se causará el derecho a favor del Estado de
percibir una regalía.

138. En suma, las regalías se causan siempre por efecto de la explotación. Esta
actividad consiste en extraer el recurso del suelo o el subsuelo, donde es propiedad
estatal, para luego trasladarlo a la boca del pozo, la boca o borde de mina, donde
pasa a ser de propiedad del explotador. Allí, en virtud del éxito en la explotación,
el particular explotador se convierte en titular de la propiedad del RNNR y en
deudor de un nuevo crédito, la regalía.
(…)
141. En contraste, en razón de la condición prevista en el artículo 360 de la
Constitución, el valor a pagar por concepto de regalía no depende del precio
efectivamente conseguido en el mercado, ni la comercialización es condición para
el nacimiento de la obligación. En este sentido, incluso en el evento en el que el
bien no fuera comercializado, el solo hecho de explotar el RNNR es el que da lugar
a la causación del derecho del Estado a percibir la contraprestación a título de
regalía y del explotador a pagarla.

142. En suma, analizados los artículos 80, 102, 332, 360 y 361 de la Constitución
Política, la Sala Plena concluye que las regalías son un derecho diferente al
derecho de propiedad que el Estado ostenta sobre los RNNR, consiste en una
contraprestación económica, que se causa a favor del Estado por efecto de la
explotación de los RNNR. De modo que la totalidad del RNNR explotado se
transmite del Estado al explotador a boca de pozo, boca o borde de mina según
corresponda, y se causa por efecto de esa explotación un derecho nuevo
denominado regalía. No es cierto que por mandato constitucional el Estado deba
conservar una porción de los RNNR explotados por los particulares autorizados
con ese propósito. Por el contrario, para la Corte es claro que, como resultado de
su explotación por un tercero, la propiedad estatal de los RNNR se transforma en
un derecho diferente al de la propiedad: el de la contraprestación económica
llamada regalía 167 (se precisa).

50. En efecto, a partir de la normativa y jurisprudencia en comento, la regalía es una

167 Corte Constitucional, sentencia C-489 del 16 de noviembre de 2023 [fundamento jurídico C.], M.P. Jorge

Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger.

58

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de los recursos
naturales no renovables que se causa al momento en que se extraen dichos
recursos, la cual no tiene una connotación limitada, sino que debe atender a las
especificidades y procesos de cada tipo de recurso. Por ello, el legislador, facultado
por la Constitución, a través de la Ley 1530 de 2012, estableció que la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería señalarían, mediante
actos administrativos de carácter general, los términos y condiciones –parámetros–
para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y
compensaciones. «Para tal efecto, se debían tener en cuenta la relación entre
producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los costos de
transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según corresponda con
el objeto de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a los
precios en borde o boca de pozo o mina»168 (se destaca).

51. En cumplimiento de lo anterior, la ANM expidió la Resolución No. 293 de 2015,
por la cual estableció los términos y condiciones para la determinación de los
precios base de liquidación de las regalías y compensaciones por la explotación de
níquel, en la que se determinó, entre varios aspectos, lo siguiente:

1. Precio Base de Liquidación de Regalías y Compensaciones de Níquel (PBLRN)
[literal a) del artículo 2 de la Resolución No. 293 de 2015]: Es el precio base para la
liquidación de las regalías y compensaciones de Niquel, en pesos colombianos por
Libra de Niquel, de conformidad con lo establecido en los artículos 16, 23 y 26 de la
Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002.

El PBLRN deberá establecerse tomando como referencia el promedio aritmético
mensual del precio internacional que fije para este metal la Bolsa de Metales de
Londres (LME) en su versión al cierre de la tarde más un promedio mensual simple
de las primas de mercado libre de Europa y Estados Unidos publicadas en el “Metal
Bulletin”, en el trimestre inmediatamente anterior al período de liquidación,
descontando el transporte externo y el valor de los costos deducibles establecidos
en la Ley, siguiendo el procedimiento y las fórmulas definidas en la presente
resolución.

La conversión de la moneda extranjera a pesos colombianos se hará tomando como
base la tasa de cambio representativa del mercado promedio del trimestre
inmediatamente anterior al del periodo en el cual se liquidará las regalías y
compensaciones.

2. Precio Internacional del Níquel (PTIN) [literal b) del artículo 2 de la Resolución No.
293 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución No. 315 de 2018]: Es la
suma del precio promedio aritmético mensual de la libra de níquel, en dólares de los
Estados Unidos de América, para ventas a tres (3) meses, registrado en la Bolsa de
Metales de Londres (LME), más el promedio aritmético de las primas promedio
establecidas en los mercados libres de Europa y Norteamérica en el mes respectivo,
en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo

168 Ley 1530 de 2012. Artículo 15, inciso 2.

59

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de liquidación calculado así:

PTIN = Prom Mes LME + Promedio (Prom Prima Merc Eur: Prom Prima Merc USA)

Donde:

Prom Mes LME: Promedio aritmético mensual del precio de la libra de níquel, en
dólares de los Estados Unidos de América, para ventas a tres (3) meses en la Bolsa
de Metales de Londres (LME). Se determina para cada uno de los meses que
comprende el trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación.

Prom Prima Merc Eur: Promedio aritmético mensual de la prima de mercado libre
de Europa que corresponde al promedio mensual de las primas pagadas más bajas
y el promedio mensual de las primas pagadas más altas, en dólares de los Estados
Unidos de América por libra de níquel, para la compraventa de níquel tipo
“briquettes” publicado en el “Metal Bulletin”

Prom Prima Mer Usa: Promedio aritmético mensual de la prima de mercado libre de
América que corresponde al promedio mensual de las primas pagadas más bajas y
el promedio mensual de las primas pagadas más altas, en dólares de los Estados
Unidos de América por libra de níquel, para la compraventa de níquel tipo
“briquettes” publicado en el “Metal Bulletin”

3. Costo transporte externo (Te) [literal c) del artículo 2 de la Resolución No. 293 de
2015]: Corresponde al promedio aritmético de los costos mensuales de transporte
de la Libra de Níquel, como costo de los fletes marítimos en cada uno los meses
correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación,
determinado como el menor valor entre:

• El costo promedio mensual del flete por Libra de Níquel en cada uno de los
despachos realizados, ponderado por volumen, reportado por la empresa
exportadora.

• El costo de los fletes marítimos en cada uno los meses correspondientes al
trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, desde el
puerto de origen en Colombia hasta la bodega de LME ubicada en New
Orleans — Estados Unidos de América. La tarifa o flete por Libra de Níquel
del día base será ajustada con la variación del índice BDI - Baltic Dry Index.
El BDI mide la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cierran
en las principales rutas marítimas mundiales. El día base corresponderá al
día cero a partir del cual comience a aplicarse la metodología. A partir de
este día, se ajustarán las tarifas de flete con base en la variación del índice
BDI promedio mensual, de la siguiente forma:

Donde:
Flete0: Tarifa o flete por Libra de Níquel del día base
BDI0: -Baltic Dry Index-, Valor del índice BDI del día tomado como base
TBDI: Promedio mensual del índice BDI

4. Precio FOB de Níquel (FOB) [artículo 2 de la Resolución No. 293 de 2015]:
Corresponde al precio promedio mensual del Níquel, en pesos colombianos por
Libra de Níquel exportado, en el puerto de salida colombiano cargado en el barco o
en el medio de transporte usado, es decir, el Precio Internacional del Níquel (PTIN),
habiéndole descontado los costos de transporte externo y seguros
correspondientes, calculado para cada uno de los meses correspondientes al

60

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, así:

FOB = PTIN – Te

Se calcula para cada uno de los meses que comprende el trimestre inmediatamente
anterior al del periodo de liquidación.

5. Boca o Borde de Mina [literal e) del artículo 2 de la Resolución No. 293 de 2015]
Sitio en superficie por donde se accede a un yacimiento mineral. Para los efectos
de la presente resolución, se asumirá este sitio como la zona o área donde finalizan
las operaciones mineras e inicia el proceso de transformación o beneficio.

6. La fórmula para la determinación del Precio Base para Liquidación de Regalías de
Níquel (PBLRN) [artículo 3 de la Resolución No. 293 de 2015, aclarado por el
artículo 1 de la Resolución No. 778 de 2015], en pesos colombianos por Libra de
Níquel, se obtiene como la diferencia entre el promedio trimestral ponderado del
precio FOB del Níquel en puertos colombianos (PFOB) y el monto equivalente al
75% de los Costos de Procesamiento en Horno (CPH), Costos de Manejo (CM),
Costos de Transporte y Portuarios (CTP), aplicando la siguiente ecuación:

Donde:
PFOB, CPH, CM, CTP: Definidos en los literales g), h) e i) del Artículo 2° de la
presente resolución
t: periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de
liquidación de regalías de Níquel. (Se precisa).

En concordancia, la UPME expidió las Resoluciones No. 600 y 855 de 2015; No.
388 de 2016; No. 153, 364 y 818 de 2017; No. 533 y 762 de 2018; No. 118 y 652 de
2019; No. 098, 135, 234 y 395 de 2020; y No. 078 de 2021, actos en los que se fijó
el precio base de ese mineral –en un período dado–.

52. En el presente asunto, –se insiste– no se puede obviar que el legislador –
artículo 15 de la Ley 1530 de 2012– facultó a la ANM para expedir el reglamento169-
170, es decir, definir los términos y condiciones para la determinación de los precios

base de liquidación de las regalías y compensaciones, potestad que se otorgó de
manera amplia, lo cual autorizaba la incorporación de parámetros técnicos para
asegurar la estabilidad, simetría y razonabilidad171 en la determinación del precio en
boca o pozo de mina, como ocurrió con la Resolución No. 293 de 2015, al disponer

169
CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen Jurídico. Op. Cit. Pág.120.
170 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Op. Cit. Págs. 240 a 247.
171 Sobre este aspecto, resulta importante destacar que los cambios normativos introducidos en las leyes 1530

de 2012 y 2056 de 2020, tuvieron como fin tener una mejor medida del costo de oportunidad para el productor
y adecuar la regulación colombiana a la internacional, lo que permitiría que los precios finales al consumidor
reflejaran plenamente el costo de oportunidad de su venta local mediante la transmisión completa de la
variación de los precios internacionales a los precios internos, tal como ocurrió con la política de precios de los
combustibles del país. Al respecto consultar: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Borradores de
Economía No. 581. RINCÓN, Hernán. Precios de los combustibles e inflación. 2009. Recuperado en el enlace:
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5598).

61

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

que, como variable para obtener el precio FOB, se debía tener en cuenta el «Precio
Internacional del Níquel (PTIN)», el cual es «la suma del precio promedio aritmético
mensual de la libra de níquel, en dólares de los Estados Unidos de América, para
ventas a tres (3) meses, registrado en la Bolsa de Metales de Londres (LME), más
el promedio aritmético de las primas promedio establecidas en los mercados libres
de Europa y Norteamérica en el mes respectivo, en los meses correspondientes al
trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación», que constituye,
atendiendo las particularidades de ese tipo de mineral, un desarrollo metodológico
permitido por la normativa, ya que establece un parámetro de fijación del precio
base sin alterar el punto de causación ni la estructura legal de la contraprestación
económica por la explotación del níquel.

53. En ese sentido, se tiene el testimonio del ingeniero Jaime Alonso García
Arango172, funcionario de la ANM, que para la época de la declaración se
desempeñaba como gerente de regalías y contraprestaciones económicas, en el
que se indicó que la Agencia Nacional de Minería era la entidad responsable de
expedir la resolución donde fijaron los criterios, los lineamientos y la fórmula para
poder obtener el precio base de liquidación de las regalías. En ese acto –Resolución
No. 293 de 2015– se incorporaron diversos elementos destinados a determinar el
valor del precio base para la liquidación de las regalías, empleando para ello la
información técnica más adecuada y disponible.

Por ello, estableció que se debía tener en cuenta el precio FOB en puerto
colombiano, como lo ordena el artículo 23 de la Ley 141 de 1994, y, para poder
llegar a ese precio FOB de puerto colombiano, lo que hizo fue tomar como referencia
o valor base, el precio internacional de níquel, el cual lo tomó bajo unos precios de
referencia de la bolsa de Londres (LME173) más unas primas dentro de precio de
mercado en Europa y en Estados Unidos, y a ese precio internacional, se le
descontó todos los costos de transporte externo. Así, el Precio Internacional del
Níquel (PTIN), tiene como variable el LME, precio internacional de Londres, siendo
una referencia que se tiene en cuenta y a la que se le aplican los descuentos
contemplados en la ley, de tal manera que se pueda llegar al precio FOB en puerto
colombiano, a partir de este precio de referencia internacional menos todos los

172 Cfr. SAMAI, índice 182 (exp. 58237). Audiencia de pruebas del 27 de febrero de 2023, minuto 0:42:27 a

1:18:08. Frente al testimonio rendido resulta importante destacar que no se limitó exclusivamente a los hechos
de la demanda, sino que se pretendió abarcar criterios jurídicos de la controversia -aspecto que compete
exclusivamente al juez de la causa-, y un componente de opinión de los declarantes sobre la correcta aplicación
o no de la metodología establecida por la ANM en los actos cuestionados.
173 London Metal Exchange. Enlace: https://www.lme.com/.

62

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

descuentos previstos.

54. Asimismo, en relación con la variable (LME) para obtener el precio FOB del
níquel, conviene destacar que, tal como lo mencionó el Ministerio Público en su
concepto174 (transcripción literal):

El precio acordado contractualmente con Cerro Matoso partía de la liquidación
LME como precio de referencia, esto, desde la modificación al contrato original de
la concesión No. 866 o contrato adicional del 22 de julio de 1970, se estableció en
la cláusula décima sexta (16) la obligación de pagar al Gobierno Nacional una
regalía del ocho por ciento (8%) del valor que tenga en boca de mina el producto
del mineral de níquel extraído. indicándose, que para determinar dicho valor se
tendrán en cuenta los precios de los mercados internacionales para el níquel
contenido en el ferroníquel o en los productos más avanzados de que se trate, y
de ellos se deducirán los costos de transporte interno y externo, los costos de
procesamiento y todos aquellos que se causen después de la explotación del
mineral.

Posteriormente, mediante el Acuerdo del cinco (5) de agosto de 1985, suscrito por
el Ministro de Minas y Petróleos y el Gerente de Cerro Matoso SA, se determinaron
con mayor precisión los factores y procedimientos que deben tenerse en cuenta
para liquidar y pagar la regalía y compensaciones económicas. Para este efecto,
se acordó una fórmula matemática cuyo resultado (R) es el monto de la regalía
trimestral, obtenido como el valor en boca de mina (Vbm) del producto bruto del
mineral extraído (Medido en libras de níquel), multiplicado por el porcentaje de
regalía vigente y por el precio de referencia, esto es, el LME.

Igualmente, la ANM175 expuso que la fórmula planteada en el acto reglamentario –
Resolución No. 239 de 2015– «guarda coherencia con la metodología, usada por
Cerro Matoso para la valoración de su producción. Basta con verificar el cálculo de
la garantía presentada por Cerro Matoso en Ejecución del Contrato, donde
claramente se identifica que el valor de la producción corresponde a la multiplicación
de las libras de níquel producidas, contenidas en el ferroníquel por el precio del
LME». Agregó que (transcripción literal):

desde la modificación al contrato original de la concesión No. 866 o contrato
adicional del 22 de julio de 1970, según la cual, en la cláusula décima sexta (16)
se establecía la obligación de pagar al Gobierno Nacional una regalía del ocho por
ciento (8%) del valor que tenga en boca de mina el producto del mineral de níquel
extraído. Para determinar dicho valor se tendrán en cuenta los precios de los
mercados internacionales para el níquel contenido en el ferroníquel o en los
productos más avanzados de que se trate, y de ellos se deducirán los costos de
transporte interno y externo, los costos de procesamiento y todos aquellos que se
causen después de la explotación del mineral.
(…)

174 Cfr. SAMAI, índice 213 (exp. 58237).
175 Folios 167 a 182 del cuaderno principal (exp. 58237); folios 103 a 119 del cuaderno principal (exp. 56841);

folios 274 a 297 (exp. 60029); folios 299 a 307 (exp. 62005); folios 137 a 145 del cuaderno principal (63674);
folios 97 a 106 (exp. 64988); índice 69 SAMAI (exp. 58237, ac. 66404); índice 96 (exp. 58237, ac. 66169); índice
10 SAMAI (exp. 67257).

63

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Lo anterior indica claramente que el pago de contraprestaciones económicas
derivadas de la explotación de níquel en Colombia ha estado siempre referenciado
a un precio internacional, particularmente el LME. El análisis de las fuentes de
datos disponibles indica que los precios oficiales diarios para liquidaciones en
efectivo en el LME por libra de níquel, son los que se utilizan de manera general
como fijadores del precio (“Benchmark prices”) para el comercio internacional.

Por lo anterior, se evidencia que la inclusión de variables del mercado internacional
del níquel no resultaban ajenas o extrañas para la parte demandante al momento
de establecer el monto de regalías por la explotación del níquel, ya que con
anterioridad se había establecido en los contratos de concesión, parámetro que fue
utilizado por la UPME al momento de expedir las resoluciones acusadas en las que
se fijó el precio base de ese mineral –en un período dado–, en concordancia con la
reglamentación –Resolución No. 293 de 2015– expedida por la ANM.

55. También, conviene destacar que la inclusión de ese tipo de variable –LME– no
es exclusiva para la determinación del precio base de liquidación de regalías de
níquel, sino que también ha sido utilizada por la ANM como parámetro para ese
mismo fin en otros minerales. Así, se tiene que en la Resolución 848 de 2013, dentro
de la metodología para establecer el precio base de los minerales de hierro y demás
minerales metálicos, ha previsto lo siguiente:

Artículo 5º. Precios de las piedras y metales preciosos, minerales de hierro,
minerales metálicos y polimetálicos. A efectos de establecer los precios base de la
liquidación de regalías y compensaciones de las piedras y metales preciosos,
minerales de hierro, minerales metálicos y polimetálicos, se deberá tener en cuenta
las siguientes reglas:
(…)
2. Dependiendo de la información disponible, la oferta de mineral y la
comercialización de los minerales de hierro y los demás minerales metálicos, para
la fijación de precios, la UPME determinará la pertinencia en la utilización de una
sola o la combinación de varias de las siguientes metodologías:

i) El promedio del precio de venta internacional publicado por el London Metal
Exchange Bulletin o la publicación seleccionada por la UPME, como indicador
internacional del precio del mineral del trimestre inmediatamente anterior, con un
descuento del veinte por ciento (20%). En el evento de que disponga de estudios
sobre costos de transporte, fletes, manejo y portuarios para el mineral de
exportación, la UPME podrá aplicar un descuento menor al veinte por ciento (20%);
(…).

Lo cual, guarda concordancia, incluso, con la legislación actual –Ley 2056 de
2020176– en la que –artículo 19–, frente a los precios base de liquidación de regalías
y compensaciones, estableció que en «la metodología para la fijación del precio

176 Promulgada en el Diario Oficial 51.453 del 30 de septiembre de 2020, la cual empezó a regir a partir del 1

de enero de 2021 -artículo 211-.

64

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

base de liquidación y pago de las regalías y compensaciones la establecerá (…) la
Agencia Nacional de Minería (…) tomando como base un precio internacional de
referencia, sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes».

56. En ese orden de ideas, la normativa sobre esta materia –Leyes 141 de 1994,
685 de 2001, 756 de 2002 y 1530 de 2012–, en concordancia con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional177, dispone que la regalía se causa al momento en que
se extraen dichos recursos, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en borde
de mina, lo cual para efectos del níquel corresponde al sitio como la zona o área
donde finalizan las operaciones mineras e inicia el proceso de transformación o
beneficio178, sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes, no se puede
desconocer que corresponde a la autoridad minera atender a las particularidades
de cada mineral179 –como ocurre con la definición de boca de mina para el níquel–
y tener en cuenta la relación entre producto exportado y de consumo nacional,
deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y
comercialización, según corresponda, con la finalidad u objetivo de establecer la
definición técnicamente apropiada para llegar a esos precios. Último aspecto que
ocurrió en este caso, sin que se pueda pasar por alto que, tal como lo ha
considerado la Sección Tercera del Consejo de Estado180:

En efecto, con base en el artículo 360 de la Constitución Política, se recuerda que
el tribunal constitucional esbozó los alcances de esa regalía, más allá de la
definición técnica del concepto, como el cobro que “debe compensar para la
sociedad los efectos de la explotación de los recursos naturales no renovables”,
por lo que en tratándose de una contraprestación, el porcentaje a pagar por
concepto de regalía no podía ser el mismo, pues no siempre, desde el punto
de vista positivo del concepto, la prestación será la misma (se destaca).

57. Además, no se puede pasar por alto que correspondía a la UPME, en
concordancia con el Decreto 4130 de 2011181 y el Decreto 1258 de 2013182, fijar los
precios de los diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías, para

177 Al respecto se pueden consultar: Corte Constitucional, sentencia C-1087 del 3 de noviembre de 2004, M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto; sentencia C-800 del 20 de agosto de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
sentencia C-1055 del 6 de diciembre de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada; sentencia C-489 del 16 de noviembre
de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
178 Literal e) del artículo 2 de la Resolución 293 de 2015.
179 Corte Constitucional, sentencia C-669 del 20 de agosto de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. La reglamentación

que la norma deja en manos el Gobierno deberá obedecer, no sobra reiterar, a criterios objetivos y a parámetros
razonables y proporcionales, dentro de los que se destacan necesariamente las (sic) costos ambientales y el
beneficio social que genere la explotación de cada uno de esos recursos.
180 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 47828

[fundamento jurídico 6.2], C.P. María Adriana Marín.
181 Expedido en virtud de la Ley 1444 de 2011, por la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas

facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública
y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
182 Expedido por el Ministerio de Minas, por el cual se modifica la estructura la Unidad de Planeación Minero

Energética (UPME).

65

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

lo cual debía atender la reglamentación, en particular, la fórmula para establecer el
precio base de liquidación de regalías del níquel proferida por la ANM, en la que se
definió, mediante un acto administrativo de carácter general, «los términos y
condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías
y compensaciones», y en la que se debía tener en cuenta la relación entre producto
exportado y de consumo nacional, lo que habilitaba a la ANM para incluir variables
internacionales a fin de atender dicho mandato legal, ya que tal como lo ha
considerado la Corte Constitucional, es el legislador el que «goza de una muy
amplia libertad para fijar el monto de las regalías derivadas de la explotación de
recursos no renovables»183, por lo que la reglamentación debe estar acorde con la
normativa sobre la materia y encuentra su límite en esta, sin que se demostrara que
con la expedición de los actos acusados se infringiera la normativa sobre regalías.

58. Por consiguiente, la Subsección considera que en las Resoluciones acusadas –
No. 600 y 855 de 2015; No. 388 de 2016; No. 153, 364 y 818 de 2017; No. 533 y
762 de 2018; No. 118 y 652 de 2019; No. 098, 135, 234 y 395 de 2020; y No. 078
de 2021–, no se reconfigura la base de la regalía, sino que se dio aplicación a un
parámetro técnico autorizado por la ley para garantizar que el precio base se
mantenga dentro de márgenes razonables y comparables, en cumplimiento del
mandato de establecer «términos y condiciones» para su determinación, lo cual
incluye tener en cuenta variables de mercados internacionales como referencia y
así asegurar una definición técnicamente apropiada para determinar el precio base
de liquidación de regalías, en esa medida esta segunda censura de nulidad tampoco
tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, se negarán las demás
pretensiones de las demandas.

Con todo, la Sala advierte que no resulta procedente abordar algún análisis sobre
la reparación del daño alegado por la parte demandante, toda vez que dicho
aspecto, en los términos del artículo 138 del CPACA –en concordancia con el
artículo 137, ibidem– sólo es viable en caso de que prosperen las pretensiones de
nulidad invocada, lo cual no ocurrió en el presente asunto.

Condena en costas

59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por

183 Corte Constitucional, sentencia C-1548 del 21 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

66

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

el CGP. A su turno, en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso; además, el numeral 8 prevé
que sólo se reconocerán «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».

De acuerdo con el artículo 361 del CGP, las costas «están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho», estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada instancia por
las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, que,
para este asunto, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016,
vigente para la fecha de presentación de la demanda principal –26 de octubre de
2016–184.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

60. En el caso, en los términos de la ley, corresponde condenar en costas, en única
instancia, a la parte que resultó vencida en el proceso. Además, se advierte que la
parte demandada –conformada por la Unidad de Planeación Minero Energética y la
Agencia Nacional de Minería– contestó la demanda, solicitó pruebas, asistió a las
audiencias y alegó de conclusión, por lo que se encuentra acreditada su gestión en
el proceso.

En virtud de lo anterior, la Sala fijará como agencias en derecho185, en única
instancia, la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes –
SMLMV– a la fecha de expedición de la presente sentencia, a cargo de la sociedad
Cerro Matoso SA, en favor de la Unidad de Planeación Minero Energética y la
Agencia Nacional de Minería, cifra que se dividirá en partes iguales entre las
entidades demandadas. Para la liquidación de las costas, ésta se hará en los
términos del artículo 366 del CGP.

IV. PARTE RESOLUTIVA

184 Primera página del cuaderno principal expediente 58237.
185 En aplicación del literal b, numeral 1, artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido

por Consejo Superior de la Judicatura.

67

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
de Estado doctor Nicolás Yepes Corrales y, como consecuencia, separarlo del
conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Agencia
Nacional de Minería–ANM y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y San Jorge –coadyuvante por pasiva–, de conformidad con lo expuesto en la
presente providencia.

TERCERO: NEGAR la nulidad de los actos acusados –Resoluciones No. 600 y 855
de 2015; No. 388 de 2016; No. 153, 364 y 818 de 2017; No. 533 y 762 de 2018; No.
118 y 652 de 2019; No. 098, 135, 234 y 395 de 2020; y No. 078 de 2021–, proferidas
por la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, con fundamento en las
razones advertidas en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de las demandas, de conformidad por
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: CONDENAR en costas, en única instancia, a la parte demandante –Cerro
Matoso SA–, las cuales serán liquidadas en los términos del artículo 366 del CGP.
Para el efecto, las agencias en derecho en única instancia se fijan en la suma de
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes–SMLMV a la fecha de
expedición de la presente sentencia, a cargo de la sociedad Cerro Matoso S.A. y en
favor de la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME y Agencia Nacional de
Minería–ANM, cifra que se dividirá en partes iguales entre las entidades
demandadas.

Por Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, una vez ejecutoriado el
presente proveído, LIQUIDAR las costas, en única instancia, en los términos del
artículo 366 del CGP.

68

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00166-00 (58237)
Acumulado
Demandante: Cerro Matoso SA
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR, con destino a las
partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las
copias destinadas a la parte demandada serán entregadas al apoderado judicial que
ha venido actuando.

SÉPTIMO: El cumplimiento de la presente sentencia deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 305 y 306 del Código General del
Proceso, dada la naturaleza jurídica de la parte demandante –sociedad Cerro
Matoso S.A.– y que fue condenada en costas en el presente asunto.

OCTAVO: RECONOCER personería al abogado Alfonso Leonardo Tovar Díaz,
portador de la Tarjeta Profesional No. 166.431 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderado de la ANM, en los términos del poder que
obra a índice 261 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOVENO: Por secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, REMITIR
copia de la presente sentencia al proceso con radicación 11001-03-26-000-2015-
00174-00(55953), que se encuentra a cargo del consejero de Estado, doctor Nicolás
Yepes Corrales.

DÉCIMO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el proceso
de la referencia, previas anotaciones de rigor en el sistema de gestión judicial
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE186
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

VF

186 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que

se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

69

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.