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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00174-00

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00174-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase la nulidad de la Resolución no. 00511-15 del 30 de diciembre de 1996, expedida por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá. 2º) Niéganse las demás pretensiones de la demanda. 3°) Sin condena en costas. 20 Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368) Actor: José Hernán Suárez González Nulidad simple – única instancia 4°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2016-00174-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de septiembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: JOSÉ HERNÁN SUÁREZ GONZÁLEZ
Demandados: CORPOBOYACÁ Y DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
Medio de control: NULIDAD SIMPLE – ÚNICA INSTANCIA
Asunto: MINERO

Síntesis del caso: se pretende la nulidad de unas resoluciones expedidas por las entidades
demandadas por medio de las cuales se dio viabilidad ambiental y licencia minera a unos
particulares para la explotación de una mina de areniscas y arcillas en jurisdicción del municipio
de Sogamoso (Boyacá), por considerar la parte demandante que se expidieron de manera
irregular por no haber vinculado al proceso administrativo a los habitantes del sector como
presuntos afectados, lo que implicó una violación del debido proceso; también por infracción a
las normas en que debían fundarse, debido a que no se establecieron los impactos ambientales
y las medidas preventivas para estos y, porque no hubo correlación entre la viabilidad ambiental
y la licencia minera por cuanto la primera se concedió por 4 años en tanto la segunda se otorgó
por 10 años, aunado al hecho de que la primera se le concedió a una persona y la segunda
incluyó a otra persona adicional.

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad simple formulada por
el señor José Hernán Suárez González en contra de la Resolución no. 834 del
30 de diciembre de 1996 expedida por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá (en adelante CORPOBAYACÁ) “por la cual se concede viabilidad
ambiental a una explotación minera y se impone un plan de manejo ambiental,
restauración y abandono”, así como también en contra de la Resolución no.
00511-15 de la misma fecha a través de la cual la Secretaría de Minas y Energía
de la Gobernación de Boyacá otorgó una licencia para la explotación de un
yacimiento de “areniscas, arcillas” en el municipio de Sogamoso (Boyacá) a
unos particulares.

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2002 (fl. 49 respaldo cdno. 1), el
señor José Hernán Suárez González promovió demanda de nulidad simple en
contra de CORPOBOYACÁ, el Departamento de Boyacá y los señores Luis
Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio Méndez con las siguientes súplicas:

“2.1.- Se declare la nulidad de la resolución número 834 de diciembre
30 de 1996 por la cual el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- concedió
viabilidad ambiental por el término improrrogable de CUATRO (4
años) para la explotación de la mina La Quinta localizada en la
vereda El Cyral, municipio de Sogamoso, al mismo tiempo impone
un plan de manejo ambiental, restauración y abandono; siendo
beneficiario el señor LUIS ALBERTO CALDERÓN.

2.2.- Se declare la nulidad de la resolución número 00511-15 de
diciembre 30 de 1996 por la cual el Secretario de Minas y Energía de
Boyacá, otorga por el término de DIEZ (10) años la licencia H-0034
a los señores LUIS ALBERTO CALDERÓN y ÁNGEL OCTAVIO
MENDOZA, para la explotación de un yacimiento de areniscas, arcilla
ubicado en jurisdicción del municipio de Sogamoso con una
extensión de dos (2) hectáreas con 83.01 metros.” (fl. 40 cdno. 1 –
mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) Luego de expedidos los actos demandados y a pesar de las obligaciones
adquiridas por los beneficiarios de las licencias, ellos no las han cumplido, pues,
han extraído material para la construcción (recebo y arena) con uso de
explosivos (ANFO) y métodos artesanales con lo cual han causado graves
daños al medio ambiente, la salud y bienes de los vecinos del sector, debido a
que las explosiones causan daños en los oídos de los adultos y niños y las
casas de habitación han sufrido deterioros, además, “la deforestación y tala de
bosques es alarmante”.

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

2) A pesar de varias peticiones elevadas por los habitantes a distintas
autoridades, hasta la fecha no han adoptado “los mecanismos pertinentes para
solucionar el problema”.

3) En el plan de manejo ambiental se establece que el sistema de explotación
se debe realizar por escalones hasta obtener un sistema de bancos con el fin
de reducir la cara del talud final, recomienda tener en cuenta parámetros
técnicos de medición y, una vez finalizada la explotación de las áreas
seleccionadas, realizar la readecuación morfológica del área intervenida; sin
embargo, los beneficiarios de la licencia no las han cumplido puesto que, en
principio, la explotación con explosivos no está contemplada en el plan de
manejo ambiental, lo cual significa que “su impacto no fue ni ha sido evaluado
a efecto de definir el área de influencia de la onda explosiva sobre los
componentes ambientales y las construcciones vecinas en los términos
señalados por el Decreto 1753 de 1994”.

1.3 Concepto de la violación

Con los actos administrativos demandados se violaron los artículos 29, 58 y 79
de la Constitución Política; los artículos 14, 15 y 35 del Código Contencioso
Administrativo; los artículos 49, 50, 51, 57, 60, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 y
los artículos 1, 3, 5, 23 y 24 del Decreto 1753 de 1994, por cuanto (i) hubo
violación del debido proceso, una expedición irregular de los actos
administrativos y desconocimiento del derecho de defensa, debido a que no les
fueron notificados a los habitantes aledaños a la mina para que estuvieran
enterados de la situación y pudieran dar a conocer sus opiniones por ser
directamente afectados con las decisiones; (ii) infringieron las normas en que
debían fundarse, porque a) en el plan de manejo ambiental definido en el acto
expedido por CORPOBOYACÁ no se contempló la explotación con explosivos
ni se definió el área de influencia directa de la onda explosiva, cuando en
realidad se hace así y ello ha deteriorado el paisaje y con ello desvalorizado los
predios vecinos, lo cual significa que aunque se implementó un plan de manejo
ambiental, “las autoridades no adoptaron los mecanismos legales para lograr
mitigar el impacto ambiental que causa perjuicios a los vecinos del sector”, las
autoridades que expidieron los actos debían establecer la gravedad de los

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Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

impactos y medidas y acciones para prevenirlos, controlarlos, mitigarlos,
compensarlos y corregirlos, pero, ninguna de esas medidas fue tenida en
cuenta al momento de evaluar el impacto ambiental, y b) la Secretaría de Minas
y Energía de Boyacá otorgó la licencia por 10 años, cuando la viabilidad
ambiental se concedió solo por 4 años, sin justificación alguna; también le
otorgó licencia además del señor Luis Alberto Calderón, a quien se le había
reconocido en la viabilidad, al señor Ángel Octavio Mendoza, a quien no se lo
había reconocido en dicha viabilidad.

2. Trámite procesal

1) La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien
la admitió (fls. 51 a 52 cdno. ppal.) y tramitó el proceso hasta los alegatos de
conclusión, sin embargo, cuando estaba para dictarse sentencia, dicho tribunal,
en auto del 17 de agosto de 2016, advirtió la falta de competencia y ordenó el
envío del expediente al Consejo de Estado por cuanto uno de los actos
demandados fue emitido por CORPOBOYACÁ, entidad pública del orden
nacional, para lo cual la competencia recae sobre este último en única
instancia, según lo previsto en el numeral primero del artículo 128 del Código
Contencioso Administrativo (fls. 323 a 324 cdno. ppal).

2) Por auto de ponente proferido el 1 de marzo de 2018, esta Corporación avocó
el conocimiento del asunto en única instancia, declaró la nulidad de todo lo
actuado por el Tribunal Administrativo de Boyacá desde el auto admisorio de la
demanda, pero, otorgó valor probatorio a las pruebas recaudadas, y admitió la
demanda (fls. 336 a 345 cdno. ppal.).

3. Posición de los demandados

1) El departamento de Boyacá (fls. 377 a 379 cdno. ppal.) se opuso a todas las
pretensiones dirigidas en contra de la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá
y propuso las excepciones de i) “falta de integración de listis consorcio”, toda
vez que dicha secretaría perdió competencia como autoridad minera, la cual
ahora se encuentra en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, motivo por
el cual se hace necesaria su vinculación, de conformidad con los artículos 3 y

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Actor: José Hernán Suárez González
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4 del Decreto 4134 de 2011, y ii) “pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
no. 00511-15”, debido a que en el catastro minero nacional se evidencia que el
2 de abril de 2008 se inscribió la caducidad del título minero otorgado con dicho
acto administrativo, además, a través de la Resolución no. 00706 del 17 de
diciembre de 1997 la Secretaría de Minas y Energía ordenó la suspensión y el
cierre provisional de los frentes de trabajo de explotación por parte del señor
Luis Alberto Calderón en la mina La Quinta en cumplimiento de una orden
judicial, de manera que la explotación de esa mina solo pudo ser ejercida por
él por un periodo aproximado de ocho meses, medida que estaba vigente
cuando se interpuso la presente acción, aunado a ello, la mina se encontraba
cerrada desde septiembre de 1997; agregó que la pérdida de fuerza ejecutoria
fue tal que incluso el ahora actor presentó desistimiento de la demanda el 23
de septiembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Boyacá 1.

2) CORPOBOYACÁ (fls. 389 a 391 cdno. ppal.) se opuso a la pretensión en
contra de ella por cuanto la Resolución no. 834 del 30 de diciembre de 1996 se
profirió de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, y porque para el momento en que se presentó la
demanda el acto ya había perdido su fuerza ejecutoria, motivo por el cual
propuso la excepción de “improcedencia de la acción por haber perdido su
fuerza ejecutoria el acto administrativo cuya nulidad se pretende”; explicó que
por orden judicial fue suspendida y cerrada provisionalmente la mina y que
hasta el año 2004 no había sido levantado la medida, de manera que, si se
tiene en cuenta que el término de cuatro años por el cual la entidad autorizó la
explotación de la mina expiró el 30 de diciembre de 2000 y que no se ha vuelto
a conceder otra licencia por el mismo asunto, el acto dejó de producir efectos,
en consecuencia, el caso se adecúa a los casos previstos en los numerales
primero y quinto del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

1 En memorial allegado el 23 de septiembre de 2013, el demandante desistió de la demanda

“por pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo demandado”, para lo cual explicó que la
Resolución no. 00511 del 30 de diciembre de 1996 otorgó la licencia minera por diez años,
término que expiró desde el año 2007 y “al parecer no ha sido prorrogado y en caso de haber
ocurrido lo anterior, sería otro el acto administrativo que otorgó la explotación y por ello la acción
no tiene procedencia alguna” (fl. 202 cdno. ppal.); no obstante, por auto de ponente del 23 de
octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud de desistimiento de la
demanda debido a que la acción de simple nulidad es de naturaleza pública y su finalidad es
salvaguardar el orden jurídico, de manera que los particulares no pueden disponer libremente
de esta y, por lo tanto, no es procedente el desistimiento de la acción; agregó que “si bien no
es ejecutable el acto acusado actualmente, surtió efectos en el tiempo que tuvo vida jurídica,
por lo [cual] es viable hacerle el control de legalidad” (fls. 205 a 207 cdno. ppal.).

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
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3) Los señores Luis Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio Méndez
guardaron silencio.

4. Alegatos de conclusión

1) CORPOBOYACÁ (índice 79 SAMAI) insistió en sus argumentos de defensa,
según los cuales el acto administrativo expedido por esa entidad y ahora
demandado perdió fuerza ejecutoria, pues, el tiempo de su vigencia expiró hace
más de veinte años.

2) El Departamento de Boyacá (índice 82 SAMAI) también reiteró su postura
en relación con la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos demandados.

3) La parte actora y los señores Luis Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio
Méndez guardaron silencio.

4) El Ministerio Público (índice 81 SAMAI) solicitó que se acceda de manera
parcial a las pretensiones de la demanda y se declare la nulidad parcial del
artículo primero de la Resolución no. 0511-15 del 30 de diciembre de 1996
expedida por la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá “al
encontrar configurado el vicio de infracción en las normas en que debía
fundarse, si se tiene en cuenta que el término de licencia para la explotación
del yacimiento debía corresponder al mismo término otorgado en la licencia
ambiental, esto es, por cuatro (4) años, conforme a la interpretación normativa
del artículo 23 del Decreto 1753 de 1994”; a los demás cargos de nulidad no se
debe acceder, porque no se encuentran probados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de

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nulidad que invalide lo actuado2, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) vigencia de los actos demandados, 3) análisis de la
legalidad de los actos demandados, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad de las Resoluciones
nos. 834 y 00511-15 del 30 de diciembre de 1996 expedidas por
CORPOBOYACÁ y la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá, respectivamente, a través de las cuales se concedió viabilidad
ambiental a una explotación minera y se otorgó la correspondiente licencia
minera para la explotación de un yacimiento de arenisca y arcilla en el municipio
de Sogamoso (Boyacá) a unos particulares, por considerar la parte
demandante que dichos actos violaron la normatividad relativa a i) el debido
proceso para su expedición por no haber vinculado a los habitantes aledaños
a la mina que se verían afectados, ii) la exigencia para establecer los impactos
ambientales y determinar las medidas preventivas de control, mitigación,
compensación y corrección de estos y, iii) la que prevé que la licencia minera
debe ser otorgada bajo las mismas condiciones de la viabilidad ambiental,
específicamente en cuanto a la vigencia y a los beneficiarios.

La Sala mantendrá la legalidad del acto administrativo expedido por
CORPOBOYACÁ, por cuanto no existe censura de ilegalidad frente a este,
pero, anulará el acto expedido por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá
por ser contrario a los artículos 5 y 23 del Decreto 1753 de 1994 (vigente para
el momento de expedición de ambos actos administrativos) por el hecho de

2 La Sala precisa que, aunque los actos administrativos demandados son de carácter particular

y concreto, la acción de nulidad simple interpuesta por el demandante es procedente por cuanto
con esta se pretende la protección del medio ambiente y de la salud pública de los habitantes
aledaños a la mina, de manera que se trata un interés para la comunidad; al margen de que el
demandante pueda tener un interés directo por tratarse de uno de esos habitantes (ello se
refleja en el proceso posesorio que inició por perturbación y en unos derechos de petición, de
los cuales se hará referencia más adelante), el estudio a realizar solo recaerá sobre la legalidad
de los actos en abstracto, sin que se definan derechos particulares y concretos; además, no
habría un restablecimiento del derecho automático para el actor debido a que los actos
perdieron su vigencia, como también se explicará más adelante.

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

haber otorgado la licencia minera por un término distinto al concedido en la
viabilidad ambiental.

2. Vigencia de los actos demandados

1) Con la Resolución no. 834 del 30 de diciembre de 1996 expedida por
CORPOBOYACÁ se concedió viabilidad ambiental para la explotación “por un
término único e improrrogable de cuatro (4) años” para la mina La Quinta
ubicada en la vereda Cyral del municipio de Sogamoso (Boyacá) (fls. 2 a 5
cdno. ppal.); por su parte, con la Resolución no. 00511-15 de la misma fecha
expedida por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá se otorgó “por el
término de diez (10) años” la licencia para la explotación de un yacimiento de
areniscas y arcillas en la aludida mina a los señores Luis Alberto Calderón y
Ángel Octavio Mendoza.

2) Como el acto de viabilidad ambiental se notificó personalmente el 11 de abril
de 1997 (fl. 285 cdno. ppal.) su vigencia duró hasta abril del año 2001; en
cuanto a la licencia minera, debido a que en el expediente no hay prueba de la
fecha en que se inscribió en el registro minero, se tiene en cuenta la fecha de
su expedición, por lo tanto, dicho acto tuvo vigencia hasta diciembre de 2006;
aunado a lo anterior, por orden judicial, la Secretaría de Minas y Energía de
Boyacá, mediante Resolución no. 00706 del 17 de septiembre de 1997, ordenó
la suspensión y cierre provisional de la mina, “hasta tanto sea resuelto el
interdicto posesorio” (fls. 417 a 418 cdno. ppal.), lo cual ocurrió con la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) el 21 de noviembre de 2002, que confirmó la
denegación de pretensiones (fl. 309 cdno. ppal.).

3) De conformidad con lo previsto en el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo3 (norma que fue reproducida con similar contenido en el artículo
91 del CPACA), los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria por
suspensión provisional, cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de

3 El proceso tuvo inicio con la presentación de la demanda en el año 2002, razón por la cual,

en aplicación de la norma de transición legislativa contenida en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, las actuaciones administrativas iniciaron y debieron culminar con las disposiciones del
Decreto-Ley 01 de 1984.

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
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derecho, cuando al cabo de cinco años de estar en firme la administración no
ha realizado los actos que le corresponden para ejecutarlos, cuando se cumpla
la condición resolutoria a que se encuentra sometido el acto y cuando pierden
su vigencia; en este caso, es evidente que ambos actos perdieron su vigencia
desde hace más de diez años con suspensión provisional incluida, motivo por
el cual les asiste razón a las entidades demandadas en cuanto al decaimiento
de los actos por pérdida de su fuerza ejecutoria; al respecto, es importante tener
en cuenta que dicha consecuencia opera por ministerio de la ley cuando
ocurren las hipótesis contenidas en la citada norma, razón por la cual no se
trata de una decisión judicial4.

4) En efecto, “la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos no es
susceptible de ser declarada por la vía de la acción de nulidad, en tanto
corresponde a una circunstancia posterior a su expedición. La pérdida de
ejecutoriedad de un acto deviene en la imposibilidad de que, pese a
mantenerse su presunción de legalidad, este no pueda ser ejecutado”5.

5) No obstante, debe precisarse que la ocurrencia del decaimiento del acto
administrativo no impide que la autoridad judicial se pronuncie sobre su
legalidad durante el tiempo que estuvo vigente por razón a los efectos que se
pudieron dar en ese lapso6, en ese orden de ideas, “la conclusión de legalidad
o no sobre un acto administrativo no está condicionada a su vigencia”7 puesto
que “la nulidad es un mecanismo corrector de vicios en la validez,

4 “[L]a figura de la pérdida de fuerza ejecutoria es una consecuencia que opera ipso iure, es

decir de pleno derecho, cuando se presentan las circunstancias previstas en la Ley. (…) // En
ese orden, el hecho que en una providencia se advierta que el acto cuestionado carece de
fuerza ejecutoria, no constituye per se la configuración de un fallo extra petita, o que la autoridad
judicial se arrogue competencias respecto de asuntos no tratados en el proceso; se reitera,
únicamente corresponde a la evidencia de la concreción de una figura, cuya existencia es de
pleno derecho”. En: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, sentencia de tutela
proferida el 14 de octubre de 2021, proceso no. 11001-03-15-000-2021-06190-00, MP César
Palomino Cortés.

5 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2020,

proceso no. 11001032600020130018600 (49.514), MP Ramiro Pazos Guerrero.

6 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2016,

MP William Hernández Gómez.

7 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 2003, proceso no. 11001-

03-26-000-1997-03433-01, MP María Elena Giraldo Gómez.

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Nulidad simple – única instancia

independientemente de la consideración de la vigencia y eficacia de la norma
cuestionada”8.

3. Análisis de la legalidad de los actos demandados

3.1 De la expedición irregular por violación del debido proceso

1) Según el demandante, con la expedición de los actos administrativos
demandados se violaron los artículos 29, 58 y 79 de la Constitución Política,
así como también los artículos 14, 15 y 35 del Código Contencioso
Administrativo y los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, por considerar que
los vecinos del lugar donde estaba ubicada la mina no fueron notificados de las
decisiones contenidas en esos actos por tratarse de terceros interesados, en el
sentido que podían resultar afectados por la actividad de explotación minera,
como en efecto ocurrió según lo narrado en la demanda, con lo cual hubo
desconocimiento del derecho de defensa y, con ello, del debido proceso.

2) Al respecto, debe advertirse que los artículos 709 y 7110 de la Ley 99 de 1993
regulan de modo especial el trámite de las peticiones de intervención ambiental
y de la publicidad de las decisiones sobre el medio ambiente, las cuales, por
razón de su naturaleza especial prevalecen sobre las de carácter general

8 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2023,

proceso no. 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688), MP Alberto Montaña Plata; reiterado
en la misma Subsección el 25 de mayo de 2023, proceso no. 11001-03-26-000-2019-00138-
00 (64758), Martín Bermúdez Muñoz.

9 “ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y
tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su
correspondiente identificación y dirección domiciliaria. // Para efectos de la publicación a
que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental
publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.”
(se resalta).

10 “ARTÍCULO 71. DE LA PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para
la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar
el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo
solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se
refiere el artículo anterior.” (se resalta).

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

contenidas en la Parte Primera del Decreto-ley 01 de 1984, como inclusive así
lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 1° de ese cuerpo
normativo, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 1) del artículo 5
de la Ley 57 de 1887, normas de las cuales se desprende que, para tener a
terceros como interesados estas personas deben manifestarlo a la
administración, caso en el cual se deberá notificarlas de las actuaciones en los
procedimientos ambientales, lo cual significa que las autoridades no tienen el
deber de hacerlo de oficio; como en este proceso no se probó que la parte
actora u otras personas determinadas hubieren elevado alguna solicitud a las
entidades demandadas a efectos de hacerse parte en el trámite ambiental11,
estas no estaban en el deber de notificarlas ni vincularlas.

3) De otra parte, en cuanto a lo dispuesto en los artículos 1412, 1513 y 3514 del
Código Contencioso Administrativo, relativos a citación de terceros en los
trámites de peticiones, la Sala encuentra que no son normas aplicables al caso
concreto, por cuanto, como se explicó, hay una ley especial que impide la
aplicación de dicho código por ser este de carácter general, sin embargo, esa
norma especial, particularmente el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, prevé de

11 En el expediente solamente obran unas peticiones dirigidas a las entidades demandadas con

el fin de solicitar copia de los actos administrativos objeto del presente litigio del 31 de mayo de
2002 (fls. 37 y 38 cdno. ppal.) y una petición dirigida a la Personería Municipal de Sogamoso
para que ejerciera las acciones necesarias para que se terminara la explotación minera del 29
de enero de 2001 (fls. 30 a 32 cdno. ppal.), es decir, todas fueron presentadas luego de
terminarse el proceso administrativo y no con el fin de hacerse parte en este.

12 “ARTÍCULO 14. CITACIÓN DE TERCEROS. Cuando de la misma petición o de los registros

que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente
interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer
valer sus derechos. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro
medio más eficaz. // En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del
peticionario y el objeto de la petición. // Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar
demasiado costosa o demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.”.

13 “ARTÍCULO 15. PUBLICIDAD. Cuando de la misma petición aparezca que terceros no
determinados pueden estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el
texto o un extracto de aquélla que permita identificar su objeto, se insertará en la publicación
que para el efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local,
según el caso.”.

14 “ARTÍCULO 35. ADOPCIÓN DE DECISIONES. Habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se
tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. // En
la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el
trámite. // Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado
o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan
como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa,
si la hay. // Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título.”.

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

manera expresa la aplicación de los artículos 14 y 15 del CCA, respecto de los
cuales la Sala encuentra que no es posible afirmar que existían esos terceros
(determinados o indeterminados) que pudieran estar directamente interesados
o resultar afectados con la decisión, o que las entidades tenían conocimiento
de ello para que les sea exigible la aplicación de esas normas; en ninguno de
los formularios diligenciados por el peticionario para solicitud de legalización de
explotación minera de hecho de pequeña minería se consignó alguna
observación respecto de la existencia de terceros (fls. 55, 59 y 60 cdno. ppal.).

4) En suma, el deber de publicidad de los actos, tanto en la Ley 99 de 1993
(artículo 70) como en el Código Contencioso Administrativo (artículos 14 y 15),
presuponía que se identificaran previamente los terceros, lo cual no ocurrió en
este caso o, al menos, no se probó.

5) De conformidad con lo anterior, no hubo una expedición irregular de los actos
por violación del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política alegado, motivo por el cual no prospera este cargo; en relación con los
artículos 5815 y 7916 ibidem, los cuales hacen referencia a los derechos a la
propiedad privada y a gozar de un ambiente sano, como no tienen relación
alguna con el vicio invocado, no repercuten en la prosperidad del cargo.

15 “ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. // La propiedad es una
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. // El
Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. // Por motivos
de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de
la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa,
incluso respecto del precio.”.

16 “ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. // Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”.

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Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)
Actor: José Hernán Suárez González
Nulidad simple – única instancia

3.2 De la infracción a las normas en que debían fundarse

3.2.1 Respecto del impacto ambiental y las medidas preventivas

1) Desde otro punto de vista, el demandante considera que los actos
demandados fueron expedidos con violación de los artículos 5017 y 5118 de la
Ley 99 de 1993, y 119 y 2420 del Decreto 1753 de 1994, por cuanto no

17 “ARTÍCULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencia Ambiental la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.”.

18 “ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios
y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. // En la expedición de las licencias
ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán
las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.”.

19 “Artículo 1.- Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el

presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones:
(…).
Plan de Manejo Ambiental: Es el plan, de manera detallada, establece las relaciones que se
requieren para corregir, mitigar, controlar, compensar, y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también
los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.
Análisis de Riesgo: El estudio o evaluación de las circunstancias, eventualidades o
contingencias que en desarrollo de un proyecto, obra o actividad puedan ocasionar peligro de
daño a la salud humana, al medio ambiente y a los recursos naturales.
(…).
Medidas de Prevención: Son obras o actividades encaminadas a prevenir, controlar los posibles
impactos y efectos negativos que puedan generar u proyecto obra o actividad sobre el entorno
humano y natural.
Medidas de Mitigación: Son obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado.
Medidas de Compensación: Son obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones y las localidades por los impactos o efectos negativos que no
puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente mitigados.
(…).”.
20
“Artículo 24.- Objetivos y alcances. El estudio de impacto ambiental tendrá los siguientes objetivos
y alcances: // 1. Describir, caracterizar y analizar el medio biótico, abiótico y socioeconómico, en el
cual se pretende desarrollar el proyecto, obras o actividad. // 2. Definir los ecosistemas que bajo el
análisis ambiental realizado, a que hace referencia el numeral anterior, sean ambientalmente
críticos, sensibles y de importancia ambiental o identificar las áreas de manejo especial que deban
ser excluidas tratadas o manejadas de manera especial en el desarrollo o ejecución del proyecto
obra o actividad. // 3. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados por el
proyecto, obra o actividad. // 4. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos del proyecto, obra o
actividad, de manera que se establezca la gravedad de los mismos y las medidas y acciones, para
prevenirlas, controlarlas, mitigarlas, compensarlas y corregirlas. // 5. Identificar los planes
gubernamentales a nivel nacional, regional o local que existan para el área de estudio, con el fin de
evaluar su compatibilidad con el proyecto, obra o actividad. // 6. Señalar las deficiencias de
información que generen incertidumbre en la estimación, el dimensionamiento o evaluación de los
impactos. // 7. Diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación de impactos
y manejo ambiental a que haya lugar para desarrollar el proyecto, obra o actividad. // 8. Estimar los
costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las obras y acciones de manejo

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Nulidad simple – única instancia

establecieron los impactos ambientales que la actividad podía tener y
determinar las medidas preventivas de control, mitigación, compensación y
corrección de estos; para el efecto explicó que en el plan de manejo ambiental
no se contempló la explotación de la mina con explosivos y sus efectos para
poder preverlos y mitigarlos.

2) En los considerandos de la Resolución no. 834 de 1996, por medio de la cual
CORPOBOYACÁ concedió la viabilidad ambiental, se consignaron, entre otras,
las siguientes motivaciones:

“Que por parte de CORPOBOYACÁ se dispuso la práctica de visita
de evaluación técnico-ambiental a la zona de explotación y área de
influencia, para establecer la viabilidad ambiental de la explotación y
definir un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y
ABANDONO, emitiendo concepto técnico respectivo.

Que del concepto técnico presentado se concluye que es
ambientalmente viable la explotación minera, y se determinó que la
actividad minera es manejable, lo cual induce a la adopción de un
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y ABANDONO,
que esta Corporación diseñó para la explotación” (mayúsculas
originales).

Asimismo, en la parte resolutiva se dispuso, entre otras determinaciones21, lo
siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al interesado el cumplimiento del
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y ABANDONO
diseñado por esta Corporación (…).

ARTÍCULO TERCERO: TENGASE como PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y ABANDONO el diseñado por
CORPOBOYACÁ, para la mina La Quinta, localizada en la vereda
Cyral, Municipio de Sogamoso, el cual forma parte de la presente
resolución y deberá ser cumplido en su totalidad.

(…).

“ARTÍCULO QUINTO: La Viabilidad Ambiental a que se hace
referencia en el artículo primero de la presente resolución, está sujeta

ambiental. // 9. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al usuario
evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental. // 10. Evaluar y
comparar el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra o actividad contra los estándares de
calidad ambiental establecidos en las normas ambientales nacionales vigentes; y la conformidad del
proyecto, obra o actividad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. //
11. Definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control, corrección y
compensación de los impactos y efectos ambientales a ser usadas en el proyecto, obra o actividad.”.

21 Dichas disposiciones fueron sugeridas en el concepto técnico a que se hizo referencia en la

parte motiva del acto (fls. 279 a 281 cdno. ppal.).

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a las obligaciones que se establecen a continuación y están a cargo
de los peticionarios:

• Presentar anualmente informe de progreso y desarrollo del PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

• Las labores de recuperación y manejo ambiental deberán ser
realizadas simultáneamente con el avance de la explotación, en
cuanto no se opongan a los términos y contenido establecidos en el
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

ARTÍCULO SEXTO: El interesado podrá continuar con sus labores
mineras siempre y cuando implemente las medidas de prevención,
corrección, mitigación y compensación señaladas en el PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y ABANDONO anexo y
adopten el Plan minero y diseños que defina la autoridad minera.

(…)” (mayúsculas originales).

3) El plan de manejo y restauración ambiental al que alude el acto
administrativo fue allegado al proceso y en él se observa que en la “descripción
de los aspectos mineros” se registró que “[e]l arranque se efectúa por medio de
explosivos (Anfo y mecha de seguridad)”; por otra parte, se observa un capítulo
correspondiente a la “evaluación de impactos ambientales” en el cual se hizo el
análisis específico del impacto sobre el suelo, las aguas superficiales, la
atmósfera, la flora y la vegetación, la fauna, por proceso dinámicos (erosión y
sedimentación), la morfología y el paisaje; además, hay una capítulo específico
titulado “plan de manejo ambiental” en el que se consignó lo siguiente: “[a]
continuación se va a describir las diferentes obras y medidas que se deben
tener en cuenta para prevenir, corregir, mitigar y compensar los efectos
causados por la explotación”, las cuales consistieron específicamente en
“sistemas de explotación”, “disposición de estériles”, “medidas de rehabilitación
vegetal”, “manejo de aguas superficiales y control de fenómenos dinámicos”,
“manejo de residuos sólidos” y “medidas de seguridad”, a lo cual anexó gráficas
explicativas (fls. 62 a 83 cdno. ppal.).

4) Todo lo anterior demuestra que el acto administrativo demandado no violó
las disposiciones legales referidas toda vez que, en primer lugar, no es cierto
que el plan no hubiera contemplado la explotación con explosivos, pues, por el
contrario, hubo referencia textual a ello, al punto que se ordenó el cambio a
explotación a través del sistema de bancos, en los siguientes términos:

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“Se debe llevar a cabo una explotación técnica y racional del material,
para ello se debe comenzar por la parte alta del límite norte de
explotación para luego ir bajando por escalones, obteniendo
finalmente un sistema de bancos para reducir la cara del talud final.
Se recomienda tener en cuenta los siguientes parámetros técnicos
(…)” (fl. 69 cdno. ppal.).

Además, sí se establecieron los impactos ambientales y las medidas
preventivas de control, mitigación, compensación y corrección exigidas por las
normas aludidas, razones por las cuales este cargo tampoco prospera, pues,
no hubo violación a dichas normas.

5) De otra parte, en relación con la Resolución no. 00511-15 de 1996 expedida
por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, en la parte motiva de dicho
acto se explicó, puntualmente, que de acuerdo con la visita y concepto técnicos
del 27 de octubre de 1995 la solicitud era viable, concepto que obra en el
expediente y en el cual se observa que “la forma de arranque es manual con
utilización de explosivos (…)” y se hicieron las siguientes recomendaciones:
“realizar un diseño de explotación por bancos”, "acondicionar un lugar para
escombrera, colocando la capa vegetal aparte para una recuperación posterior
del terreno”, “no hacer voladuras en la pata del banco, sino sobre el piso de
este, para evitar los derrumbes”, “todas las aguas deben encausarse hacia un
drenaje natural”, “desarrollar más la mina, adelantando el desbroce y descapote
del mineral”, “acatar el Decreto 2222/94 sobre seguridad minera en las labores
de cielo abierto” y “acatar el artículo 10 literal de y b del Código de Minas” (fls.
57 a 58 cdno. ppal.), de modo que en este acto administrativo también se
tuvieron en cuenta las exigencias legales y no hay violación a ninguna norma.

6) El hecho de que los titulares de la licencia minera acataran o no las
recomendaciones y exigencias impuestas por las autoridades y afectaran o no
a los habitantes vecinos de la mina, no guarda relación con el objeto del
presente litigio, pues, se trata de un juicio en la ejecución de los actos y no
respecto de la legalidad de esos.

3.2.2 Respecto de la correlación entre la viabilidad ambiental y la licencia
minera

1) Por último, en la demanda igualmente se adujo que, mientras la viabilidad

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ambiental se concedió por cuatro (4) años, la licencia de explotación minera se
otorgó por diez (10) años, además, en la primera solo se reconoció la viabilidad
al señor Luis Alberto Calderón en tanto la segunda se expidió en favor de él y
del señor Ángel Octavio Mendoza, todo lo cual, en criterio del actor, transgrede
el artículo 322, el parágrafo tercero del artículo 523 y el parágrafo segundo del
artículo 2324 del Decreto 1753 de 1994 porque no hay correlación entre ambas
decisiones.

2) En efecto, en el artículo primero de la Resolución no. 834 de 1996 de
CORPOBOYACÁ se dispuso lo siguiente:

“CONCEDER viabilidad ambiental para la explotación a la solicitud
presentada por la Secretaría de Minas y Energía del Departamento
de Boyacá, dentro del proyecto Programa Social de Legalización de
Minería de Hecho, por un término único e improrrogable de cuatro (4)
años para la mina La Quinta, localizada en la vereda Cyral, Municipio
de Sogamoso, siendo interesado el señor LUIS ALBERTO
CALDERÓN (…)” (mayúsculas sostenidas originales).

Por su parte, en el artículo primero de la Resolución no. 00511-15 de 1996 la
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá previó:

“Otorgar por el término de diez (10) años la Licencia H-0034 a los
señores LUIS ALBERTO CALDERÓN, ÁNGEL OCTAVIO
MENDOZA, para la explotación de un yacimiento de Areniscas,
Arcillas ubicado en la jurisdicción del Municipio de Sogamoso,
departamento de Boyacá (…)” (mayúsculas sostenidas del texto
original).

3) Al respecto, debe advertirse que los parágrafos de los artículos 5 y 23 del
aludido decreto imponen la obligación de que el término de la licencia ambiental
“debe ser el mismo de la duración del proyecto, obra o actividad”, término que

22 “Artículo 3.- Contenido. La Licencia Ambiental contendrá:

(…) 4. Término de la Licencia Ambiental. (…)”.

23 “Parágrafo 3.- El término de la Licencia Ambiental será el mismo de la duración del proyecto,

obra o actividad. Sin embargo, la autoridad Ambiental, de oficio a petición de parte, podrá
establecer un término diferente teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental o la
naturaleza del proyecto, obra o actividad.”.

24 “Parágrafo 2.- Para la actividad exploratoria de la industria minera, el respectivo estudio de

impacto ambiental deberá corresponder en su contenido y profundidad a la dimensión de la
actividad minera que se pretende adelantar, y así lo señalarán los respectivos términos de
referencia. Este estudio de impacto ambiental tendrá como principal componente de análisis,
el plan de manejo ambiental de las actividades exploratorias.”.

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solo puede ser diferente teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental o
la naturaleza del proyecto, obra o actividad; asimismo, el estudio de impacto
ambiental debe corresponder a la dimensión de la actividad minera que se
pretende adelantar; en el presente caso, es evidente que la licencia minera se
otorgó por un término de seis (6) años más en relación con la viabilidad
ambiental y no hay motivo alguno que explique, válidamente, tal diferencia,
razón por la cual es evidente que la Resolución no. 00511-15 de 1996 la
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá se expidió con infracción de dichas
normas, tal como lo consideró el Ministerio Público y, en ese orden de ideas, el
cargo prospera y debe declararse su nulidad.

4) Finalmente, en cuanto a la censura de que la licencia minera fue otorgada al
señor Ángel Octavio Mendoza sin que se le hubiera concedido viabilidad
ambiental, la Sala observa que la decisión estuvo motivada y es razonable en
el entendido en que tanto dicho ciudadano como el señor Luis Alberto Calderón
solicitaron que se tramitara la licencia “a nombre de los dos, ya que se trata de
la misma área”, para lo cual se advierte que el señor Mendoza había solicitado
una licencia aparte pero, renunció a ella presuntamente por esa razón, además,
el concepto técnico se emitió en favor de ambos; en consecuencia, la Sala no
encuentra que lo anterior sea motivo de anulación, pues, no se ha infringido
ninguna de las normas referidas en la demanda.

5) En el anterior orden de ideas, la Sala declarará la nulidad del acto
administrativo expedido por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, para
lo cual advierte que no se accede a la excepción propuesta por dicha entidad
en cuanto a la falta de integración del litis consorcio de la Agencia Nacional de
Minería, pues, aunque en la actualidad es la “autoridad minera” en el país, su
vinculación al proceso no es necesaria en tanto el acto demandado no fue
expedido por dicha entidad ni asumió la responsabilidad por los actos
expedidos por las secretarías de minas y energía del territorio nacional, según
el Decreto 4134 de 2011.

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4. Conclusión

No prosperan los cargos de expedición irregular por violación del debido
proceso ni de infracción a las normas en que debían fundarse respecto del
impacto ambiental y las medidas preventivas, sin embargo, se declara fundado
el cargo de infracción de las normas en que debía fundarse relacionadas con
la correlación temporal entre la viabilidad ambiental y la licencia minera para el
acto administrativo expedido por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
respecto del cual se declarará su nulidad.

5. Condena en costas

En aplicación del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo no hay
lugar a la imposición de condena en costas porque el asunto corresponde a
una acción pública en la cual se ventiló un interés público.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase la nulidad de la Resolución no. 00511-15 del 30 de diciembre de
1996, expedida por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá.

2º) Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

3°) Sin condena en costas.

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4°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Salva voto

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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