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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00038-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00038-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase la responsabilidad patrimonial de los señores María del Pilar Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León. 2°) Como consecuencia, condénase a los señores María del Pilar Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León a pagar en favor de la Fiduprevisora SA la suma total de trescientos setenta y un millones setecientos dieciséis mil doscientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos ($371.716.258,65), distribuida de acuerdo con su grado de participación en la producción del daño, así: i) María del Pilar Hurtado Afanador, el cincuenta por ciento (50%), equivalente a ciento ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos con treinta y dos centavos ($185.858.129,32); ii) Fernando Alonso Tabares Molina, el veinticinco por ciento (25%), equivalente a noventa y dos millones novecientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos ($92.929.064,66) y, iii) Jorge Alberto Lagos León, el veinticinco por ciento (25%), equivalente a noventa y dos millones novecientos 14 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 15 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…). 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).” 29 Expediente 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218) Actor: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Repetición Sentencia de única instancia veintinueve mil sesenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos ($92.929.064,66). 3°) Condénase en costas a la parte demandada, tásense por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2018-00038-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218)
Demandante: PATRIMONIO AUTÓNOMO PAP FIDUPREVISORA SA -
DEFENSA JURÍDICA EXTINTO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO
ROTATORIO
Demandado: MARÍA DEL PILAR HURTADO AFANADOR Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN - CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA -
RESPONSABILIDAD A TÍTULO DE DOLO

Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra de los señores María del Pilar Hurtado
Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León quienes se
desempeñaron, respectivamente, como directora, director general de inteligencia y
subdirector de contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, con
el fin de que se les declare patrimonialmente responsables, a título de dolo, con ocasión del
pago de la condena impuesta por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en contra del DAS, sucedido procesalmente por la
Fiduciaria La Previsora SA, en el marco del proceso de reparación directa número 11001-
33-31-037-2011-00211-01. La Sala accede parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el
Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA - Defensa Jurídica Extinto
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y su Fondo Rotatorio, cuyo
vocero es la Fiduciaria La Previsora SA, en contra de los señores María del Pilar
Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 20 de marzo de 2018 (fl. 1 cdno. ppal.) el Patrimonio
Autónomo PAP Fiduprevisora SA - Defensa Jurídica Extinto Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- y su Fondo Rotatorio, cuyo vocero es la

2

Expediente 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218)
Actor: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA
Repetición
Sentencia de única instancia

Fiduciaria La Previsora SA1 promovió demanda de repetición en contra de los
señores María del Pilar Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge
Alberto Lagos León (fls. 1 a 14 cdno. ppal.) en la cual se formularon las siguientes
pretensiones:

“PRIMERA: Que se condene solidariamente a MARÍA DEL PILAR
HURTADO AFANADOR, FERNANDO ALONSO TABARES MOLINA y
JORGE ALBERTO LAGOS LEÓN a pagar la suma de DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($231.420.586,00) en favor del
Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA, Defensa Jurídica Extinto
Departamento Administrativo de Seguridad DAS y su Fondo Rotatorio
cuyo vocero es la Fiduciaria LA FIDUPREVISORA SA.

SEGUNDA: Que la suma adeudada se pague debidamente desde el
momento en que la Fiduprevisora SA realizó el pago (octubre de 2017)
hasta la fecha en que se dicte el correspondiente fallo (fl. 7 cdno. ppal. -
mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, quien se desempeñó como
magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con
su familia, instauró demanda de reparación directa en contra, entre otras entidades,
del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, con el propósito
de que se le declarara patrimonial y extracontractualmente responsable por los
seguimientos, las interceptaciones, los hostigamientos y las actuaciones de
desprestigio desplegados en su contra por funcionarios de esa entidad.

2) El 27 de julio de 2015, el Juzgado Veintiuno Administrativo de Descongestión de
Bogotá declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS-, sucedido procesalmente por la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional; en consecuencia, lo condenó al pago de
una indemnización por concepto de perjuicios morales.

1
Según contrato de Fiducia Mercantil número 6001-2016 suscrito el 15 de enero de 2016 entre la
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiduciaria La Previsora SA con el objeto de
“Constitución de un patrimonio autónomo para la atención de los procesos judiciales, pago de
sentencias, reclamaciones administrativas, laborales o contractuales en los cuales sea parte o
destinatario el extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS y/o su fondo rotatorio (…),
en cumplimiento del artículo 238 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014/2018”
(fls. 114 a 125 cdno. ppal.).

3

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Actor: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA
Repetición
Sentencia de única instancia

3) El 12 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la
anterior decisión en el sentido de desvincular a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional como sucesora procesal del DAS y reconocer esa condición a la
Fiduprevisora SA; igualmente, atribuyó responsabilidad patrimonial extracontractual
al Departamento Administrativo de Seguridad, representado procesalmente por la
referida fiduciaria, así como también al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República; incrementó la indemnización por concepto de
perjuicios morales y reconoció una suma de dinero por daño emergente en favor de
Sigifredo Espinosa Pérez.

4) En cumplimiento de la mencionada providencia el Patrimonio Autónomo PAP
Fiduprevisora SA - Defensa Jurídica Extinto Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- y su Fondo Rotatorio, cuyo vocero es la Fiduciaria La Previsora
SA, ordenó el pago de doscientos treinta y un millones cuatrocientos veinte mil
quinientos ochenta y seis pesos ($231.420.586,00) en favor de los demandantes
del proceso de reparación directa.

5) Con fundamento en lo anterior la parte actora solicita que se declare la
responsabilidad patrimonial de la señora María del Pilar Hurtado Afanador, quien se
desempeñó como directora del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-,
así como también de los señores Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto
Lagos León, quienes ocuparon los cargos de director general de inteligencia y
subdirector de contrainteligencia de dicha entidad, respectivamente.

Al respecto, sostuvo que incurrieron en la conducta dolosa prevista en el numeral 4
del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, esto es, “haber sido penal o disciplinariamente
responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para
la responsabilidad patrimonial del Estado”, pues, el 31 de mayo de 2011 la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la responsabilidad
penal de los señores Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León,
a título de dolo, por los hechos relacionados con las actuaciones ilegales
desarrolladas desde el DAS; posteriormente, el 28 de abril de 2015 la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lo propio respecto de María
del Pilar Hurtado Afanador por conductas vinculadas a esos mismos hechos.

6) La conducta de los demandados María del Pilar Hurtado Afanador, Fernando
Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, calificada como dolosa por la
autoridad penal competente, fue el factor determinante que motivó la declaración de

4

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Actor: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA
Repetición
Sentencia de única instancia

responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS-, sucedido procesalmente por la Fiduprevisora SA, circunstancia
que dio lugar al pago de la correspondiente indemnización (fls. 1 a 14 cdno. ppal.).

3. Contestación de la demanda

Por auto del 9 de septiembre de 2019 se admitió la demanda (fls. 494 a 496 cdno.
ppal.) y se ordenó la notificación personal de los demandados.

1) A través de escrito radicado el 1° de abril de 2025 el curador ad litem del señor
Fernando Alonso Tabares Molina se opuso a las pretensiones de la demanda, por
estimar que i) se encuentra configurada la excepción de “prescripción”, puesto que
el medio de control judicial de repetición no fue ejercido dentro del término de dos
años previsto en la ley; ii) se presentó un cobro de lo no debido, dado que Fernando
Alonso Tabares Molina no impartió las órdenes de interceptación que dieron lugar
a los hechos objeto del litigio y, iii) se desconoce el paradero del demandado,
circunstancia que impide llevar a cabo el acto de reparación que pretende la parte
actora (índice 133 SAMAI).

2) Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2025 la señora María del
Pilar Hurtado Afanador controvirtió las súplicas de la demanda, por considerar que
i) la sentencia penal dictada el 28 de abril de 2015 no contiene referencia alguna a
seguimientos ilícitos en contra de Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez o de los
miembros de su familia, y las conductas por las cuales fue condenada penalmente
no guardan relación con los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial
impuesta al Estado en el proceso de reparación directa; ii) no se encuentra
acreditada una conducta dolosa que le sea atribuible en relación con los perjuicios
cuya reparación se reclama, máxime cuando los señores Fernando Alonso Tabares
Molina y Jorge Alberto Lagos León aceptaron su responsabilidad penal mediante
preacuerdos celebrados con la Fiscalía; iii) de conformidad con las funciones
asignadas por el Decreto 643 de 2004 las actividades de dirección, coordinación y
supervisión de las labores de inteligencia y contrainteligencia correspondían al
director general de inteligencia y al subdirector de contrainteligencia del DAS, mas
no a la directora de la entidad; iv) no existe nexo causal entre las funciones
desempeñadas y el daño que dio lugar a la condena proferida en el proceso de
reparación directa, toda vez que los hechos que sustentaron dicha decisión
estuvieron relacionados con actividades ejecutadas por otras dependencias y
funcionarios del DAS y, v) la condena impuesta al Estado obedeció a la divulgación

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Actor: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA
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de información a medios de comunicación, conducta por la cual no fue condenada
penalmente (índice 156 SAMAI).

3) El señor Jorge Alberto Lagos León no contestó la demanda.

4. Fijación del litigio

El 16 de enero de 2026 se dispuso prescindir de la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y se determinó que el litigio se circunscribía a
lo siguiente:

“El objeto principal de las pretensiones de la demanda, según lo
consignado en el escrito contentivo de la demanda consiste en que i) se
condene solidariamente a María del Pilar Hurtado Afanador, Fernando
Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos a pagar la suma de (…)
($231.420.586,00) en favor del Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora
SA y, ii) que la suma adeudada se pague debidamente indexada desde el
momento que en que La Fiduprevisora SA realizó el pago (octubre de
2017) hasta la fecha en que se dicte el correspondiente fallo” (índice 161
SAMAI).

La suma reclamada corresponde al valor pagado por la entidad demandante en
cumplimiento de la condena judicial impuesta al extinto Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- en el proceso de reparación directa promovido
por el señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y otros.

5. Alegatos de conclusión

Por auto del 16 de enero de 2026 (índice 161 SAMAI) se corrió traslado a las partes
para que presentaran las alegaciones de conclusión por el término común de diez
(10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal la parte actora y la señora María del Pilar Hurtado
Afanador reiteraron los argumentos planteados durante el trámite del proceso. Esta
última añadió que i) los hechos que dieron lugar a la interceptación de las
comunicaciones del magistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez se remontan al
año 2006, época para la cual no ejercía el cargo de directora del DAS; ii) las
funciones que ejerció no comprendían la dirección, coordinación o ejecución de
actividades de inteligencia y contrainteligencia como aquellas que dieron lugar a la
condena impuesta al Estado; iii) no se encuentra acreditada una conducta dolosa ni
el nexo causal entre su actuación y los perjuicios reconocidos en el proceso de
reparación directa y, iv) en el proceso de reparación directa se valoraron

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Expediente 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218)
Actor: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA
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Sentencia de única instancia

declaraciones que la vincularon con los hechos sin que hubiera tenido la
oportunidad de intervenir en ese trámite y ejercer su derecho de defensa y
contradicción frente a tales afirmaciones (índice 165 SAMAI).

Por su parte, el curador ad litem del señor Fernando Alonso Tabares Molina, el
señor Jorge Alberto Lagos León y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia planteada
consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle
responsabilidad patrimonial a los señores María del Pilar Hurtado Afanador,
Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, quienes se
desempeñaron, en su orden, como directora, director general de inteligencia y
subdirector de contrainteligencia del entonces Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS-, respectivamente2.

La Sala analizará, primero, si los elementos objetivos del medio de control judicial
de repetición se encuentran acreditados, posteriormente, verificará si la conducta
atribuida a los demandados, en los términos en que fue planteada la demanda,
permite configurar su responsabilidad patrimonial.

2
De conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 la demanda
de repetición deberá presentarse dentro de los dos (2) años siguientes al día en que se efectúe el
pago de la condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto o, a más tardar, desde el
vencimiento del plazo legal con que cuenta la administración para realizar dicho pago. En el presente
caso se encuentra acreditado que la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 10 de marzo de
2017 (fl. 98 cdno. ppal.) y que el pago de la condena se efectuó el 6 de octubre de 2017 (fls. 106 a
111 cdno. ppal.), esto es, dentro del término de diez (10) meses previsto en el artículo 192 del
CPACA. En consecuencia, la entidad demandante tenía plazo hasta el 7 de octubre de 2019 para
presentar la demanda, y como esta fue presentada el 20 de marzo de 2018 (fl. 1 cdno. ppal.) se
concluye que el medio de control fue ejercido oportunamente.

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Expediente 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218)
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2. Análisis del caso

2.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a
reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este3; de igual manera,
la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001 y Ley 1437 de 2011.

En tal virtud la jurisprudencia de la corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: i) la condena,
conciliación u otra forma de terminación del conflicto que obliga al Estado a reparar
un daño antijurídico causado a un particular; ii) el pago efectivo a la víctima del daño
y, iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como
factor determinante de la condena, conciliación u otra forma de terminación del
conflicto.

2.2 La existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma de
terminación del conflicto

Para la Sala no existe duda sobre la existencia de una condena judicial consistente
en el pago de una suma de dinero a cargo de la parte actora, pues, obra en el
expediente copia de la sentencia del 15 de febrero de 2017 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el marco del proceso de reparación directa con radicación número 11001-33-31-
037-2011-00211.

En la mencionada providencia, dictada en segunda instancia, se modificó el fallo
emitido el 27 de julio de 2015 por el Juzgado Veintiuno Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y se declaró la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República -DAPRE- y del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-,
sucedido procesalmente por la Fiduprevisora SA, por los perjuicios ocasionados al
señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y a sus familiares por el hecho de haberse
demostrado que, en la condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
fue víctima de interceptaciones ilegales, indebido monitoreo a su vida privada,

3
Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

8

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campañas de desprestigio, actos de sabotaje y otras conductas de persecución
ejecutadas por servidores de esas entidades; en consecuencia, fueron condenadas
al pago de una indemnización por concepto de daño emergente y perjuicios morales
(fls. 28 a 97 cdno. ppal.).

2.3 La acreditación del pago

Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes
documentos:

1) La sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa
condenó al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, sucedido
procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA, y al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República -DAPRE- al pago de una indemnización
equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes en
favor de Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez por concepto de perjuicios morales; en
favor de María Elena Tirado Uribe, Juan Pablo Espinosa Tirado y Mónica Espinosa
Tirado cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno por
concepto de perjuicios morales; en favor de Rosalyn Peña Hernández y Bladimir
Cuadro Crespo la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno e indemnización por daño emergente por la
suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) en favor del señor Sigifredo de
Jesús Espinosa Pérez (fls. 28 a 97 cdno. ppal.).

2) La Resolución número 224 del 30 de marzo de 2017 expedida por la Presidencia
de la República en cuyas consideraciones se expresó que el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- asumiría el pago del cincuenta por ciento (50%)
de las sumas reconocidas en la anterior condena (fls. 103 a 125 cdno. 2).

3) Las certificaciones expedidas el 27 de noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018
por el PAP Fiduprevisora SA, en las que se dejó constancia de que el 6 de octubre
de 2017 se pagó a Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, Martha Elena Tirado Uribe,
Juan Pablo Espinosa Tirado, Mónica María Espinosa Tirado, Rosalyn Peña
Hernández y Bladimir Cuadro Crespo la suma total de doscientos treinta y un
millones cuatrocientos veinte mil quinientos ochenta y seis pesos ($231.420.586) en
cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa; de
ese valor, siete millones doscientos treinta y seis mil novecientos noventa y seis
pesos ($7.236.996) correspondieron a intereses moratorios (fls. 106 a 111 cdno.

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ppal.). Asimismo, obran los respectivos comprobantes de egreso (fls. 99 a 102 cdno.
ppal.).

La Sala considera que los mencionados elementos materiales probatorios
constituyen prueba idónea y suficiente para demostrar el pago de la transacción,
postura que es acorde con lo establecido por esta Subsección que, en
oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como
prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios
de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son
suficientes para demostrar el mencionado presupuesto4.

2.4 La condición de agentes estatales de los demandados

En el asunto sometido a consideración de la Sala se encuentra acreditada la
condición de agentes estatales de los señores María del Pilar Hurtado Afanador,
Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León quienes para la época
de los hechos se desempeñaban, respectivamente, como directora, director general
de inteligencia y subdirector de contrainteligencia del Departamento Administrativo
de Seguridad -DAS-.

En efecto, obran en el expediente las certificaciones expedidas el 9 de febrero de
2018 por el Grupo de Gestión Humana del Archivo General de la Nación de las
cuales se desprende que María del Pilar Hurtado Afanador ejerció el cargo de
directora del DAS entre el 30 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008;
Fernando Alonso Tabares Molina ocupó el cargo de director general de inteligencia
entre el 14 de mayo de 2007 y el 28 de febrero de 2009, y Jorge Alberto Lagos León
se desempeñó como subdirector de contrainteligencia entre el 9 de noviembre de
2005 y el 28 de febrero de 2009 (fls. 1 a 9 cdno. anexo 1).

2.5 Análisis de la conducta atribuida a los demandados

A continuación, se seguirá el siguiente derrotero: 1) régimen aplicable, 2) hechos
probados y, 3) análisis de la conducta específica de los demandados.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente
número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz.

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Expediente 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218)
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2.5.1 Régimen aplicable

1) Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe advertirse
que los hechos que fundamentan el presente medio de control judicial de repetición
se refieren a la participación de los señores María del Pilar Hurtado Afanador,
Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, en las condiciones
de directora general, director general de inteligencia y subdirector de
contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-,
respectivamente, en las actividades ilegales de inteligencia adelantadas contra el
entonces magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez consistentes, entre otras, en seguimientos,
interceptaciones de comunicaciones, obtención y divulgación irregular de
información reservada y campañas de desprestigio desarrolladas entre los años
2007 y 2008.

2) Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos estaba vigente la Ley 678
de 20015 es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio
de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional, pues, las conductas solo
pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron
cometidas.

3) En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que
es posible presumir una conducta dolosa del agente o exagente estatal,
presunciones que corresponden a las denominadas “iuris tantum”, esto es, que
pueden ser desvirtuadas probatoriamente.

4) La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que
las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso
a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de
culpabilidad en cabeza del demandado6; sin embargo, es deber de la entidad
demandante expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en
orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción frente a un cargo específico; igualmente la entidad
demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la
correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

5
Promulgada en el Diario Oficial no. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
6
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.

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Expediente 11001-03-26-000-2018-00038-00 (61.218)
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5) Ahora bien, la entidad demandante manifestó que los señores María del Pilar
Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León
incurrieron en una conducta dolosa enmarcada en la presunción prevista en el
numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por
la Ley 2195 de 2022-, pues, fue declarado penalmente responsable por el mismo
daño que sirvió de fundamento para la declaración de responsabilidad
extracontractual del Departamento Administrativo de Seguridad, sucedido
procesalmente por La Fiduprevisora SA en el proceso de reparación directa 11001-
33-31-037-2011-00211-01.

6) La Sala advierte que hay lugar a declarar la responsabilidad de los aquí
demandados porque se acreditó el supuesto de hecho para que opere la presunción
contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, como se explica
a continuación.

2.5.2 Hechos probados

De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos
probados relevantes para la adopción de la decisión de la controversia planteada
son los siguientes:

2.5.2.1 Actuaciones adelantadas en el marco del proceso penal seguido contra
Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León

1) El 7 de marzo de 2011, el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá declaró
penalmente responsables a Fernando Alonso Tabares Molina y a Jorge Alberto
Lagos León como coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado,
prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de
comunicaciones agravada; como fundamento de esa decisión se expuso, en
resumen, lo siguiente:

a) Entre los años 2005 y 2009 en el interior del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- se ejecutó un plan sistemático de inteligencia por fuera del marco
legal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron
considerados “blancos políticos”; para ese propósito se realizaron seguimientos,
interceptaciones de comunicaciones, consultas ilegales en bases de datos,
obtención de información financiera, infiltración de fuentes humanas, elaboración de

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perfiles y divulgación de la información obtenida con el propósito de desacreditar a
los funcionarios judiciales.

b) Los señores Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, en la
condición de director general de inteligencia y subdirector de contrainteligencia del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- coordinaron, promovieron y
dispusieron la ejecución de esas actividades ilícitas mediante órdenes verbales y
escritas, aprovecharon las funciones directivas que ejercían y sin que existiera
autorización judicial o fundamento legal que justificara esas labores de inteligencia.

c) En desarrollo de ese plan se adelantó la denominada investigación "paseo",
mediante la cual se pretendía establecer un supuesto vínculo entre algunos
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Ascencio Reyes Serrano a partir de
un viaje realizado a la ciudad de Neiva en junio de 2006 con ocasión de un homenaje
al entonces presidente de esa corporación judicial. Para ese efecto, por orden de
Jorge Alberto Lagos León se desarrollaron las misiones de trabajo números 197 del
17 de diciembre de 2007 y 014 del 28 de abril de 2008 mediante las cuales se obtuvo
la relación de pasajeros de los vuelos chárter Bogotá-Neiva, dentro de la cual
figuraba Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, se recaudaron datos sobre el
hospedaje, los gastos y demás circunstancias relacionadas con ese
desplazamiento; asimismo, Jorge Alberto Lagos León solicitó a la Unidad de
Información y Análisis Financiero -UAIF- información financiera de los magistrados
que asistieron a ese evento.

d) En el marco de ese mismo plan de inteligencia, el 24 de abril de 2008 el
coordinador de asuntos de inteligencia política y social del DAS remitió al
subdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos León documentación que
contenía perfiles elaborados sobre algunos magistrados de las altas cortes, entre
ellos Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez.

e) Por otro lado, la Dirección General de Inteligencia del DAS, a cargo de Fernando
Alonso Tabares Molina, participó activamente en desarrollo de la investigación
denominada “paseo”, junto con el Grupo de Observación Nacional e Internacional -
GONI- y la Subdirección de Contrainteligencia; en ese contexto, se verificaron los
supuestos vínculos entre el señor Ascencio Reyes Serrano y el viaje realizado por
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva y se
presentaron los avances de la investigación a las instancias correspondientes.

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f) Como parte de ese mismo plan se infiltraron fuentes humanas en el interior de la
Corte Suprema de Justicia para obtener información reservada sobre los
magistrados y el desarrollo de sus sesiones y reuniones privadas.

g) La información obtenida fue divulgada a medios de comunicación con el propósito
de desacreditar y afectar el buen nombre de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, finalidad que era conocida por Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge
Alberto Lagos León (fls. 127 a 195 cdno. ppal.)7.

2) El 31 de mayo de 2011 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá aclaró y modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, en el
sentido de precisar la adecuación jurídica de una de las conductas atribuidas a
Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León y ajustar la
dosificación de la pena; en lo demás, confirmó la declaración de responsabilidad
penal a título de dolo de los procesados.

Al respecto, se destaca lo siguiente:

“(…) En ese orden de ideas, se tiene que circunscritos a los factores
previstos en el inciso 3 del artículo 61 del Código Penal la conducta
desarrollada por los acusados Jorge Alberto Lagos León y Fernando
Alonso Tabares Molina refulge de suma gravedad pues, como
acertadamente anunció la representación del Ministerio Público, aquellos
utilizaron el aparato institucional al que se encontraban vinculados a
efectos de ejecutar comportamientos distantes de su finalidad legítima, lo
que derivó en vulneración de la intimidad y buen nombre de las diferentes
víctimas, esto es, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
congresistas de la República para la época de los hechos.

Situación que sin duda generó un grave daño no sólo a la institucionalidad
y a la democracia sino a la sociedad en general y a las víctimas en
particular pues frente a lo primero se perdió la credibilidad en el estamento
de seguridad de involucrado y se desprestigió la administración de justicia
representada en su máxima autoridad y de cara a lo segundo porque se
vieron abocados al desmoronamiento de sus derechos fundamentales.

De la misma manera, el proceder de Jorge Alberto Lagos León y Fernando
Alonso Tabares Molina reflejó alta intensidad de dolo pues conforme a la
experiencia y conocimiento de la actividad de dirección y coordinación
investigativa que cumplían en el Departamento Administrativo de
Seguridad, se aprovecharon de ella en procura de obtener el ilícito fin,
cual no era otro que desprestigiar la administración de justicia para que
se perdiera la credibilidad en sus decisiones, e igual desacreditar a los
opositores del Gobierno Nacional; circunstancias que surgen

7
Si bien la sentencia penal de primera instancia no fue aportada al expediente, la providencia penal
de segunda instancia reproduce y analiza las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión del a quo para declarar la responsabilidad penal de los señores Fernando Alonso Tabares
Molina y Jorge Alberto Lagos León; por tal razón, el anterior resumen se elaboró con base en dicho
proveído.

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supremamente reprochables en el ámbito social y develan la voluntad de
actuar en contravía de las normas penales, precisamente, al dar
apariencia de legalidad a un comportamiento que no lo era.

(…).

Si a ellos se aúna que en el preacuerdo la pena pactada con los atrás
mencionados se motivó en razones tales como en la no evasión por parte
de aquellos a los requerimientos de la administración de justicia por este
proceso, la autorización voluntaria para que los interrogatorios que se les
realizaron sean descubiertos y utilizados como elemento material
probatorio en otros procesos adelantados por estos mismos hechos, su
compromiso para servir de testigos y su sincero arrepentimiento, resultan
aspectos más que suficientes para justificar el monto de la pena
convenida, esto es, 8 años para el señor Lagos León y 8 años y 2 meses
para el señor Tabares Molina.

(…) En los anteriores términos la sentencia recurrida será modificada a
efectos de precisar que la pena principal de inhabilitación en el ejercicio
de derechos y funciones públicas por los delitos contra la administración
pública atribuidos a Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto
Lagos León quedarán en 6 meses y 20 días para cada uno; en tanto, la
misma sanción pero como accesoria en razón a los delitos restantes,
concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, será para el
primero de los mencionados de 91 meses y 10 días y para el segundo de
89 meses y 10 días.
(….).

De la aclaración:

De cara a los reseñado conviene precisar que en los sendos preacuerdos
suscritos por Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares
Molina respecto a ‘infiltración ilícita a la Corte Suprema de Justicia’ el
representante de la fiscalía advirtió como hechos jurídicamente relevantes
que para el año 2008 se ‘… contactó y ubico personas al interior del alto
tribunal para que obtuvieran información reservada y privilegiada de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del desarrollo de sus
actividades funcionales. Entre los datos a los que ilegalmente el DAS pudo
tener acceso a través de estas fuentes, están el desarrollo de sesiones o
reuniones privilegiadas de magistrados, datos personales de estos e
incluso copias de inteligencias judiciales’.

(…) No obstante lo indicado, la operadora judicial de primera instancia al
emitir la sentencia circunscribió tal comportamiento no en el abuso de
función pública como fáctica y jurídicamente correspondía sino en el de
violación ilícita de comunicaciones agravada, razón por la cual el
recurrente impetró la revocatoria parcial de la sentencia o en su defecto
su aclaración.

En el asunto resulta necesario precisar que los hechos atrás narrados,
contrario a lo esgrimido por la funcionaria a quo, no surgían subsumibles
en la conducta punible a que los integró en la sentencia -violación ilícita
de comunicaciones agravada- pues, sea la verdad, la infiltración o
penetración a la Corte Suprema de Justicia a efectos de acceder a
información reservada y privilegiada de los magistrados y el desarrollo de
sus actividades funcionales tales como son las sesiones o reuniones
privadas de los magistrados, datos personales e incluso a copias de
diligencias judiciales, constituye, a no dudarlo, conducta de los servidores
públicos acusados que desbordan los límites de su competencia
funcional, o mejor aún, realizadas abusando de los cargos que
desempeñaban.

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Afirmación última que se efectúa en razón de que los aquí acusados, sin
ostentar orden judicial que les permitiera acceder formalmente a la
información atrás reseñada, optaron por atribuirse una función que
legalmente no les correspondía, que no les estaba asignada para realizar
una actividad indebida, esto es, inmiscuirse en rastreos y búsqueda de
información reservada y privilegiada, lo que necesariamente deviene en
clara invasión de una órbita funcional ajena, o mejor aún, en
extralimitación de poder.

De manera que precisado que la ‘infiltración ilícita a la Corte Suprema de
Justicia’ como acertadamente lo indicó la fiscalía en los preacuerdos
suscritos con los acusados Lagos León y Tabares Molina tipifica un abuso
de función pública y no una violación ilícita de comunicaciones en la
medida que los servidores públicos involucrados ejercieron funciones
distintas de aquellas para las que estaban facultados por lo que
sobreviene necesario aclarar el fallo en este aspecto so pena que de no
hacerlo se incurran quebrantamiento de garantías fundamentales” (fls.
127 a 195 cdno. ppal).

2.5.2.2 Actuaciones adelantadas en el marco del proceso penal seguido contra
María del Pilar Hurtado Afanador

El 28 de abril de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
declaró penalmente responsable a María del Pilar Hurtado Afanador, a título de dolo,
como autora de varios delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto,
autora de plurales ilícitos de violación ilícita de comunicaciones y autora del punible
de concierto para delinquir.

Como argumentos de dicha decisión se destacan los siguientes:

1) Entre los años 2007 y 2008 María del Pilar Hurtado Afanador, en su condición de
directora del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, impartió
instrucciones a sus subalternos para desarrollar actividades de inteligencia al
margen de la ley contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En
cumplimiento de esas órdenes se obtuvieron irregularmente expedientes judiciales,
se grabaron sesiones de la Sala Plena de esa corporación y se ejecutaron otras
actuaciones sin una finalidad legítima, pues, obedecían a que las personas
intervenidas eran consideradas opositoras del Gobierno Nacional. La Sala concluyó
que tales hechos configuraban un concurso real y sucesivo de delitos de abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto, por estimar que la procesada utilizó las
atribuciones propias de su cargo y la estructura del DAS para fines distintos de los
previstos en el ordenamiento jurídico.

2) María del Pilar Hurtado Afanador impartió instrucciones para que se grabaran
clandestinamente las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,

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avaló el procedimiento implementado para ese efecto, recibió los reportes de la
información obtenida y ordenó la transcripción de los audios para remitirlos al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con el propósito de
suministrar información privilegiada. Se concluyó que mediante esas actuaciones la
procesada obtuvo y permitió el acceso a conversaciones privadas de los
magistrados antes de que su contenido fuera consignado en las respectivas actas
y adquiriera carácter público, de modo que se declaró coautora de varias conductas
de violación ilícita de comunicaciones.

3) María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas concertaron la
utilización permanente del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- para
obtener información requerida por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República mediante actividades de inteligencia desarrolladas al margen de la ley;
con ese propósito se recopiló información en desarrollo de la denominada
investigación "Paseo", se grabaron clandestinamente las sesiones de la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia, se obtuvieron irregularmente expedientes judiciales y la
información recaudada fue divulgada a determinados medios de comunicación con el
propósito de desacreditar a los magistrados de esa corporación. Por otro lado, aunque
inicialmente existía una razón legítima para adelantar averiguaciones relacionadas
con el caso “Paseo", al momento de divulgar esa información ya se encontraban
descartados los motivos y sospechas que habían dado origen a la investigación, de
manera que evidenciaba que tales actuaciones perseguían fines distintos de la
seguridad del Estado y demostraban el acuerdo ilegal entre los procesados, razón por
la cual se declaró a Hurtado Afanador como autora del delito de concierto para
delinquir.

2.5.2.3 Actuaciones adelantadas en el marco del proceso de reparación directa
con radicación número 11001-33-31-037-2011-00211-01

1) El señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, exmagistrado de la Corte Suprema
de Justicia, junto con su núcleo familiar, presentó demanda de reparación directa
en contra del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, la Unidad de
Información y Análisis Financiero -UIAF-, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República -DAPRE- y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, con el objeto de que se les declarara patrimonial y extracontractualmente
responsables por las actividades ilegales de inteligencia desarrolladas entre los
años 2007 y 2010 consistentes, entre otras, en seguimientos, interceptaciones de
comunicaciones, asedio y campañas de desprestigio (fl. 78 cdno. ppal).

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2) El 27 de julio de 2015, el Juzgado Veintiuno Administrativo de Descongestión de
Bogotá declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS-, sucedido procesalmente por la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las actividades ilegales de inteligencia
desplegadas en contra del demandante y, en consecuencia, lo condenó al pago de
perjuicios morales (fls. 28 a 77 cdno. ppal.).

3) El 15 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la
anterior decisión en el sentido de desvincular a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional como sucesora procesal del DAS y reconocer esa condición a la
Fiduciaria La Previsora SA en calidad de administradora del patrimonio autónomo
de remanentes. Asimismo, atribuyó responsabilidad patrimonial extracontractual al
Departamento Administrativo de Seguridad, representado procesalmente por dicha
fiduciaria, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; en
consecuencia, las condenó solidariamente al pago de una indemnización por
concepto de perjuicios morales y daño emergente.

De dicha providencia se destacan las siguientes consideraciones:

“(…) los medios de convicción acreditan con suficiencia, que el
doctor SIGIFREDO DE JESÚS ESPINOSA PÉREZ en su calidad de
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue víctima de
interceptaciones ilegales, indebido monitoreo a su vida privada,
injusta campaña de desprestigio y sabotaje, entre otros actos de
indebida persecución, por parte de agentes de las demandadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS
(FIDUCIARIA LA PREVISORA SA en su calidad de sucesora procesal)
y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA (…).

Es así que conforme decantó al realizar la valoración probatoria, la
sentencia penal condenatoria y ejecutoriada por los delitos de
concierto para delinquir agravado, abuso de función pública,
violación ilícita de comunicaciones agravada, proferida en contra de
ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
con ocasión a las investigaciones, pesquisas e infiltración ilícita
realizada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en
particular al magistrado SIGIFREDO ESPINOSA, acredita, integrados
los demás medios de convicción, en tamiz de los principios de
unidad y eficacia de la prueba, con suficiencia sobre ello,
conjugando que respecto del entonces director del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, existe hecho notorio que acredita sobre su condena
penal.

En este orden de ideas y en punto del daño irrogado, se advierte que
también encuentra probado que la información obtenida a través de
dichas interceptaciones e investigaciones ilegales, fue puesta a
disposición de los medios de comunicación con la finalidad de

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desprestigiar a los altos funcionarios que integraban la Corte Suprema de
Justicia, caso del doctor SIGIFREDO ESPINOSA, y que tal fin irregular se
consumó, por cuanto fueron catalogados como amigos de quien se refutó
concurrentemente que tenía nexos con el narcotráfico, el señor Ascencio
Reyes, careciendo aun hoy, de decisión judicial que soporte respecto de
este la indilgada relación.

(…).

El daño antijurídico del que se pretende resarcimiento es imputable
bajo el título de falla en el servicio al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS y al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Por
cuanto y en relación del primero, se reitera, del material probatorio
se establece con certidumbre, que quienes fungían como su Director
General de Inteligencia y Subdirector de Contrainteligencia,
acatando órdenes de su Directora General, adelantaron de manera
irregular, en cuanto contravinieron las normas que regulan tal
actividad, investigación contra el doctor SIGIFREDO ESPINOSA, en
razón a su condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia
y filtraron la información obtenida a los medios de comunicación,
con la finalidad de desprestigiarlo.

No es de recibo el argumento de la sucesora procesal del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, conforme
al cual, el daño derivó de acciones desplegadas a título personal por sus
agentes, pues como se establece en la sentencia penal proferida el 7
de marzo de 2011, por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de
Conocimiento, los allí condenados, actuaron en cumplimiento de
órdenes de carácter laboral emitidas por la Directora del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y aún más, con
intervención de al menos un funcionario del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Consideración que fortalece conjugados los hechos notorios de las
condenas penales proferidas en contra de quienes fungieron como
directora del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
DAS y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por conductas que concurrieron
eficazmente a la concreción del daño antijurídico que aquí se reclama.

Es así que conforme acreditan publicaciones de la página web, la
doctora María del Pilar Hurtado, fue condenada por la Corte Suprema
de Justicia - Sala Penal, mediante sentencia del 28 de abril de 2015,
a la pena principal de 14 años de prisión por los delitos de peculado
de apropiación, en concurso con el delito de concierto para delinquir
agravado en calidad de coautora, autora de dos punibles de falsedad
ideológica en documento público, coautora de plurales ilícitos de
violación ilícita de comunicaciones y autora de varios delitos de
abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

(…) En conclusión al tamiz del acervo probatorio antes reseñado,
resulta imputable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD DAS y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el daño antijurídico infringido a
los aquí accionantes. Por cuanto evidencia que los actos criminales
de los que fue víctima directa el doctor SIGIFREDO ESPINOSA
PÉREZ, se orquestaron de manera activa, prevalidos de su órbita
funcional y de los recursos de que disponían para el cumplimiento
de sus competencias, por sus directores, y en particular en lo que
corresponde al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA por el doctor BERNARDO MORENO
VILLEGAS, de quien encuentra demostrado impartió las órdenes a la
directora del DAS, para que adelantara el seguimiento ilegal contra los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y filtró la información
obtenida a los medios de comunicación para desprestigiar a los
funcionarios públicos, comprometiendo de esta manera la responsabilidad
administrativa de esa entidad” (fls. 78 a 96 cdno. ppal - mayúsculas
sostenidas del original - negrillas adicionales).

2.5.3 Análisis de la conducta específica de los demandados

1) En el contexto antes trazado, corresponde a esta Corporación determinar si se
probó el supuesto de hecho de la presunción alegada por la entidad demandante,
esto es, si es posible inferir una conducta dolosa de los señores María del Pilar
Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León
por el hecho de haber sido declarados penalmente responsables por el mismo daño
que sirvió de fundamento para la declaración de responsabilidad extracontractual
del Departamento Administrativo de Seguridad, sucedido procesalmente por la
Fiduciaria La Previsora SA.

2) En ese sentido, se encuentra plenamente demostrado que los señores María del
Pilar Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos
León fueron declarados penalmente responsables, a título de dolo, por los hechos
que sirven de fundamento al presente proceso de repetición; por consiguiente, se
configura el supuesto fáctico previsto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de
2001.

En efecto, en el expediente de la referencia se acreditó que María del Pilar Hurtado
Afanador fue declarada penalmente responsable, a título de dolo, como autora de
los delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad por acto arbitrario e

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injusto y violación ilícita de comunicaciones8; igualmente, Fernando Alonso Tabares
Molina y Jorge Alberto Lagos León fueron declarados penalmente responsables,
también a título de dolo, como coautores de los delitos de concierto para delinquir,
abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, pues, entre los años
2007 y 2008 mientras se desempeñaron como directora, director general de
inteligencia y subdirector de contrainteligencia del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS-, respectivamente, intervinieron en la ejecución de actividades
ilegales de inteligencia en contra de varios magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, entre ellos el exmagistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez9,
consistentes en seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, infiltración de
fuentes humanas, obtención irregular de información reservada y divulgación de
esta a medios de comunicación con el propósito de desacreditar a los funcionarios
judiciales.

3) Por las mencionadas actividades ilegales de las cuales fue víctima el
exmagistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez junto con sus familiares demandó
en reparación directa al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República -DAPRE- y al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y, en
providencia dictada por la jurisdicción contencioso administrativa se estableció la
existencia de una falla del servicio de ambas entidades, en la medida que aquellas,

8
La Sala advierte que conforme a la información disponible en el sistema de consulta de procesos
de la Rama Judicial, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del 7 de mayo de 2025 resolvió la impugnación especial formulada por María del Pilar Hurtado
Afanador contra la sentencia condenatoria proferida el 28 de abril de 2015; en dicha providencia se
declaró la preclusión de la actuación penal únicamente respecto de los delitos de abuso de autoridad
por acto arbitrario e injusto y se mantuvo la declaración de responsabilidad penal por los delitos de
concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones. Es preciso advertir que esa decisión
no modifica las conclusiones aquí expuestas, por cuanto los punibles respecto de los cuales se
mantuvo la condena corresponden a las actividades ilegales de inteligencia que sirvieron de
fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS-, sucedido procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA. Cabe precisar que,
para la fecha de presentación de la demanda, la sentencia condenatoria del 28 de abril de 2015 se
encontraba ejecutoriada y gozaba de fuerza de cosa juzgada. Si bien la sentencia SU-146 de 2020
reconoció retroactivamente a los aforados constitucionales el derecho a impugnar las sentencias
condenatorias dictadas en única instancia a partir del 30 de enero de 2014, precisó que el
reconocimiento de esa garantía no alteraba el carácter de cosa juzgada de la condena mientras no
fuera revocada.
9
La sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
el 28 de abril de 2015 estableció que en desarrollo de las actividades de inteligencia dirigidas desde
el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, se desplegaron operaciones para recopilar
información sobre varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Sigifredo de Jesús
Espinosa Pérez, para lo cual se elaboraron perfiles contentivos de sus datos biográficos, nivel
profesional, trayectoria laboral y un capítulo denominado “información disponible” (fl. 306 cdno.
ppal.); por su parte, la sentencia proferida el 31 de mayo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá estableció que Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge
Alberto Lagos León participaron en actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y que en desarrollo de estas se obtuvo información y se elaboraron
perfiles de varios de ellos, entre quienes se encontraba Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez (fl. 134
cdno. ppal.).

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a través de sus respectivos directores, dispusieron el desarrollo de labores de
inteligencia y seguimiento durante los años 2007 y 2008 a los magistrados
integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de aquella época y la
divulgación irregular de la información obtenida a los medios de comunicación con
el único propósito de desprestigiarlos y, en consecuencia, se declaró la
responsabilidad patrimonial extracontractual y se les condenó solidariamente al
pago de la indemnización de perjuicios.

4) El examen de las mencionadas decisiones penales condenatorias y de la
providencia dictada en el proceso de reparación directa evidencia que en ellas se
hace una relación de las actividades ilegales de las cuales fue víctima el
exmagistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y cuyos autores fueron los señores
María del Pilar Hurtado Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto
Lagos León, condenados penalmente a título de dolo por los mismos daños que
sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, sucedido
procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA.

5) En ese marco fáctico y probatorio, es claro que la entidad demandante demostró
el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 4
del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, la cual no fue desvirtuada por la parte
demandada, como se explica a continuación:

a) Para los demandados no resulta procedente cimentar el supuesto de hecho de la
presunción de dolo invocada por la entidad demandante, para lo cual aducen los
siguientes argumentos: i) el curador ad litem de Fernando Alonso Tabares Molina
afirmó que este no impartió las órdenes de interceptación que dieron lugar a los
hechos objeto del litigio y que, además, se desconoce su paradero, circunstancia
que impide llevar a cabo el acto de reparación que pretende la parte actora; ii) María
del Pilar Hurtado Afanador afirmó que la sentencia penal proferida el 28 de abril de
2015 no contiene referencia alguna a seguimientos ilícitos realizados en contra del
exmagistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez o de los miembros de su familia y,
por lo tanto, que las conductas por las cuales fue condenada penalmente no
guardan relación con los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial impuesta
al Estado en el proceso de reparación directa; iii) anotó que los hechos relacionados
con la interceptación de las comunicaciones se remontan al año 2006, época para
la cual aún no ejercía el cargo de directora del DAS; iv) sostuvo que de conformidad
con el Decreto 643 de 2004 las funciones de dirección, coordinación y supervisión

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de las labores de inteligencia y contrainteligencia correspondían al director general
de inteligencia y al subdirector de contrainteligencia del DAS y no a la directora de
la entidad; v) agregó que no se acreditó una conducta dolosa que le fuera atribuible
respecto de los perjuicios cuya reparación se reclama, máxima cuando Fernando
Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León aceptaron su responsabilidad
penal mediante preacuerdos celebrados con la Fiscalía; vi) afirmó que no existe
nexo causal entre las funciones que desempeñó y el daño que dio lugar a la condena
proferida en el proceso de reparación directa, pues, las actividades que
fundamentaron dicha decisión fueron ejecutadas por otras dependencias y
funcionarios del DAS; vii) expuso que la condena impuesta al Estado obedeció a la
divulgación de información a medios de comunicación, conducta por la cual no fue
condenada penalmente e, viii) refirió que en el proceso de reparación directa se
valoraron declaraciones que la vincularon con los hechos sin que hubiera tenido la
oportunidad de intervenir en dicho trámite ni de ejercer su derecho de defensa y
contradicción frente a tales afirmaciones.

b) En relación con el argumento expuesto por el curador ad litem de Fernando
Alonso Tabares Molina según el cual no impartió las órdenes que dieron lugar a las
actividades ilegales de inteligencia objeto del litigio, la Sala considera que no le
asiste razón.

En efecto, la sentencia penal proferida el 31 de mayo de 2011 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá estableció que el aquí demandado
en la condición de director general de inteligencia del DAS promovió actividades
sistemáticas de inteligencia por fuera del ámbito legal en contra de magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez;
asimismo, determinó que participó activamente en las reuniones en las cuales se
definieron el desarrollo, la prioridad y la ejecución de dichas operaciones e intervino
en la expedición de órdenes encaminadas a obtener información reservada, razón
por la cual fue declarado penalmente responsable, a título de dolo, como coautor de
los delitos imputados, así:

“(…) Frente al punible de prevaricato por acción dijo la juzgadora que los
procesados al pertenecer al organismo de seguridad estatal ostentaban
calidad de servidores públicos; además, los elementos materiales
probatorios permitían establecer que Fernando Alonso Tabares Molina y
Jorge Alberto Lagos León en sus sendas calidades de Director Nacional
de Inteligencia y Subdirector de Contrainteligencia del DAS,
respectivamente, emitieron órdenes tanto verbales como escritas para la
obtención de información y así cumplir su propósito.

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Así, destacó las misiones de trabajo 197 de 17 de diciembre de 2007, 014
de 28 de abril y 142 de 6 de junio de 2008; al igual, la orden expedida por
Jorge Alberto Lagos León a la UIAF o a Gustavo Sierra para la elaboración
de perfiles, y las verbales de las que quedó constancia en los correos
encontrados en el computador de Martha Inés Leal y que habían sido
dadas por su superior Fernando Alonso Tabares Molina o las que expuso
Germán Albeiro Ospina en su interrogatorio.

Órdenes que resultaron contrarias a derecho pues la labor de inteligencia
y contrainteligencia que a dichos funcionarios correspondía cumplir, debía
concretarse bajo los parámetros previstos en el Decreto 643 de 2004
reglamentario del DAS pese a lo cual así no se hizo pues no contaban con
orden alguna de autoridad competente; por ende, las actividades
desplegadas por los funcionarios del DAS que participaron dentro de la
organización criminal se dieron al margen de la ley y vulnerando derechos
fundamentales (…)” (fls. 145 a 146 cdno. ppal).

En ese orden, no es de recibo sostener que el señor Fernando Alonso Tabares
Molina no impartió órdenes relacionadas con los hechos objeto de litigio, pues, fue
precisamente su personal intervención en la promoción de las actividades ilegales
de inteligencia uno de los fundamentos de la condena penal que hoy sirve de
soporte a la presunción prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de
2001.

Por otro lado, tampoco es atendible el argumento según el cual el desconocimiento
del paradero de Fernando Alonso Tabares Molina impide acceder a las pretensiones
de la demanda; la circunstancia de que actualmente se ignore el lugar de residencia
del demandado no constituye un presupuesto para la procedencia del medio de
control judicial de repetición ni desvirtúa la configuración de los requisitos previstos
en la Ley 678 de 2000.

c) Los argumentos formulados por María del Pilar Hurtado Afanador tampoco tienen
vocación de prosperidad, por las siguientes razones:

En primer lugar, contrario a lo afirmado por la demandada, la sentencia condenatoria
proferida el 28 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia sí individualizó al entonces magistrado Sigifredo de Jesús Espinosa
Pérez como una de las víctimas de las actividades ilegales desplegadas desde el
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, pues, estableció que en
desarrollo de las órdenes impartidas desde la dirección de esa entidad, se
elaboraron perfiles, se recopiló información reservada y se adelantaron labores de
inteligencia respecto de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre
ellos el mencionado funcionario judicial.

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De igual manera, la sentencia proferida en el proceso de reparación directa
estableció que el doctor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez fue víctima de
interceptaciones ilegales, monitoreo indebido de su vida privada, campañas de
desprestigio y otras actuaciones de persecución ejecutadas por funcionarios del
DAS, quienes actuaron bajo las órdenes impartidas por la directora de la entidad y
con la participación de los directivos de inteligencia y contrainteligencia,
circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado.

d) Carece de fundamento la afirmación según la cual las conductas por las que fue
condenada penalmente María del Pilar Hurtado Afanador no guardan relación con
los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial impuesta al Estado.

Por el contrario, la comparación entre las sentencias penales y la providencia
dictada en el proceso de reparación directa permite advertir que existe plena
identidad entre los hechos que sustentaron ambas decisiones; en efecto, mientras
la jurisdicción penal declaró acreditado que la entonces directora del DAS ordenó y
dirigió actividades ilegales de inteligencia contra magistrados de la Corte Suprema
de Justicia entre los que estaban Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, la jurisdicción
de lo contencioso administrativo concluyó que esas mismas actuaciones
consistentes en seguimientos, interceptaciones, obtención irregular de información
y su posterior utilización para desprestigiar a los magistrados constituyeron la falla
del servicio que dio lugar a la condena patrimonial del Departamento Administrativo
de Seguridad -DAS-, sucedido procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA.

e) No resulta de recibo el argumento según el cual no se acreditó una conducta
dolosa atribuible a María del Pilar Hurtado Afanador porque Fernando Alonso
Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León aceptaron su responsabilidad penal
mediante preacuerdos10.

La circunstancia de que estos últimos hubieran aceptado los cargos formulados por
la Fiscalía no excluye ni atenúa la responsabilidad penal declarada en contra de la

10
Según se advierte en la sentencia proferida el 31 de mayo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos
León suscribieron preacuerdos con la Fiscalía, mediante los cuales aceptaron su responsabilidad
penal por los hechos relacionados con las actividades ilegales e inteligencia desarrolladas desde el
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. La misma providencia precisa que, pese a la
aceptación de responsabilidad, correspondía al juez verificar la legalidad de los acuerdos y constatar
la existencia de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida
suficientes para inferir la responsabilidad de los procesados, razón por la cual profirió la
correspondiente sentencia condenatoria.

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entonces directora del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, pues, la
Corte Suprema de Justicia estableció que intervino, a título de dolo, en la ejecución
de actividades ilegales de inteligencia desarrolladas desde esa entidad; en
consecuencia, la aceptación de responsabilidad realizada por otros procesados no
desvirtúa la presunción prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

f) Igualmente, no es válida la afirmación según la cual los hechos relacionados con
la interceptación de las comunicaciones se remontan al año 2006, época para la
cual María del Pilar Hurtado Afanador aún no ejercía el cargo de directora del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, toda vez que la responsabilidad
penal declarada en su contra se sustentó en actividades ilegales de inteligencia
desarrolladas entre los años 2007 y 2008, periodo durante el cual se desempeñó
como directora de esa entidad según se acredita con la certificación expedida el 9
de febrero de 2018 por el Grupo de Gestión Humana del Archivo General de la
Nación (fls. 1 a 3 cdno. anexo1).

g) Tampoco prospera el argumento según el cual en virtud del Decreto 643 de 2004
las funciones de dirección, coordinación y supervisión de las labores de inteligencia
y contrainteligencia correspondían al director general de inteligencia y al subdirector
de contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y no a
la directora de la entidad.

Al respecto, es preciso advertir que la responsabilidad penal declarada en contra de
María del Pilar Hurtado Afanador se fundamentó en su intervención personal y
dolosa en la ejecución de las actividades ilegales de inteligencia en contra de los
magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que,
a su vez, constituyó uno de los fundamentos para declarar la responsabilidad
patrimonial extracontractual del DAS, sucedido procesalmente por la fiduciaria La
Previsora SA, en el proceso de reparación directa.

h) Finalmente, tampoco desvirtúa la presunción el argumento según el cual en el
proceso de reparación directa se valoraron declaraciones que vincularon a María
del Pilar Hurtado afanador con los hechos sin que hubiera podido ejercer su derecho
de defensa y contradicción.

Precisamente, la sentencia proferida en el proceso de reparación directa
fundamentó la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, sucedido procesalmente por la

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Fiduciaria la Previsora SA en las actividades ilegales de inteligencia acreditadas
dentro de los procesos penales adelantados contra María del Pilar Hurtado
Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos.

En particular, la responsabilidad penal de la aquí demandada fue establecida en un
proceso en el cual tuvo la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa
y contradicción; en consecuencia, el argumento expuesto no desvirtúa la presunción
prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

2.5.4 Liquidación del perjuicio

Así las cosas, la Sala encuentra procedente condenar a los demandados al
reintegro de la suma de doscientos veinticuatro millones ciento ochenta y tres mil
quinientos noventa pesos ($224.183.590), que corresponde al valor efectivamente
pagado por el Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA - Defensa Jurídica
Extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y su Fondo Rotatorio,
cuyo vocero es la Fiduciaria La Previsora SA, sucesora procesal del Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS-, una vez descontados los intereses moratorios
que ascienden a siete millones doscientos treinta y seis mil novecientos noventa y
seis pesos ($7.236.996)11. Actualizado ese valor a la fecha de la presente
providencia, la condena asciende a trescientos setenta y un millones setecientos
dieciséis mil doscientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos
($371.716.258,65)12.

Es preciso advertir que el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 dispone que la autoridad
judicial deberá determinar la condena atendiendo al grado de participación del
agente estatal en la producción del daño.

11
Respecto del pago realizado por la demandante se precisa que el medio de control judicial de
repetición procede solo por el valor del capital pagado en cumplimiento de las sentencias
condenatorias, mas no por los intereses moratorios los cuales no son imputables a los aquí
demandados sino al deudor que no satisfizo la obligación en forma oportuna. El parágrafo del artículo
11 original de la Ley 678 de 2001, vigente para el momento en que se presentó la demanda de la
referencia, dispuso que: “La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el
valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho
si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada
mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los
intereses que se llegaran a causar. Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente
número 37.419, MP Danilo Rojas Betancourt; sentencia del 31 de mayo de 2024, expediente número
53.480, MP Fredy Ibarra Martínez, sentencia del 28 de abril de 2025, expediente no. 71.907, MP
Fredy Ibarra Martínez, entre otras.
12
Vp = Vh índice final / índice inicial; donde Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o
suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta
sentencia, el de julio de 2026 a falta del índice del mes de agosto de 2026: 159,79 Índice inicial: el
de la fecha en que se pagó la condena de reparación directa -octubre de 2017-: 96,37.

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En el presente asunto se encuentra acreditado que los tres demandados realizaron
aportes determinantes para la ejecución del plan ilegal de inteligencia que dio lugar
a la condena impuesta al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-; sin
embargo, las pruebas permiten establecer una diferencia objetiva en el grado de
intervención de cada uno.

En efecto, se observa que María del Pilar Hurtado Afanador como directora del DAS
impartió las instrucciones para adelantar las actividades ilegales de inteligencia,
autorizó la utilización de la estructura institucional de la entidad para ese propósito,
recibió los resultados de las operaciones y dispuso actuaciones encaminadas a su
aprovechamiento, circunstancias que evidencian que ejerció la dirección y
conducción del plan ilícito.

Por su parte, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León
participaron de manera determinante en la materialización del plan ilícito mediante
la coordinación, disposición y ejecución de las actividades ilegales de inteligencia y
contrainteligencia desplegadas contra los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, entre ellos Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez.

En esas condiciones, la Sala considera proporcionado distribuir la obligación de
reintegro así: cincuenta por ciento (50%) a cargo de María del Pilar Hurtado
Afanador, equivalente a ciento ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y
ocho mil ciento veintinueve pesos con treinta y dos centavos ($185.858.129,32), por
el hecho de haber impartido las instrucciones y dirigido el desarrollo del plan ilícito,
y veinticinco por ciento (25%) a cargo de cada uno de los señores Fernando Alonso
Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, equivalente a noventa y dos millones
novecientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos
($92.929.064,66), por el hecho de haber participado de manera determinante en su
materialización.

3. Conclusión

Se accederá a las pretensiones de la demanda, pues, se acreditó el supuesto de
hecho alegado por la parte actora para que operara la presunción contemplada en
el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 200113.

13
En su texto original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022.

28

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4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA14 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP15 se condenará en costas a la parte demandada, las cuales deberán incluir las
agencias en derecho que se hubieren causado.

Por lo tanto, las costas procesales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, según dispone el artículo 366 del Código
General del Proceso, con inclusión de las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Declárase la responsabilidad patrimonial de los señores María del Pilar Hurtado
Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León.

2°) Como consecuencia, condénase a los señores María del Pilar Hurtado
Afanador, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León a pagar en
favor de la Fiduprevisora SA la suma total de trescientos setenta y un millones
setecientos dieciséis mil doscientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y cinco
centavos ($371.716.258,65), distribuida de acuerdo con su grado de participación
en la producción del daño, así: i) María del Pilar Hurtado Afanador, el cincuenta por
ciento (50%), equivalente a ciento ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta
y ocho mil ciento veintinueve pesos con treinta y dos centavos ($185.858.129,32);
ii) Fernando Alonso Tabares Molina, el veinticinco por ciento (25%), equivalente a
noventa y dos millones novecientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos con
sesenta y seis centavos ($92.929.064,66) y, iii) Jorge Alberto Lagos León, el
veinticinco por ciento (25%), equivalente a noventa y dos millones novecientos

14
Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
15
Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”

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veintinueve mil sesenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos
($92.929.064,66).

3°) Condénase en costas a la parte demandada, tásense por la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de Subsección

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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