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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00045-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00045-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 54 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará 55 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. 56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 27 Radicado: 11001032600020180004500 (61238) Demandante: Agencia Nacional de Minería providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. Fijar por concepto de agencias en derecho en única instancia la suma equivalente a $4.929.507, a favor de la parte demandada. TERCERO: DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192 a 195 del CPACA. CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2018-00045-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 110010326000201800045 00 (61238)
Demandante: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Demandado: MARIO BALLESTEROS MEJÍA

Tema: Medio de control de repetición. Presupuestos de procedencia.
No se probó el pago de la sentencia condenatoria contra el
Estado.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 20051, decide en
única instancia y mediante sentencia anticipada2 el medio de control de repetición
promovido por la Agencia Nacional de Minería contra Mario Ballesteros Mejía.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 15 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Boyacá
declaró la nulidad de la Resolución No. D-343 del 6 de septiembre de 2007 y ordenó
a la Agencia Nacional de Minería3 reintegrar a Rafael Eduardo García Molano a un
cargo igual o equivalente al que ocupaba al momento de su retiro por el término de

1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.
2 Índice 34 Samai, expediente electrónico. Mediante auto del 28 de octubre de 2025 se resolvió

prescindir de la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, con el objeto de dictar
sentencia anticipada.
3 Mediante providencia del 21 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Boyacá aclaró los

numerales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 31 de enero de 2013 por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, la cual fue confirmada
integralmente el 15 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el sentido de señalar
que las órdenes impartidas están dirigidas a la Agencia Nacional de Minería.

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

seis meses con posibilidad de prórroga, así como a pagarle los emolumentos que
había dejado de percibir.

Como la Agencia Nacional de Minería fue condenada en el proceso referido y afirma
que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de repetición en contra de Mario Ballesteros Mejía, señalando que
debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido el servidor público que con su
actuar gravemente culposo había incidido en la declaratoria de nulidad del acto por
la cual fue condenada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de julio de 20164, la Agencia Nacional de Minería, mediante apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de
Mario Ballesteros Mejía, para que se le declare patrimonialmente responsable del
pago de $492.950.734 a Rafael Eduardo García Molano, realizado en cumplimiento
de la sentencia del 15 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que por Resolución D-
261 del 23 de marzo de 2004 el Instituto Colombiano de Ingeniería y Minería (en
adelante INGEOMINAS) nombró con carácter provisional a Rafael Eduardo García
Molano, en el cargo de profesional especializado código 3010, grado 18 y le asignó
funciones en la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero.

Indica que, por Resolución D-1033 del 23 de diciembre de 2004, el director técnico
de INGEOMINAS, en ejercicio de las funciones de director general, dispuso el
traslado del señor García Molano al Grupo de Trabajo Regional de Nobsa, con
efectos a partir del 3 de enero de 2005.

4 Fl. 15 anverso, C.Ppal.

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

Manifiesta que, a través de la Resolución D-343 del 6 de septiembre de 2007,
INGEOMINAS, por conducto de su director general, Mario Ballesteros Mejía,
dispuso la terminación del nombramiento en provisionalidad de Rafael Eduardo
García Molano.

Sostiene que en fecha indeterminada Rafael Eduardo García Molano presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra INGEOMINAS, en la que
solicitó declarar la nulidad de la Resolución D-343 del 6 de septiembre de 2007 y el
reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno
superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Señala que mediante sentencia del 31 de enero de 2013, el Juzgado Primero
Administrativo en Descongestión de Santa Rosa de Viterbo declaró la nulidad -por
falta de motivación- de la Resolución D-343 del 6 de septiembre de 2007, expedida
por el director general de INGEOMINAS y, en consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro de Rafael Eduardo García Molano
al mismo cargo o a uno superior, así como a efectuar el pago de las prestaciones
sociales y demás emolumentos laborales que esa entidad le adeudaba.

Narra que en fecha indeterminada INEGOMINAS formuló recurso de apelación
contra la anterior sentencia.

Destaca que, mediante sentencia del 15 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo
de Boyacá confirmó en todas sus partes la sentencia del 31 de enero de 2013,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Santa Rosa
de Viterbo.

Resalta que, mediante auto de aclaración del 21 de octubre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Boyacá aclaró que las órdenes impartidas -de reintegro y pago-
estaban dirigidas a la Agencia Nacional de Minería.

Refiere que mediante Resolución No. 615 del 4 de septiembre de 2015, la Agencia
Nacional de Minería, ordenó reconocer y pagar a Rafael Eduardo García Molano la
suma de $373.066.673.

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

Como la Agencia Nacional de Minería fue condenada en el proceso referido y afirma
que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de repetición en contra de Mario Ballesteros Mejía, señalando que
debía reembolsarle dicho dinero, pues fue el servidor público que con su conducta
gravemente culposa incidió en el daño por el cual resultó condenada, toda vez que
en su calidad de director general de INGEOMINAS suscribió la Resolución D-343
del 6 de septiembre de 2007, que posteriormente fue anulada.

2. Contestación

El 21 de mayo de 20185, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda
y ordenó su notificación al demandado y al Ministerio Público.

2.1. Mario Ballesteros Mejía6 se opuso a las pretensiones de la demanda. En
sustento, señaló que no actuó con culpa grave, pues para la fecha en que se profirió
la Resolución D-343 del 6 de septiembre de 2007, la jurisprudencia de lo
contencioso administrativo prohijaba la tesis según la cual no era necesaria la
motivación del acto de declaratoria de insubsistencia de un nombramiento en
provisionalidad. Agregó que, solo con posterioridad a la expedición del citado acto
administrativo, la Corte Constitucional profirió la sentencia de unificación del 23 de
septiembre de 2010, en la que se fundamentó el Juzgado Primero Administrativo en
Descongestión de Santa Rosa de Viterbo para declarar la nulidad de la mencionada
resolución.

Asimismo, indicó que en INGEOMINAS la actuación administrativa se cumplía bajo
el principio de división de trabajo con la participación de dependencias y

5 Fl. 144 a 148, C. Ppal. La demanda fue repartida inicialmente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, por auto del 4 de agosto de 2016 declaró su falta de competencia para conocer
del asunto, en razón al territorio, y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de
Duitama (Fl. 80 a 81, C. Ppal.). Mediante auto del 10 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso, declaró su falta de competencia en razón a la cuantía y ordenó remitir
el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá (Fl. 93 a 95, C. Ppal.). El 13 de marzo de 2017,
el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado u al
ministerio público (Fl. 100 a 101, C.Ppal.). El 30 de agosto de 2017 el demandado contestó la
demanda (Fl. 111 a 125 C. Ppal.). En la audiencia inicial celebrada el 28 de febrero de 2018, el
Tribunal Administrativo de Boyacá declaró su falta de competencia funcional y ordenó remitir el
expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado (Fl. 138 a 139, C. Ppal.).
6 Fl. 158 a 172, C. Ppal.).

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

funcionarios especializados en diferentes áreas, por lo que la Resolución D-343 de
2007 surtió, antes de la suscripción por parte del director general, un proceso de
elaboración y revisión de las correspondientes áreas especializadas encargadas de
verificar el cumplimiento de requisitos formales y legales.

Afirmó que “[…] En el caso específico de la suscripción de la mencionada
Resolución D-343, el Dr. Mario Ballesteros Mejía, quien es de profesión
administrador de empresas, obró confiando en la actuación previa de los
colaboradores que la elaboraron y revisaron, sin que le fuera advertida ninguna
contrariedad frente a la ley, ni, en razón de su profesión, le fuera posible advertirla
[…]”.

3. Trámite de la sentencia anticipada

Encontrándose el proceso para convocar a la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA, se resolvió prescindir de esta con el fin de dictar sentencia
anticipada7. Al efecto, se constató la configuración de la causal contenida en el literal
c) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA8, por lo que se decretaron e
incorporaron como pruebas los documentos aportados por la parte demandante y,
en firme tal determinación, se fijó el objeto del litigio en torno a establecer “si el señor
Mario Ballesteros Mejía, en su calidad de exfuncionario-como Director General del
Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS- y, en ejercicio de su
cargo, incurrió en conducta dolosa o gravemente culposa que diera lugar a la
condena impuesta a la entidad a favor del señor Rafael Eduardo García Molano,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado No. radicado 2008-0001 […]”.

7 Mediante auto del 28 de octubre de 2025, índice 34 Samai, expediente electrónico.
8 Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia

inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c)
Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la
contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas
solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles (…)”.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este
numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá
hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

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Demandante: Agencia Nacional de Minería

4. Alegatos de conclusión

El 14 de noviembre de 20259 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La entidad demandante10 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. El Ministerio Público11 solicitó negar las pretensiones de la demanda con
fundamento en que los documentos presentados no son suficientes para acreditar
el pago de la obligación que originó la presente demanda de repetición. De hecho,
sostuvo que no se aportó ninguna prueba que acreditara que el pago fue
efectivamente recibido en la cuenta bancaria del demandante, además de que “[…]
no se cuenta con los comprobantes que respalden el pago total de la obligación
reconocida en la Resolución No. 615, ni se ha acreditado de manera fehaciente que
los pagos por los conceptos de pensiones, salud, riesgos laborales y otros hayan
sido efectivamente realizados […]”.

4.3. Mario Ballesteros Mejía guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento

9 Índice 39 Samai, expediente electrónico.
10 Índice 44 Samai, expediente electrónico.
11 Índice 43 Samai, expediente electrónico.

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Demandante: Agencia Nacional de Minería

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)12 y el inciso 1° del
artículo 7 de la Ley 678 de 200113.

En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437
de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda 14, en sus
artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos
de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de
doble instancia.

De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del
CPACA sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 202115, el Consejo de

12 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio

con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
13 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá

de la acción de repetición.”
14 Por tratarse de una demanda promovida el 15 de julio de 2016, esto es, con posterioridad al 2 de

julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en
el CPACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la mencionada normatividad, a cuyo
tenor: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP),
en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar
que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento
en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
15 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021,

dispuso lo siguiente: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 13. De
la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la
Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de
los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior
Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional (se
destaca).

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado
ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden
nacional.

En este sentido, atendiendo a la calidad de Mario Ballesteros Mejía, es decir, como
representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional, como lo es
la INGEOMINAS16 se concluye que esta Corporación es competente para decidir de
fondo el presente proceso, en única instancia (hechos referidos 8.2.1. y 8.2.2.).

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 17, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 18, la
acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el
servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto.

Es importante precisar que, si bien el artículo 24 de la Ley 2080 de 2020 modificó el artículo 149 del
CPACA y que el artículo 25 de la misma ley introdujo el artículo 149A al CPACA sobre la competencia
del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad respecto de las Repeticiones que el
Estado ejerza contra congresistas, entre otros funcionarios, lo cierto es que tanto el artículo 149
modificado como el artículo 149A se aplican a las demandas instauradas a partir del 25 de enero de
2022, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2020, pero esta demanda fue presentada
el 24 de septiembre de 2021, por ello se aplica el artículo 149 del CPACA en su texto original.
16 Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011 “Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto

Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). (…) ARTÍCULO 1°. NATURALEZA Y
DENOMINACIÓN. Cámbiase la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería
(Ingeominas) de establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con personería jurídica,
autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, que se denominará
Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hará parte del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
ARTÍCULO 2°. DOMICILIO. El Servicio Geológico Colombiano tendrá como domicilio la ciudad de
Bogotá, D. C., y ejercerá sus funciones a nivel nacional, para lo cual podrá contar con dependencias
o unidades a nivel territorial.
17 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter

patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
18 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al

disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita
declarar a Mario Ballesteros Mejía patrimonialmente responsable del pago de
$492.950.734, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 15 de julio de 2014.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
20 “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su

potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de
acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en
la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la
paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino
que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la
sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público
lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez,
cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002.

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Radicado: 11001032600020180004500 (61238)
Demandante: Agencia Nacional de Minería

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure22 que opera

21 “(...) el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser
condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien
dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno
de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso
a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado
el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria
a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado,
sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05.
22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 23,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 201224, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)25. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código

23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
24 La demanda de repetición se presentó el 15 de julio 2016 (Fl. 17 anverso, C. Ppal.).
25 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

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General del Proceso (CGP)26, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados27.

Sobre el particular, el literal l) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA
disponía que para el ejercicio del medio de control de repetición el término de dos
años se contará a partir del día siguiente al del pago de la condena o conciliación o,
a más tardar, desde el día siguiente al del vencimiento de plazo máximo con el que
cuenta la entidad para efectuar el pago correspondiente de conformidad con lo
previsto en dicho código28.

26 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP
entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la
norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el
respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
27 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto

del 21 de mayo de 2021, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00070-00 (51260)B y 81001-
33-33-002-2014-00468-00 (acumulado): “El artículo 11 de la Ley 678 de 2001, dispone que “la acción
de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el
término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y
agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”.
En relación con la vigencia del medio de control de repetición, el literal L) del numeral segundo, del
artículo 164 del CPACA, dispone que: “cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término
será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde
el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad
con lo previsto en este Código.
De conformidad con lo anterior, para brindar seguridad jurídica y que no se postergue la caducidad
en el tiempo, el término de caducidad del medio de control de repetición (...) inicia a partir del día
siguiente de la fecha de pago o a más tardar del vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas. Es decir que, el inicio del conteo del término de caducidad
se supedita a lo primero que suceda en el tiempo, (i) bien sea el día siguiente en que la entidad
realizó el pago dentro del plazo previsto, o (ii) en caso de que la entidad no hubiera cumplido con el
pago dentro del plazo legal, se iniciará la contabilización del término al vencimiento de este.”

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Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que
se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del
CPACA29_30.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 15 de julio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá fue notificada por edicto desfijado el 31 de julio
de 201431, quedando ejecutoriada 4 de agosto de 2014; ii) que el plazo de los 10
meses para cumplir la condena se cumplió el 5 de junio de 2015; iii) que según lo
dicho en la demanda, la Agencia Nacional de Minería realizó el pago de la sentencia
el 30 de octubre de 201532; iv) que lo primero que ocurrió fue el plazo de 10 meses
para efectuar el pago; y v) que la demanda se presentó el 15 de julio de 201633, esto
es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del
CPCA para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis34.

29 “Artículo 192. “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las Entidades Públicas.

Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30)
días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de
dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada […].”
30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de marzo de 2018, Rad.: 59245. En el

mismo sentido, véase, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 6 de
diciembre de 2017, Rad.: 50192 y del 30 de agosto de 2018, Rad.: 55661.
31 Fl. 48 anverso, C.Ppal.
32 Fl. 54, C.Ppal.
33 Fl. 17 anverso, C. Ppal.
34 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa

corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.

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4.1. La Agencia Nacional de Minería está legitimada en la causa por activa, pues es
la entidad pública que fue condenada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
mediante sentencia del 15 de julio de 201435, aclarada en providencia del 21 de
octubre de 201436.

4.2. Mario Ballesteros Mejía está legitimado en la causa por pasiva, pues
presuntamente fue el agente que con su conducta gravemente culposa dio lugar a
la condena impuesta en contra de la Agencia Nacional de Minería, dado que en su
calidad de director general de INGEOMINAS, profirió la Resolución D-343 del 6 de
septiembre de 2007 que fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Boyacá
y que dio lugar a la condena judicial contra la entidad demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2008 - 0000100.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el pago de la condena como presupuesto de
procedencia del medio de control de repetición se encuentra o no acreditado en el
asunto.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.

7. Régimen jurídico aplicable al caso

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.

35 Fl. 35 a 42 C.Ppal.
36 Fl. 43 a 48 C. Ppal.

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Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de
carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público,
así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.

La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual
que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del
agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto
a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos
procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción
y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad,
oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y
determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con
fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso37.

Así las cosas, como en el sub examine los hechos38 que produjeron la condena en
contra la Agencia Nacional de Minería ocurrieron en 2007, esto es, cuando Mario
Ballesteros Mejía en calidad de director general de INGEOMINAS, profirió la
Resolución D-343 del 6 de septiembre de 2007, por medio de la cual dio por
terminado el nombramiento provisional de Rafael Eduardo García Molano, el
régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de
2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 202239, toda vez que esta

37 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23

de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad:

47535.
39 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra

la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

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última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.

8. El caso concreto

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación40, para la procedencia del medio
de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor
o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii)
el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente
culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al
Estado.

En este sentido, en aras de resolver el cargo invocado en el libelo introductorio, la
Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia
del medio de control de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto
jurídico todos ellos deben estar acreditados.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no
será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende,
declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a
la condena o conciliación contra el Estado y condenarlo a reembolsar la suma de
dinero que éste pagó.

8.1. La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que
formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma
de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia
debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de

noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.

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judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto41, tal
y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 200142.

En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante
sentencia del 15 de julio de 201443, aclarada mediante auto del 21 de octubre de
201444, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia del 31 de enero
de 201345, proferida por el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de
Santa Rosa de Viterbo que declaró la nulidad de la Resolución D-343 del 6 de
septiembre de 2007, proferida por INGEOMINAS, ahora Agencia Nacional de
Minería, y le ordenó pagar a Rafael Eduardo García Molano los salarios y
prestaciones dejados de percibir, así como el pago de aportes en salud y pensión,
desde el momento de su desvinculación, 7 de septiembre de 2007, hasta la fecha
en que se produjera el reintegro efectivo al cargo.

8.2. La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado

El segundo presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que
el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la
responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de
particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.

En el caso sub judice, para probar la calidad de servidor público del demandado, la
parte actora aportó los siguientes medios probatorios:

8.2.1. Resolución D-343 del 6 de septiembre de 2007, por medio de la cual, Mario
Ballesteros Mejía, en calidad de director general de INGEOMINAS, dio por

41Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,

Rad.:56284.
42 “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra

del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente
culposa, la reparación patrimonial”.
43 Fl. 35 a 42, C.Ppal.
44 Fl. 43 a 48, C. Ppal.
45 Fl. 23 a 31, C. Ppal.

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terminado el nombramiento provisional de Rafael Eduardo García Molano. De ello
da cuenta copia del mencionado acto administrativo46.

8.2.2. Resolución D-434 del 8 de octubre de 2007, a través de la cual, Mario
Ballesteros Mejía, en calidad de director general de INGEOMINAS, reconoció y
ordenó pagar a favor de Rafael Eduardo García Molano, la suma de $6.769.949,
por concepto de salarios y prestaciones sociales. De ello da cuenta copia de la
referida resolución47.

Pues bien, aunque la Sala advierte que no reposa certificación del área de talento
humano de INGEOMINAS o la hoja de vida de Mario Ballesteros donde conste la
fecha en que ingresó a ese instituto, así como el tiempo de servicio, lo cierto es que
de conformidad con las pruebas anteriormente expuestas se puede concluir que
Mario Ballesteros Mejía fungía como director general de INGEOMINAS para la fecha
en que ocurrieron los hechos, pues está demostrado que en tal calidad profirió la
resolución mediante la cual dio por terminado el nombramiento provisional del señor
García Molano, que a la postre fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, en tanto la condición de tal no se encuentra dubitada ni la suscripción de
los actos administrativos fue objeto de tacha alguna ni estos resultaron apócrifos.

Así las cosas, está demostrado que Mario Ballesteros Mejía tenía la calidad de
servidor público de INGEOMINAS para la época de los hechos.48

46 Fl. 70 a 71, C. Ppal.
47 Fl. 72 a 74, C.Ppal.
48 A propósito de la prueba de la calidad de servidor o ex servidor público, la Subsección A de la

Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 29 de octubre de 2018 48, sostuvo: “En el
expediente reposa la copia auténtica de la Resolución No. 0-0335 del 16 de febrero de 2006, a través
de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Rodrigo de Jesús Monsalve Araque,
acto administrativo que fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que
condujo a que se condenara a la Fiscalía General de la Nación a pagar una suma de dinero, monto
por el cual dicha entidad presentó la demanda de repetición objeto de estudio. En lo que aquí
interesa, conviene señalar que dicha resolución fue suscrita por el ahora demandado, Mario Germán
Iguarán Arana, en su condición de Fiscal General de la Nación, razón por la cual el mencionado
señor, para ese entonces, ostentaba la calidad de agente estatal, cumpliéndose así este tercer
presupuesto.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2018, Rad.: 47932.).
También ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre
de 2022, rad: 62552: “si bien no reposa copia de la posesión de Rosalba Valero Sánchez como
Personera de Villavicencio o certificación que indique el tiempo durante el cual desempeñó dicho
cargo, lo cierto es que la calidad de la demandada como servidora o ex servidora pública para el
momento de los hechos está demostrada, pues se acreditó que en ejercicio del cargo (Personera de
Villavicencio) suscribió los oficios relacionados anteriormente y fue a quien Lilia Stella Sánchez

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8.3. El pago de la obligación reparatoria

Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe
acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier
otra forma de terminación de conflictos.

A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine la actora aportó las
siguientes pruebas:

8.3.1. Copia de la Resolución No. 615 del 4 de septiembre de 2015, proferida por la
presidenta de la Agencia Nacional de Minería “por medio de la cual se da
cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado Primero Administrativo en
Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo”, en la que se
reconoció a favor de Rafael Eduardo García Molano, la suma de $373.066.673 y se
ordenó el pago, tras los descuentos correspondientes, por un valor $323.263.713,
por concepto de salarios y prestaciones dejados de devengar desde el 7 de
septiembre de 2007 hasta el 26 de mayo de 2015. De ello da cuenta copia de la
mencionada resolución.49

8.3.2. Copia de certificado de disponibilidad presupuestal del 17 de diciembre de
2015, en el que el jefe de presupuesto “certifica que existe apropiación presupuestal
disponible y libre de afectación en los siguientes ‘ítems de afectación de gastos’ y
que el saldo a comprometer es de “36.861.747”. De ello da cuenta copia del
certificado del 17 de diciembre de 201550.

8.3.3. Copia del documento denominado “CONSTANCIA DE PAGOS
EFECTUADOS EN CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL A RAFAEL EDUARDO
GARCÍA MOLANO C.C. 6.769.949”, en el cual Martha Adriana Sánchez Muñoz,
quien dice ser “Gestor Grupo de Recursos Financieros”, sin especificar de qué
entidad, indica que el 30 de octubre de 2015 se abonó en la cuenta de ahorros

Rodríguez le solicitó no desvincularla de la entidad.”
49 Fl. 49 a 51, C. Ppal.
50 Fl. 53, C. Ppal.

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841127665 del banco BBVA, la suma de $323.263.713. El contenido del documento
es el siguiente:

8.3.4. Copia del documento denominado “CÁCULO PAGO Rafael Eduardo García
Molano”, en el que consta la liquidación de las prestaciones sociales efectuadas
mes a mes, desde septiembre de 2007 hasta mayo de 2015. De ello da cuenta
copia del referido documento51

De conformidad con las pruebas anteriormente expuestas, se evidencia que no se
acreditó que la Agencia Nacional de Minería hubiere pagado la suma reconocida
en virtud de la sentencia del 15 de julio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, aclarada por auto del 21 de octubre de 2014.

En efecto, es menester poner de presente que el artículo 142 de la Ley 1437 de
2011, dispone que “cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el
certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en

51 Fl. 55 a 56, C.Ppal.

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el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el
proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.
Así también lo reconoció la Sala en un asunto similar.52

Lo anterior no significa que se establezca una tarifa legal para acreditar el pago de
la condena, pues en los procesos de repetición el pago efectivo de la obligación
reparatoria por parte de la entidad demandante puede acreditarse a través de
cualquier medio de prueba, en tanto permita concluir que la obligación ha sido
efectivamente satisfecha.

Sin embargo, se tiene que las pruebas aportadas al presente proceso no dan
cuenta que la Agencia Nacional de Minería hubiera efectuado el pago de la suma
fijada en la sentencia del 15 de julio de 2014, pues solo acreditan que se ordenó el
pago de la suma de $323.263.713 a favor de Rafael Eduardo García Molano; que
la entidad contaba con una disponibilidad presupuestal por un valor de $38.861.747
y que el 5 de julio de 2016, Martha Adriana Sánchez Muñoz, quien dice ser “Gestor
Grupo de Recursos Financieros” sin especificar en qué entidad ejerce dicho cargo,
profirió una constancia de pago a favor del señor García Molano por la suma de
$323.263.716.

En efecto, se tiene que la Resolución 615 del 4 de septiembre de 2015 no acredita
el pago de la obligación reparatoria, pues se limita a ordenar el reconocimiento y
pago a favor de Rafael Eduardo García Molano de la suma de $323.263.713, sin
que de su contenido pueda inferirse que dicho pago se hubiere realizado
efectivamente.

En cuanto al certificado de disponibilidad presupuestal allegado al expediente, se
advierte que dicho documento únicamente da cuenta de la existencia de unos
recursos económicos, en este caso, de $36.861.747, destinados al pago de
sentencias y obligaciones, sin que ello acredite la realización efectiva del pago de
la obligación, máxime cuando el saldo a comprometer allí señalado difiere del
monto reconocido en la Resolución 615 del 4 de septiembre de 2015.

52Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 60977.

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Respecto al documento del 5 de julio de 2016 denominado “CONSTANCIA DE
PAGOS EFECTUADOS EN CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL A RAFAEL
EDUARDO GARCÍA MOLANO C.C. 6.769.949”, suscrito por Martha Adriana
Sánchez Muñoz, quien dice ser “Gestor Grupo de Recursos Financieros”, la Sala
observa que (i) el documento no cuenta con membrete oficial de la Agencia
Nacional de Minería; (ii) no se tiene conocimiento si la persona quien lo suscribe
tiene la calidad de pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones,
y (iii) tampoco se tiene conocimiento de que la cuenta a la que dice haber abonado
el dinero, sea la informada por el señor García Molano o por su apoderado para el
efecto.

Así, comoquiera que la norma mencionada exige “el certificado del pagador,
tesorero, o servidor público que cumpla tales funciones en la cual conste que la
entidad realizó el pago”, el documento mediante el cual se pretende probar la
realización del aludido pago debe ofrecer a lo menos certeza de que proviene de la
entidad obligada y de que quien suscribe el certificado es el pagador, tesorero o un
funcionario público de la entidad pagadora y que este funcionario tiene asignadas,
en las normas que rigen la entidad, las funciones que lo habilitan para pagar, lo que
impide que un documento sin membrete, carente de certeza de su autoría, pueda
servir para acreditar el pago que se pretende repetir, como tampoco podría servir
un documento suscrito por una persona que no acredite poseer las funciones de
pagar o de emitir tales certificaciones en la medida en que ambas circunstancias
deben cumplirse.

Es que la importancia de tal certificación es medular en el proceso de repetición, en
la medida en que tal documento es una declaración de conformidad con la realidad
institucional, emitida por funcionario público, en tanto acredita hechos, situaciones
o actos que ocurren en la entidad en la que el funcionario presta sus funciones, de
donde las certificaciones apócrifas o suscritas por funcionario incompetente, en la
medida en que no sirven para acreditar el hecho del pago que se pretende probar e
impide a la entidad recuperar lo pagado por causa de una sentencia o conciliación
fruto de una actuación dolosa o gravemente culposa de quien ejercía o ejerce
funciones públicas causantes de tal erogación, implica a su vez el incumplimiento

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Demandante: Agencia Nacional de Minería

de los deberes funcionales de quien debió suscribir el documento acreditativo del
pago o de quien no teniendo la función de pagar o certificar lo emite. De acuerdo
con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de
los elementos estructurales del medio de control de repetición.

Así las cosas, se reitera, que al tratarse de una demanda de repetición, la carga
de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los
requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del
Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y
que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño
antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub
examine.

Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente
concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera
buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las
partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para
suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico
procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la
debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan
a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.

En el presente expediente se encuentra tal desinterés de la parte demandante de
ofrecer al plenario la ilustración probatoria de las afirmaciones de la demanda, que
se impide al juez de instancia completar el material probatorio en la medida en que
no se trata en este caso de llenar vacíos probatorios, de lograr compensar aspectos
que permanecieron oscuros por ausencia de alguna prueba o de superar alguna

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Demandante: Agencia Nacional de Minería

condición o situación de la parte que propone la litis, sino de una ausencia probatoria
más profunda que implica dejar sin fundamento alguno la proposición judicial
contenida en la demanda. De suplirse tal desidia en la iniciativa probatoria se
rompería el aludido equilibrio procesal que propugna la Sala.

Por último, debe advertirse que la decisión que aquí se adopta no es ajena a la
posición de la Subsección C53, pues en un caso de similares características al que
aquí se discute, se determinó que el pago de la condena no se había demostrado,
de hecho, en esa oportunidad el fundamento de la negativa de las pretensiones fue
el siguiente:

“(…) Sin embargo, se tiene que las pruebas aportadas al presente proceso no dan
cuenta que la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta pagó la
condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 30 de
junio de 2015, pues solo acreditan pagos que habrían de realizarse en el futuro.

En efecto, al analizar la prueba denominada “comprobante de egreso No. 23679”,
se observa que no contiene datos de los que se pueda inferir que la entidad pública
realizó el pago, pues dicho documento: i) no está suscrito por un funcionario público
[v.gr pagador, tesorero u otro servidor público]; ii) no registra información de la
entidad o dependencia que realiza la transacción; iii) no registra aceptación por
parte del beneficiario y; vi) expresamente dice que las sumas de dinero “serán
giradas al Dr. Emilio Rivera Jaimes, apoderado judicial”, lo que de suyo comporta
un hecho futuro del que se desconoce su concreción. Lo mismo ocurre con la
Resolución No. 968 del 24 de junio de 2016, mediante la cual la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta resuelve dar “cumplimiento a las sentencias
judiciales proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Cúcuta del día 11 de septiembre de 2013, modificada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander (…) dentro del proceso de reparación directa
(…) impetrado por Inés Cobaría y otros” (hecho probado 8.3.1), pues del contenido
de aquella solo se deduce que existe una obligación por cumplir pero no que se
encuentra satisfecha.”

53 Esta postura no es ajena a la Sala, pues en casos análogos ha adoptado igual criterio. Cfr. Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2021, Rad: 65917.

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Demandante: Agencia Nacional de Minería

En suma, al evidenciar que la parte demandante no probó uno de los elementos
para la procedencia del medio de control de repetición, como lo es el pago de la
condena, se denegarán las pretensiones de la demanda.

9. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, debido a que
fue la parte vencida en el proceso y su liquidación se hará de manera concentrada
por la secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en los términos del
artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto
por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación
las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

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Demandante: Agencia Nacional de Minería

En relación con las agencias en procesos de única instancia, de conformidad con lo
establecido en los numerales 354 y 455 del artículo 366 del Código General del
Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10
de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda,
según el cual tratándose de procesos ordinarios que se surten en única instancia la
tarifa de agencias en derecho será de hasta el quince por ciento (15%) de las
pretensiones.

En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el uno por
ciento (1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y
cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte
vencedora56. Como las pretensiones se estimaron en $492.950.734 la parte
demandante (Agencia Nacional de Minería) pagará la suma $4.929.507.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

54 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos

judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de
los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará
55 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

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providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8
del Código General del Proceso.

Fijar por concepto de agencias en derecho en única instancia la suma equivalente
a $4.929.507, a favor de la parte demandada.

TERCERO: DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 a 195 del CPACA.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas
las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF

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