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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00076-00

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00076-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro de la acción de grupo con radicados núms. 27001- 33-31-701-2012-00107-01 y 27001-33-31-701-2012-00094-00 (acumulados). SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la parte demandante de la acción de grupo por un (1) salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente. 57 “Artículo 359. Sentencia. […] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente, y para su pago se hará efectiva la caución prestada”. 58 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”. 59 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 33 Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00 Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2018-00076-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación - Ministerio de Educación Nacional y Departamento
del Chocó - Secretaría de Educación Departamental
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia en la acción de grupo –
no es una instancia adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial.
CAUSALES – son taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 8ª DEL ARTÍCULO 355 DEL
CGP – existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible
de recursos – presupuestos para su configuración. POR VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA – se presenta cuando existe disparidad protuberante entre lo pedido, lo
debatido y lo probado. POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO – inobservancia de aspectos
procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso –
presupuestos para su configuración. DECLARA INFUNDADO – no se acreditó vulneración del
principio de congruencia ni violación al debido proceso.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Chocó -
Secretaría de Educación Departamental contra la sentencia proferida el 16 de marzo
de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro de la acción de grupo
identificada con los radicados núms. 27001-33-31-701-2012-00107-01 y 27001-33-
31-701-2012-00094-00 (acumulados)1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Un número plural de maestros del Chocó presentaron acción de grupo contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el mencionado Departamento, para
que se declarara su responsabilidad y se les reconocieran los perjuicios derivados
de la falta de oportunidad en el pago de los diferenciales salariales por concepto de
los ascensos en el escalafón docente.

En primera instancia se declaró la responsabilidad administrativa y se condenó en
abstracto. Mediante sentencia complementaria, se incorporó un dictamen pericial
que estimaba los perjuicios en $15.243.985.496. En segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Chocó confirmó la responsabilidad patrimonial de la
administración y concretó la condena en $2.360.524.084,63 por daño emergente y

1 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
presentación de la demanda de revisión extraordinaria -1 de junio de 2018-, las cuales corresponden
a las contenidas en el Código General del Proceso.

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$708.157.225,39 por lucro cesante. Tras una tutela presentada por el Departamento
del Chocó, en segunda instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin
efectos la sentencia del Tribunal y ordenó que se profiriera una de reemplazo.

En cumplimiento del fallo de tutela, el Tribunal Administrativo del Chocó mantuvo la
responsabilidad administrativa, pero modificó la condena a $1.954.076.229 por
daño emergente y $3.105.006.758 por lucro cesante.

Las entidades condenadas interpusieron recurso extraordinario de revisión contra
esta última decisión, afirmando que se materializó la causal 8ª de revisión del
artículo 355 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), es decir, “nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de
recurso”, específicamente, por vulneración del principio de congruencia y violación
al debido proceso.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de la acción de grupo en el que se profirió la sentencia objeto
de revisión

Los recurrentes manifestaron que el 13 y el 29 de junio de 2012, Dioselina Mosquera
Quinto2, Guillermo Vásquez Aguilar3 y otros docentes del departamento del Chocó
presentaron acción de grupo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el mencionado departamento del Chocó
– Secretaría de Educación, para que se les condenara “al reconocimiento y pago de
los perjuicios económicos ocasionados por el no pago oportuno de los costos
acumulados por ascenso en el escalafón docente durante los años 1.999 a 2.009.”.

Señalaron que el 19 de diciembre de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó declaró la responsabilidad administrativa de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Chocó por “afectación al
derecho legal del costo acumulado de ascenso en el escalafón docente que
consagra el Decreto número 1095 de 11 de abril de 2005, reglamentario de la Ley
715 de 2001”. La entidad fue condenada en abstracto al pago de la indemnización
que se fijaría en sentencia complementaria, mediante la práctica de un informe
pericial contable sobre “la indemnización colectiva […] ponderada de todas las
indemnizaciones individuales”.

Indicaron que el 6 de marzo de 2014, el departamento del Chocó - Secretaría de
Educación apeló la referida sentencia, argumentando que no existía daño
antijurídico y que no hubo omisión o negligencia por parte de la demandada.

2 Proceso con radicación núm. 27001-33-31-701-2012-00094-00.
3 Proceso con radicación núm. 27001-33-31-701-2012-00107-01.

2

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Sostuvieron que el 21 de marzo de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó rechazó por extemporáneo el recurso interpuesto contra
la sentencia de 19 de diciembre de 2013, al considerar que la apelación no se
presentó dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Afirmaron que, luego de un primer dictamen pericial, del trámite de la solicitud de la
aclaración y adición, así como de la objeción por error grave, el 9 de diciembre de
2014, “oficiosamente”, el perito presentó el dictamen y estimó los perjuicios en la
suma de $15.243’985.496.

Expusieron que el 4 de septiembre de 2015, el Juzgado Primero Administrativo
Mixto de Descongestión de Quibdó profirió la sentencia complementaria en la que
adicionó el dictamen pericial al proceso, como fundamento técnico para la
liquidación de la indemnización ordenada en la sentencia.

Indicaron que el 14 de septiembre de 2015, el departamento del Chocó - Secretaría
de Educación apeló las decisiones anteriores, argumentando que la sentencia
complementaria fue dictada fuera del término de ejecutoria de la sentencia principal,
lo que vulneraba el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Así, cuestionó la creación de una etapa
probatoria posterior al fallo y señaló que las pruebas solo podían decretarse dentro
del trámite procesal.

Aseguraron que el 29 de marzo de 2016, encontrándose en el trámite de la segunda
instancia, ante el impedimento presentado por la magistrada Mirtha Abadía Serna y
la incapacidad de la magistrada Norma Moreno Mosquera, se aceptó el
impedimento y se ordenó integrar la Sala mediante la designación de dos conjueces
para proferir la sentencia.

Expresaron que el 5 de abril de 2016, en Sala conformada con conjueces, el Tribunal
Administrativo del Chocó desestimó la apelación contra la sentencia principal y
modificó la sentencia complementaria del 4 de septiembre de 2015, en el sentido de
confirmar la responsabilidad solidaria de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y departamento del Choco, condenándolas en concreto al pago de
$2.360.524.084,63 por daño emergente y $708.157.225,39 por lucro cesante, los
cuales se distribuirían proporcionalmente entre los docentes incluidos en los listados
certificados por la Nación - Ministerio de Educación Nacional, según el valor
histórico adeudado por concepto de retroactivo de ascenso en el escalafón.

Aseveraron que el 8 de abril de 2016, el departamento del Chocó - Secretaría de
Educación presentó incidente de nulidad contra la sentencia anterior, argumentando
la falta de traslado a las partes para alegar de conclusión en el trámite de la
apelación, y la conformación irregular y sospechosa de la Sala de decisión,
mediante conjueces cuando la magistrada incapacitada ya se había reintegrado al
Tribunal.

3

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Señalaron que el 22 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo del Chocó rechazó
el incidente de nulidad, al considerar que no se configuraban las causales previstas
para su procedencia.

Informaron que el 26 de mayo de 2016, el departamento del Chocó - Secretaría de
Educación presentó acción de tutela en la que solicitó que se dejaran sin efecto las
sentencias y decisiones proferidas en el trámite de la acción de grupo.

Señalaron que el 7 de diciembre de 2016, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó la solicitud de amparo, al considerarla improcedente.

Declararon que, ante la impugnación presentada por la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Chocó - Secretaría de Educación, el 23
de febrero de 2017 la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos
fundamentales invocados por las entidades impugnantes, dejó sin efectos la
sentencia proferida el 5 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del Chocó y
le ordenó proferir una sentencia de reemplazo, afirmando que las autoridades
judiciales accionadas no advirtieron que la ejecutoria de la sentencia principal de 19
de diciembre de 2013 estaba suspendida y condicionada a la providencia
complementaria, de manera que el recurso de apelación interpuesto tras la
sentencia complementaria fue oportuno y, en tal sentido, debía ser resuelto.

Indicaron que el 16 de marzo de 2017, en cumplimiento de la acción de tutela, el
Tribunal Administrativo de Chocó profirió la sentencia núm. 054 de remplazo, en la
que, nuevamente, confirmó la responsabilidad solidaria de las entidades
demandadas, pero modificó la condena en concreto, tasándola en $1.954.076.229
por daño emergente y $3.105.006.758 por lucro cesante.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 1 de junio de 2018, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Chocó - Secretaría de Educación formularon recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2017 por
el Tribunal Administrativo del Chocó4. Invocaron la causal 8ª de revisión del artículo
355 del CGP, es decir, “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
que no era susceptible de recurso”.

En sustento, afirman que la sentencia recurrida incurre en las irregularidades que
para efectos metodológicos se concretan de la siguiente manera:

2.1. Vulneración del principio de congruencia, porque: (i) la decisión recurrida omitió
pronunciarse sobre los puntos centrales de la apelación, concretamente, sobre la
indebida aplicación de la figura de la sentencia complementaria para tasar los
perjuicios declarados en abstracto, en cuyo efecto consideraron el desconocimiento

4 Índice 1 de SAMAI.

4

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del precedente jurisprudencial; y (ii) el Tribunal Administrativo del Chocó cuantificó
oficiosamente el monto de la indemnización colectiva, asumiendo una competencia
que no le correspondía y pronunciándose sobre un aspecto que no fue objeto de
apelación.

Al respecto, consideraron que se imposibilitó el derecho de contradicción y defensa
de la parte afectada frente a la fijación de este monto de la condena y que se incurrió
en desconocimiento del principio de non reformatio in pejus, porque la condena
vulneró la situación favorable del apelante único.

2.2. Violación al debido proceso, porque el Tribunal: (i) omitió aplicar los artículos
307 y 308 del Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo CPC), al dictar una
“sentencia complementaria” sin cumplir los requisitos legales y “dar cumplimiento”
al numeral 5º de la sentencia de primera instancia, pues lo que correspondía era
que la parte interesada solicitara el incidente de liquidación dentro del término de
ejecutoria, para que el juez pudiera decretar pruebas de oficio por una sola vez,
pero ello no ocurrió; (ii) bajo el pretexto de aplicar su facultad oficiosa, tasó la
condena sin prueba suficiente, invadiendo el rol del a quo y vulnerando el principio
de la doble instancia; y (iii) emitió la sentencia en Sala de decisión integrada por
conjueces, aun cuando ya se había reincorporado la magistrada titular que había
motivado su designación, por incapacidad médica.

Sostuvieron que, con este procedimiento, la decisión quedó ejecutoriada, erigiendo
la liquidación de la condena en una instancia única que dejó a las entidades
demandadas sin posibilidad de impugnarla, en desmedro del ejercicio del derecho
de defensa y contradicción, y viciando de nulidad la sentencia recurrida.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 22 de octubre de 2018, se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar a quienes fungieron como demandantes en la acción de grupo, así
como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Mediante providencias del 22 de octubre de 2018 y 14 de enero de 20205, se fijó el
régimen aplicable al procedimiento y se estableció la oportunidad en la interposición
del recurso6.

5 Índice 19 de SAMAI. La parte demandante interpuso recurso de reposición contra el auto que

admitió el recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto desfavorablemente en auto de 31
de julio de 2019. Asimismo, presentó solicitud de nulidad, la cual fue negada en auto de 14 de enero
de 2020.
6 En aras de garantizar la expectativa legitima de las entidades recurrentes, la seguridad jurídica y el

derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala se estará a lo resuelto en las mencionadas
decisiones.
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3.1. El 6 de noviembre de 20187, la parte demandante en la acción de grupo señaló
que no se vulneró el principio de congruencia. Consideró que el Tribunal resolvió
los cargos formulados en la apelación y decidió en el marco del principio de non
reformatio in pejus, al reducir el monto de la condena impuesta en primera instancia.

Asimismo, estimó que no se violó el debido proceso, por cuanto los recurrentes
contaban con los mecanismos de aclaración, adición, complementación o
corrección de la sentencia, para controvertir la tasación de la indemnización
impuesta en primera instancia. De modo que, al no hacer uso de estos mecanismos
procesales, el Tribunal debía fijar la condena en concreto. Además, señaló que la
Sala que profirió la sentencia recurrida estaba conformada por un magistrado titular
y dos conjueces del Tribunal Administrativo del Chocó, al cual le correspondía su
conocimiento.

3.2. El 7 de noviembre de 20188, el Tribunal Administrativo del Chocó se pronunció
en su calidad de autoridad judicial que profirió la decisión recurrida y señaló que
esta sentencia fue dictada “conforme al ordenamiento jurídico, las pruebas obrantes
en el expediente y en cumplimiento de los mandatos constitucionales”. Indicó que
los recurrentes pretendían revivir debates improcedentes en sede extraordinaria y
precisó que no se desconoció el principio de non reformatio in pejus, en la medida
que la sentencia recurrida redujo el monto de la condena.

Asimismo, en cuanto a la conformación de la Sala de decisión, el Tribunal expuso
que no se configuró una violación al debido proceso por ausencia del juez natural
de la causa, ni una indebida conformación de la Sala, pues esta fue integrada
válidamente por el magistrado ponente y dos conjueces designados mediante
sorteo antes de la sentencia de 5 de abril de 2016. Explicó que conforme al artículo
116 del CPACA los conjueces deben actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, salvo que se modifique la integración de la Sala por la elección
de un nuevo magistrado, lo cual no ocurrió en el caso puesto bajo estudio.

3.3. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión
y (6) costas.

7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 456D04AA183F17A1
1D10411F473D249B 7F058CF2C28E5373 2864FF9202B29A18, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 2A96AC90BC782B02

4F9F1EC4145B94E5 FDC12BDA3C717D7C 48A1E4D986864D17, ubicado en el índice 86 de
SAMAI.
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1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2499 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo
CPACA) en concordancia con el artículo 1310 del Acuerdo 080 de 201911, modificado
por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 202412, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

1.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Chocó -
Secretaría de Educación se encuentran legitimadas en la causa para interponer el
recurso extraordinario de revisión, pues fungieron como parte pasiva en la acción
de grupo resuelta el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Chocó
(hecho probado 3.2.).

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 8° del artículo 355 del CGP, es decir, si existe nulidad originada en la
sentencia proferida el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó,
por vulneración al principio de congruencia y violación al debido proceso.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. El 31 de diciembre de 2010, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el departamento del Chocó - Secretaría de Educación suscribieron un
acuerdo de pago para el giro de los fondos que cubrirían las obligaciones laborales
certificadas a cargo de la Nación, correspondientes al pago de los costos
acumulados por los ascensos en el escalafón docente del Departamento del Chocó,
causados entre los años 1999 y 2009.

9 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
10 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] proferidas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
12 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
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3.2. El 13 y el 29 de junio de 2012, Dioselina Mosquera Quinto y otros13 y Guillermo
Vásquez Aguilar y otros14, docentes del departamento del Chocó, presentaron
demandas en ejercicio de la acción de grupo contra la Nación – Ministerios de
Educación Nacional y Hacienda y Crédito Público, así como contra el departamento
del Chocó - Secretaría de Educación, para que fueran declarados
administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados con el
incumplimiento en el reconocimiento y pago oportuno del costo acumulado de
ascensos en el escalafón docente que se le adeudaba a un número plural de
maestros y ex maestros pertenecientes a la planta de personal docente del ente
territorial, así como el costo o retroactivo de ascenso por el período en que prestaron
sus servicios y adquirieron derechos laborales que no fueron pagados
oportunamente15.

3.3. El 16 de enero de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
de Quibdó acumuló los procesos16.

3.4. El 19 de diciembre de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y declaró la responsabilidad administrativa
de las demás entidades demandadas por falla en el servicio, al considerar que el
incumplimiento de los deberes de ejecución presupuestal, ordenación del gasto y
administración afectaron el derecho al reconocimiento y pago oportuno del ascenso
en el escalafón de algunos docentes del departamento del Chocó. Bajo este
argumento, condenó en abstracto al pago de perjuicios materiales y ordenó que el
monto de la indemnización colectiva fuera determinado en una sentencia
complementaria, para lo cual, decretó la práctica de un dictamen pericial.

3.5. El 6 de marzo de 2014, el departamento del Chocó - Secretaría de Educación
apeló la referida sentencia, argumentando que no existía daño antijurídico y que no
hubo omisión o negligencia por parte de la demandada17.

3.6. El 21 de marzo de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
de Quibdó rechazó el recurso por extemporáneo, al considerar que la apelación no
se presentó dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia18.

13 Proceso con radicación núm. 27001-33-31-701-2012-00094-00.
14 Proceso con radicación núm. 27001-33-31-701-2012-00107-01.
15 Documento “ED_C01_02Anexos” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.

Folios 76 a 93.
16 Documento “ED_C02_01AnexosContinuacion” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86

de SAMAI. Folio 437.
17 Documento “ED_C02_01AnexosContinuacion” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86

de SAMAI. Folios 169 y 170.
18 Documento “ED_C02_01AnexosContinuacion” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86

de SAMAI. Folio 426.
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
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3.7. El 9 de diciembre de 2014, el dictamen pericial estimó los perjuicios en
$15.243’985.49619.

3.8. El 4 de septiembre de 2015, el Juzgado Primero Administrativo Mixto de
Descongestión de Quibdó profirió la sentencia complementaria que adicionó el
dictamen pericial al proceso, “en cumplimiento del No. 5 de la sentencia No. 251 del
19 de diciembre del año 2013”20.

3.9. El 14 de septiembre de 2015, el departamento del Chocó - Secretaría de
Educación apeló las sentencias de 19 de diciembre de 2013 y 4 de septiembre de
2015. Indicó que el recurso de apelación era oportuno, porque se interpuso en el
término de ejecutoria de la sentencia complementaria. Argumentó que la sentencia
complementaria se profirió fuera del término de ejecutoria de la sentencia principal
y que desconoció el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia de la
Sección Tercera de esta Corporación, porque creó una etapa probatoria posterior al
fallo, mediante la práctica de un dictamen pericial, sin que se hubiese decretado
dentro del trámite ordinario del proceso. Asimismo, controvirtió el dictamen pericial
y señaló que se desconoció el precedente sobre la forma de fijar la indemnización
colectiva en acciones de grupo, y la omisión en la valoración de la totalidad de las
pruebas. En ese orden, solicitó revocar las referidas decisiones y la exoneración de
responsabilidad administrativa y patrimonial21.

3.10. En fechas no especificadas, la magistrada Mirtha Abadía Serna presentó
impedimento, por amistad con el apoderado del Departamento del Chocó –
Secretaría de Educación, y la magistrada Norma Moreno Mosquera presentó
incapacidad médica 22.

3.11. El 29 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo del Chocó realizó el sorteo
de dos conjueces con el fin de conformar el quórum decisorio23. Lo anterior, en
atención a la aceptación del impedimento formulado por la magistrada Mirtha
Abadía Serna y a la incapacidad de la magistrada Norma Moreno Mosquera.

3.12. El 5 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del Chocó, en Sala de decisión
conformada por el magistrado ponente y dos conjueces, dictó sentencia de segunda
instancia, en la que destacó que, en lugar de impugnar los aspectos técnicos o
jurídicos de la sentencia complementaria, el apelante centró sus argumentos en
controvertir la forma en que se estructuró el fallo principal, ignorando que este ya no

19 Documento “ED_C01_02Anexos” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.

Folio 146.
20 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Sentencia N° 107”

del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
21 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Recurso de
apelación de 14 de septiembre de 2015” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de
SAMAI.
22 Documento “ED_C02_01AnexosContinuacion” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86

de SAMAI. Folio 443.
23 Documento “ED_C02_01AnexosContinuacion” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86

de SAMAI. Folio 443.
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

podía ser revisado porque la apelación se presentó extemporáneamente, esto es,
cuando la sentencia principal ya había quedado ejecutoriada. En consecuencia, el
ad quem únicamente revisó la sentencia complementaria de 4 de septiembre de
2015 por contrariar el artículo 65 de la Ley 472 de 1998, y en ejercicio de su
competencia funcional como juez de segunda instancia, confirmó la responsabilidad
solidaria de las entidades demandadas y modificó la sentencia complementaria para
concretar el monto de la condena24.

3.13. El 8 de abril de 2016, el departamento del Chocó - Secretaría de Educación
presentó incidente de nulidad contra la decisión anterior, argumentando la falta de
traslado a las partes para alegar de conclusión en el trámite de la apelación, y la
conformación irregular y sospechosa de la Sala de decisión mediante conjueces,
cuando la magistrada incapacitada ya se había reintegrado25.

3.14. El 22 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del Chocó rechazó el
incidente de nulidad, al considerar que no se configuraban las causales previstas
para su procedencia, en la medida que se otorgaron las oportunidades procesales
para que las partes se pronunciaran y, una vez sorteados los conjueces, se les
comunicó su designación para el ejercicio de sus funciones, sin que fuera exigible
la reintegración de la Sala26.

3.15. El 26 de mayo de 2016, el departamento del Chocó - Secretaría de Educación
presentó acción de tutela para que se dejaran sin efecto las sentencias proferidas
en el trámite de la acción de grupo , por vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 27.

3.16. El 7 de diciembre de 2016, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el
amparo constitucional, al considerar que la acción de tutela era improcedente28.

3.17. El 11 y 13 de enero de 2016, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y
el departamento del Chocó - Secretaría de Educación impugnaron el fallo de
tutela29.

3.18. El 23 de febrero de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó
los derechos fundamentales invocados por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Chocó - Secretaría de Educación, dejó sin efectos

24 Documento “ED_C01_02Anexos” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.

Folios 175 a 233.
25 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Incidente de
nulidad” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
26 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Incidente de

nulidad” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
27 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Acción de tutela” del

expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
28 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Sentencia de tutela

de primera instancia” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
29 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Fallo de segunda

instancia” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

la decisión de 5 de abril de 2016 y ordenó proferir una sentencia de reemplazo30.
En sustento, consideró que el Tribunal incurrió en: (i) defecto procedimental, porque
desconoció que la ejecutoria de la sentencia principal quedó suspendida en el
momento en el que dispuso adelantar el trámite de la sentencia complementaria que
fijaría la indemnización colectiva, por lo que le correspondía resolver de fondo el
recurso de apelación interpuesto el 14 de septiembre de 2015 contra las sentencias
principal y complementaria; y (ii) defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, porque se omitió la aplicación del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y
el criterio jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
establecían el deber de fijar el monto de la indemnización en la sentencia que
pusiera fin al proceso31.

3.19. El 16 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia
de reemplazo, en la cual modificó las sentencias principal y complementaria de 19
de diciembre de 2013 y 4 de septiembre de 2015, en el sentido de: (i) confirmar la
responsabilidad solidaria de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Chocó - Secretaría de Educación en el pago de la condena
impuesta; (ii) declarar como beneficiarios únicos del fallo a quienes aparecieran
individualizados, identificados y tuvieran monetizadas sus acreencias en el Acuerdo
de Pago suscrito el 31 de diciembre de 2010 entre la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el departamento del Chocó - Secretaría de Educación
(iii) modificar el numeral quinto de la sentencia de 19 de diciembre de 2013, en el
sentido de concretar la “indemnización colectiva, que contiene la suma ponderada
de las indemnizaciones individuales” consistente en $1.954.076.229 por daño
emergente y $3.105.006.758 por lucro cesante, (iv) ordenar la realización de una
ceremonia pública de excusas por parte del Gobernador del Chocó y los Ministros
de Educación y Hacienda, como medida de justicia restaurativa y (v) condenar en
costas.

El Tribunal concluyó que el daño antijurídico se produjo por la omisión en transferir
y gestionar el pago de los recursos destinados a los docentes. Identificó una falla
en el servicio atribuible tanto al Departamento del Chocó – Secretaría de Educación,
que no pagó las acreencias laborales pese a recibir los fondos, como a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, que no gestionó el cumplimiento de la obligación
reconocida. De este modo, determinó que ambas entidades vulneraron los artículos
6, 53 y 209 de la Constitución Política, al incumplir con el deber de pago y gestión
de los créditos laborales certificados.

Por otra parte, indicó que la sentencia complementaria de 4 de septiembre de 2015
vulneró el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Explicó que, tratándose de una

30 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Fallo de segunda
instancia” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1 de

noviembre de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, radicación núms. 25000232600019990002 04 y 2000-
00003-04 (AG).
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
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acción de grupo, el monto de la indemnización no podía determinarse en dicha
providencia, sino que correspondía fijarse en la sentencia que pone fin al proceso.

Finalmente, el Tribunal sostuvo que la indemnización debía determinarse a partir
del material probatorio obrante en el proceso y que el dictamen pericial aportado no
podía ser acogido como fundamento, por cuanto no tuvo en cuenta el carácter
resarcitorio de la indemnización y, además, la base empleada para calcular el
quantum había sido modificada. En consecuencia, concluyó que correspondía al
juez de segunda instancia ejercer su competencia funcional para concretar la
condena, conforme a lo previsto en el artículo 307 del CPC32.

3.20. Entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, la Magistrada del Tribunal Administrativo
del Chocó, Norma Moreno Mosquera, no estuvo en licencia, incapacidad u otra
situación administrativa33.

3.21. El 21 de marzo de 2017 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 16 de
marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó34.

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por la
Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Chocó - Secretaría
de Educación contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, con fundamento en la causal consagrada en el numeral
8° del artículo 355 del CGP, por las siguientes razones:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que

32 Documento “ED_C02_01AnexosContinuacion” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86

de SAMAI. Folios 435 a 491.
33 Certificado expedido por el Secretario General del Tribunal Administrativo del Chocó, el 9 de

agosto de 2022, Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
51725E159B31E835 C26A8CAC1548B9BE 352AB26982698815 9848ADFD4CEE8071, ubicado en
el índice 86 de SAMAI. El 18 de julio de 2022, se decretó la prueba solicitada por la parte recurrente
consistente en oficiar a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó para que allegara
información sobre el trámite de la acción de grupo. El 11 de agosto de 2022, el Secretario General
del Tribunal Administrativo del Chocó allegó la información solicitada. El 28 de agosto de 2023, se
corrió traslado de la prueba. El 7 de septiembre de 2023, la parte recurrente se pronunció sobre el
documento aportado, reiterando los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de revisión.
34 Carpeta “ED_C03_CD1Folio579AAntecedentesAdministrativos”, Documento “Constancia de la

sentencia N° 054” del expediente digitalizado, ubicado en el índice 86 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”35.

Como antes se dijo, el artículo 67 de la Ley 472 de 1998 dispone la procedencia del
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias proferidas en los procesos
adelantados en ejercicio de la acción de grupo, bajo las causales y mediante el
trámite señalado en el CPC, hoy CGP, esto es, al tenor de los artículos 355 y
siguientes.

Por su parte, el artículo 357 ibidem pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo de excepcional
y limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

35 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.

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4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentan su solicitud en la causal
prevista en el numeral 8º del artículo 355 del CGP, la cual establece como motivo
de revisión existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que
no es susceptible de recurso.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso y que contra ella no proceda recurso; y (iii)
que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión judicial, es decir, que se
haya materializado en el momento en que se profirió la providencia y no en una
etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad que
configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que, de no haberse
producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido sustancialmente distinta36.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado37 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran en los
supuestos taxativos del artículo 133 del CGP, las segundas, al no estar
determinadas por la ley, deben interpretarse restrictivamente bajo unos
presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia de esta Corporación ha
puntualizado y que, por regla general, no comprenden nulidades procesales
acaecidas en una etapa previa a la sentencia.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal de nulidad
originada en la sentencia: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece
de jurisdicción o de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo
fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más
actuación, el juez profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el
desistimiento, aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el
juez dicte el fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) que el demandado sea
condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa
diferente a la invocada en la demanda; (vi) que el juez condene a quien no ha sido
parte en el proceso; (vii) que, sin más actuación, el juez profiera sentencia después
de ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad
debida; (viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor
de los magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue
adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la
sentencia carece completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece
de congruencia interna o externa38.

36 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de

2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-

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Además, esta Corporación39 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generen una nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis
en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En consecuencia, la
violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del recurso
extraordinario de revisión por la causal 8ª del artículo 355 del CGP, por ejemplo,
cuando se profiere sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe
estudiarse si la decisión se encuentra justificada o cuando decide un funcionario
distinto del juez natural, de acuerdo con las particularidades del caso concreto.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de
unificación40, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.

Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia41 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior42.

Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el CGP,
siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia, y a la inobservancia
de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del
debido proceso43, lo que excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión

2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
40 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
41 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.

Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
43 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.

No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
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extraordinaria cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la
valoración de las pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.

4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, entre 1999 y 2009
se generaron deudas laborales en el departamento del Chocó por ascensos en el
escalafón docente, lo que llevó a que en 2010 la Nación – Ministerio de Hacienda y
el departamento del Chocó suscribieran un acuerdo de pago para cubrir dichas
obligaciones (hecho probado 3.1.).

Sin embargo, ante la falta de reconocimiento y pago oportuno, en 2012 se generó
la acción de grupo presentada por varios docentes contra la Nación – Ministerio de
Educación y el departamento del Chocó, que culminaron en 2013 con una sentencia
de primera instancia que declaró la responsabilidad administrativa de las entidades,
por falla en el servicio, condenándolas en abstracto y ordenando la práctica de un
dictamen pericial para concretar la condena (hechos probados 3.2., 3.3. y 3.4.).

Seguido el trámite, tuvo lugar el mencionado dictamen, el cual sirvió de sustento a
la sentencia complementaria contra la que se alzó el departamento del Chocó y se
pronunció en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Chocó, confirmando
la responsabilidad administrativa y concretando la condena (hechos probados3.5.,
3.6., 3.7., 3.8., 3.9. y 3.12.).

Este trámite dio lugar a un incidente de nulidad desestimado y a la acción de tutela
resuelta en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
revocó la última decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, ordenándole emitir
la sentencia de reemplazo que fue proferida el 16 de marzo de 2017, cuando se
confirmó la responsabilidad solidaria de la Nación – Ministerio de Educación y el
departamento del Chocó, limitando los beneficiarios a quienes estaban incluidos en
el Acuerdo de Pago de 2010 y fijando la indemnización colectiva en $1.954.076.229
por daño emergente y $3.105.006.758 por lucro cesante, entre otras (hechos
probados 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18. y 3.19.). Así se dio cierre definitivo a
la controversia colectiva.

De manera que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó, como
antes se dijo, se dirige contra la providencia que puso fin a la acción de grupo y
respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno.

En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 8ª de revisión por nulidad originada en la
sentencia.

4.3.1. Al respecto, es necesario precisar que la acción de grupo objeto de análisis
en esta sede extraordinaria fue ejercida el 13 y el 29 de junio de 2012, razón por la
cual se rigió por las disposiciones de la Ley 472 de 1998 y el CPC, aplicables por

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virtud de la integración normativa establecida en los artículos 6544 y 6845 del primero
de los estatutos mencionados. Luego, el análisis subsiguiente estará guiado por los
referidos estatutos.

Siendo esto así, se advierte que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de
1998, la sentencia que ponga fin a la acción de grupo, cuando acoja las
pretensiones, debe disponer: (1) el pago de una indemnización colectiva, que
contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales; (2) los requisitos
que deben cumplir los beneficiarios ausentes del proceso para reclamar su
indemnización; (3) la orden de entrega de la dicha indemnización al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos; (4) la orden de publicación de un
extracto de la sentencia; (5) la liquidación de las costas y (6) la liquidación de los
honorarios del abogado coordinador.

Por su parte, el artículo 305 del CPC dispone que la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las
demás oportunidades procesales, así como con las excepciones probadas y
alegadas en el plenario. Igualmente, esta normativa prohíbe condenar al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, o por causa diferente a la invocada. Sin embargo, cuando lo pedido por
el demandante excede lo probado, el inciso 3º ibid. ordena que el reconocimiento
atienda únicamente a aquello que quedó plenamente demostrado.

A su turno, el artículo 357 ibidem preceptúa que la apelación se entiende interpuesta
en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, el superior no puede enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la
reforma sea indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquella. No obstante, cuando ambas partes apelan, el superior
está facultado para resolver sin limitaciones. Adicionalmente, el juez de segunda
instancia debe ceñirse al principio de non reformatio in pejus, en virtud del cual no
puede agravar, empeorar o desmejorar la situación definida mediante la sentencia
de primera instancia a favor del apelante único.

Así las cosas, al momento de dictar sentencia el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
surgiere la controversia y la contestación respectiva, así como, en segunda
instancia, además debe atender a lo dispuesto frente al recurso de apelación.

En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,

44 “Artículo 65.Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las

disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil […]”.
45 “Artículo 68.Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
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mientras que la segunda responde a la coherencia que debe guardar la decisión
contenida en la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la
demanda y en el escrito de contestación.

La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.

Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso46. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra o minus petita47.

Así, descendiendo al caso concreto, debe recordarse que el cargo de revisión
extraordinaria alega la nulidad de la sentencia por vulneración del principio de
congruencia, porque en sentir de las recurrentes: (i) la decisión omitió pronunciarse
sobre los puntos centrales de la apelación, concretamente, sobre la indebida
aplicación de la figura de la sentencia complementaria para tasar los perjuicios
declarados en abstracto, en cuyo efecto consideraron el desconocimiento del
precedente jurisprudencial; y (ii) el Tribunal Administrativo del Chocó cuantificó
oficiosamente el monto de la indemnización colectiva, asumiendo una competencia
que no le correspondía y pronunciándose sobre un aspecto que no fue objeto de
apelación.

Frente a este particular, se advierte que en la acción de grupo se formularon dos
pretensiones. La primera, de carácter declarativo, para que se estableciera la
responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas por los
perjuicios causados con la falta de reconocimiento y pago del costo por acumulado
de los ascensos en el escalafón docente de un número plural de maestros y
exmaestros pertenecientes a la planta de personal del departamento del Chocó,

46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

sentencias del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-
00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-
03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión.

Sentencia de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad.
No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

adscrito a la Secretaría de Educación departamental. La segunda pretensión fue
de índole condenatorio y peticionó el pago del retroactivo y la mora por el período
en que estos docentes prestaron sus servicios, por concepto de daño emergente y
lucro cesante (hecho probado 3.2.).

En respuesta de primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó, por un lado, declaró la responsabilidad administrativa de
las entidades demandadas por falla en el servicio, al considerar el incumplimiento
de los deberes de ejecución presupuestal, ordenación del gasto y administración
que afectaron el derecho al reconocimiento y pago oportuno del ascenso en el
escalafón de algunos docentes del departamento del Chocó.

Sin embargo, frente a las pretensiones condenatorias, condenó en abstracto al pago
de perjuicios materiales y ordenó fijar el monto de la indemnización colectiva en
sentencia complementaria, mediante la práctica de un dictamen pericial (hecho
probado 3.4.).

A esta decisión, como antes se ha dicho, le siguió la apelación del departamento
del Chocó - Secretaría de Educación, rechazada por extemporaneidad y la
elaboración del dictamen que estimó los perjuicios en $15.243’985.496, así como la
sentencia complementaria que adicionó al proceso el dictamen pericial, dando lugar
al nuevo recurso de apelación de 14 de septiembre de 2015, el cual se dirigió,
nuevamente, contra la sentencia de primera instancia y, además, contra esta
complementaria (hechos probados 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. y 3.9.). El departamento del
Chocó - Secretaría de Educación se alzó contra las referidas sentencias,
argumentando que:

1. El recurso de apelación fue interpuesto oportunamente, dentro del término de
ejecutoria de la sentencia complementaria.

2. La providencia complementaria fue proferida fuera del término legal de ejecutoria
de la sentencia principal, desconociendo lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 472
de 1998 y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por cuanto
creó una etapa probatoria posterior a la decisión, sin tener en cuenta que la
autoridad judicial podía decretar pruebas a solicitud de parte o de oficio dentro del
trámite del proceso. En ese sentido, explicó que no se tuvo en cuenta el precedente
sobre la forma de fijar la indemnización colectiva en acciones de grupo.

3. Controvirtió el dictamen pericial que fundamentó la imposición de la condena y
solicitó revocar las decisiones, o exonerarlo de responsabilidad administrativa y
patrimonial (hecho probado 3.9.).

Seguidamente, el 5 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo del Chocó profirió la
sentencia de segunda instancia en la cual precisó que la apelación dirigida contra
la sentencia principal, había sido rechazada por extemporánea y modificó la
providencia complementaria, confirmando la responsabilidad solidaria de las
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

entidades demandadas y concretando la condena en $2.360.524.084,63 por daño
emergente y $708.157.225,39 por lucro cesante (hecho probado 3.12).

En consecuencia, el departamento del Chocó - Secretaría de Educación presentó
acción de tutela contra las decisiones proferidas en el trámite de la acción de grupo,
para que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia (hecho probado 3.15.).

El conocimiento de esta acción constitucional le correspondió al Consejo de Estado,
en primera instancia a la Sección Cuarta, y en segunda instancia a la Sección Quinta
que amparó los derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la mencionada
sentencia de 5 de abril de 2016 y ordenó proferir la decisión de reemplazo. el
amparo constitucional consideró que el Tribunal incurrió en: (i) defecto
procedimental, porque desconoció que la ejecutoria de la sentencia principal se
encontraba suspendida hasta cuando se fijara la indemnización en la sentencia
complementaria, de manera que la apelación se encontraba en tiempo y debía
resolverse de fondo; y (ii) defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 65 de
la Ley 472 de 1998 y del precedente contenido en la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado48, que establecen el deber de fijar en la sentencia el
monto de la indemnización (hechos probados 3.16., 3.17. y 3.18.).

4.3.1.1. Así las cosas, ante el cargo de incongruencia en el que se afirmó que la
sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre los puntos centrales de la apelación,
quedó establecido que el primer aspecto de la alzada fue resuelto con el fallo de
tutela, cuando se determinó su oportunidad y se le ordenó al Tribunal Administrativo
del Chocó resolver de fondo el recurso presentado el 14 de septiembre de 2015.

Dicho de otro modo, el Tribunal Administrativo del Chocó se vio compelido a
subsanar los defectos procedimental y sustantivo, pronunciándose de fondo sobre
el recurso de apelación de 14 de septiembre de 2015, en los términos del artículo
65 de la Ley 472 de 1998 y del precedente de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

Así, en sentencia de reemplazo del 16 de marzo de 2017, el ad quem dijo modificar
la sentencia principal y complementaria y: (i) declaró la responsabilidad solidaria de
las entidades demandadas en el pago de la condena impuesta (ii) declaró como
beneficiarios únicos del fallo a quienes aparecieran individualizados, identificados y
con sus acreencias monetizadas en el Acuerdo de Pago de 31 de diciembre de
2010; (iii) concretó la “indemnización colectiva, que contiene la suma ponderada de
las indemnizaciones individuales” consistente en $1.954.076.229 por daño
emergente y $3.105.006.758 por lucro cesante; entre otras (hecho probado 3.19.).

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1 de

noviembre de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, radicación núms. 25000232600019990002 04 y 2000-
00003-04 (AG).
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

En sustento, en relación con el segundo aspecto de la apelación que controvertía la
legalidad de la sentencia complementaria, la decisión recurrida fue clara en señalar
que este mecanismo no era válido para fijar la condena en concreto dentro de una
acción de grupo. Al respecto, precisó que el juez de primera instancia incurrió en un
defecto procedimental al diferir la cuantificación de la indemnización a una sentencia
complementaria y delegarla a un perito, cuando el artículo 65 de la Ley 472 de 1998
exigía que el monto de la indemnización colectiva, se determinara en la sentencia
principal, con base en la valoración de las pruebas.

En palabras de la providencia: “Si dicho funcionario hubiese tenido en cuenta el
procedimiento aplicable a las Acciones de grupo (Ley 472 de 1998), se habría dado
cuenta que es en la sentencia que pone fin al proceso de acción donde se debe
precisar cuál es el monto a pagar a título de indemnización, pues él tenía la
obligación de examinar las pruebas que permitieran cuantificar la magnitud de los
daños a efectos de determinar el monto de la indemnización y las demás medidas
de reparación” (p. 63, párrs. 3).

Asimismo, de cara al tercer punto de la apelación, el cual controvertida el dictamen
pericial que sirvió de fundamento a la mencionada sentencia complementaria, cuya
ilegalidad quedó establecida, la sentencia recurrida señaló que esta experticia no
podía ser acogida como fundamento de la indemnización colectiva, porque ella no
consideró el carácter resarcitorio de la indemnización y, además, la base utilizada
para establecer el “quantum” había sido modificada. Así las cosas, concluyó que el
juez de segunda instancia debía ejercer su competencia funcional para concretar la
condena, conforme al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil (hecho
probado 3.19.).

De esta manera quedaron satisfechos los defectos procedimentales y sustantivos
decantados por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, a su vez, queda
evidenciada la satisfacción de los puntos objeto de la apelación. De modo que se
subsanó lo referente a la fijación de la indemnización colectiva y al procedimiento
que dio lugar a su expedición, cobijando igualmente la insatisfacción de la alzada
frente al dictamen pericial como sustento de la condena, aun cuando ello no fue
suficiente para denegar la responsabilidad de las entidades administrativas, toda
vez que ella no estaba en discusión, pues la inconformidad se concretaba en torno
a la imposición de la condena, como respuesta a las pretensiones indemnizatorias
de los accionantes.

4.3.1.2. Ahora bien, con relación a los cargos de incongruencia derivada de la
cuantificación oficiosa del monto de la indemnización colectiva por parte del superior
jerárquico sin competencia, debe advertirse lo desacertado de esta conclusión, pues
no es cierto que este aspecto no hubiera sido objeto del recurso de apelación.

Como ya se señaló, la inconformidad de la alzada se sustentó precisamente en la
condena impuesta con fundamento en la cuantía determinada por el dictamen
pericial, lo cual habilitó la competencia del ad quem para pronunciarse. En efecto,
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

conforme a lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, correspondía al superior
enmendar la providencia y reformar la condena, pues el objeto de la apelación era
la fijación del valor de la indemnización, aspecto que, se reitera, se encontraba
íntimamente relacionado con el recurso interpuesto.

Nótese que este fue el entendimiento del Tribunal Administrativo del Chocó que
expresamente sostuvo “la Sentencia complementaria No. 107 del 04 de septiembre
de 2015 […] es un trámite procesal que resulta contrario a los lineamientos del
artículo 65 de la ley 472 de 1998 y en su lugar se concretara el monto de la condena
con fundamento en los preceptuado por el artículo [307 del CPC]”.

Entonces, queda desvirtuado el cargo por falta de congruencia, pues, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998, la sentencia que pone fin al
proceso de acción de grupo debe fijar el monto de la indemnización colectiva, sin
que sea procedente diferir dicha determinación a una sentencia complementaria.

No obstante, la primera instancia de la acción de grupo omitió este deber y, en
consecuencia, le correspondía al Tribunal concretar el valor de la condena en
segunda instancia, tal como lo autoriza el artículo 30749 del CPC, del cual se deriva
el deber del superior de fijar la condena omitida total o parcialmente por el inferior,
e incluso de extenderla hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun
cuando la parte beneficiada no hubiere apelado.

En tal sentido, la actuación del Tribunal no constituye una falta de congruencia, sino
el cumplimiento de su deber legal de cerrar el litigio con una decisión completa y
garantista, conforme a los principios de reparación integral y equidad que orientan
la responsabilidad del Estado y la protección de los derechos de los afectados.

Ahora bien, la fijación del monto de la condena no incurrió en desconocimiento del
principio de non reformatio in pejus, ni vulneró la situación favorable del apelante
único, toda vez que la condena venía reconocida en la suma de $$15.243.985.496,
y la decisión recurrida fijó esta indemnización en un total de $5.059.082.987,
divididos en $1.954.076.229 por daño emergente y $3.105.006.758 por lucro
cesante. En síntesis la tasación de la condena fue inferior al valor contenido en las
decisiones apeladas (hechos probados 3.7. y 3.19.).

49 “Artículo 307. Principio general. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra

cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el juez considere
que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las
pruebas que estime necesarias para tal fin.
De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o
parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia
de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado […].
Cuando la condena en perjuicios se haga por auto, se liquidará por incidente que deberá promover
el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía,
dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso, so pena de que se aplique lo dispuesto en
el inciso segundo del siguiente artículo. Dicho auto es apelable en el efecto diferido.”.
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Asimismo, se advierte que el Tribunal no introdujo elementos nuevos ni desconoció
el marco de la apelación, sino que corrigió la indebida aplicación de la figura de la
sentencia complementaria y concretó la indemnización con fundamento en las
pruebas existentes en el proceso sobre las que previamente se había surtido
traslado con fines de contradicción, en cumplimiento del fallo de tutela que ordenó
dictar una nueva sentencia y, de paso, en plena observancia de la normatividad que
regula tales aspectos de las acciones de grupo.

Finalmente, no encontrándose configurada la falta de congruencia, queda
desechada la vulneración de los principios propios del debido proceso, en lo que
atañe a los aspectos aquí revisados. Sin embargo, se advierte que lo referente al
derecho de contradicción, defensa y doble instancia frente al valor de la condena,
Es igualmente alegado como desconocimiento del debido proceso qué pasa
analizarse.

4.3.2. Con relación al debido proceso y su alcance como derecho fundamental
incorporado en el artículo 29 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha
reiterado que este derecho comporta, cuando menos: (i) el derecho a la jurisdicción,
que comprende el acceso igualitario a la administración de justicia, el derecho a
obtener decisiones motivadas, a impugnarlas y a que se cumpla lo fallado; (ii) el
derecho al juez natural; y (iii) el derecho de defensa50. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido proceso debe garantizarse
en todas las actuaciones judiciales, incluyendo el respeto por las etapas procesales,
la oportunidad para ejercer recursos y la motivación adecuada de las decisiones51.

4.3.2.1. En el caso concreto, los recurrentes alegan violación al debido proceso
porque el Tribunal habría omitido aplicar los artículos 307 y 308 del CPC al dictar
una “sentencia complementaria” y “dar cumplimiento” al numeral 5º de la decisión
de primera instancia sin observar los requisitos legales. Según las entidades
demandadas, correspondía a la parte interesada promover el incidente de
liquidación dentro del término de ejecutoria, para que el juez pudiera decretar
pruebas de oficio por una sola vez, pero ello no ocurrió.

Sobre el particular, la Sala reitera que la indebida aplicación de las normas o la
interpretación que de ellas haga el juez de instancia no configuran nulidad originada
en la sentencia, pues el recurso extraordinario de revisión no está previsto para
cuestionar los razonamientos de los jueces naturales. En este sentido, la
jurisprudencia ha precisado que no es procedente plantear reproches porque “no se
aplicó una determinada regla de derecho, […] se aplicó en forma indebida o en […]

50 Corte Constitucional, sentencia C-163 del 10 de abril de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
51 Corte Constitucional, sentencia C-836 de 8 de octubre de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy

Cabra.
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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
Recurrentes: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal” de nulidad originada en la sentencia.52.

En consecuencia, la causal 8ª de revisión no constituye un medio para controvertir
la manera en que la autoridad judicial aplicó las normas al caso, ya que no tiene
como finalidad corregir errores in iudicando.

Ahora bien, contrario a lo sostenido por los recurrentes, la sentencia objeto de
revisión no pretendió dar cumplimiento al numeral 5º de la decisión de primera
instancia, sino resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades
demandadas. Esto, en acatamiento de la sentencia de tutela que dejó sin efectos la
providencia de 5 de abril de 2016 y ordenó dictar una de reemplazo que resolviera
de fondo la alzada. En síntesis, no se trató de reabrir un proceso concluido, sino de
cumplir la orden constitucional, decidir los puntos en discusión y finalizar el proceso.

En ese sentido, la decisión indicó que no era procedente que la sentencia de 19 de
diciembre de 2013 ordenara fijar el monto de la indemnización en una providencia
complementaria, pues correspondía a la sentencia final valorar las pruebas,
cuantificar los daños y establecer el valor de la indemnización y demás medidas de
reparación. Textualmente señaló:

“[…] el monto de la indemnización colectiva a pagar, quebrantó una norma de orden
público de obligatorio cumplimiento, como lo es el citado artículo 65 de la Ley 472 de
1998.

Un tal proceder no tiene justificación valedera que respalde la actuación del Juzgado
a quo, en el sentido de haber dicho en la sentencia que el monto de la indemnización
se fijara en sentencia complementaria.

Si dicho funcionario hubiese tenido en cuenta el procedimiento aplicable a las
Acciones de Grupo (Ley 472 de 1998), se habría dado cuenta que es en la sentencia
que pone fin al proceso de acción donde se debe precisar cuál es el monto a
pagar a título de indemnización, pues él tenía la obligación de examinar las pruebas
que permitieran cuantificar la magnitud de los daños a efectos de determinar el monto
de la indemnización y las demás medidas de reparación.

Es que, demostrado que el grupo sufrió un daño, el artículo 65 de la Ley 472 de 1998
dispone que la sentencia debe contener el pago de una indemnización colectiva, que
contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales de quienes parten
en el proceso como integrantes del grupo, según los porcentajes establecidos durante
todo el curso del proceso; así lo ha precisado el Consejo de Estado desde la sentencia
del 2 de junio de 2005 y en la sentencia del 1° de noviembre de 2012.

Así las cosas, habrá de revisarse también la Sentencia Complementaria No. 107 del
4 de septiembre de 2015, por cuanto es un trámite procesal que resultó contrario a

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de febrero de 2014,
radicación núm. 47001-23-31-000-2009-00301-01 (41859). Dicha tesis fue reiterada en las
siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de
septiembre de 2024, radicación núm. 11001-03-25-000-2020-00702-00 y Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de mayo de 2025, radicación núm. 11001-03-26-
000-2023-00191-00 (70728).
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los lineamientos del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, y en su lugar se concretará el
monto de la condena” (Destacado incluido en el texto).

Así, al concretar la condena en segunda instancia, la sentencia de reemplazo del
16 de marzo de 2017 observó lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998,
que exigía determinar el monto de la indemnización colectiva en la providencia que
ponía fin al proceso.

En otras palabras, fue en ejercicio de su función jerárquica que el Tribunal
Administrativo del Choco modificó el referido numeral 5º de la providencia a quo,
aclarando que dicho numeral inobservaba lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley
472 de 1998, procediendo a subsanar y resolver la discusión planteada en torno a
la fijación de la condena, mediante la tasación concreta de la misma.

Siguiendo esta línea argumentativa, en su calidad de juez de segunda instancia, el
Tribunal tenía competencia funcional para concretar la condena omitida por el
inferior, con fundamento en el artículo 307 del CPC. Por ello, modificó el ordinal
quinto de la sentencia del 19 de diciembre de 2013 y determinó el monto de la
indemnización. Sobre este punto explicó:

“Competencia funcional del juez de segunda instancia para fijar la condena en
concreto omitida total o parcialmente por el inferior.

Establecía el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al sub judice,
por remisión expresa del artículo 68 de la ley 472 de 1998, que la condena al pago de
frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se haría en la sentencia
por cantidad y valor determinados, pero que cuando el juez consideraba que no
existía prueba suficiente para la condena en concreto, debía decretar de oficio, por
una vez, las pruebas que estimara necesarias para tal fin y que de la misma manera
debía “proceder el superior para hacer la condena en concreto hasta la fecha de
la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no
hubiese apelado” […].

La anterior disposición faculta plenamente a esta Corporación como Juez de segunda
instancia, para concretar el monto de la condena que se omitió de manera total por el
a quo, aunque la parte demandante, beneficiaria de la misma, no haya apelado la
sentencia principal, en consecuencia habrá de modificarse el numeral quinto de la
Sentencia No. 271 del 19 de diciembre de 2013, para en su lugar fijar de manera
concreta el pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada
de las indemnizaciones individuales” (Destacado incluido en el texto).

En síntesis, el Tribunal determinó que la sentencia final debía contener la condena
en concreto, conforme al artículo 65 de la Ley 472 de 1998, y que, al fijar el monto
de la indemnización colectiva, actuó dentro de sus competencias legales. Esto no
constituye actuación oficiosa ni extralimitación, sino cumplimiento del deber legal de
concretar la condena en la sentencia que pone fin a la acción de grupo.

Así las cosas, en este punto solo resta aclarar que el Tribunal no se pronunció
respecto de una sentencia ejecutoriada, dado que el artículo 352 del CPACA
establece que, proferida una providencia complementaria o negada la

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complementación, dentro de la ejecutoria de esta puede apelarse también la
principal.

Igualmente, se destaca que la sentencia de reemplazo de 16 de marzo de 2017 no
constituyó una nueva sentencia complementaria, como lo afirman los recurrentes,
sino una decisión integral que resolvió el fondo del litigio fijó la condena en concreto
y puso fin al proceso.

Finalmente, sobre este aspecto cabe recordar que el incidente de liquidación que
echan de menos la parte recurrente no tiene cabida en el trámite de las acciones de
grupo, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación53, precisamente
por el deber que impone el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 de concretar la
condena en la sentencia que pone fin a la litis. De suyo, tramitar un incidente de esa
naturaleza implicaría, en el caso de marras, revivir los yerros en que incurrió el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó, falencias que
adecuada y oportunamente quedaron enmendadas con la orden de tutela y con la
actuación que, en cumplimiento de dicha orden tuitiva, impartió el Tribunal
Administrativo del Chocó de forma pertinente.

4.3.2.2. De otro lado, las entidades recurrentes señalaron que la decisión de 16 de
marzo de 2017 vulneró su debido proceso porque, bajo el pretexto de aplicar su
facultad oficiosa, tasó la condena sin prueba suficiente, invadiendo el rol del a quo
y vulnerando el principio de la doble instancia.

Para abordar este cargo, en primer lugar, conviene diferenciar cuándo el juez actúa
en ejercicio de una facultad oficiosa y cuándo lo hace en ejercicio de su función
constitucional y legal de decidir la controversia puesta bajo su conocimiento.

Así, se advierte que las facultades oficiosas del juez constituyen poderes
excepcionales que la ley otorga a la autoridad judicial para actuar incluso cuando
las partes no lo han solicitado de manera expresa. Su finalidad es garantizar la
vigencia de principios superiores del ordenamiento, tales como la verdad, la
igualdad, el acceso a la justicia y el debido proceso.

Estas facultades se entienden como manifestaciones de la función de dirección y
control del proceso, en la medida en que permiten al juez asegurar que la actuación
judicial se desarrolle conforme a los fines del derecho procesal. Sin embargo, su
ejercicio no es irrestricto: solo procede en los casos concretamente previstos por la
ley, y en atención a la necesidad de preservar garantías fundamentales o la correcta
administración de justicia.

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de agosto de 2021, rad.
23001-23-33-000-2012-00060-01(AG). En el mismo sentido, ver, entre otras: Consejo de Estado,
Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 14 de agosto de 2018, rad. (AG) 20001-23-31-
000-2007-00244-01.

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Radicado: 11001-03-26-000-2018-00076-00
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De manera que las facultades oficiosas no constituyen la regla general en un
sistema procesal de carácter dispositivo, en el cual corresponde a las partes
impulsar el trámite y aportar los elementos de prueba que sustenten sus
pretensiones. Por el contrario, se trata de excepciones justificadas, cuyo uso se
encuentra plenamente delimitado por la normativa y la jurisprudencia.

Entre los ejemplos más representativos se encuentran la potestad del juez de
decretar pruebas de oficio las considere útiles para la verificación de los hechos
relacionados con las alegaciones de las partes. (art. 179 del CPC y 169 y 170 del
CGP); la posibilidad de inaplicar una norma contraria a la Constitución en ejercicio
del control difuso de constitucionalidad; y la facultad de ejercer el control de
legalidad oficioso en cada etapa del proceso (art. 132 del CGP).

Sin embargo, y más allá de sus facultades oficiosas, el juez como autoridad
jurisdiccional tiene el deber primordial de resolver la controversia puesta bajo su
conocimiento. Esta función constituye la esencia misma de la administración de
justicia, en cuanto implica que el juzgador debe pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones que han sido planteados en el proceso por las partes.

El cumplimiento de esta función supone que, dentro del marco definido por la
demanda, la contestación, las pruebas practicadas y la normativa aplicable, el juez
emita una sentencia que ponga fin al litigio. De esta manera, se materializa el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y se asegura la
eficacia de las decisiones judiciales.

En el desarrollo de esta labor, el juez no está actuando de oficio en sentido estricto,
pues no se trata de una actuación discrecional, sino del cumplimiento de su función
constitucional y legal de aplicar el derecho al caso concreto. En otras palabras, no
es una manifestación de facultad oficiosa, sino el cumplimiento funcional de la
obligación de resolver los puntos sometidos a su consideración.

En este sentido, y como puede deducirse de las conclusiones advertidas en los
ítems anteriores, la tasación concreta de la condena colectiva por parte del juez de
la acción de grupo no constituye una faculta oficiosa, sino el cumplimiento del deber
legal contenido en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998. Deber este que, en el caso
concreto, fue omitido por el juez de primera instancia, el cual ordenó su liquidación
mediante una sentencia complementaria que, por la misma razón resultó ilegal.

Entonces, se encuentra claro que, en las acciones de grupo, el artículo 65 de la Ley
472 de 1998 establece que el juez debe fijar el monto de la indemnización en la
sentencia final. La omisión de esta determinación constituye un incumplimiento de
la función judicial de decir el derecho y por ello, cuando el superior jerárquico
cuantifica los daños y determina la indemnización en la sentencia de segunda
instancia, no actúa de oficio, ni invade la órbita del inferior que incumplió su deber,
sino que actúa en ejercicio de su deber constitucional y legal de resolver lo pedido

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y garantizar una decisión completa y eficaz, subsanando la falta, como ocurrió en la
decisión recurrida.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que el juez se releve de su deber de fallar
con arreglo a lo probado en el proceso, pues sin excepción las decisiones judiciales
deben sustentarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente.
Ello responde al principio de la congruencia y de la necesidad de motivación de las
sentencias, en virtud de los cuales el fallo no puede fundarse en apreciaciones
subjetivas ni en hechos ajenos al debate procesal, sino en la valoración objetiva del
acervo probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y la normatividad
aplicable.

En este aspecto, los recurrentes afirman que el Tribunal Administrativo del Chocó
tasó la condena sin prueba suficiente. No obstante, la Sala difiere de esta
apreciación, toda vez que de la sentencia recurrida se extrae que el ad quem
sustentó su decisión en pruebas valida y oportunamente allegadas al proceso.

Así, se observa que, para la tasación concreta de la condena, el Tribunal valoró en
conjunto los siguientes medios de prueba documentales: (i) el Acuerdo de Pago de
31 de diciembre de 2010, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y el departamento del Chocó, el cual sirvió como base para acreditar la existencia
de la deuda por ascensos en el escalafón docente y el compromiso de pago. El
acuerdo estableció que, una vez agotados los mecanismos internos de análisis y
determinación de créditos laborales a favor de los docentes, se transferiría a la
Secretaría de Educación la suma de $1.954.076.229; (ii) los oficios Nos.
2010EE88525 y 2010EE91903, en su orden de 13 y 23 de diciembre de 2010, del
Ministerio de Educación que acreditaron la existencia de la acreencia a 13 de
diciembre de 2010 y certificaron el monto de los créditos acumulados por concepto
de ascensos docentes, en las sumas de $1.118.000.000 y $835.000.000; (iii) el
Oficio núm. 6.5.0.1. de 7 de marzo de 2011, por medio del cual la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público giró a la Secretaría de Educación del Chocó la suma
total de $1.954.076.229 para el pago a los docentes beneficiarios, el cual no se
realizó; y (iii) las certificaciones de las bases de datos de 2013, remitidas por el
Ministerio de Educación y la Administración del Chocó, en la que se relacionaron
los docentes beneficiarios del acuerdo de pago, sus identificaciones y montos
adeudados. Asimismo, los cuadros de Excel anexos desglosaron los créditos,
operaciones y proyecciones, determinando las indemnizaciones individuales y la
suma ponderada para la colectiva, documento que fue incorporado como parte
integral de la sentencia.

Al respecto, se resalta que el Acuerdo de Pago contiene información detallada sobre
las obligaciones económicas reconocidas por la entidad demandada y los oficios
oficiales permiten verificar la existencia y cuantía de la deuda, así como su evolución
en el tiempo.

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Igualmente, en sus conclusiones la decisión recurrida valoró los argumentos de las
partes, a saber, los alegatos de la Nación y el departamento del Chocó, y el Auto de
28 de junio de 2013 que definió el grupo y subgrupos de beneficiarios, así como
tuvo en consideración autos interlocutorios que reconocieron a nuevos
demandantes y adicionaron anexos al proceso.

A partir de estos elementos, el Tribunal concluyó que el grupo demandante estaba
conformado por los beneficiarios del Acuerdo de Pago celebrado el 31 de diciembre
de 2010 y consideró que el daño era imputable, a título de falla en el servicio, al
departamento del Chocó - Secretaría de Educación, por no haber transferido los
recursos a los docentes conforme a lo pactado, y al Ministerio de Educación
Nacional, por no haber desplegado las gestiones necesarias para garantizar el
cumplimiento efectivo de la obligación laboral reconocida. Textualmente, indicó:

“Se concluye entonces,

i. Que la Administración Temporal para el Sector Educativo del Chocó trasgredió los
artículos 6, 53 y 209 constitucionales:

PRIMERO: no pagó el crédito laboral que por el monto que acordó recibir del
Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico, se comprometió a entregar a los docentes
chocoanos;
SEGUNDO: que después de la presentación de la demanda, la conducta persistió.
TERCERO: que no se preocupó por hacerse, oportunamente, parte de esta causa.

ii. Que el Ministerio de Educación Nacional no realizó las gestiones propias, en
relación a su Agente en el Departamento del Chocó para que el crédito reconocido
fuera honrado una vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público giró la partida
para extinguir la obligación con los docentes chocoanos; con ello, se transgredieron
los artículos 6, 53, 12 a 125 y 209 constitucionales por parte de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional.

En consecuencia, el daño antijurídico se irrogó a los beneficiarios de las acreencias
laborales y el monto a indemnizar se retrotrae a la actualización de dicha cifra y al
reconocimiento de sus intereses […]”.

Así, el Tribunal explicó que se reconocía una indemnización total de
$5.059.082.987, compuesta por un capital de $1.954.076.229, correspondiente al
monto girado por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 7 de marzo
de 2011, y por intereses moratorios equivalentes a $3.105.006.758. Precisó que el
daño emergente estaba representado por el capital no pagado, mientras que el lucro
cesante se derivaba de los intereses dejados de percibir por los docentes afectados.

Al respecto, indicó que el punto de partida para calcular los intereses era la fecha
en que se efectuó el giro de los recursos (7 de marzo de 2011), y que estos se
proyectaban hasta el 7 de abril, completando un período de 73 meses.

En ese orden, el Tribunal consideró que la prueba pericial no era necesaria en este
caso, dado que la actualización del crédito y el cálculo de intereses podían
realizarse a través de una fórmula matemática que el juez estaba en capacidad de
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aplicar. En apoyo de esta conclusión, hizo referencia a un cuadro en formato Excel
anexado a la providencia, en el que se desglosaron los valores, proyecciones y
cálculos correspondientes.

En este contexto, el Tribunal explicó que las actuaciones administrativas internas
adelantadas por los ministerios involucrados evidenciaban el conocimiento
institucional sobre la deuda certificada, así como la existencia y disponibilidad de
los recursos para su pago.

Entonces, el Tribunal valoró los documentos oficiales obrantes en el expediente,
estableció el capital adeudado y calculó los intereses con fundamento en las
fórmulas reconocidas por la jurisprudencia. De modo que los elementos probatorios
fueron esenciales para determinar el monto de la condena, lo cual excluye el cargo
de una decisión carente de prueba.

Así las cosas, es importante reiterar que los documentos mencionados fueron
incorporados válidamente al expediente y que el Tribunal hizo un análisis frente a
cada uno de ellos, lo cual evidencia la motivación de la sentencia.

Asimismo, no está acreditado que la parte demandada hubiera sido privada de sus
derechos de contradicción y defensa, pues durante el trámite procesal tuvo la
oportunidad de conocer y controvertir los documentos aportados, presentar
argumentos, y ejercer los recursos legales correspondientes. La valoración
probatoria se realizó dentro del marco de las etapas procesales, y no se trató de
una actuación sorpresiva ni arbitraria.

Igualmente, lo anterior evidencia que concretar la condena en segunda instancia no
vulnera el principio de doble instancia, toda vez que la condena fue discutida en
primera instancia y en el recurso de apelación interpuesto el 14 de septiembre de
2015, en el que se impugnaron tanto la sentencia principal como la complementaria
que tasaba la indemnización en con sustento en el dictamen pericial, también
controvertido por las entidades demandadas por inconsistencias que afectaban la
precisión técnica y legal de los valores calculados. de manera que se cuestionó la
legalidad de la sentencia complementaria y de la experticia, en el fondo bajo la
pretensión de que se revocara la condena impuesta.

En ese orden, no se vulneró el principio de doble instancia, toda vez que el valor de
la condena fue controvertido de manera sustancial en el recurso interpuesto y
posteriormente revisado por el Tribunal Administrativo del Chocó, quien dictó
sentencia de reemplazo en segunda instancia, en ejercicio de su competencia
funcional para concretar la condena.

4.3.2.3. Finalmente, las recurrentes afirmaron que el Tribunal Administrativo del
Choco emitió la sentencia en Sala de decisión integrada por conjueces, aun cuando
ya se había reincorporado la magistrada titular que motivó su designación.

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En cuanto a la garantía del juez natural, la Corte Constitucional ha considerado que
esta exige que los jueces de la República, dentro del marco de su jurisdicción y en
ejercicio de su competencia, conozcan de los asuntos previamente atribuidos por la
Constitución y la ley, los instruyan conforme al régimen procesal aplicable y los
resuelvan mediante decisión de fondo. Esta función jurisdiccional debe ejercerse
como propia, habitual y permanente, sin que los jueces puedan ser apartados de
ella sin justificación legal, ni delegarla de manera discrecional54.

Así, en relación con la conformación de la Sala que profirió la sentencia de
reemplazo de 16 de marzo de 2017, es importante precisar que, aunque para la
fecha de esta decisión la magistrada Norma Moreno Mosquera ya se había
reincorporado, la Sala fue integrada por conjueces previamente sorteados, en virtud
de la incapacidad médica por ella presentada, así como por el impedimento
aceptado a la magistrada Mirtha Abadía Serna (hechos probados 3.10., 3.11. y
3.20.).

Conforme lo señaló el Tribunal al pronunciarse sobre el recurso extraordinario de
revisión, según su interpretación y aplicación del inciso tercero del artículo 11655 de
la Ley 1437 de 2011, los conjueces que conocen de un asunto deben actuar hasta
que se termine completamente la instancia o recurso, salvo que se modifique la
integración de la Sala por elección de un nuevo magistrado, situación que no ocurrió
en el caso de autos, por cuanto, aun cuando la magistrada Norma Moreno Mosquera
se reincorporó en sus labores judiciales, esto no equivalía a la elección de un nuevo
magistrado y, en consecuencia, no daba lugar a cambiar la integración de la Sala.

Así, la Sala advierte que la interpretación del Tribunal fue legalmente justificada sin
que sea posible considerarla arbitraria o caprichosa y, en gracia de discusión, aun
cuando el Tribunal hubiera incurrido en lo reprochado por los recurrentes esto no
configura la causal de nulidad en la sentencia por violación al debido proceso,
porque los conjueces fueron debidamente designados para integrar la Sala de
decisión.

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que quien ha sido designado
como conjuez para integrar la Sala, desde el momento de su posesión “se encuentra
investido de la facultad constitucional de impartir justicia en el negocio que actúa,
con lo cual no resultaría posible alegar una violación al debido proceso ante dicha
irregularidad procesal, en la medida en que ningún error de este tipo, por sí mismo,
tendría la capacidad de afectar los derechos fundamentales del accionante”56.

54 Corte Constitucional, auto A823 de 2 de mayo de 2024, M.P. Vladimir Fernández Andrade.
55 “Artículo 116. Posesión y duración del cargo de Conjuez […].Los conjueces que entren a conocer

de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque
concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los
nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les
predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos”.
56 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 3 de marzo de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Por tanto, no se configura una nulidad por ausencia del juez natural, ya que la
decisión fue adoptada por el órgano judicial competente, conformado con
observancia de las reglas legales vigentes.

En suma, la sentencia de reemplazo no vulneró el debido proceso, sino que dio
cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales aplicables, resolvió de fondo
el recurso de apelación, concretó la indemnización conforme a las pruebas obrantes
en el proceso y garantizó la reparación integral del grupo afectado. Por tanto, el
cargo formulado por los recurrentes no está llamado a prosperar.

Finalmente, es preciso señalar que la providencia recurrida refleja una situación
confusa. En efecto, por un lado, el Tribunal advirtió la ilegalidad de la sentencia
complementaria del 4 de septiembre de 2015, porque había fijado el monto de la
indemnización colectiva, cuando dicha determinación correspondía a la sentencia
de primera instancia del 19 de diciembre de 2013, que omitió el cumplimiento de
este deber e impuso la condena en abstracto.

En consecuencia, el ad quem advirtió la falencia de esta última y procedió a
subsanar la omisión mediante la tasación concreta de la indemnización colectiva,
actuación que, como se explicó, se encontraba ajustada y no implicaba vulneración
alguna de los derechos de las entidades demandadas.

Sin embargo, la impresión surgió en la parte resolutiva de la sentencia recurrida
que, erróneamente, dijo modificar tanto la sentencia principal como la
complementaria, pese a que ya había establecido la ilegalidad de esta última y se
había concretado la condena omitida en la primera. Entonces, dicha contradicción
sirvió de sustento a los desacuerdos propuestos en el presente recurso
extraordinario de revisión.

Pese a lo anterior, la Sala considera que se trata de un yerro meramente formal,
que debió alegarse por vía de la corrección o complementación de la sentencia,
pero que no afecta la validez de la decisión. Por ello, no constituye causal de nulidad
ni configura motivo suficiente para infirmar la sentencia recurrida.

En consecuencia, comoquiera que no se configuran los presupuestos de la causal
8ª del artículo 355 del CGP, planteada por los recurrentes, la Sala declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.

5. Conclusión

No se configura la causal de revisión establecida en el numeral 8º del artículo 355
del CGP, es decir, no existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y que no era susceptible de recurso proferida el 16 de marzo de 2017 por
el Tribunal Administrativo del Chocó, que modificó las sentencias de 19 de diciembre
de 2013 y 4 de septiembre de 2015.

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Por el contrario, pudo observarse que los recurrentes pretenden convertir el recurso
extraordinario de revisión en una instancia adicional de la acción de grupo, debido
a la inconformidad con los argumentos jurídicos que sirvieron de sustento a la
decisión recurrida.

6. Costas

De conformidad con el inciso final del artículo 35957 del CGP, si se declara infundado
el recurso extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente.

Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.

En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió la parte demandante de la acción de grupo (apartado
3.1.), la Sala impondrá condena por este concepto por la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a su favor, de conformidad con lo establecido
en el artículo 558 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201659.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, dentro de la acción de grupo con radicados núms. 27001-
33-31-701-2012-00107-01 y 27001-33-31-701-2012-00094-00 (acumulados).

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en
la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en
cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la parte demandante de la
acción de grupo por un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

57 “Artículo 359. Sentencia. […] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente, y para su pago se hará efectiva la caución prestada”.
58 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre

1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
59 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto

SP2

34

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