Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00079-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00079-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2018-00079-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00079-00 (61679)
Demandante: Luis Alfredo Armero Cúchala
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN– Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de las causales – Falta de motivación
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
nulidad originada en la sentencia, por la falta de motivación de la providencia, que no
valoró de forma adecuada el acervo probatorio y exoneró a la entidad demandada a
través de un razonamiento incompleto.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de reemplazo de 7 de junio de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cauca, que negó las pretensiones
de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, y 1.4. Recurso extraordinario de
revisión y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 14 de mayo de 2013, Luis Alfredo Armero Cúchala y otros1 presentaron
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con base en las siguientes
pretensiones:
“Primera. Declárese administrativamente a la [demandada] responsable de
los perjuicios morales, materiales e inmateriales, ocasionados a los
[demandantes], por la muerte de su ser querido patrullero Diego Fernando
Armero Yampuezan, ocasionada por artefacto explosivo en hechos
sucedidos el día 8 de marzo de 2012 (…)”.
2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 8 de
marzo de 2012, a las 1:45 de la tarde, en la vía que conduce de la zona
urbana del municipio de Balboa, Cauca al corregimiento de Pureto del
1 Rosa Enriqueta Yampuezan, Yenny Johana Armero Yampuezan, Víctor Andrés Armero Yampuezan, Luis Albeiro
Armero Yampuezan, Brayan Andrés Romero Gavilanes, Luis Alfredo Romero Villada, Teófilo Armero Castillo, María
Edelmira Cúchala y Visitación Tampuezan.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00079-00 (61679)
Demandante: Luis Alfredo Armero Cúchala y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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mismo municipio, el patrullero Diego Fernando Armero Yampuezan falleció
“por artefacto explosivo (…) en momentos que realizaba patrullaje, en actos
propios del servicio al mando del intendente Efrey Álvarez, comandante de
la estación de Policía Balboa, sin observar el comandante las órdenes e
instructivos permanentes respecto al desplazamiento en una zona de orden
público y con el porte de armas de fuego de largo alcance como es el fusil
galil, determinándose una protuberante falla del servicio”.
1.2. Posición de la parte demandada
3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda, porque la muerte se produjo en desarrollo de
la actividad policial. Por lo tanto, la muerte era un riesgo propio del servicio
que exoneraba de responsabilidad a la entidad demandada
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante
4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán dictó la Sentencia de 25 de
septiembre de 2014, que declaró responsable a la Policía, porque la muerte
de la víctima “consolidó un exceso en los riesgos propios del servicio, toda
vez que el desconocimiento de los instructivos de la Dirección General de la
Policía Nacional impidió prevenir el atentado terrorista del que fueron
víctimas, siendo dable concluir inicialmente que se presenta una falla en el
servicio de la Policía Nacional que amerita la atribución de responsabilidad
estatal por el daño padecido por los demandantes, así lo refrenda el
Consejo de Estado, cuando expone que el desconocimiento de parámetros
de seguridad o la imprudencia de los superiores de la víctima amerita juicio
de responsabilidad”.
5. Determinó que el desplazamiento realizado el 8 de marzo de 2012
desobedeció los instructivos, debido a que: (i) salieron a patrullar sólo 4
uniformados equipados con armamento de largo alcance; (ii) el
desplazamiento se hizo en motocicletas cuando debió realizarse a pie ante
el riesgo de emboscada, y (iii) no se adelantó una verificación de ruta
previa.
6. Concluyó que “existió una falla por parte de la entidad, en el desarrollo
del operativo de medidas de seguridad necesarias, las cuales eran
responsabilidad de los superiores que debían coordinar las actividades
necesarias de seguridad y prevención por encontrarse en una zona de alto
riesgo por presencia constante de grupos armados al margen de la ley”. De
haberse observado las instrucciones generales para adelantar el patrullaje
la víctima no hubiera muerto. Condenó a la demandada únicamente a
reparar los perjuicios morales. Contra esta decisión ambas partes
interpusieron recurso de apelación.
1.4. Sentencia de segunda instancia y trámite relevante
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Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00079-00 (61679)
Demandante: Luis Alfredo Armero Cúchala y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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7. El Tribunal Administrativo de Cauca profirió la Sentencia de reemplazo de
7 de junio de 2017, en cumplimiento de la Sentencia T- 202 de 2017 de la
Corte Constitucional2., en la que revocó la condena de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones.
8. El Tribunal concluyó que “teniendo como parámetro la orden de la Corte
Constitucional de centrar el fallo en las pruebas que reposan en el
expediente sin atender la identidad fáctica de otro proceso judicial, el
Tribunal Administrativo del Cauca, con base en la autonomía en la
valoración probatoria reconocida por la misma Corporación, considera
que, aunque para el 08 de marzo de 2012, ciertamente se gestaba una
situación de anormalidad en el municipio de Balboa-Cauca, tras el reporte
de la presencia de un vehículo automotor con insumos, desde el
corregimiento de la parte demandante, que el objetivo o finalidad (en
términos de la Corte Constitucional), del patrullaje para el día 08 de marzo
de 2012, haya sido la atención de la información suministrada, como si se
tratase de la intercepción del vehículo automotor, pues ninguno de los
medios probatorios da cuenta de esta situación”.
9. Al contrario, los medios probatorios acreditaron que el objetivo del
patrullaje era una labor cotidiana, que incluía el acompañamiento de los
estudiantes del colegio Vasco Núñez Balboa y, dentro de dicha labor,
estaba la verificación de la información enviada desde la central de Policía
frente al vehículo que se dirigía con insumos a la cabecera municipal. Esto
no excedió los límites de la actividad policial de la víctima, pues era un riesgo
propio del servicio desarrollar las actividades del cargo.
1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
10. El 1 de junio de 2018, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia de reemplazo
ejecutoriado, con fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
relacionado con la nulidad originada en la sentencia.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2017 “El Tribunal Administrativo del Cauca, a pesar de contar con
suficientes elementos de prueba, se limitó a transcribir las consideraciones de una sentencia proferida en otro
proceso, las cuales no podían servir como fundamento para establecer el propósito del patrullaje, debido a que
se construyeron principalmente a partir del testimonio que rindió el patrullero Jimmy Bernal en ese proceso que (i)
no cumplió el trámite de ratificación previsto en el artículo 222 del Código General del Proceso, aplicable al
procedimiento contencioso por disposición del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011; (ii) no se decretó en la
audiencia correspondiente, lo que impidió el ejercicio del derecho de contradicción de la prueba, y (iii) contraría
las declaraciones del mismo testigo en la audiencia adelantada el 12 de agosto de 2014 ante el Juzgado 4º
Administrativo de Popayán. // Asimismo es importante destacar que en las consideraciones transcritas en la
sentencia cuestionada se indicó que en ese expediente no obraban más elementos de convicción que
permitieran establecer la finalidad del patrullaje. En contraste, como se describió previamente, en el proceso
promovido por el accionante el Tribunal contaba con diversas pruebas que le permitían establecer dicha
circunstancia y, que por lo tanto, estaba en obligación de valorar. Por lo tanto, al comprobarse la omisión en la
imperiosa actividad de evaluación de las pruebas resulta evidente el defecto fáctico de la sentencia. // En cuanto
alcance del defecto que se comprobó en esta sede, la Sala considera necesario reiterar la premisa general de
autonomía de los jueces en la valoración de los elementos de prueba y con base en ésta precisar que el defecto
fáctico de la sentencia de 1º de octubre de 2015 se deriva de la falta de valoración de los elementos de prueba
obrantes en el proceso y que son relevantes para la determinación de uno de los fundamentos de la pretensión.
Por ende, es necesario aclarar que: la Sala no cuestiona la conclusión ni sobre la finalidad del patrullaje ni sobre
la inexistencia de una falla en el servicio que produciría la responsabilidad del Estado, pues estos asuntos deben
establecerse por el juez ordinario; y que la censura constitucional se circunscribe a la omisión del Tribunal cuando
dio por sentado ese aspecto sin una valoración, de acuerdo con los principios de la sana crítica, de las pruebas
obrantes en el trámite”.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00079-00 (61679)
Demandante: Luis Alfredo Armero Cúchala y otros
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11. La causal se estructuró por la falta de motivación de la sentencia de
reemplazo, porque no realizó una valoración integral de las pruebas y llegó
a una conclusión contradictoria. A pesar de que la falta de motivación no
se encuentra dentro de las causales de nulidad del artículo 133 del CGP,
puede desprenderse del derecho al debido proceso contemplado en el
artículo 29 constitucional.
12. El “Tribunal del Cauca mencionó algunas pruebas aportadas y
practicadas en el proceso y les dieron el mismo valor de aquellas que habían
citado inicialmente, para salir del paso y otra vez revocar la sentencia
favorable de primera instancia y negar las pretensiones con alevosía y sobre
seguros de estar protegidos por el principio de autonomía de los
funcionarios”. El Tribunal “desde el principio estaba predispuesto a negar las
pretensiones de la demanda”.
13. El recurrente acudió al razonamiento del juez de primera instancia para
justificar la adecuada valoración del acervo probatorio que, en su
concepto, sí ponderó las pruebas dentro de la sana crítica, por lo que hizo
una transcripción extensa de esa decisión.
14. Afirmó que la Corte Constitucional en Sentencia T-202 de 2017 señaló que
estaba probada la falla del servicio, según el acervo probatorio. También,
concluyó que se configuró un “defecto fáctico por la omisión en la
valoración de los elementos de prueba obrantes en el proceso sometido a
su consideración con incidencia en la decisión (…) el Tribunal Administrativo
del Cauca a pesar de contar con suficientes elementos de prueba, se limitó
a trascribir las consideraciones de una sentencia proferida en otro proceso,
las cuales no podían servir como fundamentos para establecer el propósito
del patrullaje, debido a que se construyeron principalmente a partir del
testimonio que rindió el patrullero Jimmy Bernal en ese proceso” que no
cumplió con la ratificación, no se decretó en audiencia para ejercer el
derecho de defensa y resultó contradictorio con la declaración que
brindó el mismo testigo el 12 de agosto de 2014.
15. Afirmó que “la sentencia del a-quo y el fallo de tutela de la Corte
Constitucional [eran] suficientes para demostrar que el Tribunal
Administrativo del Cauca omitió la valoración del material probatorio
obrante en el expediente y haciendo una simulación de análisis de algunas
pruebas, les dio valor otorgado a las pruebas abstractas que analizó
inicialmente y que lo llevó a la conclusión de revocar la sentencia de
primera instancia y negar las pretensiones de la demanda”.
16. La sentencia de reemplazo mantuvo “la misma decisión tomada en la
anterior decisión sin realizar el análisis de las pruebas aportadas al proceso y
las practicadas por el juez de primera instancia”. Para tal efecto, resaltó los
apartes del fallo recurrido para demostrar el aparente cumplimiento de la
acción de tutela, pues realizó “un análisis parcial de algunas pruebas”
referidas por la Corte Constitucional.
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17. Por último, manifestó que la segunda instancia no debió imponerle al
demandante una condena en costas por el valor del 0.5% de las
pretensiones, porque se trataba de una persona de escasos recursos.
18. La Policía Nacional se opuso al recurso extraordinario de revisión.
Manifestó que los argumentos de defensa eran valoraciones subjetivas.
Señaló que no se configuró la causal invocada y reiteró que la muerte
ocurrió en desarrollo de las labores propias del servicio. La entidad alegó la
configuración de la causal de exoneración de hecho de un tercero,
cuestionó las afirmaciones del demandante sobre la imputación de
responsabilidad y objetó los perjuicios reclamados.
19. El Ministerio Publico emitió concepto en el que solicitó declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión. No se configuró la causal
alegada, porque la providencia se sustentó de manera adecuada en
términos formales y sustanciales.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada y, 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptaran
20. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad3 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso de revisión contra la Sentencia de
reemplazo de 7 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cauca, porque no se configuró la causal invocada.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
21. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados4, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador5 o por el constituyente.
22. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias6, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
3 El 16 de junio de 2017 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida y el 1 de junio de 2018 se interpuso recurso de
revisión, por lo que, se hizo dentro del término de un año del artículo 251 CPACA.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016,
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00(REV)
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12)
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precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez7, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
23. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
24. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insubsanable o tiene la entidad
suficiente para invalidar la decisión judicial revestida de la fuerza de la cosa
juzgada. En principio, no es posible invocar como fundamento del recurso
una irregularidad acaecida con anterioridad a la expedición de la
sentencia, salvo que la nulidad no hubiera podido advertirse durante el
curso del proceso. En este caso, el afectado deberá demostrar que no tuvo
la oportunidad de manifestar la causa de nulidad, para evitar que se
convierta en una tercera instancia y las partes puedan subsanar sus
omisiones8.
25. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional para
dotar de contenido a la causal.
26. Al respecto, la Subsección en la Sentencia de 16 de agosto de 2022,
radicado 47097, determinó que la causal de revisión solamente procedía
cuando estaba sustentada en una nulidad consagrada en el ordenamiento
jurídico (se trascribe):
“(…) la Sala entiende que las causales del recurso de revisión son taxativas y
de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser
interpretadas de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de
esta Sala, la causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la ‘nulidad
originada en la sentencia’ debe, también, ser interpretada de manera
restrictiva. En ese sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso
extraordinario de revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las
causales de nulidad previstas en la legislación.
37. La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el
recurso extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que,
interpretar el artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de
revisión las convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier
violación del debido proceso constituiría una causal para considerar
procedente el recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el
juez de la revisión”9.
7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV),
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de
agosto de 2022, Radicado 47097. También ver, Sentencia de 26 de enero de 2023, Radicado 53332,
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Decisión: Declara infundado el recurso
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27. Por lo tanto, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador, de manera principal o el constituyente, de forma
excepcional, quienes definan previamente cuáles son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales.
28. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, a partir de la
interpretación restrictiva de la causal invocada, la falta de motivación de la
sentencia no es un supuesto de nulidad consagrado en la ley o la
Constitución Política, por lo que, se reitera que no cualquier afectación al
debido proceso configura una nulidad originada en la sentencia.
29. La Sala encuentra que el cuestionamiento del recurrente se centra en
reprochar la valoración probatoria y el razonamiento adoptado por el juez
de segunda instancia, aspecto que demuestra la falta de técnica del
recurso porque corresponde a un debate propio del proceso ordinario.
Incluso, cuestiona la imposición de las costas procesales como si tratara de
una tercera instancia.
30. La Sala advierte que, sin que sus argumentos correspondieran a una
causal de nulidad prevista constitucional o legalmente, el recurso pretendía
reabrir el debate probatorio y jurídico de las instancias ordinarias para que
se produjera una decisión favorable a sus pretensiones, pues el recurrente
realizó una revaloración de las pruebas, cuestionó el razonamiento del juez
de segunda instancia y reiteró los argumentos de defensa expuestos en las
instancias ordinarias, aspectos que exceden la naturaleza extraordinaria del
recurso de revisión.
31. Tampoco prospera el recurso de revisión, porque el recurrente
instrumentalizó la impugnación extraordinaria como si se tratara de un
mecanismo de verificación del cumplimiento de las órdenes del fallo de
tutela. El juez de revisión no funge como una tercera instancia superior de
corrección o verificación de los procesos ordinarios, ni tiene competencias
de seguimiento de las ordenes emitidas por los jueces de tutela.
32. No puede pasarse por alto que la falta de motivación ha sido entendida
por la jurisprudencia constitucional como un defecto específico de las
providencias judiciales, que el juez de tutela puede estudiar10. En ese
sentido, no le corresponde al juez de revisión desplazar las competencias del
juez de tutela para pronunciarse sobre aspectos del fondo.
33. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso de revisión, porque
el recurrente no invocó un supuesto de nulidad de las sentencias reconocido
legal o constitucionalmente en el ordenamiento jurídico vigente.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018. “Lo que debe tenerse en cuenta, finalmente, es que la
estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela contra sentencias propende por
la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al examinar un cargo por
ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de tutela deberá tener presente que el deber de presentar
las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de transgredirse,
supone una clara vulneración del debido proceso. // Por otra parte, la jurisprudencia ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino
señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal”.
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Decisión: Declara infundado el recurso
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2.4 Costas
34. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso11, la Sala condenará en costas a la parte
recurrente y fijará agencias en derecho por la suma de 6 salarios mínimos
mensuales legales vigentes en favor de la demandada. Lo anterior, porque
la demandada ejerció una defensa activa en el proceso de revisión al
oponerse a la impugnación extraordinaria a través de apoderado
3. DECISIÓN
35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de reemplazo de 7 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cauca, dentro del proceso de reparación directa.
SEGUNDA: CONDENAR en costas a la parte recurrente y por Secretaría
liquidarlas con la inclusión de las agencias en derecho, por la suma de 6
salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor de la demandada.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 63217. “(…) los recurrentes [deberán] ser condenados en costas no con fundamento
en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la misma codificación toda vez que para la
fecha de presentación del recurso -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no había sido expedida la
Ley 2080 de 2021 que expresamente estableció que la sentencia que lo declare infundado condenará en costas
y perjuicios al recurrente”.
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