Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00147-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00147-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2018-00147-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
21 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2018-00177-00 (62.364)
ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DEMANDADO: JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
REFERENCIA: REPETICIÓN (ÚNICA INSTANCIA)
Temas: COMPETENCIA FUNCIONAL EN REPETICIÓN LEY 1437 DE 2011 – se aplica el
factor cuantía para los procesos de dos instancias y el subjetivo para los de única /
PRESUNCIONES DE CULPA GRAVE O DOLO – previstas por la Ley 678 de 2001 /
DOLO DEL AGENTE – no se acreditó que el demandado expidió el acto administrativo de
insubsistencia con dolo / CULPA GRAVE DEL AGENTE – se descarta una violación
inexcusable de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la omisión de las formas
sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014.
La Sala, en única instancia, decide la demanda de repetición promovida por la
Procuraduría General de la Nación en contra de Juan Antonio Nieto Escalante.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En sentencia del 2 de agosto de 2016, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Villavicencio anuló el acto administrativo contenido en la Resolución
número 1479 de 2014, a través de la cual se declaró insubsistente el
nombramiento de Gina Paola García Guevara, quien se desempeñaba, en
provisionalidad, como profesional especializado grado 12 en la Dirección Territorial
Meta del IGAC y, como consecuencia, se condenó a esa entidad al pago de los
salarios y prestaciones que dejó de recibir desde la fecha de su retiro.
Como el comité de conciliación del IGAC decidió no interponer demanda de
repetición en contra de Juan Antonio Nieto Escalante, el Procurador 48 Judicial II
para Asuntos Administrativos de Villavicencio, previo aval del Procurador General
de la Nación, demandó en repetición a Juan Antonio Nieto Escalante, quien, en su
condición de director general de la entidad, habría expedido el mencionado acto
administrativo con dolo o, al menos, con culpa grave.
1
Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 6 de septiembre de 20181, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Villavicencio formuló demanda de repetición en contra de Juan
Antonio Nieto Escalante, con el propósito de que se lo declare patrimonialmente
responsable del pago de $26’090.989, que dicha entidad tuvo que asumir en virtud
de la condena impuesta en sentencia del 2 de agosto de 2016, proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio.
Como fundamentos fácticos de las pretensiones se expuso que, cuando el
demandado ocupó el cargo de director general del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi -en adelante IGAC- retiró del servicio, a través de la Resolución número
1479 de 2014, a Gina Paola García Guevara, quien se desempeñaba, en
provisionalidad, como profesional especializado grado 12 en la Dirección Territorial
Meta de esa entidad.
Se señaló que Gina Paola García Guevara demandó la nulidad del acto de retiro
ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, ente judicial
que, a través de providencia del 2 de agosto de 2016, accedió a su pretensión de
nulidad y le ordenó al IGAC el pago de “los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir, desde el 2 de enero hasta el 15 de julio de 2015”.
Se agregó que el IGAC pagó a Gina Paola Guevara la suma de dinero que ordenó
la justicia contencioso administrativa, correspondiente a $26’090.989, desembolso
que ocurrió en tres momentos, a saber, el 1° de diciembre de 2016, el 26 de
diciembre de la misma anualidad y el 27 de marzo de 2017, “conforme a las
Resoluciones números 1566, 1645 y 375”.
Se narró que el comité de conciliación del IGAC, a través del Acta número 278 del
5 de abril de 2017, decidió no interponer demanda de repetición en contra de Juan
Antonio Nieto Escalante, determinación que no compartieron los procuradores
judiciales para asuntos administrativos del Meta, quienes advirtieron “su viabilidad
dada la indebida actuación del director del IGAC” y, por ello, el Procurador 48
Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio, previo aval del Procurador
General de la Nación, interpuso la presente demanda.
1 Folios 2 a 10 del cuaderno principal.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
Resaltó este procurador que Juan Antonio Nieto Escalante expidió la Resolución
número 1479 del 26 de diciembre de 2014 sin ningún tipo de motivación y, con
ello, su actuación se subsumía en la presunción de dolo por “haber expedido el
acto administrativo con vicios en su motivación” o, al menos, en la de culpa grave,
consistente en la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”
y/o “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos, determinada por error inexcusable”2.
Finalizó advirtiendo que el demandado tenía “una magnífica hoja de vida (…) que
imp[edía] pensar en un desconocimiento de las normas o la jurisprudencia”, a lo
que agregó que era abogado con especialización, maestría y doctorado; además,
docente universitario con “decenas de años de experiencia, especialmente en el
sector público”.
2. Trámite en única instancia
El expediente fue remitido, inicialmente, al Juzgado 62 Administrativo del Circuito
de Bogotá, ente judicial que declaró su falta de competencia por factor funcional, y
remitió el proceso a esta Corporación3, que admitió la demanda. Esa decisión se
notificó al demandado y al Ministerio Público4.
El apoderado judicial de Juan Antonio Nieto Escalante contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones5. Admitió que el demandado, para la época de los
hechos, ostentaba la condición de director general del IGAC y que, en efecto,
profirió la resolución que dio por terminado el nombramiento de la funcionaria Gina
2 Así se consignó textualmente en la demanda (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
Al no haber tenido motivación, se presume que el acto es doloso, por expresa presunción legal. Y
es que no tuvo motivación, ya que las normas citadas como aplicables por el señor director del
IGAC, hoy demandado, son absolutamente desuetas en los términos de las sentencias
constitucionales invocadas, por lo que simplemente la decisión tomada, se puede afirmar sin duda,
carece de una norma que le sirva de fundamento (numeral 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001).
Me acojo a la presunción mencionada (…) dado que tanto la Corte Constitucional hace más de
quince años, como el Consejo de Estado, hace más de diez, vienen exigiendo la obligatoriedad de
motivar el acto administrativo para poder reiterar cualquier funcionario que estuviere en
provisionalidad.
Pero, así no se considerase dolosa la conducta en que incurrió el doctor Juan Antonio Nieto
Escalante, actual director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, como mínimo se dio a
título de culpa grave, a que realizó violación manifiesta e inexcusable de las normas jurídicas al
reiterar del servicio a un funcionario provisional, sin motivar el acto, transgrediendo las normas de
derecho y la jurisprudencia que así lo imponía, sin justificación alguna. Igualmente omitiendo una
forma sustancial de esencia para la validez del acto que expidió, sin excusa alguna.
3 Folio 86 del cuaderno principal.
4 Folio 114 del cuaderno principal.
5 Folios 189 a 196 del cuaderno 1.
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Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
Paola García Guevara, acto administrativo que fue anulado en el trámite de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cuanto al pago de la condena, se limitó a indicar que “la manifestación de la
señora García Guevara no es prueba idónea del pago que debe acreditarse como
basamento de la presente discusión”.
En relación con el elemento subjetivo, advirtió que Juan Antonio Nieto Escalante
no obró con dolo ni culpa grave, pues no suscribió ese acto administrativo de
manera malintencionada ni arbitraria o negligente, tanto así que el IGAC se
abstuvo de promover un proceso de repetición en su contra. Advirtió, además, que
esta Corporación, en su decisión, debía tener en cuenta tres aspectos, que se
resumen a continuación.
Primero, la existencia del artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, que establecía la
posibilidad de desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad sin
necesidad de motivar el correspondiente acto administrativo, norma que solo vino
a ser derogada mediante el Decreto 1083 de 2015, es decir, con posterioridad a la
expedición del acto administrativo de este caso.
Segundo, la inexistencia de un precedente judicial de obligatorio acatamiento, en
la medida que, para la época de los hechos, había posiciones jurisprudenciales
contrapuestas acerca de la necesidad de motivar los actos de insubsistencia de un
funcionario vinculado en provisionalidad. Aclaró que la sentencia de unificación en
la materia fue proferida por la Corte Constitucional hasta el 2015, con la SU-054,
lo que significaba que “no existía al momento de adoptar la decisión que se
enjuició en ese entonces”.
Tercero, la intervención de otros funcionarios en la producción y emisión del acto
administrativo en cuestión, en la medida en que la Resolución número 1479 de
2014 fue elaborada y revisada por profesionales del equipo de trabajo de Juan
Antonio Nieto Escalante, que tenían a cargo esas funciones puntuales. En línea
con lo anterior, puntualizó que para el cumplimiento de las funciones que
desempeñaba el aquí demandado como director general del IGAC tenía el apoyo y
la supervisión del Consejo Directivo de la Entidad, la Secretaría General, de las
subdirecciones de Geografía y Cartografía, Agrología y Catastro y de los
directores territoriales, quienes eran los encargados de “temas y contrataciones de
orden técnico”.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
Para finalizar, aclaró que, aunque el demandante era abogado, esa circunstancia
por sí sola no lo volvía “un ser infalible”, ni le hacía conocedor de toda la
regulación normativa y jurisprudencial, que era cambiante.
El 25 de julio de 2022, una vez agotado el trámite legal posterior a la contestación
de la demanda, se realizó la audiencia inicial6 de que trata el artículo 180 del
CPACA7.
En esa diligencia, en la etapa de fijación del litigio, la magistrada ponente advirtió
que no existía debate en torno a la existencia de la sentencia que impuso la
condena por la cual se repite, proferida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Gina Paola García Guevara; la
calidad de agente estatal de Juan Antonio Nieto Escalante para la época de los
hechos y la expedición por parte del demandado de la Resolución número 1479 de
2014, acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento de la funcionaria Gina Paola García Guevara. Por todo lo anterior,
concluyó que la controversia giraba en torno a dos aspectos: i) determinar si se pagó
la suma de $26’090.989 y ii) establecer si Juan Antonio Nieto Escalante era
patrimonialmente responsable a título de dolo o de culpa grave.
Lo anterior fue puesto a consideración de las partes, quienes manifestaron su
aceptación; posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas8 y se determinó
que se fijaría fecha para la celebración de la audiencia de pruebas cuando fueran
aportados los medios probatorios decretados.
El 22 de septiembre de 2022 se realizó la audiencia de pruebas9, diligencia en la
que se incorporaron las pruebas documentales decretadas y se recibió el
testimonio de Omar Trujillo Vásquez.
En atención a lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011,
se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en su lugar, se
corrió traslado a las partes para que, dentro del término de diez (10) días,
presentaran, por escrito, sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que conceptuara sobre la controversia.
6 Folios 166 a 174 del cuaderno principal.
7 Diligencia en la que se llevaron a cabo las etapas de saneamiento del proceso, decisión de
excepciones previas, conciliación, fijación del litigio y decreto de pruebas.
8 No sobra precisar que, en la audiencia inicial, se decretaron como pruebas aquellas relacionadas
con los puntos en torno a los cuales se fijó el litigio, relacionados con el pago de la condena y la
existencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de Juan Antonio Nieto Escalante.
9 Índice 62 de Samai.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
El Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio10
advirtió que, desde 2005, varios pronunciamientos de la Corte Constitucional
obligaban a motivar suficientemente el retiro de un funcionario provisional que
ocupaba un cargo de carrera administrativa, para lo cual mencionó las sentencias
T-1316 de 2005, T-007 de 2008, T-251 de 2009 y SU-917 de 2010. Agregó que el
Consejo de Estado, a partir del 2010 -y no del 2014-, adoptó la misma postura y
mencionó, como ejemplo, la decisión del 23 de septiembre de 2010, con radicado
número 25000-23-25-000-2005-01341-02 (0883-08).
El apoderado de Juan Antonio Nieto Escalante reafirmó lo que consignó en su
contestación de la demanda; además, puso de presente que la declaración de
Omar Trujillo Vásquez daba cuenta de que, para el momento de expedición del
acto administrativo acusado, había posiciones jurisprudenciales contrapuestas del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional a propósito de la necesidad de
motivar la insubsistencia de un funcionario vinculado en provisionalidad.
En esta misma línea argumentativa, anotó que con los documentos allegados a
este proceso se probó que la decisión que a la postre fue anulada judicialmente
“fue objeto de proyección y revisión por diferentes funcionarios calificados que
llevaron a la convicción [al demandado] que estaba obrando conforme a derecho”.
Respecto del pago, indicó que, aunque se adjuntó con la demanda “un documento
firmado por Gina Paola García Guevara en el que señala que recibió una suma
equis del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y unas fotocopias ilegibles de unas
supuestas órdenes de pago, (…) tales documentos no pr[obaban] el pago por
parte de la entidad pública”.
El agente del Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda, por estimar que no se encontraban debidamente acreditados los
requisitos necesarios para la prosperidad del medio de control de repetición. Aclaró
que, a su juicio, no se probó el elemento subjetivo, pues, aunque “el demandando
omitió motivar el acto, por el cual se le cuestiona hoy, lo anterior no e[ra] suficiente
para que de manera automática se ent[endiera] la acreditación del elemento
subjetivo (…) [porque] dicha omisión estuvo fundamentada en una interpretación
10 Índice 56 de Samai.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
errada respecto de la vigencia de la norma invocada como fundamento del acto
administrativo”11.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
En materia de competencia resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 1437 de
201112 (sin la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley 2080 de 202113),
que disponía como factor prevalente que determinaba la competencia de esta
Corporación para conocer, en única instancia, de las acciones de repetición es el
subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad de la persona que constituye,
específicamente, el extremo pasivo de la litis.
Vale la pena precisar que la competencia del Consejo de Estado para conocer en
única instancia de las demandas de repetición se extiende a dos supuestos: i)
cuando se dirige contra funcionarios que, al momento de presentación de la
demanda, ocupen alguno de los cargos mencionados en el numeral 13 del artículo
149 de la Ley 1437 de 2011 o ii) cuando la causa que motiva el proceso la
constituyen actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de
tales cargos, pero que al momento de presentación de la demanda la persona ya
no lo ocupa.
Pues bien, esta demanda se dirigió en contra de una persona que ostentó la
calidad de director del IGAC cuando ejecutó la conducta que se le reprocha y, por
ende, representante legal de un establecimiento público del orden nacional
adscrito al DANE, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
11 Índice número 64 de Samai.
12 Debe aclararse la norma que resulta aplicable para determinar la competencia de esta
Corporación en las demandas de repetición, teniendo en cuenta la publicación de la Ley 2080 del
25 de enero de 2021, por medio de la cual se reformó el CPACA. De acuerdo con el artículo 86 de
la Ley 2080 de 2021, las normas que modifican la competencia del Consejo de Estado solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de su publicación.
13 Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…).
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el presidente de la República o quien haga sus
veces, senadores y representantes, ministros del despacho, directores de Departamento
Administrativo, procurador general de la Nación, contralor general de la República, fiscal general de
la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, registrador nacional del estado civil, auditor general de la República,
magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del
Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional (se destaca).
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
independiente, por lo que esta Corporación es competente para decidir de fondo
este proceso en única instancia.
Para finalizar este acápite, es importante precisar que como el IGAC no ejercitó la
demanda de repetición14, el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 dispone que, en ese
evento, puede hacerlo el Ministerio Público15, tal y como sucedió en el presente
caso, en el que el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Villavicencio interpuso demanda de repetición con el objeto de lograr el reintegro
de una suma de dinero que pagó el IGAC, derivada de una posible “conducta
dolosa o, al menos gravemente culposa” de su exdirector.
2. Ejercicio oportuno del medio de control de repetición
En relación con el término de caducidad para demandar en repetición existen dos
situaciones a partir de las cuales empieza a contabilizarse y se debe acoger la que
primero ocurra: a partir del día siguiente de aquel en que se efectúe el pago o
desde el vencimiento del plazo de 10 meses previsto en el inciso 2º del artículo
192 del CPACA, normativa aplicable a este asunto porque el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que dio origen a la condena de la entidad
demandante inició y se tramitó durante su vigencia16. De manera que debe
verificarse cuál de esos dos eventos ocurrió primero, para definir desde qué
momento contabilizar el término de caducidad.
Al expediente se allegó un paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara, en
el que dejó constancia de que, por órdenes del Juzgado Primero Administrativo
Oral de Villavicencio, recibió la suma de $26’090.989 y que el último desembolso
ocurrió el 27 de marzo de 201717.
14 En este caso, se estableció que el comité de conciliación del IGAG, a través del acta número 278
del 5 de abril de 2017, adoptó la decisión de no iniciar demanda de repetición en contra de Juan
Antonio Nieto Escalante, porque “no observó dolo ni culpa grave de los funcionarios que
participaron en la elaboración y expedición del acto administrativo anulado”. Folio 52 del cuaderno
principal.
15 Artículo 8. (…).
Si no se iniciare la acción de repetición (…) por la entidad facultada que se menciona
anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición:
1. El Ministerio Público.
16 En la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, el 2 de agosto de 2016, se dispuso que la entidad
demandada debía cumplir esta sentencia dentro de los términos consagrados en el artículo 192 del
CPACA (reverso folio 81 del cuaderno principal). De este modo, la condena que sirve de causa a
las pretensiones de repetición debía cumplirse en los términos previstos por el artículo 192 del
CPACA, lo que indica que el IGAC tenía un plazo de 10 meses para efectuar el pago
correspondiente, contados a partir de la ejecutoria de ese fallo.
17 Folio 63 del cuaderno principal.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
De otra parte, los 10 meses a que se refiere el artículo 192 del CPACA se
contabilizarán desde el 18 de agosto de 201618, día siguiente de aquel en que
quedó ejecutoriada la providencia del 2 de agosto de la misma anualidad,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio.
Entonces, los 10 meses señalados se cumplieron el 18 de junio de 2017 y el pago
de la condena ocurrió antes, el 27 de marzo de 2017. Como el pago ocurrió
primero, será esta circunstancia la que determina el momento a partir del cual se
deben contabilizar los dos años del término de caducidad, el cual se extendía
hasta el 28 de marzo de 2019 y como la demanda se presentó el 18 de junio de
201819, se concluye que el derecho de acción se ejerció de manera oportuna.
3. Objeto del litigio
En la fijación del litigio, esta Corporación advirtió que no existía controversia sobre
dos de los requisitos objetivos para la prosperidad de la pretensión de repetición:
la existencia de la condena por la cual se repite -que se profirió en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Gina Paola
García Guevara con el radicado 50001333300120150036700- y la calidad de Juan
Antonio Nieto Escalante como agente del Estado para la época en que se causó el
daño.
Así las cosas, se concluyó que el debate se centraba en dos aspectos: el primero,
establecer si el IGAC pagó la suma de $26’090.989 y, el segundo, determinar si
Juan Antonio Nieto Escalante era responsable a título de dolo o de culpa grave por
la condena que se impuso al Estado.
Por lo expuesto, la Sala comenzará por analizar si se probó el pago. De encontrar
prueba de su existencia, se entrará a determinar el elemento subjetivo, relativo al
dolo. Solo en caso de no encontrar acreditado este último, la Subsección estudiará
si medió culpa grave en la actuación del aquí demandado.
18 A folio 29 del cuaderno principal obra la constancia secretarial, en la que se consigna lo siguiente
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Que las anteriores copias son fieles y auténticas tomadas de sus originales, que corresponde a la
providencia de fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, dentro del proceso no. 2015-00367-00 nulidad y
restablecimiento del derecho de Gina Paola García Guevara contra el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC, la cual quedó debidamente ejecutoriada el día 17 de agosto de 2016.
19 Folio 7 del cuaderno principal.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
4. Caso concreto
4.1. La prueba del pago de la condena impuesta al IGAC
El apoderado de Juan Antonio Nieto Escalante, al contestar la demanda, afirmó
que “la manifestación de la señora García Guevara no es prueba idónea del pago
que debe acreditarse como basamento de la presente discusión” y en los alegatos
de conclusión agregó que, aunque se había adjuntado con la demanda “un
documento presuntamente firmado por Gina Paola García Guevara en el que
señala que recibió una suma equis del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y unas
fotocopias ilegibles de unas supuestas órdenes de pago, (…) tales documentos no
p[robaban] el pago por parte de la entidad pública”.
En lo que a este presupuesto se refiere, la Subsección encuentra que a este
proceso se allegaron, junto con la demanda:
• La Resolución número 1566 del 1° de diciembre de 2016, expedida por el
director general del IGAG, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia
proferida el 2 de agosto de 2016, por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio en el proceso radicado con el número
50001333300120150036700 y se ordena el pago de la suma de $24’299.461,50,
en favor de Gina Paola García Guevara20.
• La Resolución número 1645 del 26 de diciembre de 2016, suscrita por el director
general del IGAC, por medio de la cual se “adiciona la Resolución IGAC 156 del
2016”. En ese documento se agregó la suma de $1’734.599,16, “para completar
los pagos que deben hacerse por los conceptos de aportes al Sistema General de
Seguridad Social y parafiscales”21.
• La Resolución número 375 del 24 de marzo de 2017, que profirió el director
general del IGAC, por medio de la cual se “decide una petición y se ajusta el
cumplimiento de la sentencia a favor de Gina Paola García Guevara” y que accede
al reconocimiento y pago del monto de $56.929, por concepto de “intereses
moratorios por el periodo que fue del 1 al 16 de diciembre del 2016”22.
20 Folios 41 y 42 del cuaderno principal.
21 Folio 69 del cuaderno principal.
22 Folios 71 y 72 del cuaderno principal.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
• Las órdenes de pago presupuestales de gastos SIIF números 371243816 del 14
de diciembre de 2016 -por $24´299.461,50-23; 373815916 del 16 de diciembre de
2016 -por $1’734.599,16-24 y 75481917 del 29 de marzo de 2017 -por $56.929-25.
• Un documento denominado “paz y salvo” suscrito por Gina Paola García
Guevara, en el que dejó constancia de que, por órdenes del Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio, recibió la suma de $26’090.989, en tres
desembolsos: el primero, por valor de $24’299.461,50; el segundo, por el monto
de $1’734.599,16 y el tercero, por $56.02926.
Sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y su consecuente extinción, debe
decirse que el paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara -en el que se
consignó que, por concepto de salarios y prestaciones sociales, recibió la suma de
$26’090.989 - ostentó naturaleza de prueba sumaria desde la presentación de la
demanda27 y hasta antes de su contestación, y perdió ese carácter una vez el
demandado tuvo la oportunidad de controvertirla en su contestación de la
demanda, escrito en el que únicamente hizo referencia a que ese elemento de
juicio no era “idóneo” para probar el pago, sin indicar las razones jurídicas en las
que sustentaba tal afirmación28. Es decir, como la parte demandada no explicó por
qué esa prueba no tenía la idoneidad para demostrar el pago, no puede decirse
que fue materialmente controvertida en el escrito de contestación de la demanda.
A juicio de la Subsección, ese paz y salvo, al provenir del beneficiario de la
obligación que se le impuso al Estado, puede ser tenido como prueba idónea y
suficiente de que el pago de $26’090.989 se realizó en tres desembolsos: el
primero, por valor de $24’299.461,50; el segundo, por el monto de $1’734.599,16 y
el tercero, por $56.029; información que, además, encuentra respaldo en las
Resoluciones números 1566 del 1° de diciembre de 2016, 1645 del 26 de
diciembre de 2016 y 375 del 24 de marzo de 2017 y en las órdenes de pago
23 Reverso folio 72 del cuaderno principal.
24 Folio 73 del cuaderno principal.
25 Folio 75 del cuaderno principal.
26 Folio 9 del cuaderno principal.
27 Así se consignó textualmente en el auto admisorio de la demanda, oportunidad en la que se dijo
que, en este caso, el paz y salvo suscrito por Gina Paola García Guevara, en el que aseguró que
recibió la suma de $26’090.989, tenía el mismo alcance probatorio que el certificado del pagador,
tesorero o servidor público al que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011.
28
En la contestación de la demanda, al respecto, se dijo lo siguiente: “la manifestación de la señora
García Guevara no es prueba idónea del pago que debe acreditarse como basamento de la
presente discusión”-.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
presupuestales de gastos SIIF números 371243816 del 14 de diciembre de 2016,
373815916 del 15 de diciembre de 2016 y 75481917 del 29 de marzo de 2017.
No sobra agregar que obra en el expediente la Resolución número 375 del 24 de
marzo de 2017, a través de la cual se decidió una petición de Gina Paola García
Guevara para que se le liquidaran los intereses moratorios hasta el 16 de
diciembre de 2016, “fecha en que efectivamente se hizo el pago”, lo que fue
resuelto a su favor por Juan Antonio Nieto Escalante, como director general del
IGAC, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
En cuanto a los intereses moratorios reclamados como faltantes por el tiempo
del 30 de noviembre al 16 de diciembre de 2016, tiene razón a la peticionaria,
porque para la expedición de la Resolución 1566 del 1 de diciembre de 2015
se hizo el cálculo de intereses moratorios hasta el 30 de noviembre de 2016 y
así consta en el inciso segundo del artículo 1 de la precitada resolución. Toda
vez que el pago se realizó el 16 de diciembre del 2016, los intereses
moratorios deben reconocerse y pagarse hasta esta fecha (se destaca).
Es decir, en ese acto administrativo suscrito por el mismo demandando, cuando
tenía la calidad de director general del IGAC, se aceptó que “el pago se [había]
realiz[ado]”.
Así las cosas, el paz y salvo de la beneficiaria Gina Paola García Guevara, en el
que consta que recibió la suma de dinero por la que ahora se repite y los demás
medios de prueba aportados junto con la demanda, proporcionan suficiente
certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación y su consecuente extinción.
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, con el Código
Contencioso Administrativo, la postura de esta Subsección frente a la prueba del
pago efectivo de la condena consistía en que la entidad pública tenía que acreditar
el pago efectivo a través de prueba constituida por “el acto en el cual se reconoce
y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago,
de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el
beneficiario” 29.
En otras palabras, lo que se decía en ese entonces era que no bastaba con que la
entidad pública aportara documentos de sus propias dependencias si entre ellos
29 La postura reseñada fue sostenida por esta Subsección en reiterados pronunciamientos, entre
los cuales pueden consultarse algunos de los más recientes, a saber: sentencias de 27 de enero
de 2016, proferidas en los procesos con números internos de radicación 35.894 y 39.655; y de 18
de abril de 2016, expediente número 40.694.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
no estaba la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su
recibo a entera satisfacción.
Aunque esta postura fue adoptada por esta Subsección en vigencia del Código
Contencioso Administrativo, y esta controversia se rige por la Ley 1437 de 2011,
resulta ilustrativa frente al valor probatorio de la manifestación del beneficiario de
la indemnización en el sentido de que efectivamente le fue pagada, lo que
proporciona plena certeza sobre el cumplimiento de la obligación.
Todo lo anterior le permite a esta Sala concluir que, contrario a lo alegado por la
parte demandada, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Villavicencio sí probó el pago efectivo de la condena.
4.2. La imputación de la responsabilidad al demandado
4.2.1. Previo a examinar si la actuación que se le atribuyó al demandado puede o
no calificarse como dolosa o gravemente culposa, la Sala considera pertinente
realizar unas consideraciones generales acerca de las presunciones previstas en
la Ley 678 de 2001 para luego, a la luz de dicha normativa, analizar la conducta
desplegada por el exfuncionario público.
Esta Subsección, mediante sentencia del 6 de julio de 2017 (exp. 45.203) 30,
señaló que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, por lo
que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho
de defensa, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, el
demandado no tendría la posibilidad de demostrar que la conducta que se le
atribuye no la realizó con culpa grave o dolo.
Asimismo, esta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de
repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el
supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido
en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la
conclusión que se presume31.
30 Criterio reiterado por esta misma Subsección, a través de sentencia del 7 de agosto de 2017,
exp. 42.777.
31 Al respecto, se ha mencionado lo siguiente: Los hechos en que se apoya una presunción legal
que se invoca en una demanda de repetición se deben probar y, por tanto, opera a favor de quien
la propuso, relevándola de la demostración del hecho inferido en la disposición que la contempla, a
menos que la otra parte desvirtúe la conclusión que se presume.
La exención de la prueba mediante la aplicación de una presunción es solo en parte, porque
siempre el que la invoca está obligado a demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la
ley deduce la consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirmara que la dispensa de la carga de
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
En línea con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-
354 de 202032, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en
cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre
ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y, al margen
del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado,
“la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título
de dolo o culpa grave”.
Además, indicó que las presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas
en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de
probar ante el juez contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su
origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se
enmarca en alguno de los supuestos legales, como por ejemplo, la desviación de
poder, pues “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la
responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la
administración”, toda vez que la determinación de la responsabilidad del agente
debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en
el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de
defensa33.
Para finalizar estas consideraciones previas, resulta importante advertir acerca de
la inviabilidad de realizar una imputación en la que se alegue de manera
concomitante dolo y culpa grave, pues ello solo sería posible si se plantean dos
la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y respecto del hecho
deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar. Pero no resulta favorecido sino
probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos, hacen creíble el segundo hecho.
La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza, pero no excluye la posibilidad
de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte para obtener una deducción y
tampoco sobre la base conocida cuando la misma termina resultando falsa o inexacta.
Por lo anterior, se otorga a la parte contra quien se hace valer una presunción legal la posibilidad
de probar la inexistencia del hecho que legalmente se supone, aun cuando fueren ciertos los
antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley.
En definitiva, quien desee beneficiarse de una presunción contenida en la Ley 678 de 2001, debe
invocarla en la demanda de repetición y demostrar el hecho conocido, pero cabe la posibilidad de
que la parte contra quien se aduce pueda desvirtuarla (destacada del texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40.755, M.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
32 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020.
Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
33 En relación con este punto, la Corte Constitucional determinó lo siguiente en la decisión que se
relacionó en el anterior pie de página:
A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al
demandado, así como si dicha actuación fue dolosa o gravemente culposa, el juez de lo
contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i)
las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia que
le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo
en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
pretensiones, una como principal y otra como subsidiaria. Esto ha dicho esta
Subsección al respecto (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores)34:
Bajo ese contexto, realizar una imputación en la que se alegue una culpa
grave y dolo de manera concomitante no resulta viable, dado que no es
posible que el funcionario o exfuncionario, al mismo tiempo, quiera el resultado
ajeno a las finalidades del servicio y, a su vez, no busque desmejorarlo. Así, si
el caso concreto permite una doble atribución de la conducta respecto de cada
actuación desplegada o si la conducta amerita varias imputaciones de ese
tipo, el interesado deberá plantear sus pretensiones de manera subsidiaria,
dado que, de esa forma, el demandado podrá ejercer su derecho de defensa
debidamente.
En este caso, la Sala advierte que la parte actora, con su demanda, formuló dos
imputaciones en relación con la conducta de Juan Antonio Nieto Escalante: de
forma principal, pidió que se analizara como dolosa y, subsidiariamente, como
gravemente culposa; al tiempo que razonó sobre los móviles y fundamentos para
estructurar la responsabilidad de Juan Antonio Nieto Escalante con base en
algunos de los supuestos consagrados en la Ley 678 de 2001. No sobra agregar
que el demandado tuvo la oportunidad de defenderse de ambas imputaciones y
que en la audiencia inicial se dijo que la Subsección centraría su análisis en la
conducta dolosa o gravemente culposa del aquí demandado y, tal como se precisó
en el acápite de los antecedentes, las partes manifestaron estar de acuerdo con la
fijación del litigio.
Con las precisiones precedentes, se procederá a realizar el estudio del elemento
subjetivo.
4.2.2. En este caso, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Villavicencio indicó, en su demanda, que Juan Antonio Nieto Escalante actuó con
dolo o con culpa grave cuando profirió la Resolución número 1479 del 26 de
diciembre de 2014 -acto de retiro de Gina Paola García Guevara-, sin ningún tipo
de motivación. Pues bien, para ese análisis resulta determinante reconstruir las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos objeto de la presente
demanda, para lo cual se relacionará, en cuanto importa para resolver ese puntual
aspecto, el material probatorio allegado al proceso35. Bajo ese contexto, ha de
decirse que se encuentran acreditados los siguientes hechos:
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 62.110.
35 Los documentos que se relacionan a continuación obran en el índice 54 de Samai.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
A través de la Resolución número 1195 del 20 de diciembre de 2013, se encargó a
Clara Ruth Garnica Yate, titular del empleo “Profesional Especializado, Código
2028, Grado 12, de la Dirección Territorial Meta”, en el cargo de “Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 13, en la Oficina de Control Interno”, del cual
tomó posesión el 2 de enero de 2014, a través del acta número 003 de ese año.
Con la Resolución número 025 del 10 de enero de 2014, Gina Paola García
Guevara fue nombrada en provisionalidad y durante el término de duración del
encargo de Clara Ruth Garnica Yate, en el cargo de “Profesional Especializado,
Código 2028, Grado 12 de la Dirección Territorial Meta”, del cual tomó posesión el
16 de enero de 2014, según el acta 002 de ese año.
El encargo de Clara Ruth Garnica Yate fue prorrogado en dos oportunidades: i)
con la Resolución número 0631 del 27 de junio de 2014, “a partir del 2 de julio de
2014 y hasta por seis meses”, y ii) por medio de la Resolución número 1471 del
26 de diciembre de 2014, “a partir del 2 de enero de 2015 y hasta por seis meses”.
Mediante Resolución número 1479 del 26 de diciembre de 2014, Juan Antonio
Nieto Escalante, en su calidad de director general del IGAC, dio por terminado el
nombramiento en provisionalidad de Gina Paola García Guevara, así (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Por la cual se declara insubsistente un nombramiento ordinario”
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI
En uso de las facultades que le confieren el artículo 107 del Decreto 1950 de
1973
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución No. 025 del 10 de enero de 2014 se realizó un
nombramiento provisional a la señora GINA PAOLA GARCÍA GUEVARA,
(….), en el empleo Profesional Especializado Código 2028 grado 12 en la
Dirección Territorial Meta.
Que de conformidad con el decreto 1950 de 1973, artículo 107 el cual
contempla lo siguiente: “en cualquier momento podrá declararse insubsistente
un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de
acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y
remover libremente sus empleados”.
Que en mérito de lo anterior,
16
Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO. Dar por terminado a partir del 02 de enero de 2015 el
nombramiento provisional hecho a la señora GINA PAOLA GARCÍA
GUEVARA (…) en empleo Profesional Especializado Código 2028 grado 12
en la Dirección Territorial Meta.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá C.C., a
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General
Elaboró: Evelyn Dávila Barraza
Revisó: Lucero Andrea González Niño/ Diana Patricia Ríos García
Con la finalidad de que se anulara la Resolución número 1479 del 26 de diciembre
de 2014, Gina Paola García Guevara interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, que fue radicada con el número
50001333300120150036700.
Mediante sentencia del 2 de agosto de 2016, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, se declaró la nulidad del acto
administrativo de insubsistencia del nombramiento de Gina Paola García Guevara,
porque aquel fue expedido cuando estaba vigente la Ley 909 de 2004, por lo que
debía motivarse. El siguiente fue el sustento de la decisión (de forma literal,
incluso con posibles errores)36:
Del acervo probatorio oportunamente recaudado, advierte el despacho que
efectivamente el acto administrativo impugnado no tiene motivación alguna,
que explique las razones que tuvo la entidad de desvincular del servicio a la
demandante, siendo su deber dar a conocer claramente a la servidora los
motivos de hecho y de derecho que la llevaron a adoptar tal determinación, no
es motivo suficiente invocar el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973 norma
que permite al nominador dar por terminado un nombramiento provisional
haciendo en uso de la facultad discrecional, pues con ello se contraria lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que
establece claramente que el retiro de los empleos de carrera es reglado y
debe efectuarse siempre mediante acto motivado. De esta manera la
presunción de legalidad que cobija al acto administrativo queda desvirtuada,
pues conforme a los precedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado antes referenciados, resulta jurídicamente viable concluir que el acto
administrativo contenido en la resolución número 1479 del 26 de diciembre de
2014 está viciado de nulidad por violación al debido proceso y falta de
motivación de dicho acto.
36 Cd que obra a folio 83 del cuaderno principal.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
Adicionalmente, el IGAC allegó, el 24 de agosto de 2022, un oficio y varios
documentos que fueron incorporados en la audiencia de pruebas, los que dan
cuenta de la siguiente información:
• Que para el 26 de diciembre de 2014 se desempeñaban en el cargo de “Asesor,
Código 1020, Grado 07 de la Dirección General” cuatro personas: Karen Julieth
Barriga Bohórquez, Rosa Lorena Romero Angarita, Andrea Melissa Olaya Álvarez
y Paola Andrea Manchego Infante.
• Que la Resolución número 1479 del 26 de diciembre de 2014 fue elaborada por
Evelyn Dávila Barraza, quien era, para esa época, “Profesional Universitario
Código 2044, Grado 05, en la Secretaria General, Planta y Carrera Administrativa”
y revisada por Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García, que
ocupaban los cargos de “Coordinadora del GIT Planta y Carrera Administrativa de
la Secretaria General” y “Secretaria General de Entidad Descentralizada, Código
0037, Grado 14, en la Secretaría General”, respectivamente.
• Que el comité de conciliación del IGAC se reunió en tres oportunidades en lo que
a este caso se refiere, así: i) el 2 de julio de 2015, y según el acta número 223,
aprobó una propuesta conciliatoria, después de estudiar la “solicitud de
conciliación prejudicial” presentada por Gina Paola García Guevara; ii) el 3 de
febrero de 2016, de acuerdo con el acta número 239, determinó que no se
llamaría en garantía a ningún funcionario en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001333300120150036700 y iii) el 5
de abril de 2017, según el acta número 278, decidió no interponer el medio de
control de repetición en contra de Juan Antonio Nieto Escalante, por los hechos
aquí narrados.
Para finalizar, en este proceso de repetición declaró Omar Trujillo Vásquez37,
quien precisó que era abogado de profesión, especialista en derecho penal y
criminología y en derecho público. Manifestó que trabajó en el IGAC como
abogado de defensa judicial; que, por su cargo, conoció de la “conciliación
prejudicial” que presentó Gina Paola García Guevara y de la posterior demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, que tuvo su origen en un acto
administrativo de desvinculación sin motivación.
37 Testimonio que se recibió en la audiencia de pruebas que obra en el índice número 62 de Samai.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
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Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
Aclaró que no tuvo que ver con la expedición de ese acto administrativo y que solo
lo conoció cuando se presentó la conciliación, antes de la demanda, porque, como
abogado externo, se encargaba de “dar trámite a las conciliaciones prejudiciales”.
Expuso, en síntesis, que en el año 2014, momento en que se profirió el acto
administrativo en cuestión, las posiciones de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado sobre la motivación de los actos administrativos que terminaban
nombramientos de funcionarios en provisionalidad eran diferentes; que “la
jurisprudencia del Consejo de Estado” indicaba que los decretos que terminaban
los nombramientos de funcionarios en situación de provisionalidad no requerían
motivación y que este asunto solo se unificó en el año 2015, cuando la Corte
Constitucional profirió la sentencia de unificación 054.
Indicó que, en virtud de sus funciones: i) recomendó al IGAC pagar los salarios
dejados de percibir por Gina Paola García Guevara, precisamente porque, para
ese momento, ya se había proferido la sentencia de unificación de la Corte
Constitucional antes mencionada y ii) conceptuó que no se iniciara acción de
repetición en contra del aquí demandado, en la medida que no evidenciaba dolo
y/o culpa grave, porque, para 2014, no era un “asunto pacífico” la motivación de
estos actos administrativos.
4.2.3. El análisis de la conducta a título de dolo
La Sala estudiará si es posible atribuirle al demandado el daño a título de dolo.
Estos fueron los argumentos utilizados en la demanda por el Procurador 48
Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):
Al no haber tenido motivación, se presume que el acto es doloso, por expresa
presunción legal. Y es que no tuvo motivación, ya que las normas citadas
como aplicables por el señor director del IGAC, hoy demandado, son
absolutamente desuetas en los términos de las sentencias constitucionales
invocadas, por lo que simplemente la decisión tomada, se puede afirmar sin
duda, carece de una norma que le sirva de fundamento (numeral 2 del artículo
5 de la Ley 678 de 2001). Me acojo a la presunción mencionada (…) dado que
tanto la Corte Constitucional hace más de quince años, como el Consejo de
Estado, hace más de diez, vienen exigiendo la obligatoriedad de motivar el
acto administrativo para poder reiterar cualquier funcionario que estuviere en
provisionalidad.
En cuanto a la definición de dolo contenida en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001,
la normativa expone que, “cuando el agente del Estado quiere la realización de un
hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”, su conducta es dolosa y
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
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Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
esta se presume, según el numeral 2, cuando se expide un acto administrativo
“con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión
adoptada o de la norma que le sirve de fundamento”.
Entonces, la norma mencionada presume que existe dolo cuando el acto
administrativo se expide, por ejemplo, sin que medie la norma que le sirve de
fundamento, lo que implica, en otras palabras, que el servidor público adopta una
decisión sin sustento legal, con la finalidad de buscar un hecho ajeno a las
finalidades del servicio.
De la relación probatoria se puede establecer que, mediante la Resolución número
025 del 10 de enero de 2014, el IGAC nombró a Gina Paola García Guevara, en
provisionalidad, en el cargo de “Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12
de la Dirección Territorial Meta” y que, el 26 de diciembre de 2014, por medio de la
Resolución número 1479, se dio por terminado ese nombramiento.
Ese acto administrativo fue anulado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 50001333300120150036700, en el que se concluyó que
la declaración de insubsistencia de la mencionada señora se tradujo en una
decisión arbitraria, pues el IGAC la removió de su cargo sin ningún tipo de
motivación, pese a que, según el juez de esa causa, debía hacerlo.
Aunque en la sentencia de declaratoria de nulidad del acto administrativo se
concluyó que la expedición del acto administrativo mencionado fue irregular por
“violación al debido proceso y falta de motivación de dicho acto”, ese juicio previo
y diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad
subjetiva del demandado, pues su conducta dolosa debía quedar establecida de
manera plena e individualizada en este proceso de repetición, el cual, se reitera,
tiene un carácter autónomo e independiente38.
Con las pruebas relacionadas en el acápite que antecede, el Procurador 48
Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio no probó cuál era la
voluntad de Juan Antonio Nieto Escalante al momento de expedir la Resolución
número 1479 del 26 de diciembre de 2014, luego, por obvias razones, este cuerpo
colegiado no puede inferir que el demandado actuó en forma dolosa en los
hechos objeto de examen.
38 Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450,
y del 22 de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo
Gómez.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
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Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
En este punto de la providencia se recuerda que la configuración de vicios en la
motivación exige del juzgador alcanzar un alto grado de convicción de que el
elemento volitivo de quien profirió el acto no estuvo regido por la finalidad del
buen servicio, sino que se usó con fines distintos a los previstos por la norma39.
Bajo esa lógica, aunque en el expediente reposa la sentencia que anuló la
Resolución número 1479 de 2014, lo cierto es que las consideraciones en ella
plasmadas no prueban la materialización de la imputación subjetiva elevada en
contra de Juan Antonio Nieto Escalante a título de dolo. Adicionalmente, no obra
en el proceso ningún otro medio de prueba que dé cuenta de ello.
Como la imputación principal realizada contra el demandado no está llamada a
prosperar, la Sala procederá a estudiar la pretensión subsidiaria.
4.2.4. El análisis de la conducta a título de culpa grave
El Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio también
afirmó que la actuación de Juan Antonio Nieto Escalante, al expedir el acto de
insubsistencia de Gina Paola García Guevara, se subsumía en las presunciones
de culpa grave contenidas en el artículo 6, numerales 1 y 3, de la Ley 678 de
2001, consistentes en la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de
derecho”, en concreto, de la Ley 909 de 2004 y/o “omisión de las formas
sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos,
determinada por error inexcusable”. Así lo expresó de forma textual (incluidos
posibles errores):
Pero, así no se considerase dolosa la conducta en que incurrió el doctor Juan
Antonio Nieto Escalante, actual director del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, como mínimo se dio a título de culpa grave, a que realizó
violación manifiesta e inexcusable de las normas jurídicas al reiterar del
servicio a un funcionario provisional, sin motivar el acto, transgrediendo las
normas de derecho y la jurisprudencia que así lo imponía, sin justificación
alguna. Igualmente omitiendo una forma sustancial de esencia para la validez
del acto que expidió, sin excusa alguna.
Entre tanto, el demandado aclaró que la obligación de motivar los actos
administrativos solo vino a ser establecida por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en el 2015, cuando profirió la SU-054; al tiempo que advirtió la
intervención de otros funcionarios en la producción y emisión del acto
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23
de febrero de 2011, rad. 0734-10, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
administrativo en cuestión. En una valoración de naturaleza sucesiva, la Sala
estudiará estos argumentos de defensa, planteados por Juan Antonio Nieto
Escalante.
4.2.4.1. Para empezar, debe aclararse que el aquí demandado suscribió el acto de
desvinculación de Gina Paola García Guevara el 26 de diciembre de 2014, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, que en su artículo 58
derogó la Ley 443 de 1998 y que se reglamentó mediante el Decreto 1227 de
200540; además, que García Guevara ocupaba, en provisionalidad, un cargo que
pertenecía al régimen de carrera administrativa41.
La Ley 909 de 200442 dispuso en el parágrafo 2 del artículo 4143, que el retiro de
los servidores que desempeñaran empleos de carrera administrativa debía
realizarse mediante acto administrativo motivado. Esa misma normativa determinó
que la desvinculación en empleos de libre nombramiento y remoción era
discrecional y se efectuaría mediante acto no motivado.
En materia de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera, hasta 201044, se presentaban dos posturas jurídicas opuestas
entre sí: la del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional45; sin embargo,
40 Dicho decreto, en el artículo 112, derogó el Decreto 1572 de 1998.
41 Se recuerda que el cargo que desempeñaba Gina Paola García Guevara al momento de su
retiro, era el de “Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12 de la Dirección Territorial Meta”
y su nombramiento fue en provisionalidad, en reemplazo de Clara Ruth García Yate, quien, según
la Resolución 1195 del 20 de diciembre de 2012, era empleada de carrera administrativa y era
titular de ese empleo.
42 Esta Ley en su artículo 58 derogó la Ley 443 de 1998 y se reglamentó mediante el Decreto 1227
de 2005.
43 Artículo 41. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
(…).
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se efectuará mediante acto no motivado (se destaca).
44 Al respecto, llama la atención la sentencia SU-917 de 2010, que trata de un grupo de
demandantes, con las condiciones antedichas, que promovieron demandas de tutela contra de
providencias judiciales, proferidas entre 2006 y 2009 por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en las que se desestimaron sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho.
45 Precisamente, la sentencia T-254 de 2006 da cuenta de la diferencia de posturas que para ese
año existían entre las dos altas corporaciones. En esa providencia, en la que la Sala Sexta de la
Corte Constitucional dejó sin efectos dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado de
septiembre y octubre de 2005, se indicó lo siguiente:
La contradicción entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de desvinculación y la
posición del Consejo de Estado es evidente. Para la primera Corporación es indispensable la
motivación para poder desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad sin vulnerar el
debido proceso, pues no son equiparables los cargos de libre nombramiento y remoción con los de
carrera proveídos en provisionalidad; para el Consejo de Estado, al ser equiparables los cargos de
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
tal como se expondrá a continuación, para 2014, cuando se profirió el acto
administrativo que aquí importa, en la jurisprudencia existían criterios sólidos y
decantados sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto
Reglamentario 1227 de 2005.
Es cierto, como lo aseguró la parte demandada, que para el Consejo de Estado
era posible predicar las reglas de la facultad discrecional en los nombramientos
provisionales, por la similitud en el ingreso y el retiro con los nombramientos de
libre nombramiento y remoción46; y que esa postura difería de la planteada por la
Corte Constitucional, según la cual el hecho de que el funcionario estuviera
nombrado en provisionalidad no lo equiparaba a uno de libre nombramiento y
remoción, por lo que era necesaria la motivación del acto de desvinculación, so
pena de vulnerar el debido proceso, obligación que persistía “hasta el momento en
el cual sea nombrada en el cargo una persona que haya sido escogida en virtud
de la realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva
la plaza”47.
Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 201048 que el Consejo de
Estado consideró que debía motivarse el acto de retiro del servicio de los
empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego de
la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004; y que la discrecionalidad del nominador
solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y
remoción, decisión que fue reiterada en lo sucesivo49.
libre nombramiento y remoción con los de carrera con nombramiento en provisionalidad no es
indispensable motivación alguna para desvincular al funcionario.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13
de marzo de 2003, expediente 4972-01.
47 Al respecto, ver: SU-2550/98; T-800/98; T-884/02; T-610/03; T-752/03; T-597/04; T-951/04; T-
1216/04; T 070/06; T-1204/04; T-161/05; T-031/05 y T-132/05.
48 En esa decisión, la Sección Segunda consignó lo siguiente:
La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados (…) aún respecto de
aquellos cuyo nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su
desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención
a que, de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las
causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y
remoción y de carrera administrativa), la competencia para el retiro de los empleos de carrera (que
pueden haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es,
dicho retiro es procedente sólo y de conformidad con las causales consagradas en la Constitución
Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO, de tal manera
que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica respecto del retiro en empleos de libre
nombramiento y remoción, la cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo
parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004). Sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 25000-23-25-
000-2005-01341-02(0883-08). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
49 Al respecto, ver las siguientes decisiones: i) sentencia del 27 de enero de 2011, exp. 25000-23-
25-000-1999-05348-02(2288-08) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; ii) sentencia del 12 de
mayo de 2011, exp. 68001-23-31-000-2002-02858-01(1076-10) M.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila; iii) sentencia del 23 de octubre de 2012, exp. 11001-03-15-000-2012-00671-01(AC) M.P.
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Referencia: Repetición (única instancia)
El asunto tuvo mayor desarrollo jurisprudencial cuando la Corte Constitucional, en
Sentencia de Unificación 917 de 2010, estableció que el acto de retiro no solo
debía ser motivado, sino que, además, debía “cumplir [con] ciertas exigencias
mínimas respecto de su contenido material”50. Según esta decisión, no cualquier
motivación sería suficiente sino solo aquella “razón suficiente” en el acto
administrativo que declarara la insubsistencia de un empleado vinculado en
provisionalidad, en la que debían “constar las circunstancias particulares y
concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decid[ía] remover a un
determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas
justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican
directamente de quien es desvinculado”.
Al mismo tiempo, la Corte indicó que “sólo e[ra] constitucionalmente admisible una
motivación donde la insubsistencia invo[cara] argumentos puntuales como la
provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos
respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u
otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto”51.
Es así como desde el año 2010 ya existía una sentencia de unificación en la
materia, a partir de la cual era claro que la terminación de un nombramiento
provisional procedía por acto administrativo motivado. No es cierto, como lo
aseguró el demandado a lo largo de este proceso y el declarante Omar Trujillo,
que la diferencia de posturas que se presentaba en esta materia, entre la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado se unificó solo hasta el año 2015, con la
SU-054.
Lo que advierte esta Sala, después de la lectura de esta última providencia, es
que en esa oportunidad se establecieron las órdenes que se debían adoptar en los
casos de retiro sin motivación52, pero que en lo relacionado con la motivación
Luis Rafael Vergara Quintero y iv) sentencia del 18 de marzo de 2015, exp. 25000-23-25-000-
2006-02680-02(2698-11) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
50 Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
51 Ibidem.
52 Lo que se unificó en esa decisión, fue que las órdenes que se debían adoptar en los casos de
retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, eran las
siguientes: “i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía
ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido
suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio,
pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la
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Radicación: 110010326000201800147 00 (62.364)
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suficiente como presupuesto para la validez de los actos de retiro de funcionarios
vinculados en provisionalidad se reiteró, en su totalidad, el contenido de la
Sentencia de Unificación 917 de 2010.
4.2.4.2. La segunda defensa del demandado radicó en el hecho de que la
Resolución número 1479 de 2014 fue elaborada y revisada por profesionales de
su equipo de trabajo, que tenían a cargo esas funciones puntuales y que él se
limitó a firmarla.
Como ya se dijo, la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 354 de
202053, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta
por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición, entre ellos,
el siguiente:
Presupuesto 5: A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una
acción u omisión atribuible al demandado, así como si dicha actuación fue
dolosa o gravemente culposa, el juez de lo contencioso administrativo debe
valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i) las funciones
del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de
diligencia que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para
acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la escala organizacional o la
retribución económica por los servicios prestados.
En otro de los apartes de esa decisión se lee lo siguiente: “no cabe señalarse que
la responsabilidad siempre deba ser imputada al jefe de la entidad, así como que
todas las fallas interpretativas o de criterio de las dependencias le sean
directamente atribuibles”, dando a entender que no puede concluirse, de forma
automática, que quien suscribe el acto sea el único responsable, sino que ello
debe ser objeto de un estudio riguroso, teniendo en cuenta las características
particulares de cada caso.
En esa misma línea, la Corte Constitucional, en la Sentencia de Unificación 259 de
2021, decidió la acción de tutela instaurada por un exalcalde de Bogotá contra una
decisión de la Subsección B de esta Corporación, que lo había condenado en
sede de repetición, después de concluir que había actuado con culpa grave al
declarar insubsistente a una empleada que ostentaba derechos de carrera
administrativa.
sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o
privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de
salario”.
53 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020.
Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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En esa oportunidad, la Alta Corte concluyó que la decisión judicial cuestionada no
estudió de forma cuidadosa el comportamiento del alcalde y que no consideró,
integralmente, el contexto fáctico en el que tuvo lugar la determinación de
desvinculación.
Lo anterior porque la decisión del entonces alcalde se fundamentó en un concepto
proferido por funcionarios de una dependencia encargada de todo lo relacionado
con talento humano, en la que podía razonablemente confiar, y así lo hizo bajo el
amparo de la buena fe.
Fue bajo ese escenario que la Corte advirtió que, en virtud del principio de
confianza, cuando se trata de actividades complejas, como la administrativa, el
reparto de roles y competencias implica que cada uno de los involucrados puede
confiar en que los demás copartícipes desarrollan de manera correcta su rol y que
“un pensamiento en contrario implicaría el fracaso de las tareas administrativas
como un todo, pues, si el director de la entidad debe cerciorarse a pie juntillas, que
cada uno de sus subalternos ha actuado conforme a su rol, entonces la función
administrativa colapsaría porque el superior jerárquico debería verificar –lista de
chequeo en mano—que sus subalternos han obedecido su catálogo funcionarial”.
Ahora, en el sub lite se probó que Evelyn Dávila Barraza fue quien elaboró la
Resolución número 1479 del 26 de diciembre de 2014, y que esta contó con la
aprobación de Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García. Lo
anterior encuentra respaldo en el contenido mismo de ese acto administrativo, en
el que, después de la firma del demandado, en la parte inferior izquierda se
consignó “Elaboró: Evelyn Dávila Barraza” y “Revisó: Lucero Andrea González
Niño/ Diana Patricia Ríos García”.
Adicionalmente, el IGAC allegó a este proceso los certificados laborales de las
personas mencionadas, los que dan cuenta de los cargos que desempeñaban
cada una de ellas y de sus respectivos manuales de funciones.
Fue así como se probó que Evelyn Dávila Barraza, en ejercicio de sus funciones
como “Profesional Universitario Código 2044, Grado 05, en la Secretaria General,
Planta y Carrera Administrativa” tenía asignadas las siguientes: “ejecutar los (…)
proyectos y actividades, relativas a la administración del talento humano, (…)
relacionados con el ingreso, la permanencia y el retiro de los servidores públicos
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de la Entidad” y “proyectar los actos administrativos requeridos para la
administración de las novedades de personal generadas en desarrollo del proceso
de gestión del talento humano”.
Por su parte, Lucero Andrea González Niño, quien se desempeñaba como
“Coordinadora del GIT Planta y Carrera Administrativa de la Secretaria General”,
tenía a su cargo “coordinar la ejecución de los programas y proyectos relativos a la
Administración del Talento Humano, en materia de selección, registro y control,
novedades de personal (…) de conformidad con las normas vigentes” y
“coadyuvar en la proyección de los actos administrativos que deba expedir la
Dirección General, en relación con la administración del Talento Humano y
novedades de personal”.
Para terminar, Diana Patricia Ríos García trabajaba como “Secretaria General de
Entidad Descentralizada, Código 0037, Grado 14, en la Secretaria General” y
debía “evaluar y responder por la calidad y oportunidad de los trabajos realizados
por el personal a su cargo”.
En definitiva, no hay duda de que el acto administrativo cuestionado fue
proyectado, revisado y aprobado por funcionarias de la Secretaría General del
IGAC, y luego remitido al director general para su firma. Fue solo después de que
cumplió con los trámites internos establecidos para el efecto que Juan Antonio
Nieto Escalante lo suscribió.
En esas condiciones, la Sala advierte que, en relación con el demandado, sería
excusable la violación de la Ley 909 de 2004 y/o la omisión de las formas
sustanciales para la validez de la Resolución número 1479 de 2014, teniendo en
cuenta la naturaleza y complejidad de una organización como el IGAC y la
consecuente distribución de roles y responsabilidades entre sus dependencias y
numerosos funcionarios.
El artículo 20954 de la Constitución Política, al definir los principios que orientan la
función administrativa, prescribe que esta, además de encontrarse al servicio de
los intereses generales, se sujeta a los principios de eficacia y economía. A su
54 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
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vez, dicha disposición prevé que las autoridades deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
En esa línea argumentativa, la Corte Constitucional ha dicho que la distribución de
competencias en la administración pública tiene por objeto contribuir con el
desarrollo de las funciones asignadas a cada una de las entidades y que se trata
de una forma de materializar la eficacia en el ejercicio de la función administrativa
dado que “las diferentes dimensiones del quehacer institucional, las misionales y
las operativas, son asignadas a diferentes órganos de manera tal que cada uno, al
tiempo que se especializa y se responsabiliza en determinadas materias, apoya la
gestión de los otros a partir de su conocimiento y pericia”55.
De conformidad con lo anterior, al principio de confianza y buena fe, como
principios constitucionales de la eficiencia en la función pública y de la división de
funciones, le permiten al director general de un instituto confiar en el trabajo
realizado por una dependencia especializada en un determinado asunto.
En línea con lo anterior, el Decreto 208 de 2004, vigente para la época de los
hechos56, en su artículo 557 se refiere a la estructura del IGAC, y establece que
además de la dirección general, esta entidad cuenta con la secretaría general, que
a su vez tiene las divisiones de recursos humanos, financiera y administrativa.
En relación con las funciones del director general del IGAC, el artículo 6 de ese
decreto le asigna varias, entre las que se destacan, por ejemplo, la de dirigir y
coordinar políticas en materia de elaboración, producción, actualización y
publicación de información básica oficial en materia de cartografía, agrología,
catastro y geografía; la de coordinar las iniciativas nacionales de las
infraestructuras de datos espaciales, dentro del marco de la política nacional de
información oficial; la de coordinar con el DANE las acciones relacionadas con los
asuntos interinstitucionales, entre otras.
Por su parte, una de las funciones de la Secretaría General corresponde a la
administración del talento humano. Así lo dispone el artículo 13 de decreto
mencionado:
Son funciones de la Secretaría General, las siguientes:
55 Corte Constitucional, SU-259 del 6 de agosto de 2021.
56 Fue derogado por el Decreto 846 de 2021.
57 Modificado por el Decreto 1551 de 2009.
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1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y
programas en lo referente a la administración del talento humano y los
recursos físicos y financieros de la entidad y asesorar a las dependencias del
nivel central en su aplicación.
Aunque es cierto que el director general es quien ejerce la función nominadora de
ese Instituto, lo que advierte la Sala es que sus funciones son muy amplias y se
encuentran dirigidas, principalmente, a los temas relacionados con el contenido
misional del IGAC. Por ese motivo, para las labores relacionadas con la
administración del talento humano -el ingreso, la permanencia y el retiro de los
servidores públicos- contaba con la Secretaría General, de la que hacían parte
Evelyn Dávila Barraza, Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos García
quienes, a partir de las funciones que tenían expresamente asignadas, debían
estar suficientemente informadas de las condiciones y prerrogativas legales y
jurisprudenciales con las que contaba Gina Paola García Guevara en la dirección
territorial del Meta al momento de disponer de su empleo.
En ese contexto, a juicio de la Sala -y para lo que este caso concierne-, era
razonable que Juan Antonio Nieto Escalante, al momento de suscribir la
Resolución número 1479 de 2014, confiara válidamente en el trabajo realizado por
Evelyn Dávila Barraza, Lucero Andrea González Niño y Diana Patricia Ríos
García. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tienen en cuenta tres aspectos.
El primero, que estas funcionarias pertenecían a la Secretaría General, la
dependencia del IGAC a la que funcionalmente le correspondía lo referente a la
administración del talento humano, incluso una de ellas -Diana Patricia Ríos
García- era la que se encontraba a cargo de esta y debía “evaluar y responder por
la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo”.
El segundo, que las actuaciones de estas servidoras públicas debían presumirse
respetuosas del ordenamiento.
El tercero, y último, que no obra ningún medio probatorio que acredite que el acá
demandado incidió, de alguna manera, en la fase de elaboración y/o revisión del
acto administrativo que fue anulado, es decir, que hubiera sugerido u ordenado
cuál debía ser el contenido de la resolución tantas veces mencionada.
Todo lo hasta aquí expuesto permite descartar una violación inexcusable de Juan
Antonio Nieto Escalante de la Ley 909 de 2004 o un error inexcusable en la
omisión de las formas sustanciales para la validez de la Resolución número 1479
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Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
de 2014. Aunque se acreditó que para diciembre de 2014 existía una línea
jurisprudencial uniforme en torno a la estabilidad laboral relativa de los empleados
públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad, lo cierto fue
que el acto que removió del cargo a Gina Paola García Guevara lo realizó una
funcionaria del IGAC, previa revisión de otras dos servidoras públicas, entre ellas,
la entonces Secretaría General de ese Instituto, por lo que, se insiste, era
razonable que el director general de esa entidad se apoyara en su criterio.
La anterior conclusión no se desvirtúa por el hecho de que el aquí demandado sea
abogado con varios años de experiencia profesional, porque el análisis de
responsabilidad que aquí se hizo no se restringe a verificar sus estudios y tiempo
en la práctica del derecho, sino que hizo un examen de la estructura del IGAC, de
sus funciones que ejercía como director general y de las personas que
intervinieron efectivamente en la elaboración y revisión del acto administrativo
acusado.
4.2.5. Por las razones expuestas, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Villavicencio no demostró los hechos en los cuales apoyó las
presunciones de dolo y de culpa grave que alegó, por lo que deben negarse las
pretensiones de la demanda.
5. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece:
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal (se destaca).
De la lectura de la norma se desprende, entre otras cosas, que en los procesos en
los que se ventile un interés público no se dispondrá sobre la condena en costas,
a menos que la demanda se hubiese presentado “con manifiesta carencia de
fundamento legal”.
El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de
aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la
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Demandado: Juan Antonio Nieto Escalante
Referencia: Repetición (única instancia)
protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha
señalado que” la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como
es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente
para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de
Derecho”58; criterio que ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples
pronunciamientos59.
Bajo ese entendido, dado que en el proceso de la referencia se persigue un
interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con
manifiesta carencia de fundamento legal, no hay lugar a condenar en costas a la
parte vencida, es decir, a la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de repetición.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
58 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia del 8 de agosto de 2001, exp: D – 3388, M.P:
Rodrigo Escobar Gil.
59 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019,
exp. 63.519; sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 61.003. sentencia del 12 de diciembre
de 2019, exp. 64.350; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 64.544 y sentencia del 20 de
febrero de 2020, exp. 51.949.
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