Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00201-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Oportunidad para la presentación de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00201-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2018-00201-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
27 de agosto de 2021
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA LA NOTIFICACIÓN POR AVISO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ANÁLISIS PROBATORIO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / CONTENIDO DE LA DEMANDA / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / ETAPAS DEL PROCESO / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDIMIENTO DE LA SENTENCIA ANTICIPADA
[N]o hay duda de que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que la demanda fue presentada por fuera de los 4 meses contados desde la notificación por aviso de la Resolución […], aspecto que no fue analizado al momento de la admisión de la demanda, debido a que el [demandante] no aportó las constancias de notificación junto con el escrito inicial, lo que, en todo caso no impedía que esta Corporación, con fundamento en el artículo 182A del CPACA, en cualquier etapa del proceso de única instancia, dictara sentencia anticipada. Como consecuencia, la Sala declarará probada de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho mediante sentencia anticipada.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 182A
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL LEGISLADOR / COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO
[L]os 4 meses para presentar la demanda en el caso concreto culminaron el 26 de marzo de 2018, de manera que, aun cuando la solicitud de conciliación se hubiera radicado el 19 de abril de 2018, su presentación habría sido extemporánea. [E]l cómputo para contabilizar la caducidad no podía establecerse desde la firmeza de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, sino desde su notificación al actor, puesto que el legislador dispuso en el CPACA como parámetro para contabilizar la demanda en término en el evento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo impugnado, tal y como fue indicado con antelación.
CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO / AGENCIA NACIONAL MINERA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL / APORTE DE LA PRUEBA / RESPUESTA A LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CIERRE DE LA ETAPA PROBATORIA
[L]e asiste razón a la ANM y al Ministerio Público al haber señalado que operó el fenómeno jurídico de la caducidad en el sub lite, debido a que el [demandante] debía presentar la solicitud de conciliación extrajudicial dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, sin que ello hubiera sucedido, según lo expuesto. [E]l actor aportó junto con los alegatos de conclusión un auto dictado por la Procuraduría 113 Judicial para Asuntos Administrativos, en cuyos antecedentes se indica que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de abril de 2018, información que no obra en las constancias de la audiencia de conciliación extrajudicial allegadas con la demanda, en las que se indicó que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 18 de mayo de 2018, sin que sea procedente decretar como prueba el documento presentado, puesto que la etapa de alegatos de conclusión no es una oportunidad probatoria.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / ACCIÓN JUDICIAL / TÉRMINO DEL RECURSO JUDICIAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / IMPULSO DEL PROCESO / TÉRMINO LEGAL / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE BENEFICIOS / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA / COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO
Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si esto no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. En cuanto a la oportunidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispuso que la demanda debe interponerse dentro de los 4 meses a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL D
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de caducidad de la acción y sus consecuencias, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2014, rad. 27588, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia del 30 de agosto de 2017, rad. 39435, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e).
PRINCIPIO DE CELERIDAD / GESTIÓN DEL PROCESO / ETAPAS DEL PROCESO / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ESTADO DEL PROCESO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO / REQUISITOS DE LA SENTENCIA ANTICIPADA / FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA / PROCEDIMIENTO DE LA SENTENCIA ANTICIPADA / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO
Con el propósito de darle celeridad al proceso y de resolver de manera expedita aquellos asuntos que no ameritan llevar a cabo todas las etapas procesales, el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, previó la posibilidad de que el juez contencioso administrativo dicte sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, o en cualquier estado del proceso […]. [C]orresponde al juez de conocimiento determinar si en el respectivo proceso se cumplen los supuestos expuestos y, en caso afirmativo, podrá dictar sentencia anticipada. En el presente caso, según se anunció en la providencia del 15 de junio de 2021, tal y como se explicará a continuación, procede que se dicte sentencia anticipada, al encontrarse probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las resoluciones impugnadas.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 182A / LEY 2080 de 2021 – ARTÍCULO 42
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00201-00(63016)
Actor: JUAN SEBASTIÁN RUEDA MONSALVE
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (CPACA Y LEY 2080 DE 2021)
Temas: SENTENCIA ANTICIPADA – artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 – se puede dictar antes de la audiencia inicial o en cualquier estado del proceso. / SENTENCIA ANTICIPADA EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO – aplicación para cuando se encuentre probada la caducidad. / CADUCIDAD – se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen dentro de un término específico – se configura cuando la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es radicada después de los 4 meses para ejercer el derecho de acción.
La Sala procede a resolver, en única instancia y mediante sentencia anticipada, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve, en contra de la Agencia Nacional de Minería.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Juan Sebastián Rueda Monsalve interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM), con el fin de que se declare la nulidad de: i) la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, en la que se rechazó una solicitud de delimitación y declaración de un área de reserva para la explotación aurífera y ii) la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, que rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la primera y, consecuencialmente, el restablecimiento del derecho.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 17 de agosto de 2018, el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve, por medio de apoderado, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la ANM, con el fin de que se declarara la nulidad de i) la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, por medio de la cual se rechazó una solicitud de delimitación y declaración de un área de reserva para la explotación de oro y ii) la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, que rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la primera, así como el consecuente restablecimiento del derecho y que se ordenara a la ANM que corrigiera la superposición parcial de las coordenadas para la explotación minera solicitada.
Entre los argumentos de la demanda, el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve manifestó que la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017 se expidió de forma irregular, pues rechazó el recurso de reposición que se interpuso a través de apoderado por el hecho de que el poder aportado junto con esa solicitud no contaba con la presentación personal del poderdante, cuando, en su criterio, la ANM ya lo había reconocido como solicitante directamente en la actuación administrativa. También adujo que el rechazo de la reposición no tenía efectos de agotar la vía gubernativa, lo que tornaba en ineficaz esa declaración de la administración.
En relación con la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, indicó que se basó en la Resolución 0698 del 17 de octubre de 2013, que únicamente se refirió a la superposición total de delimitación de coordenadas, sin regular la superposición parcial, de ahí que ese vacío debía llenarse con los Decretos 933 de 2013 y 2390 de 2002, en tanto “normas superiores a la resolución”. En su criterio, tales decretos establecieron que, en caso de una superposición parcial, la autoridad minera competente debía corregirla de oficio, lo que no sucedió frente a su solicitud, pese a que se encontraba en esa hipótesis.
2. Trámite de admisión de la demanda
El 16 de mayo de 2019, esta Corporación inadmitió la demanda, pues no se aportaron las constancias de notificación de los actos administrativos impugnados. Así, se otorgaron 10 días para que el actor allegara tales documentos.
El 10 de junio de 2019, la parte actora presentó memorial en el que solicitó que se le pidieran las constancias de notificación de los actos administrativos a la ANM, en virtud de la carga dinámica de la prueba y dado que presentó una petición ante esa entidad para que le entregaran tales documentos, sin que para ese momento se hubiera procedido en tal sentido.
El 13 de septiembre de 2019, se admitió la demanda, por considerar que, si bien la parte actora no aportó las constancias de notificación, había presentado ante la ANM una petición para que le fueran entregadas, sin que dicha entidad le hubiera respondido, y porque el escrito inicial reunió los demás requisitos de ley. Ello “sin perjuicio de que se analice el ejercicio oportuno del medio de control al momento de la decisión de excepciones en la audiencia inicial o, incluso, al resolver el fondo del asunto”. Se requirió a la ANM para que aportara los antecedentes administrativos de los actos impugnados y sus constancias de notificación.
2.1. La contestación de la demanda
El 2 de marzo de 2020, la ANM contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones del libelo introductorio, por considerar que dictó las decisiones impugnadas con sustento en la normativa vigente aplicable.
Formuló las excepciones de: i) inepta demanda, por estimar que el actor no individualizó los hechos que sustentaron su escrito inicial; ii) falta de requisitos para ser reconocido minero tradicional, al considerar que para la constitución de un área de reserva especial se requería que no existiera ningún tipo de superposición, de acuerdo con lo previsto en la Ley 685 de 2001, lo que no sucedió en ese caso, pues precisamente la solicitud de área especial recayó sobre varios títulos mineros; iii) legalidad de los actos administrativos impugnados, al cumplir con los requisitos de competencia, fundamento jurídico, motivación, fin, objeto y formalidad de todo acto administrativo; y iv) la genérica.
El 4 de noviembre de 2020, esta Corporación requirió nuevamente a la ANM para que, en un término de 10 días, aportara al proceso y enviara a los buzones electrónicos de la parte demandante y el Ministerio Público las constancias de notificación de los actos administrativos impugnados.
El 27 de noviembre siguiente, la ANM aportó las constancias de notificación de los actos administrativos impugnados y las envió a los buzones electrónicos de la parte demandante y del Ministerio Público.
2.2 Trámite de la sentencia anticipada
Encontrándose el proceso para resolver sobre la excepción previa de inepta demanda, formulada por la ANM, el 15 de junio de 2021, se resolvió prescindir de la audiencia inicial “con el fin de dictar sentencia anticipada en el sub lite” en torno a la caducidad. Como consecuencia, se decretaron e incorporaron como pruebas los documentos aportados por la parte demandada y, en firme tal determinación, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.
2.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
2.3.1. El 1 de julio de 2021, la ANM presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó que se declarara la prosperidad de la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior, puesto que la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, en la que se rechazó el recurso de reposición en contra de la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, se notificó al señor Juan Sebastián Rueda Monsalve mediante aviso fijado el 16 de noviembre y desfijado el 22 de noviembre del mismo año y cobró fuerza ejecutoria el 21 de diciembre siguiente.
Como consecuencia, para la ANM los 4 meses para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciaron a correr a partir del 22 de diciembre de 2017 y fenecieron el 22 de abril de 2018, de ahí que, como el trámite de la conciliación extrajudicial se surtió entre el 18 de mayo de 2018 y el 13 de agosto siguiente, y la demanda se presentó el 17 de agosto del mismo año, tanto la conciliación como el escrito inicial fueron presentados extemporáneamente. Por otra parte, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda en lo correspondiente a la legalidad de las decisiones impugnadas.
2.3.2. El 2 de julio de 2021, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó que se declarara probada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, al considerar que la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017 rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, por lo que la ejecutoria de la decisión inicial debía establecerse desde que la decisión posterior cobró firmeza.
En ese sentido, para el Ministerio Público, la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017 cobró ejecutoria el 21 de diciembre de ese año, por lo que el término para ejercer el derecho de acción corrió desde el 11 de enero y hasta el 11 de mayo de 2018 -debido a la vacancia judicial-, de manera que, dado que el trámite de la conciliación extrajudicial se llevó a cabo entre el 18 de mayo y el 13 de agosto de 2018, y que la demanda se presentó el 17 de agosto siguiente, operó la caducidad.
2.3.3. El 8 de julio de 2021, el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó desestimar la posibilidad de declarar probado el fenómeno jurídico de la caducidad. Al respecto, indicó que la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, en la que se rechazó el recurso de reposición en contra de la Resolución 147 de 27 de junio de 2017, cobró firmeza a partir del 21 de diciembre de 2017, por lo que los 4 meses para demandar corrieron hasta el 22 de abril de 2018.
Manifestó que la solicitud de conciliación extrajudicial no fue presentada el 18 de mayo, sino el 19 de abril de 2018 -4 días antes de que operara la caducidad- y que el Procurador 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de Medellín la remitió a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa el 18 de mayo siguiente, lo que es “ajeno a este apoderado”.
Seguidamente, adujo que desde el 19 de abril de 2018 podían ocurrir dos cosas para la reanudación del término para demandar: que se expidiera el acta de conciliación o que transcurrieran 3 meses desde la presentación de la solicitud, de modo que, como la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 13 de agosto de 2018, los 4 días faltantes para ejercer el derecho de acción se reanudaron el 14 de agosto siguiente, y dado que la demanda se presentó el 17 de agosto de 2018, su interposición se hizo en término.
III. CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda –17 de agosto de 2018–, el CPACA –incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las normas que modificaron las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 26 de enero del año en curso– y el CGP, en los aspectos no contemplados en el primero.
2. Competencia de la Sala
Esta Corporación es competente para conocer de la presente controversia en única instancia, en la medida en que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 295 de la Ley 685 de 2001, se trata de un medio de control promovido sobre un asunto minero distinto del de controversias contractuales, pues los actos impugnados se refieren a una solicitud de delimitación para la explotación de un mineral y dado que la parte demandada es una entidad del orden nacional.
Igualmente, en concordancia con las reglas establecidas en el reglamento interno de la Corporación -compilado en el Acuerdo 080 de 2019-, a esta Sección le corresponde el conocimiento de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos mineros, como la presentada por el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve.
Si bien la referida competencia en cabeza del Consejo de Estado fue derogada en virtud de la Ley 2080 de 2021 y fue atribuida en primera instancia a los tribunales administrativos, dicha normativa previó que las normas modificatorias de las competencias solo rigen y se aplican respecto de las demandas que se presenten un año después de su publicación.
3. Fundamentos normativos de la sentencia anticipada
Con el propósito de darle celeridad al proceso y de resolver de manera expedita aquellos asuntos que no ameritan llevar a cabo todas las etapas procesales, el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, previó la posibilidad de que el juez contencioso administrativo dicte sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, o en cualquier estado del proceso.
Frente al primer evento, se dispuso que procede cuando: i) se trate de asuntos de puro derecho; ii) no deban practicarse pruebas; iii) se solicite tener como pruebas solo los documentos aportados con la demanda y su contestación, sin que se haya formulado una tacha o desconocimiento; o iv) las pruebas solicitadas sean inconducentes, impertinentes o inútiles. En estos casos, el juez debe pronunciarse sobre las pruebas, si hay lugar a ello, y fijar el litigio u objeto de la controversia, surtido lo cual debe correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia por escrito.
En cuanto al segundo evento, procede cuando: i) las partes lo soliciten de común acuerdo, hipótesis en la que, si se presenta durante una audiencia, se debe dar traslado para que aquellas aleguen dentro de ella, pero, si se hace por escrito, pueden allegar con dicha solicitud sus respectivos alegatos; ii) se encuentre probada alguna de las siguientes excepciones: cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva; y iii) en supuestos de allanamiento o transacción. En estos casos, el juez debe decretar pruebas y correr traslado para alegar de conclusión, si hay lugar a ello, y la sentencia se dicta oralmente o por escrito.
Así las cosas, corresponde al juez de conocimiento determinar si en el respectivo proceso se cumplen los supuestos expuestos y, en caso afirmativo, podrá dictar sentencia anticipada.
En el presente caso, según se anunció en la providencia del 15 de junio de 2021, tal y como se explicará a continuación, procede que se dicte sentencia anticipada, al encontrarse probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las resoluciones impugnadas.
4. Oportunidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si esto no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
En cuanto a la oportunidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispuso que la demanda debe interponerse dentro de los 4 meses a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
Para determinar el cómputo de la caducidad en el caso concreto, resulta oportuno tener en cuenta los siguientes hechos acreditados en el expediente:
Los días 15 y 17 de julio de 2014, el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve, junto con otras personas, presentó ante la ANM solicitud de delimitación y declaración de un área de reserva especial para la explotación de oro en el municipio de Giraldo, departamento de Antioquia.
El 27 de junio de 2017, la ANM profirió la Resolución 147, mediante la cual rechazó la solicitud de área de reserva especial en el municipio de Giraldo del departamento de Antioquia, con fundamento en que los trabajos mineros objeto de dicha solicitud se “ubicaron” sobre otros títulos mineros, por lo que no era posible acceder a ella, de conformidad con la Ley 685 de 2001 y la Resolución 0698 del 17 de octubre de 2013.
El 18 de julio de 2017, la Resolución 147 del 27 de junio de 2017 fue notificada al señor Juan Sebastián Rueda Monsalve por conducta concluyente.
El 3 de agosto de 2017, el apoderado del señor Juan Sebastián Rueda Monsalve presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, en el que solicitó que se revocara esa decisión y, en su lugar, se continuara con el trámite de la solicitud de área de reserva especial.
El 13 de septiembre de 2017, la ANM dictó la Resolución 227, en la que resolvió “rechazar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución no. 147 del 27 de junio de 2017”, con fundamento en que el apoderado no estaba debidamente constituido, de conformidad con el artículo 77 del CPACA.
El 6 de octubre de 2017, la ANM citó al señor Juan Sebastián Rueda Monsalve para que se notificara de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, dentro de los 5 días siguientes, so pena de la procedencia de la notificación por aviso de la decisión.
El 28 de octubre de 2017, la ANM envió al domicilio del señor Juan Sebastián Rueda Monsalve, a través de la empresa de mensajería 472, un aviso con el fin de notificarlo de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, procedimiento que se entendería surtido “al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”. Pese a lo anterior, el 30 de octubre de 2017 no fue posible entregarlo al destinatario y fue devuelto al remitente.
El 16 de noviembre de 2017, la ANM fijó aviso por 5 días, con el fin de notificar al señor Juan Sebastián Rueda Monsalve de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, dado que no compareció a notificarse personalmente de la decisión, ni se le pudo entregar el aviso respectivo. Las notificaciones del acto administrativo a los demás interesados culminaron el 19 de diciembre de 2017 y la decisión cobró firmeza el 21 de diciembre siguiente.
De conformidad con los hechos anteriores, se precisa que la Resolución 147 del 27 de junio de 2017 cobró firmeza tras el rechazo del recurso de reposición presentado por el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve, determinación contenida en la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017.
Así, dado que la demanda cuestionó no solo la Resolución 147 del 27 de junio de 2017, frente a la denegatoria de la solicitud de área de reserva especial, sino también la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, en relación con el rechazo del recurso de reposición interpuesto por el aquí demandante, la caducidad del medio de control ejercido debe contabilizarse a partir del día siguiente a la notificación de la última decisión, en atención a lo dispuesto por el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
En ese sentido, el 16 de noviembre de 2017, la ANM fijó aviso por 5 días para notificar al señor Juan Sebastián Rueda Monsalve de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, el que fue desfijado el 22 de noviembre siguiente, por lo que la notificación de esa decisión se entendió surtida el 23 de noviembre de 2017. Así, el término para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho corrió entre el 24 de noviembre de 2017 y el 24 de marzo de 2018, pero dado que esta última fecha era sábado, la oportunidad se extendió hasta el siguiente día hábil, el lunes 26 de marzo de 2018.
El 18 de mayo de 2018, Juan Sebastián Rueda Monsalve presentó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación extrajudicial y convocó a la ANM para tal efecto. El asunto fue repartido a la Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, la que mediante auto del 8 de junio de 2018 lo remitió “por competencia” a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa. El 8 de junio de 2018 el asunto fue remitido por la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá a la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, la que celebró la audiencia de conciliación el 13 de agosto siguiente y la declaró fallida por la falta de ánimo conciliatorio de las partes.
El 17 de agosto de 2018, la parte actora radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que pone en evidencia que fue presentada por fuera de la oportunidad prevista para tal efecto, puesto que para cuando se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, el término para demandar ya había fenecido, pues habían pasado más de 4 meses desde la notificación de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017.
En ese orden de ideas, le asiste razón a la ANM y al Ministerio Público al haber señalado que operó el fenómeno jurídico de la caducidad en el sub lite, debido a que el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve debía presentar la solicitud de conciliación extrajudicial dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, sin que ello hubiera sucedido, según lo expuesto.
Se precisa que el actor aportó junto con los alegatos de conclusión un auto dictado por la Procuraduría 113 Judicial para Asuntos Administrativos, en cuyos antecedentes se indica que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de abril de 2018, información que no obra en las constancias de la audiencia de conciliación extrajudicial allegadas con la demanda, en las que se indicó que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 18 de mayo de 2018, sin que sea procedente decretar como prueba el documento presentado, puesto que la etapa de alegatos de conclusión no es una oportunidad probatoria.
En todo caso, aun cuando la solicitud de conciliación extrajudicial se hubiera presentado el 19 de abril de 2018, como fue argumentado en los alegatos de conclusión por el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve para afirmar que la demanda se presentó en término, la conclusión también sería que operó la caducidad.
En efecto, como fue indicado en precedencia, los 4 meses para presentar la demanda en el caso concreto culminaron el 26 de marzo de 2018, de manera que, aun cuando la solicitud de conciliación se hubiera radicado el 19 de abril de 2018, su presentación habría sido extemporánea.
En ese punto, se resalta que el cómputo para contabilizar la caducidad no podía establecerse desde la firmeza de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, sino desde su notificación al actor, puesto que el legislador dispuso en el CPACA como parámetro para contabilizar la demanda en término en el evento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo impugnado, tal y como fue indicado con antelación.
La Sala tampoco comparte la consideración del Ministerio Público, según la cual la vacancia judicial suspendió el término de 4 meses para demandar, puesto que el último día hábil para ejercer el derecho de acción, a saber, el 26 de marzo de 2018, no acaeció en el marco de tal período vacacional, sino que finalizó cuando la Rama Judicial se encontraba en plenas funciones, teniendo en cuenta que, según lo previsto en los artículos 62 de la Ley 4 de 1913 y 118 del CGP, los términos de meses y años solo se extienden hasta el primer día hábil cuando hay días feriados o vacantes, si se trata del último día de tal plazo.
En ese orden de ideas, no hay duda de que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que la demanda fue presentada por fuera de los 4 meses contados desde la notificación por aviso de la Resolución 227 del 13 de septiembre de 2017, aspecto que no fue analizado al momento de la admisión de la demanda, debido a que el señor Juan Sebastián Rueda Monsalve no aportó las constancias de notificación junto con el escrito inicial, lo que, en todo caso no impedía que esta Corporación, con fundamento en el artículo 182A del CPACA, en cualquier etapa del proceso de única instancia, dictara sentencia anticipada.
Como consecuencia, la Sala declarará probada de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho mediante sentencia anticipada.
5. Costas
El artículo 361 del Código General del Proceso establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien resultó vencida en el sub lite.
Las agencias en derecho en única instancia se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas.
Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
En el sub lite, la demandada adelantó gestiones de manera activa, pues acudió al proceso con apoderado, contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala procederá a fijar las agencias en derecho atendiendo a los parámetros que para el efecto establece el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el cual dispuso que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en única instancia se fijarán entre 1 a 8 S.M.L.M.V. cuando los asuntos carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, como sucede en el caso concreto.
Con base en lo anterior, la Subsección procede a fijar un (1) S.M.L.M.V por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el proceso culminará de manera anticipada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor de la Agencia Nacional de Minería, para lo cual se fijan agencias en derecho por la suma equivalente a 1 S.M.L.M.V., vigente a la fecha de la presente sentencia.
TERCERO: por Secretaría de la Sección Tercera, ADELANTAR la liquidación de las costas y la devolución del remanente de lo consignado por concepto de gastos del proceso, si lo hubiere.
CUARTO: NOTIFICAR la presente providencia electrónicamente, en atención a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
El proceso ingresó al despacho de la consejera ponente el 21 de julio de 2021 para elaborar sentencia anticipada, como obra en el índice 37 del expediente digital en SAMAI. Folios 1 a 8 del archivo ED-cuaderno principal del índice 23 de SAMAI. Folio 41 del archivo ED-cuaderno principal del índice 23 de SAMAI. Folios 43 a 45 del archivo ED-cuaderno principal del índice 23 de SAMAI. Folios 47 a 50 del archivo ED-cuaderno principal del índice 23 de SAMAI. Folios 60 a 81 del archivo ED-cuaderno principal del índice 23 de SAMAI. Índice 25 del expediente digital en SAMAI. Índice 28 del expediente digital en SAMAI. Índice 30 del expediente digital en SAMAI. Índice 34 del expediente digital en SAMAI. Índice 35 del expediente digital en SAMAI. Índice 36 del expediente digital en SAMAI.
“Ley 2080 de 2021. Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley”. Vale anotar que la vigencia de la norma solo tuvo lugar una vez cumplida su promulgación mediante la inserción en el diario oficial, lo que ocurrió durante el 25 de enero de 2021.
“CPACA. Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
“Artículo 295. Competencia del Consejo de Estado. Derogado por el art. 87 de la Ley 2080/21. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”.
“Ley 685 de 2001. Artículo 2. Ámbito material del código. El presente Código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. Se excluyen la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por las disposiciones especiales sobre la materia”. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 4134 de 2011, la ANM es una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: “[…]. Sección Tercera […] 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros. 2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral primero”.
“Artículo 87. Derogatoria. Deróguense las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: […]. el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”.
“CPACA. Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 24.
De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios […]”.
“Ley 2080/21. Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley […]”. LÓPEZ, Hernán Fabio. Código general del proceso: parte general. Bogotá D.C.: 2016. Dupré editores. pp. 669-671.
“CPACA. Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito”.
“CPACA. Artículo 182A. […]. 2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. // 3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. // 4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código. // PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. // Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en: i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014 y ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017.
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2.
En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad. […] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”. Como obra en los antecedentes de la copia del acto administrativo del archivo 43 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la copia del acto administrativo del archivo 43 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la constancia de notificación por conducta concluyente del archivo 28 del índice 28 de SAMAI. Como obra en los antecedentes de la copia del acto administrativo del archivo 42 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la copia de la resolución del archivo 42 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la citación para la notificación personal del archivo 33 del índice 28 de SAMAI. Como obra en el aviso de notificación y en la trazabilidad de envío de los archivos 31 y 32 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la constancia de notificación por aviso del archivo 30 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la constancia de ejecutoria del archivo 41 del índice 28 de SAMAI. Como obra en la constancia de ejecutoria del archivo 41 del índice 28 de SAMAI. La constancia de ejecutoria la suscribió el Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la ANM, de acuerdo con la cual “(…) hace constar que la Resolución No. 227 del 13 de septiembre de 2017, proferida dentro del expediente ÁREA DE RESERVA PARA LA EXPLOTACIÓN DE ORO, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, fue notificada al señor JUAN SEBASTIÁN RUEDA, mediante Aviso fijado el día 16 de noviembre y desfijado el día 22 de noviembre de 2017; y al señor LUIS ORLANDO CORRALES VALENCIA, mediante Aviso fijado el día 13 de diciembre y desfijado el día 19 de diciembre de 2017, quedando ejecutoriado y en firme el día 21 de diciembre de 2017, como quiera que contra dicho acto administrativo no procede recurso alguno, quedando agosta (sic) la vía gubernativa”. En concordancia con el artículo 69 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. // Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. // En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal”. Como obra en la constancia de conciliación extrajudicial de la solicitud con radicación 2018-153 “del 18 de mayo de 2018”, de folios 25 a 28 del archivo ED-cuaderno principal del índice 23 de SAMAI. Índice 36 del expediente digital en SAMAI. En los términos del artículo 212 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “Artículo 212. Oportunidades probatorias.
Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. // En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. // Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas […]”.
“Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
“Artículo 118. Cómputo de términos. […] Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”.
“Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013. M.P: Mauricio González Cuervo, exp: D-9263. Aplicable para la fecha de presentación de la demanda, el 17 de agosto de 2018. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
“Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En única instancia. […]. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.L.M.V.”.
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