Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00206-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso de anulación contra laudo arbitral
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00206-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2018-00206-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (e)
24 de mayo de 2018
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE JURISDICCIÓN / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / OBLIGACIONES DEL DEMANDADO / DEMANDADO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
La declaración de caducidad de la acción corresponde, en principio, a una impugnación del laudo propia de la parte demandante, dado que favorece al demandado y, por ello, no tendría sentido que este impugnara el laudo en aquellos casos en los cuales se ha hecho esa declaración. Por otra parte, aun sin considerar la consagración expresa de la citada causal en la ley de arbitraje, debe advertirse que la no ocurrencia de la caducidad de la acción constituye un presupuesto procesal que debe cumplirse para que el juez pueda llegar al fondo del asunto y por ese motivo la caducidad debe ser estudiada desde la audiencia de conciliación, toda vez que el tribunal de arbitramento no puede instar a las partes a resolver sus diferencias sobre las pretensiones de la demanda, en caso de que evidencie, de manera plenamente soportada, que el demandante ha dejado operar la caducidad de la acción contractual. Respecto del derecho a la contradicción, tratándose de la caducidad de la acción determinada en la primera audiencia de trámite, puede presentarse que el tribunal no declare la caducidad y, por el contrario, decida asumir competencia sobre el fondo de la controversia. En ese caso, la parte demandada que cree tener derecho a la declaratoria de caducidad, debe interponer el recurso de reposición al que se refiere el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en tanto que le corresponde rebatir un pronunciamiento que ignora o pasa por alto la caducidad de la acción. Se hace notar que el recurso de reposición tiene que interponerse, incluso, si el tribunal de arbitramento omite analizar el presupuesto de la caducidad. Esa carga procesal se le impone al demandado para cumplir con el requisito de procedibilidad y dejar abierto el paso a la causal de anulación, por caducidad de la acción.
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD / APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD / CARGAS PROCESALES / RECURSO DE REPOSICIÓN / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PROCESO ARBITRAL
En el caso concreto el recurrente solicita que se inaplique el penúltimo inciso del artículo 41 de la ley 1563, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política, en aras de que se desconozca el requisito de procedencia de la causal 2, relativo a la interposición del recurso de reposición en contra del auto mediante el cual el tribunal de arbitramento asume competencia. La Sala precisa que la excepción de inconstitucionalidad se erige como un mecanismo para proteger la supremacía de los preceptos constitucionales sobre leyes u otras disposiciones normativas en caso de presentarse contradicción entre ellas. Así mismo, debe recordarse que este control esta instituido exclusivamente para casos o situaciones concretas y su aplicación corresponde a la autoridad que conozca del asunto y sus efectos tienen alcance inter partes. (…) Para la Subsección, esa carga procesal no vulnera las garantías constitucionales de las partes del proceso arbitral, en la medida en que el recurso de reposición se concibe como una oportunidad temprana para que los árbitros puedan evaluar las situaciones que tengan la virtualidad de afectar el correcto desarrollo del trámite arbitral y puedan, cuando no adviertan las falencias presentadas, adoptar las medidas necesarias para remediarlas. Además, la Sala no comparte la apreciación del recurrente en el sentido de que la identificación del acaecimiento de la caducidad del medio de control corresponda a una labor de alta complejidad que no pueda ser advertida en un momento previo al de la expedición del auto a través del cual el tribunal de arbitramento asume competencia (…) Así las cosas, la Sala considera que la solicitud de inaplicar la referida norma, por la supuesta inconstitucionalidad, lejos de procurar preservar la supremacía de la Constitución Política sobre normas de menos jerarquía, tuvo como propósito remediar una falencia en las cargas procesales asignadas al consorcio recurrente, que omitió interponer el recurso de reposición en contra del auto a través del cual el tribunal asumió competencia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 4 / LEY 1563 - ARTÍCULO 41
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo Estado; Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: María Adriana Marín, auto del 24 de mayo de 2018, radicación número: 11001-03-26-000-2017-00088-0 (59535), actor: Productos Químicos Panamericanos S.A. Emgesa S.A., demandado: Nación – Agencia Nacional de Minería. Corte Constitucional, sentencia del 10 de agosto de 2015, magistrado ponente: Gloria Ortiz Delgado, exp T-4833553, actor: Graciela Ortiz Betancourt
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / LEY APLICABLE AL CONTRATO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROHIBICIONES DEL JUEZ /LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Siguiendo la sentencia de la Corte Constitucional, debe advertirse que la causal de fallo en conciencia no se puede estructurar rebatiendo el análisis de la ley ni de las pruebas que haya apreciado el tribunal de arbitramento. Lo anterior, toda vez que – se repite- el recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación de la ley aplicable ni la valoración de las pruebas realizada en el fallo arbitral.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 173 de 2015
FUENTES DEL DERECHO / JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATACIÓN ESTATAL / FALLO EN CONCIENCIA / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
[L]a Sala destaca, como lo ha hecho la Corte Constitucional en una interpretación armónica de los artículos 1, 13, 80 y 230 de la Constitución Política, que en nuestro ordenamiento la jurisprudencia forma parte de las fuentes del derecho, por lo que la invocación de pronunciamientos consistentes y reiterados del Consejo de Estado para sustentar una decisión arbitral, en manera alguna comporta un fallo en conciencia. En ese sentido, la Sala estima que la invocación de pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado que permiten desentrañar los alcances y definiciones de los distintos actos jurídicos proferidos en desarrollo de la relación contractual, lejos de prescindir de la normativa vigente, lo que persigue es la adopción de decisiones acordes con la realidad negocial del Estado. Así las cosas, que los árbitros hubieses (sic) acudido a la interpretación que ha trazado esta Corporación respecto del alcance y naturaleza jurídica del pliego de condiciones para sustentar su decisión de entender incorporadas las obligaciones contendidas en el al contrato, no comporta un fallo en conciencia y da cuenta de que el laudo se profirió en derecho.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 80 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 230
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Corte Constitucional, sentencia del 13 de mayo de 2015, exp: C-284, actor: Carlos André Pérez Garzón, M.P.: Mauricio González Cuervo
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA
Para la Sala resulta improcedente revisar las consideraciones hechas por el tribunal al evaluar las actuaciones adelantadas por los contratantes en cumplimiento de las obligaciones atribuidas, toda vez que este análisis implica objetar las estimaciones de los árbitros al solucionar el caso puesto a su consideración. (…) la Subsección encuentra que el tribunal de arbitramento apoyó su decisión no solo en la normativa vigente aplicable al caso puesto a su consideración, sino, además, en el material probatorio debidamente incorporado al proceso, razón por la cual la causal fundada en la adopción de un fallo en conciencia establecida en el numeral 7 de la Ley 1563 de 2012 no está llamada a prosperar.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012
FALLO CITRA PETITA / INEXISTENCIA DEL FALLO CITRA PETITA / ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Al observar el contenido de la citada causal 9, es preciso acotar que se refiere de manera concreta a los eventos de fallo extra petita (el que resuelve sobre un asunto no sujeto a la decisión de los árbitros), ultra petita (el que resuelve más de lo pedido) y citra petita (el que deja de resolver una cuestión sometida al arbitramento). La referida causal se corresponde con una de las reglas de la congruencia de la sentencia, que es la que se funda en la comparación entre las pretensiones y las decisiones contenidas en la parte resolutiva, tal como dispone el siguiente párrafo a del artículo 281 del C.G.P. (…) Se puede observar que: i) la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 agrupó las causales 8 y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 y ii) en el texto actual de la causal 9 del artículo 41 la Ley 1563 de 2012 no se encuentra incluido el supuesto de las decisiones contradictorias. Aunque la causal 8 también se funda en el principio de congruencia, se advierte que está sometida a un requisito para su procedencia, cual es que haya sido alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento. Por ello, se ha llegado a concluir que la causal 8 del artículo 41 se corresponde con los eventos excepcionales en que procede la solicitud de aclaración de la sentencia. A su turno, la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 comprende tres supuestos definidos: i) cuando en el laudo otorga más de lo pedido (ultra petita), ii) cuando el laudo concede algo distinto de lo pedido (extra petita) y iii) cuando el laudo deja de resolver sobre lo pedido (citra petita). Con apoyo en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 , se agrega que, frente a los casos en que se evidencia la ocurrencia de la causal 9, el juez del recurso extraordinario puede anular las decisiones que exceden las pretensiones (ultra petita) o las que conceden cosa distinta de lo contenido en las pretensiones (extra petita) y, en el evento de que el laudo deje de resolver sobre algunas de las pretensiones (citra petita), le corresponde al juez de anulación entrar a decidir sobre la(s) pretensión(es) pendiente(s).
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 - CAUSAL 9 / DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 163 NUMERAL 8 / DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 163 NUMERAL 9 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 281
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FALLO CITRA PETITA / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Fallo citra petita por no haberse pronunciado el tribunal en relación con la caducidad de la acción: con base en lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que, como en el numeral 2 del artículo 41 de la ley 1563 de 2012 se previó expresamente la causal de anulación del laudo arbitral por caducidad de la acción, no es posible alegar este supuesto defecto por la vía de la causal consagrada en el numeral 9 ibídem, por no haber decidido el tribunal sobre cuestiones sujetas al arbitramento. (…) la Subsección encuentra que, pese al esfuerzo argumentativo del recurrente para encuadrar su alegato de caducidad de la acción en la causal de anulación del laudo por fallo citra petita, esta no puede ser debatida por esa vía, pues, por expresa disposición legal, la caducidad debe ser alegada a través de la causal 2, la cual, como ya se anotó, contempla ese supuesto de anulación del laudo de forma autónoma e independiente, cuya procedencia se encuentra supeditada al agotamiento de un requisito previo que fue inobservado por el recurrente.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 -NUMERAL 2
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo Estado; Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO(E)
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número:11001-03-26-000-2018-00206-00(63066)
Actor: ASOCIACIÓN AEROPUERTOS DEL CAFÉ
Demandado: CONSORCIO DICO IDT y OTRO
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL (Ley 1563 de 2012)
Temas: CAUSAL 2 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012. No se agotó requisito de procedibilidad consistente en la interposición del recurso de reposición en contra del auto de asunción de competencia. No se configuraron los presupuestos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad // FALLO EN CONCIENCIA. Causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. No se configuran los presupuestos del fallo en conciencia cuando se pretende modificar la valoración de la ley aplicable o de las pruebas practicadas en el proceso // CAUSAL 9 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012 // se presenta si el tribunal de arbitramento se pronuncia extra petita, ultra petita o citra petita. No se configuró.
Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el consorcio DICO IDT contra el laudo de 21 de agosto de 2018 que profirió el tribunal de arbitramento, dentro del trámite arbitral de la referencia, en el cual se resolvió lo siguiente (se transcribe de forma literal):
“RESUELVE:
“A. FRENTE A LA REFORMA A LA DEMANDA PRINCIPAL PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CONTRA EL CONSORCIO DICO-IDT Y LA SOCIEDAD DICONSULTORIA S.A.:
“PRIMERO: Declárase que no prosperan las excepciones de mérito denominadas ‘indebida integración del contradictorio’, ‘inexistencia de la obligación en cabeza del consorcio DICO-IDT de elaborar y modificar los diseños del contrato de obra’, ‘existencia de relación contractual entre la firma diseñadora y el Aeropuerto del Café’, ‘inexistencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del consorcio –Dico-idt alegado por Aeropuerto del Café, dada la ausencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-idt’, falta de prueba de la responsabilidad de la interventoría fundamentada en la prueba técnica aportada en la demanda – informe de diagnóstico Terraplenes No. 8 y No 10 presentado por el Consultor CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFÉ’, ‘improcedencia de las reclamaciones económicas pretendidas por la demandante por violación al principio del non bis in ídem’, inexistencia de la responsabilidad a cargo del consorcio Dico-Idt y cualquiera de sus integrantes sobre los supuestos perjuicios alegados por la Asociación Aeropuerto del Café, por la suscripción del acta de liquidación entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –Aerocivil y la Asociación Aeropuerto del Café’ propuestas por el Consorcio DICO-IDT en su contestación a la reforma de la demanda presentada por Aerocafé.
“SEGUNDO: En tal virtud, el Tribunal ACCEDE a las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena de la reforma a la demanda presentada por Aerocafé.
“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al Consorcio DICO-IDT y a la Sociedad DICONSULTORÍA S.A. a pagar, en favor de Aerocafé, la suma de CATROCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($14.759.262.305 m/cte), debidamente actualizados al momento del pago.
“CUARTO: Deniéguese la pretensión décima de la reforma de la demanda.
“QUINTO: En consecuencia, no habrá condena en costas, expensas y agencias en derecho en contra del Consorcio DICO-IDT y de la sociedad DICONSULTORIA S.A.
“B. FRENTE A LA REFORMA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN PROMOVIDA POR EL CONSORCIO DICO-IDT EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ:
“PRIMERO: El Tribunal ACCEDE a las pretensiones primera, segunda y tercera de la reforma a la demanda de reconvención presentada por el Consorcio DICO-IDT.
“SEGUNDO: En tal virtud, se DECLARA la nulidad de las Resoluciones Nos. 076 del 28 de junio de 2016 ‘Por medio de la cual se declara la ocurrencia de un siniestro y se hace efectiva la garantía’ y 187 del 15 de noviembre de 2016 ‘Por medio de la cual se resuelven los Recursos de Reposición Interpuestos contra la Resolución 076 de 28 de junio de 2015’.
“TERCERO: Como consecuencia de ello, se ORDENA a la asociación Aeropuerto del Café – Aerocafé REEMBOLSAR, con la debida inedexación, la cifra del MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.711’405.281.90) o cualquier suma que, en su favor y por concepto de la declaratoria del siniestro de la póliza de seguro de cumplimiento No CEST-1682 del 4 de noviembre de 2009, le hubiere cancelado al Consorcio DICO-IDT.
“CUARTO: Deniéguese la pretensión cuarta de la reforma a la demanda de reconvención.
“QUINTA: En consecuencia, no habrá condena en costas, expensas y agencias en derecho en contra de la Asociación Aeropuerto del Café – Aerocafé”.
“C. DISPOSICIONES FINALES
“PRIMERO: Ordenar la expedición, con las constancias de la ley, de copia auténtica de este Laudo Arbitral con destino a las partes, al señor Delegado del Ministerio Público y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
“SEGUNDO: Ordenar que, por Secretaría del Tribunal, se informe al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, sobre la expedición de este Laudo Arbitral, a fin de que tome nota de ellos en los registros que corresponda.
“TERCERO: Disponer que se haga entrega a los árbitros y a la secretaría del saldo de los honorarios, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de las sumas ordenadas por el Tribunal. El presidente procederá a presentar a las partes cuentas de las sumas puestas a su disposición para los gastos y expensas de funcionamiento del Tribunal.
“CUARTO: En firme este laudo, se ordena el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 1563 de 2012”.
I. A N T E C E D E N T E S
1.1. El procedimiento arbitral
Con fundamento en la cláusula trigésima quinta del contrato No. 111 del 27 de octubre de 2009, celebrado entre la Asociación Aeropuerto del Café y el Consorcio DICO-IDT, cuyo objeto consistió en la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRAPLÉN NO. 8 Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA LOS TERRAPLENES DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ, UBICADOS EN PALESTINA - CALDAS”, se integró un tribunal de arbitramento para conocer de la demanda instaurada el 18 de marzo de 2016, por la Asociación Aeropuerto del Café, en calidad de convocante, en contra del Consorcio DICO-IDT, en calidad de convocado.
1.2. La demanda
En los hechos de la demanda arbitral reformada se narró, en resumen, lo siguiente:
1.2.1. El 27 de octubre de 2009, la Asociación Aeropuerto del Café, (establecimiento público indirecto) y el Consorcio DICO-IDT celebraron el contrato 111 de interventoría técnica, administrativa y financiera respecto del contrato de obra 119 del 30 de noviembre de 2009, para la construcción del terraplén 8 y las obras complementarias y necesarias para los terraplenes del Aeropuerto del Café, ubicado en Palestina, departamento de Caldas. El valor del contrato de interventoría ascendió a cinco mil setecientos cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos ($5’704.684.273).
1.2.2. Las partes entraron en conflicto por razón del resultado de la consultoría contratada por la Asociación Aeropuerto del Café para llevar a cabo los estudios y diseños de afianciamiento técnico del Aeropuerto del Café, a través de la cual se estableció que la obra debía ser suspendida por las fallas técnicas que se presentaron en los diseños elaborados y aprobados por el consorcio DICO-IDT para la construcción del terraplén 8, con cual se generó el incumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 111 del 27 de octubre de 2009.
1.2.3. Mediante Resolución 222 del 27 de diciembre de 2013, la Asociación Aeropuerto del Café liquidó parcial y unilateralmente el referido contrato de interventoría, pero se abstuvo de declarar a paz y salvo al contratista, con el propósito de instaurar las acciones pertinentes para lograr el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados como resultado de los diseños “erróneos e inexactos” presentados por él.
1.2.4. Contra esa resolución, el consorcio y cada uno de sus miembros de manera individual presentaron recursos de reposición, los que fueron resueltos desfavorablemente mediante Resolución 056 del 13 de marzo de 2014, notificada el 23 de los mismos mes y año.
1.2.5. A través de la Resolución 76 de 2016, la Asociación Aeropuerto del Café hizo efectiva la garantía única de cumplimiento contenida en la póliza CEST-1682, por un valor de $1.711’405.281,90, confirmada mediante Resolución 187 de 2016.
1.3. Contestación de la demanda
El Consorcio DICO-IDT se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó las excepciones que se trascriben textualmente a continuación: “Indebida integración del contradictorio” “inexistencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-Idt de elaborar y modificar los diseños del Contrato de Obra”, “existencia de relación contractual entre la Firma Diseñadora y el Aeropuerto del Café”, “inexistencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del Consorcio Dico-Idt alegado por el Aeropuerto del Café, dada la ausencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-Idt”, “falta de prueba de la responsabilidad de la Interventoría fundamentada en la prueba técnica aportada en la demanda –Informe Diagnóstico Terraplenes Nº 8 y Nº 10 presentado por el Consultor CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFÉ”, “improcedencia de las reclamaciones económicas pretendidas por la demandante por violación al principio del non bis in ídem” e “inexistencia de responsabilidad a cargo del Consorcio Dico-Idt y cualqueira de sus integrantes sobre los supuestos perjuicios alegados por la Asociación Aeropuerto del Café, por la suscripción del Acta de Liquidación entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil la Asociación Aeropuerto del Café”. Adicionalmente, objetó el juramento estimatorio realizado por la convocante.
1.3.1. El Consorcio DICO-IDT demandó en reconvención a la convocante (Asociación Aeropuerto del Café) y pretendió que se declare la nulidad de las Resoluciones 076 y 187 de 2016, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro y se hizo efectiva la garantía contenida en la póliza de cumplimiento CEST 1682, expedida por la Compañía Colseguros (hoy Allianz S.A.), por cuantía de $1.711’405.281.90, valor que calculó como el monto del restablecimiento del derecho.
Acusó a los actos administrativos de estar falsamente motivados, pues, según dijo: (i) las razones fácticas en que se fundaron no corresponden a la realidad de la relación negocial ni se probaron debidamente, (ii) la declaratoria de siniestro de la póliza que amparó la estabilidad de la obra se fundó en el incumplimiento de obligaciones que no se encontraban a cargo del consorcio interventor, (iii) a través del procedimiento sancionatorio adelantado por el contratista mediante el cual hizo efectiva la póliza de cumplimiento se trasgredió su derecho a un debido proceso, en tanto no dio a conocer el informe de diagnóstico elaborado por un consultor externo sobre el que se soportó la expedición de las resoluciones demandadas y (iv) operó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro del que hacía parte la póliza de cumplimiento CEST 1682.
1.3.2. Contestación de la demanda de reconvención
La Asociación Aeropuerto del Café consideró que el tribunal de arbitramento sí tenía competencia para conocer de la nulidad de los actos administrativos demandados, pero dijo que esa declaración no procede, puesto que estos se expidieron con apego a las normas que informaron el contrato y al contenido obligacional en el inserto, en especial, lo relacionado con las modificaciones de los diseños del terraplén 8, obligaciones que, si bien normalmente no hacían parte de los contratos de interventoría, fueron previstas en el pliego de condiciones que precedieron a la celebración del negocio jurídico y que integraron su clausulado.
1.4. Auto mediante el cual el Tribunal de Arbitramento declaró su competencia
En la primera audiencia de trámite llevada a cabo el 24 de enero de 2018, el tribunal de arbitramento se declaró competente para dirimir las controversias planteadas en la demanda principal, así como las formuladas en la demanda de reconvención.
1.6. El laudo arbitral
En el laudo arbitral proferido el 21 de agosto de 2018, contra el cual se presentó el recurso extraordinario de anulación que ahora se examina, el tribunal de arbitramento profirió las decisiones que quedaron transcritas al inicio de esta providencia.
El tribunal de arbitramento consideró que el contradictorio fue debidamente integrado desde la presentación de la demanda inicial, a través de la cual solo fue convocado el consorcio DICO-IDT, pues, si bien este no conforma una persona jurídica distinta de sus integrantes, su concurrencia al proceso, según la última postura jurisprudencial del Consejo de Estado, puede intentarse por medio de su representante; no obstante, estimó adecuada la reforma que del escrito inicial de la demanda hizo la Asociación Aeropuerto del Café, en el sentido de incluir como convocada, individualmente considerada, a la sociedad Disconsultoría S.A., integrante del consorcio interventor, pues consideró que el lineamiento de esta Corporación no excluye la posibilidad de que los integrantes de los consorcios o uniones temporales acudan a los procesos de manera independiente.
Respecto de las excepciones propuestas por el consorcio DICO-IDT frente a la demanda, relativas a la “inexistencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-Idt de elaborar y modificar los diseños del Contrato de Obra”, “inexistencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del Consorcio Dico-Idt alegado por el Aeropuerto del Café, dada la ausencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-Idt” e inexistencia de responsabilidad a cargo del Consorcio Dico-Idt y cualqueira de sus integrantes sobre los supuestos perjuicios alegados por la Asociación Aeropuerto del Café, por la suscripción del Acta de Liquidación entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil la Asociación Aeropuerto del Café”, el tribunal estableció que la obligación de realizar los ajustes al diseño del terraplén 8 fue asignada al consorcio interventor; conclusión a la que arribó con base en lo dispuesto en el capítulo 6 del pliego de condiciones (el que, advirtió, hace parte del contrato 111 de 2009), en el que se definieron las funciones y obligaciones de la interventoría, las cuales comprendieron, según el tribunal, las relacionadas con el suministro oportuno de los nuevos diseños al constructor de la obra y la elaboración de las modificaciones que demandara el proyecto para evitar inconvenientes con la gestión predial y para asegurar la reducción de costos.
Para el tribunal, la problemática presentada en la construcción de la obra y que ocasionó su suspensión, referida a la inconsistencia existente entre el ángulo de inclinación del terreno del diseño inicial que correspondía a 33º 69’ minutos y que luego, con base en un estudio de geotecnia, fue calculado en 30º, guarda estrecha relación con la gestión predial asignada al consorcio interventor, pues con la inclinación inicial calculada se desbordaban los límites prediales establecidos para esa obra, de modo que era del resorte de las funciones del interventor modificar el diseño inicial.
Frente a la excepción de “Existencia de relación contractual entre la Firma Diseñadora y el Aeropuerto del Café”, el tribunal de arbitramento dijo que no existió tal vínculo contractual, pues, si bien el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales declaró la existencia de un contrato, esa decisión fue revocada íntegramente por el Tribunal Administrativo de Caldas.
Agregó que en el proceso arbitral lo que se demostró fue que la elaboración de los nuevos diseños fue el resultado del requerimiento que la convocante le formuló directamente al consorcio DICO-IDT, en atención a la obligación contenida en el numeral 6.2. del pliego de condiciones definitivo.
En lo que tiene que ver con las pretensiones de la demanda de reconvención, referidas a la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro y se hizo efectiva la garantía única de cumplimiento, indicó el tribunal que la falsa motivación alegada no se configuró, en la medida en que la obligación contractual de modificar los diseños iniciales en aras de eludir problemas con la gestión predial era del resorte exclusivo del consorcio interventor, de modo que la expedición de las resoluciones acusadas correspondieron a la realidad del vínculo contractual y el proceso constructivo adelantado.
En relación con la alegada violación al debido proceso del consorcio DICO-IDT ante la omisión de la convocante de correr traslado del informe entregado por el consultor, el tribual estimó que no se configuró tal cargo, porque el trámite podía desarrollarse bajo las directrices del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, aun cuando no se tratara de la imposición de multas y, además, porque, a la luz de esa misma norma, “no siempre es necesario para sancionar, para declarar el incumplimiento o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, etc., un informe del supervisor e interventor”.
De otra parte, el tribunal de arbitramento señaló que el incumplimiento de las obligaciones del contratista ocurrió durante la vigencia de la póliza afectada y que fue conocido por la Asociación Aeropuerto del Café, al menos, el 10 de agosto de 2013, por lo cual concluyó, con base en lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, que la entidad pública contaba con dos años para declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, pero como lo hizo el 28 de junio de 2016, coligió que la Resolución 76 y la que la confirmó (la 187 de noviembre de 2016) se expidieron extemporáneamente, pues para el momento en que se profirieron ya había operado la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y con la ella había prelucido también la facultad de la administración para hacer esas declaraciones, como consecuencia, accedió a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Frente a la cuantificación de los perjuicios sufridos por la contratante con ocasión del incumplimiento de las obligaciones por parte del consorcio, el tribunal estimó que el dictamen pericial aportado por la Asociación Aeropuerto del Café cumplió con las condiciones formales para su admisibilidad y valoración y dijo que, con base en la información allí consignada, se pudo establecer que las obras correspondientes a la construcción del muro 2 del terraplén 8 ascendieron a $9.518’488.777, cifra que indexada a la fecha de presentación del dictamen -31 de mayo de 2017- resultó en $12.314’347.503.
Adicionalmente, señaló que, con apoyo en el mismo dictamen, se estableció que el valor pagado por la Sociedad Aeropuerto del Café por concepto del diagnóstico y elaboración de los diseños finales de las obras proyectadas en el sector del terraplén 8 tuvieron un costo de $1.985’145.082, cifra que actualizada ascendió 2.444’914.802.
Así las cosas, el tribunal de arbitramento accedió a las pretensiones indemnizatorias formuladas por la convocante y desestimó la excepción invocada por el consorcio relativa a la “improcedencia de las reclamaciones económicas pretendidas por la demandante por violación al principio del non bis in ídem”.
En relación con el juramento estimatorio realizado tanto en la demanda principal como en la de reconvención, el tribunal desestimó la aplicación de las sanciones detalladas en el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, pues accedió a las pretensiones indemnizatorias formuladas por la entidad convocante y también a la pretensión de nulidad de los actos administrativos y al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda de reconvención.
Finalmente, el tribunal de arbitramento se abstuvo de condenar en costas a las partes, en la medida en que encontró cuantitativamente equilibradas las posiciones de los extremos de la litis y no advirtió mala fe ni temeridad en sus actuaciones.
1.8. Solicitud de aclaración
El Consorcio DICO-IDT presentó solicitud de aclaración del laudo arbitral, con el fin de que se pronuncie sobre las pruebas que, dijo, no fueron consideradas por el tribunal y para que decida sobre las excepciones que, a su juicio, no fueron resueltas.
Por su parte, la Asociación Aeropuerto del Café solicitó la aclaración y/o complementación del laudo, para que se señalen las razones por las cuales no operó la interrupción de la prescripción contemplada en el artículo 94 del Código General del Proceso y para que se expresen los motivos por los cuales el tribunal de arbitramento consideró que tenía competencia para pronunciarse respecto de la legalidad de los actos administrativos contractuales.
Las solicitudes de aclaración y/o complementación se denegaron por decisión contenida en el acta del 14 de septiembre de 2018, con fundamento en que se resolvieron todas las pretensiones y excepciones formuladas en el proceso arbitral, por lo que era improcedente la adición o complementación del laudo.
1.9. Trámite procesal del recurso de anulación
El 29 de octubre de 2018, el Consorcio DICO – IDT interpuso y sustentó, a través de apoderado, el recurso de anulación contra el laudo arbitral proferido el 21 de agosto de ese mismo año, en la forma que se detallará más adelante; la secretaría del tribunal de arbitramento dio traslado del citado recurso y, en su oportunidad, se pronunció la Sociedad de Aeropuerto del Café.
Mediante providencia del 23 de agosto de 2019, el despacho conductor del proceso admitió el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio DICO-IDT, parte convocada en el proceso arbitral.
1.10 El Ministerio Público no se pronunció
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver el recurso extraordinario de anulación, la Sala seguirá el siguiente orden de razonamiento:
1) Jurisdicción y competencia.
2) Oportunidad en la presentación del recurso.
3) Causales invocadas en el recurso de anulación.
4) Contenido de la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
5) El caso concreto.
6) Costas.
1. Jurisdicción y competencia
De conformidad con lo dispuesto en el auto del 23 de agosto de 2019, el Consejo de Estado detenta la jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación identificado en la referencia, teniendo en cuenta que la Sociedad Aeropuerto del Café -una de las partes del conflicto contractual que se desató con el laudo arbitral– es un establecimiento público indirecto del orden departamental.
Se agrega que esta Sala es competente para conocer del citado recurso extraordinario de anulación, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.
2. Oportunidad en la presentación del recurso
Se verifica la oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de anulación, tal como se expuso en el auto de admisión, toda vez que el proveído que resolvió las solicitudes de aclaración y complementación se notificó en estrados el 14 de septiembre de 2018 y por ello el término de 30 días fijado en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 para interponerlo vencía el 29 de octubre de ese mismo año, día en el que Consorcio DICO-IDT presentó el recurso.
Como consecuencia, la parte convocada cumplió con la presentación oportuna del recurso de anulación.
3. Causales invocadas en el recurso de anulación que se estudia en este caso
El Consorcio DICO-IDT interpuso el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral del 21 de agosto de 2018, con fundamento en las causales 2, 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, según se detalla a continuación.
4. Causal 2 de anulación: la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia
4.1. Argumentos de la parte recurrente
El Consorcio DICO-IDT adujo que el tribunal adelantó un trámite sin observar los presupuestos procesales, puesto que no verificó la oportunidad de la demanda arbitral, la cual, aseveró, ya había caducado al momento de su presentación.
Indicó el recurrente que el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales para aquellos contratos en los que se requiriere liquidación y esta no se lograre debe empezar a contabilizarse, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una vez expirados los 4 meses de la liquidación bilateral más los dos meses siguientes previstos legalmente para la liquidación unilateral, momento a partir del cual se cuenta con dos años para impetrar la acción judicial.
Refirió que ese plazo no puede ser modificado por las partes a su arbitrio, pues de llegarse a efectuar una liquidación concertada o unilateral, el término de caducidad del medio de control era improrrogable, por lo que, si se lograba liquidar el contrato a un mes de cumplirse los dos años de caducidad del medio de control, era dentro de ese plazo faltante que debía acudirse a la vía judicial o arbitral.
Al referirse al caso concreto, señaló que el contrato de interventoría 111 terminó el 31 de marzo de 2015 (sic), por lo que los 6 meses para intentar su liquidación vencieron el 1 de noviembre de 2013, momento a partir del cual las partes contaban con dos años para presentar la demanda ante la justicia arbitral, los que vencieron el 1 de noviembre de 2015 y como la demanda fue impetrada el 18 de marzo de 2016, lo fue de manera extemporánea.
Afirmó que el hecho de que la Asociación Aeropuerto del Café hubiese liquidado unilateralmente el contrato mediante acto administrativo del 27 de diciembre de 2013, confirmado el 13 de marzo de 2014, no interrumpió el término de caducidad que empezó a contabilizarse el 1 de noviembre de 2013.
En igual sentido, manifestó que el procedimiento sancionatorio adelantado en el 2015 que terminó con la declaratoria del siniestro e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento tampoco tenía la virtualidad de interrumpir el plazo para la presentación oportuna del medio de control.
De otro lado, señaló que el fenómeno extintivo de la caducidad solo cobija las pretensiones formuladas en la demanda principal y su reforma, mas no las presentadas en la demanda de reconvención, en tanto las primeras tuvieron su origen en el contrato celebrado, mientras que con las segundas se buscó la nulidad de los actos administrativos expedidos al cabo del trámite sancionatorio, respecto de los cuales el control judicial podía solicitarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a su ejecutoria.
Adicionalmente, consideró la parte recurrente que la omisión de interponer el recurso de reposición en contra del auto que asumió competencia, tal como lo exige el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, debe ser inaplicado por inconstitucional, dado que la configuración de la caducidad, a diferencia de la falta de jurisdicción o competencia, corresponde a un presupuesto procesal de mayor complejidad, cuya ocurrencia muchas veces solo puede ser advertida luego de expedido el referido auto, sin que esta omisión habilite a los árbitros a resolver acciones afectada por esta fenómeno extintivo que es de orden público, de pleno derecho e irrenunciable.
Agregó que la exigencia contenida en el artículo 41 de la ley 1563 de 2012 respecto de la interposición del recurso de reposición en contra del auto de asunción de competencia no debe aplicarse en los casos en los que se configure la caducidad de la acción, puesto que “además de necesitar un análisis mucho más profundo y diligente, permitir que no se pueda alegar la caducidad así se haya materializado, sería aceptar que se vulneren disposiciones de orden público, se ocasione inseguridad jurídica y, en últimas, se autorice la validez de una providencia judicial que desconoce derechos fundamentales de las partes en litigio”.
Señaló también que, dado que el tribunal de arbitramento incurrió en un defecto procedimental, es viable, incluso, acudir a la tutela contra providencia judicial por vulneración del derecho fundamental al debido proceso, lo cual, a su juicio, confirma que en este caso debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad respecto de la exigencia contenida en el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Aseguró que, dada la ausencia de un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad o, en su defecto, la constitucionalidad condicionada de este requisito de procedibilidad, es imperativo para el funcionario judicial hacer una excepción respecto de la aplicación de la ya referida norma, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política, en la medida en que la exigencia que contiene vulnera el derecho fundamental al debido proceso y desconoce las garantías procesales de los administrados.
Afirmó que, al margen de que se hubiera alegado o no la caducidad mediante el recurso de reposición en contra del auto por medio del cual el tribunal asumió competencia, era deber de los árbitros analizar ese presupuesto y declarar de oficio su configuración, pero omitieron por completo su estudio, con lo cual, además de que se vulneró el derecho al debido proceso del consorcio convocado, se desconoció un presupuesto fundamental para resolver sobre las pretensiones de la Asociación Aeropuerto del Café.
4.2. Contestación de la Asociación Aeropuerto del Café
La Asociación Aeropuerto del Café arguyó que la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad respeto de la exigencia contenida en el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no es procedente, ya que esa norma no es contraria a la Constitución, pues tiene su origen en la libertad de configuración normativa que ostenta el Congreso de la República; además de que no riñe con los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que la discrecionalidad propia de la función legislativa permite establecer las ritualidades, la competencia, los recursos, los términos, el régimen probatorio, entre otros asuntos, de este tipo de procesos, sin que esas determinaciones vulneren los postulados constitucionales.
Frente a la caducidad del medio de control de controversias contractuales, señaló que para el caso de contratos de tracto sucesivo el término de caducidad aplicable corresponde al contemplado en los ordinales tercero, cuarto y quinto del numeral 2 del artículo 164 del CPCA y como el contrato se liquidó unilateralmente a través del acto administrativo notificado por aviso el 25 de marzo de 2014, el término para el ejercicio oportuno del medio de control venció el 26 de marzo de 2016, momento para el cual la demanda ya había sido radicada.
4.3 Consideraciones de la Sala
4.3.1. Cuestión previa. Soporte jurisprudencial de la causal 2 del artículo 41 en el actual estatuto de arbitraje
La causal de anulación del laudo arbitral referida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone:
“2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”.
“Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia”.
La declaración de caducidad de la acción corresponde, en principio, a una impugnación del laudo propia de la parte demandante, dado que favorece al demandado y, por ello, no tendría sentido que este impugnara el laudo en aquellos casos en los cuales se ha hecho esa declaración.
Por otra parte, aun sin considerar la consagración expresa de la citada causal en la ley de arbitraje, debe advertirse que la no ocurrencia de la caducidad de la acción constituye un presupuesto procesal que debe cumplirse para que el juez pueda llegar al fondo del asunto y por ese motivo la caducidad debe ser estudiada desde la audiencia de conciliación, toda vez que el tribunal de arbitramento no puede instar a las partes a resolver sus diferencias sobre las pretensiones de la demanda, en caso de que evidencie, de manera plenamente soportada, que el demandante ha dejado operar la caducidad de la acción contractual.
Respecto del derecho a la contradicción, tratándose de la caducidad de la acción determinada en la primera audiencia de trámite, puede presentarse que el tribunal no declare la caducidad y, por el contrario, decida asumir competencia sobre el fondo de la controversia. En ese caso, la parte demandada que cree tener derecho a la declaratoria de caducidad, debe interponer el recurso de reposición al que se refiere el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en tanto que le corresponde rebatir un pronunciamiento que ignora o pasa por alto la caducidad de la acción.
Se hace notar que el recurso de reposición tiene que interponerse, incluso, si el tribunal de arbitramento omite analizar el presupuesto de la caducidad. Esa carga procesal se le impone al demandado para cumplir con el requisito de procedibilidad y dejar abierto el paso a la causal de anulación, por caducidad de la acción.
4.3.2. En el caso concreto el recurrente solicita que se inaplique el penúltimo inciso del artículo 41 de la ley 1563, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política, en aras de que se desconozca el requisito de procedencia de la causal 2, relativo a la interposición del recurso de reposición en contra del auto mediante el cual el tribunal de arbitramento asume competencia.
La Sala precisa que la excepción de inconstitucionalidad se erige como un mecanismo para proteger la supremacía de los preceptos constitucionales sobre leyes u otras disposiciones normativas en caso de presentarse contradicción entre ellas.
Así mismo, debe recordarse que este control esta instituido exclusivamente para casos o situaciones concretas y su aplicación corresponde a la autoridad que conozca del asunto y sus efectos tienen alcance inter partes.
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido dos exigencias para la prosperidad del control excepcional de constitucionalidad, a saber: (i) que no exista un control abstracto de constitucionalidad por parte de esa Corporación y (ii) que la contradicción entre la norma constitucional y la de inferior jerarquía resulte de tal magnitud que su aplicación vulnere los postulados consignados en la carta política.
Con relación al primer requisito, la Sala encuentra que se cumple, pues no se ha proferido por parte de la Corte Constitucional un pronunciamiento acerca de la exequibilidad del penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pero no ocurre lo mismo frente al segundo supuesto, por cuanto no se avizora que la aplicación de esta norma produzca efectos inconstitucionales.
Lo anterior, porque, como lo señaló la Asociación Aeropuerto del Café, la exigencia de recurrir el auto mediante el cual el tribunal de arbitramento asume competencia para la procedencia de la causal segunda de anulación responde a la liberalidad con la que el órgano legislativo construye las leyes que integran el ordenamiento jurídico, respecto de las cuales puede establecer los procedimientos, actuaciones y cargas atribuidos a cada una de las partes, sin que estas constituyan, per se, un desconocimiento al debido proceso, máxime cuando lo pretendido es salvaguardar la validez de los procesos desde su etapa inicial.
Para la Subsección, esa carga procesal no vulnera las garantías constitucionales de las partes del proceso arbitral, en la medida en que el recurso de reposición se concibe como una oportunidad temprana para que los árbitros puedan evaluar las situaciones que tengan la virtualidad de afectar el correcto desarrollo del trámite arbitral y puedan, cuando no adviertan las falencias presentadas, adoptar las medidas necesarias para remediarlas.
Además, la Sala no comparte la apreciación del recurrente en el sentido de que la identificación del acaecimiento de la caducidad del medio de control corresponda a una labor de alta complejidad que no pueda ser advertida en un momento previo al de la expedición del auto a través del cual el tribunal de arbitramento asume competencia, más, si se tiene en cuenta que, para el caso concreto, los motivos en que funda la extemporaneidad de la presentación de la demanda siempre fueron conocidos por la parte recurrente, toda vez que el término de vigencia del contrato y la fecha de expedición del acto administrativo mediante el cual la entidad pública lo liquidó corresponden a los antecedentes que hicieron parte, no solo del negocio jurídico, sino de la información que reposaba en el expediente desde su inicio.
Así las cosas, la Sala considera que la solicitud de inaplicar la referida norma, por la supuesta inconstitucionalidad, lejos de procurar preservar la supremacía de la Constitución Política sobre normas de menos jerarquía, tuvo como propósito remediar una falencia en las cargas procesales asignadas al consorcio recurrente, que omitió interponer el recurso de reposición en contra del auto a través del cual el tribunal asumió competencia.
Así las cosas, como el recurrente no agotó el requisito de procedibilidad exigido para el análisis de la causal segunda de anulación, relativa a la caducidad de la acción, pues no interpuso el recurso de reposición en contra del auto proferido por el tribunal de arbitramento en la audiencia llevada a cabo el 24 de enero de 2018, mediante la cual asumió competencia, esta causal no prospera.
5. Causal 7 de anulación: haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo
5.1. Argumentos de la recurrente
Señaló que la decisión arbitral se fundó exclusivamente en tres o cuatro sentencias del Consejo de Estado, mediante las cuales se le dio el carácter prevalente e imperativo al pliego de condiciones, con el fin de determinar la forma en que debió interpretarse ese acto precontractual, sin invocar una disposición normativa que respaldara esa consideración.
Refirió el consorcio que el laudo impugnado careció de los argumentos de derecho en que fundó la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda principal, pues, de manera caprichosa, se limitó a analizar e interpretar de manera incompleta la obligación consignada en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones, sin considerar los demás instrumentos contentivos de los términos y condiciones en que fue pactado el contrato y el material probatorio que demostraba el desarrollo de la relación negocial.
Señaló que el tribunal de arbitramento no desplegó ningún análisis de las pruebas documentales referidas a: (i) los oficios por medio de los cuales la Asociación Aeropuerto del Café recibió de parte de la firma de diseño contratada los ajustes a los planos inicialmente propuestos, (ii) los oficios a través de los cuales la contratante entregó los diseños al consorcio, (iii) los oficios que envió la interventoría a fin de que la contratante precisara el ajuste a los diseños, (iv) los oficios que contenían las aclaraciones a los diseños que remitió la convocante al interventor y (v) los oficios entregados por la firma de diseño contratada al consorcio, a fin de dar respuesta a los requerimientos planteados, todos ellos demostrativos de la relación contractual existente entre la entidad pública y la firma de diseño, cuyo objeto se contrajo al ajuste de los diseños inicialmente presentados, vínculo negocial a partir del cual se concluía que no era obligación del consorcio su modificación.
Adujo el recurrente que la forma en que el tribunal de arbitramento concibió las obligaciones contenidas en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones correspondió a un fallo en conciencia, pues solo tomó en cuenta las cargas atribuidas al consorcio interventor, sin considerar que esa misma disposición contractual definía deberes relativos a la aprobación de los estudios y diseños asignados a la entidad pública, los que, incumplidos, hacían imposible la verificación de la obligación por parte del interventor.
Indicó que el tribunal de arbitramento arribó a la conclusión de que el ajuste a los diseños guardaba relación con la gestión predial que él debía adelantar, en aras de evitar el sobrecosto del proyecto con ocasión de la adquisición de predios, aseveración que, a su juicio, no se encontraba respaldada en la prueba técnica aducida por el tribunal, en la medida en que el problema de los diseños inicialmente presentados tuvo origen en la variación del ángulo de inclinación, que, si bien requerían una mayor distancia para la ejecución de las obras y, en ese orden, mayor cantidad de predios, no podía la autoridad arbitral asegurar que esa circunstancia correspondiera con la obligación contenida en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones.
Afirmó el recurrente que el tribunal de arbitramento omitió evaluar varias pruebas que demostraban el cabal cumplimiento del contenido obligacional asumido por el consorcio, como ejemplo de esa omisión mencionó: (i) el acta de liquidación del contrato 9000180-OK-2009 suscrito entre la Asociación Aeropuerto del Café y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por medio de la cual se demostró el cabal cumplimiento de los débitos contractuales, de los que hacía parte las obras relacionadas con el terraplén 8, (ii) el acta de liquidación del contrato de interventoría 111 de 2009, en la que se hizo un cruce de cuentas entre los contratantes, (iii) el informe diagnóstico de los terraplenes 8 y 9 realizado por el constructor contratado por la entidad pública, del cual se extrae que el error en los diseños radicó en diferentes factores, dentro de los cuales no figuró la gestión predial.
Resumió que “resulta ilógica la conclusión a la que llega el tribunal, puesto que, de haber analizado el material probatorio de acuerdo con los parámetros previstos en la ley, la conclusión a la que hubiere llegado hubiese sido ostensiblemente distinta a la que llegó al proferir el laudo en equidad y no en derecho”.
5.2. Contestación de la convocante
La Sociedad Aeropuerto del Café reparó en que la intención del recurrente perseguía un análisis propio de un recurso ordinario de apelación, con lo cual desnaturalizaba el carácter formal y excepcional de recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, pues en esta instancia le era vedado a la corporación judicial analizar los razonamientos, conceptos o alcances emitidos sobre los hechos controvertidos y sus consecuencia jurídicas, revivir el debate probatorio o realizar un control judicial de la decisión de los árbitros, actuaciones que el recurrente solicita con la formulación del recurso.
En relación con la ausencia de norma jurídica que sustente el carácter prevalente e imperativo que el tribunal de arbitramento le atribuyó al pliego de condiciones, señaló la entidad pública que, debido a la ausencia normativa respecto de la definición de ese documento, resulta apropiado acudir a la interpretación jurisprudencial, según la cual las disposiciones contenidas en ese acto jurídico se integran al contenido del negocio jurídico y para los contratantes son exigibles sus interpretaciones vinculantes y de carácter supletivo ante el vacío normativo.
Frente a la interpretación incompleta de las obligaciones previstas en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones, señaló que el análisis de su contenido obligacional lo realizó el tribunal con base en el criterio de literalidad, el cual le permitió definir que la modificación de los diseños era un deber asignado al consorcio, en los casos en los que aquellos guardaran relación con la gestión predial, lo que de hecho se concluyó de los estudios técnicos presentados.
En relación con la falta de valoración de algunas pruebas, indicó la convocante que el recurrente pretende reabrir el debate probatorio, lo cual no le está permitido en el marco del recurso extraordinario de anulación.
Indicó que el consorcio recurrente pretende reabrir el debate probatorio, cuestión que escapa al alcance del recurso y que acude a interpretaciones subjetivas que no se compadecen con el análisis desplegado por el tribunal de arbitramento.
5.3. Consideraciones de la Sala en torno de la causal de fallo en conciencia
5.3.1. No se configuran los presupuestos del fallo en conciencia cuando se pretende modificar la valoración de la ley aplicable o de las pruebas practicadas en el proceso
La Sala pone de presente las siguientes consideraciones de la Corte Constitucional, expuestas en la sentencia SU 173 de 2015, en la cual delimitó el alcance del recurso de anulación y la causal de fallo en conciencia (se transcribe de forma literal):
“El recurso extraordinario de anulación no es otra cosa que un mecanismo restrictivo, extraordinario y excepcional, que se limita a cuestionar asuntos de forma - errores in procedendo-, que comprometen la ritualidad de la actuación procesal, esto es la forma de los actos, su estructura externa, su modo ordinario de realizarse, los cuales se presentan cuando el juez, ya sea por error propio o de las partes, se desvía o aparta de los medios señalados por el derecho procesal para la dirección del juicio, al punto que con ese apartamiento se disminuyen las garantías del contradictorio o se priva a las partes de una defensa plena de sus derechos.
“(…).
“De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el fallo en equidad o en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico, prescindiendo del ordenamiento positivo y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los hechos y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la controversia, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada (‘ex aequo et bono’)”.
En el conocimiento de la acción de tutela que motivó la anterior jurisprudencia de unificación, la Corte Constitucional anuló una sentencia del Consejo de Estado que había declarado fundado el recurso de anulación contra un laudo arbitral, por la no apreciación de las reglas legales aplicables al contrato y de las pruebas sobre el valor de las utilidades del contratista.
La ratio decidendi de la sentencia de la Corte Constitucional se fundó en que el Consejo de Estado en conocimiento del recurso de anulación no puede realizar un juicio basado en los errores “in iudicando”, por cuanto obraría como juez de segunda instancia, lo cual se opone a la naturaleza del trámite arbitral como proceso de única instancia y a la condición exceptiva y taxativa de las causales del recurso de anulación previstas en la ley. Lo anterior se puede observar en el siguiente razonamiento (se transcribe de forma literal):
“En este punto, se destacó que la competencia del Juez Contencioso en materia de anulación, se contrae a revisar los errores in procedendo, pues, salvo excepciones legales, no hace parte de la órbita de competencia del Juzgador el conocimiento del errores in iudicando, siendo estos más propios de una segunda instancia y el recurso de anulación no tiene tal condición. // (…) el fallo atacado, contiene una censura a la interpretación de las reglas del contrato de concesión y, a la valoración de las pruebas que en su momento hicieran los árbitros del contrato de concesión celebrado (…).Para la Corte Constitucional, dicha forma de proveer evidencia un juicio por errores in iudicando, con lo cual el Juez de anulación se transformó en un Juez de Segunda Instancia, excediendo con ello las competencias propias de la anulación adjudicándose otras que para el caso no le están atribuidas por la Ley. Del mismo modo, al fungir materialmente como segunda instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en un defecto procedimental, pues, surtió un trámite que no le está autorizado por el ordenamiento jurídico en asuntos como el revisado”.
Siguiendo la sentencia de la Corte Constitucional, debe advertirse que la causal de fallo en conciencia no se puede estructurar rebatiendo el análisis de la ley ni de las pruebas que haya apreciado el tribunal de arbitramento. Lo anterior, toda vez que – se repite- el recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación de la ley aplicable ni la valoración de las pruebas realizada en el fallo arbitral.
Precisado lo anterior, la Sala procede a estudiar las razones por las cuales la parte recurrente considera configurada la causal de anulación del laudo por fallo en conciencia:
• En lo que concierne a la ausencia de una norma jurídica que indique la naturaleza y alcance de los pliegos condiciones respecto de los contratos, la que, a juicio del recurrente, configura la adopción de un fallo en conciencia por fundarse el laudo únicamente en argumentos jurisprudenciales, es pertinente señalar, como ya en otras oportunidades lo ha hecho esta corporación, que para definir si un laudo se profiere en derecho, esta expresión debe entenderse en su acepción más amplia, que incluye “normas de derecho positivo, principios generales, doctrina constitucional, o, (sic) jurisprudencia; (sic) hace que el laudo sea calificable como ‘en derecho’ y no en conciencia …”.
Al respecto, la Sala destaca, como lo ha hecho la Corte Constitucional en una interpretación armónica de los artículos 1, 13, 80 y 230 de la Constitución Política, que en nuestro ordenamiento la jurisprudencia forma parte de las fuentes del derecho, por lo que la invocación de pronunciamientos consistentes y reiterados del Consejo de Estado para sustentar una decisión arbitral, en manera alguna comporta un fallo en conciencia.
En ese sentido, la Sala estima que la invocación de pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado que permiten desentrañar los alcances y definiciones de los distintos actos jurídicos proferidos en desarrollo de la relación contractual, lejos de prescindir de la normativa vigente, lo que persigue es la adopción de decisiones acordes con la realidad negocial del Estado.
Así las cosas, que los árbitros hubieses acudido a la interpretación que ha trazado esta Corporación respecto del alcance y naturaleza jurídica del pliego de condiciones para sustentar su decisión de entender incorporadas las obligaciones contendidas en el al contrato, no comporta un fallo en conciencia y da cuenta de que el laudo se profirió en derecho.
• Frente al segundo argumento esbozado, según el cual el tribunal de arbitramento se limitó a analizar en forma parcial las obligaciones contenidas en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones, sin observar los demás instrumentos del vínculo contractual a partir de los cuales, a su juicio, era posible constatar que no se presentó incumplimiento alguno, la Sala advierte que las conclusiones a las que arribó el tribunal no se basaron exclusivamente en el análisis de la mencionada cláusula, sino también, entre otros aspectos, en los términos en los que fueron aceptados algunos hechos por parte del convocado y en los documentos que dieron cuenta de las solicitudes hechas por la Sociedad Aeropuerto del Café al consorcio para la entrega de la definición de los diseños del terraplén 8, lo cual demuestra que el fallo se profirió en derecho.
Lo anterior pone en evidencia que la apreciación en la que se sustenta este cargo escapa a los propósitos del recurso extraordinario de anulación, pues lo que en realidad pretende el recurrente es debatir las conclusiones a las que arribó el tribunal con base en el análisis de las pruebas que obraron en el proceso y que lo llevaron a colegir que el origen de los perjuicios padecidos por la entidad contratante guarda relación directa con la obligación del interventor de modificar los diseños en aquellos casos en que se pudieran minimizar costos o eludir problemas de predios y de entregar oportunamente las referidas variaciones al constructor, previa autorización de la contratante, deber que, según el análisis probatorio de los árbitros, se encontraba asignado al interventor en la redacción de la cláusula 6.2. del pliego de condiciones, interpretación esta que no puede ser objeto de valoración por parte del juez del recurso de anulación, en la medida en que esta disposición contractual (cláusula 6.2. del pliego de condiciones), como fuente primaria de obligaciones de este negocio jurídico, fue analizada y sopesada por los árbitros al resolver los cargos formulados.
Para la Sala resulta improcedente revisar las consideraciones hechas por el tribunal al evaluar las actuaciones adelantadas por los contratantes en cumplimiento de las obligaciones atribuidas, toda vez que este análisis implica objetar las estimaciones de los árbitros al solucionar el caso puesto a su consideración.
• Argumentó el recurrente que el tribunal de arbitramento ignoró las pruebas que demostraban la existencia del vínculo contractual entre la Asociación Aeropuerto del Café y una firma de diseño, negocio jurídico que, según dijo, suponía la asunción de la obligación de modificar los diseños por parte de esta última y, como consecuencia, la inexistencia de esa misma obligación en cabeza del consorcio.
En relación con este aspecto, la Sala observa que la conclusión del tribunal, en cuanto a que la obligación de modificar los planos y los estudios iniciales la asumió el consorcio interventor, se basó, entre otras pruebas, en el análisis de varias comunicaciones y de unas providencias judiciales que desestimaron la existencia de una relación negocial entre la Sociedad Aeropuerto del Café y la firma de diseño, por lo cual se observa que, en este punto también la parte recurrente pretende debatir las conclusiones a las que arribó el tribunal de arbitramento, lo que, se insiste, no tiene cabida en el marco del recurso extraordinario que se estudia.
• Indicó el recurrente que el tribunal de arbitramento no evaluó en conjunto con otras pruebas las obligaciones contendidas en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones, pues no tuvo en cuenta que allí se estipuló el deber de la contratante de aprobar los estudios y diseños, autorización sin la cual era materialmente imposible que se verificara el ajuste al que supuestamente estaba obligado.
Al respecto encuentra la Sala que el laudo arbitral se refiere detalladamente al envío de comunicaciones entre los contratantes, entre las cuales se resaltó que, a través del oficio del 18 de mayo de 2010, la Sociedad Aeropuerto del Café aprobó los planos y el diseño aportado por el consorcio interventor, a partir de lo cual puede colegirse que el tribunal sí apreció en su conjunto las obligaciones de los contratantes y con base en ese análisis determinó que la suspensión de la obra se originó en el incumplimiento del recurrente, con lo cual se pone en evidencia que el laudo se profirió en derecho y, a su vez, que la recurrente con el recurso de anulación interpuesto pretende debatir las conclusiones probatorias a las que arribó el tribunal.
• En lo que tiene que ver con la decisión del tribunal de arbitramento de relacionar la necesidad de ajustar los diseños con la labor de gestión predial, que en palabras del consorcio constituye una valoración subjetiva y sin soporte probatorio, encuentra la Subsección que esta conclusión del tribunal también se basó en las pruebas del proceso, específicamente en la prueba geotécnica que señaló que la contradicción entre el ángulo de inclinación del primer diseño y el del segundo influía directamente en la adquisición de predios, lo cual evidencia que el fallo fue en derecho y que lo que pretende el recurrente es reabrir el análisis probatorio, con miras a obtener unas conclusiones distintas a aquellas a las que arribó el tribunal de arbitramento y que le sirvieron de sustento para adoptar su decisión en relación con el incumplimiento del consorcio.
• Frente a la omisión de analizar algunos medios de prueba, a partir de los cuales, según el recurrente, se podía colegir el cabal cumplimiento de las obligaciones del interventor, la Sala advierte que “El laudo en conciencia se estructura cuando los árbitros se apoyan exclusivamente en su íntima convicción del caso, no dan razones de su decisión o prescinden de toda consideración jurídica o probatoria”, lo cual no ocurrió en este caso, pues, según lo analizado, todas las decisiones que adoptó el tribunal se basaron en el análisis de los medios demostrativos que obraron en el proceso.
Además, en la providencia mediante la cual el tribunal resolvió no adicionar el laudo arbitral se expresó, frente al proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría 111 de 2009 y el contrato 9000180-OK-2009, que no fueron decretadas como pruebas documentales, razón por la cual era imposible su valoración.
En esa oportunidad procesal el tribunal aseguró (se trascribe textualmente):
“El Tribunal para arribar a las decisiones que adoptó tuvo en cuenta el conjunto de pruebas recaudadas en el proceso, sin que tenga la carga de mencionar uno por uno, la totalidad de los testimonios y una por una, la totalidad de las pruebas documentales legalmente allegadas al proceso.
“(…)
“De la revisión de los oficios CD-042b – 10 del 3 de marzo y CD-046b – 10 del 12 de marzo de 2010 que son del mismo tenor con la diferencia de que el primero menciona el muro reforzado No 1 en la pata del tacón y el segundo el muro reforzado No. 2 intermedio, (ii) de los oficios de marzo 12 de 2010 y abril 7 de 2010 que dan respuesta a los anteriores oficios, respuestas que son del mismo contenido, con las alusiones puntuales a las obras de que se trata, (iii) de los oficios JR-020 – 2009, CD-di -845-12 del 18 de septiembre de 2012, SG-1127 del 7 de diciembre de 2010, SG-1132 de diciembre 10 de 2010, JR-001 – 2011 del 11 de enero de 2011 y SG-016 de enero 14 de 2011 , y (iv) del Acta de liquidación entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil y la Asociación de Aeropuerto del Café del Contrato No 9000180- OK-2009, no se infiere, como no lo infirió el tribunal, que no fuera obligación del Consorcio DICO-IDT la elaboración o modificación de los diseños del Contrato de obra, o que existiera una relación contractual entre la firma diseñadora, Julio Robledo y Cia, y la Asociación Aeropuerto del Café”.
Como conclusión de todo lo anterior, la Subsección encuentra que el tribunal de arbitramento apoyó su decisión no solo en la normativa vigente aplicable al caso puesto a su consideración, sino, además, en el material probatorio debidamente incorporado al proceso, razón por la cual la causal fundada en la adopción de un fallo en conciencia establecida en el numeral 7 de la Ley 1563 de 2012 no está llamada a prosperar.
6. Causal 9 de anulación: 9. haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
6.1. Argumentos de la recurrente
Adujo que de llegarse a concluir que la primera causal invocada relativa a la caducidad de la acción contractual no prosperaba ante la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, era menester que se anulara el laudo por la ausencia de un pronunciamiento expreso del tribunal de arbitramento respecto de la oportunidad de la presentación de la demanda, la cual comporta uno de los presupuestos para que el juez pudiera decidir de fondo el asunto.
Aseveró que el tribunal debió abstenerse de resolver de fondo la controversia propuesta por la convocante, pues la caducidad se configuró el 1 de noviembre de 2015, fecha en la que vencieron los dos años siguientes al momento en que feneció el tiempo que tenía la Administración para liquidar unilateralmente el contrato.
Señaló que, salvo que se trate de las excepciones de prescripción, nulidad relativa o compensación, el juez está en la obligación legal de declarar de oficio la configuración de fenómenos jurídicos capaces de enervar las pretensiones de la demanda, so pena de incurrir en una violación al debido proceso.
De otro lado, señaló que el tribunal de arbitramento omitió resolver de fondo las excepciones propuestas en la contestación a la demanda y en su reforma, pues, si bien hizo mención a ellas tanto en el laudo arbitral como en la providencia que negó la solicitud de aclaración y adición, no analizó de fondo el alcance de esos medios exceptivos frente a las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría.
5.2. Contestación de la convocante
Señaló que la omisión del tribunal de pronunciarse frente a la caducidad no constituía la adopción de un fallo incongruente, pues, además de no encontrase configurada, no fue alegada por la parte convocada en la oportunidad procesal correspondiente.
Frente a la omisión de analizar las excepciones propuestas a la demanda inicial y a su reforma, la convocante realizó una trascripción in extenso de las consideraciones del tribunal respecto de cada una de los medios exceptivos formulados, para solicitar, con fundamento en ello, que se declare la improcedencia de la causal de anulación.
6.3. Consideraciones de la Sala
6.3.1. Cuestión previa. Soporte jurisprudencial de la causal 9 del artículo 41 en el actual estatuto de arbitraje
La causal de anulación del laudo arbitral referida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone:
“9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
Al observar el contenido de la citada causal 9, es preciso acotar que se refiere de manera concreta a los eventos de fallo extra petita (el que resuelve sobre un asunto no sujeto a la decisión de los árbitros), ultra petita (el que resuelve más de lo pedido) y citra petita (el que deja de resolver una cuestión sometida al arbitramento).
La referida causal se corresponde con una de las reglas de la congruencia de la sentencia, que es la que se funda en la comparación entre las pretensiones y las decisiones contenidas en la parte resolutiva, tal como dispone el siguiente párrafo a del artículo 281 del C.G.P.:
“Artículo 281 C.G.P. Congruencias. (…) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta” (la negrilla no es del texto).
En este punto resulta preciso advertir que la organización de las causales de anulación que introdujo la Ley 1563 de 2012 en el artículo 41 conllevó la precisión de la jurisprudencia sobre la causal 9 a los eventos antes reseñados, según se explica a continuación.
El Decreto 1818 de 1998 contemplaba en las causales 7, 8 y 9 del artículo 163 tres casos referidos a la congruencia de la decisión, de la siguiente manera:
“7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento.
“8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido y
“9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
Dichas causales se reorganizaron en los numerales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en la siguiente forma:
“8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.
“9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
Se puede observar que: i) la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 agrupó las causales 8 y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 y ii) en el texto actual de la causal 9 del artículo 41 la Ley 1563 de 2012 no se encuentra incluido el supuesto de las decisiones contradictorias.
Aunque la causal 8 también se funda en el principio de congruencia, se advierte que está sometida a un requisito para su procedencia, cual es que haya sido alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento. Por ello, se ha llegado a concluir que la causal 8 del artículo 41 se corresponde con los eventos excepcionales en que procede la solicitud de aclaración de la sentencia.
A su turno, la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 comprende tres supuestos definidos: i) cuando en el laudo otorga más de lo pedido (ultra petita), ii) cuando el laudo concede algo distinto de lo pedido (extra petita) y iii) cuando el laudo deja de resolver sobre lo pedido (citra petita).
Con apoyo en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, se agrega que, frente a los casos en que se evidencia la ocurrencia de la causal 9, el juez del recurso extraordinario puede anular las decisiones que exceden las pretensiones (ultra petita) o las que conceden cosa distinta de lo contenido en las pretensiones (extra petita) y, en el evento de que el laudo deje de resolver sobre algunas de las pretensiones (citra petita), le corresponde al juez de anulación entrar a decidir sobre la(s) pretensión(es) pendiente(s).
6.3.2. Fallo citra petita por no haberse pronunciado el tribunal en relación con la caducidad de la acción: con base en lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que, como en el numeral 2 del artículo 41 de la ley 1563 de 2012 se previó expresamente la causal de anulación del laudo arbitral por caducidad de la acción, no es posible alegar este supuesto defecto por la vía de la causal consagrada en el numeral 9 ibídem, por no haber decidido el tribunal sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
Al respecto, la Sala considera oportuno citar, en lo pertinente, una providencia de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, en consideración a que lo que allí se analizó, aunque recayó sobre la imposibilidad de discutir la falta de competencia del tribunal de arbitramento con sustento en la causal 9 –fallo citra petita- resulta también aplicable a este caso, pues, según esa providencia, esa circunstancia sólo puede alegarse con base en la causal 2 ibídem, pues es la que regula en forma específica y especial esa causal de nulidad, al igual que ocurre con la de caducidad (se transcribe de forma literal):
“En efecto, tal como se explicó en líneas anteriores, con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 ya no es posible alegar la nulidad del laudo arbitral por la falta de competencia del Tribunal con fundamento en la causal 9ª del artículo 41, antes prevista en el numeral 8º del Decreto 1818 de 1998, sino que dicha circunstancia debe alegarse ahora con fundamento en la causal prevista en el numeral 2º, pues es ésta y no otra causal la que regula de forma específica y especial la anulación de laudos arbitrales por falta de jurisdicción o competencia”.
Con base en lo anterior, la Subsección encuentra que, pese al esfuerzo argumentativo del recurrente para encuadrar su alegato de caducidad de la acción en la causal de anulación del laudo por fallo citra petita, esta no puede ser debatida por esa vía, pues, por expresa disposición legal, la caducidad debe ser alegada a través de la causal 2, la cual, como ya se anotó, contempla ese supuesto de anulación del laudo de forma autónoma e independiente, cuya procedencia se encuentra supeditada al agotamiento de un requisito previo que fue inobservado por el recurrente.
6.3.3 Fallo citra petita, configurado, según el recurrente, porque el tribunal de arbitramento no resolvió todas las excepciones planteadas a la demanda de la Asociación Aeropuerto del Café.
Para determinar si esta causal se configuró, se comparan a continuación las excepciones a la demanda -relacionadas siguiendo el orden en el que se propusieron en su contestación- con las decisiones contenidas en la parte resolutiva del laudo arbitral (se transcribe de forma literal):
EXCEPCIONES
[Se sigue el orden de la contestación de la demanda]
DECISIONES CONTENIDAS EN LA PARTE RESOLUTIVA CORRESPONDIENTE
“A. Indebida integración del contradictorio
“B. Inexistencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-Idt de elaborar y modificar los diseños del contrato.
“C. Existencia de relación contractual entre la Firma Diseñadora y el Aeropuerto del Café.
“D. Inexistencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del Consorcio Dico-Idt alegado por Aeropuerto del Café, dada la ausencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-Idt.
“E. Falta de prueba de la responsabilidad de la Interventoría fundamentada en la prueba técnica aportada en la demanda – informe de Diagnóstico Terraplenes Nº 8 y Nº 10 presentado por el Consultor CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFÉ
“F. Improcedencia de las reclamaciones económicas pretendidas por la demandante por violación al principio del non bis in ídem”
G. Inexistencia de la responsabilidad a cargo del Consorcio Dico-Idt y cualquiera de sus integrantes sobre los supuestos perjuicios alegados por la Asociación Aeropuerto del Café, por la suscripción del acta de Liquidación entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –Aerocivil- y la Asociación Aeropuerto del Café”.
“PRIMERO: Declárase que no prosperan las excepciones de mérito denominadas ‘indebida integración del contradictorio’, ‘inexistencia de la obligación en cabeza del consorcio DICO-IDT de elaborar y modificar los diseños del contrato de obra’, ‘existencia de relación contractual entre la firma diseñadora y el Aeropuerto del Café’, ‘inexistencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del consorcio –Dico-idt alegado por Aeropuerto del Café, dada la ausencia de la obligación en cabeza del Consorcio Dico-idt’, falta de prueba de la responsabilidad de la interventoría fundamentada en la prueba técnica aportada en la demanda – informe de diagnóstico Terraplenes No. 8 y No 10 presentado por el Consultor CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFÉ’, ‘improcedencia de las reclamaciones económicas pretendidas por la demandante por violación al principio del non bis in ídem’, inexistencia de la responsabilidad a cargo del consorcio Dico-Idt y cualquiera de sus integrantes sobre los supuestos perjuicios alegados por la Asociación Aeropuerto del Café, por la suscripción del acta de liquidación entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –Aerocivil y la Asociación Aeropuerto del Café’ propuestas por el Consorcio DICO-IDT en su contestación a la reforma de la demanda presentada por Aerocafé”.
De conformidad con el cuadro anterior, desde el punto de vista meramente formal se evidencia que el tribunal desestimó cada una de las excepciones formuladas por el Consorcio DICO-IDT, por cuanto resolvió todas las que se propusieron, además:
(i) En lo atinente a la integración del contradictorio (excepción A), en la parte considerativa del laudo el tribunal manifestó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las uniones temporales y los consorcios pueden concurrir, a través de su representante, a los procesos judiciales que tengan que ver con el contrato del que hagan parte, por lo cual concluyó que el Consorcio DICO-IDT podía actuar como demandado en el proceso, sin que ello implicara que tuviera que vincularse a cada uno de sus integrantes de forma separada.
(ii) El tribunal, con apoyo en la cláusula 6.2. del pliego de condiciones y las pruebas obrantes en el expediente, determinó la existencia de la obligación del consorcio interventor de modificar y entregar los diseños para la construcción de la obra, motivación con la que resolvió las excepciones B), D) y G), relacionadas con la existencia e incumplimiento de las obligaciones atribuidas al interventor y su consecuencial obligación de reconocer y pagar los perjuicios ocasionados a la entidad pública contratante.
(iii) El laudo contiene una consideración expresa frente a la alegada inexistencia del vínculo contractual entre la firma diseñadora y la Sociedad Aeropuerto del Café (excepción C), conclusión a la que arribó con apoyo en una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en segunda instancia.
(iv) El tribunal valoró la prueba geotécnica allegada al proceso, de la cual concluyó que la necesidad de ajustar los diseños tuvo su origen en un problema que guardaba relación directa con la gestión predial, la cual correspondía al contenido obligacional asignado al contratista (excepción E). En estos términos lo señaló (se transcribe textualmente):
“En este sentido, para el Tribunal es claro que la cadena de sucesos que se presentaron tan pronto se evidenciaron, gracias al ingeniero especializado en geotecnia, los problemas de vulneración de límites prediales que se ocasionaron en el proyecto en caso de construir el terraplén Nº 8 con la inclinación del 33º (grados) 69’ minutos sugerida en los diseños iniciales, demuestran que el Consorcio DICO-IDT conocía, que por virtud de lo estipulado en el acápite 6.2. del Pliego de Condiciones definitivo, estaba obligado a realizar los nuevos diseños para el Consorcio Palestina II pudiera continuar con la construcción de la obra”.
(v) Por último, en relación con la excepción de “Improcedencia de las reclamaciones económicas pretendidas por la demandante por violación al principio del non bis in ídem” (excepción F), que se sustentó en que los “supuestos perjuicios” pedidos con base en la pretensión de incumplimiento contractual ya habían sido reclamados ante la compañía aseguradora, a través de la resolución 76 de 2016, la Subsección advierte que, con ocasión de la anulación de ese acto administrativo y del que lo confirmó ( el 187 del 15 de noviembre de 2016), el tribunal ordenó a la Asociación Aeropuerto del Café reembolsar la suma de $1.711’405.281 o cualquier suma que, en su favor y por concepto de la declaratoria de siniestro de la póliza de seguro de cumplimiento CEST-1682 del 4 de noviembre de 2009, le hubiere pagado el Consorcio DICO-IDT.
Por lo anterior, al desaparecer del mundo jurídico la razón por la cual el Consorcio consideró que las reclamaciones de la Asociación Aeropuerto del Café violaban el principio non bis in ídem, carecía de objeto pronunciarse frente a esta excepción.
9. Costas
Toda vez que el recurso extraordinario de anulación que fue presentado por el Consorcio DICO-IDT se declarará infundado, en este caso corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual si ninguna de las causales de anulación prospera se condenará en costas a la recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público.
Como consecuencia, se dispondrá la fijación de costas por la Secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
Para ello, en relación con las agencias en derecho, se advierte que se entienden causadas por la actuación que tuvo que desplegar la Asociación Aeropuerto del Café frente al recurso de anulación interpuesto por el Consorcio DICO-IDT.
Las agencias en derecho se tasan dentro de los parámetros del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la complejidad y la duración de la actuación que adelantó la parte que resultó vencedora dentro del respectivo recurso.
Por lo anterior, se fijan las agencias en derecho a cargo DEL Consorcio DICO-IDT en la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, teniendo en cuenta que en este proceso se presentaron tres causales de anulación que conllevaron la actuación del apoderado de la Asociación Aeropuerto del Café, lo cual se encuentra debidamente acreditado en el proceso.
En mérito de lo expuesto la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación propuesto por EL Consorcio DICO-IDT contra el laudo arbitral proferido el 21 de agosto de 2018.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS Al Consorcio DICO-IDT a favor de la Asociación Aeropuerto del Café. Liquídense las costas por la Secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (10 SMMLV) a la fecha de la presente providencia.
TERCERO. En firme la providencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal de Arbitramento por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Integrado por tres árbitros, ante el Centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Manizales. Folio 29 del cuaderno 2. Integrado por: Iván García De Angulo, Ingeniería, Desarrollo y Tecnología IDT S.A.S, y Disconsultoría S.A. (folios 22 y 23 del cuaderno 2). Folio 25 del cuaderno 2. Reverso folio 16 del cuaderno 2. Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2017, la parte convocante reformó la demanda arbitral en el sentido de: (i) incluir como parte convocada, individualmente considerado, a Disconsultoría S.A., miembro integrante del consorcio interventor, (ii) adicionó pretensiones y hechos e (iii) incrementó el juramento estimatorio de los perjuicios sufridos de $1.985’145.082 a $13.047’857.023,10 (folios 107 a 127 del cuaderno 2). Folio 120 del cuaderno 2. Folios 107 a 127 del cuaderno 2. Folios 207 a 263 del cuaderno 2. El texto inicial fue reformado en cuanto al alcance de los hechos y la incorporación como prueba del expediente correspondiente al proceso entre la Asociación Aeropuerto del Café y la Sociedad Julio Robledo S.A.S. (fs. 51 a 96, c. 3).
folios 1 a 38 del cuaderno 3.
folios 40 a 49 del cuaderno 3.
folios 281 a 285 del cuaderno 1. Folios 3 a 39 del cuaderno del Consejo de Estado. Reverso folio 8 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 41 a 49, del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 41 a 46 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 48 a 49, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 50 a 62 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 3362 a 3367 del cuaderno principal. Folios 133 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 89 a 103 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 151 del cuaderno del Consejo de Estado.
“Ley 1563 de 2012. Artículo 46. Competencia. (…).“Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo <sic> arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
“Artículo 149 C.P.A.C.A. Competencia del Consejo de Estado en Única Instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia”.
“Artículo 40. Recurso Extraordinario de Anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición”. Folio 88 del cuaderno del Consejo de Estado.
“2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”.
“7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.
“9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. Si bien esta es la fecha indicada por el recurrente en su escrito, lo cierto es que la fecha a la que hace referencia corresponde al 31 de marzo de 2013. Reverso folio 68 del cuaderno del Consejo de Estado.
“Decreto 1716 de 2009. Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa.
Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.
“Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: – Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
“ – Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
“– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.
“Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.
“Parágrafo 3°. Cuando la acción que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador”. Consejo Estado; Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: María Adriana Marín, auto del 24 de mayo de 2018, radicación número: 11001-03-26-000-2017-00088-0 (59535), actor: Productos Químicos Panamericanos S.A. Emgesa S.A., demandado: Nación – Agencia Nacional de Minería. Corte Constitucional, sentencia del 10 de agosto de 2015, magistrado ponente: Gloria Ortiz Delgado, exp T-4833553, actor: Graciela Ortiz Betancourt. Reverso folio 82 del cuaderno del Consejo de Estado. Corte Constitucional, SU 173 de 2015. Sentencia del 27 de abril de 1999, exp. 15.623. El criterio fue reiterado, entre otras sentencias, en las del 18 de mayo de 2000 (exp. 17.797) y del 8 de febrero de 2001 (exp. 18.411), en las cuales se dijo:
“… si en el laudo se hace la más mínima referencia al derecho entendido en su más amplia acepción (normas de derecho positivo, principios generales, doctrina constitucional, o, jurisprudencia) es calificable como ‘en derecho’ y no en conciencia …”. Corte Constitucional, sentencia del 13 de mayo de 2015, exp: C-284, actor: Carlos André Pérez Garzón, M.P.: Mauricio González Cuervo
Hechos 13, 14, 15 y 16 de la reforma de la demanda. Por su parte, los límites de la causal 8 se corresponden con el contenido del artículo 285 del Código General del Proceso, al disponer que la sentencia no podrá ser reformada por el juez que la profirió, pero, excepcionalmente, podrá ser aclarada cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella, según lo indica la norma citada.
“Artículo 43 Ley1563 de 2012. De la sentencia de anulación Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html" \l "41" 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará”. Consejo Estado; Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2015, radicación número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556), actor: EMGESA S.A., demandado: Sociedad Hotelera Tequendama S.A., referencia: recurso de anulación de Laudo Arbitral (Sentencia)
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