Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00003-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00003-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00003-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00003-00
Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00003-00
Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
Demandado: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud -IDIPRON-
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Recobro de pruebas documentales (causal 1a del art. 250
CPACA).
Subtema 1: Ausencia de presupuestos para la configuración de la causal
Subtema 2: Recurso infundado, instancia adicional
Subtema 3: Condena en costas conforme al art. 255 del CPACA acreditada
-
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso extraordinario de revisión formulado por la firma
Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda. (INCTEC) contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 12 de
julio de 2017, que confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad INCTEC pretende que se invalide la providencia dictada por la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la pretensión de
nulidad de los actos administrativos expedidos por el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), en los que fue declarado el
incumplimiento del contrato de interventoría 4178 de 28 de diciembre de 2010 -
que aquella y esta celebraron—y fue impuesta la pena pecuniaria, con sustento en
la causal primera de revisión del artículo 250 del CPACA, relativa al recobro de
documentos decisivos después de dictada la sentencia. Para sustentar la causal de
revisión adujo que los documentos recobrados demuestran que el incumplimiento
del contrato devino por las falencias presentadas en los estudios de vulnerabilidad
sísmica y diseños que precedieron el inicio de la obra objeto de la interventoría
técnica, administrativa y financiera a cargo de la sociedad INCTEC, hecho que, a
juicio del recurrente, "vició el objeto" del contrato de interventoría que el IDIPROM
declaró incumplido por medio de los actos demandados en el proceso ordinario.
Para sustentar la causal de revisión adujo que los documentos recobrados
demuestran que el incumplimiento del contrato devino por las falencias presentadas
en los estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños que precedieron el inicio de la
obra objeto de la interventoría técnica, administrativa y financiera a cargo de la
sociedad INCTEC, hecho que, a juicio del recurrente, "vició el objeto" del contrato
de interventoría que el IDIPROM declaró incumplido por medio de los actos
demandados en el proceso ordinario.
II. ANTECEDENTES
1
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00003-00
Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
2.1. La demanda inicial y la sentencia cuestionada
2.1.1. La firma Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda., INCTEC, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), para que se
declarara la nulidad de las Resoluciones 214 de 30 de agosto de 2012 y 221 de 13
de septiembre del mismo año, por medio de las cuales el Instituto declaró el
incumplimiento parcial del contrato de interventoría 4178 de 28 de diciembre de
2010 celebrado entre las partes, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y declaró
la ocurrencia del siniestro. Para tal efecto, solicitó que se declarara el
incumplimiento del contrato por parte del IDIPRON y que se condenara al
demandado a pagar los saldos adeudados del contrato de interventoría por la suma
de cincuenta y nueve millones novecientos setenta y npeve mil seiscientos pesos
($59.979.600), así como los intereses moratorios y la indemnización de perjuicios
por la suma de doscientos millones de pesos ($200. 000.000)1.
2.1.2. El Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá, mediante sentencia dictada el
19 de diciembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la empresa demandante, porque encontró demostrado que los informes
presentados por la sociedad INCTEC no cumplían los requisitos técnicos
establecidos en el contrato de consultoría, pues "no demostraban desde el punto de
vista sustancial e/ cumplimiento efectivo de las obligaciones del contratista ( ... ) la
obra intervenida no cumplía con los estándares míñimos de la norma sismo-
resistente"2. Por lo anterior, concluyó que el interventor omitió el deber de verificar
el cumplimiento efectivo de las obligaciones del contratista de obra,
"específicamente las relacionadas con el reforzamiento.de sismo resistencia".
2.1.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secbión Tercera, Subsección B,
por medio de la sentencia objeto de revisión expedida el 12 de julio de 2017,
confirmó la providencia de primera instancia que negó las pretensiones, pues, a su
juicio, encontró acreditado que los informes presentados por la interventoría a cargo
de la sociedad INCTEC no contenían conceptos técnicos para lograr el
cumplimiento de las obligaciones dirigidas a "asegurar la correcta ejecución de la
obra". Constató, además, que cuatro de los reportes presentados por el interventor
no contaban con el sello de recibido y los que silo tínían, al ser analizados, no
mostraron "una estructura" que acreditara "el seguimieQto técnico, financiero, legal
y ambiental de la interventoría" . Al respecto, precisó que las obligaciones en el
contrato de interventoría no son meramente formales, "sino que atienden a la
efectiva y material verificación de que el contrato objetó de la misma se ejecute en
debida forma". Por último, afirmó que la obra, cuya interventoría estaba a cargo de
INCTEC, no cumplió las especificaciones técnicas dadas por IDIPRON, pues la
interventoría contratada posteriormente con la Universidad Distrital indicó
claramente que "el concreto empleado en dichas obrqs ni siquiera acreditaba los
mínimos de calidad"3.
2.2. El recurso extraordinario de revisión
La sociedad INCTEC interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia expedida el 12 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con fundamento en la causal
descrita en el numeral 1° del articulo 250 de la Ley 1437 de 2011. Adujo, en síntesis,
1
Folios 5 y 37 del e. 2.
2
Folio 180 el e. 1.
Folio 297 el e. 1.
2
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Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
que los documentos recobrados, que están relacionados con la contratación que
hizo el IDIPRON para la realización de los estudios de vulnerabilidad sísmica y los
diseños de reforzamiento estructural de las unidades educativas propiedad de ese
instituto, demuestran que las falencias de la obra objeto de interventoría se
derivaron de errores cometidos en la etapa de diseño. En ese orden, indicó que "las
causas de los retrasos en los inicios de las obras fue la imposibilidad de tramitar/as
licencias de construcción en razón a que los diseños no contaban con la
metodología NSR- 10"4.
Al sustentar la causal esgrimida, enunció cinco "vías de hecho" que, en su criterio,
la configuran: la primera, por 'violación al debido proceso", "violación a/principio de
la libertad probatoria", por "la no realización de análisis crítico de las pruebas y
vio/ación a libre defensa y representación" y, "por faltar a la verdad material al
interior de la sentencia"; la segunda por "desconocimiento del alcance del contrato";
la tercera por el "cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
demandante"; la cuarta por "el incumplimiento contractual por el instituto
demandado"; y la quinta, por "vulneración al debido proceso de la empresa en la vía
administrativa".
Para sustentar lo anterior, afirmó que algunos de los hechos expuestos en la
demanda de controversias contractuales fueron aceptados por el IDIPRON, entre
ellos, 'las inasistencias a comités, incumplimientos que no fueron controvertidos
( ... ), motivo por el cual el A quo no debía pronunciarse sobre los mismos,
considerándolos probados de acuerdo a las manifestaciones de las partes y a lo
actuado dentro del proceso". Asimismo, precisó que la voluntad de las partes "nunca
fue actualización y ajuste de diseños, estos fueron contratados con anterioridad y
en una cuantía muy superior a la de la interventoría ( ... ), por el contrarío, está
probado y aceptado por las partes que las obligaciones eran de medio, respecto a
requerir, solicitar, recomendar conforme al alcance de la interventoría ( ... ); los
concretos mal ejecutados y de mala calidad no corresponden al alcance de la
demanda ni al acto administrativo demandado. La entidad demandada desvió la
discusión y el litigio a un escenario absolutamente ajeno al que se planteó".
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
2.3.1. Por medio de auto expedido el 29 de marzo de 2019, fue admitió el recurso
extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia de 12 de julio de
2017, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al corroborar que el recurso fue interpuesto
oportunamente. El auto fue notificado en debida forma a la parte demandada, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Públicos.
2.3.2. El apoderado del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud (IDIPRON) solicitó desestimar el recurso extraordinario. Argumentó que,
con este, se busca reabrir el debate procesal culminado con la sentencia
cuestionada, como si se tratara de una tercera instancia, pues la recurrente
presenta la causal de revisión, relacionada con la recuperación de documentos, y
expone cargos que nada tienen que ver con el supuesto de hecho que configura tal
causal. En su entender, la parte actora "vuelve a repetir e insistir en los argumentos
esbozados al formular el recurso de apelación, (...) como en sus alegatos de
conclusión".
Folios 1 a 28 del c. ppal.
Folios 143, 147 y 149 del c. ppal.
3
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Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
IDIPRON precisó, además, que el convenio celebradq entre esta y la Empresa
Inmobiliaria Cundinamarquesa, para la elaboración de los estudios y diseños de la
obra, fue publicado por los dos organismos; situación qué descarta el "ocultamiento"
de documentos aludido por el recurrente para reabrir el debate, máxime si se tiene
en cuenta que no explicó la razón por la cual esos documentos pueden variar la
decisión tomada a través de la sentencia cuestionada que, en todo caso, se fundó
en los medios de prueba allegados al proceso de controversias contractuales que
dieron cuenta de que el concreto usado en la obra "no cumplía los mínimos
estándares de calidad y resistencia " 6 .
2.3.3. El procurador delegado ante esta Corporaci6n -Dr. Iván Darío Gómez
Lee-, rindió concepto en el que solicitó declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión. En primer lugar, porque la sustentación de la causal está dirigida a
reabrir el debate resuelto por medio de una sentencia ejecutoriada, "propósito que
resulta ajeno a la demanda de revisión extraordinaria, toda vez que lo que se
pretende es revalorar los elementos probatorios". En. segundo lugar, porque el
recurrente no cumplió con la carga de explicar las razones por las cuales los
documentos presuntamente recuperados generan el Icambio de la decisión y
tampoco expuso el motivo que le impidió aportarlos. Porúltimo, afirmó que, en todo
caso, los documentos aportados no cambian la decisióñ, la "reafirman", porque si
bien muestran que se hicieron estudios de sismo resistencia antes de iniciar la obra,
el cambio de legislación en esa materia obligaba al interventor a "verificar y ajustar
los estudios y diseños del convenio interadministrativo" celebrado entre IDIPRON y
la empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa7.
2.3.4. Por medio de auto expedido el 21 de mayo 2021, fue decretada, como prueba
trasladada, los documentos que forman parte del expediente del proceso de
controversias contractuales y dispuso no tener como tales los documentos
"recuperados" allegados con la demanda de revisión, en específico: i) el Convenio
de consultoría número 061 de 2009 celebrado entre el IDIPRON y la empresa
Inmobiliaria Cundinamarquesa, para realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica
y diseños de reforzamiento estructural de las unidades educativas de propiedad del
instituto referido y "coordinar la contratación" de los estudios de patología y
levantamiento estructural, topografía y arquitectura8; u) la invitación pública número
5 de 2009, realizada por la empresa inmobiliaria para la elaboración de los estudios
citados9; ¡U) el contrato de consultoría número 061, celebrado entre la empresa
inmobiliaria e INGITHER el 24 de julio de 2009 y10, iv) él contrato de prestación de
servicios 065 de 2009, suscrito por la empresa inmobiliaria Cundinamarquesa y la
unión temporal sociedad de ingenieros INGELAG el 5 de agosto de 2009, para la
interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de consultoría 061-
0911. Lo anterior, porque el recurrente no expuso las razones de fuerza mayor, caso
fortuito o maniobra de la parte contraria que le impidieron aportar las documentales,
motivo por el cual se entiende "que los documentos pudieron haber sido apodados
en la oportunidad procesal prevista para ello, dentro del proceso de controversias
contractuales, si se hubiesen solicitado de la misma manera en la que fueron
solicitados una vez se emitió el fallo de segunda instancia'12 . El auto de pruebas
6
Folio 150 del c. ppal.
'
Folio 158 del c. ppal.
8
Folio 31 del c. ppal.
Folio 43 del c. ppal.
°
Folio 101 del c. ppal.
11
Folio 119 del c. ppal.
12
Expediente digital, índice 12.
4
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00003-00
Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
referido, notificado a las partes por medio de mensaje de datos fechado el 31 de
mayo de 2021, no fue recurrido13.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia y oportunidad del recurso extraordinario de revisión
3.1.1. La Sala es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión,
de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA)14, por cuanto se trata de una providencia ejecutoriada dictada
por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.1.2. En relación con la oportunidad en la interposición del recurso
extraordinario de revisión, la Sala reitera lo expuesto en el auto admisorio de
fecha 29 de marzo de 2019, en cuanto consideró que fue presentado en el término
de un (1) año previsto en el artículo 251 del CPACA, contado a partir de la firmeza
de la sentencia cuestionada, porque la providencia dictada el doce (12) de julio de
dos mil diecisiete (2017), corregida por medio de auto del veintiséis (26) de julio de
esa anualidad, que fue notificado a las partes el primero (1°) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), lo que implica que la decisión cobró ejecutoria el cuatro (4) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), y la demanda fue presentada el veintisiete (27)
de julio de dos mil dieciocho (2018)t151.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. La sociedad Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda. (INCTEC), por conducto
de su representante legal, está legitimada en la causa por activa para interponer
el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 12 de julio de
2017 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que
está demostrado que actuó como parte demandante en el proceso de controversias
contractuales radicado bajo el nro. 2013-00231-00, finalizado por medio de la
providencia objeto de revisión, que negó las pretensiones.
3.2.2. Asimismo, se encuentra demostrado con la copia del expediente de
controversias contractuales que el Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud (IDIPRON) fue el organismo demandado en ese trámite
procesal, motivo por el cual tiene legitimación en la causa por pasiva.
3.3. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el recurso extraordinario de
revisión previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA es un mecanismo
judicial de naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional16, que
posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo la intangibilidad de la cosa
juzgada y su invalidación ante la configuración de una causal de revisión por la
demostración inequívoca de ser decisiones injustas17.
13
Expediente digital, indices 14 y 15.
14
Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión ( ... )".
15
Folios 1 y 143 del c. ppal, y 297, 321 y 324 del c. 1.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del
3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REy).
17
CPACA, articulo 250. "Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: 11 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
5
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00003-00
Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA18,
reiteró que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas
M derecho, procede contra las sentencias ejecutoriadas19 por las causales
taxativas establecidas por el legislador en cada caso, que giran en torno a hechos
o circunstancias posteriores a la decisión y revelan que es materialmente injusta.
En lo que atañe al recurso de revisión contra sentencias expedidas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Corte agregó que "tiene su origen
inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil, y al igual que
este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio
general de la cosa juzgada".
La excepción al principio de cosa juzgada deviene de la configuración de causales
de naturaleza eminentemente procedimental, por vicios o errores que, de
conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por
la vía del recurso extraordinario. En punto a la naturaleza de las causales de revisión
extraordinaria, esta Corporación ha considerado que "involucran irregularidades de
carácter procesal (numeral 6, referido a la existencia de,causa¡ de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o
bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos
de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 4 y 7), a
excepción de la causal del numeral 5, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo" 21.
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 11 2. Haberse dictado
la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 11 3. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 11 4. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 11 5. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 11 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 11 7. No tenerla persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida. 11 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso
la excepción de cosa juzgada y fue rechazada'
18
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 19
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: 'la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el código de Procedimiento civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de I998)' Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso administrativa están previstas, en forma taxativa, ene! artículo 250 del CPACA'I
20
Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: "Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con ¡ajusticia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio "res iudicata pro veritate
habertur" para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado". 21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013,
expediente 2010-0038-00. Sobre el tema ver: Corte Constitucional, sentencia C-520 de agosto 4 de 2009.
"Como puede observarse, las causales consagradas en los numerales 1, 2 (parcial), 5, y 7 del artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho
frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: ( ... ) Por su parte, las causales consagradas en los
numerales 2 (parcial), 3, y 4, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir
la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la
aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la
existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las circunstancias que justificaban que sé hubiera decretado una prestación
periódica.
La causal del numeral 6, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente,
6
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00003-00
Demandante: Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
3.4. Problema jurídico
¿Es procedente infirmar la providencia dictada el 12 de julio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda formuladas por la sociedad Ingenieros Civiles
Arquitectos Ltda. (INCTEC) en contra del IDIPRON, en el marco del proceso de
controversias contractuales adelantado entre las partes, con fundamento en la
causal de revisión prevista en el artículo 250.1 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?
3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. En el caso bajo estudio, se observa que los documentos que la sociedad
INCTEC presentó como "encontrados o recobrados" tienen que ver, primero, con el
contrato de consultoría celebrado entre la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa
y el IDIPRON para la selección y contratación de la empresa encargada de la
elaboración de los estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento
estructural de las unidades educativas ubicadas en el sur de Bogotá; segundo, con
la oferta pública realizada con ese propósito; y, tercero, con el contrato para la
realización de los estudios referidos junto con la correspondiente interventoría.
3.5.2. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado como presupuestos
configurativos de la causal primera de revisión del artículo 250 del CPACA, los
siguientes: i) que la prueba encontrada o recuperada sea un documento22; u) que el
medio de prueba documental se hubiere recobrado con posterioridad a la sentencia,
pero su expedición hubiere sido anterior; iii) que la imposibilidad para aportarlo
obedezca a razones de fuerza mayor, caso fortuito o al obrar de la parte contraria23,
debidamente demostradas en el recurso extraordinario; y iv) que tenga la relevancia
suficiente para sustentar una decisión distinta a la cuestionada24.
Así mismo, la jurisprudencia ha precisado que los documentos que existían al
momento de la sentencia y no fueron aportados en la etapa probatoria oportuna,
porque la parte interesada no solicitó su decreto o porque las actuaciones para su
obtención se iniciaron con posterioridad a la expedición de la sentencia objeto de
revisión, no encuadran en el presupuesto de la causal, pues denotan el
incumplimiento de la carga procesal, conforme a la cual le incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho en que sustentan las pretensiones o aportar el objeto
de la prueba que tienen en su poder por haber intervenido directamente en las
circunstancias que motivaron el litigio. En ese orden, "si esto ocurre, así el
documento que no se allegó pueda tener influencia suficiente para cambiar el
sentido del fallo, no tiene la naturaleza de 'recobrado' y, por ende, no es idóneo para
estimar la pretensión revisoría1,25 .
la causal del numeral 8, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de ¡acosa juzgada, desconocida
con la sentencia que es objeto de revisión'
22
Consejo de Estado, sentencia del 26 de febrero de 2013, expediente 11001-03-15-000-2008-00181-00(REV).
Si bien, la sentencia hizo referencia al numeral 20 del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, entonces
vigente, tal texto es idéntico al del numeral 10 del articulo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, aplicable al asunto sub lite.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad.
REV-1 10 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV). "no basta con una dificultad por grave que pueda
parecer, por cuanto la ley exige una verdadera 'imposibilidad' apreciada objetivamente (.4"
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, sentencias del 14 de
abril de 2021, expediente 2020-04067-00, de 4 de febrero de 2020, expediente 2017-02615-00, de 20 de
septiembre de 2018, expediente 2013-01209-00, de 17 de julio de 2013, expediente 2009-00062-00, de 10 de
marzo de 2016, expediente 2015-01917-00 y de 10 de diciembre de 1997, expediente REV-1 17.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente
No. 1999-00218. Tesis reiterada en sentencias expedidas el 14 de abril de 2021, expediente 2020-04067-00,
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00003-00
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3.5.3. De acuerdo con lo anterior, en este caso procedería, en principio, el estudio
de los medios de prueba documentales exhibidos por la parte interesada después
de proferida la sentencia que decidió en forma negativa las pretensiones incoadas
en el medio de control de controversias contractuales, pues se trata de documentos
expedidos antes de proferida la sentencia, pero recobrados con posterioridad.
No obstante, la Sala observa que tales documentales no pueden ser considerados
como "encontrados o recobrados", pues si bien la parte demandante arguyó que el
IDIPRON los "escondió", no explicó en qué forma esa, maniobra, a la que alude,
hubiera configurado una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le
impidiera aportar la documentación por una situación imprevisible, irresistible y
externa, máxime cuando se trata de documentos públicos que hubiera podido
solicitar como prueba en el marco del proceso de controversias contractuales u
obtener oportunamente a través del trámite que surtió después de dictada la
sentencia.
Frente a tales diligencias, se encuentra acreditado en el expediente que el
representante legal de la sociedad INCTEC, por medio de apoderado, solicitó a la
Inmobiliaria Cundinamarquesa el día 12 de marzo de 2018, en ejercicio del derecho
de petición, que se expidieran a su favor copia de los siguientes documentos26: i)
convenio administrativo suscrito entre esa inmobiliaria y el IDIPRON en junio de
2009; u) oferta pública para la contratación de estudios técnicos; iii) contrato para la
realización de los estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento
estructural de las unidades educativas propiedad de IDIPRON; iv) especificaciones
técnicas; y) actas de reunión; vi) minutas de interventoría o supervisión del
convenio; vi¡) acta de recibo a satisfacción, entre otros. La solicitud fue resuelta de
fondo por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca a
través de oficio del 9 de abril de 2018, al que anexó copia de la mayoría de los
documentos requeridos y le indico' "remitirse"al IDIPRdN para obtener las actas de
reunión y de entrega a satisfacción27.
Así pues, se descarta la configuración del tercer elemento constitutivo de la causal,
pues está claro que, aunque los convenios y contratos -fueron suscritos antes de la
sentencia y su recuperación ocurrió con posterioridad, la obtención de tales
documentos devino por las actuaciones realizadas por el recurrente con
posterioridad a la expedición de la providencia cuestionada, circunstancia que
permite inferir: primero, que los habría podido obtener a través del ejercicio oportuno
de esas actuaciones y, segundo, que la imposibilidad de aportarlos al proceso
ordinario no obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria26.
3.5.4. De otro lado, viene oportuno precisar que de acuerdo con el régimen del
contrato de interventoría No. 4178 de 28 de diciembre de 2010 celebrado entre las
partes, definido en la sentencia objeto de revisión29 (Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007), el interventor es responsable "tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le
sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la
de 6 de agosto de 2019, expediente 2017-03099-00, de 4 de septiembre de 2018, expediente 2010-01518 y de
1 de agosto de 2018, expediente 2000-00851-01.
26
Folio 136 del c. ppal.
27
Folio 135 del c. ppal.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad.
REV-1 10 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-001 73(REV). "no basta con una dificultad por grave que pueda
parecer, por cuanto la ley exige una verdadera 'imposibilidad' apreciada objetivamente (...)"
29
Folio 307 del ci.
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celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los
mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o
responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le
correspondan conforme con el contrato de interventoría".
En cuanto al alcance de las obligaciones del interventor, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado de tiempo atrás que "en los contratos de obra, el
interventor es, pues, el representante de la entidad pública frente al contratista, en
relación con los aspectos que requieren conocimientos técnicos, bajo cuya
responsabilidad se verifica que los trabajos se adelanten conforme a todas las
reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y
especificaciones realizados por los diseñadores (articulo 4, numeral 24, de la Ley
400 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 1296 de 2008). Es por ello que
entre el contrato de obra y el contrato de interventoría existe una relación de
dependencia unilateral o una conexidad funcional unilateral que implica que las
obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el objeto ( ... ) del
contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro están
orientadas a un fin práctico común.1130 .
De conformidad con el anterior derrotero normativo y jurisprudencia¡, el objeto del
contrato suscrito por el IDIPRON y la sociedad INCTEC, hoy recurrente
extraordinaria, consistió en "realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL a las actividades y obras
de reforzamiento estructural de las unidades ( ... ) ubicadas en la ciudad de Bogotá,
de conformidad con los estudios y diseños realizados mediante convenio
interadministrativo No. 1 de 2009, celebrado entre IDIPRON y la empresa
inmobiliaria Cundinamarquesa". Entre las obligaciones generales y especiales a
cargo de INCTEC, se acordaron las siguientes: (i) "realizar los actos necesarios y
tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contractuales y la ejecución del contrato ( ... )"; y (¡¡ ) "tener conocimiento
completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones y contrato de construcción,
propuesta técnica y económica de los contratistas, cronograma de ejecución de
construcción y cualquier otro documento base de la ejecución de la obra intervenida
(...)"31.
En ese orden, cabía prever y exigir que el interventor tuviera conocimiento
de los diseños, estudios y reglamentaciones sobre el reforzamiento estructural con
sismo resistencia de las unidades educativas objeto del contrato de obra.
3.5.5. En lo relativo al cuarto elemento configurativo de la causal, la Sala observa
que los convenios administrativos y los contratos para la realización de los estudios
de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural que precedieron el
contrato de obra, no constituyen documentos decisivos con los que se hubiera
podido proferir una decisión diferente a la dictaminada, pues su contenido no tiene
la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los
cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría e
hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. Lo anterior en atención a que la sentencia
cuestionada fue motivada con base en la demostración del incumplimiento del
INCTEC, como interventora, en la presentación de los conceptos técnicos y en la
ausencia de "seguimiento técnico, financiero, legal y ambiental'Ç falencia que el
tribunal encontró acreditada a partir del análisis de los medios de prueba que dieron
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, expediente 35763.
Tesis reiterada por la Sección Tercera, Subsección 8, sentencia del 5 de marzo de 2020, expediente 49277.
31
Folio 26 del c. 3.
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cuenta de que no se cumplieron las especificaciones, técnicas debido a que 'el
concreto empleado en dichas obras ni siquiera acrediMba los mínimos de calidad".
3.5.6. Conforme con lo expuesto, esta colegiatura concluye que lo pretendido por la
sociedad INCTEC es cuestionar las consideraciones expuestas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para confirmar la denegación de las pretensiones
de nulidad presentadas en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, aludiendo a la presunta recuperación de documentos decisivos con
los que se hubiera podido tomar una decisión diferente, argumento que, como
quedó demostrado, carece de fundamento, pues está claro que las pruebas
documentales (convenios y contratos estatales) pudieron ser aportados durante el
curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las
actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la expedición de la sentencia hoy
reprochada.
Así pues, resulta claro que la sociedad demandante fundó el recurso extraordinario
en razones encaminadas a reabrir el debate concluido por medio de sentencia
ejecutoriada, para que se acoja la apreciación jurídica que considera adecuada. Tal
actuación convierte la vía judicial extraordinaria en una instancia adicional, con el
propósito de lograr un nuevo juicio que atienda las reiteradas argumentaciones del
recurrente, pretensión que evidentemente no se ajusta a la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión. La Sala insiste en que el recurso extraordinario de
revisión es una excepción al principio de cosa juzgada, que procede solo por las
causales específicas señaladas por el legislador en el artículo 250 del CPACA; no
es una instancia adicional del proceso ordinario que, permita reabrir el debate
jurídico y probatorio concluido por medio de una sentencia ejecutoriada.
En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el apoderado de la sociedad de Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda.
(INCTEC) contra la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 12 de julio de 2017, que confirmó la providencia
denegatoria de las pretensiones presentadas por esa sociedad en contra del
IDIPRON, en el marco de un proceso de controversias contractuales.
3.6. Costas
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por la Ley 2080 de
2021, precisa que en los eventos en los que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Con
ese propósito, la Sala se remitirá a la norma procesal general que resulta aplicable
por expresa remisión de los artículos 188 y 306 ejusdem.
En lo relativo a la condena, es del caso precisar que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por los gastos procesales y por
las agencias en derecho y solo habrá lugar a su imposición "cuando ene/expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación" 34 . Al respecto, la
Sala observa que en este caso no procede su imposición por los componentes de
expensas y gastos procesales porque no aparece demostrado en el expediente que
la parte demandada hubiera incurrido en pagos por esos conceptos.
En cuanto al componente de agencias en derecho, la Sala realizará su tasación en
atención a que se encuentra acreditado que el Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud -IDIPRON- presentó escrito de oposición al recurso
extraordinario de revisión. Para tal efecto, se atenderá lo establecido en el Acuerdo
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N.° 10554 de¡ 5 de agosto de 2016 expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura sobre tarifas de agencias en derecho, según el cual la
tarifa máxima, tratándose del recurso extraordinario de revisión, corresponde a
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese orden, la Sala
considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
• interpuesto por el representante legal de la sociedad de Ingenieros Civiles
Arquitectos Ltda. -INCTEC- contra la sentencia dictada por la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de julio de 2017, que confirmó la
decisión de negar las pretensiones presentadas por esa sociedad en el marco de
un proceso de controversias contractuales contra el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON-.
SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda. -
INCTEC- al pago de costas por concepto de agencias en derecho a favor del
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON-, por la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, ARCHIVESE el
expediente del recurso extraordinario de revisión.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
ICOL' COR
Presidente de la
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SANCHEZtUQUE
Magistrado Magistrado
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