RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2019-00127-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00127-00

Fecha
18 de junio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00127-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR, de oficio, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, que operó la COSA JUZGADA SOBREVINIENTE, en virtud de la sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 11001-03-26-000-2019-00035-00 (63461), en relación con la supuesta ilegalidad del acto administrativos 20172200036661 expedido por la ANM, por el cual negó incorporar al Catastro Minero Colombiano la delimitación realizada en el Decreto 294 de 2015 del Municipio de Barrancabermeja . SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: Cumplido lo anterior, por Secretaría, ARCHIVAR el proceso de la 20 Radicación: 110010326000201900127 00 (64542) Demandante: Municipio de Barrancabermeja Demandado: Agencia Nacional de Minería Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho referencia, previas anotaciones de rigor en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2019-00127-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

18 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 64542
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00127-00
Demandante: Municipio de Barrancabermeja-Santander
Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Competencia del Consejo de Estado en única instancia. ASUNTOS
MINEROS-El Código de Minas, Ley 685 de 2001, distribuye las competencias para conocer de controversias
mineras en las diferentes autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Si la causa del daño radica en la presunta ilegalidad de un acto
administrativo, el medio de control procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA, es
la nulidad y restablecimiento del derecho. EXCEPCIONES-Al dictar sentencia, el juez debe declarar todas
aquellas que encuentre probadas. COSA JUZGADA-Tiene por propósito que las pretensiones que han sido
resueltas a través de cualquiera de los medios judiciales aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en
otro juicio posterior. EFECTOS DE LA SENTENCIA-La que declare la nulidad de un acto administrativo en un
proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes [para todos]. La que niegue la nulidad pedida producirá
cosa juzgada erga omnes [para todos] pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por
el Municipio de Barrancabermeja (Santander), en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de unos actos administrativos
expedidos por la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM).

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Municipio de Barrancabermeja presentó demanda contra la ANM, para que se
declare la nulidad de los actos administrativos No. 20162200350431 del 14 de
octubre de 2016 y 20172200036661 del 20 de febrero de 2017, que negaron la
solicitud de incorporación de un predio en el Catastro Minero; así como su
inscripción en el Registro Minero Nacional, junto con las respectivas órdenes de
prohibición del desarrollo de actividades mineras, el retiro y desalojo de las personas
y maquinaria empleada para la explotación de minerales en el predio. Lo anterior,
porque se afirmó que las resoluciones acusadas infringieron normas superiores en
las que debían fundarse.

II. ANTECEDENTES

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

La demanda y su trámite

El 31 de julio de 20171, el Municipio de Barrancabermeja–Santander, por conducto
de apoderado judicial, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de
Santander2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la ANM, para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (transcripción literal):

Primera: Que se DECLARE LA NULIDAD de los Actos Administrativos No.:
20162200350431 de 14 de octubre de 2016 y 20172200036661 de 20 de febrero
de 2017, por cuanto que esas decisiones fueron expedidos (sic) por la AGENCIA
NACIONAL MINERÍA con infracción de las normas en que deberían fundarse.
Segunda: Que se restablezcan los derechos del MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA en los siguientes términos:
Que se disponga que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM está obligada a:
II.I. Incorporar al catastro minero la delimitación establecida en el Artículo Tercero
del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio
No. 1 identificado con la matricula inmobiliaria No. 303-815656, según las
coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.
II.II. Inscribir en el registro minero nacional la Resolución que incorpora al catastro
minero la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No.
294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio No. 1 identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 303-815656, según las coordenadas que se indican en
esa misma disposición normativa.
II.III. Restringir la actividad minera dentro de la delimitación establecida en el
Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo
referente al predio No. 1 identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-815656,
según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa,
atendiendo a lo instituido en el Artículo Décimo de la misma norma, que establece
como uso prohibido las demás actividades diferentes al uso residencial.
II.IV. Disponer el inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o
indemnización alguna por esta causa, de las personas y de las maquinarias
utilizadas en la actividad minera que se adelanta en la delimitación establecida en
el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015, esto
es, en el predio No. 1 identificado con la matrícula Inmobiliaria No. 303-815656,
según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.
Tercera: Que en forma subsidiaria a lo solicitado en la pretensión segunda de esta
demanda, se disponga que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA debe reconocer
y pagar a favor del MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA la suma de CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($5.158.242.947.00), por
concepto de perjuicios.
Cuarta: Que se disponga que los valores solicitados en la Pretensión Tercera
subsidiaria sean actualizados de conformidad con lo contemplado en el artículo
187 del CPACA.
Quinta: Que se condene en costas a la Entidad Accionada.

1 Folio 147.del cuaderno principal. Según consta en el acta de reparto del Tribunal Administrativo de Santander.
2 La cual se tramitó bajo el radicado: 68001-23-33-000-2017-00966-00.

2

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

Mediante el Decreto Municipal 294 del 7 de diciembre de 2015, el alcalde del
Municipio de Barrancabermeja modificó el Plan de Ordenamiento Territorial–POT
con el fin de incorporar al perímetro urbano municipal varios predios, entre los que
se encuentra «1. Predio denominado LA PUERTA LOTE TRES de propiedad de LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)»,
para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social. En este acto
administrativo también se prohibieron las actividades mineras en dicho predio con
el objeto de permitir el desarrollo urbanístico.

Previo a la modificación del POT, la ANM había otorgado tres títulos mineros cuyas
áreas presentaban traslapos con el predio No. 1 de propiedad de la EDUBA. Por lo
anterior, el Municipio presentó petición con radicación No. 20165510234712,
reiterada con el escrito de radicación No. 201655010328412, en la que solicitó: i)
incorporar la delimitación del predio No. 1 en el Catastro Minero Colombiano; ii)
inscribir en el Registro Minero Nacional la resolución que incorporaba al Catastro
Minero Colombiano la delimitación de dicho predio; iii) prohibir las actividades
mineras dentro del predio No. 1; iv) ordenar el retiro y desalojo de las personas y
maquinaria empleada para la explotación de minerales en el predio y v) adoptar las
determinaciones necesarias para permitir el uso del predio.

En el oficio con radicado No. 20162200350431 –primero de los actos acusados–, la
ANM respondió la solicitud del municipio y señaló que, en cuanto a la incorporación
de la delimitación del predio al Catastro Minero Colombiano, no era posible
pronunciarse, porque la entidad territorial no allegó con la petición el acto
administrativo que modificó el POT. Además, negó la inscripción en el Registro
Minero Nacional de la resolución que incorporaba la delimitación del predio en el
catastro minero, ya que por expresa disposición legal, los actos susceptibles de
inscripción en el registro son taxativos y la decisión administrativa que se pretendía
inscribir no correspondía con alguno de los precisos eventos descritos en las
normas.

A la par, no accedió a la solicitud de prohibir las actividades de extracción y
explotación minera en el predio No. 1, porque aquellas estaban permitidas en el
perímetro urbano de los municipios, salvo expresa prohibición legal en ciertas
circunstancias, lo cual no ocurría en ese caso. Igual decisión tomó en relación con
el retiro y desalojo de los titulares mineros, pues, aunque reconoció que existían

3

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

tres títulos mineros cuya área presentaba traslape con el predio, señaló que la
prohibición introducida por el acto que modificó el POT no podía afectarlos porque
los contratos se perfeccionaron antes de la decisión municipal. También, negó la
solicitud de adoptar las medidas necesarias para permitir el uso del predio, porque
no tenía competencia para ello.

Mediante petición con radicado No. 20175510020014, el Municipio de
Barrancabermeja radicó nuevamente ante la ANM los documentos necesarios para
que dicha entidad resolviera la solicitud formulada con el fin de incorporar la
delimitación del predio No. 1 en el Catastro Minero Colombiano y reiteró las
peticiones impetradas para que la ANM prohibiera el desarrollo de actividades
mineras en dicho inmueble.

En el oficio No. 20172200036661 –segundo acto administrativo acusado–, la ANM
respondió lo pedido por el Municipio de Barrancabermeja. Oportunidad en la que,
nuevamente, negó la solicitud de incorporar la delimitación del predio No. 1 en el
Catastro Minero Colombiano, porque lo pretendido por el municipio era excluir dicha
zona del desarrollo de actividades mineras, a pesar de que la determinación de las
zonas excluibles de la minería compete al legislador y su delimitación al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, aclaró que las actividades mineras
estaban permitidas, de manera restringida, en los perímetros urbanos municipales.

Asimismo, reiteró la negativa en relación con las solicitudes formuladas para que se
prohibiera toda actividad minera en el predio y para que se ordenara el retiro y
desalojo del personal y equipos empleados para la realización de las actividades
mineras, según lo expuesto en el oficio No. 20162200350431.

En relación con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de
violación–, la parte demandante consideró que los actos acusados son nulos debido
a que contravienen las normas en que debían fundarse, en la medida en que:

1. Vulneran los artículos 311 y 313 de la Constitución Política y el artículo 29 de la
Ley 1454 de 2011 que otorgan competencia a los concejos para ordenar su territorio
y reglamentar los usos del suelo. Corresponde a las entidades territoriales prohibir
las actividades mineras en su territorio, tal y como también lo establece el artículo
35 del Código de Minas.

2. Los actos acusados se contraponen al Decreto Municipal 294 de 2015, el cual

4

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

modificó el Plan de Ordenamiento Territorial–POT del Municipio de
Barrancabermeja, que incluyó dentro del perímetro urbano el predio No. 1 y prohibió
las actividades mineras en este.

3. Desconocen «el precedente administrativo, la confianza legítima, la buena fe, el
principio de no venir contra sus propios actos, el deber de coherencia y la seguridad
jurídica». La ANM omitió decisiones previas en las cuales, ante solicitudes similares
presentadas por el Municipio de Barrancabermeja, reconoció la competencia de las
entidades territoriales para prohibir o restringir las actividades mineras, procediendo
a incorporar en el Catastro Minero Colombiano la delimitación de zonas en las que
se limitó su desarrollo.

4. Se ignoraron los «precedentes» establecidos por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado para i) el reconocimiento de derechos adquiridos por el uso del
suelo, «según el cual, las reglas que son dictadas en esa materia no son
intangibles», y ii) los cambios normativos en estos asuntos tienen aplicación
inmediata, sin que puedan invocarse situaciones jurídicas consolidadas. En
consecuencia, la prohibición introducida por el Municipio de Barrancabermeja debía
ser implementada por la ANM, siendo inválido argumentar la existencia de negocios
jurídicos celebrados con anterioridad al acto administrativo que modificó el POT.

Mediante auto del 18 de septiembre de 20173, el Tribunal Administrativo de
Santander rechazó la demanda, ya que estimó que había operado la caducidad para
formular el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Decisión que
fue recurrida por la parte demandante4 y que el Consejo de Estado–Sección
Tercera, Subsección A, por auto del 31 de enero de 20195, decidió confirmar
parcialmente, «únicamente respecto de la caducidad del oficio 20172200036661»,
por lo que ordenó al Tribunal Administrativo de Santander decidir en torno a la
admisión de la demanda respecto de dicho oficio, proferido por la Agencia Nacional
de Minería, «pero solo en cuanto negó incorporación al castro (sic) minero de la
delimitación establecida en el artículo 3 del decreto municipal 294 de 2015, en lo
referente al predio 1».

3 Folios 148 y 149 del cuaderno principal.
4 Folios 152 a 156 del cuaderno principal. El expediente fue repartido, inicialmente, a la Sección Primera del

Consejo de Estado (folio 167), la cual, en providencia del 8 de agosto de 2018 (folios 184 y 185), ordenó remitirlo
a la Sección Tercera.
5 Folios 193 a 197 del cuaderno principal.

5

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

El 6 de marzo de 2019, la parte demandante radicó solicitud de nulidad procesal6,
la cual fue decidida por auto del 19 de julio de 20197, proferido por el Consejo de
Estado–Sección Tercera, Subsección A, que, si bien, negó la nulidad propuesta,
declaró que esta Corporación debía conocer el proceso en única instancia, por lo
que se sometió al reparto respectivo entre los despachos de la Sección Tercera y
se asignó el radicado actual8.

Mediante auto del 17 de abril de 2020, se admitió la demanda por encontrar reunidos
los requisitos de ley9, decisión que fue notificada debidamente10.

En la misma fecha, en providencia separada11, se negó la resolución de la solicitud
de medida cautelar conforme al procedimiento del artículo 234 del CPACA –medida
cautelar de urgencia– y, como consecuencia, se corrió traslado de la petición de
acuerdo con el artículo 233 del CPACA, actuación que también se notificó en debida
forma12.

El 15 de abril de 202113, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
pasó el expediente al Despacho, en el que indicó que el término «de treinta (30)
días para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar
en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención, corrió desde el 5
de febrero hasta el 18 de marzo de 2021». Además, (transcripción literal):

El 11 de marzo de 2021, el apoderado de la parte demandante allega memorial
mediante el cual manifiesta que descorre el traslado de las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda (índice 28).

De acuerdo con lo anterior, se informa al despacho que se revisaron las
actuaciones del proceso y no se encontró que la parte demandada hubiera
aportado dicha contestación, por lo tanto, se procedió a verificar en el correo de
la secretaría donde se recepcionan (sic) los memoriales y no se encontró
evidencia de la radicación de la misma (se destaca).

Decisión sobre medidas cautelares

El 19 de abril de 202114 se resolvió denegar la medida cautelar solicitada por la parte

6 Folios 199 a 202 del cuaderno principal.
7 Folios 234 a 236 del cuaderno principal.
8 Folio 238 del cuaderno principal.
9 Cfr. SAMAI, índice 11.
10 Cfr. SAMAI, índices 22 y 23.
11 Cfr. SAMAI, índice 12.
12 Cfr. SAMAI, índice 14.
13 Cfr. SAMAI, índice 29.
14 Cfr. SAMAI, índice 30.

6

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

demandante, providencia que fue notificada mediante estado electrónico del 1 de
junio de 202115. Decisión que fue confirmada en auto del 13 de septiembre de
202116, al resolver el recurso de reposición formulado por el Municipio de
Barrancabermeja. Contra esta última determinación, se interpuso recurso de
súplica17, que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
rechazó por extemporáneo, en providencia del 1 de diciembre de 202218.

Trámite de sentencia anticipada

Mediante auto del 18 de noviembre de 202219 se prescindió de la audiencia inicial
con el fin de dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio20, se decretaron las pruebas
solicitadas por la parte demandante y se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para rendir el concepto respectivo.

En esa oportunidad, el demandante guardó silencio. Por su parte, en escrito del 9
de diciembre de 202221, la ANM alegó de conclusión y arguyó que las súplicas de
la demanda no tenían vocación de prosperidad, en la medida en que las entidades
territoriales no cuentan con una «competencia absoluta» sobre los recursos del
subsuelo, tampoco poder de veto respecto de la realización de actividades para la
explotación de los recursos naturales no renovables. Si bien aquellas tienen ciertas
competencias para reglamentar los usos del suelo, lo cierto es que, a la Nación,
como propietaria del subsuelo, le corresponde la administración y manejo de los
recursos naturales que yacen en él. Por este motivo, para el ejercicio de esas
competencias asignadas en los distintos niveles se deben observar los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales fueron omitidos en el
presente caso en el trámite de expedición del acto administrativo que modificó el

15 Cfr. SAMAI, índice 33.
16 Cfr. SAMAI, índice 41.
17 Cfr. SAMAI, índice 45.
18 Cfr. SAMAI, índice 53.
19 Cfr. SAMAI, índice 49.
20 El cual se plasmó en los siguientes términos: «Corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo nº.

2017-2200036661 del 20 de febrero de 2017, en cuanto a la decisión de negar la incorporación de un decreto
municipal al catastro minero, es ilegal por violación de las normas en que debía fundarse». Lo anterior con
fundamento en que «El 31 de enero de 2019, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A confirmó la
decisión del Tribunal que declaró la caducidad de la pretensión de nulidad del acto administrativo n°. 016-
2200350431 del 14 de octubre de 2016. En relación con la pretensión contra el acto administrativo 2017-
2200036661 del 20 de febrero de 2017, el Consejo de Estado estimó que sí se presentó en tiempo, pero
únicamente en cuanto a la decisión de negar la incorporación del Decreto 294 de 2015 al catastro minero. Según
la providencia, las demás solicitudes que formuló el Municipio demandante a la ANM ya habían sido resueltas
y presentar una nueva petición no revivía las oportunidades procesales precluidas. Como la falta de
competencia por el factor funcional no afecta la validez de lo actuado (artículos 16 y 138 CGP) y las partes no
recurrieron la decisión, ese auto está en firme y el litigio se fijará de conformidad con lo dispuesto en esa
providencia».
21 Cfr. SAMAI, índice 55.

7

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

POT del Municipio de Barrancabermeja.

Advirtió que el artículo 5 del Decreto Municipal 294 de 2015 tiene como única
finalidad prohibir el desarrollo de actividades mineras en las coordenadas
establecidas en el mencionado decreto, lo cual no se traduce en algo diferente al
ejercicio de un «poder de veto» que, como lo precisó la Corte Constitucional en
sentencia SU–095 de 2018, «las entidades territoriales no cuentan con competencia
absoluta sobre los recursos del subsuelo, tampoco poder de veto respecto a la
realización de actividades para la explotación del subsuelo y de RNNR». De modo
que las entidades territoriales exceden su competencia si prohíben de manera
absoluta la explotación del subsuelo, situación que «deja de presente la ilegalidad
del decreto municipal».

El procurador delegado ante el Consejo de Estado conceptuó22 en el sentido de
pedir que se denegaran las pretensiones de la demanda, al no ser procedente la
declaratoria de nulidad del acto acusado, dado que, por una parte, la información
registrada en el Catastro Minero Colombiano es limitada, de carácter taxativo, como
lo dispone el artículo 333 de la Ley 685 de 2001 –Código de Minas–, por lo que
(transcripción literal):

(…) no se deben inscribir y deben ser devueltos de plano todos los actos y
contratos públicos o privados que se presenten distintos a los señalados en el art.
332., razón por la cual fue negada la solicitud por parte de la Agencia Nacional de
Minería, con lo cual tampoco se evidencia vulnerada ninguna disposición de orden
legal o constitucional invocada por el demandante, como los artículos 311, 313
constitucionales y las Leyes 685 de 2001 y 1454 de 2011, sino que lo que realizó
el gerente del catastro colombiano, fue en ejercicio de sus competencias no
inscribir en el registro el acto administrativo (Decreto Municipal), porque así lo
dispone el art. 333 del código de minas, cuando quiera que el acto no corresponde
a la enumeración taxativa del artículo 332, sin que con tal determinación se
desconozca la presunción de legalidad del decreto municipal, ni menos los
artículos 1, 83, 289, 311 y 313 constitucionales, ni los artículos 35 y 36 del código
de minas.

Ahora bien, para el alcalde municipal de Barrancabermeja, conforme lo establecido
en el artículo 38 de la Ley 685 de 2001, le era exigible tener conocimiento e
información geológica minera, sobre la situación del bien que anexaba al área
urbana “predio No 1. ubicación: sector sur oriental. Arca: 40.61 hectáreas.
Matrícula inmobiliaria: 303-816565, Propietario EDUBA Clasificación del suelo.
Urbano, tratamiento urbanístico: Desarrollo, Uso. Residencial, Zona homogénea:
Zona urbana de desarrollo, comprendido entre las coordenadas. punto 1 a 59 y
punto 60 a 118 coordenadas este y coordenadas norte.”, ya que desde el año 2008,
el predio se encontraba afectado bajo el contrato de concesión para la exploración

22 Cfr. SAMAI, índice 58.

8

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

y explotación de elementos para la construcción, como arena, gravilla, recebo etc.
Información que no solamente estaba al alcance en la realidad, sino también en el
Registro Nacional Minero, y en el Catastro Minero Colombiano, por lo cual, era
improcedente una nueva inscripción en tal registro hasta no cancelar el mismo, ello
en virtud del principio general del derecho, en el cual las cosas en derecho se
deshacen como se hacen, por lo cual tampoco era procedente el registro.

A lo anterior se le deba agregar, que de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 del código de minas, los planes de ordenamiento territorial se deben
sujetar a la información geológica minera existente en la jurisdicción del municipio
y no al contrario, como lo pretende el señor alcalde con su acto administrativo,
donde con la expedición del decreto 294 de 2015, desconoció la realidad geológico
minera existente en su comprensión territorial.

III. CONSIDERACIONES

a) Régimen procesal del litigio

1. Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de interposición de la demanda -31 de julio 2017-, que corresponden
a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), así como los preceptos del Código General del
Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista por el artículo
306 del primero de los estatutos mencionados.

También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-, con excepción de las
modificaciones sobre competencia, las cuales solo se aplicarán a las demandas que
se presenten un año después de publicada dicha ley, según lo prevé el artículo 86
de esta norma -régimen de vigencia y transición normativa-23, en concordancia con
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

b) Presupuestos procesales

23 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su

publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley.
(…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

9

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Jurisdicción y competencia

2. Si bien el CPACA, en su redacción original, señalaba las reglas para determinar
la competencia entre los diferentes estamentos que conforman la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo -juzgados, tribunales y Consejo de Estado-, en asuntos
de naturaleza minera se debía acudir a la regulación especial24, es decir, al Código
de Minas -Ley 685 de 2001-, que establecía unas competencias en cabeza del
Consejo de Estado, en única instancia, y en los Tribunales Administrativos, en
primera instancia, para conocer de unos temas específicos.

Así las cosas, el artículo 295 del Código de Minas -vigente a la radicación de la
demanda-25 asignaba al Consejo de Estado, en única instancia, el conocimiento «De
las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas a las contractuales
y en los que la Nación o una entidad nacional sea parte».

3. Dado que esta controversia se centra en el juicio de legalidad de un acto
administrativo de alcance particular, expedido por la Agencia Nacional de Minería,
como autoridad en materia minera, que negó la incorporación al Catastro Minero
Colombiano de la delimitación establecida en el Decreto 294 de 2015, por el cual se
modificó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Barrancabermeja e

24 Así lo estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de unificación

del 13 de febrero de 2014, expediente 48.521, C.P. Enrique Gil Botero, dado que: (…) la ley 1437 de 2011 es
una normativa ordinaria general y posterior que: i) al no suprimir o modificar formalmente (expresa o tácitamente)
la anterior (Código de Minas), ii) al no contener disposiciones incompatibles con la ley 685 de 2001, y iii) al
guardar silencio sobre el tema correspondiente a la competencia en materia minera, no modificó, subrogó, ni
derogó la ley ordinaria especial y previa, es decir, se insiste, la ley 685 de 2001, actual Código de Minas.
Por lo tanto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o cualquier otro distinto del de
controversias contractuales que se promuevan y relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y
donde una de las partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los preceptos
contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula la materia, máxime que la ley 1437 de
2011, que es posterior, guardó silencio sobre este tópico en particular, aunado al hecho que no es posible
concluir, desde ningún punto de vista - ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme– que la legislación
posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en todos los eventos a la anterior
(negrita original de texto).
25 Resulta importante destacar que dicho artículo fue derogado expresamente por el artículo 87 de la Ley 2080

de 2021, la cual introdujo reformas al CPACA y una de las más importantes fue la variación de competencias
de juzgados y tribunales administrativos, así como del Consejo de Estado, a partir de la entrada en vigor el 26
de enero de 2021 -Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021-. Lo anterior implica que esa competencia
especial y privativa del Consejo de Estado desapareció del ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad
se debe acudir a la redistribución de competencias que introdujo la Ley 2080 de 2021, la cual, valga reiterar,
solo empezó a regir respecto de las demandas que se presentaran un año después de publicada dicha ley, lo
cual no ocurre en el presente caso.
Así las cosas, el numeral 24 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021,
estableció que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera instancia, de los conflictos que se susciten
en asuntos petroleros o mineros «en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por
servicios».
Adicionalmente, se debe indicar que, si bien la mencionada codificación minera establecía la competencia bajo
un criterio netamente objetivo, es decir, si la litis tenía relación o no con un contrato, en la actualidad, con
independencia del medio de control que se ejerza, siempre que se trate sobre un asunto petrolero o minero, el
competente será un Tribunal Administrativo.
Sin embargo, se debe tener presente que cuando la controversia sea un asunto minero de naturaleza
contractual, se debe aplicar la competencia especial -artículo 293- consagrada en el Código de Minas, pues no
fue derogada expresa o tácitamente por la Ley 2080 de 2021.

10

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

incorporó al perímetro urbano municipal varios predios, entre los que se encuentra
«1. Predio denominado LA PUERTA LOTE TRES de propiedad de LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)», para el
desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social, aspectos estos que, por su
naturaleza, radican el conocimiento del proceso en esta jurisdicción, en trámite de
única instancia en el Consejo de Estado.

Con esa perspectiva, esta Subsección de la Sección Tercera conoce del asunto,
conforme a las reglas de reparto establecidas en el Acuerdo 80 de 2019, artículo 13
–Sección Tercera–, las cuales indican que conocerá, entre otros asuntos, de: «Los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sobre las materias enunciadas
en el numeral primero», es decir, «nulidad de actos administrativos que versen
sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros».

Medio de control procedente

4. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo, como lo
prevé el artículo 138 del CPACA, para que toda persona que se crea lesionada en
un derecho subjetivo, amparado en una norma jurídica, pueda pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por
las causales del artículo 137 del CPACA, esto es: i) infracción de las normas en que
deberían fundarse, ii) falta de competencia, iii) expedición irregular, iv)
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) falsa motivación y vi)
expedición con desviación de las atribuciones propias de la autoridad que profirió el
acto.

En el presente asunto, se solicita la nulidad de un acto administrativo que negó la
incorporación al Catastro Minero Colombiano de la delimitación establecida en el
Decreto 294 de 2015, expedido por el Municipio de Barrancabermeja, junto con la
reparación del daño, por lo que el medio de control adecuado es la nulidad y
restablecimiento del derecho (artículo 138 del CPACA).

Caducidad del medio de control

5. El artículo 164 del CPACA prevé el plazo en el que se debe ejercer el derecho de
acción y desde cuándo comienza a correr dicho término, so pena de que una vez

11

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

fenecido no se pueda formular el medio de control, dada la naturaleza del fenómeno
jurídico de la caducidad26, tal como lo ha señalado de manera reiterada la
jurisprudencia de esta Sección27, dicha figura procesal:

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones
judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en
tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho28 (se destaca).

En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la
caducidad del término para formular el medio de control:

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad
de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede
renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente29.

6. Ahora, en lo que respecta al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que la demanda
deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo.

7. Adicionalmente, no se puede desconocer que dicho término no puede extenderse
indefinidamente, ni depender de la voluntad de los interesados en accionar30, tal
como lo consideró en este proceso la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en providencia del 31 de enero de 201931, al señalar:

Así las cosas, el término de caducidad para presentar la demanda contra el oficio

26 El artículo 13 del CGP establece: Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales son de orden

público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas,
modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley (se
destaca).
27 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, expediente

39435 [fundamento jurídico 1.4].
28 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009.

Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.
29 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009 [fundamento jurídico 4]. En igual sentido se puede

consultar la sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3], al decidir sobre la constitucionalidad del artículo
136 del CCA.
30 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de agosto de 2006, expediente 32537,

de la Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 9 de febrero de 2011, expediente. 38271, y sentencia de 29 de
noviembre de 2018, expediente 47308.
31 Folios 193 a 197 del cuaderno principal. Con radicación 68001-23-33-000-2017-00966-01(62705), C.P. Carlos

Alberto Zambrano Barrera.

12

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

20162200350431 del 14 octubre de 2016 debe contarse a partir de la comunicación
del mismo y no a partir de la comunicación del oficio 20172200036661 del 20 de
febrero de 2017, pues el hecho de presentar nuevamente un escrito con los
mismos pedimentos que habían sido previamente negados no tiene la capacidad
legal de revivir los términos para demandar tal negativa.

En consecuencia, como el oficio 20162200350431 del 14 de octubre de 2016 fue
comunicado el 18 de octubre del mismo año32, el municipio tenía hasta el 20 de
febrero de 201733 para interponer en término la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a lo allí resuelto; sin embargo, tanto la solicitud
de conciliación como la demanda fueron presentadas después de esa fecha, esto
es, el 30 de junio de 201734 y el 31 de julio del mismo año35, respectivamente,
cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción.

Ahora, en cuanto a la negativa a incorporar al catastro minero la delimitación
establecida en el decreto 294 de 2015, en relación con el predio 1, contenida en el
oficio 20172200036661 del 20 de febrero de 201736, se encuentra que este último
fue comunicado el 28 de febrero de 201737, de suerte, que el municipio tenía, en
principio, hasta el 1 de julio de 2017 para interponer la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho; sin embargo, como el 30 de junio de 2017 (faltando
1 día) fue presentada la solicitud de conciliación prejudicial y el 31 de julio siguiente
se firmó el acta en que se declaró fallida la conciliación, el término de caducidad
se suspendió hasta este último día, razón por la cual la demandante tenía hasta el
1 de agosto de ese año para demandar la nulidad de tal oficio. Como la demanda
fue presentada el día anterior, esto es, el 31 de julio de 2017, lo fue en tiempo.

Por todo lo anterior, el despacho revocará el ordinal primero de la providencia del
18 de septiembre de 2017 y, en su lugar, ordenará al Tribunal de primera instancia
estudiar la admisión de la demanda en relación con el oficio 20172200036661 del
20 de febrero de 2017, proferido por la Agencia Nacional de Minería, pero solo en
cuanto negó la incorporación al castro (sic) minero de la delimitación establecida
en el artículo 3 del decreto municipal 294 de 2015, en lo referente al predio 1.

8. Por consiguiente, la Subsección concuerda con el análisis citado y a la conclusión
a la que arribó, frente a la caducidad del término para interponer el medio de control
en relación con el acto administrativo 20162200350431 y las solicitudes que fueron
«reiteradas» en el escrito posterior. Por ende, la demanda se radicó en término
frente al acto 20172200036661, pero únicamente en relación con la negativa de
incorporar al Catastro Minero Colombiano la delimitación realizada en el Decreto
294 de 2015 del Municipio de Barrancabermeja, como se precisó, pues los otros
aspectos de la solicitud que fueron planteados previamente y decididos en el acto
administrativo No. 20162200350431 se vieron afectados por la caducidad.

32 Original de cita: Folio 44 c.2.
33 Original de cita: El 19 de febrero de 2017 fue domingo.
34 Original de cita: Según acta que declaró fallida la conciliación obrante a folio 114 del c.2.
35 Original de cita: Según acta de reparto obrante a folio 147 del c.2.
36 Original de cita: Folio 47 c.2.
37 Original de cita: Folio 47 del c.2.

13

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Ahora bien, mediante auto del 19 de julio de 201938, se declaró la falta de
competencia del Tribunal para conocer el asunto en primera instancia, por lo que
esta Corporación debe conocer el proceso en única instancia y, en consecuencia,
se sometió al reparto respectivo entre los despachos de la Sección Tercera.

c) Cuestión previa: excepción de cosa juzgada sobreviniente

9. Como primer aspecto, resulta importante destacar que al momento de dictar
sentencia corresponde al juez analizar, además de los presupuestos procesales, las
excepciones de fondo que se encuentren probadas, bien sea porque se alegaron o
porque pueden ser declaradas de oficio, aspecto que no puede ni debe entenderse
saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en
el transcurso del proceso, como lo dispone el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA en los siguientes términos:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (se destaca).

De igual modo, en sentencia de unificación del 6 de abril de 201839, la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció en relación con la posibilidad
que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de oficio:

Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales
del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de
manera que, si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más
general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.
Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la
falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no
hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada (se destaca).

10. Dentro de las excepciones que se pueden encontrar probadas está la cosa
juzgada, que tiene por propósito que las pretensiones que han sido resueltas a
través de cualquiera de los medios judiciales aceptados por la ley no vuelvan a ser

38 Folio 238 del cuaderno principal. Con radicación 68001-23-33-000-2017-00966-01(62705), C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, expediente

46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes,
porque lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por tanto, goza de plena
eficacia. Además, constituye una consecuencia jurídica que se le atribuye a la
sentencia, respecto de la cual, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales
que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados y
frente al propio Estado.

Dicha figura está regulada en los artículos 303 del CGP40 y 189 del CPACA, que
recogen los elementos formales y materiales para su configuración. Así, el sentido
formal, implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia
que hubiere quedado ejecutoriada dentro de un proceso, o en otro en el cual las
partes debatan la misma causa petendi con idénticos fundamentos jurídicos.

Por su parte, el sentido material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su
equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó
plenamente de la relación, objeto y causa debatida en la contienda, y que aquella
fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio41. Por ende, no es
posible volver sobre controversias definidas a través de una sentencia ejecutoriada,
pues esta adquiere el carácter de inmutable.

En ese orden de ideas, la cosa juzgada cumple una función doble para la eficacia
de las decisiones judiciales. Por un lado, da seguridad, estabilidad y certeza a la
relación sustancial que se decide. Por otro lado, prohíbe que, mediante un nuevo
proceso, se vuelva a discutir lo ya resuelto. De modo que un juez no podrá
pronunciarse frente a una controversia si encuentra una decisión previa con el
mismo objeto, causa y partes, pues de esta última se predica la cosa juzgada. Con
esa perspectiva, el artículo 187 CPACA ordena al juez declarar la cosa juzgada si
encuentra probados los elementos que la constituyen.

El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la
relación jurídica sustancial o el derecho que decide una sentencia. Así, se verificará
la identidad de objeto, si lo decidido en una providencia ejecutoriada coincide con el
derecho o la pretensión que se presenta en una nueva demanda -petitum-. A su

40 Artículo 303: La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
41 Sobre el tema se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009,

expediente 34239 C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Criterio reiterado en Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 28 de agosto de 2019, expediente 59903, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

15

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

vez, la causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es
decir, la razón o motivo por el que se pide -causa petendi-. De allí que habrá
identidad de causa si los supuestos de hecho que llevaron a la adopción de una
providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda son -en
esencia- los mismos.42. Al respecto la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha considerado que43:

Ahora bien, especial precisión merece hacerse frente al efecto de la cosa juzgada
en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. En esta acción, como
en la de simple nulidad, el objetivo es que se anulen los actos administrativos. Sin
embargo, en el contencioso objetivo de legalidad —nulidad simple— se persigue
la defensa del orden jurídico en abstracto. En cambio, con el contencioso subjetivo
de legalidad —nulidad y restablecimiento del derecho— se pretende, como
consecuencia de esa ilegalidad, la reparación del daño causado a un derecho.

Si bien la norma comentada (art. 175 del CCA) [hoy, artículo 189 del CPACA]
pareciera referirse únicamente a las sentencias de nulidad simple, no puede
desconocerse que una sentencia previa que declare la ilegalidad del acto
administrativo hará tránsito a cosa juzgada, incluso en el marco de un juicio
subjetivo de legalidad, pues, se reitera, los efectos de la decisión son erga omnes
y el acto se retira del ordenamiento jurídico.

La dificultad se presentaría cuando la sentencia previa dictada por el juez niega la
nulidad frente a determinados cargos. Sobre este particular, conviene señalar, en
primer lugar, que dicha norma no diferenció entre las acciones de nulidad simple y
de nulidad y restablecimiento del derecho. En segundo lugar, que el efecto de la
cosa juzgada se refiere a la causa petendi, que en las acciones de nulidad y
restablecimiento supone, de un lado, el juicio de legalidad —contraste con el
contenido de las normas superiores— y, de otro, el restablecimiento del derecho
que corresponde a la indemnización de perjuicios causados por la ilegalidad de la
decisión.

De manera que, no existe motivo para considerar que la sentencia que niega los
cargos de ilegalidad, incluso en las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho, carezca del efecto de cosa juzgada relativa, pues versan sobre la misma
causa petendi. En tal sentido, a pesar de que con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho se persigue la reparación de un perjuicio, ello,
empero, no es óbice para restarle efectos a una sentencia judicial que ha sido
favorable a la administración en cuanto a la legalidad de un acto administrativo por
determinados cargos. La coherencia del sistema normativo, la seguridad jurídica y
el debido proceso que favorece a las partes —incluido el Estado— así lo exigen.

En tal sentido, el efecto de cosa juzgada de la sentencia que negó las pretensiones
en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho se producirá cuando: (i)
con independencia de la decisión que se adopte, si se presenten las identidades
que de forma general integran la cosa juzgada, esto es, que se trate del mismo

42 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente

19269 [fundamento jurídico 3.4].
43 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024, expediente 44548

[fundamento jurídico 8.2]

16

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

objeto —pretensión de nulidad del mismo acto administrativo—, la misma causa
—las razones de ilegalidad— y las mismas partes, (ii) cuando se declare la
ilegalidad del acto administrativo y éste, por ende, sea retirado del ordenamiento
jurídico —sustracción de materia y efecto erga omnes de la decisión de nulidad—
; y (iii) cuando se niegan las pretensiones de nulidad y, con independencia de las
partes, en demanda posterior se insiste sobre esas razones frente al mismo acto
administrativo —cosa juzgada relativa—.

Frente al último supuesto, que es el que interesa para la decisión que debe proferir
la Sala, para que prospere la excepción perentoria de cosa juzgada es preciso
establecer respecto de la sentencia previamente expedida y ejecutoriada: (i) si
efectivamente media identidad de objeto (eadem res), vale decir, que el objeto del
litigio sea el mismo —la pretensión de anulación del mismo acto administrativo—;
y (ii) si hay identidad de causa (eadem causa), o sea que los motivos de ilegalidad
alegados en ambos litigios sean idénticos (se precisa).

11. Entonces, en el juicio de legalidad de un acto administrativo, el artículo 189 del
CPACA establece que «la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes [para todos]. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes [para todos] pero solo
en relación con la causa petendi juzgada».

12. En el presente asunto, se evidencia que, en sentencia del 30 de noviembre de
2023, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación puso fin al
proceso con radicado 11001-03-26-000-2019-00035-00(63461), promovido por la
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-
EDUBA contra la Agencia Nacional de Minería-ANM, y en el cual se resolvió sobre
la misma causa del presente litigio. Además, se advierte que las pretensiones en
ambos casos son exactamente iguales; incluso, el restablecimiento en el derecho
reclamado asciende a la misma suma de dinero. También se pone de presente que
los fundamentos jurídicos en ambos casos se basan en idénticos argumentos44.

44 Lo cual se corrobora en los antecedentes de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, en el acápite «A.-

Posición de la parte demandante-», expediente 63461, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
Al respecto, se señaló en dicha providencia: 1.- El 2 de agosto de 2017 la Empresa de Desarrollo Urbano y
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA (en adelante, la <<demandante>> o la <<EDUBA>>)
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de Minería (en
adelante, la <<demandada>> o la <<ANM>>) para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
<<Primera: Que se DECLARE LA NULIDAD de los Actos Administrativos Nos. 20162200350431 del 14 de
octubre de 2016 y 20172200036661 de 20 de febrero de 2017, por cuanto que esas decisiones fueron expedidas
por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA con infracción de las normas en que deberían fundarse.
Segunda: Que se restablezcan los derechos del (sic) EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA en los siguientes términos:
Que se disponga que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM está obligada a:
II.I. Incorporar al catastro minero la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No.
294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio No. 1 identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-
815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.
II.II Inscribir en el registro minero nacional la Resolución que incorpora al catastro minero la delimitación
establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al
predio No. 1 identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-815656, según las coordenadas que se indican
en esa misma disposición normativa.

17

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En la parte considerativa del fallo del expediente 63461, se observa que se analizó
la legalidad del acto administrativo 20172200036661 en relación con el objeto del
presente asunto, es decir, la negativa de incorporar al Catastro Minero Colombiano
la delimitación realizada en el Decreto 294 de 2015 del Municipio de
Barrancabermeja, en los siguientes términos:

F.- El Municipio de Barrancabermeja no tenía competencia absoluta para
prohibir el desarrollo de actividades mineras en el predio de propiedad de la
EDUBA
12.- La ANM negó la solicitud de incorporar en el Catastro Minero Colombiano la
delimitación del predio de la EDUBA porque la misma constituía una prohibición de
desarrollo de las actividades mineras que era competencia del legislador. Como
fundamento de su determinación señaló que, las entidades del nivel territorial no
tienen competencia para prohibir el desarrollo de actividades mineras dentro de su
territorio, motivo por el cual no era procedente inscribir la delimitación del predio
en el Catastro Minero Colombiano ni mucho menos prohibir el desarrollo de
actividades mineras en el mismo.

13.- La Sala considera que la decisión adoptada por la ANM es legal porque las
entidades del nivel territorial no tienen una competencia absoluta para prohibir el
desarrollo de actividades mineras.

14.- Según los artículos 311 y 313 de la Constitución Política a los municipios y a
los concejos municipales corresponde ordenar su territorio y reglamentar los usos
del suelo. El ejercicio de estas competencias puede afectar el desarrollo de las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables cuya
administración está en cabeza de entidades del orden nacional.

15.- De acuerdo con los artículos 80, 332 y 334 de la Constitución Política, el
Estado (i) es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables
que yacen en él; (ii) debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; y (iii) es el director general de la economía y, por ello, intervendrá en
la explotación de los recursos naturales para racionalizar la economía con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

II.III Restringir la actividad minera dentro de la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto
Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio No. 1 identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 303-815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa,
atendiendo a lo instituido en el Artículo Décimo de la misma norma, que establece como uso prohibido las
demás actividades diferentes al uso residencial.
II.IV. Disponer el inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o indemnización alguna por esta causa,
de las personas y de las maquinarias utilizadas en la actividad minera que se adelanta en la delimitación
establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de Diciembre de 2015, esto es, en el
predio No. 1 identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-815656, según las coordenadas que se indican
en esa misma disposición normativa.
Tercera: Que en forma subsidiaria a lo solicitado en la pretensión segunda de esta demanda, se disponga que
la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA debe reconocer y pagar a favor del (sic) EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA la suma de CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($5.158.242.947,oo), por concepto de perjuicios.
Cuarta: Que se disponga que los valores solicitados en la Pretensión Tercera – subsidiaria- sean actualizados
de conformidad con los contemplado en el artículo 187 del CPACA.
Quinta: Que se dondene en costas a la Entidad Accionada.>>

18

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

16.- De conformidad con el artículo 4 del Decreto 4134 de 2011, la ANM es la
encargada de administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos
para su exploración y explotación, así como también promover, celebrar,
administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos
mineros para la exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado.

17.- En virtud de lo expuesto, es evidente que en el territorio «(…) convergen
actividades, por una parte, de uso del suelo y por otra de explotación del subsuelo,
razón por la que en él concurren competencias tanto del nivel nacional como de las
entidades territoriales.»45 De ahí que estas competencias deban ser ejercidas de
conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos del artículo 288 de la Constitución Política, lo que implica que ni las
entidades del orden nacional ni las entidades territoriales tengan competencia
absoluta para decidir sobre la explotación de recursos naturales no renovables.

18.- Sobre el particular la Corte Constitucional se pronunció en sentencia T-342 de
2019:

«4.11. En suma, aquel diálogo concertado y coordinado atiende al hecho de que
en el territorio convergen actividades, por una parte, de uso del suelo y, por otra, de
explotación del subsuelo, razón por la que en él concurren competencias tanto del
nivel nacional como de las entidades territoriales. En ese orden de ideas, “ni la nación
(nivel nacional o central) ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas
en materia de explotación del subsuelo y de los [recursos naturales no renovables];
así, las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los
recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de
actividades para la explotación del subsuelo y de [recursos naturales no renovables],
de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución”.

En otras palabras, “de acuerdo con los postulados constitucionales que prevén la
explotación del subsuelo y los [recursos naturales no renovables], su propiedad en
cabeza del Estado y las competencias de las entidades territoriales y de la nación –
gobierno nacional central- sobre el suelo, el ordenamiento territorial, el subsuelo y
los [recursos naturales no renovables], las entidades territoriales no pueden prohibir
el desarrollo de actividades y operaciones para tales fines en su jurisdicción”.»

13. Por consiguiente, para la Sala se impone declarar configurada, de oficio, la cosa
juzgada sobreviniente, dado que, desde el punto de vista sustancial, el efecto de la
sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado46, al haber negado las pretensiones de esa
demanda, es que «producirá cosa juzgada erga omnes [para todos] pero solo en
relación con la causa petendi juzgada», último aspecto que se configura en relación
con las pretensiones declarativas invocadas en la demanda de la referencia, frente
a la supuesta ilegalidad del acto administrativos 20172200036661 expedido por la
ANM, por el cual negó incorporar al Catastro Minero Colombiano la delimitación

45 Original de cita: Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-095 del 11 de octubre de 2018, MP Cristina

Pardo Schlesinger, Expediente T-6.298.958.
46 Esta providencia se encuentra ejecutoriada, como se deprende se la consulta del aplicativo SAMAI, índices

127 a 129.

19

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

realizada en el Decreto 294 de 2015 del Municipio de Barrancabermeja, tal como lo
prevé el artículo 189 del CPACA. En ese orden de ideas, la Sala no puede volver
sobre una controversia que ya fue decidida con efectos de cosa juzgada, máxime
que, como quedó evidenciado, los aspectos de derecho que llevaron a que se
negaran las pretensiones de anulación frente al acto acusado en el proceso 63461
son exactamente los mismos que se discuten acá.

5.- Costas

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP. A su turno, en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso; además, el numeral 8 prevé
que sólo se reconocerán «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».

En este caso, la Subsección se abstendrá de condenar en costas al recurrente, toda
vez que no se causaron.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR, de oficio, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, que operó la COSA JUZGADA
SOBREVINIENTE, en virtud de la sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente
11001-03-26-000-2019-00035-00 (63461), en relación con la supuesta ilegalidad del
acto administrativos 20172200036661 expedido por la ANM, por el cual negó
incorporar al Catastro Minero Colombiano la delimitación realizada en el Decreto
294 de 2015 del Municipio de Barrancabermeja
.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Cumplido lo anterior, por Secretaría, ARCHIVAR el proceso de la

20

Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)
Demandante: Municipio de Barrancabermeja
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

referencia, previas anotaciones de rigor en el sistema de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
PRESIDENTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE47
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

47 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.