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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00173-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00173-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 55 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 19 de septiembre de 2024, expediente 69.832. 12 Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247) Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros. trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera- Subsección A. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2019-00173-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

17 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA PLENA

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruiz Aldana y otros.
Demandado: Nación-Rama Judicial y otros.
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación.

Tema: Naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario de unificación. Subtema1. Criterios
metodológicos para identificar una sentencia de unificación -ratio decidendi-. Subtema 2.
encuadramiento entre la formulación de las reglas de la unificación y su vinculatoriedad al caso
particular – la inaplicación debe versar sobre la ratio decidendi – se desestima el recurso.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial presentado por
la parte demandante en contra de la sentencia proferida el trece (13) de junio de dos
mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera- Subsección A, que revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda

Héctor Hugo Ruiz Aldana, Paula Alejandra Ruiz Ariza, Juan David Ruiz Ariza, Erika
Daniela Ruiz Reyes, Harry Santiago Ruiz Reyes, Julián Felipe Ruiz Reyes y Jeimy
Carolina Ruiz Pardo, interpusieron demanda1, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, en contra de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de la
privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Ruíz Aldana, quien —
adujeron— fue absuelto, en sede de responsabilidad penal, por aplicación del
principio indubio pro reo.

1.2. Sentencia de primera instancia

Surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Sesenta y Tres (63)
Administrativo de Bogotá, en sentencia proferida el catorce (14) de julio de dos mil
diecisiete (2017)2, declaró administrativamente responsables a la Nación-Rama
Judicial-Fiscalía General de la Nación y las condenó al pago de perjuicios morales y
materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, mientras que negó las
demás pretensiones. Al motivar su decisión, consideró que la privación de la libertad
del señor Ruíz Aldana fue injusta, al amparo del título de imputación de falla en el
servicio, ya que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento
y la Rama Judicial profirió condena, sin contar con el acervo probatorio suficiente.

1 Demanda de reparación directa. Fls. 9 a 20, cdno 1.
2 Sentencia de primera instancia. Fls. 163 a 172, cdno 1.

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

1.3. Recursos de apelación

El extremo demandado interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

1.3.1. La Rama Judicial3 solicitó la revocación de la decisión, en tanto, no desplegó
la causa eficiente del daño, pues habría sido generado únicamente por la Fiscalía
General de la Nación, y, en el asunto, concurrió la causal eximente de
responsabilidad del hecho de un tercero.

1.3.2. La Fiscalía General de la Nación4, en apelación adhesiva5, sostuvo que
cumplió con las exigencias previstas por la Ley 600 del 2000 para la imposición de
la medida de aseguramiento, de suerte que no incurrió en conducta constitutiva de
falla del servicio.

1.4. Sentencia de segunda instancia
La Sección Tercera-Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó
sentencia el trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)6 en la que revocó la
decisión de primer grado y, en su lugar, negó íntegramente las pretensiones de la
demanda.
Como sustento de lo anterior, invocó las sentencias SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional y del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en torno al régimen jurídico aplicable, a partir de las
cuales precisó que, tanto la imposición de la medida de aseguramiento por parte de
la Fiscalía General de la Nación, como la decisión que emitió el juez penal en primera
instancia encontraron soporte en las pruebas legalmente aportadas y observaron el
procedimiento legalmente dispuesto en la Ley 600 del 2000. Así pues, concluyó que
la privación de la libertad del señor Ruíz Aldana comportó una carga que él tenía el
deber de soportar.
Aparte, consideró que se configuraba la eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima, toda vez que, según afirmó, Héctor Hugo desplegó una
conducta a partir de la cual podría deducirse su participación en el delito, sumado a
que no agotó el recurso de apelación que era procedente contra la sentencia
condenatoria del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de
Descongestión de Cundinamarca. De esta forma omitió su deber y relegó el discurrir
de la decisión, que lo absolvió, al resultado de la apelación que interpusieron los
demás procesados.
1.5. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Héctor Hugo Ruiz Aldana, Paula Alejandra Ruiz Ariza, Juan David Ruiz Ariza, Erika
Daniela Ruiz Reyes, Harry Santiago Ruiz Reyes, Julián Felipe Ruiz Reyes y Jeimy
Carolina Ruiz Pardo, el ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019)7, interpusieron
recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, en el que solicitaron que el
3 Recurso de apelación de la Nación-Rama Judicial. Fls. 178 a 185, cdno 1.
4 Apelación adhesiva de la Nación-Fiscalía General de la Nación. Fls. 210 a 218, cdno 1.
5 Aun cuando la Fiscalía General de la Nación había presentado, originariamente, recurso de apelación, el mismo

fue declarado desierto por el Juzgado sesenta y tres (63) Administrativo de Bogotá en audiencia de conciliación
que celebró el dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Esta decisión la refrendó la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del veinticinco (25) de septiembre de
dos mil diecisiete (2017). (Fls. 205 y 220 a 221, cdno 1.
6 Sentencia de segunda instancia. Fls. 247 a 258, cdno ppal.

7 Para esta Sala, por la fecha de interposición del presente recurso, este se regirá por las disposiciones
contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) sin las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Ello es así, toda vez que conforme lo dispone el inciso
cuarto del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, “En estos mismos procesos, los recursos interpuestos (…), se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (…)”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

Consejo de Estado anule la sentencia del trece (13) de junio de dos mil diecinueve
(2019) que dictó la Sección Tercera-Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para, en su reemplazo, declarar prósperas las pretensiones de su
demanda. Afirmaron que la providencia enjuiciada contrarió la sentencia de
unificación que dictó la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de
2014, dentro del expediente con radicación número 68001-23-31-000-2002-02548-
01 (36.149), por las siguientes razones que la Sala procede a sintetizar8:
1.5.1. Que, el Consejo de Estado, en la unificación referida, previó la aplicación
general de un régimen objetivo de responsabilidad cuando el sindicado resultara
absuelto bien fuera por decisión preclusiva o por exoneración de la responsabilidad
en el curso del proceso penal, de manera que el precitado régimen debía ser
empleado cuando “(i) el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió y/o (iii) la
conducta es atípica”9.
No obstante aludieron que, “la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección
Tercera del Consejo de Estado” hizo extensivos dichos supuestos a los eventos de
terminación del proceso por absolución fundada en el principio del indubio pro reo.
De esta forma la falta de condena en contra del imputado produce como efecto el
reconocimiento de una indemnización a cargo de la administración; responsabilidad
de la que solo podrá exonerarse el Estado cuando la víctima esté llamada a soportar
jurídicamente el daño, “cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho
exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra,
medida de detención preventiva”.
En torno al asunto, invocaron el contenido del artículo 65 de la LEAJ10 y las razones
que soportaron la declaración de su exequibilidad, y diferenciaron los conceptos de
privación legal e injusta, en tanto, a su juicio, existen casos en los que, aun cuando
está probado un daño antijurídico, el mismo no es imputable bajo el título subjetivo
de falla del servicio, pues no se irrespetó el ordenamiento jurídico, pero sí por
disposición de un daño especial. De manera que, la detención injusta 11 es aquella
que tiene lugar cuando con posterioridad a ésta el individuo resulta absuelto o
exonerado de responsabilidad penal, de suerte que siempre que exista una
detención de tal connotación habrá responsabilidad patrimonial del Estado.
Visto lo anterior, los recurrentes coligieron que la decisión unificada, en los términos
expuestos, no fue tenida en cuenta por el Tribunal al desatar la alzada, que hacía
imprescindible que se declarara la responsabilidad bajo el amparo de un régimen
objetivo en todos los eventos, incluido el indubio pro reo, que conduciría a la
estimación de las pretensiones.
1.5.2. Que, el Tribunal revocó la providencia de primera instancia soportado en: (i) la
falta de agotamiento del recurso de apelación interpuesto por el señor Ruíz Aldana,
omisión que constituyó, para el Tribunal, una causal exonerativa de responsabilidad
a la administración, en tanto la absolución de la víctima se debió a la actuación de
los restantes procesados que sí agotaron el recurso pertinente para demostrar su
inocencia; y en (ii) conjeturas sobre la responsabilidad penal del investigado, al

8 Las razones aquí consignadas son una recopilación de los reparos presentados tanto en el escrito contentivo

del recurso extraordinario de unificación, como en el contentivo de su sustentación. Quedan descartadas las
referencias puramente fácticas propias del proceso ordinario, que materialmente no concretan un reparo.
9 Expresaron que: “Transcribiendo literalmente la comentada jurisprudencia de unificación que se invoca, en unos

de sus apartes dice: En este sentido, de manera general, se aplica un régimen objetivo de responsabilidad y se
impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad
finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a
su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o
iii) la conducta es atípica”.
10 Citaron la disposición normativa y las intervenciones que, en sede de constitucionalidad, desplegaron el

presidente del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación y la Corte Constitucional.
11 Consideraron que el concepto de “detención injusta” fue definida por el Decreto 2700 de 1991.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

calificar las pruebas propias de dicho proceso —como las testimoniales— que,
incluso, desestimó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca al
interior del precitado trámite.
Las anteriores consideraciones, para los recurrentes, se desvirtúan porque: (i)
Héctor Hugo Ruíz Aldana careció, en términos prácticos, de la garantía de una
defensa técnica, en cuanto estuvo representado en el proceso penal por una
defensora pública que se abstuvo de interponer oportunamente el recurso de
apelación procedente y, así, fue el mismo Estado quien omitió actuar 12; y (ii) el
Tribunal, con sus consideraciones, afectó el non bis in ídem, la cosa juzgada, la
seguridad jurídica, el debido proceso, la defensa y el derecho a controvertir las
pruebas, al reabrir la valoración probatoria que atañe exclusivamente al proceso
penal, y desconocer, de esa forma, el artículo 65 de la LEAJ.
1.6. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A
concedió el presente recurso13, que admitió esta Corporación el dieciséis (16) de
octubre de dos mil veinte (2020)14, en proveído que fue notificado por estado
electrónico el 12 de noviembre de 2020 de conformidad con los artículos 201 y 205
del CPACA y 9 del Decreto 806 de 202015. En esta misma providencia, corrió
traslado a las demandadas y al Ministerio Público para que se pronunciaran sobre
el escrito de recurso en el término común de quince (15) días.

1.6.1.1. La Fiscalía General de la Nación16 pidió declarar improcedente este recurso,
pues consideró que las razones del recurrente no se acompasan con el objeto de la
unificación en cuanto persiguen convertir este mecanismo en una tercera instancia
judicial para discernir sobre tópicos probatorios y jurídicos propios del trámite
ordinario.

1.6.1.2. Por su parte, la Rama Judicial17 le solicitó a esta Corporación declarar
infundado el recurso, ya que la sentencia del 28 de agosto de 2014 no unificó la
jurisprudencia en torno a la responsabilidad objetiva, el cual dejó de ser el criterio
vigente con la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del quince (15)
de agosto de dos mil dieciocho (2018), cuyos efectos perduran de acuerdo con lo
considerado por la Corte Constitucional en sentencia SU-072 del mismo año.
También precisó que los tópicos propios del proceso, como la garantía de defensa
técnica, desbordan el alcance y la naturaleza del recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial.

12 Este argumento lo incluyeron en su acápite de “hechos y consideraciones”, por lo que se instituye como un

reparo.
13 Auto que concedió el recurso. Fls. 268 a 269, cdno ppal.
14 Auto admisorio del recurso. Fls. 323 a 326, cdno ppal.
15 Anotación registrada en el índice 04 del aplicativo SAMAÍ. Los soportes de envío por medios electrónicos de

la mentada providencia obran en los documentos contenidos en el aplicativo SAMAÍ, con certificado
C405F1B147B8AA88 C5A3DB9E1EA5DE00 3D5DA0EBAA278DDE B9DB04DF33292F21, ubicado en el índice
05 y con certificado 05CD4F048ACB97EF 354376E69EACAC71 781D091086859E55 BD31504147B46B35,
ubicado en el índice 08. También obran constancias en los índices 08 y 09 del aplicativo SAMAÍ.
16 Documento contenido en el expediente digital que obra en el aplicativo SAMAÍ, con certificado
1736EBE3158591C8 BC8E54C69E76E142 D88714B0D18F2581 2E7A0FA788C945E6, ubicado en el índice 06.
El contenido del presente memorial también obra en el expediente digital del SAMAÍ, con certificado
EB1E5BFD78FFC621 08BA4918CF189830 2FACF73203747E7D CAD4632C3EB8B15E, ubicado en el índice
012, que fue aportado según registro secretarial en dicho índice, el 6 de febrero de 2021.
17 Documento contenido en el expediente digital que obra en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

BFE8AFBDE847BE9A 15B448F27BE60ACB 5BC1A84E0255CD3A FB6701F2E1D5E9D9, ubicado en el índice
010.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

1.6.2. El magistrado ponente dictó auto el 2 de julio de 202118 en el que requirió a la
Fiscalía General de la Nación para que allegara certificación. Seguidamente, en
decisión del 4 de octubre de 202119, el ponente fijó fecha para la celebración de
audiencia. De esta última prescindió en providencia del 12 de noviembre de 202120,
y, en su lugar, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por el término de 10
días para que, respectivamente, presentaran sus alegaciones y este último emitiera
su concepto.

En dicha oportunidad, la Fiscalía General de la Nación21 insistió en la falta de
vocación de prosperidad de este mecanismo. La parte demandante22, amplió sus
consideraciones en torno a la procedencia del recurso por inaplicación de la
unificación. Finalmente, la Rama Judicial23 insistió en sus motivos de disenso
constitutivos de una desestimación del recurso. El Ministerio Público conceptuó
extemporáneamente24.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de rigor y sin que exista causal alguna que invalide lo
actuado, procede la Sección Tercera del Consejo de Estado a decidir el asunto
sometido a su consideración. La decisión, metodológicamente discurrirá, así: 1)
presupuestos procesales, 2) naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia; 3) delimitación del recurso y formulación del
problema jurídico, 4) análisis del recurso, y 5) condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales

2.1.1. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 104 y 259 del CPACA y artículo 14.1 del Acuerdo 80 de
2019, proferido por la Sala Plena de esta Corporación. Así mismo, de conformidad
con el artículo 257 CPACA, el recurso extraordinario de unificación procede contra
las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en única o en segunda
instancia25. En el presente caso, comoquiera que el recurso examinado se interpuso

18 Documento contenido en el expediente digital que obra en el aplicativo SAMAÍ, con certificado
53DCA7479B95FD0F 6DBF74B43EFC8ADA 92D486D1F1CC1713 89BB336403D85258, ubicado en el índice
014.
19 Auto que fijó fecha para celebración de audiencia. Documento contenido en el expediente digital en el aplicativo

SAMAÍ, con certificado 969494EFA76D3EC0 2E1BBF7B31014746 FEDC201D24D12FD5 F96709BAC6830414,
ubicado en el índice 023.
20 Auto que prescindió de la celebración de audiencia. Documento contenido en el expediente digital en el

aplicativo SAMAÍ, con certificado 2796982F1F7A550B 64AD7DBB3AAD3671 5705C913986E93BB
8B3C4F06F52D49B0, ubicado en el índice 031.
21 Documento contenido en el expediente digital en el aplicativo SAMAÍ, con certificado 58898DD04DBF4813

8A5827CC38F51FB9 858CE6359B3E691B CBF1E0699139B4BB, ubicado en el índice 036.
22 Documento contenido en el expediente digital en el aplicativo SAMAÍ, con certificado
8FFC15F2C53B986C B25369099E801BE5 4A8BB4144A8F0185 9BC20AE845D9C11A, ubicado en el índice
037.
23 Documento contenido en el expediente digital en el aplicativo SAMAÍ, con certificado 3B3E1D466EC1237B

CE52961ACE6CF8DF 2FEC52717FF4A571 658897A0C3775A9B, ubicado en el índice 038.
24 El auto del 12 de noviembre de 2021 que prescindió de la celebración de audiencia pública se notificó por

Estado que se fijó el 17 de noviembre de 2021 y se desfijó finalizado tal día, de modo que el término de 10 días
para sustentar las alegaciones corrió desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 1 de diciembre de la misma
calenda, y como el Ministerio Público allegó concepto pasadas las 17:00hr del día (17:09:58), lo hizo por fuera
del término. Para tales fines revisar la constancia secretarial y el memorial obrante en el índice 035 del aplicativo
Samaí, contentivo del concepto número 138 del 1 de diciembre de 2021.
25 Lo que debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el auto de unificación de la Sección Segunda

del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2019, que dispuso que “el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es
procedente respecto de sentencias dictadas en procesos judiciales que se iniciaron, tramitaron y terminaron bajo
el impero de leyes anteriores a la vigencia de aquel, como lo es el Código Contencioso Administrativo. Ello en
virtud de su naturaleza extraordinaria y de lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA”. Consejo de Estado,
Sección Segunda, auto de unificación jurisprudencial del 28 de marzo de 2019, rad. 0288-15. Esta norma fue
modificada por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021, que acogió expresamente esta interpretación.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

contra una decisión de la Sección Tercera- Subsección A del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca26, y que se supera la cuantía exigida27, se declara su
procedencia.

2.1.2. Este recurso fue interpuesto oportunamente, de acuerdo con el artículo 261
del CPACA, que prevé que el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial
deberá presentarse, a más tardar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la providencia atacada28 y sustentarse dentro de los veinte (20) días
siguientes al momento en el que el recurso sea concedido.

En el caso en concreto, como la sentencia de la Sección Tercera-Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fechada trece (13) de junio de dos mil
diecinueve (2019), cobró ejecutoria finalizado el 28 de junio de la misma calenda29,
el término para interponer el recurso extraordinario inició al día siguiente, esto es, el
2 de julio de 2019, de manera que vencía el 9 de julio de 2019. Luego, su radicación,
realizada como fue el 8 de julio de dicha anualidad30, se revela oportuna.

Adicionalmente, la providencia del once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019)
que lo concedió, se notificó por Estado el 14 de agosto siguiente31, de manera que
el término para sustentarlo vencía el 12 de septiembre de 2019, y como la parte
descorrió la sustentación el 11 de septiembre dicha calenda32, efectuó la actuación
en la oportunidad pertinente.

2.1.3. En cuanto a la legitimación, el artículo 260 del CPACA prevé que cualquiera
de las partes o los terceros que hayan resultado agraviados por la providencia se
encuentran legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, actuación que deberán desplegar “por medio de apoderado a quien
se haya otorgado poder suficiente; sin embargo, no se requiere otorgamiento de un
nuevo poder”. Sin embargo, no está legitimado para interponerlo quien no hubiere
apelado la sentencia de primera instancia o adherido a la apelación de la parte
contraria, cuando el fallo de segunda instancia sea exclusivamente confirmatorio 33.

26 La demanda se interpuso el 17 de mayo de 2016, según obra en los sellos de recibido, fls. 9 y 20, cdno 1. El

acta de reparto que consignó la misma fecha obra en el fl 22, cdno 1.
27 Tal como lo prevé el artículo 257 del CPACA, “Si el recurso recae sobre sentencias de contenido patrimonial

o económico, procederá cuando la cuantía de la condena o de las pretensiones de la demanda iguale o exceda
450 SMLMV para procesos de reparación directa”. En el presente caso, como se trata de una sentencia
desestimatoria de las pretensiones, la Sala tomará como criterio la sumatoria de las pretensiones, que la parte
demandante estimó en la suma de MIL SIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CIENTO VINTICUATRO PESOS ($1.177.263.124) equivalentes a 1.702 Smlmv para el 2016 -fecha
de interposición de la demanda-. De modo que, como el presente recurso fue presentado en el 2019, cuando el
salario mínimo legal mensual vigente en Colombia ascendió a la suma de OCHOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO DIECISÉIS PESOS ($828.116), la cuantía supera con creces los 450 Smlmv exigidos para la
interposición de este recurso, en tanto, la misma ascendió a más de 1.421 Smlmv.
28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo

261. “Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse por escrito ante
el Tribunal Administrativo que expidió la providencia, a más tardar dentro los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de esta”.
29 De conformidad con el artículo 203 del CPACA “las sentencias se notificarán, dentro de los tres (3) días

siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones
judiciales”. Al punto, el inciso tercero del artículo 302 del Código General del Proceso (CGP) dispone que “las
que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”. Aplicado lo anterior al caso en concreto,
como la sentencia de segunda instancia que profirió la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue notificada por Estado el 25 de junio de 2019, con el respectivo envío por
mensaje de datos como lo regula el artículo 203 del CPACA, los términos empezaron a correr al día siguiente,
esto es, el 26 de junio de 2019.
30 Conforme al sello de recibido que obra en el escrito contentivo del recurso. Fl. 263, cdno ppal.
31 Notificaciones del auto que concedió el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial. Fls. 269 a 271,

cdno ppal.
32 Según obra en el sello de recibido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fl. 272, cdno ppal.
33 Si bien el texto legal únicamente exigió para efectos de la legitimación el agotamiento del recurso de apelación

cuando la providencia de segundo grado fuera exclusivamente confirmatoria de la primera (formal), la
jurisprudencia, además, ha agregado, como criterio material, que debió haberse planteado el desconocimiento

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

En el asunto sub lite, Héctor Hugo Ruiz Aldana, Paula Alejandra Ruiz Ariza, Juan
David Ruiz Ariza, Erika Daniela Ruiz Reyes, Harry Santiago Ruiz Reyes, Julián
Felipe Ruiz Reyes y Jeimy Carolina Ruiz Pardo, están legitimados por activa para
interponer el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, porque conforman
el extremo demandante del proceso de reparación directa, y lo radicaron por
conducto de apoderado judicial, a quien en el trámite ordinario le otorgaron poderes
amplios y suficientes34. Al punto, conviene precisar que, si bien no apelaron la
decisión de primera instancia, esto resulta irrelevante comoquiera que la sentencia
de segunda instancia revocó la decisión de primer grado.
2.2. Naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial.

El fin del recurso extraordinario de unificación consiste en asegurar la unidad de la
interpretación del derecho, su aplicación uniforme y la garantía de los derechos de
las partes y de los terceros perjudicados con la providencia recurrida (artículo 256,
CPACA). El recurrente, a su vez, tiene la carga de indicar, con precisión, la sentencia
de unificación jurisprudencial que estima contrariada y las razones que le sirven de
fundamento (art. 262.4 CPACA). Este recurso tendrá vocación de prosperidad
cuando la sentencia recurrida contraríe o se oponga a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado (artículo 258, CPACA) y, más concretamente, a la regla de
unificación en ella fijada.

Ahora, en la identificación de las providencias de unificación, debe tomarse en
consideración, que: (i) según el artículo 270 del CPACA, lo son aquellas que haya
dictado el Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica o
social, por la necesidad de unificar jurisprudencia o precisar el alcance de las
divergencias interpretativas35; (ii) también lo son las proferidas para desatar el
mecanismo de revisión eventual en acciones populares o de grupo, que hayan sido
seleccionadas con el fin expreso de unificar jurisprudencia, de acuerdo con el
artículo 36 A de la Ley 270 de 199636; (iii) son así mismo sentencias de unificación
las proferidas para desatar el recurso de súplica, previsto en el artículo 21 del
Decreto 2304 de 1989, contra providencias en las que se acogiera una doctrina
contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado37-38; y (iv) por último, lo son las
dictadas en los asuntos remitidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

como motivo de censura en la alzada, “agotamiento procesal que constituye sin duda un requisito de
subsidiariedad, pues impone que cuando la alegación del desconocimiento de la sentencia de unificación pueda
ser invocado en el proceso ordinario, es a través de la interposición de los recursos de ley que debe plantearse,
so pena de declarar improcedente el recurso por esa razón”. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16 de
agosto de 2016, exp.11001-03-28-000-2016-00052-00, esto último que excede la disposición legal.
34 Poderes especiales, amplios y suficientes. Fls. 1 a 8, cdno ppal.
35 A título ilustrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo identificó los siguientes eventos generales

en los cuales está llamada a operar la labor unificadora de la jurisprudencia: “- Cuando uno o varios de los temas
contenidos en la providencia respectiva hubieren merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, de manera que resulte indispensable fijar una posición unificadora; || - Cuando uno o varios de los
temas de la providencia, por su complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las
disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean susceptibles de confusión o
involucren disposiciones respecto de las cuales quepan diferentes formas de aplicación o interpretación; || -
Cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la
jurisprudencia de esta Corporación. || - Cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubieren sido
objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado. […] Se reitera que los eventos antes
expuestos lo fueron únicamente a título enunciativo, por ello, su sola mención no excluye la posibilidad de que
con posterioridad y en atención a la finalidad de unificación de jurisprudencia puedan llegar a considerarse otras
hipótesis que harían posible la selección de la providencia para fines de revisión”. CONSEJO DE ESTADO, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de julio de 2009, radicación número 20001-23-31-000-2007-
00244-01(IJ) AG. Reiterado en: Auto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 11 de septiembre de
2012, radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
36 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008.
37 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena. Sentencia de 31 de agosto de 1988, expediente S-032
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-104 de 1993.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

por su importancia jurídica o trascendencia social, según el artículo 38 de la Ley 446
de 199839.

Los anteriores criterios materiales de identificación de las sentencias de unificación
pueden ser complementados con un criterio funcional, de carácter auxiliar, en el cual
se observa el órgano que profirió la providencia, que lo es el Consejo de Estado; y,
dentro de este, las Salas Plenas de cada una de las cinco (5) secciones que, por su
especialidad, integran el pleno de la Sala Contenciosa40 y, las Salas Especiales de
Decisión41.

Por otra parte, la sentencia recurrida debe oponerse a la regla de unificación
invocada, de acuerdo con la ratio decidendi que motivó su adopción. Como lo ha
precisado la Sala42, las providencias de unificación tienen una fuerza vinculante
reforzada, que las hace objeto del recurso en comento, debido a que cumplen la
“función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable”43-44.
Pero, las sentencias de unificación tienen asimismo unas consecuencias jurídicas
subjetivas, circunscritas al caso concreto; y unos efectos generales, con
trascendencia erga omnes, en cuanto definen el alcance y sentido en el que deben
entenderse y aplicarse las normas cuya interpretación dio lugar a la elección del
asunto como objeto de unificación. Este último es el propósito primordial de este tipo
de providencias y, por ende, el que tiene una fuerza vinculante reforzada45-46, que es
el que protege el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Ahora bien, el precedente judicial vinculante está conformado por la “conjunción
inescindible” de tres (3) elementos, que los son: “(i) los hechos relevantes del caso
a decidir, (ii) la subregla o criterio jurisprudencial en el cual se soporta la decisión
adoptada por el juez o tribunal ─la ya comúnmente llamada ratio decidendi─ y (iii) la
parte resolutiva del correspondiente fallo ─decisum─”47. La identidad de patrones
fácticos supone que, en principio, se aplique una subregla jurisprudencial a casos
futuros; y la ratio decidendi conecta tales hechos con la parte resolutiva, definiendo
argumentativamente la subregla. En este orden de ideas, “solo serán subsumibles
en el campo de la sentencia de unificación, procesos que discutan hechos similares
que permitan hacer extensivo el precedente” 48; y en relación con “la ratio decidendi
del caso concreto” que “es la que resulta útil para tal efecto”49.

De esta forma, de acuerdo con lo expuesto en precedencia, se evita, de un lado, que
se pretenda aprovechar reglas que, pese a estar en la sentencia de unificación no
fueron materia de unificación50 y, de otro, que se aproveche el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, cual si fuera una etapa adicional para reabrir el
debate del proceso originario como si se tratara de una tercera instancia para discutir,
verbigracia, la valoración probatoria que efectuó el juez de la causa, pues “el recurso

39 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de C-180 de 2006.
40 Con fundamento en lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 ─Reglamento Interno del Consejo

de Estado─.
41 En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2018, exp. 55972.
43 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-588 de 2012.
44 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 25 de septiembre de 2017, exp. 50892.
45 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012,

radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
46 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-335 de 2008 y C- 252 de 2001.
47 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. 19957. CONSEJO DE

ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012, radicación número
17001-33-31-003-2010-00205-01(AP). CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 31190.
48 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
49 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 63.357. En el mismo

sentido: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
50 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2023, Rad. 64.849.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

extraordinario no se concibe como una nueva vía de discusión de una causa jurídica,
sino como una herramienta puntual para decantar criterios y plasmar líneas de
interpretación que perduren en el tiempo”51.

2.3. Delimitación del recurso y formulación del problema jurídico

De acuerdo con el escrito contentivo del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, la Sala, antes de formular el problema jurídico que deberá resolver,
hará las siguientes precisiones:

2.3.1. Los reparos del recurso se dividen, respectivamente, en dos ejes temáticos:
el primero, la falta de aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad
predicable, por regla general, de los asuntos en que el procesado resultó absuelto
penalmente por el principio de indubio pro reo; y, el segundo, la desacreditación de
los argumentos que utilizó el Tribunal para legitimar su decisión, en cuanto consideró
que la víctima no agotó el recurso que por ley era procedente, y reabrió y descalificó
el acervo probatorio obrante en el proceso penal.

Respecto del primer eje, los reparos de la parte demandante están asentados en la
protesta por la inaplicación propiamente dicha de la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, pues los recurrentes expresamente vincularon tales cargos al
contenido de la decisión unificadora. De modo que, al margen de la falta de precisión
argumentativa en que incurrió el extremo activo —quien se limitó a indicar que
transcribía uno de los apartes de dicha decisión sin aludir a una referencia concreta
debidamente citada—, a juicio de esta Sala, este último cumplió con su deber de
exponer la razón primordial por la que estimó que el Tribunal contrarió la unificación
(numeral 4 del artículo 262 del CPACA).

Ahora bien, en relación con el segundo eje temático, que se enfoca en la
desacreditación de los argumentos que empleó el Tribunal para revocar la decisión
de primera instancia, la parte recurrente no vinculó explícitamente sus reparos con
la sentencia de unificación cuyo desconocimiento aduce. Sus argumentos quedan
reducidos a motivos de discrepancia con las razones de fondo que esgrimió el
Tribunal, en sede ordinaria, para legitimar su decisión denegatoria52.

Así pues, como la única causal que prevé la ley para que proceda la unificación
jurisprudencial es que la “sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado” (artículo 258 del CPACA), los
motivos comprendidos dentro del segundo eje temático quedarán descartados del
análisis que adopte la Sala en la presente providencia, pues, con independencia de
la unificación del 28 de agosto de 2014, la parte no ligó dicho contenido a alguna
otra decisión unificadora susceptible de encuadrar o justificar un estudio en esta
instancia, cuestión que quedó zanjada desde la admisión del presente recurso.

2.3.2. Establecido lo anterior, el problema jurídico que deberá resolver la Sala es el
siguiente:
¿La sentencia proferida el trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A,
contravino la sentencia de unificación dictada por la Sección Tercera del Consejo de

51 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-179 de 2016.
52 En concreto, tales cargos se introducen por la parte recurrente con el objeto de desestimar la culpa exclusiva

de la víctima por falta de defensa técnica y están conducidos a reabrir la controversia probatoria, con el fin de
determinar la asertividad del Tribunal en calificar las pruebas que eran de la órbita del proceso penal.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

Estado el 28 de agosto de 2014 (exp. 36.149), toda vez que el Tribunal inaplicó un
régimen de imputación objetivo de responsabilidad, pese a que este constituía la
regla general para los asuntos de privación injusta de la libertad culminados al
amparo del principio del indubio pro reo?

2.4. Análisis del recurso

Para efectos de resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
que fue sometido ante esta Corporación, la Sala verificará si se cumplen los
presupuestos que hacen procedente acoger la solicitud, lo que realizará
metodológicamente, en el siguiente orden: (i) la connotación de sentencia de
unificación de la cual se pretende hacer valer el criterio unificado; (ii) la identificación
de las reglas y subreglas unificadas; y (iii) la subsunción de las reglas unificadas al
caso concreto, para determinar si la sentencia impugnada contraría o se opone a la
providencia de unificación invocada.

2.4.1. La connotación de sentencia de unificación invocada

Se pone de relieve que la sentencia de unificación que cita el recurrente, esto es, la
expedida por la Sección Tercera del veintiocho (28) de agosto de 2014, dentro del
radicado interno número 36.149, además de que no versaba sobre el régimen de
imputación sino sobre el reconocimiento y tasación de perjuicios en materia de
privación injusta de la libertad, a la fecha no se encuentra vigente, en consecuencia,
se hará el análisis con las sentencias de unificación que la reemplazaron que, para
su efecto son: (i) sentencia de unificación expedida por el pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 29 de noviembre de 2021, expediente 18001-23-
31-001-2006-00178-01 (46681) y, (ii) sentencia de unificación expedida por el pleno
de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 18 de julio de 2019, expediente
73001-23-31-000-2009-00133-01(44572).

2.4.2. Sentencia de Unificación del 29 de noviembre de 2021, expediente 18001-
23-31-001-2006-00178-01 (46681)

Esta sentencia corresponde a una sentencia de unificación porque: (i) fue expedida
por el Pleno de la Sección Tercera; (ii) se introduce con el anuncio de los tópicos
específicos que serían materia de unificación53; y (iii) tanto en su parte motiva como
resolutiva se encargó de unificar criterios frente a los temas anunciados y sentó las
reglas y subreglas de unificación.

2.4.2.1. Identificación de las reglas y subreglas unificadas en la sentencia
invocada

La Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), unificó jurisprudencia en relación con el
reconocimiento y monto de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la
libertad con el establecimiento de topes máximos en función de la calidad de la
víctima ─directa o indirecta─ y del tipo de privación ─intramural o domiciliaria.
En tal virtud, el eje de la unificación giró exclusivamente en materia de perjuicios y
no abordó, ni mucho menos estandarizó un régimen objetivo de imputación para los
casos de privación injusta de la libertad.

53 En la parte introductoria de la referida sentencia la Sección Tercera indicó: “ Tema: Privación de la libertad

Unificación: Se adoptan reglas para unificar la jurisprudencia relativa al reconocimiento y monto de los perjuicios
morales por la privación de la libertad”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

2.4.2.2. La subsunción de las reglas unificadas al caso concreto

Como el argumento principal del recurrente es que se infringió el criterio unificado
que, según él, se decanta por la aplicación de un régimen objetivo de
responsabilidad para los casos de privación injusta, de acuerdo con las reglas que
fijó la sentencia de unificación del veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021), es claro que las consideraciones de la sentencia de unificación que los
recurrentes protestan como desconocidas por la sentencia que resolvió en segunda
instancia sus demandas de responsabilidad por privación injusta de la libertad no
formaron parte de las reglas y subreglas de unificación allí establecidas y, por ende,
no tienen la fuerza vinculante reforzada que sería extensible a todos los casos
análogos que compartan identidad fáctica. Por consiguiente, esta Sala, al cotejar el
tópico presuntamente infringido, con las reglas unificadas en la sentencia del
veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), encuentra que estos no
lucen concordantes.

2.4.3. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, expediente 73001-23-
31-000-2009-00133-01(44572)

Esta sentencia corresponde a una sentencia de unificación porque: (i) fue expedida
por el Pleno de la Sección Tercera; (ii) se introduce con el anuncio de los tópicos
específicos que serían materia de unificación54; y (iii) tanto en su parte motiva como
resolutiva se encargó de unificar criterios frente a los temas anunciados y sentó las
reglas y subreglas de unificación.

2.4.3.1. Identificación de las reglas y subreglas unificadas en la sentencia
invocada

La Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia del dieciocho (18) de julio
de dos mil diecinueve (2019), unificó jurisprudencia en relación con el reconocimiento
y monto de los perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en casos
de privación injusta de la libertad y, las reglas probatorias para su reconocimiento.
En consecuencia, el objeto de la unificación se concentró exclusivamente en materia
del reconocimiento de perjuicios materiales en los casos de privación injusta de la
libertad y no abordó, ni mucho menos estandarizó un régimen objetivo de imputación
para tales asuntos.

2.4.3.2. La subsunción de las reglas unificadas al caso concreto

Como el dicho del recurrente es que se infringió el criterio unificado que, según él,
se decanta por la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad para los
casos de privación injusta, de acuerdo con las reglas que fijó la sentencia de
unificación del dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019), forzoso es
concluir que no existe ninguna relación entre las reglas de unificación y el régimen
de imputación que echa de menos, razón por la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia proferida el trece (13) de junio de dos mil diecinueve
(2019) no estaba supeditado a la aplicación de un régimen específico de
responsabilidad.

54 En la parte introductoria de la referida sentencia la Sección Tercera indicó: “La Sala Plena de la Sección

Tercera avoca el conocimiento del presente caso, con el fin de unificar su jurisprudencia en materia de
reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los casos de
privación injusta de la libertad, criterios que serán aplicables también a los eventos en los cuales le corresponda
al juzgador determinar la existencia y el monto de perjuicios materiales de la misma clase”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
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En síntesis, ni la sentencia de unificación del veintinueve (29) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021), ni la del dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019)
privilegiaron un régimen de imputación objetiva como se lo supone el recurrente.

2.5. Ahora, es cierto que para el momento en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió la sentencia del trece (13) de junio de dos mil diecinueve
(2019), la sentencia que se encontraba vigente para dicha época era la invocada por
el recurrente, esto es, la sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación, del
veintiocho (28) de agosto de 2014 (exp. 36.149). Sin embargo, si el análisis se
hiciera de cara a esta sentencia como se solicita en el recurso, lo concluido hasta
este momento no variaría, por cuanto dicha sentencia había unificado la
jurisprudencia en relación con: (i) los parámetros que deben tenerse en cuenta para
tasar los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad; y (ii) los
criterios para indemnizar a una persona que fue privada injustamente de su libertad,
por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Es decir, que si hipotéticamente la sentencia que refiere el recurrente se encontrara
vigente, habría que decir que en aquella oportunidad el pleno de la Sección Tercera
tampoco unificó aspecto alguno atinente al régimen de imputación, sino que lo hizo
sobre el reconocimiento de perjuicios.

A esto se agrega que, la falta de precisión de la parte recurrente en el sentido de
omitir la identificación de la ratio decidendi de la unificación, no puede ser suplida
por la Sala al interpretar in extenso el contenido de la unificación, pues hacerlo
relevaría a los recurrentes de la carga que por ley soportan, y sobrepasaría los
reparos concretos formulados en esta instancia extraordinaria.

2.6. Así las cosas, al no estar satisfechos los presupuestos para la prosperidad del
recurso, será desestimado.

2.6. Condena en costas

El artículo 267 del CPACA, establece que “si el recurso es desestimado, se
condenará en costas al recurrente”, no obstante, no se condenará en costas a la
parte actora por cuanto la desestimación del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia deviene de una circunstancia ajena a los recurrentes, en otros
términos, dado que con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario de
unificación se concluyó que la sentencia invocada no es de unificación, no se
condenará en costas en este caso concreto55.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del

55 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 19 de septiembre de 2024,

expediente 69.832.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00173-00 (65247)
Demandante: Héctor Hugo Ruíz Aldana y otros.

trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera- Subsección A.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Ausente con excusa
Firmado electrónicamente

VF
VMP

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