Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2020-00031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2020-00031-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor: Alejandro Zambrano Echeverry
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente
Medio de Control: Nulidad
La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada en contra del inciso
segundo del artículo 9.2 de la Circular Externa Única de 2019, expedida por el
director de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 17 de febrero de 2020, el señor Alejandro Zambrano Echeverry, en ejercicio del
medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA, formuló
demanda en contra de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra
Eficiente -en adelante, Colombia Compra Eficiente o la Agencia-, por medio de la
cual pide que se declare la nulidad del inciso segundo del artículo 9.2 de la Circular
Externa Única de 2019 expedida por la entidad demandada, norma que es del
siguiente tenor:
Artículo 9.2 Cómputo de la Experiencia Profesional
El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes
profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia
profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de educación superior; exceptuando de esta condición las
1
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las
cuales la experiencia profesional se computa a partir de la inscripción o registro
profesional.
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en los que el objeto del contrato
requiera el ejercicio de profesiones sujetas a regulación especial en razón a la
alta responsabilidad y riesgo social que implica su ejercicio para la sociedad4-1
, como es el caso de las profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna
de sus profesiones afines o auxiliares5-2, la Entidad Estatal debe remitirse a lo
establecido en la regulación específica acerca del cómputo de la experiencia.
(Las subrayas son de la demanda).
El demandante señaló, así mismo, los pies de página en los que la norma indica:
4. Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, Magistrado Ponente: Juan Carlos
Henao Pérez.
5. Regulación en la Ley 842 de 2003. (Las subrayas son de la demanda).
De acuerdo con la demanda, esta norma determinó que la experiencia profesional
en materia de contratación estatal, para el caso de profesiones relacionadas con la
ingeniería o profesiones afines o auxiliares, se contabilizará a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción en atención a
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.
A juicio del demandante, el inciso segundo contenido en el numeral 9.2 de la Circular
parcialmente demandada, señala un requisito mayor para el cómputo de la
experiencia profesional en el caso de las referidas profesiones de ingeniería y las
afines y auxiliares de esta, generando una situación contraria a lo preceptuado en
el ordenamiento jurídico, por dar aplicación a una norma tácitamente derogada,
como lo es el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.
Es así como a partir de la expedición de la Circular Externa Única se creó un
régimen jurídico aplicable a dichas profesiones, situación que “es especialmente
relevante en materia del ejercicio profesional, por cuanto genera que no sea tenida
en cuenta la experiencia profesional adquirida a partir de la terminación y
aprobación del pensum académico de educación superior”, y el director de la
entidad demandada se excedió en el ejercicio de sus funciones, pues no es
competente para ordenar la aplicación de una ley derogada.
1 En el pie de página 4, la norma dice: “Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, Magistrado Ponente:
Juan Carlos Henao Pérez”.
2 En el pie de página 5, la norma dice: “Regulada en la Ley 842 de 2003”.
2
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
Normas violadas y concepto de la violación
El demandante adujo que, con el acto administrativo demandado, se infringieron las
siguientes normas constitucionales, legales y reglamentarias: Artículos 113 y 150
numerales 1 y 2 de la Constitución Política; artículo 229 del Decreto-Ley 0019 de
2012; artículo 11 del Decreto-Ley 785 de 2005 y artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083
de 2015.
Concepto de la violación:
A. Primer y segundo cargos (Artículo 150 numerales 1º y 2º y Artículo 113
de la Constitución Política de Colombia):
El demandante expuso que el artículo 150 superior fue vulnerado por la norma
demandada, pues en dicha norma se atribuye al Congreso la función de hacer las
leyes y, por medio de ellas, ejerce entre otras, las funciones de interpretar, reformar
y derogar las leyes y expedir Códigos en todos los ramos de la legislación y reformar
sus disposiciones.
Y mediante el acto acusado, Colombia Compra Eficiente se arrogó una función
exclusiva del Congreso de la República, pues de manera directa, sin tener en cuenta
que el Decreto-ley 0019 de 2012 derogó de manera tácita el artículo 12 de la Ley
842 de 2003, ordenó dar aplicación a dicho artículo derogado.
Igualmente se desconoció el artículo 113 constitucional, el cual consagra la división
tripartita del Poder Público y el principio de separación de sus ramas y órganos, al
invadir el Ejecutivo la órbita de competencia del órgano legislativo.
B- Tercer cargo (Artículo 229 del Decreto-Ley 0019 de 2012):
El demandante adujo que a través del inciso segundo del artículo 9.2 de la Circular
Externa Única de 2019 se desconoció lo dispuesto por el artículo 229 del Decreto-
Ley 019 de 2012, norma que, en criterio de la parte actora, derogó tácitamente el
artículo 12 de la Ley 842 de 2003, pues de acuerdo con el artículo 71 del Código
Civil, la derogación de una ley es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse con la ley anterior.
3
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
Agregó que varias entidades estatales han considerado la existencia de la referida
derogatoria tácita, para lo cual citó un concepto de la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública 3.
Consideró el demandante que se deroga tácitamente una norma, cuando el
legislador, al crear una nueva, ha decidido que la anterior deje de aplicarse siempre
que no pueda conciliarse con la recientemente aprobada.
Y en el presente caso, la norma acusada no tuvo en cuenta que el artículo 229 del
Decreto-Ley 019 de 2012 estableció la norma general para el cómputo de la
experiencia profesional de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio
de la Educación, y que consiste en que dicha cuantificación deberá efectuarse a
partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior,
consagrando tan sólo una excepción: cuando se trate de las profesiones
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud.
C- Cuarto cargo (Decreto-Ley 785 de 2005, artículo 11):
En la demanda se expone el contenido del artículo 11 del Decreto-Ley 785 de 2005,
que define cuál es la experiencia profesional4, para reiterar que, mediante el acto
acusado, se desconoció la derogatoria tácita del artículo 12 de la Ley 842 de 2003,
por parte del artículo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012, que no modifica los criterios
para acceder a los empleos, sino que se refiere al cómputo de la experiencia de las
profesiones.
Por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia del artículo 229 del Decreto-Ley 019
de 2012, que derogó en forma tácita las normas que le fueran contrarias, se
computará la experiencia de todas las profesiones, incluyendo la ingeniería, y con
excepción de las relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, desde
la terminación y aprobación del pensum académico, independientemente de la
3 Concepto 201240000026371 del 20 de febrero de 2012.
4 Decreto-Ley 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las
disposiciones de la Ley 909 de 2004”, dispuso: “ARTÍCULO 11. EXPERIENCIA. Se entiende por
experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante
el ejercicio de una profesión, arte u oficio. // Para los efectos del presente decreto, la experiencia se
clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente. // Experiencia Profesional. Es la adquirida
a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico
de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo. (…)”.
4
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
inscripción en el registro profesional, pues ese no fue un requisito plasmado en la
norma.
En consecuencia, no podía Colombia Compra Eficiente, a través de la Circular
demandada parcialmente, desconocer lo dispuesto en el referido Decreto-Ley y
pretender dar aplicación a una norma derogada como lo es el artículo 12 de la Ley
842 de 2003.
D- Quinto cargo (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7):
El demandante consideró que la norma acusada también desconoce el artículo
2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”5, que es coincidente con lo dispuesto
por el Decreto-Ley 019 de 2012 respecto de la experiencia profesional y su
contabilización a partir de la aprobación del pensum académico de la respectiva
profesión, con excepción de las relacionadas con el Sistema de Seguridad Social
en Salud, a lo que agregó:
En consecuencia, la experiencia profesional en toda vinculación que se realice
para proveer empleos públicos una vez vigente el Decreto Ley 019 de 2012, se
debe reconocer desde la fecha de terminación y aprobación de todas las
materias del respectivo pensum académico de educación superior con
excepción de las profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social
en Salud en las cuales la experiencia profesional se cuenta a partir de la
inscripción o registro profesional.
Y, a continuación, procedió a citar varios conceptos del Departamento
Administrativo de la Función Pública en relación con el reconocimiento de la
experiencia profesional, los cuales fueron desconocidos por Colombia Compra
Eficiente al expedir la norma demandada.
Lo anterior, a juicio del actor, demuestra que la entidad demandada obró sin tener
competencia para ello, pues no podía, a través de un acto administrativo, determinar
5 ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades
y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. //
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral
y docente. // Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias
de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. // En el caso de las
disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la
experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional. // La experiencia
adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica
profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional (…)”.
5
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
la aplicación de una norma derogada, ya que el único que podría hacerlo y tendría
atribución constitucional y legal para ello, sería el mismo Congreso.
Trámite de instancia
2.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 16 de junio de 20206, luego de verificar el régimen normativo
aplicable, la competencia de la Corporación para conocer del mismo y el
cumplimiento de requisitos formales de la demanda, se procedió a su admisión, se
ordenó su notificación a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado y se corrió traslado para su respectiva contestación.
2.2. Contestación de la demanda
En la oportunidad procesal correspondiente, mediante escrito del 15 de febrero de
2021, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente
contestó la demanda formulada, se opuso a las pretensiones de nulidad incoadas y
propuso las excepciones de i) ineptitud sustancial de la acusación (excepción
previa)7, ii) legalidad de la circular externa única acusada, y iii) del sustento
normativo rector del cómputo de la experiencia profesional8.
En cuanto a los cargos elevados por la parte actora, la demandada afirmó que,
legalmente, el director de Colombia Compra Eficiente sí tiene competencia para
expedir circulares, según las funciones que le fueron atribuidas por el Decreto-Ley
4170 de 2011 en sus artículos 3, numeral 2 y 10 numeral 13.
Sostuvo que la Agencia sí dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto
019 de 2012, pues así quedó plasmado en el párrafo primero del numeral 9.2, que
lo estableció como norma rectora del cómputo de la experiencia profesional, de
modo que esa es la regla general para contabilizarla, salvo lo dispuesto para las
áreas de la salud.
6 Folio 31.
7 Mediante auto del 2 de noviembre de 2021, se declaró no próspera la excepción de inepta
demanda, por cuanto se consideró que la misma reunía todos los requisitos exigidos por el artículo
162 del CPACA, incluida la especificación concreta del motivo para demandar la Circular Única
Externa de Colombia Compra Eficiente de 2019 (f. 67).
8 Folio 52.
6
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
Agregó que “(…) en relación con el cómputo de la experiencia profesional de
ingeniería previsto en el párrafo segundo del numeral citado, es claro que la Circular
fijó esta subregla, sin que pueda colegirse que este evento implica una contradicción
o contraposición con la regla rectora del Decreto 019 de 2012, pues lo que establece
es que siempre que exista una norma especial que regule esta materia deberá
efectuarse la remisión a ella”.
Al sustentar las excepciones de fondo propuestas, adujo:
Legalidad de la circular externa única acusada:
La entidad demandada adujo las funciones que el Decreto-Ley 4170 de 2011 le
atribuyó a Colombia Compra Eficiente, entre las que destacó la de “[d]esarrollar,
implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas,
instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del
Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y
competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos
generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas” -
numeral 2- y la de “[a]bsolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter
general y expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública”
-numeral 5-.
Así mismo, destacó las funciones directamente atribuidas al director de la Agencia
por el artículo 10 del referido decreto, en especial la dispuesta en su numeral 13, de
“[e]xpedir circulares externas en materia de compras y contratación pública”, y
añadió que la Agencia, en cumplimiento de sus objetivos como entidad rectora del
Sistema de Compra Pública expedía circulares externas que contenían mandatos,
orientaciones e instrucciones dirigidas a entes estatales y al público en general y
que eran de obligatorio cumplimiento. Agregó que el demandante se equivocó en
predicar una presunta irregularidad de la Circular Externa cuestionada, consistente
en haber sido expedida por un funcionario que no tenía competencia, omitiendo con
ello el contenido de las normas que se acaban de relacionar.
Del sustento normativo rector del cómputo de la experiencia profesional:
La demandada se refirió a la regulación de la derogación de la ley, la cual, según el
artículo 71 del Código Civil puede ser expresa o tácita, siendo esta última, según el
artículo 72 del mismo código, la que deja vigente en las leyes anteriores, aunque
7
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de
la nueva ley. Así mismo, aludió a la derogación orgánica, contemplada en el artículo
3 de la Ley 153 de 1887, conforme a la cual, se estima insubsistente una disposición
legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con
disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule
íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.
Con fundamento en lo anterior afirmó que, en el caso de la derogación tácita, se
hacía necesario interpretar ambas leyes, para establecer cuál regía y determinar si
la derogación fue total o parcial; por lo tanto, estimó que se trata de un fenómeno
de naturaleza eminentemente interpretativa.
Sobre el caso concreto, adujo que el numeral 9.2 de la Circular Externa impugnada
estableció como norma rectora para el cómputo de la experiencia profesional, el
Decreto-Ley 019 de 2012 y esa era la regla general, salvo lo dispuesto para las
áreas de la salud. Agregó que “(…) en relación con el cómputo de la experiencia
profesional de ingeniería previsto en el párrafo segundo del multicitado numeral, es
claro que la Circular fijó esta subregla, sin que pueda colegirse que este evento
implica una contradicción o contraposición con la regla rectora del Decreto 019 de
2012, pues lo que establece es que siempre que exista una norma especial que
regule esta materia, deberá efectuarse la remisión a ella”.
En adición a lo anterior, se refirió al artículo 192 de la Ley 1955 de 2019, que
estableció que el tiempo de la práctica laboral que el estudiante realice para optar
por su título profesional, tecnológico o técnico cuenta como experiencia laboral.
Y a la expedición de la Ley 2043 de 2020, por medio de la cual se reconocen las
prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras
disposiciones, norma que regula la materia integralmente y que es obligatoria desde
su promulgación y, por lo tanto, a partir de ese momento, para los efectos de
contabilizar las prácticas laborales como experiencia profesional, para cualquier
programa de pregrado, estas deben ser entendidas como lo dispone el artículo 3 de
la referida ley, según el cual tales prácticas laborales consisten en todas aquellas
actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de
pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica, norma
esta última que, a su vez, derogó lo dispuesto sobre la materia por el artículo 15 de
la Ley 1780 de 2016 para los efectos de la acreditación de la práctica laboral como
8
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
experiencia profesional y el artículo 192 de la Ley 1955 de 2019, así como todas las
otras normas que le sean contrarias.
Por lo anterior, consideró que la excepción estaba llamada a prosperar.
3. Sentencia anticipada
En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 6,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto del 22 de
septiembre de 2022, se resolvió prescindir de la audiencia inicial establecida en el
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de dictar sentencia anticipada en el
sub lite, dada la configuración de las causales establecidas en los literales a), b) y
c) del numeral 1 del artículo 182A del C.P.A.C.A., previa fijación del litigio y agotada
la etapa de alegatos de conclusión, providencia que fue debidamente notificada por
estado el 3 de octubre de 20229.
4. Fijación del litigio
En consonancia con los cargos formulados por los demandantes y la contestación
de la demanda, el litigio se fijó en el auto del 22 de septiembre de 2022, en los
siguientes términos:
Teniendo en cuenta la exposición de los antecedentes realizada con antelación,
corresponde a esta Corporación determinar si el inciso segundo del artículo 9.2
de la Circular Única de 2019, expedido por la Agencia Nacional de Contratación
Pública Colombia Compra Eficiente, es ilegal por haber impuesto la aplicación
de una norma tácitamente derogada, como lo fue el artículo 12 de la Ley 842
de 2003, según lo afirmado por la parte demandante.
Lo anterior, en atención a que esta última norma establecía que, para la
profesión de Ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional solo se computaría a partir de la fecha de expedición de
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional,
respectivamente, pero posteriormente, el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de
2012, estableció la norma general para el cómputo de la experiencia profesional
de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de la Educación, y
que consiste en que dicha cuantificación deberá efectuarse a partir de la
9 Índices 47 y 49 de SAMAI.
9
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior,
consagrando tan sólo una excepción: cuando se trate de las profesiones
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, caso en el cual la
experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro
profesional.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 10 de octubre de 2022 se ordenó correr traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto respectivamente,
término dentro del cual intervinieron tanto las partes como el Ministerio Público10.
La parte actora reiteró que, mediante la norma demandada, Colombia Compra
Eficiente señaló un requisito mayor para el cómputo de la experiencia profesional,
para el caso de las profesiones relacionadas con ingeniería, profesiones afines y
auxiliares, a aquel dispuesto por el Decreto 019 de 2012, generando una situación
jurídica contraria a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico, por dar aplicación a
una norma tácitamente derogada, como lo es el artículo 12 de la Ley 842 de 2003,
con lo que se creó un régimen jurídico aplicable a las mencionadas profesiones que
“(…) es especialmente relevante en materia del ejercicio profesional, por cuanto
genera que no sea tenida en cuenta la experiencia profesional adquirida a partir de
la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y que por
lo tanto El señor Director de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN -
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE se excedió en el ejercicio de sus funciones, toda
vez que no es competente para ordenar dar aplicación a una Ley derogada a través
de un acto administrativo”. Con lo anterior, adujo, el director de la entidad
demandada incurrió en una extralimitación de sus funciones e invadió el ámbito
legislativo al dar aplicación, a través de un acto administrativo, a una ley derogada,
“(…) máxime cuando al verificar la legislación reciente se evidencia que el inciso
segundo del artículo 9.2 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente
de 2019, va en contravía de esta”, por lo que “(…) contraviene el objetivo de la
legislación vigente respecto a la experiencia laboral, al exigir un requisito mayor
para las profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones
afines o auxiliares, como lo es realizar la inscripción o registro profesional para a
partir de ahí, contabilizar la experiencia profesional”.
10 Escritos visibles en SAMAI, índices 56, 57 y 58.
10
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
La entidad demandada adujo que la parte actora no sustentó en debida forma la
causal de nulidad alegada en contra del acto acusado, pues si bien alegó la
infracción de las normas en las que debería fundarse, no refirió alguna de las formas
en que tal vicio puede darse, es decir por falta de aplicación, aplicación indebida o
interpretación errónea de la ley, ya que se limitó a plantear que la norma demandada
trajo a la vida jurídica una norma supuestamente derogada, cuando ello no era
cierto, puesto que el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 era una norma especial que,
por lo tanto, no podía ser tácitamente derogada por una norma general como lo es
el Decreto-Ley 019 de 2012, que tiene por objeto la expedición de normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública.
Manifestó así mismo, que el demandante fundó sus acusaciones en conceptos
emitidos por entidades estatales como el Departamento Administrativo de la
Función Pública, los cuales, por su misma naturaleza, no son obligatorios y, “(…)
aunque ofrecen una opinión plausible y razonable no quiere decir que sea la
interpretación decisoria y vinculante y por ende, que tenga la virtualidad de ser el
fundamento de la nulidad de la circular demandada”, mientras que, por otro lado, el
Consejo de Estado sí ha proferido pronunciamientos en los que ha establecido la
vigencia del referido artículo 12 de la Ley 842 de 200311. En consecuencia, “(…) los
cargos formulados por el demandante no están acreditados en tanto no existe
disparidad entre las disposiciones normativas confrontadas, puesto que la regla
establecida en la Circular Única de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente, solo hacen referencia a una norma vigente en el
ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no controvierten las disposiciones
normativas alegadas en el concepto de violación de la demanda”.
El Ministerio Público presentó concepto en el cual consideró que las pretensiones
debían ser rechazadas, toda vez que no se desvirtuó la presunción de legalidad de
la norma demandada.
Al respecto, aludió a la libertad de toda persona de escoger profesión u oficio, como
un derecho constitucionalmente garantizado -art. 26-, aunque factible de ser
limitado o regulado en virtud de las repercusiones que puede generar una actividad
profesional en la sociedad, por lo que una manifestación de la intervención del
11 Se refirió a la sentencia de la Sección Quinta del 13 de diciembre de 2016, rad. 76001-23-33-000-
2016-00525-01, C.P.: Rocío Araújo Oñate y el Auto de la Sección Primera del 2 de octubre de 2017,
rad. 1100103-24-000-2015-00502-00, C.P.: María Elizabeth García González.
11
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
Estado en la materia es precisamente la regulación de lo relacionado con la
exigencia de título profesional, así como lo atinente a la experiencia profesional.
Y precisamente, la Ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares son de aquellas
que por su contenido, complejidad e incidencia, desde el punto de vista de los
riesgos asociados a su ejercicio y las repercusiones técnicas y económicas que
tienen en el desarrollo económico y social del país, se encuentran intervenidas por
el legislador, por lo que requieren de la realización de estudios acreditados en
instituciones de educación superior debidamente autorizadas por el Estado y de la
obtención de un título profesional, por lo que para su ejercicio se requiere estar
matriculado o inscrito en el registro profesional respectivo, lo cual se acreditará con
la presentación de la tarjeta profesional, conforme a lo establecido en la Ley 842 de
2003 -artículos 11 y 12-, que regula el ejercicio de la Ingeniería y que, tal y como la
categorizó la Corte Constitucional -Sentencia C-296 de 2012-, es una ley especial.
Afirmó que, en el acto acusado, Colombia Compra Eficiente incluyó una subregla
jurídica interpretativa, que remitió a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842, con
lo cual no agregó nada nuevo, pues simplemente hizo referencia a una norma legal
especial vigente conforme a la cual la experiencia profesional de la Ingeniería, sus
profesiones afines y auxiliares, empieza a contabilizarse a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional,
respectivamente. Y la propia Corte Constitucional, en la sentencia mencionada, al
pronunciarse sobre la exequibilidad del referido artículo 12 de la Ley 842 de 2003,
estableció que era admisible el trato diferencial en relación con los requisitos
exigidos para el ejercicio de estas profesiones, por lo que el agente del Ministerio
Público concluyó que el numeral 9.2 de la Circular Externa Única de 2019 de
Colombia Compra Eficiente fue expedida con sujeción a las normas superiores en
las que debía fundarse.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer la demanda impetrada contra el
artículo 9.2 de la Circular Externa Única de 2019, pues es un acto administrativo
general expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia
Compra Eficiente, ya que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 237 de la Constitución Política, y los artículos 137 y 149 del CPACA,
12
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
corresponde al Consejo de Estado conocer, en única instancia, de las demandas de
nulidad que contra esta clase de actos se interpongan.
Advierte así mismo la Sala que el conocimiento de la presente demanda
corresponde a esta Sección de la Corporación, dado que el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019, por el cual se adoptó el reglamento del Consejo de Estado, radicó en
la Sección Tercera la competencia para conocer de los procesos de simple nulidad
contra actos administrativos que, entre otros temas, versen sobre asuntos
contractuales; y, en el presente caso, el acto parcialmente acusado -Circular
Externa Única de 2019- fue proferido por la Agencia Nacional de Contratación
Pública Colombia Compra Eficiente, como ente rector del Sistema de Compra
Pública, en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por el artículo 3 del
Decreto 4170 de 2011, y está dirigida a todas aquellas entidades estatales que no
cuentan con un régimen especial de contratos sino que se someten al Estatuto de
Contratación Estatal, según la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015 “Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto ÚNico Reglamentario Del Sector
Administrativo De Planeación Nacional" 12, De Acuerdo Con Lo Dispuesto En La
Misma Circular.
En consecuencia, tratándose de una disposición que hace parte del acervo
normativo que, en materia de contratación, es de obligatoria aplicación por parte de
las entidades sujetas al estatuto de contratación estatal, su conocimiento le
corresponde a esta Sección.
2. Análisis de los asuntos objeto de la presente litis
A continuación, la Sala procederá a la resolución de los asuntos puestos a su
consideración, de conformidad con la fijación del litigio que consta en el numeral 4
del capítulo I de esta providencia, conforme al cual deberá determinar si el inciso
segundo del artículo 9.2 de la Circular Única de 2019, expedido por la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, es ilegal por haber
12 “Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. Los términos no definidos en el Título I de la Parte 2 del
presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio. Para la interpretación del presente Título I, las expresiones aquí utilizadas con
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. // (…) Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2
de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c)
aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de
2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan”.
13
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
impuesto la aplicación de una norma tácitamente derogada, como lo fue el artículo
12 de la Ley 842 de 2003.
La Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por los
literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 201113, el presidente de la
República expidió el Decreto-Ley 4170 de 2011, por medio del cual creó la Unidad
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–, como una entidad descentralizada de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.
La creación de dicha entidad, obedeció a la necesidad de contar con un organismo
que actuara como rector en la gestión contractual pública, que promoviera,
articulara, implementara, hiciera el seguimiento necesario a las políticas que
orienten la actividad estatal, proporcionara instrumentos gerenciales en dicha
actividad y, por esa vía, colaborara activamente en la mitigación del riesgo de
corrupción en la inversión de los recursos públicos.
Como se establece claramente en los considerandos del decreto-ley, era necesario
“(…) crear un organismo técnico especializado que se encargue de impulsar
políticas, normas y unificar procesos en materia de compras y contratación pública,
preparar y suscribir los acuerdos marco de precios de que trata el artículo 2o de la
Ley 1150 de 2007 y articular los partícipes de los procesos de compras y
contratación pública, con el fin de optimizar los recursos del Estado, hacer coherente
la organización y funcionamiento de la Administración Pública para lograr mayor
rentabilidad social en el uso de los recursos públicos”.
Ahora bien, en materia de contratación de las entidades estatales, el artículo 150 de
la Constitución Política, que le atribuyó al Congreso la función de expedir las leyes
13 Por medio de esta ley, se escindieron unos Ministerios y se otorgaron precisas facultades
extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración
Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, entre otras disposiciones. En los
literales d), e) y f) del artículo 18, se le otorgaron tales facultades durante 6 meses para reasignar
funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la Administración Pública
nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado; crear, escindir y cambiar la
naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos de la rama
ejecutiva del orden nacional, y señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica
de las entidades u organismos resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y los de aquellas
entidades u organismos a los cuales se trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas,
fusionadas o transformadas, y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
14
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
y dispuso las funciones que debía cumplir a través de ellas, consignó en su último
inciso que le corresponde a dicha corporación expedir el estatuto general de
contratación de la administración pública y en especial de la administración
nacional, lo que significa que el régimen de los contratos de las entidades estatales
debe ser establecido mediante ley, sin perjuicio de la función de reglamentación que
de la misma le atribuye la misma Carta al presidente de la República en el numeral
11 del artículo 189.
No obstante, sujeta a esa normatividad legal y reglamentaria, surge en cabeza del
organismo rector de la contratación pública, Colombia Compra Eficiente, una
función reguladora tendiente a dar desarrollo a las normas jerárquicamente
superiores e implementar su aplicación, manifestada en la expedición de circulares,
a través de las cuales, como lo dice el numeral 2 del artículo 3º del Decreto-Ley
4170, se desarrollen, implementen y difundan las políticas públicas, planes,
programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y
contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia,
transparencia y competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y
procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades
públicas.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la actuación normativa de Colombia
Compra Eficiente se encuentra enmarcada dentro de los precisos límites que le
imponen la ley y el reglamento, los cuales debe respetar y propender por su
cumplida ejecución. Como lo ha manifestado la Sala14:
Sobre el anterior particular conviene reiterar que, a la luz de lo señalado al
momento de realizar el estudio de la potestad reglamentaria, la estructura
establecida por la Carta Política en materia de fuentes productoras de
proposiciones normativas, si bien concentra tales actividades en el Congreso y
en el Presidente, establece otros organismos que también cuentan con tal
atribución y que, bajo tal esquema, la tensión existente entre las competencias
de cada uno de esos entes viene a resolverse mediante los criterios de jerarquía
y de distribución de competencias normativas.
(…)
En el anterior orden de ideas, para la Sala resulta claro que con el Decreto-Ley
4170 de 2011 el legislador extraordinario no quiso modificar –como en efecto
no lo hizo– el esquema de producción normativa establecido en la Constitución
Política y, por lo mismo, las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente
guardan una estricta lógica de jerarquía normativa respecto de las facultades
reglamentarias reservadas al Presidente de la República y, por supuesto,
14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de abril de 2019, expediente 52055.
15
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
respecto de los lineamientos legislativos. No podría considerarse que con el
Decreto-Ley mencionado se distribuyeron las competencias reglamentarias
entre el Presidente de la República y la nueva agencia, asignando a esta última
todo aquello relativo a la contratación del Estado.
Por el contrario, lo que resulta evidente es que el Presidente de la República
cuenta ahora con una entidad especializada que lo apoya técnicamente tanto
en la formulación de una política pública en materia de compras y contratación
pública, como en su labor de producción normativa, sin que por ello se
desprenda de las normas pertinentes alguna suerte de escisión de las
facultades.
Adicionalmente, las funciones asignadas a la Agencia, si bien pueden comportar
una facultad de regulación de la actividad contractual pública, ella debe ser
ejercida con sometimiento al esquema jerárquico normativo del sistema jurídico,
por lo que deberá sujetarse, como consecuencia, a los dictados
constitucionales, legales y a la reglamentación expedida por el Presidente de la
República15.
En consecuencia, Colombia Compra Eficiente puede, en sus circulares, impartir
instrucciones que tiendan a recordar y dar aplicación, por parte de las entidades
estatales destinatarias de las mismas, a las normas legales y reglamentarias que
directa o indirectamente regulan materias que deben ser tenidas en cuenta en los
procesos de selección de contratistas y celebración de contratos estatales, pues
como bien lo recuerda la Circular Única demandada, y tal y como lo tiene sentado
la jurisprudencia de esta Corporación, “[d]e acuerdo con el numeral 5 del artículo 3
del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente tiene competencia para
expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública. Las
circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son actos
administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van
dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio
cumplimiento”16.
No hay duda entonces, respecto del ámbito de actuación de Colombia Compra
Eficiente, en la medida en que se halla enmarcado dentro de los precisos límites
15 [45] “En sentencia del 14 de agosto de 2008 (exp. 16.230) previamente citada, la Sección Tercera,
haciendo referencia a este tipo de facultades de entidades administrativas, indicó: ‘Reglamentos
expedidos por otras autoridades administrativas, en asuntos especializados relativos a la órbita de
sus competencias. // ‘Se trata de los productos normativos emanados de cualquier autoridad
administrativa en ejercicio de la facultad que le asiste en el sentido de regular la ejecución de las
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, mediante reglamentaciones que estarán
subordinadas a la Constitución, a la ley, a los reglamentos expedidos por el Presidente de la
República en virtud de la facultad que a éste le atribuye el artículo 189-11 constitucional y, cuando
sea el caso, a las reglamentaciones expedidas por otras autoridades o instancias administrativas de
superior jerarquía o a las cuales se deba acatamiento’.”
16 . Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, Auto
del 14 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-26-000-2017-00031-00 (58820) CP. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. Consideración 11.14.
16
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
que establezcan las normas constitucionales, legales y reglamentarias por cuya
exacta aplicación propenda dicha agencia, a través de las circulares que expida.
Las normas violadas y el concepto de la violación
La parte actora adujo que el inciso segundo del artículo 9.2 de la Circular Externa
Única de 2019 es ilegal, porque dispuso, para efectos de determinar el momento a
partir de cual se debe contabilizar la experiencia profesional respecto de la
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, la aplicación de una norma -el
artículo 12 de la Ley 842 de 2003- tácitamente derogada por artículo 229 del
Decreto-Ley 019 de 2012. En aras de facilitar el análisis de este cargo, la Sala
procede a transcribir nuevamente la norma impugnada en su totalidad, resaltando
la parte que se considera ilegal por el demandante:
Artículo 9.2 Cómputo de la Experiencia Profesional
El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de
diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación
Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior;
exceptuando de esta condición las profesiones relacionadas con el
sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia
profesional se computa a partir de la inscripción o registro profesional.
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en los que el objeto del contrato
requiera el ejercicio de profesiones sujetas a regulación especial en razón
a la alta responsabilidad y riesgo social que implica su ejercicio para la
sociedad, como es el caso de las profesiones relacionadas con la
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la Entidad
Estatal debe remitirse a lo establecido en la regulación específica acerca
del cómputo de la experiencia. (Las subrayas son de la demanda).
Como se señaló ab-initio, esta norma, al referirse a la ingeniería y sus profesiones
afines o auxiliares remitió, en un pie de página, a la experiencia “regulada en la Ley
842 de 2003”.
La Ley 842 de 2003
Al respecto se observa que la Ley 842 de 200317 modificó la reglamentación del
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares.
Mediante su articulado, entre otras cosas, se definió qué debía entenderse por
ingeniería; las actividades cuyo desempeño se corresponde al ejercicio de esta
17 Ley “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Etica Profesional y se dictan otras
disposiciones”.
17
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
profesión; cuáles son sus profesiones auxiliares y afines; los requisitos para ejercer
tanto la ingeniería como estas últimas; los requisitos para obtener la matrícula y la
tarjeta de matrícula profesional, así como el certificado de inscripción profesional y
el procedimiento para llevar a cabo esta última; la posesión en cargos, suscripción
de contratos o realización de dictámenes técnicos que impliquen el ejercicio de la
ingeniería18; lo concerniente al ejercicio ilegal de la ingeniería y sus profesiones
auxiliares y afines19; el código de ética para el ejercicio de la ingeniería en general
y de sus profesiones afines y auxiliares; los deberes, obligaciones, prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades de los profesionales y su régimen disciplinario,
entre otros aspectos. El artículo 12 de dicha ley, establece:
ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio
de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional,
respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción
profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia
de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.
El Dcto-Ley 019 de 2012
Por su parte, a través del Decreto-Ley 019 de 2012, se dictaron normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública. En el Capítulo XIX, se desarrollaron las normas
relativas a los TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REGULACIONES DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, refiriéndose a los reportes al
sistema de información y gestión del empleo público SIGEP -artículo 227-; las
18 En relación con este punto, el artículo 11 de la Ley 842 dispone: “Para poder tomar posesión de
un cargo público o privado, en cuyo desempeño se requiera el conocimiento o el ejercicio de la
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares; para participar en licitaciones públicas
o privadas cuyo objeto implique el ejercicio de la ingeniería en cualquiera de sus ramas; para suscribir
contratos de ingeniería y para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de la ingeniería o de
algunas de sus profesiones auxiliares ante organismos estatales o personas de carácter privado,
jurídicas o naturales; para presentarse o utilizar el título de Ingeniero para acceder a cargos o
desempeños cuyo requisito sea poseer un título profesional, se debe exigir la presentación, en
original, del documento que acredita la inscripción o el registro profesional de que trata la presente
ley”.
19 El artículo 13 de la Ley, dispone: “EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. Ejerce ilegalmente
la profesión de la Ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares y por lo tanto
incurrirá en las sanciones que decrete la autoridad penal, administrativa o de policía correspondiente,
la persona que sin cumplir los requisitos previstos en esta ley o en normas concordantes, practique
cualquier acto comprendido en el ejercicio de estas profesiones. En igual infracción incurrirá la
persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación
de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se presente como Ingeniero o como
Profesional Afín o como Profesional Auxiliar de la Ingeniería, sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ley. // PARÁGRAFO. También incurre en ejercicio ilegal de la profesión,
el profesional de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o profesiones auxiliares, que
estando debidamente inscrito en el registro profesional de ingeniería, ejerza la profesión estando
suspendida su matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula,
respectivamente”.
18
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
reformas de las plantas de personal -artículo 228-; las funciones de las oficinas de
control interno -artículo 230-; los reportes que deben hacer los funcionarios a los
organismos de control sobre actos de corrupción o irregularidades -artículo 231-; los
comités sectoriales de desarrollo administrativo -artículo 233 y 234-; los convenios
de desempeño -artículo 235-; el reporte de la iniciación de la investigación
disciplinaria -artículo 236- y la racionalización de los trámites en la función pública,
mediante la derogatoria de unos artículos de la Ley 190 de 1995 y la Ley 1474 de
2011 -artículo 237-.
El artículo 229, que hace parte del referido capítulo, dispuso:
ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las
diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior.
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará
a partir de la inscripción o registro profesional.
Como se puede apreciar, esta norma, por su ubicación dentro del decreto, apunta
a establecer la forma de verificar uno de los requisitos que se le puede exigir a quien
ha cursado estudios superiores: la experiencia profesional, para laborar o
desempeñarse como funcionario en las diferentes entidades del Estado,
determinando que, para tales efectos, se computará la experiencia profesional que
sea requerida, a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior, salvo cuando se trate de profesiones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social en Salud, pues respecto de éstas, la experiencia
profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.
Derogatoria del artículo 12 de la Ley 842 de 2003
En el presente caso, se plantea una discordancia entre dos normas de igual
jerarquía: una ley y un decreto-ley, pues si bien el Decreto 019 de 2012 fue expedido
por el Presidente de la República, lo fue en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por el legislador para expedir una norma
con fuerza de ley20, en virtud de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 150
20 El parágrafo primero del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, dispuso: “(…) PARÁGRAFO 1º. De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese
al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis
19
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
constitucional21. Con ello, “[d]otado de estas atribuciones el ejecutivo puede por
decreto, penetrar en temas y materias que están asignados normalmente al
Congreso”22, de tal manera que, mediante esta autorización, el gobierno adquiere
poder para dictar normas sobre asuntos que la Constitución Política ha asignado al
legislador y que, por lo tanto, si bien formalmente son decretos expedidos por el
ejecutivo, materialmente ostentan el mismo nivel jerárquico que la ley expedida por
el Congreso de la República. Así, los decretos extraordinarios “se incorporan a la
normatividad de manera definitiva, poseen toda la fuerza jurídica de las leyes y,
obviamente, pasado el tiempo de sus facultades extraordinarias, carece el ejecutivo
de poderes jurídicos para modificarlos o derogarlos: son leyes en toda la plenitud
del término”23, por lo que sólo pueden ser modificados o derogados por el legislador
y su control de constitucionalidad le corresponde a la Corte Constitucional, tal y
como lo dispone el numeral 5º del artículo 241 de la Carta.
El artículo 12 de la Ley 842 de 2003, dispone que para los efectos del ejercicio de
la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia
profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente.
Y el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012, establece, como regla general, que
para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de
Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, salvo el
caso expresamente establecido en la norma, de las profesiones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social en Salud, en las cuales la experiencia profesional se
computará a partir de la inscripción o registro profesional.
Es decir que, mientras una norma afirma que, para el ejercicio de la ingeniería, sus
afines y auxiliares, la experiencia profesional cuenta a partir de la matrícula
meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza
de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública”.
21 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: // (…) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo
exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente
por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
// El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por
el Gobierno en uso de facultades extraordinarias. // Estas facultades no se podrán conferir para
expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente
artículo, ni para decretar impuestos”.
22 Vidal Perdomo, Jaime, “Derecho Administrativo”, Editorial Temis, 8ª ed., 1985, p. 22.
23 Ibídem, p. 23.
20
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
profesional, la otra sostiene que la experiencia profesional para todas las
profesiones -en donde, según el demandante, se deberían entender incluidas la
ingeniería, sus afines y auxiliares-, salvo las relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud, se computará a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico.
Se observa, además, que el Decreto-Ley 019 de 2012 si bien es posterior a la Ley
842 de 2003, no derogó expresamente el mencionado artículo 1224.
Frente a esta disparidad, resulta necesario dilucidar el conflicto normativo con
fundamento en el análisis de los criterios de i) jerarquía: entre dos normas
contradictorias de diversa jerarquía, debe prevalecer la de nivel superior; ii)
cronológico: la ley posterior prevalece sobre la anterior, y iii) de especialidad: se
preferirá la norma específica que se halle en conflicto con una general, teniendo en
cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil -subrogado por el
artículo 5 de la Ley 57 de 1887, norma que es del siguiente tenor:
Art. 10.- Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y
una legal, preferirá aquella.
Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general.
2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidades, y se
hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo
posterior; y si estuvieren en diversos códigos, preferirán por razón de éstos, en
el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal, Judicial, Administrativo, Fiscal, de
Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de
Instrucción Pública.
Y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 153 de 1887, que disponen:
ART. 1º.- Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra
oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito
legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la República y
especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos
siguientes.
24 En relación con las derogatorias dispuestas en el decreto, este sólo estableció: ARTÍCULO 237.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. Deróguense los
artículos 7, 8, 11, 49, 56 y el parágrafo del artículo 48 de la Ley 190 de 1995, el literal g del
artículo 72 y el inciso 4 del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
21
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
ART. 2º.- La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una
ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que
se juzga, se aplicará la ley posterior.
ART. 3º.- Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa
del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores,
o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior
disposición se refería.
Aplicando los anteriores criterios al presente caso, se observa:
1) Las dos normas son de igual nivel jerárquico.
2) El Decreto-Ley 019 de 2012, es posterior a la Ley 842 de 2003.
3) Aunque las dos normas se refieren al momento a partir del cual debe
contabilizarse la experiencia profesional, mientras el artículo 229 del Decreto-Ley
019 se refiere a todas las profesiones -salvo las relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud-, el artículo 12 de la Ley 842 alude únicamente a la
profesión de la Ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares.
De acuerdo con lo anterior, en consonancia con lo expuesto por la Corte
Constitucional, resultaría necesaria la aplicación del criterio de especialidad, pues
tal y como lo sostuvo:
El artículo 2º de la Ley 153 de 1887 dice que la ley posterior prevalece sobre la
anterior y que en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se
aplicará la ley posterior.
Ese principio debe entenderse en armonía con el plasmado en el artículo 3º
Ibídem, a cuyo tenor se estima insubsistente una disposición legal por
declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones
especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la
materia a que la anterior se refería.
El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición
relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.
De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una
de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor
especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se
consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma
anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la
especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 153
de 1887 y 5º de la Ley 57 del mismo año25.
25 Corte Constitucional, sentencia C-005 del 18 de enero de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
22
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
Ahora bien, en relación con la Ley 842 de 2003, que, como ya se dijo, reguló todo
lo concerniente a la profesión de la ingeniería y sus profesiones auxiliares y afines,
se observa que el artículo 26 de la Constitución Política, dispuso que toda persona
es libre de escoger profesión u oficio, aunque también estableció que la ley podrá
exigir títulos de idoneidad y que las autoridades competentes inspeccionarán y
vigilarán el ejercicio de las profesiones. Además, que las ocupaciones, artes y
oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social.
Sobre este último aspecto, ha dicho la Corte Constitucional:
5.15. En cuanto al concepto de riesgo social la Corte dispuso en la
Sentencia C-964 de 1999 que, “es posible interpretar esa expresión, en
forma amplia o restringida. Así, la hermenéutica amplia del concepto
riesgo social permite argumentar que todas las actividades tienen una
implicación social inevitable, pues es difícil concebir un oficio que no
trascienda de la esfera individual”. Por esta razón la Corte Constitucional
ha preferido utilizar el sentido de riesgo social de carácter restrictivo y ha
establecido que, “(…) el concepto de riesgo social no se refiere a la
protección constitucional contra contingencias individuales eventuales
sino al amparo del interés general, esto es, a la defensa y salvaguarda de
intereses colectivos que se materializan en la protección de los derechos
constitucionales de los posibles usuarios del servicio”.
5.16. Del mismo modo se dispuso en la misma Sentencia C-964 de 1999
que el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar,
o poner en peligro,“el interés general y los derechos fundamentales”; pero
que además pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una
formación académica específica. Igualmente se dijo en dicha Sentencia
que la exigencia del título debe reducir los riesgos de la actividad, pues
de no ser así, “la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria”.
Teniendo en cuenta lo anterior se dijo que existen dos requisitos que se
deben verificar para exigir los títulos de idoneidad: “(i) cuando se trata de
un riesgo de magnitud considerable” y “(ii) cuando dicho riesgo es
susceptible de control o de disminución a través de una formación
académica específica”.
5.17. Por otra parte se estableció en la Sentencia la C-087 de 199826 que
la potestad conferida al legislador para regular profesión u oficio no es una
potestad arbitraria sino, “(…) una competencia que debe ser ejercida
razonablemente en vista de una finalidad que el Constituyente juzga
plausible (y aun inaplazable): impedir que el ejercicio torpe de un oficio
(arte o profesión), produzca efectos nocivos en la comunidad (…)”. Sobre
este punto se dijo que, “(…) el ejercicio de un arte, oficio o profesión, no
está condicionado por la posesión de un título académico sino cuando lo
exige la ley, y que ésta sólo puede exigirlo para precaver un riesgo social.
Inevitable pensar, a modo de ejemplos que ilustran casos en que la
restricción parece pertinente, en prácticas profesionales como la
ingeniería y la medicina. Es claro que un puente mal construido o un
edificio torpemente calculado constituyen un riesgo social. Y ni qué decir
del tratamiento clínico o quirúrgico de un paciente, por quien carece de
conocimientos médicos. El legislador, entonces, no sólo puede sino debe
26 [57] “M.P. Carlos Gaviria Díaz”.
23
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
exigir títulos de idoneidad académica a quienes vayan a dedicarse al
ejercicio de esas profesiones”.
5.18. Igualmente se dijo que se desprende que la exigencia de formación
académica para una profesión determinada, es innecesaria y carece de
efectos prácticos, si los riesgos que implica el ejercicio de tal profesión no
se reducen con dicho requisito. Siguiendo este principio en la Sentencia
C- 964 de 1999 se dijo que, “(…) no tiene sentido que la ley profesionalice
ciertos oficios e imponga, como requisito para su ejercicio, un título de
idoneidad, si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente
reducidos gracias a una formación, pues, de no ser así, la exigencia del
título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el
derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad, cuando la
actividad genera (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que es
susceptible de control o de disminución a través de una formación
académica específica”.
5.19. En conclusión sobre el concepto de “riesgo social”, se puede decir
que la reglamentación de una profesión u oficio radica, no en el capricho
del legislador, sino, en la protección de la sociedad contra un riesgo
derivado del ejercicio de esa profesión en amparo del interés general. Por
otro lado se debe hacer énfasis en que el riesgo debe ser “claro”, es decir
que pueda afectar “el interés general” y los “derechos fundamentales”.
Igualmente el riesgo social se comprueba cuando (i) se trata de un riesgo
de magnitud considerable y (ii) cuando dicho riesgo es susceptible de
control o disminución a través de una formación académica específica.
Finalmente la jurisprudencia estableció que el riesgo social no puede ser
utilizado de manera arbitraria ya que tiene como finalidad el ejercicio torpe
de un oficio que pueda producir efectos nocivos a la comunidad27.
Fue precisamente en desarrollo de la referida disposición constitucional, que el
legislador expidió la Ley 842 de 2003, “Por la cual se modifica la reglamentación del
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares,
se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”, cuyo
artículo 12 dispuso que, para efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de
sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional se computaría a partir
de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción
profesional, respectivamente.
Por su parte, en relación con el Decreto-Ley 019 de 2012, se observa que La Ley
1474 de 2011 o “estatuto anticorrupción”, por la cual “(…) se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, mediante el
parágrafo primero del artículo 75 y de conformidad con lo dispuesto en el numeral
10 del artículo 150 de la Constitución Política, revistió de precisas facultades
extraordinarias al Presidente de la República para que, en el término de 6 meses
contados a partir de la fecha de su publicación, expidiera normas con fuerza de ley
27 Corte Constitucional, Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
24
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
Como resultado del ejercicio de tales facultades, se expidió el Decreto-Ley 019 de
2012, “[p]or el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”,
decreto que en su artículo 1º consagró el objetivo general de esta norma en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. Los trámites, los procedimientos y las
regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la
efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las
autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias
o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas
previstos en la Constitución Política y en la ley.
En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la
Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas
naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de
éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen.
Y el artículo 2 dispuso su ámbito de aplicación:
ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplicará a
todos los organismos y entidades de la Administración Pública que ejerzan
funciones de carácter administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley
489 de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas.
Luego de establecer, en el Título I del decreto-ley las normas generales aplicables
a los trámites y procedimientos administrativos, el Título II se encargó de disponer
sobre los trámites, procedimientos y regulaciones en los distintos sectores de la
Rama Ejecutiva (Presidencia y sectores administrativos del Interior, de Relaciones
Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, de Defensa
Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, del
Trabajo, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, de Educación
Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de
Transporte, de Cultura, de Planeación, de Inclusión Social y Reconciliación).
Y, específicamente, en el Capítulo XIX del Título II -en el que se halla ubicado el
artículo 229, relativo al cómputo de la experiencia profesional para el ejercicio de
las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional-, se
incluyeron disposiciones relativas a los trámites, procedimientos y regulaciones del
25
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
sector administrativo de la Función Pública, refiriéndose a los reportes al sistema de
información y gestión del empleo público SIGEP -artículo 227-; a las reformas de
las plantas de personal -artículo 228-; las funciones de las oficinas de control interno
-artículo 230-; los reportes que deben hacer los funcionarios a los organismos de
control sobre actos de corrupción o irregularidades -artículo 231-; los comités
sectoriales de desarrollo administrativo -artículo 233 y 234-; los convenios de
desempeño -artículo 235-; el reporte de la iniciación de la investigación disciplinaria
-artículo 236- y la racionalización de los trámites en la función pública, mediante la
derogatoria de unos artículos de la Ley 190 de 1995 y la Ley 1474 de 2011 -artículo
237-.
De acuerdo con lo expuesto, observa la Sala que i) el artículo 229 del Decreto-Ley
019 contiene una norma general, pues se refirió, dentro del ámbito de la función
pública y en clara alusión a uno de los requisitos para ingresar a la misma, a la forma
de efectuar el cómputo de la experiencia profesional para efectos del ejercicio de
las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional,
determinando que el mismo se haría a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior; ii) el artículo 229 del Decreto-Ley 019,
es una norma posterior al artículo 12 de la Ley 842 de 2003; iii) el artículo 12 de la
Ley 842 de 2003 reguló, específicamente, la profesión de Ingeniería, sus auxiliares
y afines y dentro de dicha regulación estableció que, para efectos del ejercicio de la
profesión de ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional se computará a partir de la fecha de expedición de la
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente;
iv) el Decreto-Ley 019 no derogó expresamente el artículo 12 de la Ley 842, y v) el
Decreto-Ley 019, aunque posterior, no reguló íntegramente la materia a la que se
refiere el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.
Teniendo en cuenta lo anterior, para que el artículo 12 de la Ley 842 se pudiera
entender derogado por el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012, “(…) se
requeriría que esta última disposición así lo hubiera declarado (derogación expresa)
o que, siendo ambas de la misma especialidad, resultaran entre sí incompatibles,
por lo cual se preferiría la especial posterior (derogación tácita), o que mediante el
precepto invocado se hubiera regulado íntegramente la materia”28.
28 Corte Constitucional, sentencia C-005 del 18 de enero de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
26
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
Y lo cierto es que, como ya se dijo, i) el Decreto-Ley 019 no derogó expresamente
el artículo 12 de la Ley 842; ii) las dos normas no son de la misma especialidad,
pues el artículo 229 del Decreto 019 tiene un ámbito de aplicación más amplio, en
cuanto se refiere a las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de
Educación Nacional, mientras que la Ley 842 regula, específicamente, a la
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares; iii) las dos normas no son
incompatibles, si se toma la disposición especial del artículo 12 de la Ley 842 como
una excepción a la regla general consagrada en el artículo 229 del Decreto-Ley 019,
por lo cual iv) tampoco se produjo una derogación tácita de aquel y, finalmente, v)
no se puede afirmar que este último decreto reguló íntegramente la materia, pues
no se refirió concretamente al régimen legal de la profesión de ingeniería y sus
profesiones afines y auxiliares.
De conformidad con lo expuesto y como resultado del análisis del contenido de los
cuerpos normativos a los que pertenecen las disposiciones que se advierten como
contradictorias, puede entenderse que la norma contenida en el artículo 12 de la
Ley 842 es una norma especial, por cuanto pertenece a la expresa regulación de la
profesión de la ingeniería y sus afines y auxiliares, por lo que debe prevalecer frente
a lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012, norma de carácter
general que no la derogó.
La anterior conclusión se encuentra reforzada por la circunstancia de que el artículo
12 de la Ley 842 de 2003, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, la
cual fue resuelta por la Corte Constitucional en sentencia del 18 de abril de 2012 29
-es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto-Ley 019 de 201230-
en la cual se decidió declarar exequible dicha norma, por el cargo propuesto31.
29 Corte Constitucional, Sentencia C-296, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
30 El Decreto 019 es del 10 de enero de 2012 y entró a regir a partir de su publicación, que se produjo
en la misma fecha (Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012).
31 La impugnación de la norma se fundó en la violación de los derechos fundamentales de igualdad
y al trabajo -artículos 13 y 25 de la Constitución Política-, “(…) porque podría llegar a diferenciar de
manera discriminatoria entre profesiones o carreras, haciendo que para el ejercicio de la ingeniería
o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares se contabilice la experiencia profesional solo a
partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, mientras
que en las otras profesiones se contabiliza la experiencia profesional desde la terminación de
materias”, haciendo referencia al artículo 14 del Decreto 2772 de 2005, “Por el cual se establecen
las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”. La Corte Constitucional estableció que
“(…) teniendo en cuenta los antecedentes de la ley demandada el legislador pone de presente que
la intención de la Ley 842 de 2003 fue regular la profesión de ingeniería, profesiones afines y
auxiliares teniendo en cuenta su riesgo social. De ahí se explica la exigencia de los títulos de
idoneidad y el momento en el cual se empieza a contabilizar la experiencia profesional. Igualmente
se verifica que de la discusión de la Ley 842 de 2003 se puede inferir que i) las actividades
desarrolladas (art. 2 proyecto de ley) por quienes ejercen la ingeniería, profesiones afines y auxiliares
generan impacto directo en la sociedad; ii) por lo tanto, por ser ésta una actividad que tiene un alto
riesgo social se encuentra entre aquellas profesiones que no son de libre ejercicio y por ende, el
27
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
De acuerdo con la jurisprudencia de la misma Corte, “(…) el estudio de
constitucionalidad de las normas legales sólo es procedente cuando las mismas
están vigentes, es decir, cuando están incorporadas formalmente al ordenamiento
jurídico positivo, o cuando, a pesar de que ya no están vigentes, continúan
produciendo efectos jurídicos, esto es, mantienen su eficacia o aplicabilidad. En
caso contrario dicho estudio no procede, por sustracción de materia” 32, caso en el
cual, la Alta Corporación ha proferido fallos inhibitorios.
Legislador tiene la potestad para regularla; iii) es claro entonces que, para su ejercicio legal se debe
contar con la respectiva Matrícula o Certificado Profesional; iv) lo que llevó a concluir al Legislador
que es razonable, proporcionado y ajustado al ordenamiento jurídico que la experiencia profesional
se contabilice a partir de la expedición de la matrícula o certificado profesional”. Y consideró que no
se vulneraban los referidos derechos a la igualdad y al trabajo, pues “(…) el Legislador no tiene la
potestad de regular todas las profesiones, sino solo aquellas que no son de libre ejercicio porque
implican riesgo social. Por esto, y con base en reiterada jurisprudencia de esta Corporación en
cuanto a los límites que el Legislador puede imponer para el ejercicio de determinadas profesiones,
para la Sala resulta ajustado a la Constitución que entre las diferentes profesiones existan
distinciones en cuanto a los requisitos que cada una de ellas requiera para que la misma sea ejercida
de manera legal. (…) es palmario que, entre las profesiones reglamentadas por el Legislador y
aquellas que no lo están, por no implicar riesgo social alguno, haya distinciones, incluso para el
acceso a cargos públicos. Hay, pues, una regla general, Decreto 2772 de 2005, por la cual se
establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los
organismos y entidades del orden nacional, en la cual se reglamenta el tema de la experiencia
profesional, y por otra parte, se encuentra en el ordenamiento jurídico la ley especial, que reglamenta
la experiencia profesional específicamente para quienes ejercen la profesión de la ingeniería,
profesiones afines y auxiliares. (…) encuentra la Corte, que la medida no es irrazonable ni
desproporcionada ya que el fin que persigue la norma es menos lesivo de los derechos
fundamentales que la afectación de los principios que se consideran en este caso vulnerados. En
efecto, como se ha venido explicando, la mayor exigencia del cómputo de la experiencia profesional
a los ingenieros y a las profesiones afines y auxiliares se deriva de la necesidad de evitar o disminuir,
en la medida de lo posible, los riesgos sociales vinculados con el ejercicio de tales profesiones que
como se veía se puede relacionar con la protección de derechos fundamentales de primerísimo
orden como la vida, la integridad personal, la seguridad personal y la salud. (…) Comprueba la Corte
que en este caso la mayor exigencia en el cómputo de la experiencia profesional no viola de manera
desproporcionada e irrazonable el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo, ya que el artículo 12
de la Ley 842 de 2003 tiene como objetivo la regulación de una actividad que por su alto impacto y
riesgo social sobre la colectividad debe ser sujeto a requerimientos especiales como la exigencia del
título de idoneidad y el cómputo de la experticia a partir de este. // 7.47. En el mismo sentido no se
violaría el artículo 25 de la C.P. sobre el derecho al trabajo porque en este caso no se está limitando
la posibilidad de trabajar y acceder al concurso de méritos por parte los ingenieros, profesiones afines
y auxiliares, sino que establece una exigencia mayor a los profesionales que se dediquen a dicha la
actividad para computar los años de experiencia, exigencia que se establece para todos los
profesionales que se dediquen a dicha actividad. (…) En conclusión estima la Corte que el artículo
12 de la Ley 842 de 2003 no desconoció el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior
ni el artículo 25 de la C.P referente al trabajo, y por ende la norma demandada debe declararse
exequible ya que en este caso la mayor exigencia del cómputo de la experiencia profesional a partir
de la expedición de la matrícula profesional se justifica razonablemente.
En efecto, en este caso la
norma demandada tiene una explicación constitucionalmente legítima, es idónea y proporcional ya
que trata de prevenir y evitar el riesgo social que conlleva el ejercicio de la ingeniería, profesiones
afines y auxiliares. En este caso se admite la diferenciación del cómputo de la experiencia profesional
con relación a otras actividades y oficios, ya que la exigencia de la matrícula profesional o el
certificado de inscripción profesional tiene una finalidad constitucionalmente legítima que consiste
en demostrar que se cuenta con una formación académica y una experiencia específica para asumir
la responsabilidad que implica el ejercicio de estas profesiones que pueden afectar derechos
fundamentales de primerísimo orden.” (La Sala subraya). 32 Corte Constitucional, Sentencia C-576 del 8 de junio de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería. En el
mismo sentido se encuentran, entre otras, las sentencias C- 626 de 2003, C-714 de 2002, C-1144
de 2000, C-427 de 1997, C-055 de 1996, C-397 de 1995, C-307 de 1995 y C- 467 de 1993.
28
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
En el presente caso, estando ya vigente el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de
2012, del cual el demandante predica que derogó tácitamente el artículo 12 de la
Ley 842 de 2003, la Corte Constitucional se pronunció sobre esta última norma
declarándola exequible, lo que implica que, de conformidad con lo expuesto en
múltiples pronunciamientos de la Corte, como la sentencia C-576 de 2004 ya
referida, para el Alto Tribunal dicho artículo 12 se encuentra vigente y no fue
derogado por el referido decreto-ley.
Por su parte, el Consejo de Estado también ha considerado que la norma en
cuestión se encuentra vigente. Al respecto, ha manifestado:
Se resalta que la Ley 842 de 2003, es norma especial que regula un grupo de
profesiones como son la ingeniería, las afines y auxiliares a la misma; de otra
parte el Decreto Ley 019 de 2012 prevé de manera general desde cuándo y
cómo contabilizar el requisito de experiencia para ocupar un empleo público, lo
cual tratándose de aquellos pertenecientes a las plantas de las entidades
territoriales, sean estas del nivel central o descentralizado se hará teniendo en
cuenta el Decreto Ley 785 de 2005, así como lo previsto en los respectivos
manuales de funciones, requisitos y competencias. Significa que sobre este
particular las dos normas se encuentran vigentes.
(…)
La sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, es contundente en los siguientes
aspectos: i) La ley 842 de 2003 es norma especial, acorde con lo previsto en el
artículo 26 de la Constitución Política, que faculta al legislador para exigir títulos
de idoneidad para el ejercicio de ciertas profesiones que en particular implican
un riesgo social y por tanto una mayor exigencia de responsabilidad a quienes
las practican; ii) La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la
exigencia de la inscripción en el COPNIA para los profesionales en ingeniería y
sobre la exigencia de contar con la respectiva matrícula para el ejercicio legal
de la profesión, pero no respecto de la aplicación retroactiva de la ley para
verificar el cumplimiento la exigencia de la experiencia profesional, no obstante
que hizo el análisis de la normatividad anterior en la materia; iii) en la misma
sentencia la Corte, plantea que no son equiparables todas la profesiones y dijo:
“Del mismo modo el ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares, a
diferencia de los economistas o administradores de empresas, profesiones con
base en las cuales los actores ejemplifican el trato desigual, admite
diferenciación, ya que las primeras actividades implican un mayor riesgo para
la sociedad que se determina por el alto grado de confianza y responsabilidad
que se deposita en las personas que llevan a cabo dichas actividades.”
(…) Quiere decir que cuando se trata en estricto rigor del ejercicio de la
ingeniería, en razón del riesgo social que la misma entraña, la norma aplicable
para la verificar la idoneidad, es la Ley 842 de 2003, pero no para el empleo
público cuyo nombramiento de demandó a través del presente medio de control.
(…)
6.4.2 Sentencia y conceptos citados
6.4.2.1 De la lectura de las consideraciones de la sentencia C-296 de abril 18
de 2012 de la Corte Constitucional, que declaró exequible el artículo 12 de la
Ley 842 de 2005, se puede extraer lo siguiente:
29
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
i.Que la Ley 842 de 2003, es norma especial, que se encuentra vigente y regula
el ejercicio de la ingeniería, las profesiones afines y auxiliares.
ii.Que esta especial regulación tiene fundamento en el artículo 26 de la
Constitución Política.
iii.Que el ejercicio de la ingeniería implica un alto riesgo social y por ende se
justifica la exigencia de condiciones más estrictas para acreditar la idoneidad.
iv.Que el ejercicio legal de la ingeniería requiere la previa inscripción en el registro
del Consejo profesional nacional de ingeniería –Copnia-
v.Que la sentencia citada no se refirió a la aplicación retroactiva de la Ley 842 de
2003, pero estableció que el ejercicio de la ingeniería es una profesión regulada
desde 1937.
(…)
Sea lo primero señalar que de conformidad con los análisis precedentes, el
artículo 12 de la Ley 842 de 2003 no se encuentra tácitamente derogado por el
Decreto Ley 019 de 2012, al ser el primero norma especial para el ejercicio de
la ingeniería, profesiones afines y auxiliares y el segundo norma general para
acreditar experiencia profesional33.
Y la Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver sobre una solicitud de
suspensión provisional del acto demandado, sostuvo:
Conceptos del COPNIA
De acuerdo con el literal i) del artículo 26 de la Ley 842, el COPNIA ejerce la
función de «Emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos
relacionados con el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus
profesiones auxiliares, cuando así se le solicite para cualquier efecto legal o
profesional».
En el caso bajo estudio, en cumplimiento de dicha función, el Subdirector
Jurídico de la entidad demandada emitió el Concepto NAL-CE 2013-05276 de
17 de septiembre de 2013, por medio del cual estableció que el cómputo de la
experiencia profesional para los ingenieros y profesiones afines a la ingeniería
se contabiliza a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
(…)
A juicio de los actores, el acto acusado es ilegal porque se funda en una norma
derogada, toda vez que al invocar la aplicación del artículo 12 de la Ley 842,
como criterio para la contabilización de la experiencia de la profesión de
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, desconoció que
dicha norma fue derogada tácitamente por el artículo 229 del Decreto 019 de
2012.
(…)
Lo primero que destaca la Sala es que, por regla general, como requisito para
desempeñar empleos públicos, la experiencia profesional es la que se
adquiere a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de la
respectiva formación profesional, a menos de que la ley disponga otra cosa. Así
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de
diciembre de 2016, rad. 76001-23-33-000-2016-00525-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
30
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
lo establecían los Decretos 861 de 11 de mayo de 200034 y 2772 de 10 de
agosto de 200535, que hoy corresponden al artículo 14 del Decreto 1785 de 18
de septiembre de 201436, cuyo tenor dispone:
(…)
La misma norma previó que cuando la Constitución o la Ley dispongan otra
clase de requisitos para el ejercicio de empleos, se aplica la norma «especial»,
entendiendo que si dentro del ordenamiento jurídico existe norma que regule de
manera concreta una profesión, deberá estarse a lo dispuesto en ella (artículo
25).
(…)
Ahora bien, La Ley 842 modificó la reglamentación del ejercicio de la ingeniería,
de sus profesiones afines y auxiliares y adoptó el Código de Ética Profesional.
A partir de su vigencia, para el ejercicio de empleos públicos en ingeniería, sus
profesiones afines y sus profesiones auxiliares, solo se contabiliza como
experiencia profesional la obtenida después del otorgamiento de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción profesional, tal como se establece en
el artículo 12 de dicha disposición.
Es decir, que se trata de una norma especial, por lo que, en principio, no
aparecen razones suficientes para considerar que el Decreto proferido con
posterioridad la haya derogado, dado que, de una parte, la experiencia
profesional para la ingeniería y carreras afines se encuentra específicamente
definida en la Ley 842 y, de otra, el Decreto 019 de 2012 se refirió a los
procedimientos de la «función pública», tal y como lo dispone el Capítulo XIX,
en el cual se encuentra el artículo 229 invocado por los demandantes.
Cabe mencionar que una interpretación similar la acogió la Sección Quinta del
Consejo de Estado al resolver la discusión sobre la norma aplicable a la
expedición de la tarjeta profesional para los administradores ambientales, en
virtud de lo dispuesto en las Leyes 842 (artículo 4º) y 1124 de 22 de enero de
2007 (artículo 2º)37. El debate surgió porque la primera Ley señala que la tarjeta
profesional la debe expedir el COPNIA, mientras que la segunda atribuye la
función al Consejo Profesional de Administración Ambiental. Concluyó en esa
oportunidad dicha Sección que el Consejo Profesional de Administración
Ambiental era la autoridad competente, por disponerlo así la norma especial,
es decir, la Ley 1124 «Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Administrador Ambiental». Al respecto, mencionó la providencia:
« […] De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 842 de 2003 “son
profesiones afines a la ingeniería (…) la administración ambiental (…)”.
Ahora bien, el artículo 6º ibidem dispone que “para poder ejercer
legalmente la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones
auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas
por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el
Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo
cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado
por este para tal fin”. Posteriormente se expidió la Ley 1124 de 2007, “Por
medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
Administrador Ambiental”. En los artículos 2, 4 y 6 de esta regulación de
34 [16] “Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos
públicos de las entidades del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.”
35 [17] “Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos
públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.”
36 [18] Decreto 1785 de 18 de septiembre de 2014. “Por el cual se establecen las funciones y los
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos
y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”.
37 [20] “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental”.
31
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
carácter especial, el Legislador dispuso que para el ejercicio de esa
profesión se debe exigir la tarjeta profesional, la cual debe ser
expedida por el Consejo Profesional de Administración Ambiental.
Luego, esta ley fue reglamentada a través del Decreto 1150 de 2008,
expedido por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en cuyo artículo 4º se dispuso lo siguiente sobre los requisitos
para la expedición de la tarjeta profesional para los administradores
ambientales:
“ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL. El Consejo Profesional de Administración Ambiental
matriculará y expedirá la tarjeta profesional de Administrador Ambiental
(…)”.
Del anterior marco normativo la Sala observa que: (i) para el ejercicio de
la profesión de administrador ambiental la ley exige la tarjeta profesional;
(ii) en virtud de la Ley 1124 de 2007, ley especial en la materia y
posterior a la Ley 842 de 2003, la expedición de la tarjeta profesional
para dicha profesión es una función que le corresponde al Consejo
Profesional de Administración Ambiental […]»38 (Resaltado fuera del
texto original).
Argumentan también los demandantes que con el criterio fijado por el COPNIA
para contabilizar la experiencia profesional de la ingeniería y profesiones afines,
se imponen cargas excesivas y desproporcionadas que limitan sus derechos al
trabajo y al acceso a las entidades públicas y desconocen los principios
constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, legalidad y buena fe.
Al respecto, es preciso traer a colación lo mencionado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-296 de 201239 al pronunciarse sobre la
constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 842:
(…)
En la sentencia transcrita, la Corte concluyó que el artículo 12 de la Ley 842 no
violaba los derechos a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos, en
atención a que la razón de computar la experiencia profesional a partir de la
fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción
profesional, tiene como finalidad evitar o minimizar los riesgos que puede
implicar el ejercicio de la profesión de ingeniería, lo que justifica el
establecimiento de una normativa especial, más exigente y rigurosa que la que
se establece para otras profesiones y actividades que no implican dicho riesgo.
El Despacho prohíja las anteriores consideraciones bajo el entendido de que,
en un primer análisis del acto acusado y las normas superiores que se estiman
infringidas, no se advierte la alegada vulneración en la regla establecida por la
entidad demandada para la contabilización de la experiencia profesional de la
ingeniería y profesiones afines, la cual es subsunción de la norma declarada
exequible por la Corte Constitucional.
En este orden de ideas, para la Sala Unitaria, un primer examen de la legalidad
del acto acusado permite inferir que no se reúnen los requisitos señalados por
la Ley y la Jurisprudencia para el decreto de la medida cautelar solicitada, por
lo cual la denegará, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia40.
38 [21] “Providencia de 16 de enero de 2017, Expediente nro. 2016-00083-00, Consejero ponente:
doctor Alberto Yepes Barreiro”.
39 [22] “Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Perez”.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 2 de octubre
de 2017, rad. 11001-03-24-000-2015-00502-00, C.P. María Elizabeth García González.
32
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
El acto acusado
De acuerdo con lo expuesto, cuando Colombia Compra Eficiente estableció en la
Circular Única demandada, que “(…) en los casos en los que el objeto del contrato
requiera el ejercicio de profesiones sujetas a regulación especial (…), como es el
caso de las profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus
profesiones afines o auxiliares, la Entidad Estatal debe remitirse a lo establecido en
la regulación específica acerca del cómputo de la experiencia”, no hizo otra cosa
que indicar el deber de las entidades estatales de dar aplicación a las leyes
especiales que rijan para las diferentes profesiones, en el entendido de que las
mismas se hallen vigentes, como no podría ser de otra manera, si se tiene en cuenta
que la competencia reguladora de la demandada, como ya se explicó, se encuentra
enmarcada dentro de los precisos límites impuestos por la Constitución, las leyes y
decretos reglamentarios atinentes a la materia que es de su resorte, normas que no
puede derogar ni modificar.
Y, en el caso específico de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, la
contabilización de la experiencia profesional está determinada por el artículo 12 de
la Ley 842 de 2003, norma que, como se estableció en párrafos anteriores, no ha
sido derogada y se encuentra vigente.
Por las anteriores razones, no están llamados a prosperar el primer y segundo
cargos de la demanda, conforme a los cuales Colombia Compra Eficiente aplicó una
norma derogada tácitamente, puesto que ello no sucedió, tal y como se acaba de
explicar.
Tampoco el tercer cargo, fundado en el desconocimiento de lo dispuesto por el
Decreto-Ley 019 de 2012 en su artículo 229, ya que tal y como se explicó, esta
norma general no derogó tácitamente el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.
Ni el cuarto cargo, relacionado con la violación del artículo 11 del Decreto Ley 785
de 2005, pues al fundamentarlo, nuevamente remite a lo dispuesto en el artículo
229 del Decreto-Ley 019 de 2012, para sostener que, según esta norma, la
experiencia profesional se computa desde la terminación y aprobación del pensum
académico con excepción de las profesiones relacionadas con el Sistema de
Seguridad Social en Salud, por lo que operó una derogatoria tácita de todas las
normas contrarias al referido decreto y no era posible que la entidad demandada
33
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
pretendiera dar aplicación al artículo 12 de la Ley 842 de 2003, con desconocimiento
de lo dispuesto en aquel decreto-ley.
Como se observa, este cargo realmente coincide con el primero endilgado en contra
de la norma demandada y que ya fue resuelto en la presente providencia, en cuanto
a la afirmación del demandante de que la Circular Única de 2019 de Colombia
Compra Eficiente ordenó aplicar una norma tácitamente derogada.
Lo mismo se puede predicar del quinto cargo, fundado en la violación del artículo
2.2.2.3.7 del Decreto-Ley 1083 de 2015, conforme al cual la experiencia profesional
es “la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que
conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional,
tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la
profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo”, pues el demandante
se limitó a manifestar que era coincidente con lo dispuesto en el artículo 229 del
Decreto-Ley 019 de 2012 y que, por lo tanto, luego de que este entrara en vigencia,
la experiencia profesional de toda vinculación que se realice para proveer empleos
públicos se debe reconocer desde la terminación y aprobación de todas las materias
del respectivo pensum académico de educación superior, con excepción de las
profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud. En
consecuencia, Colombia Compra Eficiente no tenía competencia para determinar,
a través de un acto administrativo, la aplicación de una norma derogada.
Es decir que, en los referidos cargos, a pesar de aducir la violación de otras normas
distintas al Decreto-Ley 019 de 2012, la fundamentación de la transgresión alegada
realmente giró en torno a la supuesta derogatoria tácita del artículo 12 de la Ley 842
de 2003, por lo que, para su denegatoria, resultan válidas las consideraciones
esgrimidas en torno a este aspecto.
Conclusión
Con fundamento en los anteriores razonamientos, concluye la Sala que, en el sub-
lite, no se desvirtuó la presunción de legalidad que cobija al inciso segundo del
artículo 9.2 de la Circular Externa Única de 2019 expedida por la Agencia Nacional
de Contratación - Colombia Compra Eficiente, razón por la cual las pretensiones
serán denegadas.
34
Radicación: Radicado:
76001-23-31-000-2011-00019-01 (55933)
110010326000202000031 00
Número interno: 65841
Actor:
Actor: Alejandro
José Manuel Zambrano
Montoya Echeverry
Melo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Medio
Demandado: Nación – Fiscalía General dede Control: y otros
la Nación Nulidad
Referencia: Acción de Reparación Directa – Corrección de sentencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ARCHÍVESE el proceso de la referencia, una vez en firme esta
providencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
35
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.