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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00034-00

Fecha
8 de junio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00034-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por los señores Flor Ángela Silva Fajardo y otros contra la sentencia dictada el 8 de octubre de 2018, por el “Tribunal Administrativo, Sala Transitoria”, en el proceso de reparación directa con radicado 18001-33-31-002-2011-00125-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas, a los recurrentes Flor Ángela Silva Fajardo, quien obra en nombre propio y en representación de su menor hija Diana Sofía Romero Silva, Leonardo Fabio Solano Vargas, Elvira Fajardo Quintero y Hermes Silva Rivera, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso. Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto equivalente a tres (3) smmlv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, en partes iguales. (…). 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca). 15 Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00 No. Interno: 65.855 Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otros Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011) TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00034-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

8 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-26-000-2020-00034-00 (65.855)

Actor: FLOR ÁNGELA SILVA FAJARDO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y
OTROS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – LEY 1437 DE 2011

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Procedencia – No es una
instancia adicional para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial
/ CAUSALES - Nulidad originada en la sentencia – Alcance de la causal se ha definido
jurisprudencialmente / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – En el presente caso
se predica de las entidades accionadas en el proceso ordinario / FALTA DE MOTIVACIÓN
DE LA SENTENCIA - Se presenta cuando hay carencia absoluta de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o
cuando los argumentos fundantes se basan en circunstancias manifiestamente erróneas,
incompletas o en actitudes dolosas / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo /
AGENCIAS EN DERECHO – Fijación de conformidad con las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores Flor
Ángela Silva Fajardo y otros contra la sentencia dictada por el “Tribunal
Administrativo, Sala Transitoria”1, el 8 de octubre de 2018, mediante la cual se
revocó el fallo condenatorio proferido por el Juzgado 3° Administrativo de
Descongestión de Florencia el 30 de enero de 2014.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la referida
providencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, dado que en la segunda instancia del proceso de

1 Creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA18-10920 del 22 de

marzo de 2018.

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

reparación directa el superior no analizó el “interrogatorio” de parte del señor Luis
Gonzalo Plata Serrano, ni tampoco los testimonios de los señores Miriam Parra,
Gonzalo Humberto Villegas y Teresita de Jesús Fajardo Quintero, lo cual, según
los recurrentes, impidió que se adoptara una decisión distinta.

II. ANTECEDENTES

1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

El 24 de febrero de 20112, la señora Flor Ángela Silva Fajardo y otros3, a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social,
Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Departamental del Caquetá y la IPS
“SaludCoop-Clínica Santa Isabel Ltda.”4, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por
la prestación “negligente, defectuosa, deficiente e inadecuada”5 de los servicios
médico asistenciales brindados a la señora Silva Fajardo entre enero y marzo de
2010, falencias que habrían llevado a la “pérdida del hijo que esperaba”6.

Mediante sentencia del 30 de enero de 20147, el Juzgado 3° Administrativo de
Descongestión de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones del escrito
inicial, por considerar que se acreditó la falla en el servicio imputada a SaludCoop -
Clínica Santa Isabel Ltda, la cual no atendió de manera adecuada a la actora y, por
ende, le restó oportunidades de preservar su salud en mejores condiciones; sin
embargo, solo reconoció lo pedido por concepto de daño a la salud y perjuicios
morales.

La IPS mencionada y el Ministerio Público apelaron tal fallo8, recursos decididos por
el “Tribunal Administrativo, Sala Transitoria”, el 8 de octubre de 2018, en el sentido
de revocar la decisión del a quo, por estimar que la clínica demandada cumplió con
los protocolos médicos aplicables y no se configuró un error en el diagnóstico.

2 De conformidad con la copia de la sentencia de segunda instancia aportada en forma física con el

recurso de revisión.
3 En el proceso declarativo la parte demandante se conformó por las siguientes personas: Flor Ángela

Silva Fajardo, Diana Sofía Romero Silva, Leonardo Fabio Solano Vargas, Elvira Fajardo Quintero y
Hermes Silva Rivera.
4 IPS con personería jurídica propia, cuyo nombre se tomó de forma literal del certificado de

existencia y representación legal que obra a folios 35 a 38 del cuaderno 1.
5 Folio 46 del cuaderno 1.
6 Folio 45 del cuaderno 1.
7 Folios 285 a 308 del cuaderno 2.
8 Folios 316 a 341 del cuaderno 2.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

2. Recurso extraordinario de revisión presentado en el sub lite

El 17 de febrero de 20209, los señores Flor Ángela Silva Fajardo, quien obra en
nombre propio y en representación de su menor hija Diana Sofía Romero Silva,
Leonardo Fabio Solano Vargas, Elvira Fajardo Quintero y Hermes Silva Rivera, a
través de apoderado judicial, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 8 de octubre de 2018, proferida en segunda instancia por el
“Tribunal Administrativo, Sala Transitoria”, para lo cual invocaron la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 201110, porque, a
su juicio, se vulneró la garantía del debido proceso al no haberse valorado la
totalidad del material probatorio.

Lo anterior, porque, en su criterio, en el fallo objeto de revisión no se tuvo en cuenta
el “interrogatorio” de parte del señor Luis Gonzalo Plata Serrano y “los testimonios
de los señores Miriam Parra, Gonzalo Humberto Villegas y Teresita de Jesús
Fajardo Quintero”11, por lo que a pesar de que dichas pruebas fueron relacionadas
en la providencia mencionada, no fueron analizadas.

Como consecuencia, la parte recurrente sostuvo que “si se hubieran valorado todas
las pruebas sobre las cuales el Tribunal Administrativo dijo que edificaría su
sentencia, con certeza otra hubiera sido la decisión”12.

2.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

Por medio de auto del 24 de febrero de 202213, el despacho admitió el recurso
extraordinario de revisión14, decisión que fue notificada15 en debida forma a la parte
demandada y al Ministerio Público.

9 Folios 1 a 10 del cuaderno 1.
10 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: (…).
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación (…)”.
11 Folio 7 del cuaderno 1.
12 Folio 8 del cuaderno 1.
13 A través de auto notificado el 9 de marzo de 2021, se inadmitió el recurso para que se razonara la

causal invocada, falencia que se consideró no subsanada, por ende, por medio de proveído del 31
de mayo siguiente, la magistrada sustanciadora rechazó el escrito; empero, la parte recurrente
presentó recurso de súplica, el cual le fue resuelto de manera favorable por la Subsección, mediante
providencia del 7 de diciembre de 2021. Índices 8 a 23 de Samai.
14 Índice 28 de Samai.
15 Índices 30,31, 33, 34, 39 y 40 de Samai.

3

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

2.3. Contestación del recurso extraordinario

2.3.1. La Superintendencia Nacional de Salud formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que, de acuerdo con su marco funcional,
no existe causalidad alguna entre sus labores de inspección, vigilancia y control y
los perjuicios que sufrió la parte actora, por cuanto no es un organismo que presta
el servicio de salud, como tampoco ejerce coadministración sobre las entidades
prestadoras de salud16.

2.3.2. El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que el recurso de revisión
carece de vocación de prosperidad, porque el Tribunal ad quem dictó la decisión
cuestionada con base en los diferentes elementos allegados en sede de reparación
directa, los cuales se valoraron en conjunto bajo la sana crítica.

En su criterio, lo que pretenden los recurrentes es abrir nuevamente el debate
probatorio que se agotó en el proceso primigenio, lo cual no era dable, por lo que
se les debía condenar en costas y fijar las agencias en derecho, de conformidad
con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Por otra parte, ese ministerio manifestó que la prestación del servicio de salud es
una función ajena a las señaladas por el ordenamiento jurídico y, por ende, carece
de legitimación en el presente caso17.

2.3.3. Las demás entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

2.4. Etapa probatoria

A través de providencia del 19 de mayo de 202218, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por la parte recurrente en el sentido de acceder parcialmente
a ellas, determinación en contra de la cual no se interpusieron recursos.

El sub júdice ingresó al despacho de la magistrada ponente para dictar sentencia el
27 de mayo siguiente19.

16 Índice 35 de Samai.
17 Índice 38 de Samai.
18 Índice 42 de Samai.
19 De conformidad con la constancia secretarial que obra en el índice 46 de Samai.

4

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

III. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación del recurso extraordinario –17 de febrero de 2020-, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones
establecidas en la Ley 2080 de 202120, así como el C.G.P.21.

2. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 22, la
Subsección es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión de la
referencia.

3. Procedencia del recurso extraordinario de revisión

De acuerdo con el artículo 248 de la Ley 1437 de 201123, el recurso extraordinario
de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
Jueces Administrativos, las cuales pueden ser invalidadas en los casos previstos
expresamente por el legislador en el artículo 250 ejusdem, sin que se trate de una
tercera instancia24.

20 Publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por la cual, cumplida su

promulgación, entró a regir al día siguiente. La citada ley corresponde a una normativa de orden
público, de aplicación inmediata y, por ende, rige en todos los procesos en curso para la fecha de su
entrada en vigor, salvo frente algunos supuestos específicos: i) Las normas que modificaron las
competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, empezaron a
regir al año siguiente a la publicación; ii) Las actuaciones previstas en el artículo 86 ejusdem, que
corresponden a los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, aspectos que se rigen por la norma vigente para
la fecha en la que se iniciaron tales actuaciones y iii) Las modificaciones frente al dictamen pericial
se aplicaban a los procesos en curso a la fechada en vigor, siempre no se hubiese decretado
pruebas.
21 En virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
22 “Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso
administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la
materia” (se destaca). Este artículo fue adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021.
23 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
24 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia

del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
41.222.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Por lo anterior, se concluye que es susceptible de ser analizado en sede de revisión
extraordinaria el fallo proferido el 8 de octubre de 2018, por el “Tribunal
Administrativo, Sala Transitoria”, que revocó el dictado el 30 de enero de 2014 por
el Juzgado 3° Administrativo de Descongestión de Florencia.

4. Oportunidad del recurso

La sentencia objeto de revisión se profirió el 8 de octubre de 2018, en vigor de la
Ley 1437 de 2011, por tal razón, el término para promover el recurso de revisión es
el establecido en el artículo 251 ejusdem, que prevé:

“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente,
deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.

En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente
a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso” (se resalta).

De conformidad con la norma citada, frente a la causal establecida en el numeral 5
del artículo 250 ejusdem el término para ejercer el recurso de revisión es de un año,
contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.

En el sub lite, el recurso de revisión se presentó en oportunidad, pues el fallo
cuestionado quedó en firme el 26 de febrero de 201925, por tal razón, el plazo corrió
entre el 27 de febrero siguiente y el 27 de febrero de 2020, período dentro del cual
se radicó el escrito pertinente -17 de febrero del último de los mencionados años26-

5. Legitimación en la causa por pasiva en sede extraordinaria de revisión

Como se explicó en los antecedentes de esta providencia, el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud coincidieron al señalar
que no se encontraban legitimados en la causa por pasiva, argumento que no
resulta de recibo para la Sala, en cuanto tales entidades actuaron como
demandadas en el proceso en el que se dictó el fallo objeto de revisión
extraordinaria, de ahí que lo que corresponda en el sub lite sea estudiar de fondo la
causal alegada.

25 De conformidad con la constancia de ejecutoria que consta en el folio 445 del cuaderno 3.
26 Folio 1 del cuaderno 1.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

6. Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011

El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el recurso
extraordinario debe fundarse en la configuración de: i) las causales de nulidad
procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del Proceso,
siempre que estas se prediquen de la sentencia27 o de ii) los supuestos, en los que
según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso 28, así:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.

Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado29, podrían existir supuestos adicionales que
enmarquen en la violación del debido proceso y, por ende, den lugar a la causal de
nulidad originada en sentencia, la cual no se agota de manera exhaustiva en los
eventos señalados30.

Con todo, al amparo de la violación del debido proceso no es posible plantear
argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario en una
instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo no tiene
como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales consideran que
las pretensiones iniciales tenían o no vocación de prosperidad.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV). Se precisa que la magistrada ponente
de esta providencia no acompañó el criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
anteriormente transcrito, en el sentido de darle un entendimiento más amplio a la causal que se
revisa, en tanto se considera que impartir un tratamiento abierto a las causales de nulidad puede
transgredir la seguridad jurídica por repercutir en la taxatividad del régimen de nulidades. No
obstante, en esta providencia se acata la postura mayoritaria de la Sala para estimar cumplido el
requisito formal relativo a la indicación y sustentación de la causal de revisión.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de

Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).

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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

6.1 Vulneración del debido proceso por falta de motivación

A juicio de los recurrentes, el Tribunal ad quem vulneró la garantía al debido proceso
al omitir la valoración de algunas pruebas que a pesar de relacionarse en el fallo de
segunda instancia, no se analizaron, lo cual impidió que se dictara una decisión
distinta.

Por lo anterior, la Subsección observa que realmente lo que la parte alega es una
supuesta ausencia de motivación fáctica por falta de valoración de las pruebas que
obraban en el expediente primigenio, es decir, haberse dictado la decisión sin
motivarla, supuesto que, como se explicó, esta Corporación ha reconocido como
uno de los eventos que da lugar a la configuración de la causal de revisión invocada
en el sub lite.

La Sala encuentra oportuno explicar que la motivación de las sentencias constituye
un imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el
derecho a las partes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por
el juez natural frente al caso objeto de controversia, por lo que la función del
operador judicial no se entiende cumplida con la simple decisión formal que resuelva
el asunto sometido a su consideración.

Lo anterior, por cuanto el juez tiene un rol fundamental en la elaboración del
correspondiente fallo, el cual, como acto procesal que es, debe fundamentarse en
el examen crítico de las pruebas y los razonamientos legales aplicables al caso
concreto.

El artículo 170 del Decreto 01 de 1984 -normal procesal aplicable al proceso
declarativo- se refería al contenido de la sentencia en los siguientes términos:

“Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar
los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de
resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los
organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones
nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”.

Esta Subsección ha destacado que la causal de nulidad originada en la sentencia
por ausencia de motivación se configura en los eventos de carencia absoluta de
pronunciamiento sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de
fundamento a la decisión o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

erróneas, incompletas o de actitudes dolosas, por lo que dicho recurso
extraordinario no es procedente para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el juzgador31.

Sobre la causal de nulidad por falta de motivación, esta Sección ha señalado lo
siguiente:

“Es importante destacar que la ausencia total de la motivación de la sentencia,
si bien hoy en día no se encuentra contenida en una norma de carácter
constitucional como antes sí ocurría en el artículo 163 de la Constitución de
1886, lo cierto es que con la Carta Política de 1991 se incorporó un extenso
catálogo de principios y garantías que aseguran la plena observancia del
derecho fundamental del debido proceso, de manera tal que no puede pensarse
que los jueces se encuentren facultados para no motivar sus decisiones.
Adicionalmente se tiene que el artículo 170 del Código Contencioso
Administrativo dispone que la sentencia debe ser motivada, esto es, que debe
cumplir con las garantías y normas constitucionales y legales.

De otro lado, si bien esta falta de motivación no se encuentra contemplada en
las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que
corresponden a aquéllas que, por regla general se tienen en cuenta para
analizar la causal 6 de revisión contemplada en el artículo 188 Código
Contencioso Administrativo, debe entenderse que con ella se viola el derecho
fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta
Política, pues motivar la sentencia implica que se justifique la decisión conforme
a la ley existente para el momento de los hechos objeto de debate, por lo que
no es de recibo que el juez, argumente o sustente su fallo empleando normas
inexistentes o incluso, normas que estando en plena vigencia no sean
aplicables al caso, sobre todo cuando se encuentran de por medio aspectos
sustanciales y no procesales”32.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el vicio surgido por la
falta de motivación está condicionada a la carencia radical, absoluta y total, por lo
que a contrario sensu, cuando la sentencia está motivada, así sea en medida
mínima, lacónica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, por
cuanto lo sancionable es el hecho de que el juez se haya sustraído rotundamente
de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqué
de su decisión33.

31 Criterio adoptado por la Sala en sentencia del 22 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín,

exp: 64.827.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 34.612.
Reiterada por esta Subsección en sentencia del 1° de agosto de 2016, C.P: Hernán Andrade Rincón,
exp: 34.664.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de marzo de 2014, M.P: Luis

Armando Tolosa Villabona, exp: CSJ SC10223. Reiterada en las siguientes providencias dictadas
por esa Corporación: i) sentencia del 22 de abril de 2022, M.P: Francisco Ternera Barrios, exp:

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

En conclusión, la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011 por falta de motivación se configura cuando los fallos
cuestionados i) desde una perspectiva formal, no cuenten con argumentos de
soporte o contengan “motivaciones apenas aparentes” y ii) cuando la providencia
objeto de controversia se sustentó en situaciones manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas.

Lo anterior significa que las alegaciones relacionadas con aspectos sustanciales de
la decisión censurada como su acierto, validez, lógica o armonía con el precedente,
son ajenas al ámbito restringido del recurso extraordinario de revisión.

7. Caso concreto

En el presente caso la parte actora sostuvo que el Tribunal ad quem no tuvo en
cuenta el “interrogatorio” de parte del señor Luis Gonzalo Plata Serrano, ni los
testimonios de los señores Miriam Parra, Gonzalo Humberto Villegas y Teresita de
Jesús Fajardo Quintero, elementos que, a pesar de relacionarse en la sentencia de
segunda instancia, no fueron analizados.

En primer lugar, la Sala observa que dichas declaraciones fueron decretadas como
pruebas en el proceso ordinario, mediante auto proferido el 12 de septiembre de
201134 por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Florencia, por lo que el
“Tribunal Administrativo, Sala Transitoria” estaba en la obligación de valorar tales
elementos de juicio en el fallo de segunda instancia.

En segundo lugar, se observa que el Tribunal, en la sentencia objeto de revisión, se
refirió al “interrogatorio” de parte del señor Plata Serrano -en su condición de director
médico del Instituto Departamental del Caquetá- en los siguientes términos (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“4.3.2. INTERROGATORIO DE PARTE

LUIS GONZALO PLATA SERRANO, el cual fue absuelto el 20 de junio de
2012, pero que mediante auto del 3 de septiembre del mismo año, el juzgado lo
dejó sin efectos, por irregularidades en el trámite procesal, pero que a solicitud
de ese estrado judicial, se solicitó subsanar lo acaecido, de conformidad con el
artículo 199 del CPC, lo cual concluyó con la ratificación de lo absuelto, en el
interrogatorio antes mencionado.

SC1075-2022 y ii) sentencia del 19 de octubre de 2020, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: CSJ
SC3892.
34 Folios 197 y 198 del cuaderno 1.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

(…)
Ahora bien, se destaca (…) realizado por quien para entonces era el
representante legal de la entidad demandada, que aduce, se pudo haber
detectado el ectópico, si se hubiese realizado una prueba de embarazo a
las 48 horas subsiguientes del procedimiento de legrado, la Sala
encuentra que choca con lo dictaminado por la médico forense,
especialista en ginecología, pues en la ecografía transvaginal, se
evidenció fue un aborto retenido y que el ectópico debió desarrollarse
durante los 15 días siguientes del primer procedimiento. Lo anterior, no
evidencia un error de diagnóstico ni da certeza de que el haber detectado el
embarazo ectópico con anterioridad, hubiese una garantía plausible de evitar el
procedimiento de extracción de la trompa de falopio, pues también se recalca
por la especialista en ginecología que se prefiere la extracción que el mantener
allí la trompa, debido a los riesgos que ello presume (…)

Por lo demás, solo resta destacar que como también se enuncio en este
proveído, es obligación de la parte que alega el perjuicio, probar el nexo causal
entre el daño y el hecho dañoso, deber que se dilucida claramente, no cumplió
la parte actora, pues adicional al dictamen pericial, con el que no logró probar
el error de diagnóstico pretendido ni la omisión alegada, no se encuentra en el
expediente razones que funden la posibilidad de imputarle
responsabilidad a la entidad demandada. Tan es así, que no se tiene
prueba fehaciente, sobre la afectación psicológica y física que sufrió la
víctima en razón al daño alegado, solo reposan afirmaciones que en nada
evidencia el daño acaecido”35 (se destaca).

La Subsección advierte que el Tribunal ad quem consideró que las declaraciones
del médico Plata Serrano respecto de que el ectópico pudo detectarse si se hubiera
practicado una prueba de embarazo dentro de las 48 horas subsiguientes, iba en
contra de lo indicado en el informe elaborado por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, experticia que adelantó una profesional en ginecología
y, según el cual, en la ecografía transvaginal solo se evidenció un aborto retenido.

Como consecuencia, el “Tribunal Administrativo, Sala Transitoria” sí reconoció la
existencia del “interrogatorio” de parte y lo tuvo en cuenta al exponer los argumentos
de su decisión, distinto es que no le concedió el mérito probatorio que pretendían
los demandantes, por cuanto esa autoridad judicial optó por otorgarle mayor valor a
lo expuesto en el dictamen médico forense que obraba en el expediente y, por ende,
concluir que no se probó algún error de diagnóstico.

Respecto de las pruebas testimoniales mencionadas por la recurrente, se observa
que las mismas estaban orientadas a demostrar el estado de embarazo de la señora
Flor Ángela Silva Fajardo, la composición de su núcleo familiar, las relaciones de la

35 Folios 420 y 428 del cuaderno 3.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

víctima directa con los demás actores y las diversas afectaciones que los
accionantes sufrieron a causa del daño imputado a las demandadas.

La sentencia de segunda instancia no detalló lo expuesto por los testigos, por cuanto
estaban encaminadas a establecer lo pedido por concepto de perjuicios; empero,
como el Tribunal ad quem argumentó que no se acreditó la falla en el diagnóstico y
en el expediente “solo reposan afirmaciones que en nada evidencian el daño
acaecido” no declaró responsables a las accionadas y, por ende, el estudio de lo
correspondiente a la indemnización no era procedente.

Por lo anterior, no se advierte que la providencia objeto de controversia carezca de
argumentos de soporte o que se configuren situaciones manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas por las cuales deba anularse el fallo, por el
contrario, se observa que la parte recurrente discrepa de la labor hermenéutica que
adelantó el Tribunal como se explicará a continuación:

En el sub examine la Sala considera que los accionantes en realidad disienten de
la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de segunda instancia porque, en
su opinión, tales pruebas no se examinaron y, como consecuencia, les impidió
obtener una decisión diferente, argumento que no abre paso a la revisión solicitada,
por cuanto el recurso extraordinario de la referencia no tiene como finalidad que se
concuerde con el razonamiento probatorio y/o jurídico propuesto por las partes.

Cabe recordar que en la valoración probatoria prima la autonomía e independencia
de la autoridad judicial que la realiza, lo cual resulta apenas lógico, dado que, como
director del proceso, el juez es el que está llamado a determinar la utilidad,
pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de criterios objetivos y
razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión
final36.

El funcionario judicial está facultado para formar libremente su convencimiento sin
estar sujeto a tarifa legal, prueba solemne o cualquier otra métrica probatoria
distinta, sino simplemente a su libre apreciación, inspirándose en los principios que
hacen parte de la crítica de los elementos de juicio, atendiendo las circunstancias
relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes, análisis en el cual podrá

36 Corte Constitucional, Sala Plena, SU-136 del 22 de febrero del 2002, M.P: Álvaro Tafur Galvis,

exp: T-451147.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

dar mayor credibilidad a unos elementos que a otros, sin que ello se traduzca en
una vulneración a la garantía del debido proceso.

Como consecuencia, lo que se observa es una discrepancia de criterio de la parte
actora porque la providencia cuestionada resultó adversa a sus intereses, no siendo
este un motivo suficiente que amerite la intervención de esta Corporación frente a
la referida sentencia, pues, se insiste, tal propósito resulta ajeno al mecanismo de
la referencia, el cual, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para instituirse
como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios37.

En suma, la parte actora no demostró la configuración de la causal invocada –
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, por ende, el recurso
extraordinario de revisión formulado por los señores Flor Ángela Silva Fajardo y
otros carece de fundamento y así se declarará38.

8. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 39, en
concordancia con el artículo 365 del CGP, se condenará en costas cuando se
declare infundado en el recurso extraordinario de revisión, tal como ocurrió en este
asunto.

Así las cosas, se condenará en costas a los recurrentes señores Flor Ángela Silva
Fajardo, quien obra en nombre propio y en representación de su menor hija Diana
Sofía Romero Silva, Leonardo Fabio Solano Vargas, Elvira Fajardo Quintero y
Hermes Silva Rivera, quienes pagarán40 las costas que se hubieren causado41.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
38 Cabe aclarar que, si bien en el presente caso la Subsección, al resolver el recurso de súplica

interpuesto por los accionantes, sostuvo que era suficiente con que la recurrente invocara la causal
de revisión y explicara por qué consideraba que se configuró, lo cierto es que en aquella oportunidad
se advirtió que ello solo era para efectos de la admisión del recurso extraordinario de la referencia,
por lo que el análisis procedente se adelantaría en el respectivo fallo.
39 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido

el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
40 El numeral 6 del artículo 365 del CGP señala: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos

y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas:
(…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos (…)” (se destaca).
41 Al respecto, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “Una parte puede estar integrada por

diferentes personas. De ahí que cuando se impone condena en costas a dos o más litigantes, deberá
hacerse en proporción a su interés en el proceso y el juez tendrá que exponer las razones por las
cuales considera que hay diversidad en cuanto a su magnitud económica se refiere. Si el juez guarda

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Al respecto, la Sala precisa que el recurso de revisión con fundamento en la causal
5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 tiene como propósito que se anule la
sentencia pertinente y se devuelva el proceso a la autoridad respectiva para que
“rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda”.

Así las cosas, los recursos promovidos en tales términos cobijan en iguales
condiciones a todos los recurrentes, pues tienen como finalidad la revisión del fallo,
al margen de las decisiones que se adopten por el juzgador de instancia en el evento
de que prospere la causal derivada de la nulidad de la sentencia.

Aclarado lo anterior, en lo relacionado con las agencias en derecho como elemento
integrante de las costas, la Subsección advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura, en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201642,
fijó las tarifas frente a los recursos extraordinarios de revisión entre 1 y 20 smmlv.

En este caso, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia
Nacional de Salud comparecieron mediante sus correspondientes apoderados
judiciales, en virtud de lo cual tuvieron a su cargo la vigilancia del proceso; además,
desplegaron actuaciones como las relacionadas con la contestación del recurso
extraordinario de revisión, por lo que la fijación de agencias en derecho resulta
procedente43.

Lo anterior no se ve afectado porque las entidades hubiesen comparecido por
intermedio de los abogados integrantes de su planta de personal, pues el hecho de
que no se hayan realizado pagos adicionales al salario no enerva la causación de
las agencias, por lo que, incluso, estas proceden cuando la parte comparece al
proceso sin constituir apoderado, según lo previsto en los numerales 3 y 4 del
artículo 366 del CGP44.

silencio, como sucederá en la mayoría de los casos, se entiende que la condena se impone en partes
iguales a los litigantes; por tanto, cada uno de ellos responderá por su cuota-parte y sin que
haya solidaridad entre ellos para el pago, por cuanto la ley no lo establece” (se destaca). LÓPEZ
BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Parte General, Dupre Editores, segunda
edición, página 1.080. Criterio acogido por la Sala en sentencia del 27 de septiembre de 2021, exp:
66.295.
42 El recurso de revisión se presentó el 17 de febrero de 2020, fecha posterior a la entrada en vigor

del Acuerdo 10554 de 2016.
43 Criterio que ha reiterado la Sala Veinticinco Especial de Decisión en las sentencias de 6 de marzo

de 2018, exp: 201501542 (REV) y 201602187 (REV) y sentencia de 2 de julio de 2019, exp:
20160292900 (REV).
44 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos

judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Respecto del Instituto Departamental del Caquetá y la IPS SaludCoop-Clínica Santa
Isabel Ltda, la Subsección considera que no se causaron agencias en derecho a su
favor, pues no presentaron escrito de oposición o contestación al recurso
extraordinario de revisión y ni siquiera constituyeron apoderado judicial para que los
representara en este asunto.

Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho en
tres (3) smmlv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se reconocerá
a favor del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional
de Salud, en partes iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Flor Ángela Silva Fajardo y otros contra la sentencia
dictada el 8 de octubre de 2018, por el “Tribunal Administrativo, Sala Transitoria”,
en el proceso de reparación directa con radicado 18001-33-31-002-2011-00125-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, a los recurrentes Flor Ángela Silva Fajardo,
quien obra en nombre propio y en representación de su menor hija Diana Sofía
Romero Silva, Leonardo Fabio Solano Vargas, Elvira Fajardo Quintero y Hermes
Silva Rivera, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera,
teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso.

Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a tres (3) smmlv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para el
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, en
partes iguales.

(…).
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca).

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00034-00
No. Interno: 65.855
Actor: Flor Ángela Silva Fajardo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la
consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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