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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00038-00

Fecha
14 de junio de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00038-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO; DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revision interpuesto contra la sentencia proferida por la Subseccion C de la Seccion Tercera del Tribunal Administrative de Cundinamarca el veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso de reparacion directa No. 11001-33-36-037- 2015-00659-01. SEGUNDO; CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberan ser liquidadas por la Secretaria de la Seccion, de conformidad con Io dispuesto en los articulos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, incluyase por concepto de agendas en derecho la suma equivalente a dos (2) salaries minimos legales mensuales vigentes (smimv), uno en favor de cada una de las entidades que fungieron como parte contraria en este proceso, esto es, la Rama Judicial y la Fiscalia General de la Nacidn. TERCERO: RECONOCER personeria a la abogada Marybeli Rincon Gomez, identificada con la cedula de ciudadania No. 21.231.650 de Bogota y portadora de la tarjeta profesional No. 26.271 del Consejo Superior de la Judicature, como apoderada de la Rama Judicial dentro de la presente causa. CUARTO: En firme esta decision, ARCHIVESE el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00038-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

14 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogota D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitres (2023)
I
Referenda: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
Radicacion: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: EMILSEN ROJAS OIDOR Y OTROS
Tema: Nulidad originada en la sentencia

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide en unica instancia el recurso extraordinario de revision formulado
contra la sentencia proferida por la Subseccion C de la Seccion Tercera del Tribunal
■ Administrativo de Cundinamarca el veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve
(2019), dentro del proceso de reparacion directa No. 11001-33-36-037-2015-00659-
01.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia de veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la
Subseccion C de la Seccion Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revoco la decision de primera instancia que habia accedido parcialmente a las
pretensiones de la demandade reparacion directa No. 11001-33-36-037-2015-00659-
01, promovida por Emilsen Rojas Oidor y otros para que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nacion - Rama Judicial y a la Fiscalia General de
la Nacion por la privacion de la libertad de la que fue objeto el senor Luis Ulfredo Rojas
Oidor. Los recurrentes sostienen que en dicha sentencia se materializo la causal de
revision contenida en el numeral 5° del articulo 250 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de Io Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, "existir nulidad

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Recurrentes' Emilsen Rojas Oidor y otros

originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelacion”.

II. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparacion directa

1.1. El nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), en ejercicio del medio de control de
reparacion directa y a traves de apoderado judicial, los senores Luis Ulfredo Rojas
Oidor —en nombre propio y en representacion de sus hijas Laura Tatiana y Luisa
Valentina Rojas Rivera—, Amparo Rivera Molano, Francisco Rojas Salazar, Maria Lina
Oidor de Rojas, Cupertino Rojas Oidor, Francisco Jose Rojas Oidor, Ersain Rojas
Oidor, Emilsen Rojas Oidor, Maria Jesus Rojas Oidor y Oscar Prudencio Rojas Oidor,
solicitaron que se declararan administrativamente responsables a la Nacion - Rama
Judicial y a la Fiscalla General de la Nacion, por la privacion injusta de la libertad a la
que, segun adujeron, fue sometido Luis Ulfredo Rojas Oidor, junto con la
correspondiente condena al pago de los perjuicios causados\ como consecuencia de
la investigacidn penal que se siguio en su contra por hechos relacionados con Io que
ordinariamente se denomino como “falsos positives”.

1.2. Mediante sentencia de veintitres (23) de junio de dos mil diecisiete (2017), el
Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogota accedio
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para arribar a esa conclusion, el Juzgado sostuvo que si bien de conformidad con la
sentencia de unificacion del Consejo de Estado de diecisiete (17) de octubre de dos
mil trece (2013) —radicado interno 23354—, en los eventos de absolucion penal
correspondia aplicar el regimen objetivo de responsabilidad a titulo de dano especial,
en este caso el implicado omitio presentar la denuncia penal por los hechos delictivos
que conocio y por los cuales fue investigado. Io cual, en su criterio, constituyo “una
especie de favorecimiento, Io que influyo en las decisiones adoptadas, en el

Folios 137 al 145 del cuaderno principal.
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acaecimiento del resultado en que se tradujo la decision de la Fiscalia General de la
Nacion al proferir una medida de aseguramiento en su contra y la del juez de primera
instancia de condenarle”. En consecuencia, el fallador declare la concurrencia de
culpas, disminuyendo la condena en un cincuenta por ciento (50%)2.

1.3. Apelada esta decision por las entidades demandadas, el veintisiete (27) de febrero
de dos mil diecinueve (2019) la Subseccion C de la Seccion Tercera del Tribunal
Administrative de Cundinamarca revoed la sentencia de primera instancia^.
[

Como fundamento de su decision, el Tribunal senalo que aun bajo el regimen objetivo
de responsabilidad es claro que el Estado puede exonerarse cuando la victima actua
con culpa grave o dolo, exponiendose al dano. Bajo esa premise y luego del analisis
del acervo probatorio, el Tribunal encontro acreditado que aunque “la conducta del
privado de la l/bertad no fue considerada como punible en materia de responsabilidad
penal, con base en los elementos probatorios obrantes en el expedients, si puede
calificarse de gravemente culposa en la perspective de la responsabilidad civil porque
i) el senor Luis Ulfredo hizo parte del peloton que cometio el delito de homicidio,
conocido como ‘falso positive’; ii) el senor Luis Ulfredo mintid en el proceso penal,
asegurando que se trataba de un guerrillero muerto en combate; Hi) el actuardel senor
Luis Ulfredo llevaba a concluir que tenia plena conocimiento del ilicito que se estaba
cometiendo y del cual participaba, en la medida que adelanto acciones tendientes a
movilizar el cadaver para hacerlo parecer como un guerrillero y a advertir que mientras
iba a traerel caballo para movilizar el cadaver, el guia se quedaba sin vigilancia; iv) el
senor Luis Ulfredo no presento la denuncia correspondiente, en su lugar, recibio las
felicitaciones dadas por el coronel y la suma de dinero que se le pago por el asesinato;

EE v) amenazo .y sobomo al testigo directo del proceso penal para que no dijera nada; y
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vi) en la fecha en la que se adelanto la investigacion y se resolvio poner la medida de
aseguramiento, el senor Luis Ulfredo segula siendo miembro active del Ejercito
Nacional”.

2 Folios 53 al 65 del cuaderno principal.
3 Folios 29 al 52 del cuaderno principal.
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En consecuencia, resolvio revocar la decision adoptada por el Juzgado y declarar
probada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la victima.

2. El recurso extraordinario de revision

El veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020), los sefiores Luis Ulfredo Rojas
Oidor, actuando en nombre propio y en representacion de sus menores hijas Laura
Tatiana y Luisa Valentina Rojas Rivera, Amparo Rivera Molano, Francisco Rojas
Salazar, Maria Lina Oidor de Rojas, Cupertino Rojas Oidor, Francisco Jose Rojas
Oidor, Ersain Rojas Oidor, Emilsen Rojas Oidor, Marfa Jesus Rojas Oidor y Oscar
Prudencio Rojas Oidor, a traves de apoderado judicial, interpusieron recurso
extraordinario de revision contra la sentencia proferida por la Subseccion C de la
Seccion Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el veintisiete (27) de
febrero de dos mil diecinueve (2019), alegando la materializacion de la causal de
revision prevista en el numeral 5 del articulo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistirnulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelacion", toda vez que, segun su criterio, la sentencia impugnada se aparto
abiertamente del precedente jurisprudencial aplicable al caso, vulnero su derecho al
debido proceso al desconocer la sentencia penal absolutoria y contravino el principle
de congruencia al resolver por fuera de los If mites de la causa petendi^.

2.1. Asi, en primer lugar y sobre el alegado desconocimiento del precedente
jurisprudencial, los recurrentes afirman que el Tribunal no aplico la sentencia de
unificacion proferida por la Seccion Tercera del Consejo de Estado el diecisiete (17)
de octubre de dos mil trece (2013), radicado interne No. 23354, de acuerdo con la cual,
en los casos de privacion injusta de la libertad "aljuez administrativo no le es permitido
entrar a discutir el contenido de una sentencia penal que hizo transito a cosa juzgada,
ni siquiera bajo el argumento de encuadraiia bajo la causal excluyente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la victima”.

2.2. En cuanto al argumento relacionado con la vioiacion ai debido proceso por el
desconocimiento de la sentencia penal absolutoria, senalan que el Tribunal

‘ Folios 1 al 15 del cuaderno principal.
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“pretende usurper las funciones del juez penal, haciendo una nueva valoracion
probatoria”, pues las conclusiones sobre la culpa grave del demandante constituyen
un nuevo juzgamiento penal alejado del contexto de dicho proceso y rinen con Io
decidido por la jurisdiccion ordinaria que determine la ausencia de responsabilidad en
el hecho criminal, en tanto el acusado ni siquiera se encontraba en el lugar de los
hechos. En ese sentido, a juicio de los recurrentes, la sentencia impugnada
controvierte asuntos propios del proceso penal que le estan vedados al juez
administrativo, tales como la declaratoria de inocencia y la valoracion probatoria.

2.3. Finalmente, en relacion con la vlolacion det principio de congruencia, en el
escrito se indica que “el juez se pronuncio fuera de los llmites de la causa petendi",
porque el Tribunal pretende volver a juzgar penalmente al recurrente, como si no
estuviera “obligado a acatar los fallos mediante los cuales se absuelve de
responsabilidad al senor Luis Ulfredo Tojas Oidor, convirtiendose en una tercera
instancia del proceso penal”.

Asl, expone que el juez administrativo solo puede verificar las actuaciones de la
Fiscalla en el momento de proferir la medida de aseguramiento que, para el caso
concreto, ocurrieron “sin el cumplimiento de los requisites legales que determina que
deben existir indicios graves de responsabilidad en su contra y ademas debe
estudiarse la conducencia, necesidad, y razonabilidad de la misma, que en este caso
tampoco se hizo, (...) no se advertia liesgo de fuga, distorsion de la prueba o evasion
de la justicia”, para, a partir de alii, concluir que ni el senor Tojas Oidor ni su nucleo
familiar estaban en la obligacion de soportar el dano antijurldico y que, por tai razdn,
deben ser indemnizados.

3. Tramite del recurso y oposicion

3.1. Por auto de veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), el Despacho
inadmitio el recurso^ y, luego de ser subsanado, fue admitido con auto de diecinueve
(19) de noviembre de ese mismo ano, ordenando la notificacion personal de quienes

5 Folios 148 al 153 del cuaderno principal.
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habian fungido como demandados dentro del proceso ordinario, 'asi como del
Ministerio Publico®.

3.2. Durante el tdrmino de traslado, se recibieron las siguientes intervenciones:

3.2.1. La Fiscalia General de la Nacion, mediante escrito de diecisiete (17) de
febrero dos mil veintidos (2022), solicito la desestimacion del recurso por
considerar que con este los recurrentes pretenden desatar una tercera instancia
y cuestionar la interpretacion juridica del juez, que se encuentra fundada en los
hechos probados en el proceso ordinario, sin que ninguno de los reparos se
enmarque realmente en la causal de revision invocada^.

3.2.2. En igual sentido, la Rama Judicial, mediante escrito de esa misma fecha,
intervino para pedir que se declare la improcedencia del recurso, bajo la
consideracion de que Io pretendido por los recurrentes es revivir el debate de la
responsabilidad estatal que se surtio en el proceso ordinario y que quedo definido
judicialmente®.

3.2.3. Por su parte, el Procurador Delegado para la Conciliacion Administrativa
rindro el Concepto No. 149 de dieciseis (16) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021), solicitando que se declare infundado el recurso extraordinario de revision
debido a que, a su juicio, no se configure la causal alegada. Ademas, senalo que
no es cierto que el juez administrative haya desconocido la sentencia penal
absolutoria, sino que, con fundamento en ella y en el material probatorio obrante
en el expediente ordinario, determino que si bien estaba acreditada la ocurrencia
del dano este no resultaba imputable a las demandadas, pues fue el sefior Tojas
Oidor quien, con su actuacion, Io ocasiono de manera exclusiva y determinante®.

® Folios 155 al 159 del cuaderno principal.
Indice 16 de SAMAI. Documento descrito como "21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_CONTESTACIONEMILSEN(.pdf) NroActua 16".
® fndice 18 de SAMAI. Documento descrito como "27_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICOJ70222RECURSOE(.pdf) NroActua 18".
® Indice 13 de SAMAI.

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3.3. Por auto de cuatro (4) de agosto de dos mil veintidos (2022), el Despacho decreto
como pruebas del proceso las documentales aportadas junto con el recurso
extraordinario de revision, es decir, la demanda de reparacion directa, la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado 37 Administrative de Bogota, la sentencia
1 de segunda instancia expedida por el Tribunal Administrative de Cundinamarca y la
sentencia penal absolutoria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva - Sala
PenaP®.

3.4. El dos (2) de noviembre de dos mil veintidos (2022), el proceso entro al Despacho
para adopter la decision que en derecho corresponda'’’.

I III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con Io dispuesto en el articulo 249 del CPACA^^ @^1 concordancia con
Io establecido en el numeral 10 del articulo 13 del Acuerdo 080 de 2019 — Reglamento
Interne de la Corporacion''^—, esta Subseccion es competente para resolver el recurso
extraordinario de revision formulado contra la sentencia proferida por la Subseccion C
de la Seccion Tercera del Tribunal Administrative de Cundinamarca el veintisiete (27)
de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Indice 20 de SAMAI.
Indice 30 de SAMAI,
12 "ARTICULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisidn contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerd la Sala Plena de Io Contencloso
Administrative sin exclusion de la seccidn que profirid la decisidn. // De los recursos de revision contra
las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocercin las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado segiin la materia. (...)”.
13 “ARTICULO 13.- DISTRIBUCION DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
f repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de Io Contencloso Administrative se distribuiran entre
r SUS secciones atendiendo un criteria de especializacidn y de volumen de trabajo, asi (...} Seccidn
!
Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisibn contra las sentencias de unica instancia dictados por
los tribunales administrativos. en asuntos relacionados con la competencia de esta seccidn.".
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Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

2. Problema juridico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por la Subseccion C de la
Seccion Tercera del Tribunal Administrative de Cundinamarca dentro del proceso de
reparacion directa No. 11001-33-36-037-2015-00659-01, se encuentra incursa en la
causal 5® de revision contemplada en el articulo 250 del CPACA, esta es, “[e]xistir
nulidad onginada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelacion.

Para tales efectos, la Sala planteara algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revision y la causal senalada por la parte recurrente,
a partir de Io cual se dara solucion al asunto sub examine.

3. Generalidades del recurso extraordinario de revision

El recurso extraordinario de revision es una herramienta cuyo proposito es despojar
del caracter inmutable y de cosa juzgada que por regia general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. As! Io definio la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento juridico sentencias que vulneren el
debido proceso, o que no se ajusten al derecho yala Constitucidn”.

En la jurisdiccion de Io contencioso administrative, el recurso extraordinario de revision
se consagro en el articulo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propdsito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contraries al ordenamiento juridico'’’*,. siempre que

Sobre el punto, la Code Constitucional en sentencia C-871 de 2003 seflald: “Con todo, elpr/ncipio de
la cosa juzgada no tiene caracter absolute pues puede Hegar a colisionar con la justicia material del caso
concreto. Para enfrentar tai situacidn se ha consagrado la accidn de revisidn. la cual permite en casos
excepcionales deJar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisidn judicial revelan que dsta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revision se opone al principio 'res iudicata pro veritate habertur' para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin ultimo es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado".
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is se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley’®. De acuerdo
con io consagrado en el articulo 248 del Codigo de Procedimiento Administrative y de
Io Contencioso Administrative, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

Se trata de un proceso independiente y autonomo del que dio origen a la sentencia
cuya revision se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la via para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
terminos o reabrir el debate surtido en el tramite ordinario''®.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
analisis de este recurso tiene interpretacion restrictive. En este sentido, esta
Subseccidn ha senalado que “[cjomo dicho recurso afecta el caracter de inmutable de
la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocaslon de su
interposicion, son de caracter excepcional, restrictive y estan sometidas a las
causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta
en una tercera instancia.”''^ (Se resalta).

De alli entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en
la ley, sin que.sea viable para el juez flexibilizar las extgencias para su procedencia o
crear unos requisites o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizarla la
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excepcionalidad del recurso, sino que atentaria directamente contra la seguridad
juridica.

’5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrative, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicacidn 11001-03-15-000-2012-00231-00.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decision N’ 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2018-03791-00.
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicacidn 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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4. La causal de revision contenida en el numeral 5° del artlculo 250 del Codigo
de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative

El numeral 5° del articulo 250 del Codigo de Procedimiento Administrative y de Io
Contencioso Administrative contempla come causal de revision la de “[ejxistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelacion. ”

De la lecture de la norma se desprende que la configuracion de la causal demanda, de
un lado, que haya tenido lugar una nulldad originada en la sentencia y, del otro, que
contra ella no proceda el recurso de apelacion. Sin embargo, debido a que el legislador
no determine cuales son los eventos en los que se considera que se ha configurado
una “nulldad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de
Estado la que ha dotado de contenido esta disposicidn^®.

Asi, esta Corporacion ha senalado que esa condicion se refiere a situaciones
“otiginadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decision, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad
sustantiva propia de la actuaclon'"-.

En ese sentido, de acuerdo con la posicion pacifica del Consejo de Estado, esto implica
corroborar: i) que el vicio alegado se origino en la sentencia, es decir, que se
materializo con la adopcion misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalia es de tai
magnitud que configure un defecto insanable de la actuacion, al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisibn adoptada hubiese sido distinta^o.

Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020 radicado
11001-03-15-000-2017-02519-00.
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001-33-31-035-2008-00180-01.
2° Consejo de Estado, Sala Especial de Decisibn N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Seccidn Segunda, Subseccibn A, sentencia del
18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decision N’ 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-
00894-00.

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Sobre Io primero, la jurisprudencia de esta Corporacion ha establecido que, por regia
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1 general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposicion de nulidades
procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimacion previstas
en el articulo 142 del Codigo de Procedimiento Civil [hoy, articulo 134 del Codigo
General del Proceso], sin perjuicio del deberque el articulo 145 ibidem, impone aljuez
de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia”’^\ Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposicion de la
! nulidad procesal ocurrida antes de la expedicion de la sentencia, siempre y cuando
esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora
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debe probarque efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso
del proceso.

En cuanto a la segunda exigencia, este organo de cierre ha sehalado que son dos los
grupos de anomallas que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la
sentencia^^: el primero, relacionado con irregularldades que constituyen causal de
nulldad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencla y, el segundo,
relative a los vlcios que contiene la propla sentencia y que pueden derivar en la
vulneracidn del articulo 29 Superior^^.

El primer grupo estaria referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas
en el CPACA.' en el Codigo de Procedimiento Civil (CPC) o en el Codigo General del
Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo,
a la inobservancia de aspectos procesales de tai transcendencia que tengan impacto

2’ Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001 -03-15-000-2015-02493-00.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn N” 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decision No. 26, sentencia det
t 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisidn N’ 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, y
ll Consejo de Estado, Sala Especial de Decision N° 2, sentencia del T de octubre de 2019, radicado
J 11001 -03-15-000-2013-02216-00.
23 Consejo de Estado, Seccion Segunda, Subseccidn B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se tomael resumen de la causal contenidoen el radicado No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la Sala
Especial de Decisidn N° 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
11

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidoryotros

en la garantla del debido proceso^*^, Io cual excluye la posibilidad de formular, por esta
via, cuestionamientos que conciernan ai contenido de la motivacion, a la valoracion
probatoria o a la forma de aplicacion de una determinada norma.

Asl, segun ia jurisprudencia de esta Corporacion^^ y a modo enunciativo, una nulidad
originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad
procesal previstas en el CPACA o en el Codigo General del Proceso puede acaecer
en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que termino por
desistimiento, transaccion, perencion o estando legalmente suspendido o interrumpido
y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmadd por menor
0 mayor numero de magistrados o cuando es adoptado con un numero de votes
diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in
pejus', iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; v)
cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdiccidn; vi) cuando se
dicta sentencia con pretermisidn de las instancies procesales previas; vii) cuando el
demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en 6sta; viii) cuando la sentencia
carece totalmente de motivacion, o ix) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa.

Para Io que interesa a la presente causa, debe indicarse desde ya que.-de conformidad
con la jurisprudencia de esta Corporacion, el desconocimiento del precedente judicial
no constituye uno de los supuestos en los que puede considerarse que existe una
nulidad originada en la sentencia^^, pues no se trata de un vicio de indole

2** Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019 radicado
11001 -03-15-000-2018-01415-00.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn N° 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-2009-00494-00; Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn B, sentencia de 29
de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn N° 26,
sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado^
Sala Especial de Decisidn N’ 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-
04345-00; Consejo de Estado, Seccion Segunda, Subseccidn A, sentencia del 24 de octubre de 2019,
radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Seccidn Segunda, Subseccidn A,
sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00, y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisidn N" 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-
2019-00894-00.
28 Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrative, Seccidn Tercera, Subseccidn B, sentencia
de 17 de marzode2021, radicado 68001-33-31-006-2010-00296-01(54296) y Consejo de Estado, Sala
12

k
I

J
1 k
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

procedimental que constituya una vulneracion del derecho al debido proceso sino de
un argumento que vendria a exponer una inconformidad con aspectos de fondo o
i
materiales de la providencia acusada^^. Asi, el Consejo de Estado ha precisado:

“(...) el desconocimiento de un precedente judicial no puede considerarse
como un presupuesto configurativo de la causal quinta de revision [prevista
en el articulo 250 del CPACA] consistente en existir nulidad originada en la
sentencia.

Ciertamente, el desconocimiento del precedente es solo una inconformidad
de quien la recurre frente a las consideraciones y decision plasmadas por
el Ad quern en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de
haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. Para la Sala, este
argumento de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en
el que se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador
para la procedencia del recurso extraordinario de revision"^^.

Y. en igual sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el desconocimiento del
precedente no tiene relacion con la causal de nulidad originada en la sentencia prevista
en el marco del recurso extraordinario de revision:

“En el estudio de idoneidad del recurso extraordinaiio de revision, en
Sentencias SU-263 de 2015, T-291 de 2014, T-713 de 2013, T-553 de 2012
s y T-649. de 2011, se advirtio que la accion de tutela desplazara esa
i
[ herramienta procesal, siempre que i) el derecho fundamental cuya
proteccion se solicita no sea susceptible de ser protegido de manera
I
6 integral dentro del tramite del recurso; y ii) las causales de revision carezcan
de correspondencia con los yerros denunciados.

El articulo 250 de la Ley 1437 de 2011 y otras normas dividen las causales
de revisidn en cuatro grupos, a saber: i) los numerates 2, 3y 4 se basan en
la configuracion de ilicitos y se fundan en la necesidad de obtener una
sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o
fraudulentos que fueron determinantes para la adopcion de la decisidn; ii)

de Io Contencloso Administrativo, Seccion Tercera, Subsecclon B, sentencia de 10 de abril de 2019,
radicado 23001-23-31-000-2001-00469-02(38165).
Consejo de Estado, Sala Especial de Decision No. 13, sentencia de 7 de abril de 2015, radicado
11001-03-15-000-2013-02724-00(REV) y Consejo de Estado, Seccidn Quinta, sentencia de 19 dejulio
de 2012, radicado: 13001-23-31-000-2007-00173-01 (REV).
ii Consejo de Estado, Sala Especial de Decision No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, radicado
11001-03-15-000-2016-03553-00 (REV);
13
}

i

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emiisen Rojas Oidor y otros

las causales consagradas en los numerates 1 y 6 tienen como fin corregir
los errores generados por circunstancias desconocidas al momenta de
proferir la sentencia cuestionada, que de habeiio conocido, hubiesen
originado una sentencia distinta; Hi) las enumeraciones 5 y 8 del CPACA
contienen las opciones de corregir la nulidad de una sentencia que no era
apelable y proteger la intangibilidad de la cosa juzgada.; y iv) la causal 7 de
esa norma, el articulo 20 de la Ley 796 de 2003 y el articul6'48 de la
Constitucion permiten la revision de sentencias que reconocieron
prestaciones periddicas sin tener las aptitudes legales o perdedas con
postenoridad, en ausencia de requisites o acceder a la pension en abuso
del derecho.

En atencion al caso sub-judice, la Sala estima qua no procede grupo I), ii)
y Hi) de causales de revision, como quiera que no alego un elemento
fraudulento, ni ilegal acaecido en el proceso de extension de jurisprudencia.
Lo propio sucede con los supuestos de procedencia que basan en la
correccion de errores ocasionados por circunstancias no conocidas al
momenta de la expedicion del fallo. Tampoco, tiene asidero el tercer
grupo de hipotesis de procedencia del recurso, toda vez que revocar
una sentencia por desconocimlento del precedente constitucional no
se relaciona con una nulidad en la providencia^^. -^ (Resaltado fuera de
texto).

Asi las cosas, es claro que el alegado desconocimiento del precedente judicial no
puede ser invocado como constitutive de nulidad de la sentencia ni, de contera, como
causal del mecanismoextraordinario de revision, en tanto, en estos cases, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el solicitante tiene la posibilidad de acudir
a otros medios de defense previstos en el ordenamiento juridico, como, de ser el caso,
el recurso extraordinario de unificacion de jurisprudencia^"'.

Pie de p^gina de la cita: “78. Sentencia C-004 de 2003, MP, Eduardo Montealegre Lynett; sentencia
C-520-09, MP: Maria Victoria Calle Correa. ”
3° Gorte Constitucional, Sentencia SU-068 de 21 de junio de 2018.
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisidn No. 13, sentencia de 7 de abril de 2015, radicado
11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV). En esa decisidn, la Sala indied: "Debe advertirse que cuando
se trate del desconocimiento del precedente judicial -esto es, la sub regia juridica fijada en la respective
sentencia o sentencias que tengan la entidad de precedente-, la legislacidn prev6 el denominado
recurso extraordinario de unificacidn de Jurisprudencia, precedente, si, contra las sentencias de Onica y
segunda instancia proferidas por los tribunales administrativos, cuando contrarien o se opongan a una
sentencia de unificacidn del Consejo de Estado, en los t^rminos de los articulos 256 a 268 del CPACA.
(...) Sea lo que fuere, Io cierto es que su alegaciPn no opera por la via del recurso extraordinario de
revisidn".

14

i-l

!

J

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

Por su parte, y en Io relacionado con el principio de congruencia, cuya violacion si
puede dar lugar a la procedencia de esta herramienta extraordinaria, debe senalarse
que este tiene dos manifestaciones concretas; la interna, que se refiere a la
correspondencia que debe existir entre la parte motive y la resolutiva de la sentencia,
y la externa, que propende porque la decision contenida en su parte resolutiva se
encuentre en concordancia con Io pedido en la demanda y en su contestacibn^^, es
! decir, que haya identidad jurldica entre Io resuelto y las pretensiones y excepciones
Il oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al
!
t juzgador^^. Lo anterior, con fundamento en el articulo 281 del Codigo General del
Proceso^'* —que reformo el articulo 305 del CPC—, aplicable por remision normativa
del articulo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, y en aplicacion del principio "Tantum devolutun quantum apellatum”,
en las sentencias de segunda instancia la incongruencia “tambien sepatentiza cuando
la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentacion del recurso (pretension
impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocacion del derecho
il
sustancial controvertido. ”^5.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una causa
distinta al supuesto factico y jurldico de la demanda, o infrapetita cuando no se

22 Consejo de Estado, Seccidn Segunda, Subseccidn B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
23 Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001 -03-26-000-2019-00100-00 (64246).
3* "ARTiCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia debars estar en consonancia con tos hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las dem^s oportunidades que este codigo contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as! lo exige la ley.
No podr^ condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer^ solamente lo ultimo.
En la sentencia se tendr6 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de! derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu^s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a mis tardar en su alegato de conclusidn o
que la ley permita considerarlo de oficio. (...)".
33 Corte Supreme de Justicia, Sala de Casacidn Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001-02-03-000-2012-02126-00 N° interne SC4415-2016.
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I

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

resuelvealgun asunto debidamente planteado^®. Defondo, la razon por la cual procede
la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de congruencia
es porque el fallactor excede su competencia, la que, como se ha dicho, esta
determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la contestacion y
las excepciones propuestas y, tratandose de sentencias de segunda instancia, por Io
indicado en el recurso de apelacion, sin perjuicio de los asuntos intrinsecos que deba
resolver el fallador para resolver la litis planteada^'.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el asunto
sub examine.

5. Caso concreto

Conforme con Io explicado en el acapite que precede, corresponde establecer si en la
situacion objeto de estudio se materializan los supuestos para la procedencia de la
causal de revision contenida en el numeral 5° del articulo 250 del Codigo de
Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative.

Para empezar, es claro que la sentencia de veintisiete (27) de febrero de dos mil
diecinueve (2019) no era pasible del recurso de apelacidn porque esta decision se
produjo, precisamente, al resolver la alzada formulada por la parte actora dentro del
proceso de reparacion directa, surtiendo asi las instancies que previo la ley para ese
medio de control.

Ahora bien, como se resend, son tres las razones o motives de nulidad alegados por
la parte recurrente que, segun su dicho, se habrian materializado al momento de
expedir la sentencia acusada;

i) El desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable;

Consejo de Estado, Seccion Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicado 76d01-23-24-000-
1997-04345-01.
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001 -03-26-000-2019-00100-00 (64246).
16

Radicado: 11001-03^26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes' Emilsen Rojas Oidor y otros

!i
ii) La violacion al debido proceso por desconocimiento de la sentencia penal
1 absolutoria proferida en favor del demandante, y
i
iii) La falta de congruencia de la sentencia.

I Pasa la Sala a examinar cada uno de esos reproches.

a) Sobre el alegado desconocimiento del precedente junsprudencial aplicable

Afirma el recurrente que la providencia impugnada desconocio el precedente judicial
contenido en la sentencia de unificacion proferida por la Seccion Tercera del Consejo
de Estado el diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado interno No.
23354, en tanto el juez administrative no puede discutir el contenido de una sentencia
penal ejecutoriada “bajo el argumento de encuadrarla bajo la causal excluyente de
responsabilidad de culpa exclusive de la victima”.

Sin embargo, como atras se indico, el desconocimiento del precedente judicial no
puede ser considerado como un presupuesto configurativo de la nulidad originada en
la sentencia, pues como Io ha dicho el Consejo de Estado "este argumento de
controversia no constituye un vicio fonnal de la sentencia, en el que se pueda sustentar
alguna de las causales previstas por el legislador para la procedencia del recurso
extraordinano de revision", sino, en realidad, “una inconformidad de quien la recurre
frente a las consideraciones y decision plasmadas por el Ad quern en la sentencia de
segunda instancia, como consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus
I pretensiones'^^.
!
I

En este sentido, no es este el escenario para plantear esa inconformidad frente a los
fundamentos juridicosen los que el ad quern sustento su decision, de manera que este
cargo no esta llamado a prosperar.

Consejo de Estado, Sala Plena de Io Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decision No. 2,
sentencia de 4 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-000-2016-03553-00(REV), en igual sentido
f ver: Consejo de Estado, Sala Plena de Io Contencioso Administrativo, Sala Especial de DecisiPn No.
13, sentencia de 7 de abril de 2015, radicado 11001-03-15-000-2013-02724-00(REV) y, Consejo de
Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, SecciPn Quinta. Sentencia de 19 de julio de 2012.
Radicado: 13001-23-31-000-2007-00173-01{REV).
17

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

En todo caso, es relevante aclarar que, en contra de lo dicho por los recurrentes,
incluso en los reglmenes objetivos de responsabilidad —como aquel por el que
promulgaba la sentencia de unificacion invocada, cuya tesis fue revaluada y
modificada por la jurisprudencia vigente—, cabe analizar la configuracidn de las
causales eximentes de responsabilidad de caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusive
de la victima o hecho de un tercero, a efectos de determiner si hay lugar o no a atribuir
responsabilidad al Estado^^.

b) Sobre la supuesta violacion del derecho al debido proceso

En segundo lugar, y en relacion con la supuesta violacion al debido proceso por
desconocimiento de la sentencia penal absolutoria, los recurrentes aducen que el
juez administrativo realizo un nuevo juzgamiento penal, refutando la declaratorla de
inocencia y la valoracion probatoria que sobre el asunto ya se habla efectuado en ese
ambito.

Sin embargo, lo cierto es que una lecture de la decision adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca evidencia que el analisis que hizo esa autoridad
judicial de la conducta del sehor Rojas Oidor no se efectuo desde la optica de sus
implicaciones penales, sino desde la perspective de como ella pudo contribuir a que
se adoptara la decision de privacion de la iibertad y de las consecuencias que ello tiene
en materia del reconocimiento de la responsabilidad estatal. En efecto, sobre este
asunto en la providencia acusada expresamente se indico:

“(...) a pesar de que la investigacion penal termino a favor del sehor Luis Ulfredo
Rojas Oidor, debido a la imposibilidad de desvirtuar la presuncidn de inocencia, a
la Sala no le cabe duda de que su conducta dio lugar a que, ademds de ser
investigado, fuera objeto de una medida restrictive de su Iibertad, lo cual, desde

Asi, en la providencia de unificacibn de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
expresamente se indico: ''[L]/as eximentes de responsabilidad aplicables en todo rdgimen objetivo de
responsabilidad pueden -y deben- ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de
suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusive de un tercero o de la victima determinan que el daho
no pueda ser imputado o s6lo pueda sedo parcialmente. a la entidad demandada, deber^ proferirse
entonces el correspondiente fallo absolutoria en punto a la determinaciOn de la responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado o la reduccidn proporcional de la condena en detrimento, por
ejempio, de la victima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la
medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneracidn de
responsabilidadpenal" (se resalta).
18

■■i

1 .Wf Radicado; 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes; Emilsen Rojas Oidor y otros

luego, no implica una calificacidn de las decisiones adoptadas por lajusticia
ordinaria, en orden a determiner si fueron acertadas o no.

(...) At respecto encuentra la Sala que si bien la conducta del privado de la
libertad no fue considerada como punible en materia de responsabilidad
penal, con base en los elementos probatorios obrantes en el expediente, si
puede calificarse de gravemente culposa en la perspective de la
responsabilidad civil porque i) el senor Luis Ulfredo hizo parte del peloton que
cometio el delito de homicidio, conocido como ‘false positivo’; ii) el senor Luis
Ulfredo mintio en el proceso penal, asegurando que se trataba de un guemillero
muerto en combate; Hi) el actuar del senor Luis Ulfredo llevaba a concluir que tenia
pleno conocimiento del ilicito que se estaba cometiendo y del cual participaba, en
la medida que adelanto acciones tendientes a movilizar el cadaver para hacerto
parecer como un guerrillero y a advertir que mientras iba a traer el caballo para
movilizar el cadaver, el guia se quedaba sin vigilancia; iv) el senor Luis Ulfredo no
presento la denuncia correspondiente, en su lugar, recibid las felicitaciones dadas
por el coronet y la suma de dinero que se le pagd por el asesinato; v) amenazd y
sobornd al testigo directo del proceso penal para que no dijera nada; y vl) en la
fecha en la que se adelantd la investigacidn y se resolvid poner la medida de
aseguramiento, el senor Luis Ulfredo seguia siendo miembro active del Ejercito
Nacional.

En el sub lite, se observe que la conducta del senor Luis Ulfredo fue
determinante en la produccion del dano, pues se demostro que la imposicion de
la medida de aseguramiento se produjo come consecuencia directa del
incumplimiento a titulo de culpa grave de los deberes que tenia a su cargo como
servidorpublico, consistente en presentaria correspondiente denuncia ante el delito
que acababa de cometerse. El que esta conducta no haya generado
responsabilidad penal no implica que sea irrelevante la solucion del problema
jurldico planteado, Io que exige examinar los deberes que le eran exigibles en
funcion del cargo que ejercia en el memento de los hechos.

El hecho de no haber presentado la denuncia correspondiente es
determinante en el presente asunto en la medida que ello, Junto con su actuar
el dia de los hechos, y la amenaza y el soborno al testigo del proceso, se
constituian en indicios serios e importantes para ordenar la medida de
aseguramiento.

As! las cosas, para la Sala el dano cuya indemnizacidn se pretends no es imputable
a la entidad demandada, toda vez que esta demostrado que fue el demandante
quien, con su actuacion, Io ocasiono de manera exclusiva y determinante.

As! las cosas, considers la Sala que a partir de los elementos materiales probatorios
que obran en el expediente debe revocarse la decision de primera instancia, para
en su lugar negar las pretensiones de la demands, como quiera que se encuentra
acreditada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
victima, por cuanto fue el demandante quien con su conducta culposa se
expuso total e imprudentemente a sufrir el dano, consistente en privacion de
la libertad; en la medida que siendo servidor publico, miembro del Ejercito Nacional
omitio eJ deber de denunciar el correspondiente hecho delictivo. ’’ (negrita fuera de
texto).

19

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

Como se observa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca si analizo la conducta
del senor Rojas Oidor pero no con el fin de reexaminar si era inocente o culpable del
ilfcito penal que se le endilgaba sino para determiner las implicaciones que ella pudiera
tener desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En ese sentido, no es cierto que el Tribunal haya realizado un nuevo juzgamiento penal
0 desconocido la declaratoria de inocencia o la valoracion probatoria efectuada por
esa jurisdiccion, de manera que Io dicho en el recurso, lejos de evidenciar una
verdadera violacion al debido proceso, Io que en realidad denote es una divergencia
de la parte actora con la decision adoptada por el juez de segunda instancia, aspecto
que no puede ser controvertido a traves de esta herramienta judicial extraordinaria
prevista para salvaguardar el valor de la justicia material que, para efectos de su
procedencia, solamente se ve afectado en los casos senalados en el articulo 250 del
CPACA.

Asl, como io ha indicado el Consejo de Estado, esie recurso no es una
oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para supiir la
deficiencia probatoria. Tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
juridicos de las providencias. Es decir, el recurso extraordinario de revision no
puede servir para cuestionar la actividad interpretative del juez^° o para corregir
errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos
procesales especificos que, o incidieron indebidamente en la decision mediante la cual
se resolvio el litigio -como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no
pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma -como
ocurre con las pruebas recobradas o la aparicion de una persona con mejor derecho-,
o fueron sobrevinientes a la decision y hacen que esta ultima carezca de razon de ser
-como en el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial -
como cuando existe una nulidad ohginada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelacidn-".'^'' (Negrilla fuera de texto).

*5 Consejo de Estado, Sala Plena de Io Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de
2010, radicado 11001031500020080048000.
Consejo de Estado, Sala de io Contencioso Administrativo, Seccidn Tercera, Subseccidn B, sentencia
de 29 de abril de 2015, radicado 25000232600019990031901 (26239).
20

1
i n Radicado: 11001-03-26-000-2020^00038-00 (65919)
!l Recurrentes: Emilser, Rojas Oidor y otros

En consecuencia, este cargo tampoco esta llamado a prosperar.

c. Sobre la supuesta violacion del principio de congruencia

Finalmerite, y en cuanto a la alegada vulneracion del principio de congruencia, los
I.
recurrentes alegan que el Tribunal se pronuncio por fuera de los limites de la causa
petendi, pues en el proceso de reparacion directa se pretendio hacer un nuevo
juzgamiento penal sin analizar si la medida de aseguramiento cumplio con los
I requisites legales para su procedencia.

Sin embargo, como se indico al analizar el cargo anterior, es claro que en la sentencia
I acusada realmente no se realize un nuevo pronunciamiento sobre la situacion penal

! del senor Rojas Oidor, ni mucho menos se discutio la responsabilidad del recurrente
en la produccion del hecho criminal, pues el analisis se centre en la determinacion de
j la responsabilidad extracontractual del Estado, tai y como se reclamo en el libelo
,| introductorio.

Ademas, el hecho de que el ad quern haya abordado el estudio del caso bajo el
regimen objetivo del dano especial —tai y como se solicito en la demanda al reclamar
la aplicacion de la sentencia de unificacion proferida por la Seccion Tercera del
Consejo de Estado el diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013)^2_, explica el
por que no adelanto el analisis de si se habian cumpiido o no los requisites legales
para dictar la medida de aseguramiento, pues, para el Tribunal, el dano fue
debidamente acreditado, solo que tambien se probo la existencia de una causal
eximente de responsabilidad.

Asl, en la demanda de reparacion directa la parte actora sostuvo: "en el presente caso surge la
responsabilidad p'atnmonial del Estado por el dafio antijuridico irrogado directamente al seHor LUIS
ULFREDO ROJAS OIDOR, a quien se privd de su llbertad, sin que se hubiere podido desvirtuar su
presuncion de inocencia como garantla constitucional, teniendo que soportar una injusta restriccldn a
su derecho fundamental a la llbertad, imponidndosele una carga la cual no estaba en la obligacidn de
soportar, por Io que, dada la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas publicas, las victimas
tienen derecho al restablecimiento que dispone el articulo 90 Constitucional”. (se resalta), sin que se
cuestionaran los requisites que debid cumpiir la medida de aseguramiento. Folios 137 al 145 del
cuaderno principal.
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Recurrentes: Emilsen Rojas Older y otros

Asi las cosas, debe concluirse que la sentencia acusada respondio a Io pedido en la
demanda y a Io debatido durante el proceso, siendo respetuosa del principle de
congruencia al resolver el asunto que le fue puesto de presente respecto de la alegada
responsabilidad del Estado por la privacion injusta de la libertad que, segun el dicho
de los demandantes, habia sufrido el senor Rojas Older.

En suma, portodo Io anteriormente expuesto, es ciaro que el presente recurso debera
declararse infundado, al no estar acreditados los supuestos que dan lugar a la causal
de revision
« invocada. , -

6. Costas

Tenlendo en cuenta que el recurso extraordinario de revision se formulo antes de la
expedicion de la Ley 2081 de 2021, debe darse aplicacion al texto del Codigo de
Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative vigente antes de la
modificacion introducida por dicha ley, en concordancia con Io que sobre el punto
dispone el Codigo General del Proceso (CGP).

Asi, de conformidad con el articulo 188 CPACA, salvo en aquellos procesos en que se
ventile un interes publico, la sentencia dispondra sobre la condena en costas. Y, segun
Io establece el numeral 1 ° del articulo 365 del CGP, se condenara en costas “a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelacion, casacion, queja, suplica, anulacion o revision que haya propuesto” (se
resalta).

Bajo este entendido, esta Sala condenara en costas a la parte recurrente y ordenara
a la Secretarla de la Seccion Tercera que proceda con la respective liquidaclon,
tenlendo en cuenta las reglas previstas en los articulos 365 y 366 del Codigo General
del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expedients debe aparecer
que se causaron “y en la medida de su comprobacion"^^.

‘'3 Numeral 8, articulo 365 del Cddigo General del Proceso.
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I
e
b

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Recurrentes: Emilsen Rojas Oidor y otros

J
En Io que respecta a las agendas en derecho y al encontrarse acreditada la labor

J defensive en la que incurrieron la Rama Judicial y la Fiscalfa General de la Nacion, de
conformidad con los parametros establecidos en el Acuerdo N° PSAA16-10554 de
2016, “Por el cual se establecen las tahfas de agendas en derecho’’ proferido por el
Consejo Superior de la Judicatures^, la Sala impondra condena por ese concepto por
I
II la suma equivalente a dos (2) salaries minimos legales mensuales vigentes (smimv),
n
uno para cada una de dichas entidades, atendiendo a la naturaleza, duracion y
complejidad del proceso.

7. Otras decisiones

Finalmente, en atencion al poder otorgado por el Director Administrativo de la Division
de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial'’®, quien ostenta las funciones de representacion de la Rama
Judicial y tiene la facultad de designer apoderados en asuntos judiciales*’®, se
reconocera personeria a la abogada Marybeli Rincon Gomez, identificada con cedula
de ciudadania No. 21.231.650 de Bogota y portadora de la tarjeta profesional No.
26.271 det Consejo Superior de la Judicature, como apoderada de esa entidad en el
presente asunto'*^.

En merito de .Io expuesto, el Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C,
! administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

el

** "ARTICULO 5o. Tahfas. Las tahfas de agendas en derecho son:
(...) 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L. V".
Segun se observa en la Resolucidn No. 0021 de 12 de enero de 2022 se nombrd en provisionalidad
al doctor Cesar Augusto Mejia Ramirez en el cargo de "Director Administrativo de la Divisidn de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de Administracidn Judicial’’. Visible
en el indice 30 de SAMAI, documento descrito como “40_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_ANTECEDENTESPODER2(. pdf) NroActua 30".
i La Resolucidn No. 5393 de 16 de agosto de 2017, "Por la cual se delega la funcidn de representacidn
Judicial y extrajudicial de la NaciPn - Rama Judicial’’, en su articulo 1® determina: “Delegar en el (la)
Director(a) Administrativo(a) de la Divisidn de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccidn
Ejecutiva de Administracidn Judicial la funcidn de representacion Judicial y extrajudicial de la Nacidn -
Rama Judicial ante las autoridades de la Rama Judicial (...)’’ y en su articulo 2° dispone que “Para el
ejercicio de la funcidn delegada (...) deberd conferir poderes a los abogados de la Divisidn de Procesos
de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccidn Ejecutiva de Administracidn Judicial”.
‘ ^indice 30 de SAMAI, documento descrito como “26_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_10b22022PODERREC(.pd f) NroActua 30”.
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I
I
I
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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00038-00 (65919)
Recurrentes' Emilsen Rojas Oidor y otros

RESUELVE

PRIMERO; DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revision
interpuesto contra la sentencia proferida por la Subseccion C de la Seccion Tercera
del Tribunal Administrative de Cundinamarca el veintisiete (27) de febrero de dos mil
diecinueve (2019), dentro del proceso de reparacion directa No. 11001-33-36-037-
2015-00659-01.

SEGUNDO; CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberan ser
liquidadas por la Secretaria de la Seccion, de conformidad con Io dispuesto en los
articulos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, incluyase por concepto
de agendas en derecho la suma equivalente a dos (2) salaries minimos legales
mensuales vigentes (smimv), uno en favor de cada una de las entidades que fungieron
como parte contraria en este proceso, esto es, la Rama Judicial y la Fiscalia General
de la Nacidn.

TERCERO: RECONOCER personeria a la abogada Marybeli Rincon Gomez,
identificada con la cedula de ciudadania No. 21.231.650 de Bogota y portadora de la
tarjeta profesional No. 26.271 del Consejo Superior de la Judicature, como apoderada
de la Rama Judicial dentro de la presente causa.

CUARTO: En firme esta decision, ARCHIVESE el expediente previas las anotaciones
pertinentes.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Presidents' '

JAIME ENRIQUE RODRIQUEZ NAVAS GUILLERMO-SANCH&LUQUE
Magistrado Magistrado

Pl 3

•’i
24

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