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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00092-00

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00092-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase la pretensión única de la demanda. 2°) Abstiénese de condenar en costas. 3°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00092-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de noviembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2020-00092 (66.145)
Demandante: NAÍN FELIPE RUÍZ BARRIOS Y MOISÉS ANDRÉS
ROBLES LUNA
Demandado: NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN NACIONAL (DPN)
Medio de control: NULIDAD SIMPLE - CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA –
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PARA
PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES

Síntesis del caso: la parte actora solicita la declaración de nulidad parcial del artículo del
Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, considera que la norma demandada,
al permitir que se realicen de manera simultánea las audiencias de aclaración de los
pliegos y la de distribución de riesgos, trasgrede el ordenamiento jurídico superior, de
manera concreta los artículos 30 de la Ley 80 de 1993 y 4 de la Ley 1150 de 2007.

Temas: medio de control jurisdiccional de simple nulidad – acto administrativo de
contenido general - normas de contratación pública – realización de la audiencia para
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones – definir si realizarla en la
misma oportunidad o fecha de la audiencia de asignación de riesgos desconoce las
normas en que debió fundarse el reglamento.

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad simple formulada por
los ciudadanos Naín Felipe Ruíz Barrios y Moisés Andrés Robles Luna en contra
del artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional”, que dispone lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de
selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a)
asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un
interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el
contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se
tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.

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Expediente no. 11001-03-26-000-2020-00092-00 (66.145)
Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe
presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de
Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la
fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizará de
acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las
siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las
respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones
presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una
nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay
pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis
adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a
adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para
la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo
alegado.

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única
vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las
observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los
intervinientes.

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas
previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración
máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del
acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en
el SECOP con antelación.

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se
procederá a adoptar la decisión que corresponda” (se destaca).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) El 25 de septiembre de 2020, los ciudadanos Naín Felipe Ruiz Barrios y Moisés
Andrés Robles Luna presentaron demanda en ejercicio del medio de control
jurisdiccional de nulidad simple para que se acceda a la siguiente pretensión:

“ÚNICA. Que se declare la nulidad por ilegalidad del artículo
2.2.1.2.1.1.2 (parcial) del Decreto 1082 de 2015 ‘Por el cual se expide el
decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional’, por desconocer los mandatos legales previstos en el artículo
30 #4 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007” (fl. 1
– índice 2 SAMAI – archivo DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2—
mayúsculas fijas del original).

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Expediente no. 11001-03-26-000-2020-00092-00 (66.145)
Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

2) A juicio de los demandantes, la expresión contenida en el inciso primero del
artículo demandado que dispone “Si a solicitud de un interesado es necesario
adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de
condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos” debe
ser invalidada por cuanto desconoce las normas en las cuales debió fundarse,
motivo por el cual se formulan dos cargos de nulidad.

1.1 Cargo primero: desconocimiento del numeral 4 del artículo 30 de la Ley
80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto ley 019 de 2012

El numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece que dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de las
propuestas, y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso
de selección, se celebrará una audiencia con la finalidad de precisar el contenido
y alcance de los pliegos de condiciones.

Por consiguiente, el término para adelantar la audiencia para precisar el
contenido y alcance de los pliegos de condiciones es perentorio, esto es, dentro
de los primeros tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la
presentación de propuestas y esta se realiza solo si así se solicita expresamente,
mientras que el plazo para la audiencia de asignación de riesgos se agota antes
del inicio del término para presentar ofertas y, además, es obligatoria.

Por manera que, si se desea realizar una audiencia para aclarar el contenido del
pliego de condiciones, esta debe surtirse dentro de los tres (3) días siguientes al
inicio del plazo para la presentación de las ofertas y a solicitud de parte, de allí
que “es inane querer asignar los riesgos en la audiencia de aclaraciones, cuando
por mandato legal estos obligatoriamente ya debieron ser asignados en el
momento dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, esto es, antes de
iniciado el plazo para presentar ofertas” (fl. 5 índice 2 SAMAI – archivo
DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2).

Así las cosas, el aparte de la norma demandada no puede desconocer los
mandatos legales que contemplan la etapa de asignación de riesgos del artículo
4 de la Ley 1150 de 2007 de manera separada a la audiencia de aclaraciones del
artículo 30 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, dado que la primera es obligatorio

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Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

llevarla a cabo en toda licitación con antelación al inicio del término para presentar
ofertas, mientras que la segunda se realiza solo a petición de un interesado y
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para presentar
ofertas.

1.2 Cargo segundo: desconocimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 prevé que con anterioridad a la presentación
de las propuestas, los oferentes y la entidad convocante revisarán la asignación
de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.

Resulta absolutamente claro que si se fusionan la audiencia obligatoria de
“asignación de riesgos”, que debe realizarse antes del inicio del término de la
presentación de ofertas, con la audiencia “para precisar el contenido y alcance
del pliego de condiciones”, se modifica por el reglamento el momento o la
oportunidad que ya se había fijado por mandato legal para desarrollar la
audiencia de aclaraciones; por lo tanto, la norma demandada desconoce
abiertamente la ley, pues, la finalidad del legislador es que estas audiencias se
realicen en distintos momentos de la licitación pública, porque, como lo reconoce
el mismo decreto demandado, la audiencia de asignación de riesgos es
obligatoria, mientras que la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones
está condicionada a una petición de algún interesado.

Por consiguiente, la norma demandada modifica el momento para materializar o
adelantar la audiencia de aclaraciones dispuesto en la ley, lo cual genera que no
en todas las licitaciones se realice la discusión y la distribución de riesgos,
situación que resulta peligrosa para el ordenamiento jurídico y contradice lo
regulado en la ley.

3. El trámite en única instancia

1) Por auto del 21 de octubre de 2020 se admitió la demanda, se ordenó su
notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público y, por último, se
vinculó al proceso a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente- (índice 4 SAMAI).

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Expediente no. 11001-03-26-000-2020-00092-00 (66.145)
Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

2) Mediante proveído del 3 de junio de 2021 (índice 24 SAMAI) se negó la medida
cautelar de suspensión provisional solicitada en la demanda.

3) Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) contestó la
demanda para oponerse a las súplicas de la demanda (índice 17 SAMAI), con
apoyo en el siguiente razonamiento:

a) Los actores parten de la premisa equivocada de considerar que con la
expedición de la norma objeto de reproche judicial que no en todas las licitaciones
se realizará la discusión sobre los riesgos, hipótesis que no posee sustento real,
toda vez que la misma norma prevé este tipo de audiencia de manera obligatoria.

b) El numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 fue modificado por el artículo
220 del Decreto-ley 019 de 2012, por lo cual el nuevo texto es el siguiente:

“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La
licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas:

(…).

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para
la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las
personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el
objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones,
de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la
misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su
tipificación, estimación y asignación definitiva. // Como resultado
de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o
representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a
dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la
licitación hasta por seis (6) días hábiles. // Lo anterior no impide que
dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar
aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá
mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y
publicará en el SECOP para conocimiento público” (negrillas
adicionales).

De conformidad con lo anterior, no existe contradicción alguna entre la norma
demandada y el ordenamiento jurídico vigente ya que, la parte actora persigue,
por la vía jurisdiccional, “revivir” el subrogado artículo 30 de la Ley 80 de 1993 o
que prevalezca el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 frente al Decreto-ley 019 de
2012; el artículo 220 del Decreto ley 19 de 2012, norma temporal posterior al
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, estableció expresamente la realización de una

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Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
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audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones y,
además, determinó que en la misma audiencia se asignarán los riesgos del
proceso de selección, lo cual, en modo alguno, riñe o pugna con lo dispuesto en
la norma demandada.

c) En otros términos, el artículo 220 del Decreto ley 019 de 2012 no solo modificó
explícitamente el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, sino que,
también derogó tácitamente el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, razón por el
cual el reglamento no hace nada distinto que reiterar la nueva regulación legal
sobre la materia.

5) La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-,
entidad vinculada al proceso, se abstuvo de contestar la demanda (índices 25 y
27 SAMAI).

6) Por auto del 12 de septiembre de 2022 se prescindió de la realización de la
audiencia inicial (índice 27 SAMAI), en tanto se cumplen los presupuestos legales
para dictar sentencia anticipada, de allí que se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión, lo cual tuvo el siguiente desarrollo:

a) El Departamento Administrativo Nacional de Planeación Nacional (DNP)
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (índice 33
SAMAI).

b) En esta oportunidad procesal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- intervino para defender la legalidad de la norma
acusada (índice 34 SAMAI), para lo cual sostuvo que no existe una discordancia
normativa entre el Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993) -
modificado en este punto por el Decreto-ley 019 de 2012- y el reglamento
demandado, pues, el argumento de la demanda según el cual ambas audiencias
-de aclaración de pliegos y de asignación de riesgos- deben desarrollarse en
etapas distintas del proceso de selección contractual no se deriva de las normas
confrontadas ni menos aún de la disposición censurada; en otras palabras, el
reglamento reitera el contenido legal ya existente, esto es, que si se solicita la
aclaración de los pliegos se adelantará una audiencia en la cual se abordará,
igualmente, la asignación de riesgos.

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Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
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c) Por su parte, la Procuraduría Primera Delegada ante esta Corporación rindió
concepto por medio del cual pidió negar las súplicas de la demanda, dado que
una lectura aislada y desprevenida de la norma podría llevar a suponer que su
redacción modifica y se contradice con las preceptivas legales; sin embargo, “la
reglamentación no excedió los límites fijados por el marco legal contenido en la
modificación tácita del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, por el artículo 220 del
Decreto Ley 019 de 2012, en el cual se fijaron nuevas condiciones para la revisión
de la asignación de riesgos, que por su carácter obligatorio, requería de una
regulación más precisa que la establecida en el primigenio numeral 4 del artículo
30 de la Ley 80 de 1993, donde únicamente se mencionaba la audiencia de
aclaración del pliego de condiciones, que solamente se activa por solicitud de los
posibles interesados en ofertar dentro de la licitación” (índice 31 SAMAI).

d) La parte actora guardó silencio (índice 35 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis del caso concreto y, 3) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad parcial del artículo
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” expedido
por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional (DNP), por
considerar que dicha norma desconoce los artículos 30.4 de la Ley 80 de 1993 y
4 de la Ley 1150 de 2007.

La Sala negará las súplicas de la demanda, por cuanto los cargos de nulidad
propuestos en la demanda no tienen vocación de prosperar, debido a que el
reglamento no excedió el marco normativo superior invocado en la demanda ni
desconoce el contenido y alcance de los artículos 30.4 de la Ley 80 de 1993 y 4
de la Ley 1150 de 2007; contrario sensu, el precepto objeto de censura reitera y

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desarrolla el nuevo contenido legal contenido en el artículo 220 del Decreto-ley
019 de 2012.

2. Análisis del caso concreto

1) Por razones metodológicas, la Sala estudiará de manera conjunta los dos
cargos formulados con la demanda, por cuanto las normas invocadas como
violadas tienen una conexión temática que hace necesario su análisis articulado
y concordado.

2) El texto original del numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 1 era el
siguiente:

“Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo
para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de
las personas que retiraron pliegos de condiciones o términos de
referencia, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el
contenido y alcance de los mencionados documentos y de oír a los
interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los
intervinientes.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte
conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las
modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere
necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días
hábiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación o concurso,
cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la
entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, copia
de la cual enviará a todos y cada una de las personas que retiraron
pliegos o términos de referencia” (resalta la Sala).

Luego, el Congreso de la República profirió la Ley 1150 de 20072 que modificó
los procedimientos de selección de contratistas; en ese sentido, en materia de
asignación y distribución de riesgos el artículo 4 de esa normativa preceptúa:

“Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
involucrados en la contratación.

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las
entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con

1 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
2 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.

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anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la
entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer
su distribución definitiva” (negrillas adicionales).

Posteriormente, el artículo 220 del Decreto - ley 019 de 20123 modificó el numeral
4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993; el nuevo texto es el siguiente:

“Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la
presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas
interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo
cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma
audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su
tipificación, estimación y asignación definitiva.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte
conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las
modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere
necesario, el plazo de la licitación hasta por seis (6) días hábiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier
interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad
contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá
al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público”
(negrillas de la Sala).

Finalmente, la norma demandada, esto es, el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto
1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeación Nacional” dispone:

“Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de
selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a)
asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un
interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el
contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se
tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe
presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de
Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la
fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizará de
acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las
siguientes consideraciones:

(…). (se destaca).

3 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública”. Decreto-ley expedido en ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011.

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Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

De la lectura de las normas antes referidas es viable concluir que los cargos de
nulidad invocados en la demanda no tienen vocación de prosperar, debido a que
la confrontación normativa invocada por los demandantes tiene como base la
redacción original del texto del numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, es
decir, sin tener en cuenta la modificación introducida por el artículo 220 del
Decreto-ley 019 de 2012 que habilitó, expresa e inequívocamente, que en la
audiencia de aclaración y precisión de pliegos de condiciones -la cual sigue
siendo a solicitud de parte- se pueda realizar de manera conjunta o simultánea
con la audiencia de distribución de riesgos de que trata el artículo 4 de la Ley
1150 de 2007.

2) De modo que la nueva legislación contenida en el Decreto-ley 019 de 2012,
proferida antes de la expedición del reglamento demandado, consagra que es
perfectamente posible adelantar las audiencias de aclaración de pliegos y de
distribución de riesgos con posterioridad al inicio del término para la presentación
de las propuestas, a diferencia de lo que preveían, originalmente, los artículos
30.4 y 4 de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, respectivamente4.

3) En ese contexto normativo es particularmente relevante advertir que, si bien el
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 determina que “los pliegos de condiciones de
las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad
a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la
asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva” (se
resalta), lo cierto es que debe concordarse esta disposición con el artículo 220
del Decreto-ley 019 de 2012 -norma posterior y especial-5 que regula la misma
materia para indicar, sin ambages, que es totalmente viable adelantar de manera
simultánea las audiencias de aclaración de pliegos y de distribución de riesgos,
incluso con posterioridad al inicio del término para presentar las propuestas.

4
El artículo 2 de la Ley 153 de 1887 dispone: “ARTÍCULO 2. La ley posterior prevalece sobre la
ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes
al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”.
5 El artículo 3 ibidem prescribe: “Estímase insubsistente una disposición legal por declaración

expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por
existir una ley nueva que regula íntegramente la materia á que la anterior disposición se refería”.

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Expediente no. 11001-03-26-000-2020-00092-00 (66.145)
Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

Asimismo, es importante precisar que la realización simultánea de estas dos
audiencias solo tendrá lugar si alguno de los participantes o intervinientes en el
proceso de selección solicita expresamente la audiencia de aclaración de pliegos,
pues, esta es optativa en tanto su realización depende de previa petición de parte,
mientras que la audiencia de distribución de riesgos es de carácter obligatorio en
el procedimiento de selección.

4) Lo anterior en modo alguno genera un vicio o invalidez de la norma
demandada, en tanto que el reglamento, en modo alguno, permite o habilita que
se prescinda de la audiencia de distribución y asignación de riesgos; por el
contrario, el reglamento reitera la permisión legislativa en el sentido de preceptúar
que, si es del caso, las audiencias de aclaración de pliegos (numeral 4 del artículo
30 de la Ley 80 de 1993) y la audiencia de distribución de riesgos (artículo 4 de
la Ley 1150 de 2007) se adelantarán de manera conjunta o simultánea.

En esa perspectiva, el artículo 220 del Decreto-ley 019 de 2012 no solo subrogó,
expresamente, el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, sino que,
también modificó, de manera tácita y parcial, el contenido y alcance del artículo
4 de la Ley 1150 de 20076 en cuanto autoriza que la audiencia de aclaración de
pliegos -trámite que solo se surte a petición de parte- se realice de manera
conjunta con la audiencia obligatoria de distribución y asignación de riesgos7.

6 Los artículos 71 y 72 del Código Civil regulan la derogación expresa y tácita en los siguientes

términos:
“ARTÍCULO 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la
nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley
anterior. // La derogación de una ley puede ser total o parcial”.
“ARTÍCULO 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre
la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”.
7 “El criterio cronológico, denominado también de la lex posterior, es aquel según el cual entre

dos normas incompatibles prevalece la posterior: lex posterior derogat priori. Este criterio no
necesita comentario particular. Es regla general del derecho que la voluntad posterior abroga la
precedente, y que de dos actos de voluntad de la misma persona, es válido el último en el tiempo.
Si imaginamos la ley como expresión de la voluntad del legislador, no hay dificultad para aceptar
esta regla. La regla contraria obstaculizaría el progreso jurídico y la gradual adaptación a las
exigencias sociales. Pensemos en las consecuencias absurdas que se derivarían de la regla que
ordenase atenerse a la regla precedente. De otra parte, se presume que el legislador no busca
hacer cosas inútiles o sin sentido; si la norma precedente debe prevalecer, las normas posteriores
serían un acto inútil y sin finalidad”. BOBBIO, Norberto “Teoría General del Derecho”, Ed. Debate,
Madrid, 1993, pág. 204.
“(…) la ley posterior deroga la ley anterior cuando ambas tienen la misma generalidad o la misma
especialidad, pero la especial, aunque sea anterior a una general, subsiste en cuanto se refiere
a la materia concreta regulada en ella, a menos que la segunda derogue expresamente la primera,
o que entre ellas exista incompatibilidad”. MONROY Cabra, Marco Gerardo “Introducción al
Derecho”, Ed. Temis, Bogotá, 2006, pág. 197.

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Expediente no. 11001-03-26-000-2020-00092-00 (66.145)
Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

En ese orden de ideas, el Decreto ley 019 de 2012 derogó tácita y parcialmente
el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en relación con el momento de la audiencia
de revisión y asignación de riesgos, pero no sobre su contenido y obligatoriedad,
lo que explica que la misma hoy en día deba hacerse dentro de los tres (3) días
siguiente al inicio del plazo para presentar la propuesta y que en ella pueda
hacerse la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones, siempre y cuando
alguno de los participantes así lo solicite.

5) De otra parte, es especialmente relevante advertir que en la demanda se
sostiene que la norma objeto de control supedita la audiencia de riesgos a la
audiencia de aclaración de pliegos; sin embargo, no cabe duda alguna de que
esa interpretación o hermenéutica no es admisible, toda vez que la audiencia de
revisión y distribución de riesgos es de naturaleza obligatoria, a diferencia de la
audiencia de aclaración de pliegos que es optativa.

6) En síntesis, el artículo demandado no contraviene, no pugna, ni riñe con la
legislación vigente, debido a que el legislador avaló, expresamente, que si es
necesario adelantar la audiencia de aclaración de pliegos, por solicitud de algún
interesado, ese trámite se pueda hacer de manera concomitante con la audiencia
obligatoria de distribución de riesgos, luego de iniciado el término para la
presentación de las propuestas u ofertas, al grado tal que, de ser necesario, la
entidad deberá adicionar o ampliar el término del proceso de selección.

Así las cosas, la Sala negará las súplicas de la demanda por cuanto la norma
demandada no contraviene el ordenamiento jurídico superior, pues, el
cuestionamiento de ilegalidad esgrimido en la demanda carece de fundamento
real válido.

3. Costas

En aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no hay lugar a la imposición de condena en costas
porque el asunto corresponde a una acción pública en la cual se ventiló un interés
público, sin que en este proceso sea pertinente establecer si la demanda se
presentó con manifiesta carencia de fundamento legal, toda vez que, el medio de
control judicial se presentó con antelación a la modificación introducida por el

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Expediente no. 11001-03-26-000-2020-00092-00 (66.145)
Demandante: Naín Felipe Ruíz Barrios y otro
Nulidad simple – sentencia de única instancia

artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, precepto que permite condenar en costas,
aun en procesos en los cuales se ventile un interés público, siempre que se
advierta de manera ostensible o palmaria que la demanda carece de sustento
legal8.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

1º) Niégase la pretensión única de la demanda.

2°) Abstiénese de condenar en costas.

3°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las
correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11 de octubre de 2021, expediente

63.217, MP Fredy Ibarra Martínez.

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