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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00097-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00097-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, Agencia Nacional de Minería–ANM y Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación. 148 Sentencia del 29 de abril de 1997 [fundamento jurídico 16], M.P. Alejandro Martínez Caballero. Criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia complementaria del 20 de mayo de 2024, expediente 62847 [fundamento jurídico 8 y 9], C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 73 Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153) Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho SEGUNDO: NEGAR la nulidad del artículo 8 de la Resolución No. 887 del 26 de diciembre de 2014, proferida por la Agencia Nacional de Minería-ANM, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR la nulidad del aparte referente al precio base para liquidar regalías del carbón térmico de exportación en el sector de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar de la Resolución No. 650 del 30 de diciembre de 2019, proferidas por la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta sentencia. CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería–ANM para que, basado en las consideraciones expuestas a lo largo de esta sentencia, RESTITUYA y PAGUE a favor de la parte demandante –Consorcio Minero Unido SA-CMU– las sumas pagadas en exceso por los conceptos de regalías, compensación adicional y participación, con base en las respectivas declaraciones de regalías y compensaciones del primer trimestre del año 2020 presentadas por el Consorcio Minero Unido SA–CMU. Establecido el monto a restituir y pagar por parte de la Agencia Nacional de Minería–ANM, dicha entidad deberá ACTUALIZAR esta cifra, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00097-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Número interno: 66153
Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00
Demandante: Consorcio Mineros Unidos SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Ley 685 de 2001 tenía prevista la competencia del Consejo de Estado
en única instancia para asuntos mineros. ASUNTOS MINEROS-Competencias en el Código de Minas –Ley 685
de 2001– para el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos. CONSEJO DE ESTADO-Competencia
en única instancia para conocer de asuntos mineros. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-
Procedencia del medio de control contra actos generales, conforme al inciso segundo art. 138 CPACA.
REGALÍAS-Contraprestación económica en favor del Estado y a cargo de quien explota el mineral. PRECIOS
BASE DE LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE CARBÓN-Autoridad competente para
determinar los criterios de liquidación. El titular de la explotación debe presentar la declaración y pago trimestral.
REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE CARBÓN-Fijación de los precios base de liquidación en el Decreto 4130
de 2011 y el Decreto 1258 de 2013. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME-Competencia
para fijar precios base de carbón para liquidación de regalías, Decreto 70 de 2001 y Decreto 1258 de 2013.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por
la sociedad Consorcio Minero Unido SA–CMU, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de los apartes de unos actos
administrativos proferidos por la Agencia Nacional de Minería–ANM y la Unidad de
Planeación Minero Energética–UPME.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Consorcio Minero Unido SA–CMU demanda a la ANM y a la UPME, para que se
declare la nulidad del artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014, por la cual se
establecieron los términos y condiciones para la determinación de los precios base
de liquidación de las regalías y compensaciones por la explotación de carbón.
También se depreca la anulación de un aparte del artículo 1 de la Resolución No.
650 del 30 de diciembre de 2019, que fijó los precios base para la liquidación de
regalías del carbón térmico de exportación producido en el departamento del Cesar,
sector de la Jagua de Ibirico. Según el demandante, los actos acusados se
expidieron con violación de las normas en que debían fundarse, por lo que, a título
de restablecimiento del derecho, solicita el reconocimiento de los perjuicios
derivados del mayor pago de regalías en el primer trimestre de 2020.

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

II. ANTECEDENTES

La demanda y su trámite

El 1 de octubre de 20201, la sociedad Consorcio Minero Unido SA–CMU, por
conducto de apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de
Minería–ANM y Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, para que se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los
errores):

PRETENSIÓN PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo 8 de la Resolución
887 de 2014 expedida por la presidenta de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,
ANM, que dice:

“Artículo 8. Carbón de exportación.
“En ningún caso el precio base para la liquidación de regalías y compensaciones
de carbón de exportación será inferior al fijado para el carbón de consumo
interno del mismo tipo, período de aplicación y departamento. En tal sentido, el
precio base será como mínimo igual al establecido para la liquidación de
regalías del carbón de consumo interno.”

PRETENSIÓN SEGUNDA. Que se declare la nulidad del aparte contenido en el
artículo primero de la Resolución 650 del 30 de diciembre de 2019, que se refiere
al precio del carbón térmico de exportación producido en el departamento del
Cesar, sector de la Jagua de Ibirico, dictada por el Director General de la UNIDAD
DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA–UPME, según aparece abajo
destacado:

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL. Que como consecuencia de la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos a que se refieren las pretensiones
anteriores, se disponga que las demandadas AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
–ANM– y la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME– deben
restituir, y/o reembolsar, y/o pagar, solidariamente, a la sociedad CONSORCIO

1 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-47-Resolución 650_20201001_Correo envio Demanda.pdf(.pdf)».

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

MINERO UNIDO S.A., debidamente actualizada, y con los intereses a que haya
lugar, la suma de dinero que pagó en exceso la empresa en cumplimiento de la
Resolución 650 de 2019 de la UPME, que asciende al valor de TRES MIL ONCE
MILLONES QUINIETOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS pesos moneda
corriente ($3.011.580.400).

PRETENSIÓN TERCERA SUBSIDIARIA. Sin renunciar a la pretensión Tercera
Principal, en subsidio de la misma (sic), y como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos a que se refieren las pretensiones primera y
segunda anteriores, se disponga que la demandada AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA–ANM debe restituir y/o reembolsar, y/o pagar a la sociedad
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., debidamente actualizada, y con los intereses
a que haya lugar, la suma de dinero que pagó en exceso la empresa en
cumplimiento de la Resolución 650 de 2019 de la UPME, que asciende al valor de
TRES MIL ONCE MILLONES QUINIETOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
pesos moneda corriente ($3.011.580.400).

PRETENSIÓN CUARTA. Que se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
–ANM– y a la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA–UPME, el pago
de las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho, a favor de la sociedad
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.

PRETENSIÓN QUINTA. Que se ordene el pago de intereses de mora, a la máxima
tasa legal permitida, desde la fecha de la sentencia ejecutoriada que así lo ordene,
hasta la fecha efectiva de pago de las condenas económicas anteriores.

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

En atención a la competencia dispuesta en la Ley 1530 de 2012 –por la cual se
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías–, la
ANM debía señalar, a través de un acto administrativo de carácter general, los
términos y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de
las regalías y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales
no renovables, con la única salvedad de respetar lo pactado en los contratos
vigentes a la fecha de promulgación de la ley. Para el efecto, se debía considerar la
diferencia entre el carbón destinado a la exportación y el destinado al consumo
interno.

El 26 de diciembre de 2014, la ANM expidió la Resolución No. 887 en la que definió
los criterios o parámetros para que la UPME procediera a fijar los precios base de
liquidación de regalías aplicables al carbón, en los que señaló las variables o
criterios para tener en cuenta, incluyendo «el poder calorífico del carbón y la
diferenciación entre el carbón de consumo interno y el de exportación». Asimismo,
en el artículo 8 de ese acto –disposición acusada–, estableció que «en ningún caso
el precio base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de
exportación será inferior al fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo,
período de aplicación y departamento. En tal sentido, el precio base será como
mínimo igual al establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

interno». No obstante, se afirma que dicho artículo no tuvo en cuenta lo establecido
en la Ley 1530 de 2012 –artículo 15–, ni distinguió entre el carbón producido para
consumo interno nacional frente al extraído para exportación, por lo que equiparó el
precio base de liquidación de regalías del carbón de consumo interno al de
exportación, estableciendo que para este último debía ser como mínimo igual al del
primero –consumo interno–.

Con base en lo anterior, se indica que mediante la Resolución No. 447 del 30 de
septiembre de 2019, la UPME definió los precios base para la liquidación de las
regalías de carbón correspondientes al IV trimestre de 2019, en la que «estableció
para el carbón térmico de exportación proveniente del Sector de La Jagua de Ibirico
en el departamento del Cesar, un precio menor ($139.134,43/ton) que el del carbón
de consumo interno ($183.096,53/ton)».

El 3 de diciembre de 2019, la ANM remitió una comunicación con radicado
20191100084432 a la UPME solicitando modificar la Resolución 447 de 2019 para
que cumpliera con lo previsto en el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014, en
tanto el carbón de exportación de los departamentos de la Guajira y el Cesar tenía
menor valor que el carbón de consumo interno.

En oficio del 10 de diciembre de 2019, la UPME respondió a la ANM exponiendo
que, en su concepto, no había lugar a realizar modificación alguna, ya que el artículo
8 de la Resolución No. 887 de 2014 no aplicaba en ese caso para el carbón térmico
de exportación de La Guajira y el Cesar, porque no se dan los supuestos previstos
en la norma, a saber: (i) que el carbón de consumo interno sea del mismo tipo,
período y departamento (ii) que solo se aplica si el departamento produce tanto
carbón interno y de exportación y (iii) que la producción debe corresponder al mismo
período. Además, indicó que no tenía precios de referencia del carbón producido en
estos departamentos (Guajira y Cesar) para el consumo interno; no obstante, «a
pesar de manifestar su posición, en la parte final de la comunicación, la UPME
solicita el criterio a la ANM como autora de la metodología, y su concepto sobre el
alcance de esa disposición».

A través de oficio No. 20191100089002 de 19 de diciembre de 2019, la ANM atendió
la solicitud de la UPME, en la que expresó que «su interpretación era equivocada
porque (i) la norma contiene una prohibición general de manera que, en ningún
caso, sin excepciones, el precio de referencia del carbón de exportación puede ser
inferior, sin perjuicio de que no sea del mismo tipo, período y departamento; (ii)

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Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

tratándose de una norma que contiene una prohibición su interpretación es
restrictiva y (iii) no hay lugar a excepciones, pues aplica para el carbón de
exportación de cualquier procedencia»; inclusive las disposiciones generales de la
Resolución No. 887 de 2014 –capítulo I– «prevalecen» sobre la metodología puntual
para la fijación del precio en los casos particulares.

El 30 de diciembre de 2019, la UPME dictó la Resolución No. 649 de 2019, por la
cual fijó nuevamente los precios base de regalías para el IV trimestre de 2019,
atendiendo las instrucciones de la ANM, en el sentido de modificar el artículo 1 de
la Resolución No. 447 de 2019 y equiparar el precio de regalías del carbón de
exportación proveniente de los departamentos de La Guajira y el Cesar con el precio
del carbón de consumo interno.

En concordancia con lo anterior, en esa misma fecha, se profirió la Resolución No.
650 de 2019 –acto acusado–, por la cual fijó los precios base de regalías del primer
trimestre de 2020, en la cual también se equiparó el precio del carbón de exportación
al de consumo interno.

Se afirma que, como consecuencia de la anterior determinación, el Consorcio
Minero Unido–CMU, empresa explotadora de carbón, titular del contrato de
exploración y explotación minera carbonífera No. 109-90, que desarrolla su objeto
social en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, pagó las
regalías correspondientes al primer trimestre de 2020, así como las
contraprestaciones adicionales denominadas: «Participación y Compensación
Adicional», con base en los precios fijados en la Resolución 650 de 2019.

Sin embargo, aduce que en el anexo de la Resolución No. 650 de 2019, el precio
en boca de mina del carbón térmico destinado a la exportación producido en el
municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, durante el primer trimestre
de 2020 fue de $109.001,60, pero el precio fijado en el aparte demandado de esa
resolución, para efectos del pago de regalías, fue de: $169.967,18, «que es un
55.9% adicional al precio real en boca de mina», lo que condujo a que el
demandante pagaran un monto superior de regalías al que debían cancelar, «sobre
la base de un precio mayor al precio del mineral producido en boca de mina, como
lo ordena la ley».

En relación con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de
violación–, la causal de nulidad alegada se enmarca en la infracción de las normas

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

en que deberían fundarse. Así, respecto del primer cargo de nulidad, los apartes
de los actos acusados son nulos debido a que contravienen el artículo 360 de la
Constitución Política [precepto superior], en la medida en que desconocen el
régimen constitucional al ordenar el pago de las regalías de carbón destinado a la
exportación, sobre la base de un precio distinto al precio en boca de mina del carbón
de exportación, definiendo uno más alto y causando graves perjuicios económicos
a los titulares mineros.

Si bien el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014 establece como regla general
que el precio del carbón de exportación será mínimo el precio del carbón de
consumo interno, al aplicar esta regla para el período concreto, se fijó un monto
base de liquidación de regalías del carbón destinado a la exportación distinto y
superior al precio en boca de mina, que corresponde al ordenado por la Constitución
Política «en materia de regalías, cual es el de fijar un PRECIO EN BOCA DE MINA,
y no el precio más alto del mercado, aunque no sea el mercado del carbón
producido». Además, (transcripción literal):

La orden que contiene el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014 en el sentido de
que el carbón de exportación nunca puede tener un precio base de liquidación de
regalías inferior al precio del carbón destinado al consumo interno es una
disposición de carácter reglamentario, que solo corresponde a una decisión
dictada por la Agencia Nacional de Minería, sin soporte constitucional ni legal, y
violando directamente las normas en que debía fundarse.

En el mismo sentido al atender las instrucciones de la Agencia, y aplicar el artículo
8 referido en la decisión contenida en la Resolución 650 de 2019, la UPME adoptó
un precio para las regalías del IV trimestre de 2019 superior al precio en boca de
mina, a pesar de haber manifestado que esa decisión era infundada, es decir que
lo hizo a sabiendas de su irregularidad. En efecto, el valor en boca de mina era de
$139.134,43/ton, como se fijó inicialmente en la Resolución 447, y el valor que
adoptó con posterioridad en la Resolución demandada fue de $183.096,53/ton,
subiendo el valor de la regalía de manera artificial, sin atenerse a las reglas fijadas
por la Constitución Política, en el sentido de fijar un precio en boca de mina.

Como segundo cargo de nulidad, alegó que las disposiciones demandadas
desconocieron el contenido de las leyes que regulan lo atinente al concepto y base
de cálculo de la regalía –artículos 16 de la Ley 141 de 1994, 16 de la Ley 756 de
2002, 14 y 15 de la Ley 1530 de 2015, y 227 de la Ley 685 de 2001–, las que han
reconocido en forma constante que la base para el cobro de regalías es el «valor de
la producción en boca o borde de mina o pozo».

Así, una disposición de carácter reglamentario, como es el artículo 8 de la
Resolución No. 887 de 2014 dictada por la Agencia Nacional de Minería, como la
Resolución No. 650 de 2019 de la UPME, que aplicó dicho artículo «por precisas

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exigencias de la ANM, sin más sustento que razones de mera coyuntura o
conveniencia económica», desconocen las normas de rango legal en que debía
fundarse, esto es las Leyes 141 de 1994 y 1530 de 2012, como la dinámica y
características que tiene el mercado internacional del carbón térmico y los costos
inherentes a la cadena de comercialización internacional de carbón, los cuales
deben ser descontados conforme la ley para establecer el precio base de liquidación
de las regalías al carbón de exportación, de tal modo que tal precio base sea en
boca de mina.

En relación con el tercer cargo de nulidad, basado en la supuesta vulneración de
los artículos 2 y 8 de la Resolución No. 887 de 2014 en la expedición de la
Resolución No. 650 de 2015 por parte de la UPME, se indicó que, sin perjuicio de
los cargos anteriores, en este último acto no se cumplió con todos los requisitos
establecidos en el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014 para su aplicación,
ya que (transcripción literal):

se requiere que se presenten las siguientes condiciones entre los dos productos
minerales a comparar:

✓ Que el carbón de exportación y el carbón de consumo interno sean carbones
del mismo tipo, es decir que se trate de carbón del mismo poder calorífico. En
el caso del carbón que produce CMU se debe tratar de un carbón térmico de
12.192 BTU/Lb9.

✓ Que el carbón de exportación y el carbón de consumo interno sean carbones
producidos en el mismo departamento. En el caso del carbón que produce
CMU se debe hacer la comparación con un carbón térmico procedente del
departamento del Cesar.

✓ Que el carbón de exportación y el carbón de consumo interno hubieren sido
producidos en el mismo período. Es decir que se hubieren extraído y
comercializado durante el I trimestre de 2020.

Por ello, afirma que ninguno de estos requisitos se cumplió en este caso, no
obstante, la UPME procedió a dar aplicación al artículo 8 de la Resolución No. 887
de 2014, lo que se demuestra con la comunicación que remitió «la UPME a la ANM
el 10 de diciembre de 2019 (Oficio 2019400052131) señalando que no tiene precios
de referencia de carbón producido en estos departamentos (Guajira y Cesar) para
el consumo interno», y (transcripción literal):

(…) la falta de datos de la UPME no podía ser una excusa válida para no haber
aplicado los requisitos establecidos por la Ley y la Resolución 887 de 2014; por el
contrario, dicha situación hacía inaplicable la restricción incluida en la mencionada
Resolución, por resultar abiertamente contraria a la obligación de tener en cuenta
la relación real entre carbón exportado y de consumo interno.

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

La interpretación del artículo 8 de la Resolución 887 de 2014 en el sentido de que
la prohibición aplica en todos los casos, aunque no se produzca carbón de
exportación y de consumo interno, de la misma clase, en el mismo período y
departamento, es aparentemente una interpretación de tipo literal o gramatical, de
una parte del texto mismo de la ley en cuanto menciona que no hay excepciones
(en ningún caso) a la regla general planteada, que contiene una prohibición para
fijar precios de exportación inferiores al precio del consumo interno, que no admite
excepciones.

Pero no considera el texto de la misma norma que, para aplicar la prohibición exige
que el carbón de consumo interno sea del mismo tipo, período de aplicación y
departamento. La ANM se limita a decir en la comunicación del 19 de diciembre de
2019 remitida a la UPME (Anexo 5.1.7) que la prohibición para el carbón de
exportación aplica para el carbón producido en cualquier departamento, cuando es
obvio que ese tema no es relevante, ni fue cuestionado por parte de la UPME.

Mediante auto del 22 de octubre de 20212, el Despacho sustanciador admitió la
demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley3. Decisión que se notificó
debidamente4.

Contestaciones de la demanda

El 1 de febrero de 20225, la Unidad de Planeación Minero-Energética–UPME
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque los
actos por los cuales se fijan los precios base de liquidación de regalías «se
constituyen en el insumo o variable para efectos de realizar la liquidación de las
regalías y, por tanto, por sí solos no producen efectos jurídicos, es decir, no crean,
modifican o extinguen una situación jurídica particular y concreta», por lo que se
deben considerar como actos administrativos de trámite y, en consecuencia, no son
susceptibles de control judicial.

Asimismo, señaló que la Resolución No. 650 de 2019 se expidió con base en las
normas en las que debía fundarse, debido a que la UPME dio aplicación a lo
establecido en la Resolución No. 887 de 2014 y las indicaciones dadas por la ANM,
en particular, la interpretación del artículo 8 de ese acto.

Destacó que en el acto acusado se aplicó la metodología establecida en la
Resolución No. 887 de 2014, asociada al ajuste del poder calorífico para el carbón
térmico de exportación, sin que esa reglamentación estableciera tal variable –poder

2 Inicialmente, la demanda se inadmitió en proveído del 9 de abril de 2021 con el fin de que se allegara el poder

remitido desde el correo electrónico para recibir notificaciones judiciales, inscrito en el certificado de existencia
y representación legal del Consorcio Minero Unido-CMU, de conformidad con el artículo 5 del Decreto
Legislativo 806 de 2020 (índice 5, SAMAI). Decisión que se notificó por estado electrónico del 1 de junio de
2021 (índice 6, SAMAI). El requerimiento se cumplió en memorial del 2 de junio de 2021 (índice 9, SAMAI).
3 Cfr. SAMAI, índice 11.
4 Cfr. SAMAI, índices 13 y 16.
5 Cfr. SAMAI, índice 18.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

calorífico– para determinar el precio del carbón de consumo interno; además, para
ese mismo tipo de carbón, tampoco se estableció que se debía fijar un precio base
por departamento, ya que solo se define un único precio de carbón térmico de
consumo interno.

Por otra parte, excepcionó «falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
del restablecimiento» debido que la UPME no liquida, recauda o recibe alguna suma
por concepto de regalías o compensaciones derivadas de la explotación de
minerales, por lo que «se encuentra en la imposibilidad física y jurídica de restituir
valores que no recibe y sobre los cuales no tiene la función de liquidación recaudo
o administración».

La Agencia Nacional de Minería–ANM, en escrito del 10 de febrero de 20226,
señaló que las pretensiones no tenían vocación de prosperidad, porque las
resoluciones acusadas fueron expedidas en forma legal. Expresó que el artículo 8
de la Resolución No. 887 de 2014 prevé una prohibición que impide que el precio
base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación
sea inferior al fijado para el carbón de consumo interno, lo que implica que
(transcripción literal):

en ningún caso, sin excepción alguna, el precio base para liquidar las regalías y
las compensaciones de carbón de exportación, puede ser inferior al fijado para el
consumo interno y que, por tal motivo, siempre, sin perjuicio de que no sea del
mismo tipo, período y departamento, como se lee en la transcripción del artículo,
será como mínimo el establecido para la liquidación de regalías del carbón de
consumo interno.

De igual forma, lo establecido en dicho artículo, es una norma imperativa de orden
general, de obligatorio cumplimiento y de naturaleza negativa, que desarrolla un
precepto de no hacer, es decir, una prohibición.

En tal sentido, se erige como una disposición que debe interpretarse de manera
restrictiva, pues expone una regla jurídica específica respecto de la determinación
del precio base de liquidación para el carbón de exportación, sin excepción alguna.

Así entonces, es jurídicamente viable aseverar que la prohibición establecida en
dicho artículo, respecto de la fijación del precio base para regalías y
compensaciones, debe ser observada sin consideración a la procedencia del
carbón para exportación, pues la norma, además de no hacer distinción alguna, es
clara en su mandato.

Por ello, la equiparación del precio del carbón será fijado con base en el mineral de
consumo interno que es el nacional. Además, la metodología para definir el precio
base del carbón térmico de consumo interno no tiene previsto el criterio de la calidad

6 Cfr. SAMAI, índice 22.

9

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

o poder calorífico, ni el origen por departamento.

Así, la ANM tuvo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 15 de la Ley 1530
de 2012, para la determinación de las condiciones para la fijación de los precios
base de liquidación de regalías, en la que se debía atender la relación entre el
producto exportado y de consumo interno, deduciendo los costos de transporte,
manejo, trasiego, refinación y comercialización, con lo que desarrolló una regla para
que el precio del carbón de exportación nunca fuera menor al de consumo interno,
sin que esta determinación fuera «novedosa» en la medida en que fue inicialmente
establecida en el artículo 11 del Decreto 600 de 1996.

Afirmó que la previsión del artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014 no resultaba
caprichosa o arbitraria, sino que «la misma se edifica bajo el entendido que la
contraprestación que recibe el Estado, a título de regalía, por el agotamiento de sus
recursos naturales no renovables no podía ser inferior a la que se paga frente a los
minerales consumidos internamente pues sería realmente ilógico e injusto que
aquellos minerales que son disfrutados por nacionales colombianos en sus
procesos productivos que propenden, finalmente, por el beneficio de la población
en general, paguen más que aquellos minerales de exportación cuyo beneficio final
no va a ser disfrutado por los habitantes de Colombia».

Propuso las excepciones de: i) ineptitud de la demanda, debido a que el acto
expedido por la UPME ejecutó lo establecido en la Resolución No. 887 de 2014, sin
que se resolviera o definiera una situación jurídica particular y concreta, por lo que
no es objeto de control judicial; ii) caducidad del medio de control frente a la
Resolución No. 887 de 2014, ya que «se profirió hace más de 7 años y que sólo
hasta la fecha se pretende su nulidad, es decir, desde la vigencia del acto
administrativo, para la accionante siempre estuvo en firme y conforme con su
contenido»; y iii) falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Resolución No. 650 de 2019 ya que esa agencia no intervino en la expedición de
ese acto administrativo objeto del proceso.

Trámite del proceso

Mediante providencia del 22 de noviembre de 20227, el Despacho sustanciador
negó las excepciones previas propuestas, señaló que las excepciones (mixtas)

7 Cfr. SAMAI, índice 33.

10

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Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
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formuladas –caducidad y falta de legitimación en la causa– no se deciden en esa
etapa procesal, ni en la audiencia inicial, sino por vía de sentencia y fijó para el 1 de
diciembre de la misma anualidad la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, la
cual fue reprogramada para el 2 de diciembre de 20228.

En la oportunidad indicada se celebró la referida audiencia9, oportunidad en la cual
se llevaron a cabo las etapas de saneamiento, fijación del litigio10, conciliación y
decreto de pruebas11.

El 9 de diciembre de 202212, se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se
practicaron algunos de los testimonios decretados13 y se desistió de una
declaración14. Además, se ordenó correr traslado de los documentos aportados por
la UPME, así como de los antecedentes administrativos de la Resolución No. 887
de 2014, una vez fueran allegados por la ANM, a las demás partes, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según lo previsto
en el artículo 110 del CGP.

En providencia del 7 de febrero de 2023, se corrió el traslado a las partes para alegar
de conclusión por escrito y al Ministerio Público para que, si lo consideraba
pertinente, rindiera el concepto respectivo15.

El 22 de febrero de 202316, la parte demandante radicó los alegatos de conclusión
y reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso. Esgrimió que los apartes
de los actos acusados eran ilegales por violación de las normas en que debían
fundarse, ya que de manera uniforme y expresa, el legislador estableció que el
precio base de liquidación de las regalías es el precio del mineral en boca de mina,
aspecto que no tuvo en cuenta el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014, al

8 Cfr. SAMAI, índice 39.
9 Cfr. SAMAI, índice 49.
10 El cual se plasmó en los siguientes términos: «Corresponde a la Sala determinar si el artículo 8 de la

Resolución n°. 887 de 26 de diciembre de 2014 –proferida por la Agencia Nacional de Minería– y el aparte
acusado del artículo 1 de la Resolución n°. 650 de 30 de diciembre de 2019 –de la Unidad de Planeación Minero
Energética– son ilegales por violación de las normas en que debía fundarse». La anterior decisión fue puesta a
consideración de las partes y del Ministerio Público. La demandante propuso una fijación del litigio diferente a
la planteada; no obstante, el Despacho decidió no reponer su fijación del litigio. Decisión fue notificada por
estrados, quienes manifestaron su expresa aceptación.
11 Que corresponden a: i) las pruebas documentales solicitadas por las partes, que aportaron con la demanda

y las contestaciones; ii) los testimonios de Kelly Robles Noriega, Luis Saad y Fernando José Arévalo Orozco;
iii) se ofició, nuevamente, a las entidades demandadas para que aportaran los antecedentes administrativos de
las resoluciones acusadas Resolución 887 de 26 de diciembre de 2014 –proferida por la Agencia Nacional de
Minería– y la Resolución 650 de 30 de diciembre de 2019 –de la Unidad de Planeación Minero Energética–, de
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 175 CPACA.
12 Cfr. SAMAI, índice 61.
13 Que corresponde a los testimonios de Kelly Robles Noriega y Fernando José Arévalo Orozco.
14 Como fue la deposición de Luis Saad, solicitud que formuló la parte demandante en audiencia.
15 Cfr. SAMAI, índice 71.
16 Cfr. SAMAI, índice 80.

11

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igual que el aparte de la Resolución No. 650 de 2019 que aplicó esa disposición,
por lo que se equiparó los precios del carbón térmico de explotación al del consumo
interno.

Lo anterior llevó a que la sociedad demandante, en el primer trimestre del 2020,
tuviera que pagar un monto mayor de dinero por concepto de regalías,
compensación adicional y participación al que legalmente estaba obligada, «que
resulta de restar el valor exigido de $169.967,78 al valor real de $109.001,60 del
carbón en boca de mina».

Por su parte, la Unidad Minero-Energética–UPME alegó de conclusión el 23 de
febrero de 202317 y señaló que las súplicas de la demanda no tenían vocación de
prosperidad, porque el acto administrativo expedido por esa entidad resulta ser un
insumo técnico para realizar la liquidación de regalías, sin que por sí solo produzca
efectos jurídicos, es decir, no crea, modifica o extingue una situación jurídica
particular y concreta, por lo que la resolución acusada es un acto de trámite, que no
es susceptible de control judicial. Ello sin perjuicio de que la Resolución No. 650 de
2019, por la que se determinaron los precios base de liquidación de regalías de
carbón para el primer trimestre de 2020, se expidió en cumplimiento de la normativa
sobre la materia, en particular, la Resolución No. 887 de 2014 y la interpretación
que la ANM hizo de su propio acto, en cuanto a la procedencia de utilizar el artículo
8 de esa última disposición para el caso.

En esa misma fecha, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radicó
su alegato de conclusión en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda18,
en la medida en que los actos acusados no se encuentran viciados de nulidad.
Expresó, por una parte, que el artículo 360 de la Constitución Política establece
únicamente que la explotación de los recursos naturales no renovables causará una
contraprestación económica a favor del Estado a título de regalía, pero no prescribe
cómo se deben determinar las fórmulas para fijar el precio base de liquidación de
los minerales explotados, razón por la cual no le asiste razón a la demandante en
la afirmación realizada.

Por otra parte, indicó que el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014 no
desconoce las normas en materia de regalías, teniendo en cuenta la fluctuación
constante en el precio del dólar y del carbón en el mercado internacional, factores

17 Cfr. SAMAI, índice 81.
18 Cfr. SAMAI, índice 83.

12

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
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que deben ser tenidos en cuenta para determinar el precio base para liquidar
regalías del carbón de exportación, por ello (transcripción literal):

la medida adoptada por la Agencia Nacional de Minería en el artículo 8 de la
Resolución No. 887 del 26 de diciembre de 2014, propende por la protección del
patrimonio público, toda vez que resulta inverosímil permitir que el carbón de
mejor calidad y mayor poder calórico que se extrae en el país sea exportado para
consumo en el exterior y que se liquiden las regalías con un precio menor al
utilizado para liquidar las regalías del carbón de consumo interno19 (negrita original
del texto).

La Agencia Nacional de Minería–ANM presentó memorial de alegatos de
conclusión20, en el que reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
Refirió que la prohibición de carácter general contenida en el artículo 8 de la
Resolución No. 887 de 2014 –acto acusado–, impide que el precio base para la
liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación sea inferior al
precio fijado para el carbón de consumo interno, lo que resulta claro y no requiere
interpretación especial, por lo que la UPME profirió la Resolución No. 650 del 30 de
diciembre de 2019 aplicando dicha normativa. Además, insistió que, desde la
publicación del Decreto 600 de 1996, se equiparó los precios del carbón térmico de
exportación y el de consumo interno cuando este último sea mayor que el primero.

El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto 21 en favor de
la anulación de los actos acusados. Por una parte, adujo que la metodología
determinada por la AMN para establecer los precios de liquidación de regalías no
tuvo en cuenta la distinción que efectuó el artículo 15 de la Ley 1530 de 2010 entre
el producto exportado y de consumo nacional, pero el artículo 8 de la Resolución
No. 887 de 2014 «sobrepasó la habilitación otorgada por el legislador» para tal fin,
el cual tiene por objeto establecer la definición técnicamente apropiada para llegar
a los precios en borde de pozo o mina, así (transcripción literal):

en coherencia con los mandatos constitucionales y legales relativos al sistema
general de regalías, imponían que la fijación de los precios base de liquidación del

19 Continua la cita: Así las cosas, teniendo en cuenta que el dinero recaudado por concepto de regalías por

explotación de los recursos naturales no renovables que son propiedad del Estado, hacen parte del Sistema
General de Regalías y son destinados para el desarrollo de proyectos sociales, económicos y ambientales tal
como lo establece el artículo 361 de la Constitución Política de 1991, es decir, son utilizados para el
cumplimiento de los fines del Estado, es deber de las entidades públicas garantizar la protección y
salvaguardarlos para evitar cualquier tipo de detrimento, obligación que se estaría desconociendo por parte de
la ANM o la UPME en caso de que se permitiera que el precio base para liquidar las regalías del carbón de
exportación fuese menor al precio base para liquidar las regalías de carbón de consumo interno.
Por otro lado, debemos recordar que el artículo 360 de la Constitución establece únicamente que la explotación
de los recursos naturales no renovables causará una contraprestación económica a favor del estado a título de
regalía, en ninguno de sus apartes menciona o impone la forma en la que se deben determinar las
fórmulas para fijar el precio base de liquidación de los minerales explotados, razón por la cual no le asiste
razón a la demandante en la afirmación realizada. (negrita original del texto).
20 Cfr. SAMAI, índice 84.
21 Cfr. SAMAI, índice 82.

13

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carbón, se efectuaran con apego a los precios de mercado, que según el destino
del producto sería el ámbito nacional o internacional - como lo distingue en el
artículo 15 de la Ley 1530 de 2012-. De esta forma, la habilitación otorgada por el
legislador a la A.N.M. se limitaba a establecer metodologías técnicas para
determinar en “boca de mina” el precio del carbón térmico, partiendo del precio de
mercado que fuera relevante según la destinación del mismo y no imponer
limitaciones a dichos precios, ni siquiera con fundamento en la protección de la
soberanía o política pública económica, como quería justificar en su testimonio el
señor Fernando José Arévalo Orozco, pues dicha facultad se reservó en el
legislador y no en la A.N.M.

En suma, a juicio de este Agente del Ministerio Público, para poder establecer
límites al precio base de liquidación distintos al precio de boca de mina, ya sea por
motivos de soberanía o interés general, la A.N.M requería habilitación expresa del
legislador, quien únicamente la facultó para determinar los lineamientos técnicos
para la determinación del precio en “boca de mina” a efectos de establecer el precio
base de liquidación de regalías. Por consiguiente, al imponer un lineamiento que
podía establecer un precio base de liquidación de regalías desligado del precio en
boca de mina, la A.N.M, excedió el mandato del legislador, para quien las regalías
debían fijarse según los precios del carbón dentro del mercado concerniente y no
previó la facultad para establecer discrecionalmente los precios de las regalías —
ni siquiera justificado en finalidades de interés público-.

Por otra parte, en relación con la Resolución No. 650 de 2019, se indicó que como
consecuencia de la nulidad del artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014, el acto
expedido por la UPME que fijó el precio del carbón térmico de exportación en el
sector de la Jagua de Ibirico, con límite inferior en el precio de regalía del carbón de
consumo interno, en aplicación del referido artículo 8, también se expidió con
violación de «las disposiciones legales que prescribían que el cálculo de precio base
de liquidación de regalías debía efectuarse sobre el precio en boca de mina (Ley
141 de 1994, Ley 1530 de 2012 y Ley 685 de 2001), por ende, el acto enjuiciado
está viciado de nulidad». En esa medida, expresó (transcripción literal):

En virtud de lo expuesto, este agente del Ministerio Público respetuosamente
considera que, salvo mejor criterio de la Sala, se debería ACCEDER a las
pretensiones de nulidad de la demanda, pues se desvirtuó la presunción de
legalidad sobre el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, proferida por la A.N.M.,
y el aparte de la Resolución 650 de 2019 que fijó el precio base de liquidación de
regalías para el carbón térmico de exportación explotado en el sector de la Jagua
de Ibirico, adoptada por la U.P.M.E, pues se acreditó en el proceso que las
anteriores decisiones se profirieron sin competencia y en violación al ordenamiento
jurídico superior. No obstante, al no estar con certeza el monto del daño, entendido
este como el mayor valor pagado debido a la expedición de las resoluciones cuya
nulidad se solicitó, se considera que en el presente asunto hay lugar a proferir
condena en abstracto.

Mediante auto del 12 de noviembre de 2025, se requirió, por una parte, a la ANM
para que designara nuevo apoderado y, por otra, a la UPME para que allegara copia
del correo electrónico mediante el cual otorgó poder22. Lo anterior se cumplió a

22 Cfr. SAMAI, índice 129.

14

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

través de memoriales del 26 y 27 de noviembre de esa misma anualidad 23, por lo
que una vez revisada dicha documentación, se evidencia que se reúnen los
requisitos legales y, por consiguiente, en la parte resolutiva de la presente
providencia se les reconocerá personería a: i) Alfonso Leonardo Tovar Díaz,
portador de la Tarjeta Profesional No. 166.431 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderado de la ANM, y ii) Camilo Andrés Tovar
Perilla, portador de la Tarjeta Profesional No. 228.454 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderado de la UPME.

III. CONSIDERACIONES

I. Régimen procesal del litigio

1. Al presente asunto resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para
la fecha de interposición de la demanda -1 de octubre de 2020-, que corresponden
a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), así como las del Código General del Proceso
(en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista por el artículo 306 del
primero de los estatutos mencionados.

También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-, con excepción de las
modificaciones sobre competencia, las cuales sólo se aplicarán a las demandas que
se presenten un año después de publicada dicha ley, según lo prevé el artículo 86
de esa norma -régimen de vigencia y transición normativa-24, en concordancia con
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

II. Presupuestos procesales

23 Cfr. SAMAI, índices 135 y 136.
24 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su

publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley.
(…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

15

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Jurisdicción y competencia

2. Si bien el CPACA, en su redacción original, señalaba las reglas para determinar
la competencia entre las diferentes autoridades que conforman la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo –juzgados, tribunales y Consejo de Estado–, en asuntos
de naturaleza minera se debía acudir a la regulación especial25, es decir, al Código
de Minas –Ley 685 de 2001–, que establecía unas competencias en cabeza del
Consejo de Estado, en única instancia, y otras en los Tribunales Administrativos, en
primera instancia, para conocer de ciertas controversias.

Así las cosas, el artículo 295 del Código de Minas –vigente a la radicación de la
demanda–26 asignaba al Consejo de Estado, en única instancia, el conocimiento
«De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas a las
contractuales y en los que la Nación o una entidad nacional sea parte».

3. Conviene precisar que el conocimiento del presente asunto se funda conforme a
la normativa en mención y a las precisiones que sobre el alcance de esa disposición
están contenidas en el auto de unificación del 13 de febrero de 2014, proferido por
la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación27, en el que se consideró
que:

(…) no todo asunto que tenga incidencia en un tema minero puede ser catalogado
como tal, en los términos del artículo 295 de la ley 685 de 2001, sino que, por el
contrario, sólo serán del conocimiento del Consejo de Estado, en única instancia,
aquellos que sean eminentemente asuntos de esta naturaleza, es decir, que el
objeto de la controversia se refiera de manera directa e inmediata a un tema minero
(v.gr. la prórroga de un título habilitante).
(…)

25 Así lo estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de unificación

del 13 de febrero de 2014, expediente 48.521, C.P. Enrique Gil Botero.
26 Resulta importante destacar que dicho artículo fue derogado expresamente por el artículo 87 de la Ley 2080

de 2021, la cual introdujo reformas al CPACA y una de las más importantes fue la variación de competencias
de juzgados y tribunales administrativos, así como del Consejo de Estado, a partir de la entrada en vigor el 26
de enero de 2021 -Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021-. Lo anterior implica que esa competencia
especial y privativa del Consejo de Estado desapareció del ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad
se debe acudir a la redistribución de competencias que introdujo la Ley 2080 de 2021, la cual, valga reiterar,
solo empezó a regir respecto de las demandas que se presentaran un año después de publicada dicha ley, lo
cual no ocurre en el presente caso.
Así las cosas, el numeral 24 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021,
estableció que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera instancia, de los conflictos que se susciten
en asuntos petroleros o mineros «en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por
servicios».
Adicionalmente, se debe indicar que, si bien la mencionada codificación minera establecía la competencia bajo
un criterio netamente objetivo, es decir, si la litis tenía relación o no con un contrato, en la actualidad, con
independencia del medio de control que se ejerza, siempre que se trate sobre un asunto petrolero o minero, el
competente será un Tribunal Administrativo.
Sin embargo, se debe tener presente que cuando la controversia sea un asunto minero de naturaleza
contractual, se debe aplicar la competencia especial -artículo 293- consagrada en el Código de Minas, pues no
fue derogada expresa o tácitamente por la Ley 2080 de 2021.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación del 13 de febrero de 2014, expediente

48521, C.P. Enrique Gil Botero.

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Por lo tanto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o
cualquier otro distinto del de controversias contractuales que se promuevan y
relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y donde una de las
partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los
preceptos contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula
la materia, máxime que la ley 1437 de 2011, que es posterior, guardó silencio sobre
este tópico (sic) en particular, aunado al hecho que no es posible concluir, desde
ningún punto de vista - ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme–
que la legislación posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma
posterior deroga en todos los eventos a la anterior. (Negrita original del texto).

4. En armonía con ese criterio, esta misma Sección del Consejo de Estado ha
considerado que, si bien el referido artículo 295 del Código de Minas «no definió
qué cuestiones están comprendidas en los asuntos mineros, ello no impide
deducirlo28 con base, por una parte, en que dichos asuntos se encuentran
preferentemente regulados en la Ley 685 de 2001 –Código de Minas– y, por otra
parte, en que el propósito de esta norma fue regular íntegramente la materia, según
lo corrobora la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley29»30.

Con esa perspectiva, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación
se ha pronunciado también sobre los criterios específicos que se deben tener en
cuenta, al analizar la competencia en única instancia del Consejo de Estado que,
en esencia, radica en establecer si el caso puede ser catalogado como un genuino
«asunto minero», así31:

Por otro lado, entre los criterios para determinar los asuntos que son de
competencia de esta Corporación en materia minera, se afirmó: “De la
jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de la Sección
Tercera, sin duda alguna, los criterios en los que se sustenta la determinación de
la competencia en única instancia de la Sección Tercera del Consejo de Estado

28 Original de cita: En ese sentido: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Autos de 6 de septiembre

de 2013 [Rad. 11001-03-26-000-2013-00097-00(47825)]. Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, 8 de
junio de 2017 [Rad. 11001-03-26-000-2017-00016-00(58673)] y 18 de diciembre de 2018 [Rad. 11001-03-24-
000-2013-00263-00(61073)], entre otros.
29 Original de cita: Colombia. Senado y Cámara de Representantes. Proyecto de Ley 269/00. Mediante el cual

se expide el Código de Minas. Gaceta del Congreso, Año IX No. 200, del 12 de junio de 2000. pp. 2-5. Se indicó:
“El proyecto de ley No. 269 de 2000 está conformado por un cuerpo de disposiciones sustantivas y de
procedimiento que asegure, en el mayor grado posible, la vigencia en el tiempo de un marco regulatorio estable
para el sector minero y que haga innecesaria una reglamentación periódica del estatuto legal que se expida. A
través del articulado contenido en los ocho Títulos y treinta y un Capítulos del proyecto analizado, se pretende
disponer de un cuerpo armónico de normas, que haga posible obtener los siguientes propósitos:
● Regular íntegramente la materia.
● Establecer seguridad jurídica para el sector y ‘reglas de juego’ claras y estables.
● Señalar procedimientos simples, ágiles y eficaces.
● Promover y estimular la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables de que dispone el
país.
● Evitar la inconveniente congelación de áreas mineras y la especulación respectiva.
● Reducir al máximo posible las explotaciones ilegales, mediante sanciones adecuadas para quienes exploten
o comercialicen minerales que no estén amparados por un título jurídico minero.
● Propiciar el mejoramiento de los niveles técnicos, económicos y ambientales de las pequeñas explotaciones
mineras, haciendo posible la integración de áreas y la utilización compartida de instalaciones, a través de
esquemas asociativos”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 23 de julio de 2019, expediente 63935, C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 30 de octubre de 2017, expediente 60093, C.P.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

cuando se trata de asuntos mineros: a) debe examinarse la demanda en sus
pretensiones y presupuestos fácticos, para determinar hacia donde se encamina
el debate jurídico; b) debe ser parte la Nación o una entidad territorial
descentralizada, del orden minero; c) debe tratarse de personas que ejerzan la
actividad minera y cuyo debate jurídico esté encaminado a los derechos y
obligaciones derivadas de la exploración o explotación de los recursos naturales
no renovables, para lo que cabe tener en cuenta los siguientes sub-criterios en los
que se sustenta el problema jurídico: i) exploración o explotación de minerales o
hidrocarburos y sus derivados; ii) contrato de asociación o concesión minera; iii)
actos administrativos relacionados con la ejecución de un contrato de explotación;
iv) concesión de licencias; v) aportes o permisos otorgados para ejercer la
actividad; vi) resolver la solicitud de licencia de exploración minera, etc. 32.

5. Como puede observarse, la competencia en única instancia del Consejo de
Estado está determinada por la naturaleza minera del asunto que se somete a
revisión judicial. No basta con que las partes sean, respectivamente, una autoridad
y titular minero; tampoco que en el litigio se haga una mera referencia a la actividad
minera en cualquiera de sus fases. Desde el mismo momento de la presentación de
la demanda –mediante la exposición de los hechos y las pretensiones– es necesario
delimitar claramente el objeto del proceso como un conflicto estrictamente minero,
el cual puede estar relacionado, por ejemplo, con la prórroga de un título habilitante,
la cancelación de la licencia de exploración minera33, los procesos de legalización
minera34, los términos y condiciones –parámetros– para la fijación del precio base
de liquidación de las regalías35, entre otros36.

Así esta controversia, sin duda, trata sobre un asunto minero, dado que, en relación
con la Resolución No. 887 de 2014, este acto corresponde al último evento
planteado –definición de los parámetros de determinación de regalías y
compensaciones por la explotación de carbón–. Por su parte, la Resolución No. 650
de 2019, al comportar la materialización de esos parámetros y la consecuente
fijación de los precios base para la liquidación de regalías de carbón, también
implica una discusión en el ámbito minero.

6. De ahí que la presente controversia, al radicar en el juicio de legalidad de dos
actos administrativos expedidos por la ANM y la UPME, que corresponden

32 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto de 28 de noviembre de 2012. Exp.

42083.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente 33844,

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, expediente 27600,

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 7 de diciembre de 2015, expediente 55953,

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 11 de marzo de 2019, expediente 61526 y

sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 60177, ambas con C.P. María Adriana Marín.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

respectivamente a una agencia estatal de naturaleza especial37 y una unidad
administrativa especial, las dos de orden nacional –esta última de carácter técnico–
y pertenecientes al ramo del Ministerio de Minas y Energía38, actos estos por los
cuales se establecieron los términos de condiciones para la determinación de los
precios base para liquidación de regalías y compensaciones por la explotación de
carbón, en particular, cuando el valor de ese mineral de exportación sea menor al
del consumo interno –aparte acusado– y se fijaron los precios base de liquidación
de regalías de carbón para el primer trimestre de 2020, elementos que, atendiendo
la normativa y jurisprudencia referida, de entrada, permiten determinar que esta
Corporación es competente para decidir el asunto39.

7. Por ello, esta Subsección de la Sección Tercera conoce de la controversia, dadas
las reglas de reparto establecidas en el Acuerdo 80 de 2019, artículo 13 –Sección
Tercera–, las cuales indican que conocerá, entre otros asuntos, de: «Los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho (…) sobre las materias enunciadas en el
numeral primero», es decir, «nulidad de actos administrativos que versen sobre
asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros».

Medio de control procedente

8. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control
idóneo, como lo prevé el artículo 138 del CPACA, para que toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica pueda
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las causales del artículo 137 del CPACA, esto es: i) infracción
de las normas en que deberían fundarse, ii) falta de competencia, iii) expedición
irregular, iv) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) por falsa
motivación y vi) expedición con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió –desviación de poder–.

Asimismo, por este medio de control, se puede pretender la nulidad de un acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente

37 De conformidad con el Decreto 4134 de 2011 -por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se

determina su objetivo y estructura orgánica-.
38 De que trata del capítulo IV del Decreto 2119 de 1992, modificado por el artículo 15 del Decreto 10 de 1995,

y, a su vez, por la Ley 143 de 1994, como por el Decreto 255 de 2004, derogado por el Decreto 1258 de 2013,
que recientemente fue derogado por el Decreto 2121 de 2023.
39 Tal como lo ha definido en ocasiones anteriores esta Subsección en sentencia del 11 de agosto de 2025,

expediente 57580, que reiteró el criterio del auto del 7 de diciembre de 2015, expediente 55953, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

violado por este al demandante o la reparación del daño causado a dicho sujeto –
como ocurre en el presente asunto–, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.

9. En efecto, se solicita la nulidad del artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, en la
que la ANM estableció una previsión específica sobre el precio base de liquidación
de regalías y compensaciones del carbón de exportación, así como de un aparte de
la Resolución 650 de 2019 expedida por la UPME, que determinó los precios base
para la liquidación de regalías de carbón para el primer trimestre del 2020, junto con
el correspondiente restablecimiento del derecho o la reparación del supuesto daño
causado por ese hecho, por lo que el medio de control adecuado es la nulidad y
restablecimiento del derecho, en la modalidad prevista en el inciso 2 del artículo 138
del CPACA, ya que la parte demandante sostiene que esos actos son la causa
directa del daño que se pide indemnizar, toda vez que conforme a estos presentó
las declaraciones y los respectivos pagos de las regalías, compensación adicional
y participación para el primer trimestre de 202040.

10. Pese a ello, en relación con la Resolución 650 de 2019, tanto la UPME como la
ANM alegaron que los actos por los cuales se fijan los precios base de liquidación
de regalías «se constituyen en el insumo o variable para efectos de realizar la
liquidación de las regalías y, por tanto, por sí solos no producen efectos jurídicos,
es decir, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular y
concreta», por lo que se deben considerar como actos administrativos de trámite y,
en consecuencia, no susceptibles de control judicial.

Sin embargo, para la Sala resulta importante precisar que tanto la Resolución No.
887 de 2014, como la Resolución No. 650 de 2019, comportan actos administrativos
de carácter general41 que, de manera abstracta e impersonal, establecieron los
términos y condiciones –parámetros– para la determinación de los precios base
para la liquidación de las regalías de carbón y se fijaron estos valores,
respectivamente, criterio que es consistente con una decisión reciente de la
Subsección, esto es, la sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 57580, en la que

40 Sobre la aplicación de dicha disposición, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, expediente 57580.
41 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires,

1975. Pág. 406. «451. b) Por el alcance del acto con relación a las personas.
Considerado respecto a las personas sobre las que puede incidir los efectos del acto administrativo, éste puede
ser “general”, verbigracia reglamento, o “individual” (concreto o especial).
El acto administrativo “general”, reglamento, se refiere a todas las personas indeterminadamente. El acto
administrativo “individual” (concreto o especial) se refiere a una, varias o muchas personas determinadas o
determinables».

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

se analizó la legalidad de unos actos que fijaron el precio base para la liquidación
de las regalías de carbón para los trimestres IV de 2013 y I de 2014.

Por lo anterior, para la Sala no es de recibo el argumento de la UPME y la ANM,
destacando además que la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado entre
los actos administrativos definitivos y los de trámite, así: «los primeros son
declaraciones unilaterales, que pueden ser generales o particulares, con efectos
jurídicos directos y en ejercicio de la función administrativa, lo que quiere decir que
crean, modifican o extinguen una situación jurídica; mientras que los segundos
sencillamente no alteran derechos y deberes, pues por no ser conclusivos se
restringen a impulsar el trámite en sede administrativa»42, último aspecto que no
ocurre en el presente asunto, en la medida en que las Resoluciones No. 887 de
2014 y No. 650 de 2019 de manera abstracta e impersonal, establecieron los
términos y condiciones –parámetros– para la determinación de los precios base
para la liquidación de las regalías de carbón y se fijaron estos valores,
respectivamente, por lo que reglamentan y desarrollan la normativa sobre regalía,
como se analizará en el siguiente acápite. En consecuencia, se declarará no
probada la excepción propuesta por la UPME y la ANM.

Oportunidad para presentar la demanda

11. El artículo 164 del CPACA prevé el plazo en el que se debe ejercer el derecho
de acción y desde cuándo comienza a correr dicho término, so pena de que una vez
fenecido no se pueda formular el medio de control, dada la naturaleza del fenómeno
jurídico de la caducidad43, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Sección44, dicha figura procesal:

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones
judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en
tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho45 (se destaca).

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, expediente 54485

[fundamento 3], C.P. Nicolás Yepes Corrales. En igual sentido: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
de 10 de marzo de 1994, rad. N5196 [consideraciones párr. 4].
43 El artículo 13 del CGP establece: Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales son de orden

público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas,
modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley (se
destaca).
44 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, expediente

39435 [fundamento jurídico 1.4].
45 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009.

Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
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Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la
caducidad del término para formular la acción o medio de control:

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad
de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede
renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente46.

12. Ahora, en lo que respecta al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que la demanda
deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso.

13. Dado el carácter general de los actos acusados –tal como se definió en
precedencia– y que se solicita la reparación del daño directamente causado por
esas resoluciones administrativas, el término de caducidad se contabiliza de
conformidad con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA, es decir, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la publicación de dichos actos. Asimismo, esa
disposición también prevé que «si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel».

14. En el presente asunto, se tiene que la Resolución No. 887 del 26 de diciembre
de 201447, por la cual se establecen los términos y condiciones para la
determinación de los precios base de liquidación de las regalías y compensaciones
por la explotación de carbón, corresponde a un acto administrativo de carácter
general y reglamentario48 de la Ley 1530 de 2012, que reguló la organización y el

46 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009 [fundamento jurídico 4]. En igual sentido se puede
consultar la sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3], al decidir sobre la constitucionalidad del artículo
136 del CCA.
47 Publicada en el Diario Oficial 49.377 del 27 de diciembre de 2014.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de junio de 2009, radicación 11001-03-25-000-2005-

00348-00 [fundamento jurídico 3.1.], C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Los actos reglamentarios
proferidos por el ejecutivo con arreglo al precepto constitucional anteriormente trascrito [artículo 189, numeral
11, de la Constitución Política], en cuanto productos emanados de la voluntad administrativa, tienen el carácter
de normas jurídicas que desde el punto de vista formal y material se encuentran subordinadas a la ley, o como
lo expresa la doctrina francesa, se trata de actes de puissance subalterne, encaminados a explicitar y completar
las disposiciones legales, con el propósito de garantizar su más cumplida y estricta ejecución y asegurar el
cumplimiento de la voluntad general en ellas representada. En ese orden de ideas, los actos reglamentarios
no son más que unas normas jurídicas secundarias, inferiores y complementarias de la Ley, cuya alcance
es de suyo diferente del que es propio de los actos de regulación, cuya adopción, por regla general, se encuentra
reservada al legislador, aunque por excepción y en ciertas materias puntuales, la Carta también atribuye
potestades de regulación a determinadas autoridades administrativas (tal es el caso de las Comisiones de
Regulación de los servicios públicos domiciliarios, de la Junta Directiva del Banco de la República y la Comisión
Nacional de Televisión, etc.) (se precisa y destaca).

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

funcionamiento del Sistema General de Regalías.

En esa ley –artículo 15–, el legislador facultó a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería para señalar, «mediante actos
administrativos de carácter general, los términos y condiciones para la
determinación de los precios base de liquidación de las regalías y compensaciones
producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de
lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley»,
en atención a su carácter de máximas autoridades, junto con el Ministerio de Minas
y Energía [como cabeza del respectivo ramo], para determinar y ejecutar los
procedimientos y plazos de liquidación según el recurso natural no renovable de
que se trate –artículo 14–, por ello, con la expedición de esos actos generales, esas
entidades ejercieron potestad reglamentaria49-50-51 sobre dicha materia.

49 Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que: La potestad reglamentaria solo

tiene por fin dar vida práctica a la ley para ponerla en ejecución, supliendo aquellos detalles que sería exótico
consignar en la propia ley; pero el gobierno, so pretexto de su ejercicio, no puede ni ampliar ni restringir el
sentido de la ley, dictando nuevas disposiciones o suprimiendo las contenidas en la ley, porque ello no sería
reglamentar sino legislar. (Sentencias del Consejo de Estado de agosto 22 de 1944 y 16 de junio de 1948,
Anales del Consejo, Tomos LVI y LVH, números 341-346 y 362-366, págs. 66 y 225, respectivamente). En
sentencia del 11 de junio de 2009, radicación 11001-03-25-000-2005-00348-00, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta. Criterio reiterado por la Sección Primera en sentencia del 19 de julio de 2018, radicación 1001-03-24-
000-2010-00404-00, C.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia del 19 de abril de 2021, radicación 66001-23-31-
000-2009-00119-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
50 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Segunda edición. Palestra Editores. Lima, 2017.

Págs. 602 a 606. Durante el constitucionalismo, la concepción jurídica de reglamento se encontraba limitada
por la interpretación estricta que se hacía acerca del principio de separación de los poderes y de la ley como
producto de la voluntad general, a la que sólo se concebía como emanación de los órganos parlamentarios.
Así, dentro del esquema del siglo pasado, la ley formal y material tenía primacía absoluta en todos los casos
sobre el reglamento, ya que al traducir la expresión de la voluntad general se le adjudicaba el carácter de
soberana. La actividad reglamentaria del Ejecutivo se consideraba parte de la función de ejecutar las leyes. Por
esta causa, se sostuvo la tesis de que el reglamento era el producto de la función ejecutiva o administrativa.
Pero el crecimiento de las funciones del Poder Ejecutivo, operado en la evolución posterior del
constitucionalismo, ha provocado el surgimiento de otras formas jurídicas de expresión de la actividad
normativa, tales como los reglamentos delegados primero, los llamados reglamentos autónomos después, y
finalmente los de necesidad y urgencia, desplazando la vigencia del principio que limitaba la actividad de la
Administración Pública a la ejecución de la ley formal.
Desde la óptica realista, los reglamentos traducen el ejercicio de la actividad legislativa, en cuanto son actos
unilaterales de la Administración que crean normas jurídicas generales y obligatorias, operando sus efectos en
el plano externo a través de la regulación de situaciones impersonales y objetivas.
Si lo que realmente define su esencia o naturaleza es el hecho de la creación, modificación o extinción de
normas de alcance general, es evidente que el reglamento es acto de legislación y no acto administrativo.
Pero, no obstante que en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos el reglamento aparece considerado
como acto administrativo de alcance general (art. 24, LNPA), siguiendo la opinión de la fuente doctrinaria según
la cual el reglamento es producto de la función administrativa, si se examina en su integridad el sistema de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, se advierte la configuración de regímenes jurídicos distintos,
en cuanto atañe a publicidad, silencio, extinción, etc.. Esto acontece porque, si bien técnicamente el reglamento
no es una ley, al participar de sus caracteres esenciales, posee un régimen jurídico similar a raíz de que es
producto de la actividad materialmente legislativa.
51 MORAND-DEVILLER, Jacqueline (trad. RINCÓN ARDILA, Zoraida & PELÁEZ GUITIÉRREZ, Juan C.).

Derecho Administrativo. Decimocuarta edición. 2015. Universidad Externado de Colombia. Pág. 356.
Los constituyentes revolucionarios, en reacción contra el poder real del Antiguo Régimen, buscaron negar todo
poder reglamentario al Ejecutivo, dejando a la Asamblea la función de ocuparse de todo.
Esta abstracción lírica se enfrentó a realidades concretas y, desde la Constitución del año VIII, el poder
reglamentario gubernamental proclamó: “El Gobierno propone las leyes y hace los reglamentos necesarios para
asegurar su ejecución”, fórmula que se encuentra en formas similares en todas las constituciones sucesivas, y
que hace suya el artículo 21 de la Constitución de 1958.
Dichos reglamentos, llamados también derivados, son una verdadera obligación de hacer para las autoridades
gubernamentales (o locales) detentadoras del poder reglamentario. (…).
Los Reglamentos de Administración Pública RAP, decretos tomados por invitación del Legislador, constituyeron
durante mucho tiempo la principal modalidad de reglamento complementario de una ley. Su importancia estaba
certificada por un procedimiento solemne de consulta de la Asamblea General del CE, especificidad que

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
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Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

15. Igualmente, el artículo 4 de la Resolución No. 887 de 2014 estableció la
periodicidad en la publicación de la resolución de determinación de los precios base
de liquidación de regalías y compensaciones generadas por la explotación de
carbón, la que se haría de manera trimestral, es decir «cuatro (4) resoluciones de
precios al año, las cuales deben señalar el período de aplicación con las respectivas
fechas inicial y final del trimestre durante el cual rigen dichos precios, es decir, desde
el primero al último día del trimestre calendario, para su aplicación».

Además, en ese mismo artículo se estableció, en concordancia con el Decreto 4130
de 201152 y el Decreto 1258 de 201353, por el cual se asignó a la UPME la función
de fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de regalías54, que
esa entidad para efecto de la publicación de esas resoluciones, debe «hacerlo en la
última semana de cada trimestre en el Diario Oficial y para efectos informativos
deberá incorporarlas, en un lugar visible al acceso principal de su página web»,
como ocurrió en el presente asunto con la Resolución No. 650 de 2019 para el
primer trimestre de 2020, acto administrativo de carácter general que desarrolla el
Reglamento55 sobre la materia de la ANM –Resolución 887 de 2014–.

desapareció poco a poco cuando se incorporó el hábito de reenviar a “decretos en Consejo de Estado” con
forma menos solemne (el concepto de una sección administrativa es suficiente). Las leyes del 7 y 21 de julio de
1980 consagraron esa práctica y suprimieron los RAP, remplazados por los decretos en Consejo de Estado a
los cuales en adelante el Legislador reenvía.
52 Expedido en virtud de la Ley 1444 de 2011, por la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas

facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública
y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
53 Expedido por el Ministerio de Minas, por el cual se modifica la estructura la Unidad de Planeación Minero

Energética (UPME).
54 Asignada al Ministerio de Minas y Energía en el numeral 22 del artículo 5 del Decreto 70 de 2001.
55 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires,

1975. Págs. 240 a 247. Desde el punto de vista “cuantitativo”, el reglamento es la fuente más importante del
derecho administrativo.
Implica una manifestación de voluntad de órganos administrativos, creadora de status generales, impersonales
y objetivos. No existen reglamentos para regir un caso concreto; solamente la ley formal puede dictar
disposiciones para un caso particular. (…).
¿Cómo se distinguen el reglamento y la ley? Para ello no bastaría decir que el reglamento siempre debe ser
“general”, en tanto que la ley puede ser general o “particular” o sea para un caso individual, pues aun quedaría
en pie la necesidad de diferenciar una ley y un reglamento cuando “ambos” son generales o abstractos. En tal
supuesto ¿qué los distingue? Corresponde descartar, por insuficiente, el criterio que pretendió fundar esa
diferencia en que el reglamento sólo puede consistir en medidas de “ejecución” de la ley, pues es bien sabido
que hay reglamentos que no tienen ese objeto, tales los “autónomos”, “independientes” o “constitucionales”. A
mi juicio, aparte del distinto órgano de que proceden habitualmente la ley formal y el reglamento –y todo ello sin
perjuicio de que los órganos Legislativo y Judicial pueden también emitir reglamentos–, la diferencia esencial
entre ambos radica en su contenido: el reglamento de ejecución contiene disposiciones que tienden a facilitar
la aplicación de la ley, en tanto que el reglamento autónomo, independiente o constitucional, se refiere a
materias cuya regulación, por imperio de la propia Constitución, le está reservada al órgano Ejecutivo y excluida
de la competencia del órgano Legislativo. Así como existe la llamada “reserva de la ley” juzgo que también
existe la "reserva de la Administración”: todo esto sin perjuicio de lo que ocurre con los reglamentos “delegados”
y de “necesidad y urgencia”, cuya substancia es efectivamente legislativa, y cuya razón de ser justifica que, en
este orden de ideas, se les someta a un tratamiento jurídico distinto que a los reglamentos de ejecución y
autónomos. (…).
El reglamento típico –que aquí se considera– no es acto “legislativo”: es acto administrativo, lo que resulta tanto
más exacto tratándose de los reglamentos de “ejecución” y “autónomo”, cuyo carácter “administrativo” no sólo
resulta de su forma sino también de su substancia o contenido. Pero la doctrina no es uniforme en lo que a esto
respecta: mientras un sector sostiene que el reglamento es acto administrativo, otro sector lo niega. Algunos
expositores, al negar que el reglamento tenga carácter de acto administrativo, invocan la “generalidad” del
reglamento, pues para ellos el acto administrativo es decisión individual y concreta, criterio que no comparto,
según así lo haré ver al referirme al acto administrativo, donde sostendré la noción amplia de éste. Incluso los
reglamentos “delegados” y los de “necesidad y urgencia” –a pesar de su contenido o substancia–, desde el

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16. En relación con este acápite, la ANM formuló excepción de caducidad del medio
de control frente a la Resolución No. 887 de 2014, ya que, para la fecha de
presentación de la demanda –1 de octubre de 2020–, ese acto se había proferido
«hace más de 7 años y que sólo hasta la fecha pretende su nulidad, es decir, desde
la vigencia del acto administrativo, para la accionante siempre estuvo en firme y
conforme con su contenido».

Sin embargo, ese argumento desconoce lo previsto en el inciso segundo del artículo
138 del CPACA que establece que se puede pretender la nulidad de un acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al demandante o la reparación del daño causado a dicho sujeto –
como ocurre en el presente asunto–, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación, pero si
existe un acto intermedio, de ejecución o de cumplimiento del acto general, dicho
término se contará a partir de la notificación de aquel.

17. En esa medida, tal como quedó expuesto en precedencia, los actos acusados
revisten el carácter de actos administrativos generales56, empero la Resolución 887
de 2014 de la ANM es un acto reglamentario de la Ley 1530 de 2012, valga
precisar, un Reglamento57, mientras que la Resolución 650 de 2019 de la UPME es
un acto que desarrolla esa reglamentación–artículo 4–, a través de la concreción
de los mandatos tanto del reglamento, como de la ley, por vía de otro acto general.
Esta precisión resulta importante, en la medida en que, tal como lo ha expuesto un
sector de la doctrina58:

La distinción más obvia entre el Reglamento y el acto es que aquél forma parte del
ordenamiento jurídico, en tanto el acto es algo «ordenado», producido en el seno
del ordenamiento y por éste previsto como simple aplicación del mismo, El
Reglamento innova el ordenamiento (deroga otro Reglamento anterior, crea
normas nuevas, habilita relaciones o actos hasta ese momento no previstos), el
acto se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto dado o por dicho

punto de vista “formal”, son actos administrativos; una cosa distinta ocurre con el “decreto-ley”, que es acto
“legislativo”.
56 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Op. Cit. Pág. 406.
57 CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen Jurídico. Segunda edición. Editorial

Temis. Bogotá, 2013. Pág.120. Las diferencias de régimen jurídico que existen entre el acto administrativo y el
reglamento tienen por causa el hecho de que responden a funciones y, por ende, potestades de distinta
naturaleza. Mientras el reglamento traduce una actividad normativa y, por lo tanto, constituye una norma (de
alcance general) que produce una innovación en el ordenamiento, el acto administrativo implica el ejercicio de
la función o potestad administrativa mediante la concreción de una o varias normas.
En síntesis, el acto administrativo se consume con su dictado y cumplimiento, sin perjuicio de que pueda servir
de antecedente para actos complementarios que se ejecuten a posteriori, a diferencia del reglamento que tiene
por función permanecer hasta tanto sea derogado.
El acto administrativo tampoco ha de confundirse con el mero acto de alcance general que tiene destinatarios
indeterminados y no integra el ordenamiento (v. gr. clausura de una calle) al cual no se le aplica el rigorismo
formal de la publicidad de actos y reglamentos (notificación y publicación, respectivamente).
58 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I.

Decimoctava edición. Civitas-Thomson Reuters. Madrid. 2017. Págs. 216, 218 y 238.

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ordenamiento previsto.

La distinción es normalmente visible por sí misma, especialmente porque la
individualización de la norma que cumple el acto se traduce en que éste suele
presentarse con un destinatario concreto (…), en tanto que los Reglamentos, como
las normas por lo común, suelen hablar un lenguaje impersonal y abstracto. Pero
el problema puede complicarse cuando nos encontramos ante actos
administrativos genuinamente tales que no aparecen dirigidos a un destinatario
concreto, sino a un conjunto indeterminado de sujetos, o incluso a toda una
colectividad; igualmente hemos visto al tratar de la Ley que la misma no requiere
de esencia la generalidad, lo que plantea el tema de si los Reglamentos pueden o
no prescindir igualmente de esa nota y concretarse a regular supuestos específicos
y singulares. En una palabra: la correlación singular-general como expresión de la
distinción actos-Reglamentos parece haberse roto.
(…)
Parece claro que no obstante la generalidad de estos actos, y aun de su posible
carácter preceptivo, no estamos en presencia de Reglamentos verdaderos. La
razón es la misma que venimos exponiendo: tales actos, no obstante la
generalidad de su contenido, no se integran en el ordenamiento jurídico; éste sigue
siendo el mismo antes y después de que esos actos se produzcan o se cumplan;
son actos aplicativos del ordenamiento y no innovadores del mismo.

El criterio puede ilustrarse con una comprobación muy simple: el acto
administrativo, sea singular o general su círculo de destinatarios, se agota en
simple cumplimiento, se consume en éste, para un nuevo cumplimiento habrá que
dictar eventualmente un nuevo acto (…). En cambio, la norma ordinamental no se
consume con su cumplimiento singular, antes bien se afirma, se consolida, se
mantiene y es susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos; sigue
«ordenando» la vida social desde su superioridad.

La distinción entre Reglamentos y actos administrativos no es puramente teórica,
sino que tiene trascendencia práctica de primera importancia. Así, la potestad
reglamentaria no corresponde más que a aquellos órganos a quienes
específicamente se la atribuye el ordenamiento; en cambio, el poder de dictar actos
administrativos es una cualidad general de todo órgano de la Administración, su
modo normal de expresarse. (…).
(…)
Se habrá observado que hay un ámbito natural o inherente al Reglamento como
norma, el de las cuestiones administrativas que corresponden al ámbito
organizativo de la Administración, y que en el resto, bien por no tratarse de
cuestiones administrativas, bien porque tratándose de ellas está en juego la
imposición de deberes y obligaciones a los ciudadanos o la limitación de sus
derechos reconocidos por otras fuentes, el Reglamento puede eventualmente
actuar, pero siempre en su función secundaria de complemento de la Ley y
en virtud de una habilitación específica de ésta (delegación legislativa). La
Ley puede, pues, ampliar la materia reglamentaria, pero será caso por caso, sin
tocar por ello el orden general de competencias constitucionales, apelando
sencillamente a la colaboración propia de las dos fuentes normativas escritas,
colaboración articulada siempre sobre la base del papel subordinado y
complementario de la segunda de ellas. Es este concreto aspecto del problema el
que se ha venido expresando clásicamente, desde los orígenes mismos de la
figura, con una expresión de cierta ambigüedad, pero sustancialmente certera: los
Reglamentos en esos aspectos normativos que exceden del ámbito interno
de la organización administrativa son instrumentos de ejecución de la Ley,
de desarrollo de ésta, no normas autónomas, independientes, que puedan
pretender no ya prevalecer contra la Ley, sino ni siquiera sustituirla o
suplirla. El entramado básico del ordenamiento pertenece necesariamente a la
Ley, dada su fuente de legitimidad y su función creadora irresistible; sólo ella puede
definir las situaciones básicas de los sujetos, sus deberes, obligaciones y
derechos, las posiciones relativas de unos y de otros, que dan todo su sentido a la
estructura ordinamental. El Reglamento se mueve en estos aspectos que
trascienden a la pura autodisposición organizativa de la Administración en los

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intersticios de ese entramado básico constituido por las Leyes; pero no a su albur
y según su propia iniciativa, sino según las fórmulas colaborativas entre Ley y
Reglamento, perfectamente tecnificables, que estudiaremos en el capítulo
siguiente bajo el epígrafe de delegaciones legislativas, son ellas las que precisarán
qué quiere decir con exactitud ese aserto de que el Reglamento ejecuta o
desarrolla la Ley.

En similar sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha considerado que59:

tanto la jurisprudencia nacional60 como la doctrina más autorizada en la materia61 han
coincidido, en lo sustancial, en señalar que la voz reglamento hace alusión al conjunto
normativo generador o regulador de situaciones jurídicas generales, impersonales o
abstractas, proferido por aquellos órganos del Estado que no ejercen, desde el punto
de vista formal, la función legislativa, sino que, por el contrario, constitucionalmente
tienen asignado, primordialmente, el ejercicio de funciones administrativas ⎯bien
que se trate de órganos ubicados dentro de la Rama Ejecutiva del Poder Público, ora
tratándose de órganos autónomos e independientes de la estructura de las tres
“Ramas clásicas” del mismo (legislativa, ejecutiva y judicial)⎯ o de funciones
jurisdiccionales.
(…)
Por lo demás, la razón de ser de la existencia de una potestad normativa distinta
de la del Legislador suele encontrarse, más allá de la necesidad que a la
Administración asiste en el sentido de organizar sus servicios y regular su
funcionamiento interno, en la circunstancia de que desde el punto de vista práctico
le resulta más fácil ocuparse de la expedición de las normas atinentes a todas las
materias que requieren de una regulación por parte del Estado, además de que la
característica de generalidad y abstracción de la cual debe encontrarse provista la
ley, le impide a ésta desarrollar, con el rigor y concreción suficientes, la integridad
de los asuntos que aborda, pues además ha de deferir a la Administración la
precisión de los detalles que posibiliten adaptar, a las cambiantes circunstancias
que se pretende reglar, la aplicación de los preceptos legales.

Adicionalmente, la especialización técnica y preparación funcional de las
instancias administrativas garantiza las cotas de precisión y de rigor científico que
son de desear en los dispositivos reglamentarios, los cuales gozan de la posibilidad
de ocuparse con exhaustividad y detalle del desarrollo de asuntos propios del
conocimiento científico o el saber especializado, con relativa independencia de los
debates ideológicos o políticos que de ordinario corresponden, por su propia
naturaleza, a las cámaras parlamentarias. Esa autonomía respecto de las

59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16230 [fundamento

jurídico 2.2], C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
60 Original de cita: Sobre el punto, por vía de ejemplo, se ha sostenido lo siguiente: “... acto administrativo

general, entendido este último como la manifestación unilateral de la voluntad del Estado en ejercicio de la
función administrativa, creadora de situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas". Cfr. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de agosto 1° de 1991; Expediente
6802; Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de dos mil seis (2006); Consejero Ponente:
Alier E. Hernández Enríquez; Radicación número: 11001-03-26-000-2000-0020-01; Expediente número: 18059.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que el reglamento es el ““... conjunto de normas
generadoras de situaciones jurídicas generales, dictadas por la Administración, o por los distintos organismos
del Estado o del Poder Público, que no ostentan la potestad legislativa””. Cfr. Corte Constitucional, sentencias
C-447 de 1996; Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz y C-712 de 2.001, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba
Triviño.
61 Original de cita: DE OTTO, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, 7º reimpresión de la

segunda edición, Ariel, Barcelona, 1999, p. 214.

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instancias de decisión política es, de un tiempo a esta parte, una de las razones
que ha venido a justificar, adicionalmente, la directa atribución constitucional de
facultades normativas a órganos diversos de aquellos que disfrutan de la
legitimidad democrática directa de la cual les provee el origen de su integración a
través del ejercicio del derecho al sufragio por parte de los ciudadanos, justamente
con el propósito, determinado por el propio Constituyente, de garantizar que cierto
tipo de reglamentaciones, a las cuales se pretende dotar de un contenido
fundamentalmente técnico, puedan ser expedidas por órganos que mantengan la
necesaria autonomía sin perjuicio de la necesaria e imprescindible coordinación y
colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado tanto respecto del
Congreso como en relación con el Ejecutivo. A esa tendencia, claramente
identificable en el derecho comparado como se verá más adelante, no se ha
mantenido ajena la Carta Fundamental Colombiana a partir del año 1991, en la
cual será dable encontrar, por tanto, no sólo reservas que el Constituyente ha
realizado en favor de la ley para la normación de determinadas materias, sino
también reservas que la Norma Fundamental ha previsto, para el mismo efecto, en
favor del reglamento administrativo.

18. Por consiguiente, resulta claro para la Sala que la Resolución No. 650 de 2019
de la UPME, no es un simple acto de ejecución, sino que modifica el ordenamiento
en tanto, crea, modifica o extingue una situación jurídica, al disponer en un período
específico uno de los elementos para la determinación de la obligación del pago de
las regalías, como se explicó en el acápite precedente.

19. Por lo anterior, según el inciso segundo del artículo 138 del CPACA, el término
de caducidad en el presente asunto se contabiliza con la publicación62 de este último
acto –Resolución 650 del 30 de diciembre de 2019–, lo cual ocurrió en el Diario
Oficial 51.182 de esa misma fecha, por lo que el término para demandar transcurrió,
inicialmente, entre el 31 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020.

No obstante, dicho término se suspendió cuando faltaban 34 días para que
feneciera, en virtud del Decreto Legislativo 564 de 202063, en concordancia con los

62 Aunque la norma –inciso segundo del artículo 138 de CPACA– refiere el término «notificación», lo que indica

la forma de publicidad de los actos administrativos particulares, no se puede pasar por alto que en el presente
asunto el acto de regulatorio –Resolución 650 de 2019– tiene el carácter de acto administrativo general, por
lo que no está sujeto al requisito de notificación, sino de publicación por expresa previsión reglamentaria –
artículo 4 de la Resolución 887 de 2014–, a saber «Para efecto de la publicación de las resoluciones de precios
de los minerales para la liquidación de las regalías, la UPME deberá hacerlo en la última semana de cada
trimestre en el Diario Oficial y para efectos informativos deberá incorporarlas, en un lugar visible al acceso
principal de su página web».
63 Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. (…)
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de
control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o
años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de
la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en
que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante,
cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la
prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado

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Acuerdos No. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y No. PCSJA20-11567 del 5 de
junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura64, entre el 16 de marzo hasta
el 30 de junio de 202065. Sin embargo, durante este período la parte demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de abril y 16 de junio de 2020,
es decir, para el momento en que se reanudaron los términos judiciales por causa
del COVID-19, esto es, el 1 de julio de 2020, la caducidad aún se encontraba
suspendida por el trámite de conciliación, tal como lo preveía el artículo 21 de la Ley
640 de 2001 –Estatuto de Conciliación vigente entonces–, en concordancia con el
artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 202066.

Dado que la audiencia se declaró fallida el 30 de septiembre de 2020 y en esa
misma fecha el Ministerio Público67 expidió la constancia respectiva, el término se
reanudó el 1 de octubre de 2020, fecha en la que se radicó la demanda68, por lo que
se concluye que se presentó dentro del plazo establecido en el literal d) del numeral
2 del artículo 164 del CPACA, en concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del
CPACA. Por consiguiente, se declarará no probada la excepción de caducidad
propuesta por la ANM.

Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa en el ejercicio del medio de control dispuesto en el
artículo 138 del CPACA, se reservó a toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo, previsto por una norma jurídica, con ocasión de la expedición de
un acto administrativo particular, de modo que podrá pedir que se declare su nulidad

a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente (se destaca).
64 En atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, el Consejo Superior de la

Judicatura, mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11517 del 15 de marzo 2020, ordenó la suspensión de los
términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 y, por medio del Acuerdo No. PCSJA20-11567 del 5 de junio
de 2020, ordenó su levantamiento a partir del 1 de julio de 2020.
65 En este escenario, al momento de la suspensión de términos restaban 34 días para que operara la caducidad

del medio de control, por lo que, al reanudarse dicho término, éste vencía el 3 de agosto de 2020.
66 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por

parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. (…)
Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. (…) Modifíquese el plazo
contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones
extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la
Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud de
convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad convocada, el
Comité de Conciliación contara con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión.
Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de
conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren
en trámite al momento de la expedición del mismo.
Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (se destaca).
67 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-46-Anexo 5.1.25. Constancia E-2020-296323 E-2020-

295936.pdf(.pdf)».
68 Ibidem. En el documento «ED-47-Resolución 650_20201001_Correo envio Demanda.pdf(.pdf)».

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y se restablezca el derecho; el afectado también podrá solicitar que se le repare el
daño.

En iguales términos, se puede solicitar la nulidad de un acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado. Así las cosas, en este
asunto la legitimidad está dada:

Por activa

21. La sociedad Consorcio Minero Unido S.A.69 está legitimada en la causa por
activa, porque es una empresa minera que desarrolla actividades de explotación de
carbón en la zona de La Jagua de Ibirico (departamento del Cesar), la cual alega
haber sido afectada por la expedición de las Resoluciones No. 887 del 26 de
diciembre de 2014 y No. 650 de 30 de diciembre de 2019 en sus apartes acusados,
actos en los que, respectivamente, se establecieron los términos y condiciones para
la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y
compensaciones por la explotación de carbón y se fijó los precios base de ese
mineral –en un período dado–, lo que se afirma en la demanda produjo una
afectación en su derecho, así como un daño consistente en el mayor valor pagado
por regalías, compensaciones y participaciones, conforme a las resoluciones
acusadas, por el primer trimestre del año 2020.

Por Pasiva

22. Le asiste legitimación en la causa por pasiva a la ANM y a la UPME, dada su
calidad de autoridades que expidieron los actos administrativos acusados –
Resoluciones No. 887 del 26 de diciembre de 2014 de la ANM y No. 650 del 30 de
diciembre de 2019 de la UPME–, las cuales se encontraban facultadas para
expedirlos –Ley 1530 de 2012, Decreto 4130 de 2011, Decreto 1258 de 2013 y
Resolución 887 de 2014–.

Si bien dichas entidades formularon la excepción de falta de legitimación en relación
con el acto que no dictaron, no se puede desconocer que, en el presente litigio,

69 Ibidem. En el documento «ED-5-Anexo 5.1.2. CertificadoCamaraComercio_CMU.pdf(.pdf)». En el que reposa

el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, en que
dentro de su objeto social se lee: La actividad de la industria minera en todas sus manifestaciones, en especial
la exploración, explotación, extracción, operación, transporte privado, excluido el aéreo, comercialización y
exportación de carbón, ya sea directamente o con el concurso de otras personas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras.

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frente ambas disposiciones se formularon reparos concretos e, incluso,
consecuenciales, por lo que no se encuentra configurada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por esas entidades. Sin embargo,
conviene aclarar que en relación con su incidencia en la producción del supuesto
daño causado –legitimación material–, por determinar el sentido de la sentencia, no
se analizará ab initio, sino al adelantar el respectivo estudio de los cargos de nulidad
formulados, así como de la indemnización pedida por la expedición de dichos actos.

III. Marco normativo de la fijación de los precios base para liquidación de
regalías generadas por la explotación del carbón

23. La Constitución Política de 1991 otorgó estatus constitucional a la propiedad
estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables –artículo 332–, su
aprovechamiento y desarrollo sostenible –artículo 80–, así como una
contraprestación económica inherente a favor del Estado por su explotación –
artículos 331, 360 y 361–. En relación con este último aspecto, el artículo 360
encargó al legislador definir las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables y estableció que, en cualquier caso y sin perjuicio de otros
derechos o compensaciones acordadas, dicho aprovechamiento siempre generará
una contraprestación económica a favor del Estado, denominada regalía.

24. En la Ley 141 de 1994, por la cual se creó el Fondo Nacional de Regalías y su
respectiva Comisión, se reguló el derecho del Estado a percibir regalías por la
explotación de recursos naturales no renovables y se establecieron reglas para su
liquidación. El artículo 16 estableció como regalía por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en
boca o borde de mina o pozo, según corresponda, un porcentaje determinado en
dicha norma70 y el artículo 22 sentó los parámetros para la fijación del precio del
carbón, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 22. En la fijación del precio básico en boca o borde de mina para el
carbón que se consuma en el país, el Ministerio de Minas y Energía tendrá en
cuenta, entre otros criterios, los precios promedios vigentes en el semestre que se
liquida, la calidad del carbón y las características del yacimiento. Para el que se
destine al mercado externo, se tomará como base el precio promedio ponderado

70 Artículo 16. Monto de las regalías. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 2002. El nuevo

texto es el siguiente:> Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no renovables de
propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según corresponda, el
porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: // Carbón (explotación mayor a 3 millones de toneladas
anuales) 10% // Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5% // Níquel 12% // Hierro y
cobre 5% // Oro y plata 4% // Oro de aluvión en contratos de concesión 6% // Platino 5% // Sal 12% // Calizas,
yesos, arcillas y grava 1% // Minerales radioactivos 10% // Minerales metálicos 5% // Minerales no metálicos 3%
// Materiales de construcción 1% (…).

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del precio FOB en puertos colombianos en el semestre que se liquida, descontando
los costos de transporte, manejo y portuarios.

25. Además, las Leyes 488 de 199871 y 685 de 2001 –Código de Minas–72
instauraron algunos aspectos relacionados con el régimen de las regalías. Al
respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
considerado los siguientes elementos principales y relevantes de dicha materia, a
saber73:

(i) La regalía es una contraprestación económica obligatoria por mandato
constitucional y legal, que se causa por toda explotación de recursos naturales no
renovables, incluyendo la captación de minerales provenientes de medios o
fuentes naturales que técnicamente se consideren minas, y que corresponde a un
porcentaje fijo o progresivo del producto bruto explotado objeto del título minero y
sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, y
posteriormente, declarado y pagado a favor del Estado en dinero o en especie74.
(ii) El precio base para la liquidación de las regalías es definido por el Ministerio de
Minas y Energía mediante actos de carácter general75, facultad que fue delegada
con la Resolución 8-0006 del 5 de enero de 2000 en la Unidad de Planeación
Minero Energética -UPME-76, unidad administrativa especial adscrita a esa cartera
ministerial77.

(iii) Para el caso del precio básico en boca o borde de mina, esto es, el valor en la
zona o área donde se explota el mineral extraído antes de agregar cualquier
transporte o proceso78, la UPME, en su función de establecer los precios de los
diferentes minerales para efectos de la liquidación y pago de las regalías a cargo
de los titulares mineros, debe tener en cuenta -entre otros-79:
(a) Para el carbón de consumo nacional, los precios promedios vigentes en
el semestre que se liquida, utilizando una muestra representativa de las
minas que explotan carbón con destino al consumo nacional, así como la

71 Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades

Territoriales y en la que el parágrafo de su artículo 142, dispuso: Las regalías mínimas por la explotación de
recursos naturales no renovables de propiedad nacional, distintas del oro, plata y el platino, continuarán
rigiéndose por la Ley 141 de 1994.
72 ARTÍCULO 227. LA REGALÍA. De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política,

toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una regalía como
contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado
objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero
o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales
que técnicamente se consideren minas.
En el caso de propietarios privados del subsuelo, estos pagarán no menos del 0.4% del valor de la producción
calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se recaudarán
y distribuirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno reglamentará lo pertinente a
la materia -.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2024, expediente 62847

[fundamento jurídico 13], C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
74 Original de cita: Código de Minas, artículos 226 y 227. Ley 141 de 1994, artículo 13.
75 Original de cita: Ley 141 de 1994, artículo 19. Así mismo, el artículo 5, numeral 22, del Decreto 0070 de 2001

establecía que además de las funciones previstas en la Constitución Política, en el artículo 61 de la Ley 489 de
1998 y en las demás disposiciones legales, el Ministerio de Minas y Energía tiene a su cargo “Fijar los precios
de los diferentes minerales e hidrocarburos para efectos de la liquidación de regalías”.
76 Original de cita: “Artículo Segundo - Delegar en la Unidad de Planeación Minero Energética la función de fijar

por medio de resolución los precios de los diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías”.
77 Original de cita: A través de la Ley 143 de 1994, se complementó la reglamentación UPME en el sentido de

precisar que tendría el carácter de “Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía,
con patrimonio propio y personería jurídica y con regímenes especiales en materia de contratación, de
administración de personal, de salarios y de prestaciones y con autonomía presupuestal”.
78 Original de cita: Resolución 8-0760 de 2001, “Por la cual se determinan los criterios que deben tenerse en

cuenta para la fijación del precio base de los minerales para la liquidación de regalías y se adiciona la Resolución
8 0006 del 5 de enero de 2000”. Artículo 1, numeral 1, literal A, definiciones.
79 Original de cita: Resolución 8-0760 de 2001, artículo 1 y artículo 22 de la Ley 141 de 1994.

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calidad del carbón y las características del yacimiento; además podrá,
cuando lo considere pertinente, calcular precios bases regionales.
(b) Para el mercado externo, se debe tomar como base el precio promedio
ponderado del precio FOB [free on board «franco a bordo»] en puertos
colombianos, esto es, el precio franco a bordo de conformidad con los
Incoterms publicados por la Cámara de Comercio Internacional, en el
semestre que se liquida, descontando los costos de transporte, manejo y
portuarios.
(iv) Las regalías por explotación de carbón se declaran y pagan en dinero
trimestralmente, de manera que toda persona natural o jurídica que desarrolle esta
actividad, a cualquier título, está obligada a presentar directamente ante la
autoridad minera dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación
de cada trimestre calendario, bajo los formularios definidos por la Entidad, una
declaración de la producción de carbón, indicando la jurisdicción municipal de
donde se extrajo y liquidando la regalía que le corresponde pagar de acuerdo con
(a) la producción declarada, (b) el precio del mineral para la liquidación de regalías
fijado por la UPME y (c) el porcentaje establecido en la Ley 141 de 199480, que
para el caso del carbón corresponde al 5%, o al 10% cuando la explotación fuere
mayor a 3 millones de toneladas anuales81.

26. En desarrollo de la anterior preceptiva, el Ministerio de Minas y Energía expidió
la Resolución 80006 de 2000, por la cual delegó, entre otros asuntos, en la Unidad
de Planeación Minero Energética–UPME la función de fijar, por medio de resolución,
los precios de los diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías. En
virtud de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República en
la Ley 1444 de 201182, se expidió el Decreto 4130 de 2011, que reasignó a la UPME
las funciones de: i) desarrollar y mantener un sistema adecuado de información
sectorial para el uso de las autoridades y del público en general, asignada al
Ministerio de Minas y Energía en el numeral 16 del artículo 3º del Decreto 70 de
2001; y ii) fijar los precios de los diferentes minerales para efectos de la liquidación
de regalías, asignada al Ministerio de Minas y Energía en el numeral 22 del artículo
5° del Decreto 70 de 200183.

27. En ese contexto, se observa que correspondía a la UPME fijar los precios base
de la liquidación de las regalías de los minerales, entre estos los del carbón, con
base en los criterios establecidos para ese entonces por el Ministerio de Minas y
Energía.

28. No obstante, en el año 2011 se expidió el Acto Legislativo 05 del 18 de julio, por

80 Original de cita: Decreto 600 de 1996, artículos 4, 5 y 6.
81 Original de cita: Artículo 16 de la Ley 141 de 1994.
82 Por la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la

República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación y se dictan otras disposiciones.
83 Funciones que se mantuvieron en el Decreto 1258 de 2013, expedido por el Ministerio de Minas y Energía,

por el cual se modificó la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Publicado en el
Diario Oficial No. 48.824 del 17 de junio de 2013.

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el cual se constituyó el Sistema General de Regalías y se modificaron los artículos
360 y 361 de la Constitución Política. Dicho cambio normativo tuvo como fin
actualizar el régimen de regalías, lo que condujo a la expedición de la Ley 1530 de
201284, la cual dispuso, entre otros aspectos, que –artículo 12– para los efectos
previstos en el inciso segundo del artículo 360 de la Constitución Política, el ciclo de
generación de regalías y compensaciones comprende las actividades de
fiscalización, liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros a los
beneficiarios de las asignaciones y compensaciones directas.

29. Asimismo, frente a la liquidación de las regalías –artículo 14–, se dispuso que
se entendía como el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas
con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período
determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación,
tasa representativa del mercado y porcentajes de participación de regalía por
recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley y en los
contratos. Además, estableció que las regalías se causan al momento en que se
extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina
y en borde de mina. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería quedaron como las máximas
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación,
según el recurso natural no renovable de que se trate.

30. En relación con los precios base de liquidación de regalías y compensaciones –
artículo 15–, previó que correspondía a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la
Agencia Nacional de Minería señalar, mediante actos administrativos de carácter
general, los términos y condiciones para la determinación de los precios base de
liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de los
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo pactado en los contratos
vigentes a la fecha de promulgación de esa ley. Para tal efecto, se debían tener en
cuenta la relación entre producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los
costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según
corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente apropiada para
llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

84 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011.

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31. Así, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, la ANM expidió en
un principio la Resolución 855 del 24 de diciembre de 201385, la cual fue derogada
por la Resolución 887 del 26 de diciembre de 201486, que estableció los términos y
condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías
y compensaciones por la explotación de carbón.

32. En la actualidad, el Sistema General de Regalías se encuentra desarrollado en
la Ley 2056 de 202087, la cual entró a regir a partir del 1 de enero de 2021 –artículo
221–, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos
199 –correctivos y sancionatorios– y 200 –preventivo– previstos en dicha normativa,
y que introdujo cambios en dicho sistema, en particular, en relación con la
determinación de los precios base de liquidación de regalías y compensaciones –
artículo 19–, aspecto al que se hará alusión.

Con fundamento en el marco normativo expuesto en precedencia, corresponde a la
Subsección abordar el análisis de las pretensiones de la demanda.

IV. Caso concreto

Primer cargo de nulidad. Infracción del artículo 360 de la Constitución Política

33. Dentro de las causales que el CPACA dispone para la anulación de los actos
administrativos, se encuentra la infracción de las normas en que deberían fundarse,
es decir, si el contenido del acto administrativo no se encuentra conforme con la
Constitución o la ley es nulo, lo cual se configura por «i) falta de aplicación, ii)
aplicación indebida o, iii) interpretación errónea»88.

85 Publicada en el Diario Oficial No. 49.014 del 24 de diciembre de 2013.
86 Publicada en el Diario Oficial No. 49.377 del 27 de diciembre de 2014. En los considerandos de este acto se

consignó que: Que en la aplicación de la Resolución número 0855 de diciembre 24 de 2013, se han presentado
diferentes observaciones realizadas por los agentes económicos que utilizan en sus operaciones las
resoluciones de precios emitidas por la UPME, que llevaron a evaluar la necesidad de cambiar la Resolución
número 0855 de diciembre 24 de 2013, para ello, se consultó la opinión de la UPME y del Ministerio de Minas
y Energía (…). Que una vez identificados los contenidos que deben cambiarse en la Resolución número 0855
del 24 de diciembre de 2013 por las diferentes entidades del sector, se recibieron observaciones de la UPME y
el Ministerio de Minas y Energía, las cuales fueron tenidas en cuenta evidenciando la necesidad de expedir una
nueva resolución que adopte los aspectos no contenidos en la resolución objeto de cambio;
87 Promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30 de septiembre de 2020.
88 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, expediente 16660 [fundamento

jurídico 2], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Al respecto, se consideró lo siguiente: Según la doctrina
judicial del Consejo de Estado, ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma,
ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o
sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez
acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el
espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma pero cree, equivocadamente, que
no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de
aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al
caso.

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34. En el presente asunto, la parte demandante alega que los apartes de los actos
acusados –Resoluciones 887 de 2013 y 650 de 2019– son nulos, porque
contravienen el artículo 360 de la Constitución Política en que debían fundarse, en
la medida en que desconocen lo ordenado en el régimen constitucional «en materia
de regalías, cual es el de fijar un PRECIO EN BOCA DE MINA, y no el precio más
alto del mercado, aunque no sea el mercado del carbón producido», por lo que no
se podía ordenar el pago de las regalías de carbón destinado a la exportación, sobre
la base de un precio distinto al precio en boca de mina del carbón de exportación,
definiendo uno más alto y causando graves perjuicios económicos a los titulares
mineros.

35. Como bien se reseñó, la Constitución Política de 1991 –desde su redacción
original– otorgó estatus constitucional a la propiedad estatal del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables –artículo 332–89, su aprovechamiento y desarrollo
sostenible –artículo 80–, así como una contraprestación económica inherente a
favor del Estado por su explotación –artículos 331, 360 y 361–. No obstante, con la
expedición del Acto Legislativo 05 del 18 de julio de 2011, se constituyó el Sistema
General de Regalías y se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política. Dicho cambio normativo tuvo como fin actualizar el régimen de regalías y
estableció lo siguiente:

Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor
del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las
condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución,
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación
de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no
renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistema General de Regalías.

Por ello, es claro que en este precepto se encargó al legislador para definir las

Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o
preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el
asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.-
Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la
norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre
la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede
cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los
entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador
le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.
89 En concordancia con el artículo 333 de la Constitución que prevé: La actividad económica y la iniciativa

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley. (…).
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.

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condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables y dispuso
que, en cualquier caso y sin perjuicio de otros derechos o compensaciones
acordadas, dicho aprovechamiento siempre generará una contraprestación
económica a favor del Estado, denominada regalía. Como también para establecer,
a través de otra ley, las condiciones de participación de los beneficiarios de esos
recursos –artículo 361 de la Constitución–.

36. En esa medida, no se observa que en la disposición constitucional analizada,
modificada por el Acto Legislativo 05 de 2011, se estableciera, como lo afirma el
demandante, que el precio de la regalía se fija en boca de mina, ya que dicho
aspecto correspondía desarrollarlo a la ley, junto con las demás condiciones para la
explotación de los recursos naturales no renovables, lo cual ocurrió con la
expedición de la Ley 1530 de 201290 –vigente en la época de los hechos que
originan la controversia–.

37. Por lo anterior, en los términos del cargo de nulidad planteado, los apartes de
los actos acusados –Resoluciones 887 de 2014 y 650 de 2019– no tiene vocación
de prosperidad, ya que el artículo 360 de la Constitución Política no estableció de
manera expresa la forma en que se determina el precio de las regalías por la
explotación de los recursos naturales no renovables, en particular la de carbón. En
ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que91:

(…) el régimen jurídico de las regalías se encuentra en parte constitucionalizado
pues, tal y como esta Corte lo ha destacado, la Carta establece un contenido
esencial del régimen de regalías que debe ser respetado por el Legislador. Sin
embargo, a pesar de esa constitucionalización parcial del régimen de regalías, la
Constitución no fija directamente muchos elementos de dicho régimen, pues no
establece los criterios para determinar cuál es el valor que deben tener esas
regalías ni regula detalladamente las formas de reparto. Por ello, en numerosas
sentencias, esta Corte ha indicado que el legislador goza de una amplia libertad
para fijar el monto de las regalías y determinar los derechos de participación de las
entidades territoriales en esas regalías92. Por ejemplo, la sentencia C-567 de 1995
precisó que “la ley puede determinar el monto y la (sic) cuantías de los derechos
de las entidades territoriales a participar en las regalías y compensaciones sobre
la explotación de los recursos naturales no renovables o, lo que es lo mismo, los

90 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011. Además, la mencionada ley fue derogada a partir del 1 de enero de 2021
por la Ley 2056 de 2020 -artículo 221-, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 -correctivos y
sancionatorios- y 200 -preventivo- de la Ley 2056 de 2020 (promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30
de septiembre de 2020).
91 Corte Constitucional, sentencia C-1087 del 3 de noviembre de 2004 [fundamento jurídico 5], M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto. Criterio reiterado en sentencia C-800 del 20 de agosto de 2008 [fundamento jurídico 3],
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
92 Original de cita: Ver, entre otras, las sentencias C-576 de 1995, C-221 de 1997, C-127 de 2000, C-207 de

2000 y C-293 de 2000.

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porcentajes de aquella participación.” Por su parte, la sentencia C-1548 de 2000,
Fundamento 6, recordó que “el Legislador goza de una muy amplia libertad para
fijar el monto de las regalías derivadas de la explotación de recursos no
renovables”.

En consecuencia, la Sala determina que este cargo no prospera.

Segundo cargo de nulidad. Infracción de las normas sobre regalías en que
debían fundarse los actos acusados

38. En relación con este cargo, la parte demandante señaló que las disposiciones
demandadas desconocieron el contenido de las leyes que regulan lo atinente al
concepto y base de cálculo de las regalías, entre estas, la Ley 141 de 1994, Ley
685 de 2001, Ley 756 de 2002 y la Ley 1530 de 2012, en las que se ha reconocido
en forma constante que la base para el cobro de regalías es el «valor de la
producción en boca o borde de mina o pozo». Por ello, alegó que el artículo 8 de la
Resolución No. 887 de 2014, como su aplicación en la Resolución No. 650 de 2019,
desconocieron las normas de rango legal en que debía fundarse, así como la
dinámica y características que tiene el mercado internacional del carbón térmico y
los costos inherentes a la cadena de comercialización internacional de carbón.

39. Por su parte, la ANM indicó que la prohibición prevista en el artículo 8 de la
Resolución No. 887 de 2014, la cual impide que el precio base para la liquidación
de regalías y compensaciones de carbón de exportación sea inferior al fijado para
el carbón de consumo interno, no resulta «novedosa» en la medida en que afirma
fue inicialmente establecida en el artículo 11 del Decreto 600 de 1996, por lo que no
resulta caprichosa o arbitraria, sino que «la misma se edifica bajo el entendido que
la contraprestación que recibe el Estado, a título de regalía, por el agotamiento de
sus recursos naturales no renovables no podía ser inferior a la que se paga frente
a los minerales consumidos internamente pues sería realmente ilógico e injusto que
aquellos minerales que son disfrutados por nacionales colombianos en sus
procesos productivos que propenden, finalmente, por el beneficio de la población
en general, paguen más que aquellos minerales de exportación cuyo beneficio final
no va a ser disfrutado por los habitantes de Colombia».

40. Al respecto, resulta importante destacar que, tal como se reseñó en precedencia
[Marco normativo de la fijación de los precios base para liquidación de regalías
generadas por la explotación del carbón], en la Ley 141 de 1994, por la cual se creó
el Fondo Nacional de Regalías y su respectiva Comisión, se reguló el derecho del

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Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y
se establecieron reglas para su liquidación.

Así, en el artículo 16 se señaló que la regalía por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad nacional corresponde a un porcentaje
determinado sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo 93,
mientras que el artículo 22 estableció los parámetros para la fijación del precio del
carbón, atendiendo a si dicho mineral era para el consumo interno o destinado al
mercado externo94.

41. Por su parte, la Ley 685 de 2001 –Código de Minas– determinó en su artículo
227 que de conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política,
toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera
una regalía como contraprestación obligatoria, la cual consiste en un porcentaje, fijo
o progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus
subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero
o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.

42. De esta manera, la Ley 1530 de 201295, por la cual se reguló la organización y
el funcionamiento del Sistema General de Regalías, dispuso, entre otros aspectos,
que –artículo 12– para los efectos previstos en el artículo 360 de la Constitución
Política, el ciclo de generación de regalías y compensaciones comprende las
actividades de fiscalización, liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros
a los beneficiarios de las asignaciones y compensaciones directas.

93 Ley 141 de 1994. Artículo 16. Monto de las regalías. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de

2002. El nuevo texto es el siguiente:> Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según
corresponda, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: // Carbón (explotación mayor a 3 millones
de toneladas anuales) 10% // Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5% // Níquel 12%
// Hierro y cobre 5% // Oro y plata 4% // Oro de aluvión en contratos de concesión 6% // Platino 5% // Sal 12%
// Calizas, yesos, arcillas y grava 1% // Minerales radioactivos 10% // Minerales metálicos 5% // Minerales no
metálicos 3% // Materiales de construcción 1% (…).
94 Ley 141 de 1994. Artículo 22. En la fijación del precio básico en boca o borde de mina para el carbón que se

consuma en el país, el Ministerio de Minas y Energía tendrá en cuenta, entre otros criterios, los precios
promedios vigentes en el semestre que se liquida, la calidad del carbón y las características del yacimiento.
Para el que se destine al mercado externo, se tomará como base el precio promedio ponderado del precio FOB
en puertos colombianos en el semestre que se liquida, descontando los costos de transporte, manejo y
portuarios.
95 Promulgada en el Diario Oficial No. 48.433 del 17 de mayo de 2012. Con anterioridad a esta norma y en uso

de las facultades extraordinarias conferidas en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se
habilitó al Gobierno Nacional a expedir decretos transitorios con fuerza de ley para garantizar la operación del
Sistema General de Regalías, lo que produjo el Decreto legislativo 4923 de 2011, publicado en el Diario Oficial
48.294 del 26 de diciembre de 2011. Además, la mencionada ley fue derogada a partir del 1 de enero de 2021
por la Ley 2056 de 2020 -artículo 221-, a excepción de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 -correctivos y
sancionatorios- y 200 -preventivo- de la Ley 2056 de 2020 (promulgada en el Diario Oficial No. 51.453 del 30
de septiembre de 2020).

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Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Por ello, en relación con la liquidación de las regalías –artículo 14–, se dispuso que
se entendía como el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas
con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período
determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación,
tasa representativa del mercado y porcentajes de participación de regalía por
recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley y en los
contratos. Además, previó que «Las regalías se causan al momento en que se
extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina
y en borde de mina».

43. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
considerado que:

(…) el legislador encuentra un espacio para desarrollar el concepto de regalía en
el ordenamiento jurídico colombiano, siempre, se reitera, en acuerdo con los
elementos que son definidos en el nivel constitucional. En ejercicio de esta facultad
se previó en el artículo 16 de la ley 756 de 2002 el monto al que ascenderían las
regalías; en el artículo 16 de la ley 1530 de 2012 que las mismas puedan ser
pagadas en dinero o en especie; y en el artículo 15 del mismo cuerpo normativo la
forma en que las mismas se liquidarán. Respecto de este último punto se prevé
que para establecer el valor de las regalías se “tendrán en cuenta la relación entre
producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte,
manejo, trasiego, refinación y comercialización, según corresponda con el objeto
de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a los precios en
borde o boca de pozo o mina” y dicha determinación se realizará por actos
administrativos que, a su vez, sigan las pautas dadas por el legislador.
(…)
Se reitera que con lo anterior no se sostiene que la libertad de configuración
legislativa avale una distribución arbitraria o caprichosa de los dineros de las
regalías. Lo que se resalta ahora es que ante los elementos definidos por la
Constitución, es el legislador el que debe determinar asuntos como si las regalías
se pagan en especie o en dinero; cuáles son los elementos que determinan el valor
con el que se calculan las regalías; cual es el proceso en que las mismas (sic) se
comercializan; qué ente es el que asume el riesgo de dicha comercialización; entre
otros.

En este sentido, el legislador colombiano optó porque el valor de las regalías se
calcularan a borde o boca de pozo o de mina; ii) porque las mismas (sic) se
pudiesen pagar en dinero o en especie; iii) porque la comercialización de las
mismas (sic) quedaran a cargo de un ente centralizado –la ANH o la ANM-; y iv)
porque este ente fuera un ente público y no privado96.

137. La regalía es una obligación cuya fuente es la Constitución Política. En el
caso de las regalías, el mandato imperativo previsto en el artículo 360 de la
Constitución Política es la fuente de la obligación de pago de las regalías. Sea cual
fuere el mecanismo que escoja el legislador para explotar los RNNR [Recurso
Naturales No Renovables], en todos los casos en los que se cumpla la condición,
cual es la explotación de RNNR, se causará el derecho a favor del Estado de
percibir una regalía.

138. En suma, las regalías se causan siempre por efecto de la explotación. Esta
96 Corte Constitucional, sentencia C-1055 del 6 de diciembre de 2012 [fundamento jurídico 6.2], M.P. Alexei

Julio Estrada.

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Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
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actividad consiste en extraer el recurso del suelo o el subsuelo, donde es propiedad
estatal, para luego trasladarlo a la boca del pozo, la boca o borde de mina, donde
pasa a ser de propiedad del explotador. Allí, en virtud del éxito en la explotación,
el particular explotador se convierte en titular de la propiedad del RNNR y en
deudor de un nuevo crédito, la regalía.
(…)
141. En contraste, en razón de la condición prevista en el artículo 360 de la
Constitución, el valor a pagar por concepto de regalía no depende del precio
efectivamente conseguido en el mercado, ni la comercialización es condición para
el nacimiento de la obligación. En este sentido, incluso en el evento en el que el
bien no fuera comercializado, el solo hecho de explotar el RNNR es el que da lugar
a la causación del derecho del Estado a percibir la contraprestación a título de
regalía y del explotador a pagarla.

142. En suma, analizados los artículos 80, 102, 332, 360 y 361 de la Constitución
Política, la Sala Plena concluye que las regalías son un derecho diferente al
derecho de propiedad que el Estado ostenta sobre los RNNR, consiste en una
contraprestación económica, que se causa a favor del Estado por efecto de la
explotación de los RNNR. De modo que la totalidad del RNNR explotado se
transmite del Estado al explotador a boca de pozo, boca o borde de mina según
corresponda, y se causa por efecto de esa explotación un derecho nuevo
denominado regalía. No es cierto que por mandato constitucional el Estado deba
conservar una porción de los RNNR explotados por los particulares autorizados
con ese propósito. Por el contrario, para la Corte es claro que, como resultado de
su explotación por un tercero, la propiedad estatal de los RNNR se transforma en
un derecho diferente al de la propiedad: el de la contraprestación económica
llamada regalía 97 (se precisa).

44. En efecto, a partir de la normativa y jurisprudencia en comento, la regalía es una
contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación 98 de los
recursos naturales no renovables que se causa al momento en que se extraen
dichos recursos, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en borde de mina,
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes. Por ello, el legislador
estableció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de
Minería señalarían, mediante actos administrativos de carácter general, los términos
y condiciones –parámetros– para la determinación de los precios base de
liquidación de las regalías y compensaciones. «Para tal efecto, se debían tener en
cuenta la relación entre producto exportado y de consumo nacional,
deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición
técnicamente apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o
mina»99 (se destaca).

97 Corte Constitucional, sentencia C-489 del 16 de noviembre de 2023 [fundamento jurídico C.], M.P. Jorge

Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger.
98 Corte Constitucional, sentencia C-800 del 20 de agosto de 2008 [fundamento jurídico 3.8], M.P. Manuel José

Cepeda Espinosa. En efecto, el concepto ‘explotación’, en el plano constitucional, no se circunscribe al proceso
físico de sacar del suelo o el subsuelo el recurso natural. Es decir, existe una diferencia entre el uso del concepto
‘explotación’ para hacer referencia a la actividad física de extraer un recurso, el cual constituye un proceso de
carácter natural que es objeto de regulación por parte de ley, y el uso constitucional del concepto, que hace
referencia al ‘derecho a explotar’, una figura de carácter jurídico que emana de los contratos en el ámbito minero.
99 Ley 1530 de 2012. Artículo 15, inciso 2.

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45. En cumplimiento de lo anterior, la ANM expidió, en un principio, la Resolución
855 del 24 de diciembre de 2013100, la cual fue derogada por la Resolución 887 del
26 de diciembre de 2014101, que estableció los términos y condiciones para la
determinación de los precios base de liquidación de las regalías y compensaciones
por la explotación de carbón. Actos en los que esa autoridad reglamentaria dispuso
incluir la previsión acusada en el presente asunto102, a saber:

Artículo 8°. Carbón de exportación. En ningún caso el precio base para la
liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación será inferior al
fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo, período de aplicación y
departamento. En tal sentido, el precio base será como mínimo igual al establecido
para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno.

46. Como fundamento de este artículo, se observa en la memoria justificativa del
acto, allegada al expediente junto con los antecedentes administrativos de la
Resolución No. 887 de 2014103, que dicha determinación fue objeto de observación
por parte de la Asociación de Productores de Carbón de Norte de Santander
(transcripción literal):

en el sentido de que en consideración a los precios bajos del carbón en el mercado
internacional y para el caso de los carbones de exportación, cuyo precio base para
el pago de las regalías se calcula partiendo de índices de precio internacional
descontando los costos de transporte, manejo y embarque para equipararlos al
precio en borde o boca de mina, siempre se aplique el precio que resulte de la
fórmula que se indica a continuación, aún para los casos en que el precio base
para liquidar la regalía de carbón de exportación resulte inferior al precio fijado
para liquidar la regalía del carbón de consumo interno del mismo tipo, período de
aplicación y departamento productor (…)

A lo que la ANM respondió en los siguientes términos (transcripción literal):

Sobre este particular se consideró por parte del grupo de estudio que no es posible
acceder a dicha solicitud, en razón a que el artículo 16 de la ley 141 de 1994
dispone que la regalía es un porcentaje del valor del mineral calculado en boca de
mina o pozo, y en consecuencia la regalía mínima que se debe pagar es la
calculada con el precio base en boca de mina para el carbón de consumo interno

100 Publicada en el Diario Oficial No. 49.014 del 24 de diciembre de 2013.
101 Publicada en el Diario Oficial No. 49.377 del 27 de diciembre de 2014. En los considerandos de este acto se

consignó que: Que en la aplicación de la Resolución número 0855 de diciembre 24 de 2013, se han presentado
diferentes observaciones realizadas por los agentes económicos que utilizan en sus operaciones las
resoluciones de precios emitidas por la UPME, que llevaron a evaluar la necesidad de cambiar la Resolución
número 0855 de diciembre 24 de 2013, para ello, se consultó la opinión de la UPME y del Ministerio de Minas
y Energía (…). Que una vez identificados los contenidos que deben cambiarse en la Resolución número 0855
del 24 de diciembre de 2013 por las diferentes entidades del sector, se recibieron observaciones de la UPME y
el Ministerio de Minas y Energía, las cuales fueron tenidas en cuenta evidenciando la necesidad de expedir una
nueva resolución que adopte los aspectos no contenidos en la resolución objeto de cambio;
102 En la Resolución 855 de 2013 se consignó igual disposición: Artículo 7°. Carbón de exportación. En ningún

caso el precio base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación será inferior al
fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo, periodo de aplicación y departamento. En tal sentido,
el precio base será como mínimo igual al establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo
interno.
103 Cfr. SAMAI, índice 64. Documento «161_110010326000202000097005RECIBEMEMORIAL20221213142

956».

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expedido para la misma región de origen y para el mismo tipo de carbón. Por lo
anterior y por tratarse de precios equiparables de carbones del mismo tipo y de la
misma zona de procedencia, la regalía se debe liquidar con base en el precio en
boca de mina con el que se calculan y pagan las regalías del carbón que se destina
al consumo interno. Aplicar un precio inferior para el carbón de exportación, aun
cuando los precios internacionales se encuentren muy bajos, se traduciría en un
subsidio a la exportación del carbón con cargo a las regalías que le corresponden
a la Nación por la explotación de minerales, lo cual se constituiría en un posible
detrimento patrimonial de las regalías de propiedad de la Nación.

47. El criterio citado fue expuesto también por la ANM, como por la ANDJE en su
intervención, al indicar que ese artículo no resultaba caprichoso o arbitrario, sino
que «se edifica bajo el entendido que la contraprestación que recibe el Estado, a
título de regalía, por el agotamiento de sus recursos naturales no renovables no
podía ser inferior a la que se paga frente a los minerales consumidos internamente,
pues sería realmente ilógico e injusto que aquellos minerales que son disfrutados
por nacionales colombianos en sus procesos productivos que propenden,
finalmente, por el beneficio de la población en general, paguen más que aquellos
minerales de exportación cuyo beneficio final no va a ser disfrutado por los
habitantes de Colombia».

En ese mismo sentido, se tiene el testimonio de Fernando José Arévalo Orozco104,
funcionario de la ANM en el grupo de Regalías y Compensaciones Económicas, que
dentro de sus funciones estaba la de liquidar las regalías de proyectos de interés
nacional del departamento del Cesar relativos al carbón. Según el declarante, se
buscaba poner un «piso» a los valores del mineral, en la medida en que los precios
de carbón para consumo externo no podían ser inferiores a los precios de consumo
interno o doméstico, y respaldar las finanzas del Estado; además, expuso la razón
por la que ante los valores volátiles en algunos recursos minero-energéticos, el
Estado los debía proteger, motivo por el cual existen las «metodologías piso», pero
es una medida proteccionista del Estado con relación a estas situaciones, por ese
motivo es claro que la metodología tiene una racionabilidad y el precio en bocamina
estaba inmersa en esta.

48. Por ello, no se puede obviar que el legislador –artículo 15 de la Ley 1530 de
2012– facultó a la ANM para expedir el reglamento105, es decir, definir los términos

104 Cfr. SAMAI, índice 61. Audiencia de pruebas del 9 de diciembre de 2022, minuto 00:42:18 y ss. En esa

misma audiencia también declaró Kelly Robles Noriega, testigo que, si bien tiene conocimiento con relación a
la forma de liquidación de la regalías y fijación del precio, no participaron en la expedición de los actos acusados.
Además, frente a todos los testimonios resulta importante destacar que no se limitó exclusivamente a los hechos
de la demanda, sino que se pretendió abarcar criterios jurídicos de la controversia -aspecto que compete
exclusivamente al juez de la causa-, y un componente de opinión de los declarantes sobre la correcta aplicación
o no de la metodología establecida por la ANM en los actos cuestionados.
105 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Op. Cit. Págs. 240 a 247; CASSAGNE,

Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen Jurídico. Op. Cit. Pág.120.

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y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las
regalías y compensaciones, potestad que se otorgó de manera amplia, lo cual
autorizaba la incorporación de parámetros técnicos para asegurar la estabilidad,
simetría y razonabilidad en la determinación del precio en boca o pozo de mina,
como ocurrió con el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, al disponer que «en
ningún caso el precio base (…) de carbón de exportación será inferior al fijado para
el carbón de consumo interno del mismo tipo, período de aplicación y
departamento» y que constituye un desarrollo metodológico permitido por la
normativa, ya que establece una condición mínima dentro del proceso técnico de
fijación del precio base sin alterar el punto de causación ni la estructura legal de la
contraprestación económica por la explotación de carbón.

49. Si bien, la normativa sobre esta materia –Leyes 141 de 1994, 685 de 2001, 756
de 2002 y 1530 de 2012–, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional106, dispone que la regalía se causa al momento en que se extraen
dichos recursos, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en borde de mina,
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes. Corresponde también a la
autoridad minera tener en cuenta la relación entre producto exportado y de
consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego,
refinación y comercialización, según corresponda, con la finalidad u objetivo de
establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a esos precios en borde
o boca de pozo o mina.

Último aspecto que ocurrió en este caso, debido a que el artículo 8 de la Resolución
No. 887 de 2014 al prescribir que el precio base de liquidación de regalías y
compensaciones para el carbón de exportación no podía ser inferior al fijado para
el carbón de consumo interno, atendió el marco legislativo de las regalías, el cual si
bien indica que los precios a efecto de determinar la contraprestación económica –
regalía– a favor del Estado se establecen en borde o boca de pozo o mina107;

106 Al respecto se pueden consultar: Corte Constitucional, sentencia C-1087 del 3 de noviembre de 2004, M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto; sentencia C-800 del 20 de agosto de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
sentencia C-1055 del 6 de diciembre de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada; sentencia C-489 del 16 de noviembre
de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
107 Ley 1530 de 2012. Artículo 14. Liquidación. Se entiende por liquidación el resultado de la aplicación de las

variables técnicas asociadas con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo
determinado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las condiciones
establecidas en la ley y en los contratos. (…) Las regalías se causan al momento en que se extrae el recurso
natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en borde de mina.
Artículo 15. Precios Base de Liquidación de Regalías y Compensaciones. La Agencia Nacional de Hidrocarburos
y la Agencia Nacional de Minería señalarán, mediante actos administrativos de carácter general, los términos y
condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y compensaciones producto
de la explotación de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes
a la fecha de promulgación de la presente ley.

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igualmente prescriben que, para tal fin, se debe tener en cuenta la relación entre
producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte,
manejo, trasiego, refinación y comercialización, según corresponda, con el objetivo
de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a los precios en borde
o boca de pozo o mina.

Es así como la directriz adoptada en el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, exige
comparar ambos mercados y valorar posibles distorsiones entre ellos, lo que se
materializó en el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014 de la ANM, al evitar que,
por efectos coyunturales del mercado internacional, el valor asignado al carbón
exportado resulte inferior al del mismo mineral destinado al consumo interno, bajo
unas condiciones específicas, es decir, el tipo de carbón, período de aplicación y
origen. La regla opera, por tanto, como una aplicación concreta del mandato legal
de ponderar la relación entre mercados para garantizar consistencia y
proporcionalidad en la determinación del precio base.

50. Además, con dicha disposición proferida por la ANM, se ejerció la potestad
reglamentaria que la Ley 1530 de 2012108 le confirió a esa entidad para definir,
mediante actos administrativos de carácter general, «los términos y condiciones
para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y
compensaciones», en la medida en que, tal como lo ha considerado la Corte
Constitucional, es el legislador el que «goza de una muy amplia libertad para fijar
el monto de las regalías derivadas de la explotación de recursos no renovables»109,
por lo que la reglamentación debe estar acorde con la normativa sobre la materia y
encuentra su límite en esta.

51. Dicha amplia libertad legislativa, se puede ejemplificar en la Ley 2056 de 2020110
que regula en la actualidad la organización y el funcionamiento del Sistema General
de Regalías, en la que, en el parágrafo primero del artículo 19, frente a los precios
base de liquidación de regalías y compensaciones, estableció que: El precio base
de liquidación de las regalías de los minerales de exportación podrá ser inferior al
del precio base de liquidación de regalías del mismo mineral de consumo interno si,

Para tal efecto, tendrán en cuenta la relación entre producto exportado y de consumo nacional,
deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según corresponda con
el objeto de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a los precios en borde o boca
de pozo o mina (se destaca).
108 Esta ley fue derogada a partir del 1 de enero de 2021 por la Ley 2056 de 2020 -artículo 221-, a excepción

de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la transitoriedad de los procedimientos administrativos a
que se refieren los artículos 199 -correctivos y sancionatorios- y 200 -preventivo- de la Ley 2056 de 2020.
109 Corte Constitucional, sentencia C-1548 del 21 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
110 Promulgada en el Diario Oficial 51.453 del 30 de septiembre de 2020, la cual empezó a regir a partir del 1

de enero de 2021 -artículo 211-.

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al aplicar la metodología para la fijación del precio base de liquidación y pago de
regalías, así resultare como consecuencia de las condiciones de mercado del
período en que deba aplicarse. Lo que descarta en estos momentos la problemática
que se planteó en el proceso de la referencia y se establece un límite a la potestad
reglamentaria a cargo de la ANM. Frente a esta disposición –artículo 19 de la Ley
2056 de 2020–, no hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, por lo que
goza de la presunción de constitucionalidad, la cual, «constituye una garantía
indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de democracia
representativa, en el cual la soberanía popular se ejerce a través del legislador»111.

52. En relación con el argumento de la ANM sobre el hecho de que la equiparación
de precios base de regalías no era «novedosa» ya que había sido establecida desde
el artículo 11 del Decreto 600 de 1996112, conviene destacar que esa disposición lo
que preveía era que, en relación con el carbón destinado a la exportación, cuando
el productor haya efectuado el pago de la regalía utilizando el precio establecido
para el de consumo interno, corresponderá al exportador abonar la diferencia e
informar sobre la procedencia de la producción, con fines de distribución y
transferencias.

Por ello, para la Sala no es de recibo la interpretación planteada por la ANM, en
atención a que, de la lectura de dicha normativa, el supuesto planteado en el artículo
11 del Decreto 600, impone una obligación a cargo del responsable de la regalía de
pagar efectivamente el valor que corresponda y no uno menor a su arbitrio, ello
acorde con el valor del mineral para la liquidación fijado para esa época por el
Ministerio de Minas y Energía y el porcentaje establecido en la Ley 141 de 1994 –
artículo 4 del Decreto 600 de 1996–, sin que se contemplara un alcance igual o
similar al examinado en el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014.

111 Corte Constitucional, sentencia C-874 del 15 de octubre de 2002 [fundamento jurídico 1.1]. En esa
providencia se reitera el argumento expuesto por esa misma Corporación en la sentencia C-236 del 20 de mayo
de 1997 [fundamento jurídico 3], M.P. Antonio Barrera Carbonell, en la que señaló: Cuando el ciudadano pone
en movimiento el control constitucional por la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las
normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de
determinar con toda claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la
Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda
extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo
que no puede ser admitido es que bajo una interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo
normativo se puedan deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la Constitución, por la manera en que
el legislador reguló una determinada materia.
112 Artículo 11. Diferencia de la regalía, para carbón de exportación. En el caso del carbón de exportación,

cuando el productor haya pagado la regalía con base en el precio fijado para el consumo interno, el exportador
deberá pagar la diferencia e indicar la procedencia de la producción, para efectos de distribución y
transferencias.
Si aún no se ha causado el trimestre correspondiente a esa producción, el exportador estará obligado a pagar
ante Ecocarbón la regalía por la totalidad del volumen a exportar.
Para tal fin, deberá diligenciar el formulario diseñado por la entidad, indicando la procedencia y cantidad del
carbón, el nombre del productor y mina. Ecocarbón expedirá un certificado de Retención de Regalía Carbonífera
con destino al productor, que deberá ser presentado por éste con la declaración del trimestre.

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53. Por consiguiente, la Subsección considera que el artículo 8 de la Resolución No.
887 del 26 de diciembre de 2014, proferida por la ANM, no infringió la normativa de
orden superior sobre regalías –Leyes 141 de 1994, 685 de 2001, 756 de 2002 y, en
particular, la Ley 1530 de 2012– en que debía fundarse, por lo que no declarará su
nulidad, en atención a que, como se explicó, el legislador fue claro al indicar que las
regalías se causan al momento en que se extraen los recursos naturales no
renovables, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en borde de mina, sin
perjuicio que la autoridad minera debe tener en cuenta la relación entre producto
exportado y de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo,
trasiego, refinación y comercialización, según corresponda, con la finalidad u
objetivo de establecer la definición técnicamente apropiada para llegar a esos
precios en borde o boca de pozo o mina, como ocurrió en este asunto.

54. En esa medida, dado que el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014, no
reconfigura la base de la regalía, sino que configura un parámetro técnico autorizado
por la ley para garantizar que el precio base se mantenga dentro de márgenes
razonables y comparables, en cumplimiento del mandato de establecer «términos y
condiciones» para su determinación y de asegurar una definición técnicamente
apropiada en boca de mina, este preciso cargo de nulidad tampoco tiene vocación
de prosperidad, por lo cual debe desestimarse y procede la Sala a abordar el estudio
la Resolución No. 650 de 2019, por la cual la UPME fijó los precios base de
liquidación de regalía de carbón para el primer trimestre del 2020.

Tercer cargo de nulidad. Infracción de los artículos 2 y 8 de la Resolución No.
887 de 2014 de la ANM con la expedición de la Resolución No. 650 de 2015

55. Frente a este cargo, la demanda sostiene que las autoridades mineras –ANM y
UPME– no cumplieron con todos los requisitos o factores previstos en el artículo 8
de la Resolución No. 887 de 2014 para su aplicación en el primer trimestre de 2020,
al fijar el precio base de liquidación de regalías del carbón, debido a que dicha
disposición determinó que el precio base de la liquidación del carbón de exportación
no podía ser, en ningún caso, menor al previsto para el carbón del consumo interno
«del mismo tipo, periodo de aplicación y departamento», normatividad que fue
vulnerada con la expedición de la Resolución No. 650 de 2019, por el hecho de
haber equiparado el valor del carbón térmico de consumo interno con el de
exportación para el sector de La Jagua de Ibirico del departamento del Cesar,
atendiendo lo expresado por el ANM, como autoridad que expidió el reglamento.

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56. Del material probatorio obrante en el expediente, se evidencia que el 30 de
diciembre de 2019, la UPME, en ejercicio de sus facultades legales, expidió la
Resolución 650113, por la cual se determinaron los precios base para la liquidación
de regalías de carbón aplicables al primer trimestre del año 2020, en la que
estableció el mismo precio base para el carbón térmico de exportación que para el
del carbón térmico de consumo interno, así:

Como sustento de la anterior determinación, en la parte considerativa del acto, la
UPME consignó (transcripción literal):

Que mediante Resolución ANM No. 0887 de diciembre 26 del 2014: la Agencia
Nacional de Minería derogó la Resolución ANM No. 0885 de diciembre 24 del 2013,
estableciendo los nuevos términos y condiciones para la determinación precios
base de liquidación de las regalías y compensaciones por la explotación de carbón,
cuya aplicación sería a partir del segundo trimestre de 2015.

Que el Artículo 8º de la precitada resolución, determinó que “...En ningún caso el
precio base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de
exportación será inferior al fijado para el carbón de consumo interno del mismo
tipo, período de aplicación y departamento. En tal sentido, el precio base será
como mínimo igual al establecido para la liquidación de regalías del carbón de
consumo interno...”

Que la Agencia Nacional de Minería -ANM, mediante oficio con radicado UPME
No. 20191100089002 del 19 de diciembre de 2019, emite el concepto solicitado
por la UPME, manifestando: “... es jurídicamente viable aseverar que la prohibición
establecida en el artículo 8° respecto de la fijación del precio base para regalías y
compensaciones, debe ser observada sin consideración a la procedencia del
carbón para exportación, pues la norma además de no hacer distinción alguna, es
clara en su mandato. (...) En suma, en criterio de la Agencia Nacional de Minería,
la prohibición fijada en el artículo 8° de la Resolución No. 887 del 26 de diciembre
de 2014 es aplicable al carbón térmico para exportación que provenga del interior
del país como de la Guajira y Cesar y, por lo tanto, en ningún caso, el precio base
para liquidar las regalías y compensaciones de dicho mineral puede ser inferior al
precio base de liquidación fijado para el carbón destinado al consumo interno...”
(Subrayado fuera de texto).

113 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-7-Anexo 5.1.4. Diario Oficial 51.092 del 30 septiembre de

2019_Resolución 447.pdf(.pdf)».

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Que para efectos de la determinación de los precios base de liquidación de regalías
y compensaciones para la explotación de carbón, en virtud de lo establecido en los
artículos 4 y 15 del Decreto 1258 de 2013, la UPME realizó la liquidación en la
forma y términos señalados, conforme se detalla en el Anexo No. 1 “SOPORTE
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINAN LOS PRECIOS
BASE PARA LA LIQUIDACION DE REGALÍAS DE CARBÓN, APLICABLES AL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2020", de este acto administrativo.
(…)
Que teniendo en cuenta que todas las observaciones están referidas a la
interpretación y aplicación del artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de
diciembre 26 de 2014, contenidas en el concepto con radicado UPME No.
20191100089002 del 19 de diciembre de 2019 emitido por la Agencia Nacional de
Minería, la UPME procedió a realizar los traslados de las referidas observaciones
a dicha agencia para lo de su competencia, mediante radicados UPME No.
20191400054401 y 20191400054411.

Que no obstante las observaciones recibidas, la UPME acata el mencionado
concepto de la Agencia Nacional de Minería en relación con la aplicación del
artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de diciembre 26 de 2014 para el tipo de
carbón térmico de exportación del Cesar y La Guajira.

57. Por su parte, en el soporte técnico114 –anexo No. 1– de la Resolución No. 650
de 2019, en lo que se refiere al carbón térmico de consumo interno y de exportación,
se indicó lo siguiente (transcripción literal):

1. Carbón Térmico de consumo interno.
Metodología establecida en la Resolución 887 del 26-12-2014 emitida por la
Agencia Nacional de Minería, en adelante ANM:
“PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CARBÓN TÉRMICO DE
CONSUMO INTERNO. El precio base para la liquidación de regalías del carbón
térmico de consumo interno se calculará mediante precios promedios ponderados
por volumen de la información suministrada de una muestra de industrias térmicas,
cementeras, papeleras o grandes consumidores que adquieran el carbón térmico
en el mercado interno, descontando los costos promedios ponderados
correspondientes a transporte entre boca de mina y centros de consumo y los
costos de manejo.”115
El periodo considerado para la toma, análisis y aplicación de la Resolución No 0887
es desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, de acuerdo a los criterios y
condiciones establecidos en el capítulo II de la citada resolución.
Las fuentes consultadas que nos suministraron información para el presente
cálculo fueron las diferentes empresas consumidoras de carbón a nivel interno
como: Enel Emgesa, Gensa, Termotasajero, Gecelca, Propal Carvajal, Smurfit
Cartón de Colombia, Argos, Holcim, BRINSA, ENKA, Cemex, Fabricato, Coltejer y
Gremios como Asocarbonor en Norte Santander.
Los resultados de la información suministrada son:

114 Cfr. SAMAI, índice 60. En el archivo «150_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
R6502019ANTECEDENT(.zip)», documento «11_ Resolución UPME 650_2019 PBLR CARBON 1T2020».
Visible en el enlace: https://docs.upme.gov.co/Normatividad/650_2019.pdf.
115 Original de cita: Resolución No. 887 de 2014 Capitulo II Numeral 3.

49

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Acorde a la metodología establecida, se procede a establecer el precio base para
el carbón térmico de consumo interno para el | trimestre de 2020 así:

(…)
4. Carbón de Exportación

Periodo comprendido desde 01-04-2019 hasta el 30-09-2019

• Consideraciones iniciales:

De acuerdo con las metodologías establecidas en la Resolución 0887 del 26 de
diciembre de 2014 y 801 de 23 de noviembre de 2015, expedidas por la Agencia
Nacional de Minería, para la fijación del precio del carbón que se destina al
mercado externo, se aplican los criterios metodológicos establecidos en dichas
resoluciones, así:

1. PRECIOS FOB PONDERADO EN PUERTOS COLOMBIANOS (PP) PARA
CARBÓN TÉRMICO DE EXPORTACIÓN DEL CESAR Y LA GUAJURA:

Corresponde al precio promedio ponderado por volumen de los precios de
referencia FOB, expresados en dólares de los Estados Unidos de América,
resultantes de la diferencia entre los indicadores API2 y BCI7 usando el poder
calorífico de los carbones en BTU/Lb de cada una de estas zonas carboníferas, de
acuerdo con la información oficial reportada por la Agencia Nacional de Minería o
quien haga sus veces, de cada mes del semestre que se liquida, mediante la
siguiente fórmula: (…)

50

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

2. PRECIO FOB PROMEDIO PONDERADO EN PUERTOS COLOMBIANOS (PP)
PARA CARBÓN TÉRMICO DE EXPORTACIÓN DEL INTERIOR DEL PAÍS.

Para los carbones colombianos de exportación procedentes del interior del país
(Santander, Norte de Santander y Zona Centro), se aplicará Índice del flete
marítimo spot (F) en la ruta Puerto Bolívar — Rotterdam para buques Panamax
(70,000 t) publicado por la agencia Argus Media en el reporte Argus Coal Daily
International, de la siguiente manera:

El precio FOB promedio ponderado en puertos colombianos (PP) para carbón
térmico de exportación producido en el interior del país (Santander, Norte de
Santander y zona centro):

Corresponde al precio promedio ponderado por volumen de los precios de
referencia FOB, expresados en dólares de los Estados Unidos de América,
resultantes de la diferencia entre el indicador API2 y el valor spot del flete marítimo
en la ruta Puerto Bolívar - Rotterdam para buques Panamax (70,000 t) publicado
por la agencia Argus Media en el reporte Argus Coal Daily International, usando el
poder calorífico de los carbones en BTU/Lb de cada zona carbonífera de Colombia,
de acuerdo con la información reportada por la Agencia Nacional de Minería o
quien haga sus veces, de cada mes del semestre que se liquida, mediante la
siguiente fórmula:

51

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Para los proyectos el Descanso y la Loma y Boquerón, aplicamos lo citado en la
Resolución 887 de 26- 12-2014 en el Capitulo III articulo 13 que cita:

“Ante la falta de información de los costos deducibles de algunas operaciones
mineras, la Unidad de Planeación Minero Energética utilizará el menor costo
disponible para su determinación.”

A continuación se presenta el desarrollo de la metodología realizada para el cálculo
del precio base de liquidación de regalías de los carbones térmicos de exportación,
Resolución 0887 del 26 de diciembre de 2014 y 801 de 23 de noviembre de 2015,
emitidas por la ANM.

Aplicación metodológica:

52

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

1. Determinación del precio FOB de exportación calculado con base en la
diferencia entre el índice API2 y BCI7 para el Cesar y la Guajira, teniendo en
cuenta calidades de las regiones de procedencia. Se realizó el ejercicio para
calcular el precio FOB con base en el índice API21 al cual se le descuenta el valor
de los fletes del índice BCI7116, ponderando según la calidad de origen de la región
productora.

Se realizó el ejercicio para calcular el precio FOB con base en el índice API21 al
cual se le descuenta el valor de los fletes del índice BCI7117, ponderando según la
calidad de origen de la región productora para el Cesar y la Guajira.

Para el cálculo de precio base para la liquidación de regalías del carbón de
exportación se utiliza la siguiente fórmula:

El precio Promedio ponderado por Volumen se establece de la siguiente forma
para el Cesar y la Guajira:

El PP ajustado, según las calidades regionales de los carbones es el siguiente:

De acuerdo la información sobre las calidades del carbón para la Guajira y el
Cesar, reportada por la Agencia Nacional de Minería mediante oficio con Rad
UPME No 20191100085512 de 10-12-2019, establece unas calidades por Región
-Zona. De acuerdo a ello, se procede a ajustar el precio FOB promedio ponderado

116 Original de cita: Precio API#2 es un índice que representa precios carbón térmico 11.370 Btu/Lb, y BCI7 es

índice que representa fletes de Puerto Bolívar - ARA.
117 Original de cita: Precio API#2 es un índice que representa precios carbón térmico 11.370 Btu/Lb, y BCI7 es

índice que representa fletes de Puerto Bolívar - ARA.

53

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

por volumen, referenciado a 11.370 BTU/Lb, obteniendo:

Calidades reportadas por la Agencia Nacional de Minería para el periodo 01-04-
2019 hasta el 30- 09-2019.

El ajuste al Precio FOB referenciado a 11.370 Btu/Lb, acorde a la información de
la ANM para obtener el PP ajustado es:

Acorde con el concepto de la Agencia Nacional de minería, con Rad. UPME No
20191100089002 de 19-12-2019, para este caso se debe aplicar el artículo No 8
de la resolución 887 de 2014 que cita:

“Artículo 8°. Carbón de exportación. En ningún caso el precio base para la
liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación será inferior al
fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo, período de aplicación y
departamento. En tal sentido, el precio base será como mínimo igual al establecido
para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno.

Los precios base para liquidar regalías de carbón térmico de exportación para que
aplicaran para el trimestre de 2020 son:

54

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

(…)
2. De igual forma para la determinación del precio FOB de exportación del
interior del país, se calculó con base en la diferencia entre el índice API2 y el
valor spot el flete marítimo en la ruta Puerto Bolívar - Rotterdam para buques
Panamax (70,000 t) publicado por la agencia Argus Media en el reporte Argus
Coal Daily International

Donde PP se establece de la siguiente forma para el carbón de exportación de la
Zona Interior, Santander y Norte de Santander del País así:

a. Para el País, el valor FOB ponderado por volumen para obtener el PP del periodo
01-04-2019 hasta 30-09-2019 así:

Las calidades obtenidas de la Publicación EL CARBÓN COLOMBIANO
RECURSOS, RESERVAS Y CALIDAD con fuente Ingeominas años 2004, como lo
cita la aplicación de la metodología establecida en la resolución ANM No 887/2014
y a la respuesta al oficio con Rad UPME No 20191100085512 de 10-12-2019, en
el cual la ANM determina que no dispone de la información de calidades para
dichas Zonas o Regiones. Se procede a actualizarlas utilizando la información
citada en la resolución ANM No 887 y ajustar por el volumen de carbón exportado
por cada departamento, así:

El PP ajustado, según las calidades regionales para el carbón de exportación del
Interior y Norte de Santander son los siguientes:

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Ahora se descuentan los costos de transporte, manejo y portuarios para cada caso
particular:

Precios boca de mina con base en el índice API2- valor spot del flete marítimo en
la ruta Puerto Bolívar— Rotterdam para buques Panamax, para el carbón térmico
colombiano del interior:

Para el Interior y Norte de Santander el precio base en dólares por toneladas es:

Para el carbón de exportación del interior del País se aplica lo determinado en el
Artículo 8 del Capítulo I que cita:

“Artículo 8°. Carbón de exportación. En ningún caso el precio base para la
liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación será inferior al
fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo, periodo de aplicación y
departamento. En tal sentido, el precio base será como mínimo igual al establecido
para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno.

58. De lo anterior es claro que la UPME fundamentó el precio base para el carbón
térmico de exportación del sector de la Jagua de Ibirico en el departamento del
Cesar, en el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, debido a que, al aplicar la
metodología establecida en ese reglamento –artículo 10–, la cual difiere por tipo de
carbón y consumo –interno o externo–, estableció que el precio base para el carbón
térmico de exportación era inferior [$109.001,60] al precio fijado para ese mismo
tipo de carbón –térmico– pero para el consumo interno [$169.967,78], por lo que
igualó sus precios al del carbón térmico de consumo interno. Lo que también se

56

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

fundamentó en el «concepto de la Agencia Nacional de Minería» del 19 de diciembre
de 2019, en el que esa entidad interpretó su propio acto reglamentario y concluyó118
(transcripción literal):

En suma, en criterio de la Agencia Nacional de Minería, la prohibición fijada en el
artículo 8° de la Resolución No. 887 del 26 de diciembre de 2014 es aplicable tanto
al carbón térmico para exportación que provenga del interior del país como de la
Guajira y Cesar y, por lo tanto, en ningún caso, el precio base para liquidar las
regalías y compensaciones de dicho mineral puede ser inferior al precio base de
liquidación de regalías fijado para el carbón destinado al consumo interno, razón
por la cual, tal y como se manifestó previamente en oficio con radicado No.
20193210295101 del 03 de diciembre de 2019, se sugiere revisar y corregir la
Resolución UPME No. 000447 de 2019 a efectos de que la misma (sic) se
encuadre en los postulados fijados por esta Agencia en la ya referida Resolución
887 de 2014.

59. Se precisa que, tal como se reseñó en los antecedentes de esta providencia, el
citado «concepto» de la ANM del 19 de diciembre de 2019 se expidió a solicitud de
la UPME119, ya que frente a la Resolución No. 447 del 30 de septiembre de 2019,
en la que se fijaron los precios base para la liquidación de las regalías de carbón
correspondientes al IV trimestre de 2019, la ANM solicitó modificarla para que
cumpliera con lo previsto en el artículo 8 de la Resolución No. 887 de 2014, en tanto
el carbón de exportación de los departamentos de La Guajira y el Cesar tenía menor
valor que el carbón de consumo interno120.

En oficio del 10 de diciembre de 2019121, la UPME respondió a la ANM exponiendo
que, «por un lado, el tipo de carbón que se produce en el Cesar y La Guajira es
diferente al producido en el interior del país y, por otro, el carbón de exportación de
los proyectos de dichos departamentos no se consume en el interior del País, toda
vez que el total de la producción es de exportación por lo tanto no se tienen precios
de referencia de consumo interno para este tipo de carbón», de manera que lo
establecido en el artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de 2014, era aplicable
únicamente para los tipos de carbón indicados en el Literal B del Numeral 1 del
Artículo 10 de la mencionada resolución, es decir, para el carbón térmico de
exportación del interior del país, por lo que (transcripción literal):

De acuerdo con lo indicado anteriormente y en virtud del entendimiento que tiene
la UPME sobre la aplicación del artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de 2014,

118 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-10-Anexo 5.1.7. 20191219 - Comunicación ANM rpta UPME -

Art 8 Res 887-14.pdf(.pdf)».
119 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-9-Anexo 5.1.6. 20191210 - Comunicación UPME a ANM - Art 8

Res ANM 887-14.pdf(.pdf)».
120 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-8-Anexo 5.1.5. 20191203 - Carta ANM UPME - Art. 8 Res 887-

14.pdf(.pdf)».
121 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-9-Anexo 5.1.6. 20191210 - Comunicación UPME a ANM - Art 8

Res ANM 887-14.pdf(.pdf)».

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

consideramos que no se requiere revisar y corregir la Resolución UPME No.
000447 de 2019 toda vez que el precio base para la liquidación de regalías fijado
para el tipo de carbón térmico de exportación que se produce en los departamentos
de La Guajira y del Cesar (Productores Zona Costa Norte) fue calculado
correctamente y en cumplimiento del procedimiento establecido para el cálculo de
los precios de liquidación de regalías de carbón.

No obstante, teniendo en cuenta que la UPME es un operador de la norma y que
su entendimiento de la misma puede no corresponder a la intención o finalidad que
inspiró su expedición, de manera respetuosa me permito solicitar a la Agencia
Nacional de Minería, como autor de la metodología contenida en la Resolución
ANM No 887 de 2014, un concepto en el que determine si lo establecido en el
Artículo 8' es aplicable a los tipos de carbón de exportación señalados en el literal
A) del numeral 1 del artículo 10 de la Resolución en mención, es decir, si es
aplicable al tipo de carbón térmico de exportación del Cesar y La Guajira.

En atención a esto último, la ANM remitió a la UPME el oficio del 19 de diciembre
de 2019, en el que interpretó su propio acto reglamentario y señaló lo siguiente122:

El artículo 8° de la Resolución No. 887 del 26 de diciembre de 2014 reza:

“Artículo 8°. CARBÓN DE EXPORTACIÓN. En ningún caso el precio base para
la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación será inferior
al fijado para el consumo interno del mismo tipo, periodo de aplicación y
departamento. En tal sentido, el precio base será como mínimo igual al
establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno.”
(Negrilla y subraya fuera de texto original)

De la norma previamente transcrita se pueden extraer algunos elementos de
elemental importancia para el presente análisis, a saber:

1- Contiene una prohibición de carácter general, esto es, que en ningún caso, sin
excepción alguna, el precio base para liquidar las regalías y compensaciones
de carbón de exportación puede ser inferior al fijado para el consumo interno y
que, por tal motivo, siempre, sin perjuicio de que no sea del mismo tipo, periodo
y departamento, como se lee en la parte final del artículo, será como mínimo el
establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno.

2- Se trata de un mandato imperativo de índole general, de obligatorio
cumplimiento y de naturaleza negativa pues desarrolla un precepto de no
hacer, esto es, una prohibición. En tal sentido, la misma se erige como una
disposición que debe interpretarse de manera restrictiva pues expone una regla
jurídica específica respecto de la determinación del precio base de liquidación
para el carbón de exportación, sin excepción alguna.

3- No contiene ni desarrolla ningún tipo de excepción a la prohibición general de
fijar el precio base de liquidación para carbón de exportación,
independientemente de su procedencia, por debajo del precio base de
liquidación para el carbón de consumo interno. De suerte que, al hacer
referencia, de manera general al “carbón de exportación”, no es dable entender
que solamente le es aplicable al carbón de exportación del interior del país y
no al que provenga del Cesar y la Guajira ya que ello, se insiste, deviene en
una interpretación amplia de la disposición que no es procedente adelantar.

122 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-10-Anexo 5.1.7. 20191219 - Comunicación ANM rpta UPME -

Art 8 Res 887-14.pdf(.pdf)».

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Así, desde este primer acercamiento a la disposición en comento, es jurídicamente
viable aseverar que la prohibición establecida en el artículo 8º respecto de la
fijación del precio base para regalías y compensaciones, debe ser observada sin
consideración a la procedencia del carbón para exportación, pues la norma
además de no hacer distinción alguna, es clara en su mandato. Al respecto
conviene recordar que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Código
Civil Colombiano, disposición que ha sido objeto de innumerables
pronunciamientos de las altas cortes, cuando el sentido de la ley sea claro, no es
dable desatender su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.

Aunado a lo anterior, es conveniente hacer especial énfasis en la ubicación del
artículo en cuestión dentro de la regulación a efectos de, dilucidar, por así decirlo,
el alcance de la misma. En efecto, como bien se puede observar, el artículo 8° se
encuentra dentro del Capítulo I de la Resolución 887, el cual se encarga de fijar los
criterios para determinar los precios base de liquidación, entre tanto las
disposiciones expuestas en su comunicación para sustentar la aplicación dada al
mencionado artículo se encuentran en el Capítulo II, el cual se encarga de fijar la
metodología para la determinación de los precios.

Lo anterior no es de menor importancia para el presente análisis pues mientras
que el Capítulo I, del cual hace parte el artículo 8°, se encarga de fijar los criterios
que son aplicables y trasversales a todos los presupuestos fácticos regulados
posteriormente, sin distinción alguna, como por ejemplo la periodicidad, la
utilización de decimales y el poder calorífico, entre otros, el Capítulo II define una
metodología específica para cada supuesto fáctico en particular que, en todo caso,
deberá ajustarse a los criterios generales previamente fijados y que, por lógica
legal, no se encuentra en posibilidad de modular o modificar.

En suma, en criterio de la Agencia Nacional de Minería, la prohibición fijada en el
artículo 8° de la Resolución No. 887 del 26 de diciembre de 2014 es aplicable tanto
al carbón térmico para exportación que provenga del interior del país como de la
Guajira y Cesar y, por lo tanto, en ningún caso, el precio base para liquidar las
regalías y compensaciones de dicho mineral puede ser inferior al precio base de
liquidación de regalías fijado para el carbón destinado al consumo interno, razón
por la cual, tal y como se manifestó previamente en oficio con radicado No.
20193210295101 del 03 de diciembre de 2019, se sugiere revisar y corregir la
Resolución UPME No. 000447 de 2019 a efectos de que la misma (sic) se
encuadre en los postulados fijados por esta Agencia en la ya referida Resolución
887 de 2014.

Adicional a lo ya manifestado, es preciso resaltar que de establecerse para el
cuarto trimestre del 2019 un precio base de liquidación de regalías y
compensaciones para carbón de exportación por debajo del precio fijado para el
consumo interno, conlleva una reducción ostensible del recaudo de regalías que
rodea los 43 mil millones de pesos. Situación que, en atención a la naturaleza de
los recursos de regalías y compensaciones económicas, puede generar una
afectación para el interés general.

Así, el 30 de diciembre de 2019, la UPME dictó la Resolución No. 649 de 2019, por
la cual fijó nuevamente los precios base de regalías del IV trimestre de 2019,
atendiendo las instrucciones de la ANM, en el sentido de modificar el artículo 1 de
la Resolución No. 447 de 2019, para equiparar el precio de regalías del carbón de
exportación proveniente de los departamentos de La Guajira y el Cesar con el precio
del carbón de consumo interno123, circunstancia que se repitió en la Resolución No.

123 Acto administrativo que fue demandado ante el Consejo de Estado en el expediente con radicación 11001-

03-26-000-2020-00095-00(66149) en que se acumuló el proceso 11001-03-26-000-2020-00084-00(66132), que
se encuentra a cargo del despacho de la Consejera de Estado doctora Adriana Polidura Castillo. Como en el

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

650 de 2019, para el primer trimestre de 2020, acusada en el presente caso.

60. En ese contexto, resulta importante destacar que el artículo 15 de la Ley 1530
de 2012 confirió a la ANM una potestad amplia para definir, mediante actos
administrativos de carácter general, «los términos y condiciones para la
determinación de los precios base de liquidación de las regalías y
compensaciones», lo cual autoriza la incorporación de parámetros técnicos que
aseguren estabilidad, simetría y razonabilidad en la determinación del precio en
boca de mina. Por ello, el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014 dispuso que «en
ningún caso el precio base (…) de carbón de exportación será inferior al fijado para
el carbón de consumo interno», pero bajo la concurrencia de tres condiciones
específicas, es decir, que sea el mismo tipo de carbón, período de aplicación y
departamento –origen–.

61. Sobre dichas condiciones de aplicabilidad en la equiparación de precios,
prevista en el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, resulta claro el período de
aplicación, el cual se da por trimestres, en atención al artículo 4 de ese acto, en el
que se estableció la periodicidad en la publicación de la resolución de determinación
de los precios base de liquidación de regalías y compensaciones generadas por la
explotación de carbón, la que se haría de manera trimestral, es decir «cuatro (4)
resoluciones de precios al año, las cuales deben señalar el período de aplicación
con las respectivas fechas inicial y final del trimestre durante el cual rigen dichos
precios, es decir, desde el primero al último día del trimestre calendario, para su
aplicación».

En cuanto al tipo de carbón, esa misma disposición, en su artículo 2, establece las
definiciones para efectos de la aplicación de ese acto y señaló que por tipo de
carbón se debía entender, junto la explicación cada uno de estos, así:

Los distintos sistemas de clasificación de carbón se basan en distintas
propiedades, que en esencia buscan determinar el poder calorífico del carbón. La
clasificación general y básica del carbón es por rango o categoría, desde turba y
lignitos en el extremo inferior de la escala, pasando por los carbones bituminosos
hasta llegar a la antracita en el extremo superior. Por lo general, cuanto más alto
sea el rango del carbón, mayor será su edad, contenido de carbono y poder

expediente 11001-03-26-000-2020-00096-00(66152) del despacho del Consejero de Estado doctor Nicolás
Yepes Corrales.
También se debe mencionar que, sobre ese acto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
profirió sentencia el 19 de agosto de 2025, expediente 11001-03-26-000-2020-00081-00(66128), en la que negó
las pretensiones de esa demanda, sin que, para el presente caso, dicha providencia tenga el efecto contemplado
en el artículo 189 del CPACA, en la medida en que como se negó la nulidad pedida, esta producirá cosa juzgada
erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada en ese asunto.

60

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

calorífico, de igual modo, más bajo será su contenido de hidrógeno y materias
volátiles. Los tipos de carbón colombiano, que se comercializan corrientemente
son los térmicos, metalúrgicos y antracitas.

Las normas ASTM fijan un estándar en la clasificación de carbones. Esta norma
define como carbones de bajo rango aquellos cuyo poder calorífico bruto, base
húmeda sea menor a 6.390 Kcal/Kg, en este rango están los carbones
denominados subbituminosos y los lignitos. En los carbones de alto rango, con un
poder calorífico mayor a 6.390 Kcal/Kg, se incluyen los carbones bituminosos y
antracitas.

Carbón Térmico: Los consumidores de carbón exigen distintas características al
mineral, según la forma y tecnología de uso. En el carbón térmico importa
principalmente el contenido energético que se utiliza en la producción de calor,
básicamente en plantas de generación eléctrica, industria del cemento, hornos,
generación de vapor entre otros sistemas térmicos.

Carbón Metalúrgico: En el carbón metalúrgico se destaca fundamentalmente su
propiedad coquizable, interesando en mucho mayor grado sus propiedades físicas
y los elementos químicos que lo integran. Los carbones coquizables deben tener
bajos contenidos de azufre y fósforo, y al ser relativamente escasos, generalmente
son más caros que los carbones térmicos. Esto hace que este carbón se transe en
mercados diferentes a los térmicos. El carbón metalúrgico, se utiliza en la industria
siderúrgica para la producción de coque. El coque es el combustible sólido y
poroso producido en la destilación de carbones coquizables, los cuales tienen
ciertas propiedades físicas que permiten su ablandamiento, licuefacción y
resolidificación.

Carbón Antracita:

La antracita es el carbón mineral con el más alto poder calorífico superior a 7.000
Kcal/Kg y muy baja humedad. Posee 86% o más de contenido en carbono y 14%
o menos de volátiles. Comparado con otros carbones es poco contaminante y no
mancha al ser manipulada. Debido a sus propiedades físicas su principal aplicación
es la fabricación de filtros de lecho dual arena-antracita que tienen la ventaja de
producir gran cantidad de líquido filtrado en cada operación con muy bajo costo.
Se emplean en plantas de agua potable, filtración terciaria de aguas residuales y
filtros de líquidos en otras plantas industriales. Los filtros remueven turbiedad,
óxidos, algas, lamas y microorganismos en procesos de potabilización, y
tratamientos de agua para procesos donde se requiera filtración.

Finalmente, en relación con el origen del carbón, la disposición –artículo 8 de la
Resolución 887 de 2014– prevé como referente territorial el departamento, sin
distinguir por zona carbonífera, proyecto o yacimiento; no obstante, el reglamento
también prevé en su artículo 10 ibidem la metodología para establecer el precio
base para liquidación de regalías y compensaciones del carbón en la que se
diferencia entre: i) tipo de carbón, ii) consumo interno y externo y iii) origen. Así, por
ejemplo, se encuentra que se distingue la metodología de «A) Precio FOB promedio
ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón térmico de exportación del
Cesar y La Guajira» y «B) Precio FOB promedio ponderado en Puertos

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Colombianos (PP) para carbón térmico de exportación del interior del país
(Santander, Norte de Santander y Zona Centro)».

62. En esa medida, se considera que para dar aplicación al artículo 8 de la
Resolución 887 de 2014, se requiere, tal como lo establece dicha disposición,
necesariamente que el precio del carbón a equiparar sea «mismo tipo, periodo de
aplicación y departamento», es decir, no se puede igualar el precio base de
liquidación sino se cumplen con las tres condiciones, lo que implica que lo
expresado en el «concepto de la Agencia Nacional de Minería» del 19 de diciembre
de 2019, en el que se indicó que el artículo 8 «es aplicable tanto al carbón térmico
para exportación que provenga del interior del país como de la Guajira y Cesar»124,
desconoce la diferenciación que estableció el acto reglamentario en la metodología
para establecer el precio base para liquidación de regalías y compensaciones del
carbón.

63. El anterior razonamiento encuentra fundamento en el oficio del 10 de diciembre
de 2019125, en el que la UPME le expresó a la ANM que, en relación con la
Resolución 447 de 2019 que liquidó el IV trimestre de 2019 (transcripción literal):

La UPME ha venido aplicando este articulo considerando que el carbón de
exportación a que se hace referencia corresponde al carbón térmico de exportación
del interior del país, fundamentado en lo siguiente:

El Capitulo II articulo 10 numeral 1 denominado “Metodologías para establecer el
precio base para liquidación de regalías y compensaciones del carbón”, diferencia
los carbones térmicos de exportación que se producen en el Cesar y la Guajira, de
aquellos que se producen en el interior del País, al establecer diferentes precios
dependiendo del tipo de carbón, así:

• Precio FOB promedio ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón
térmico de exportación del Cesar y La Guajira (Numeral 1, Literal A)
• Precio FOB promedio ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón
térmico de exportación del interior del país (Numeral 1. Literal B)
• Precio FOB promedio ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón
metalúrgico de exportación (Numeral 1, Literal C)
• Precio FOB promedio ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón
antracita de exportación (Numeral 1. Literal D)

Por otro lado, el articulo 8 determina que el precio del carbón de exportación no
puede ser inferior al fijado para el carbón de consuma interno del mismo tipo,
periodo de aplicación y departamento, lo que indica que se requieren tres
condiciones para aplicar el criterio de paridad: i) el carbón de exportación debe ser
del mismo tipo que el de consumo interno y ii) se debe aplicar sólo para los casos
en que en el departamento se produzca carbón tanto de consumo interno, como
de exportación y iii) debe corresponder al mismo período de tiempo

124 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-10-Anexo 5.1.7. 20191219 - Comunicación ANM rpta UPME -

Art 8 Res 887-14.pdf(.pdf)».
125 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-9-Anexo 5.1.6. 20191210 - Comunicación UPME a ANM - Art 8

Res ANM 887-14.pdf(.pdf)».

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En este sentido, la UPME considera que, por un lado, el tipo de carbón que se
produce en el Cesar y La Guajira es diferente al producido en el interior del país y,
por otro, el carbón de exportación de los proyectos de dichos departamentos no se
consume en el interior del País, toda vez que el total de la producción es de
exportación por lo tanto no se tienen precios de referencia de consumo interno
para este tipo carbón.

Así las cosas, para la UPME, lo establecido en el artículo 8 de la Resolución ANM
No. 887 de 2014, es aplicable únicamente para los tipos de carbón indicados en el
Literal B del Numeral 1 del Artículo 10 de la citada resolución, es decir, para el
Carbón térmico de exportación del interior del país.

Teniendo en cuenta este razonamiento, en el Artículo 1 de la Resolución UPME
No. 000447 de 2019, la UPME fijó los precios para los diferentes tipos de carbón
de exportación, de la siguiente manera:

• Carbón de Exportación Productores Zona Costa Norte (R887/2014 Art. 10
Núm. 1, Lit. A)

No se aplicó el criterio de paridad con el precio del tipo de carbón térmico de
consumo interno, en el entendido que el carbón que se produce en los
departamentos de la Guajira y del Cesar no es del mismo tipo del que se consume
en el interior del país, todo se exporta y se transa en el mercado internacional, y
no existe un precio de referencia de consumo interno para este tipo de carbón. Por
lo anterior, la UPME considera que para este tipo de carbón no es aplicable lo
establecido en el artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de 2014.

En este sentido, en la Resolución UPME No. 000447 de 2019, se estableció para
el tipo de carbón térmico de exportación que se produce en los departamentos de
la Guajira y del Cesar, los siguientes precios base de liquidación de regalías:

• Carbones de Exportación Productores de Santander (R887/2014 Art. 10
Núm. 1, Lit. B)

En este caso, se aplicó lo establecido en el artículo 8 de la Resolución ANM No.
887 de 2014, en el entendido que este carbón se exporta y también se consume
en el interior del país, y por ende su precio no puede ser inferior al precio de
consumo interno.

En este sentido, al aplicar la metodología establecida en el literal B del numeral 1
del artículo 10 de la mencionada resolución para este tipo de carbón se obtuvo el
siguiente precio:

Una vez aplicado el artículo 8 de la citada resolución, el precio base fijado en la
Resolución UPME No. 000447 de 2019, para este tipo de carbón, fue el siguiente:

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• Carbones de Exportación Productores Norte de Santander (R887/2014 Art.
10 Núm. 1. Lit. B)

Sin perjuicio de que se trata de un carbón del interior, en este caso no se aplicó lo
establecido en el artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de 2014, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 1 de la Resolución ANM No. 801
de 2015, que determina:

"Parágrafo 1. Mientras se mantenga el cierre de la frontera con la República
Bolivariana de Venezuela, sin que se permita el transporte del carbón
colombiano de exportación por el territorio y puertos del vecino país, el precio
base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de
exportación, con origen en las minas ubicadas en el departamento de Norte de
Santander, podrá ser inferior al fijado para el carbón de consumo interno del
mismo tipo y periodo de aplicación de este departamento, cuando así resulte de
aplicar la metodología y los cálculos establecidos en el artículo 10 de la
Resolución No. 0887 de diciembre 26 de 2014.

En este sentido, el precio base fijado en la Resolución UPME No 0447 de 2019,
para este tipo de carbón, fue el siguiente:

• Carbones de Exportación Productores Zona Interior (R887/2014 Art. 10
Núm. 1, Lit. B)

En este caso se aplicó lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución ANM No.
887 de 2014, en el entendido que este tipo de carbón se exporta y también se
consume en el interior del país, y por ende su precio no puede ser interior al de
consumo interno.

Al aplicar la metodología establecida en el literal B numeral 1 del artículo 10 de la
Resolución ANM No 887 de 2014 para este tipo de carbón, se obtuvo el siguiente
precio:

Al aplicar el artículo 8 de la citada resolución, el precio establecido en la Resolución
UPME No 000447 de 2018, para este tipo de carbón fue el siguiente:

De acuerdo con lo indicado anteriormente y en virtud del entendimiento que tiene
la UPME sobre la aplicación del artículo 8 de la Resolución ANM No. 887 de 2014,
consideramos que no se requiere revisar y corregir la Resolución UPME No.
000447 de 2019 toda vez que el precio base para la liquidación de regalías fijado
para el tipo de carbón térmico de exportación que se produce en los departamentos
de La Guajira y del Cesar (Productores Zona Costa Norte) fue calculado
correctamente y en cumplimiento del procedimiento establecido para el cálculo de
los precios de liquidación de regalías de carbón.

Sin embargo, aun cuando el citado argumento de la UPME resulta coherente y
acorde con lo dispuesto en la Resolución 887 de 2014, la ANM remitió el oficio del
19 de diciembre de 2019 –citado en precedencia– en el que interpretó su propio

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acto reglamentario y concluyó126 (transcripción literal):

En suma, en criterio de la Agencia Nacional de Minería, la prohibición fijada en el
artículo 8° de la Resolución No. 887 del 26 de diciembre de 2014 es aplicable tanto
al carbón térmico para exportación que provenga del interior del país como de la
Guajira y Cesar y, por lo tanto, en ningún caso, el precio base para liquidar las
regalías y compensaciones de dicho mineral puede ser inferior al precio base de
liquidación de regalías fijado para el carbón destinado al consumo interno, razón
por la cual, tal y como se manifestó previamente en oficio con radicado No.
20193210295101 del 03 de diciembre de 2019, se sugiere revisar y corregir la
Resolución UPME No. 000447 de 2019 a efectos de que la misma (sic) se
encuadre en los postulados fijados por esta Agencia en la ya referida Resolución
887 de 2014.

64. Por ello, se recuerda que dentro de las causales que el CPACA dispone para la
anulación de los actos administrativos, se encuentra la infracción de las normas en
que deberían fundarse, es decir, si el contenido del acto administrativo no se
encuentra conforme con la Constitución o la ley es nulo, lo cual se configura por «i)
falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea» 127, último
aspecto que ocurrió en el presente asunto, debido a que el artículo 8 de la
Resolución 887 de 2014, estableció claramente que «en ningún caso el precio base
(…) de carbón de exportación será inferior al fijado para el carbón de consumo
interno del mismo tipo, período de aplicación y departamento», es decir, se requiere
la concurrencia de las tres condiciones específicas, mismo tipo de carbón, período
de aplicación y departamento –origen–, para dar aplicación a la equiparación de
precios referida, tal como lo indicó la UPME.

65. En esa medida, no resulta adecuada la interpretación realizada por la ANM en
relación con el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, ya que no se puede pasar
por alto que la mencionada regla según la cual el precio base de exportación no

126 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-10-Anexo 5.1.7. 20191219 - Comunicación ANM rpta UPME -

Art 8 Res 887-14.pdf(.pdf)».
127 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, expediente 16660 [fundamento

jurídico 2], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Al respecto, se consideró lo siguiente: Según la doctrina
judicial del Consejo de Estado, ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma,
ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o
sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez
acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el
espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma pero cree, equivocadamente, que
no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de
aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al
caso.
Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o
preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el
asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.-
Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la
norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre
la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede
cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los
entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador
le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.

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puede ser inferior al del mineral destinado al consumo interno, responde a una
finalidad, la cual es que si en un mismo departamento se extrae carbón del mismo
tipo –térmico, metalúrgico o antracita– tanto para el consumo interno y de
exportación, el precio base de este último será como mínimo el fijado para el carbón
de consumo interno, y con esto evita resultados regresivos contrarios a la lógica del
sistema, por lo que dicha directriz se encuentra circunscrita a su propia redacción y
alcance (art. 27 del CC)128.

Al efecto, cabe destacar que la equiparación de precios contemplada en el acto
reglamentario –artículo 8 de la Resolución 887 de 2014– previó la concurrencia de
tres variables para su aplicación, lo cual debe armonizarse con las demás
disposiciones del reglamento, sin que pueda interpretarse de manera aislada, como
propugna la ANM, ya que esto implicaría una lectura parcial, desconociendo, por
una parte, que una disposición posterior prevalece sobre lo dispuesto en una
anterior, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 57 de
1887, «[c]uando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y
se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo
posterior» y, en todo caso, ambas disposiciones se complementan sin excluirse
expresamente.

Por otra parte, el artículo 10 ibidem previó la metodología para establecer el precio
base para liquidación de regalías y compensaciones del carbón, en la que se
diferencia de manera clara entre: i) tipo de carbón, ii) consumo interno y externo y
iii) origen. Así, se encuentra que en esa disposición se distingue la metodología de
«A) Precio FOB promedio ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón
térmico de exportación del Cesar y La Guajira» y «B) Precio FOB promedio
ponderado en Puertos Colombianos (PP) para carbón térmico de exportación del
interior del país (Santander, Norte de Santander y Zona Centro)», por lo que para
fijar el precio base de liquidación de las regalías del carbón térmico proveniente del

128 Código Civil. Artículo 27. <Interpretación gramatical>. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente
manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.
Primer inciso declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-054 del 10 de febrero de
2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Para la Sala, la interpretación gramatical que atiende la literalidad de un
texto legal no resulta incompatible con la Constitución, en la medida que, contrario a lo argumentan los
demandantes, la aplicación de dicha modalidad de interpretación en modo alguno puede ser comprendida como
una licencia para dejar de aplicar los preceptos constitucionales, a partir del uso exclusivo de la norma de rango
legal. Esta imposibilidad se infiere del mandato superior según el cual en caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley, se deben aplicar las disposiciones constitucionales, como lo ordena el artículo 4º de la
Carta. Llevando dicho premisa al caso analizado, se encuentra que, en realidad, el cuestionamiento de la validez
constitucional que se plantea en la demanda parte de una interpretación equivocada de la disposición legal
acusada, que no desconoce uno de los postulados axiales del Estado de Derecho, como lo es, el principio de
la supremacía constitucional.

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departamento del Cesar, la resolución cuestionada debió partir de un análisis
diferenciado frente a otros productores, en particular respecto de Santander y la
denominada Zona Interior, circunstancia que no ocurrió e impide aplicar el
parámetro de comparación previsto en el artículo 8 de la Resolución 887 de 2014.

66. Por consiguiente, el aparte acusado referente al precio base para liquidar
regalías de carbón térmico de exportación en el sector de la Jagua de Ibirico en el
departamento del Cesar de la Resolución No. 650 de 2019, quebrantó la normativa
de orden superior –Resolución No. 887 de 2014–, la cual, valga reiterar, estableció
unas condiciones para equiparar los precios base de liquidación cuando el valor del
carbón de exportación sea inferior al fijado para el carbón de consumo interno «del
mismo tipo, período de aplicación y departamento», lo que está acreditado que hizo
la UPME al establecer el precio que correspondía en el anexo técnico del acto, pero
acatando lo conceptuado por la ANM, en calidad de ente reglamentario, resolvió
igualar los precios del carbón térmico de exportación al del consumo interno, sin
distinción de origen del mineral.

67. Por ende, la Sala considera que el aparte acusado referente al precio base para
liquidar regalías del carbón térmico de exportación en el sector de la Jagua de Ibirico
en el departamento del Cesar de la Resolución No. 650 de 2019, se expidió con
infracción de la normativa de orden superior sobre regalías –Resolución 887 de
2014, art. 8– en que debía fundarse, por lo que declarará su nulidad.

Restablecimiento del derecho

68. La demanda solicitó como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
apartes de los actos acusados que se «deben restituir, y/o reembolsar, y/o pagar,
solidariamente [o subsidiariamente a cargo de la ANM], a la sociedad CONSORCIO
MINERO UNIDO S.A., debidamente actualizada, y con los intereses a que haya
lugar, la suma de dinero que pagó en exceso la empresa en cumplimiento de la
Resolución 650 de 2019 de la UPME, que asciende al valor de TRES MIL ONCE
MILLONES QUINIETOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS pesos moneda
corriente ($3.011.580.400)» (se precisa).

Lo anterior se sustentó en que la demandante pagó las regalías correspondientes a
los meses de enero, febrero y marzo del año 2020 causadas bajo el contrato de

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concesión minera No. 109-90129 celebrado entre la ANM y Consorcio Minero Unido
SA–CMU, de acuerdo con el precio base de liquidación de regalías definido por la
UPME mediante la Resolución No. 650 de 2019 -acto administrativo vigente en la
fecha de producción del carbón-, así como las contraprestaciones económicas130
adicionales de carácter contractuales denominadas: Compensación Adicional131 y
Participación132, las cuales fueron determinadas en el negocio jurídico en los
siguientes términos:

Compensación Adicional [cláusula decimosexta, numeral 1, literal b]: Cuando la
producción del área contratada sea inferior a tres millones de toneladas (3
.000.000) anuales y, en consecuencia, de conformidad con las normas
actualmente vigentes, la regalía aplicable sea del 5%, EL CONTRATISTA deberá
pagar una Compensación Adicional del 5% del precio en boca de mina fijado por
la UPME, la cual se liquidará de la misma manera que la regalía, y se pagará en
las mismas fechas de ésta.

Participación [cláusula decimosexta, numeral 2]: El CONTRATISTA pagará
trimestralmente a la AUTORIDAD MINERA, a título de Participación, una suma
equivalente al tres por ciento (3%) del valor en boca de mina calculado sobre el
volumen total producido dentro del área contratada. Esta participación se liquidará
con base en el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, o la
entidad que haga sus veces, para el carbón de exportación, desde el 16 de octubre
de 2014. Esta participación será pagada en las mismas condiciones y términos en
las qué se pagan las regalías.

En el evento en que la participación causada y pagada entre el 16 de octubre de
2014 y la fecha de pago de la participación correspondiente al trimestre
inmediatamente anterior a la firma del presente otrosí hubiese sido inferior al 3%,
EL CONTRATISTA deberá pagar la diferencia entre lo efectivamente pagado y el
valor resultante de la aplicaciór:1 del presente numeral, dentro de los treinta {30)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente Otrosí. Vencidos los
términos sin que se haya efectuado el pago, EL CONTRATISTA pagará por mes o
fracción de mes, interés de mora por un monto igual al máximo permitido por la
Ley.

129 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-22-Anexo 5.1.10. 109-90_19901218_Original.pdf(.pdf)», el cual

cuenta con 9 otrosíes, visible en los documentos: «ED-13-Anexo 5.1.10. 109-90_07061993_Otrosi 1.pdf(.pdf)»,
«ED-16-Anexo 5.1.10. 109-90_13102005_Otrosi 2.pdf(.pdf)», «ED-20-Anexo 5.1.10. 109-90_15102014_Otrosi
3.pdf(.pdf)», «ED-18-Anexo 5.1.10. 109-90_14042015_Otrosi 4.pdf(.pdf)», «ED-15-Anexo 5.1.10. 109-
90_13072015_Otrosi 5.pdf(.pdf)», «ED-17-Anexo 5.1.10. 109-90_14012016_Otrosi 6.pdf(.pdf)», «ED-19-Anexo
5.1.10. 109-90_14042016_Otrosi 7.pdf(.pdf)», «ED-21-Anexo 5.1.10. 109-90_16062016_Otrosi 8.pdf(.pdf)» y
«ED-14-Anexo 5.1.10. 109-90_11072016_Otrosi 9.pdf(.pdf)».
130 Ibidem. En el documento «ED-14-Anexo 5.1.10. 109-90_11072016_Otrosi 9.pdf(.pdf)», que en su cláusula

decimosexta estipuló «Regalías y compensaciones, administración y auditoría del contrato. Serán de cargo de
EL CONTRATISTA los impuestos y/o gravámenes del orden nacional, departamental y/o municipal que se
deriven de la actividad que realiza. Adicionalmente, EL CONTRATISTA realizará los siguientes pagos:
1. Por concepto de regalías y compensaciones:
a. Regalías: Las regalías y compensaciones pagaderas, derivadas de la explotación adelantada por el
CONTRATISTA en el área contratada, así como su forma de pago, son las que se contemplan en la Ley 141 de
1994, modificada por la Ley 756 de 2002, y los precios base serán los que para el efecto fije la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME), o la entidad que haga las veces de autoridad competente de
conformidad con la ley».
131 Ibidem.
132 Ibidem.

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69. Frente a este aspecto, una vez revisado el material probatorio, la Sala encuentra
acreditado la merma patrimonial alegada, consistente en el pago en exceso por
concepto de regalías del primer trimestre de 2020, así como por compensación
adicional y participación, las cuales si bien fueron contraprestaciones económicas
determinadas en el contrato de concesión minera No. 109-90, del texto de la
cláusula se evidencia que se liquidan con base en el precio base de liquidación de
regalías fijado por la UPME para el mismo período. Por ello, tal como se analizó en
precedencia [fundamento jurídico 57], en el anexo técnico de la Resolución No 650
de 2019133, en lo que se refiere al carbón de exportación, al aplicar la metodología
establecida en la Resolución 887 de 2014 –artículo 10–, se estableció técnicamente
que el precio base para el carbón térmico de exportación [$109.001,60] era inferior
al precio fijado para ese mismo tipo de carbón –térmico– para el consumo interno
[$169.967,78], por lo que acatando lo conceptuado por la ANM –oficio del 10 de
diciembre de 2019134–, en calidad de ente reglamentario, se resolvió igualar los
precios del carbón térmico de exportación al del consumo interno en aplicación del
artículo 8 de la Resolución 887 de 2014, pero sin consideración del origen del
mineral, siendo una de las condiciones para equiparar los precios base.

70. En el presente asunto se allegaron unos comprobantes de pagos por concepto
de regalías, compensación adicional y participación del primer trimestre de 2020135;
no obstante, en dicha documentación sólo se indica el monto cancelado por CMU,
pero no se aportaron los formularios de declaración sobre dichos conceptos, en
atención a los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 600 de 1996136, en los que se

133 Cfr. SAMAI, índice 60. En el archivo «150_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
R6502019ANTECEDENT(.zip)», documento «11_ Resolución UPME 650_2019 PBLR CARBON 1T2020».
Visible en el enlace: https://docs.upme.gov.co/Normatividad/650_2019.pdf.
134 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-9-Anexo 5.1.6. 20191210 - Comunicación UPME a ANM - Art 8

Res ANM 887-14.pdf(.pdf)».
135 Cfr. SAMAI, índice 2. En los documentos: «ED-24-Anexo 5.1.12. Sopor Rega y Com CMU 2020.pdf(.pdf)»,

«ED-25-Anexo 5.1.13. Sopor 3 ANM CMU II Regalia y Comp Adici.pdf(.pdf)» y «ED-26-Anexo 5.1.14. Sopor 4
ANM CMU Partic.pdf(.pdf)».
136 Decreto 600 de 1996. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994 en lo que se refiere al

recaudo, distribución y transferencia de las regalías de la explotación de carbón, metales preciosos y
concentrados polimetálicos.
Artículo 4º. Obligación de declarar. Toda persona natural o jurídica que explote carbón mineral de propiedad
nacional, a cualquier título, está obligada a presentar ante Ecocarbón, directamente, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre calendario, una declaración de producción de carbón,
indicando la jurisdicción municipal de donde se extrajo el mineral y liquidando la regalía que le corresponde
pagar de acuerdo con la producción declarada, el precio del mineral para la liquidación de regalías fijado por el
Ministerio de Minas y Energía y el porcentaje establecido en la Ley 141 de 1994.
Artículo 5º. Formularios de declaración. La declaración a la cual se refiere el artículo anterior, se presentará en
los formularios que para tal efecto diseñe Ecocarbón, en los cuales se deben indicar como mínimo los siguientes
datos: a) Trimestre declarado y año; // b) Nombre, domicilio y dirección del declarante; // c) Cédula de ciudadanía
o número de identificación tributaria (NIT); // d) Nombre y lugar de ubicación de la mina o unidad de producción
(Municipio, vereda); // e) Cantidad del mineral producido en el trimestre a que se refiere la declaración; // f)
Destino del carbón producido en el mencionado trimestre: nombre y domicilio de las personas a las cuales se
les suministró el mineral, indicando la cantidad del mismo; // g) Liquidación de la regalía a cargo del declarante.
Artículo 6º. Lugar y forma de pago. El productor de carbón deberá presentar su declaración y pagar
trimestralmente en dinero, en la misma fecha de presentación, el valor de la regalía liquidada en su declaración,
a la cual se acompañará el correspondiente recibo de pago.

69

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

evidenciara: i) la cantidad del mineral producido en el trimestre a que se refiere la
declaración; ii) destino del carbón producido en el mencionado trimestre y, en
particular, iii) la liquidación de la regalía y demás compensaciones a cargo del
declarante. Aspectos que, en relación con el restablecimiento del derecho o la
reparación del daño solicitado, resultaban determinantes para acreditar que el
carbón extraído corresponde a aquel destinado a la exportación, como la cantidad
de mineral extraído en dicho trimestre y sobre el que se realizó el pago en exceso
de los rubros reclamados.

71. Por consiguiente, se ordenará a la Agencia Nacional de Minería–ANM para que,
basado en las consideraciones expuestas a lo largo de esta sentencia, restituya y
pague a favor de la parte demandante las sumas pagadas en exceso por los
conceptos de regalías, compensación adicional y participación, con base en las
respectivas declaraciones de regalías y compensaciones del primer trimestre del
año 2020 presentadas por el Consorcio Minero Unido SA–CMU, las cuales fueron
realizadas en virtud del aparte referente al precio base para liquidar regalías en el
sector de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar de la Resolución No. 650
de 2019 –anulado–, acto acusado expedido con infracción de la normativa de orden
superior sobre regalías –Resolución 887 de 2014, art. 8– en que debía fundarse ya
que se aplicó lo conceptuado por la ANM en el oficio del 10 de diciembre de 2019137,
en calidad de ente reglamentario, y se resolvió igualar los precios del carbón térmico
de exportación al del consumo interno, pero sin consideración del origen del mineral,
siendo una de las condiciones para equiparar los precios base.

Además, una vez establecido el monto a restituir y pagar por parte de la ANM, dicha
entidad deberá actualizar esa cifra con base en la siguiente fórmula utilizada
reiteradamente por esta Corporación:

Índice final
Vp= Vh x ------------------------
Índice inicial

Vp: Corresponde al valor presente
Vh: Es el valor histórico o inicial
Índice Final: Es último IPC vigente a la fecha en que se establezca el monto
a restituir y pagar.

El pago deberá efectuarse a nombre de la Empresa Colombiana de Carbón Limitada, "Ecocarbón", en las
oficinas de dicha entidad en Bogotá, en las Regionales o ante las dependencias de entidades bancarias que
para ese fin señale Ecocarbón.
Para tal efecto, deberá constituir cuentas bancarias de recaudo nacional.
137 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «ED-9-Anexo 5.1.6. 20191210 - Comunicación UPME a ANM - Art 8

Res ANM 887-14.pdf(.pdf)».

70

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Índice inicial: Es el IPC vigente a la fecha en que se realizaron las respectivas
declaraciones de regalías y compensaciones del primer
trimestre del año 2020 presentadas por el Consorcio Minero
Unido SA–CMU

72. Ahora, en relación con el reconocimiento y pago de intereses sobre las sumas
pagadas en exceso por las regalías, compensación adicional y participaciones, la
parte demandante se limitó a pedir que se reconocieran «los intereses a que haya
lugar», sin que indicara a que tipo de intereses se refiere –remuneratorios o
moratorios–, ni el fundamento legal que sustente dicha pretensión.

73. Al respecto, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado138, ya que la presente providencia es la que reconoce el pago
indemnizatorio, sin preexistencia de una obligación insoluta139, resulta improcedente
acceder a tal pretensión. Además, se resalta que la obligación de pagar intereses
no opera ipso iure140, en tanto que resulta indispensable y necesario que la
obligación de pagar intereses –bien sean remuneratorios o moratorios– provenga
de un acuerdo o una disposición legal que así lo determine141, lo cual no fue
sustentado en el presente caso. Sobre ese mismo aspecto, la jurisprudencia de la

138 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2023, expediente

67752 [fundamento jurídico 6.2], C.P. María Adriana Marín.
139 Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que «no se está frente a una obligación

dineraria incumplida, sino que la obligación de pagar la suma de dinero a cargo de la entidad demandada, surge
con ocasión de la presente providencia y en virtud de la condena que aquí se proferirá en su contra, razón por
la cual no puede hablarse de mora en el pago de dicha obligación». Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, expediente 27.593, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
También se puede consultar de la Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022, expediente 57011, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
140 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de septiembre de 2023, expediente

64508 [fundamento jurídico 74], C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
141 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 1989, M.P. Rafael

Romero Sierra. La obligación de pagar intereses remuneratorios como fruto de prestaciones dinerarias no opera
ipso iure, como acontece con los intereses moratorios (C.Co., art. 883), sino que es incuestionablemente
necesario que la obligación de pagarlos dimane de un acuerdo entre las partes o de una disposición legal que
así lo determine.
6. La Corte cuando ha tenido la oportunidad de abordar el estudio del artículo 884 del estatuto comercial para
precisar su contenido y alcance, ha concluido que tal precepto, de un lado, determina la tasa o el monto de los
intereses comerciales en caso de mora, en todos los diferentes eventos en que pueda haber lugar a éstos, y la
tasa o el monto de los remuneratorios, para cuando éstos no fueron convenidos por las partes, y de otro lado,
fija el límite máximo convencional de unos y otros, y su pérdida, en caso de sobrepasar los montos allí indicados.
(Sentencias de 29 de mayo de 1981 —CLXVI, 436 a 438—; 1º de febrero de 1984, sin publicar).
7. Sin embargo, ahora es pertinente puntualizar que la aplicación de tal mandato a los negocios mercantiles,
particularmente a aquellos en los que deben pagarse sumas de dinero, no opera tampoco ipso iure, en
tratándose de intereses remuneratorios, pues para tal efecto es indispensable que la obligación de pagarlos sea
el producto de un acuerdo de las partes, o de un mandato legal cual es el supuesto del que arranca el precitado
artículo 884 del Código de Comercio, cuando preceptúa que: “ Cuando en los negocios mercantiles hayan de
pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente (...)”
(subrayas de la Sala).
8. De tal suerte que el Código de Comercio, permite el cobro de intereses remuneratorios o de plazo, pero sólo
en aquellos negocios mercantiles "en que hayan de pagarse réditos de un capital", bien sea por convenio de las
partes o por disposición legal expresa como ocurre, por ejemplo, en los suministros y ventas al fiado, sin
estipulación del plazo, un mes después de pasada la cuenta (C.Co., art. 885), en la cuenta corriente mercantil
(C.C., art. 1251), en el mutuo comercial (C. Co., art. 1163), en la cuenta corriente bancaria (C. Co., art. 1388);
y determina mediante el artículo 884 la tasa respectiva cuando no se ha estipulado". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov.
28/89. M.P. Rafael Romero Sierra).

71

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que142:

5.
Los intereses remuneratorios corresponden a la retribución del capital por el
tiempo durante el cual el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de
dinero y en cuya fórmula de cálculo se incluye, además del rendimiento, el riesgo
de incumplimiento o insolvencia y la pérdida del poder adquisitivo. Por su
naturaleza y función, requieren estipulación negocial o precepto legal143, son
extraños a la mora e incompatibles con los intereses moratorios, pues se causan
y deben durante el plazo o tiempo existente entre la constitución de la obligación y
el día del pago o restitución del capital, son exigibles y deben pagarse en las
oportunidades acordadas en el título obligacional o en su defecto, en la ley144.

6.
De otra parte, los intereses moratorios son las sumas que se deben pagar a título
de indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en mora el
deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación principal. Por eso,
resulta improcedente su cobro cuando no media una hipótesis que coloque al
deudor en mora de cumplir con la obligación145. Asimismo, no es posible
reconocerlos junto con la indexación, pues se estaría condenado dos veces por la
misma causa146.

7.
La obligación del pago de $2.571’466.748 en favor del accionante, surge a partir
de la sentencia y no por una estipulación negocial, por eso, no hay lugar al
reconocimiento de intereses remuneratorios, pues no puede considerarse que
existió previamente a la decisión un plazo para efectuar la restitución del capital.
Además, tampoco es posible el reconocimiento de intereses moratorios, porque en
la sentencia del 1° de marzo de 2024 se actualizó la suma de $1.730’493.307,
desde el momento en que se efectuó el pago, es decir, septiembre de 2016.

74. En línea con lo anterior, tampoco resultaría apropiado acudir al artículo 884 del
Código de Comercio, porque la obligación del pago no surge de una estipulación
negocial. Como tampoco es aplicable el artículo 863 del Decreto 624 de 1989 –
Estatuto Tributario–147, porque en este proceso no se discutió el pago o exceso de

142 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia complementaria del 20 de mayo de 2024,

expediente 62847 [fundamento jurídico 5 a 7], C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
143 Original de cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (27 de agosto de 2008). Sentencia 11001-

3103-022-1997-14171-01 [M.P. William Namén Vargas].
144 Original de cita: Se precisa que la obligación de pagar intereses remuneratorios a la tasa bancaria corriente

no opera ipso iure, ni en negocios jurídicos civiles ni mercantiles, en tanto la obligación de pagar dicha tipología
de intereses dimana de un acuerdo o una disposición legal que así lo determine. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (14 de julio de 2023). Sentencia 25000-23-36-000-
2015-02463-01 (59.864) [C.P. José Roberto Sáchica Méndez].
145 Original de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.

(22 de agosto de 2023). Sentencia 23001-23-33-000-2016-00005-01 (66.901) [C.P. José Roberto Sáchica
Méndez].
146 Original de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.

(4 de noviembre de 2022). Sentencia 13001-23-31-000-2011-00579-01 (54.573) [C.P. José Roberto Sáchica
Méndez].
147 Artículo 863. intereses a favor del contribuyente. Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones

tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los
siguientes casos:
Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor
estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la
devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo
a favor. Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del
giro del cheque, emisión del título o consignación. En todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido
discutido, se causan intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que

72

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

saldo en tributos, sino por concepto de regalías, las cuales «no tienen naturaleza
tributaria, pues no son imposiciones del Estado sino contraprestaciones que el
particular debe pagar por la obtención de un derecho, a saber, la posibilidad de
explotar un recurso natural no renovable», tal como lo estableció la Corte
Constitucional en sentencia C-221 de 1997148.

Por lo anterior, se negará el reconocimiento de intereses en los términos pedidos
por la parte demandante.

Condena en costas

75. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP. A su turno, en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso; además, el numeral 8 prevé
que sólo se reconocerán «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».

Asimismo, el numeral 5 del artículo 365 del CGP prevé que, si la demanda prospera
parcialmente, el juez podrá abstenerse de condenar en costas. Por ello, en atención
a que no se accedió al primer y segundo cargo de nulidad propuesto en la demanda,
ni al reconocimiento de intereses, la Subsección se abstendrá de condenar en
costas.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las entidades
demandadas, Agencia Nacional de Minería–ANM y Unidad de Planeación Minero
Energética–UPME, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o
consignación.
148 Sentencia del 29 de abril de 1997 [fundamento jurídico 16], M.P. Alejandro Martínez Caballero. Criterio

reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia complementaria del 20 de mayo de
2024, expediente 62847 [fundamento jurídico 8 y 9], C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

SEGUNDO: NEGAR la nulidad del artículo 8 de la Resolución No. 887 del 26 de
diciembre de 2014, proferida por la Agencia Nacional de Minería-ANM, con
fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del aparte referente al precio base para liquidar
regalías del carbón térmico de exportación en el sector de la Jagua de Ibirico en el
departamento del Cesar de la Resolución No. 650 del 30 de diciembre de 2019,
proferidas por la Unidad de Planeación Minero Energética–UPME, con fundamento
en las razones advertidas en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería–ANM para que, basado en
las consideraciones expuestas a lo largo de esta sentencia, RESTITUYA y PAGUE
a favor de la parte demandante –Consorcio Minero Unido SA-CMU– las sumas
pagadas en exceso por los conceptos de regalías, compensación adicional y
participación, con base en las respectivas declaraciones de regalías y
compensaciones del primer trimestre del año 2020 presentadas por el Consorcio
Minero Unido SA–CMU. Establecido el monto a restituir y pagar por parte de la
Agencia Nacional de Minería–ANM, dicha entidad deberá ACTUALIZAR esta cifra,
de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: SIN CONDENA en costas.

SÉPTIMO: El cumplimiento de la presente sentencia deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dada la naturaleza jurídica de la
parte demandada, Agencia Nacional de Minería–ANM y Unidad de Planeación
Minero Energética–UPME.

OCTAVO: RECONOCER personería a los abogados: i) Alfonso Leonardo Tovar
Díaz, portador de la Tarjeta Profesional No. 166.431 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderado de la ANM, y ii) Camilo Andrés Tovar
Perilla, portador de la Tarjeta Profesional No. 228.454 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderado de la UPME, en los términos de los
poderes que obran a índices 135 y136 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

74

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00097-00 (66153)
Demandante: Consorcio Minero Unido SA–CMU
Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

NOVENO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el
proceso de la referencia, previas anotaciones de rigor en el sistema de gestión
judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
PRESIDENTE
ACLARACIÓN DE VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE149
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
VF

149 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que

se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

75

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