RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2020-00126-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00126-00

Fecha
21 de octubre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00126-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Francy Elena Guzmán Muñoz y otros contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 25 de julio de 2019, dentro del expediente radicado bajo el número 19001-33-31-008-2017-00105-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente la suma equivalente de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00126-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2.022)

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00126-00 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / estudio de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA – no se configuró en el presente
asunto – su carácter excepcional impide que este medio de impugnación comporte
una nueva instancia.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual se revocó el fallo condenatorio dictado
por el Juzgado Octavo Administrativo del Popayán el 26 de septiembre de 2017.

I. ANTECEDENTES

Demanda inicial

1. El señor Ricardo Moreno Muñoz y su grupo familiar1, instauraron demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los
perjuicios causados con la privación de la libertad del primero de los nombrados.

2. Como supuesto fáctico de sus pretensiones, indicaron que, el 12 de julio de
2011, cuando el señor Ricardo Moreno Muñoz se dirigía a su casa, luego de salir
de su sitio de trabajo – Carrefour –, fue capturado por agentes de la Policía
Nacional por portar un arma de fuego tipo revólver que encontró cuando se
disponía a realizar sus necesidades fisiológicas. Ese mismo día, el Juzgado
Segundo Penal Municipal Ambulante de Popayán legalizó su captura, le imputó
cargos y le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en

1
Conformado por los señores Samuel Ricardo Moreno Chamizo (hijo), Silvia Yaneth Chamizo Rengifo
(compañera permanente), Marlene Muñoz Salazar (madre), Francy Elena Guzmán Muñoz (hermana), Alba
María Salazar (abuela) y Fernando Guzmán Valencia (cuñado).

1

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

establecimiento carcelario. El 31 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Popayán con funciones de conocimiento declaró su absolución2.

3. Surtido el trámite legal correspondiente, el 26 de septiembre de 2017, el
Juzgado Octavo Administrativo del Popayán, declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Policía Nacional y declaró
solidaria y administrativamente responsables a la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial, bajo el régimen de responsabilidad objetivo 3.

Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

4. Corresponde a la decisión adoptada el 25 de julio de 2019, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca, revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las súplicas de la demanda.

5. Como fundamento de su decisión, el Tribunal sostuvo que conforme a la
sentencia SU-072 de 2018, la privación de la libertad del actor debía analizarse bajo
el régimen de responsabilidad subjetivo de la falla en el servicio, dado que su
absolución se produjo en aplicación del principio de in dubio pro reo, el hecho
investigado existió y su conducta era objetivamente típica.

6. En este sentido, adujo que estaban acreditados los requisitos previstos en la Ley
906 de 2004 para la imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva, por lo que, el juez de control de garantías consideró que la medida de
aseguramiento era necesaria, razonable y adecuada para proteger a la comunidad,
dada la gravedad del delito.

7. Además, en aplicación de la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018
de esta Corporación, señaló que se configuró la causal eximente de responsabilidad
de culpa exclusiva de la víctima, dado que el sindicado no avisó a las autoridades
sobre el supuesto hallazgo del arma de fuego, siendo capturado con dicho
elemento, sin contar con permiso para su porte4.

El recurso extraordinario de revisión

8. En el escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión presentado el 10
de noviembre de 20205, la parte demandante señaló que la sentencia del 25 de julio
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, incurrió en la causal

2
SAMAI: índice 23. “01CuadernoPrincipal.pdf”. Páginas 121 a 143.
3
SAMAI: índice 23. “01CuadernoPrincipalDos”. Páginas 145 a 147, y antecedentes de la sentencia del 25 de
julio de 2019, obrante en SAMAI: índice 23. “CuadernoSegundaInstancia”. Páginas 75 a 98.
4
SAMAI: índice 2, “EXPEDIENTE DIGITAL – Rad: 5_ED_RECURSO REVISION Y ANEXOS RICARDO
MORENO 3.pdf(.pdf) NroActua 2”. Páginas 94 a 116.
5
SAMAI: índice 2, “2_ED_Gmail - RV_ RECURSO REVISIÓN Y ANEXOS RICARDO MORENO.pdf(.pdf)
NroActua 2”.

2

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, esto es,
por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación”.

9. Para sustentar la causal antes referida, invocó las siguientes razones.

a. La sentencia recurrida se incurrió en “una decisión sin motivación, en un defecto
fáctico y en una violación al principio de congruencia”, por cuanto, la absolución del
señor Ricardo Moreno Muñoz se produjo por “atipicidad de la conducta investigada
por ausencia del elemento doloso”, por lo que, de conformidad con la sentencia SU-
072 de 2018, debió darse aplicación al régimen de responsabilidad objetivo.
Además, anotó que, si bien la circunstancia de haber sido absuelto por atipicidad
de la conducta fue advertida en la demanda y los alegatos de conclusión de
segunda instancia, no fue objeto de decisión en la sentencia cuestionada.

b. Señaló que el fallo objeto de revisión incurrió en una vía de hecho por ausencia
de motivación, debido a que, omitió realizar un análisis crítico del cumplimiento del
requisito subjetivo para la procedencia de la medida de aseguramiento (artículos
308 y 310 del C.P.P.), a fin de determinar su necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad, lo cual, a su vez configuró un defecto sustantivo y fáctico, en tanto
que no se dio aplicación a la sentencia SU-072 de 2018 ni a los tratados
internacionales.

c. También, señaló que se configuró una vía de hecho por defecto fáctico y
trasgredió el principio de congruencia, por cuanto, en la sentencia acusada se hizo
una narración sucinta del escrito de acusación elaborado por la Fiscalía para
justificar la legalidad de la medida de aseguramiento, a pesar de que, es un acto
posterior que no se relaciona con la medida privativa.

d. Agregó que se trasgredió el principio de congruencia, por cuanto el Tribunal
declaró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, a
pesar de que el sindicado no tuvo oportunidad de dar aviso a las autoridades sobre
el hallazgo del arma y, en todo caso, su conducta no fue determinante para la
privación de su libertad, pues, a su juicio, no se encontraba acreditado el elemento
subjetivo para la procedencia de la medida de aseguramiento.

e. Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo del Cauca aplicó
precedentes judiciales que no estaban vigentes para la época en que se instauró la
demanda ordinaria.

Trámite del recurso e intervenciones

3

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

10. Mediante auto del 20 de enero de 20216, el despacho admitió la demanda y
ordenó notificar personalmente a la contraparte, al Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado7.

11. La Nación – Fiscalía General de la Nación explicó que el recurso de revisión
carecía de vocación de prosperidad, por cuanto no está demostrada la
configuración de alguna de las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA.

12. En este sentido, advirtió que los recurrentes cuestionan la valoración probatoria
e interpretación jurídica realizada por el juez ordinario, pretendiendo constituir una
instancia adicional para revivir el debate de la responsabilidad estatal, pese a que
la sentencia recurrida fue congruente al resolver los puntos de litigio8.

13. La Nación – Rama Judicial sostuvo que el recurso extraordinario de revisión no
busca controvertir la decisión del juez natural, ni pretende corregir los errores de
apreciación de los hechos y/o de las pruebas en que hubiera podido incurrir el
fallador, pues aquello implicaría realizar un juicio de legalidad de su actuación.

14. Seguidamente, advirtió que la captura en flagrancia e imposición de la medida
de aseguramiento se sujetó a lo previsto en los artículos 28 de la Constitución
Política y 306, 308, 310, 311 y 313 de la Ley 906 de 2004; asimismo, señaló que la
absolución del sindicado no permite atribuir responsabilidad al Estado, puesto que,
la duda recayó sobre los elementos objetivos del tipo penal, pero no se descartó la
materialidad de su conducta9.

15. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.

Período probatorio

16. En proveído del 13 de septiembre de 2021 10 se ofició al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán para que remitiera el expediente con
radicado 19001-33-33-008-2017-00105-00, correspondiente al proceso de
reparación directa instaurado por el señor Ricardo Moreno y otros contra la Nación
• Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

17. Adicionalmente, se incorporaron al proceso los siguientes documentos
aportados con el recurso: i) la demanda de reparación directa instaurada por el

6
SAMAI: índice 4, “7_AUTO ADMITIENDO RECURSO(.doc x) NroActua 4”
7
SAMAI: índice 19.
8
SAMAI: índice 8. “10RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_110010326000202000105
001RECREVISIONRICARDOMORENOMUNOZYOTROSCONTESTACIONFGN(.pdf) NroActua 8”.
9
SAMAI: índice 10. “15RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTARECURSO
EXTRAREVISIONFRANCYELENGUZMANMUNOZ(.doc) NroActua 10”.
10
SAMAI: índice 14. “21_AUTODECRETANDOPRUEBAS(.docx ) NroActua 14”.

4

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

señor Ricardo Moreno y otros contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial, ii) los alegatos de conclusión de primera instancia presentados por
la parte actora dentro del medio de control de reparación directa, iii) la sentencia de
26 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Popayán, iv) los alegatos de conclusión de segunda instancia
presentados por la parte actora dentro del medio de control de reparación directa,
v) la adición a los alegatos de conclusión de segunda instancia presentados por la
parte actora, vi) la sentencia de 25 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, y vii) las audiencias surtidas dentro del proceso penal
seguido en contra del señor Ricardo Moreno.

II. CONSIDERACIONES

Competencia de la Sala para conocer del recurso extraordinario de revisión

18. En el auto admisorio proferido el 20 de enero de 2021 se constató que el
recurso fue presentado en oportunidad11 –el 10 de noviembre de 2020– y, de
conformidad con las normas de competencia definidas en el artículo 249 del
CPACA se concluyó que esta Corporación es competente para conocer del recurso
de revisión de la referencia interpuesto contra una sentencia ejecutoriada proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca.

Objeto del recurso extraordinario formulado

19. Planteados los términos del asunto a decidir, el problema jurídico que debe ser
resuelto en esta oportunidad se contrae a determinar si la sentencia del 25 de julio
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, está incursa en la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA por las razones ya
referidas.

El recurso extraordinario de revisión: naturaleza, objeto y alcance

20. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
que permite cuestionar las sentencias ejecutoriadas y en firme de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, bajo especiales circunstancias definidas
taxativamente en la ley –artículo 250 del CPACA-, con miras a procurar el
restablecimiento de la justicia material, ya sea por advertir vicios o conductas

11
Según el artículo 251 del CPACA, el recurso de revisión podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. La decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, objeto del
recurso, quedó ejecutoriada el 5 de agosto de 2019; de modo que la parte interesada tenía hasta el 6 de agosto
de 2020 para interponer el recurso; sin embargo, los términos de caducidad fueron suspendidos del 16 de marzo
de 2020 -artículo 1 del Decreto 564 del 2020- hasta el 30 de junio del mismo año - acuerdo PCSJA20-11567 de
2020-. Teniendo en cuenta dicha suspensión y que la demanda se presentó el 10 de noviembre de 2020, se
concluyó que se hizo antes de que transcurriera el término de un año de que trata el citado artículo 251.

5

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

ilegales que afectan la base de la decisión, o por situaciones desconocidas al
momento de ser dictada, entre otros eventos.

21. Así, entonces, el ordenamiento jurídico permite a través de este mecanismo la
ruptura excepcional de principios derivados del carácter ejecutorio que acompaña
a las sentencias en punto a la firmeza que adquieren en el ordenamiento jurídico
procesal, pues, ante la configuración de una de las causales contempladas en el
artículo 250 del CPACA, la ley autoriza de forma extraordinaria a desconocer el
principio de cosa juzgada, eludiendo la intangibilidad que caracteriza a las
sentencias ejecutoriadas.

22. Lo anterior a condición de que se trate de situaciones exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente, aspecto que excluye la
posibilidad de soportarse en cuestionamientos sobre el criterio con que el operador
judicial interpretó o aplicó la ley en la sentencia, razón por la cual, las causales que
estructuran el recurso no pueden ser imputables al propio recurrente y, en ese
sentido, su alcance y carácter excepcional revelan que este medio de impugnación
no comporta una nueva instancia ni prevé oportunidades para que las partes
subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso.

23. Bajo estos supuestos, las facultades del juez que conoce de este recurso se
limitan al estudio de los planteamientos esbozados por el recurrente, que deben
dirigirse a la construcción de un razonamiento que permita estructurar la causal
aducida y abstenerse de incluir argumentos tendientes a revivir la controversia ya
resuelta por la autoridad judicial competente. De suerte que la labor del operador
judicial no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la
causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto
y delimitado ámbito interpretativo12.

24. En este orden de ideas, para que resulte procedente el referido mecanismo, su
técnica exige la correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta, la
causal invocada y las alegaciones expuestas por el recurrente, en tanto este
mecanismo de impugnación no es el medio idóneo para subsanar o corregir errores
u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa.

25. Establecidos los aspectos generales del recurso de revisión, procede la Sala a
analizar la causal invocada por la parte recurrente.

La causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de
2022, expediente: 63.100 (RER), ponencia del suscrito magistrado.

6

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

26. La causal 5° de revisión aludida por los impugnantes, establece la procedencia
del recurso extraordinario, al “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

27. Son dos los requisitos o presupuestos que deben concurrir para la prosperidad
de la causal invocada, a saber: i) que contra la decisión objeto del recurso
extraordinario no proceda el recurso de apelación y ii) que la nulidad se haya
originado en la sentencia que puso fin al proceso13.

28. El primer requisito sugiere que este mecanismo procesal debe instaurarse
contra una sentencia, respecto de la cual no proceda recurso de alzada. En relación
con el segundo, esta Corporación ha señalado que es necesario que concurran dos
supuestos: que el vicio alegado se materialice con la expedición del fallo, no antes
y, además, debe ser grave e insaneable, al punto que, de no presentarse, la
decisión adoptada hubiese sido distinta14.

29. En razón del primer supuesto, esta causal de revisión no se estructura cuando
la irregularidad se presenta en etapas anteriores al fallo, salvo “que el afectado no
haya tenido la oportunidad de invocarlo ante el juez porque solo los conoció cuando
se dictó la sentencia recurrida”. Este límite temporal y material -la emisión de la
sentencia objeto del recurso- “impide que emerja una confusión entre el instrumento
de corrección y/o saneamiento del proceso o de ser un hecho constitutivo de
nulidad insanable, con el de realización de la justicia material que subyace al
recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión judicial que puso
fin a la litis”15.

30. En virtud de lo anterior, no es posible invocar como fundamento del recurso
alguna causal de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, toda vez que
las nulidades procesales se someten a las reglas de oportunidad y trámite del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil16, sin que esto implique desconocer
el deber que tiene el juez de declarar de manera oficiosa las nulidades que observe
antes de proferir el fallo.

31. En lo atinente al segundo presupuesto, se ha señalado que son básicamente
dos los grupos de nulidades que pueden dar lugar a un defecto insanable derivado
de la sentencia: de un lado, las irregularidades originadas en vicios que constituyen

13
Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 28 de septiembre de 2016 (radicación 0452-15), del
20 de septiembre de 2018 (radicación 11001-03-25-000-2013-00109-00) y del 14 de agosto de 2018 (radicación
11001-03-15-000-2013-02174-00).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del
13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119. C.P. Alberto Montaña Plata.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de
1 de septiembre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-00266-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16
Normativa que rigió el proceso ordinario.

7

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

causal de nulidad del proceso que solo pudieron ser advertidos en la sentencia y,
de otro lado, los vicios graves que contiene la providencia y que generan una
vulneración del derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
32. Con fundamento en estas premisas, se han identificado como integrantes del
aludido primer grupo, los siguientes defectos causantes de nulidad en la sentencia:
i) dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento,
transacción o perención, porque con esto se revive un proceso legalmente
concluido; ii) dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido; iii)
dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión; iv) pretermitir la
instancia, por ejemplo: a) al proferir una sentencia sin motivación o b) violar el
principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa
distinta a la invocada) y v) decidir aspectos que no corresponden, por falta de
jurisdicción o competencia del juez17.

33. Como se observa, dichas causales de nulidad originadas en la sentencia están
enmarcadas en dos categorías: las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la
sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia, es decir, que
devienen de ella misma, de su sustancialidad18. Se caracterizan porque impiden
ser empleados como instrumentos para debatir la comprensión jurídica del fallador
o reabrir debates propios de la instancia respectiva, como la valoración probatoria
o los hechos constitutivos de nulidad procesal que pudieron alegarse antes de
proferirse la sentencia respectiva en el trámite ordinario.

34. Sumado a lo anterior, la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar ciertos vicios que darían lugar a su configuración19, tales como: i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso, iii) proferir una sentencia sin motivarla, iv) dictar un fallo
inhibitorio injustificado y v) faltar al principio de congruencia, entre otros.

35. En estos casos, la irregularidad se deriva del desconocimiento de un mandato
constitucional, en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo
que se alega tiene la entidad suficiente para invalidarlo, pues no todo vicio tiene la
capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso;

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de
2014. Rad: 27.283. C.P Danilo Rojas Betancourth.
18
Ibidem.
19
Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial
de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.

8

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

únicamente lo serán aquellas que tengan un carácter sustancial, en la medida en
que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el núcleo esencial o contenido
constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso.

36. Sobre la violación del debido proceso, la Sala Plena de esta Corporación, en
providencia del 8 de mayo de 201820, precisó que el recurso de revisión y las
causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial adicional
que el legislador diseñó para la protección de derechos fundamentales como el de
acceso a la justicia y el debido proceso; por tanto, “hacen parte del haz de acciones
para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Así,
dentro de las garantías que ampara el derecho al debido proceso, se encuentran
las relativas a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo, dado que la no
resolución de las controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos,
equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración
del aludido derecho fundamental.

37. A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala abordará el análisis concreto
de los hechos que, según el recurrente, implicaron la configuración de una nulidad
originada en la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca que puso fin al
proceso.

Análisis del caso concreto con fundamento en la causal invocada

38. La parte recurrente edificó el argumento relativo a la nulidad originada en la
sentencia en el desconocimiento del principio de congruencia, la falta de motivación
y la configuración de defecto fáctico y sustantivo, por cuanto, a su juicio, el análisis
de responsabilidad por privación injusta de la libertad deprecado en el medio de
control de reparación directa debió realizarse desde el régimen de responsabilidad
objetivo, además de haberse omitido el análisis de los fines constitucionales de la
medida de aseguramiento y declarado la causal eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima, sin que, a su parecer, la conducta del sindicado
hubiera sido determinante para la causación del daño.

39. Desde un principio, anota la Sala que los cargos formulados no encuadran en
la causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, toda vez que no
constituyen circunstancias que den lugar a la nulidad de lo actuado y este recurso
no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, cuestionar
la actividad interpretativa del juez o corregir errores in iudicando, más aún cuando
la configuración de los invocados defectos se llena de contenido a partir de una
discrepancia interpretativa sobre el acervo probatorio y precedentes
jurisprudenciales tomados en cuenta para definir la responsabilidad estatal en
casos de privación injusta de la libertad.

20
Radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.

9

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

40. Así las cosas, en relación con los específicos elementos que señala el
recurrente como constitutivos de la nulidad invocada, por razones de orden
metodológico, procede la Sala a abordar su análisis de manera independiente:
Violación al principio de congruencia, ausencia de motivación y defecto
fáctico derivado de la indebida valoración probatoria de la sentencia
absolutoria

41. A juicio de la parte recurrente, la sentencia cuestionada incurrió en indebida
valoración probatoria, al considerar que la absolución del señor Ricardo Moreno
Muñoz se produjo en aplicación del principio de in dubio pro reo, cuando, en su
criterio, dicha decisión obedeció a la atipicidad de la conducta investigada, de ahí
que en los términos de la sentencia SU-072 de 2018 fuera procedente dar
aplicación al régimen de responsabilidad objetivo. Circunstancia esta que, afirma,
fue desconocida por el Tribunal, a pesar de que fue advertida en la demanda y en
los alegatos de conclusión de segunda instancia.

42. En primer lugar, en relación con el principio de congruencia y la ausencia de
motivación como elementos que permiten la revisión de la sentencia bajo la causal
5°, resulta necesario precisar que, el primero, delimita el contenido de las
decisiones judiciales, para que estas se profieran de acuerdo con el contenido y
alcance de las peticiones y excepciones formuladas por las partes, de modo que
exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones
oportunamente aducidas, salvo que la ley otorgue facultades o competencias
oficiosas al juzgador21.

43. A su vez, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación,
según la jurisprudencia de esta Corporación, se presenta ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten
arribar a una decisión22, lo cual excluye cualquier juicio relacionado con deficiencias
en la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las
pruebas o las normas jurídicas aplicadas, o con la falta de consideración de alguna
de las pruebas, por cuanto admitir tales reclamaciones desconocería, abiertamente,
el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia.

21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 61965
(REV).
22 En este sentido, la Sala Plena de esta Corporación en decisión adoptada el 20 de octubre de 2009. Rad.

2003-0133, M.P. Enrique Gil Botero, precisó lo siguiente:
“En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, también la jurisprudencia de
esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta [contemplada en el Decreto 01 de
1984]; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones relacionadas con deficiencias
en la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas
jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales
reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra
instancia”

10

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

44. En este contexto, encuentra la Sala que no se desconoció el aludido principio,
dado que, el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió la controversia dentro de
los límites y extremos planteados en los recursos de apelación formulados por la
parte demandada, atinentes a la revocatoria de la decisión de primera instancia que
los declaró responsables por la privación de la libertad del señor Ricardo Moreno
Muñoz, bajo la consideración de la legitimidad de la medida de aseguramiento que
le fue impuesta; aunado a lo cual, tampoco se advierte una falta total de motivación
de la sentencia, por cuanto, además del análisis de responsabilidad, y en punto al
específico alegato planteado por el recurrente, en la sentencia se definió el título de
atribución bajo el cual debía estudiarse el asunto, en los siguientes términos:

“[La sentencia SU-072 de 2018] sugirió que cuando la absolución del privado
de la libertad sobrevenga por la aplicación del principio in dubio pro reo, debe
analizarse si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la
libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, es decir,
si dio lugar a falla del servicio:

(…)

“105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos
deducidos por el Consejo de Estado – el hecho no existió o la conducta era
objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter
objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin
mayores esfuerzos. …

“De acuerdo con la decisión adoptada por el Juez Penal, se tiene que la
absolución del señor RICARDO MORENO MUÑOZ, se dio porque no se
tuvo certeza acerca de su responsabilidad, en la medida que de la
investigación solo se tiene sospechas del porte y tenencia del arma que le
fue encontrada, lo cual no es suficiente para condenar. Indicó el juzgador,
que contrario a la medida de aseguramiento donde solamente se requiere
de una mera posibilidad, o probabilidad; para condenar se debe derruir la
duda, con un fundamento sólido.

“Por consiguiente deberá verificarse si las entidades incurrieron en falla del
servicio con la medida restrictiva de la libertad, pues como se encuentra
demostrado, el hecho si existió, y la conducta era objetivamente típica para
el momento que se determinó la detención preventiva del señor MORENO
MUÑOZ, de manera que no es factible aplicar un título de atribución de
carácter objetivo”. (Se destaca).

45. Bajo las anteriores consideraciones, resulta evidente que el fallo cuestionado
no carece de motivación ni trasgrede el principio de congruencia – en los términos
indicados por la parte recurrente-, puesto que la Corporación de segunda instancia

11

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

sí cumplió con el deber argumentativo en la sentencia objeto de revisión, a partir de
las alegaciones planteadas en los recursos de apelación interpuestos por la pasiva,
en la medida en que, sustentó la aplicación del régimen de responsabilidad
subjetivo de la falla en el servicio al caso concreto, en oposición al objetivo por daño
especial, bajo el cuál se decidió inicialmente la controversia.

46. Ahora bien, debe precisarse que el defecto fáctico se configura, entre otras
hipótesis, cuando el juez: i) niega una prueba; ii) no se valora una prueba o se
valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa; iii) omite por completo la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados o determinantes en el desenlace del proceso; iv) admite pruebas que no
ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas; o v) decide
conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley, no conducen a
demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión23, todo lo cual, implica
un juicio de reproche del decreto, práctica y apreciación probatoria, que en principio,
está vedado para el juez del recurso extraordinario de revisión.

47. Como se dejó indicado, el mentado recurso extraordinario no puede servir para
cuestionar la actividad interpretativa del juez, en este caso, mediante la invocación
de un defecto fáctico, de tal manera que, en materia probatoria, el recurso está
limitado al caso de los documentos falsos o adulterados, o que no pudieron ser
tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con
las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –
como en el caso de la causal primera-, o deben poder ser objeto de examen
judicial–24, pero sin que, bajo ninguna circunstancia pueda ser utilizado para que se
revise la apreciación que en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana
crítica haya realizado el juez que conoció del proceso originario.

48. En este sentido, no corresponde al juez del recurso extraordinario de revisión
resolver un cargo por inadecuada valoración probatoria, y menos aun cuando en el
marco de los fundamentos jurídicos de la sentencia absolutoria no se avizora la
consecuencia jurídica que demandan los recurrentes, esto es, la aplicación del
régimen de responsabilidad objetivo, en los términos planteados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018.

49. Lo anterior, por cuanto, tal como lo sostuvo el Tribunal Administrativo, la
decisión absolutoria obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo
respecto del elemento doloso de la conducta del investigado, en tanto no se probó
que el acusado hubiera escondido previamente el arma de fuego y hubiera acudido

23
Ver. Corte Constitucional. Sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233 de 2007 y SU-
636 de 2015, entre otras
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. 25000-
23-26-000-1999-00319-01(26239), M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

12

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

a recuperarla, lo cual, si bien configura la atipicidad subjetiva de la conducta, no
permite sostener que la misma fue objetivamente atípica – presupuesto que podría
allanar el camino a la aplicación del régimen de responsabilidad objetivo -, debido
a que, el hecho sí existió, como lo encontró probado el juez penal, al sostener que
“sí existió un arma de fuego (…) que fue incautada, que es idónea para disparar
(…) que efectivamente [el acusado] levantó el arma de fuego (…) y el agente captor
la encontró en su poder (…) sin que tuviera permiso para su porte”25.

50. Con esto, conviene reiterar que resulta abiertamente improcedente utilizar el
recurso extraordinario de revisión como una instancia adicional, con el fin de discutir
la valoración probatoria y argumentos del Tribunal Administrativo del Cauca
esgrimidos para adoptar la decisión. El hecho de que el recurrente no los comparta,
no habilita a la Sala para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el juez
natural y sobre el cual no se advierte un vicio de incongruencia o ausencia total de
motivación que afecte la validez de la sentencia26.

51. En este orden de ideas, como los reparos que se trajeron como sustento de
este asunto no acreditan la correspondencia con la causal alegada, se concluye
que, en lo atinente a los aspectos analizados, no tiene vocación de prosperidad el
recurso instaurado.

Ausencia de motivación respecto del análisis del requisito subjetivo de la
medida de aseguramiento

52. Sostiene la parte recurrente que el Tribunal Administrativo del Cauca omitió
realizar un análisis “crítico” del cumplimiento de los fines constitucionales de la
medida de aseguramiento – requisito subjetivo, arts. 308 y 310 del C.P.P.-, por
considerar que la valoración desarrollada en la sentencia no satisface las
exigencias para tenerlo por acreditado.

53. En línea con los planteamientos esbozados anteriormente, la Sala advierte la
improcedencia del alegato formulado para configurar la causal de revisión invocada,
pues, el reproche parte del reconocimiento de la existencia de motivación en la
sentencia cuestionada, aunque, a juicio de los recurrentes, aquél no corresponda a
un análisis “crítico” sobre el cumplimiento de dicho requisito, lo cual, de entrada,
desborda el alcance del recurso extraordinario de revisión, en tanto no puede ser
empleado para constituir una nueva instancia a efectos de advertir deficiencias en
la motivación del fallo.

54. Así, tal como se observa en la sentencia cuestionada, contrario a avizorarse la
ausencia total de motivación en relación con el aspecto reprochado, el Tribunal

25
SAMAI: índice 23. “32_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_19001333300820170010
(.zip) NroActua 23”. CUADERNO PRINCIPAL\AUDIENCIAS PROCESO PENAL RICARDO MORENO\JUICIO
ORAL Y SENTENCIA\CONTINUACIÓN JUICIO Y SENTENCIA ABSOLUTORIA. Min. 1:01:55 – 1:45:33.
26
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de 2010, expediente 00480-00.

13

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

Administrativo, dentro del marco de su autonomía funcional (artículo 228 C.P.),
verificó que la autoridad penal al momento de proferir la medida de aseguramiento
hubiera comprobado el cumplimiento del requisito subjetivo, precisando lo
siguiente:

“El Juzgado Segundo Penal Municipal -ambulante- de Popayán con
Funciones de Control de Garantías, consideró que se dieron los requisitos
del artículo 308 del C.P.P., toda vez que la pena a imponer supera los cuatro
años de prisión, para imponer la medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario. A partir de los elementos
probatorios determinó se dan los elementos objetivos. Respecto de los
elementos subjetivos consideró el investigado tenía conocimiento de portar
un arma de fuego sin permiso, tenía dominio del hecho. Consideró también,
que esa conducta es grave, por cuanto atenta contra la seguridad pública,
la tranquilidad pública; señaló que es un delito de peligro por cuanto no
existe la perspectiva del bien jurídico a su protección”.

55. En este contexto, es menester recordar que la obligación de fundamentar las
sentencias como imperativo o deber de los órganos jurisdiccionales, debe
analizarse desde su libertad interpretativa de las normas y la apreciación de los
hechos y pruebas que son sometidos a su conocimiento, de ahí que, la nulidad
originada en la sentencia derivada del deber de motivación de la misma, sólo
proceda ante la ausencia total de motivación, no cuando, a juicio del recurrente, la
misma sea deficiente, máxime cuando el recurso incoado impide debatir la
comprensión jurídica y valoración probatoria del fallador.

56. En consecuencia, como la razón de inconformidad invocada no acredita los
presupuestos que estructuran la causal prevista en el ordinal 5º del artículo 250 del
CPACA, el cargo no prospera.

Vía de hecho por defecto fáctico y trasgresión al principio de congruencia
derivado de la valoración al escrito de acusación

57. Los impugnantes sostienen que en la sentencia objeto de cuestionamiento, se
hizo referencia al escrito de acusación para justificar la legalidad de la medida de
aseguramiento, a pesar de que es un acto posterior que no se relaciona con la
medida privativa, aduciendo de aquella circunstancia un defecto fáctico y violación
al principio de congruencia.

58. Como se dejó anotado, las alegaciones por defecto fáctico empleadas como
instrumento para cuestionar la valoración probatoria del juez que conoció el proceso
primigenio, no se enmarcan dentro de los presupuestos que estructuran la nulidad
del fallo en sede del recurso extraordinario de revisión, de modo que, la supuesta
valoración indebida del escrito de acusación no pueda servir para justificar la
configuración de la causal invocada.

14

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

59. Al lado de lo anterior, contrario al dicho de los recurrentes, la alusión realizada
al escrito de acusación se empleó para reseñar los antecedentes relevantes de la
actuación penal adelantada en contra del sindicado, específicamente, las pruebas
obrantes en el expediente al momento de celebrar la audiencia preliminar de
imposición de medida de aseguramiento, de manera que, tampoco se evidencie
una violación al principio de congruencia, toda vez que los fundamentos de hecho
extraídos del mencionado medio probatorio, están directamente relacionados con
la causa petendi de la acción de reparación directa. Al respecto, en la sentencia
recurrida se lee (transcripción literal):

“En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía el 06 de septiembre
de 2011, se describen los hechos jurídicamente relevantes, que llevaron a
investigar penalmente al demandante, así:

"Refiere el informe de policía de Captura en Flagrancia que el día 12 de julio
de 2011 siendo aproximadamente 1,20 horas el comandante de guardia de
la comuna Tres, les Informó a los policiales que en el CAI había una persona
capturada, al llegar al lugar entrevistaron a uno de los patrulleros de nombre
EDUARDO RAMÍREZ placa 129850 QUIEN LES MANIFESTÓ QUE
CUANDO SE ENCONTRABAN POR LA CARRERA 6 CON CALLE 20 Barrio
ciudad Jardín cuando observaron a una persona con actitud sospechosa de
sexo masculino vestido con pantalón jean azul y chaqueta azul, y vio que
llevaba un arma de fuego tipo revolver en la mano a quien procedieron a
trasladarlo al CAI más cercano. La persona se identificó como RICARDO
MORENO MUÑOZ IDENTIFICADO CON CEDULA NRO. 1.061.725.480 DE
Popayán, de inmediato se le leyeron los derechos del capturado por el delito
de PORTE ILEGAL DE ARMAS y lo trasladaron a la URI, donde se le
materializaron sus derechos y se le hizo suscribir acta de buen trato,
manifestó no tener permiso para portar armas. El arma no tenía municiones.
El arma fue entregada a personal del C.T.I. de la URI.

“Al arma se le practicó el análisis con los siguientes resultados CALSE
REVOLVER, FABRICA SMITH WESSON MODELO 10-5 CALIBRE 38.
FUNCIONAMIENTO POR REPETICIÓN, SERIE Nro. D94920 estampado
en la empuñadura fabricación original USA. Con tambor para alojar seis
cartuchos.

“Conocidos los hechos por la Fiscalía, se solicitó audiencias preliminares,
las cuales se realizaron por el Juzgado Segundo Penal Municipal ambulante
de Popayán con funciones de control de Garantías, el día 12 de julio de 2011,
y se legalizó la captura, se formuló imputación y se impuso medida de
aseguramiento.

“Al señor RICARDO MORENO MUÑOZ, se le imputó el delito contemplado
en el Libro II título XII capítulo II Art. 365 del Código Penal de la
FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO
O MUNICIONES modificado por el Art. 19 de la ley 1453 de 2011 que

15

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

conlleva una pena mínima de 9 años y una máxima de 12 años. Con la
modificación que hiciera el Art. 19 de la ley 1453 de 24 de junio de 2011, en
calidad de autor, en la modalidad de dolo. Cargos a los cuales el señor
RICARDO MORENO MUÑOZ no se allanó por lo que la fiscalía de acuerdo
a los elementos probatorios y evidencia física observa que hay mérito para
presentar escrito de acusación con la misma imputación fáctica y
jurídica” (se destaca).

60. Como se observa, el argumento edificado en la demanda de revisión es
incongruente con el alcance y contenido de la referencia que hizo el Tribunal
Administrativo respecto del escrito de acusación, y menos aún, tiene el alcance de
configurar los defectos alegados por los recurrentes, demostrar la causal invocada
o incidir en el sentido de la decisión. De esta manera, en armonía con los supuestos
normativos traídos a colación, en sede de revisión, se itera que, no es posible
reabrir la apreciación de los hechos y de las pruebas que pueden ser reprochados
al fallador.

61. Por ende, la situación fáctica expuesta no permite la prosperidad de la causal
de revisión alegada.

Violación al principio de congruencia por declarar la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima

62. Se trajo como reparo para sustentar la causal invocada, la declaratoria de la
causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por considerar
que no se configuraron los elementos para su procedencia, toda vez que el
sindicado no tuvo oportunidad de dar aviso a las autoridades sobre el hallazgo del
arma y, en todo caso, su conducta no fue determinante para la privación de su
libertad.

63. De conformidad con la posición sostenida a lo largo de este proveído, se
evidencia que el reparo planteado por los impugnantes pretende reabrir el debate
jurídico respecto de la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo
al analizar los elementos configurativos de la culpa exclusiva de la víctima, en
acatamiento del precedente unificado de esta Corporación, lo cual hace inane la
labor del juez de la revisión, a quien, se insiste, le está vedado realizar análisis
sobre la comprensión jurídica y probatoria del juez del proceso de origen.

64. Más aun, resulta improcedente el referido reproche para sustentar la nulidad
invocada, por cuanto el supuesto vicio alegado no tiene la capacidad de afectar la
inmutabilidad de la providencia que puso fin al proceso, pues tal como lo concluyó
la autoridad judicial, las entidades demandadas no incurrieron en una falla en el
servicio, dado que, la imposición de la medida de aseguramiento estuvo
fundamentada, así (transcripción literal):

16

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

“Ahora bien, aunque por la falta de contundencia en la prueba y ante la duda
el juez penal debió absolver al investigado, dentro del proceso que se
adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no se
advierte una falla en el servicio de las entidades demandadas, porque
efectivamente existió fundamento para decretar la medida de aseguramiento
y la imputación de cargos para ser llevados a responder en juicio acusatorio”.

65. Así las cosas, comoquiera que el alegato planteado por los recurrentes se
enmarca en la esfera de la autonomía interpretativa del juez de la causa, a la vez
que no tiene el alcance de incidir en el sentido de la decisión cuestionada, se
impone concluir que el mentado reproche no cumple con los presupuestos para que
se estructuren la causal prevista en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA.

Vía de hecho por defecto fáctico, sustantivo y ausencia de motivación por
desconocimiento del precedente judicial

66. Según lo planteado por el recurrente, el Tribunal Administrativo del Cauca dejó
de aplicar el precedente unificado de esta Corporación vigente para la época en
que se instauró la demanda ordinaria, que propendía por la aplicación del régimen
de responsabilidad objetivo en asuntos de privación injusta de la libertad, afirmando
que aquello trasgredía sus derechos al debido proceso, la igualdad, el acceso a la
administración de justicia, las garantías judiciales y la confianza legítima,
constituyendo, además, una vía de hecho por defecto fáctico, sustantivo y una
decisión sin motivación.

67. Sobre el particular, basta precisar que el enunciado abierto y general del
desconocimiento de las garantías constitucionales, no es causal de anulación de
una providencia en sede del recurso extraordinario de revisión, más aún cuando tal
concepto encarna una discrepancia interpretativa sobre el régimen de
responsabilidad bajo el cual debió haber sido analizada la privación de la libertad
del señor Ricardo Moreno Muñoz. Por tanto, debe reiterarse, que el recurso
extraordinario de revisión no puede ser empleado como una instancia adicional en
la que se discutan los argumentos esgrimidos por el Tribunal Administrativo al
momento de interpretar las normas y valorar las pruebas incorporadas a la
actuación.

68. Con todo, aunque la circunstancia anotada sería suficiente para negar la
pretensión anulatoria de la sentencia, no puede dejar de precisarse que, contrario
a lo expuesto por los recurrentes, el Tribunal Administrativo del Cauca no
desconoció el precedente judicial sentado sobre la materia por la Corte
Constitucional y esta Corporación, puesto que, tal como se indicó en la sentencia
SU-072 de 2018, ningún cuerpo normativo, ni el artículo 90 de la Constitución
Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996,
estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de

17

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

privación de la libertad; de modo que, corresponda al juez ordinario definir el
régimen de responsabilidad aplicable en cada caso, con miras a realizar un análisis
para determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o
proporcionada, como ocurrió en la sentencia cuestionada27.

69. De acuerdo con lo anterior, se observa una vez más, que lo que pretende la
parte impugnante es que el juez del recurso extraordinario de revisión determine
que el régimen de imputación aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el
proceso de reparación directa, corresponde al objetivo por daño especial, lo que
implicaría invadir la órbita jurisdiccional del juez natural de la causa y convertir el
recurso extraordinario en una instancia adicional al proceso ordinario.

70. Por todo lo expuesto, se impone concluir que la causal 5° de revisión
extraordinaria invocada no prospera y, en consecuencia, se declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto.

Costas

71. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
202128, establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas
y perjuicios al recurrente”.

72. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que se
condenará en costas a la parte que se le resuelva desfavorablemente el recurso de
revisión, siempre y cuando se demuestren causadas y, en la medida de su
comprobación.

73. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en
el artículo 5, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho, tratándose de recursos extraordinarios,
debe oscilar entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

74. En este asunto, la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación
actuaron a través de apoderado, para contestar la demanda. Así, atendiendo a la
naturaleza, calidad y gestión desarrollada por los profesionales del derecho, se

27
Al respecto, en la sentencia SU-072 de 2018, se expresó lo siguiente: “109. Es necesario reiterar que la única
interpretación posible –en perspectiva judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no
establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si
la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de
medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del
dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia,
aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine
el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”.
28
Si bien el asunto de la referencia se formuló con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, lo cierto es
que la misma es una norma de aplicación inmediata y a futuro, sin que se configure alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 86 de esta ley para aplicar la norma anterior a la reforma.

18

Radicación: 11001032600020200012600 (66.294)
Demandante: Francy Elena Guzmán Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

tasará a favor de las entidades demandadas, por concepto de agencias en derecho,
la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma
que se dividirá en partes iguales entre las entidades que conforman el extremo
pasivo.
III. PARTE RESOLUTIVA

75. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Francy Elena Guzmán Muñoz y otros contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 25 de julio de 2019, dentro del
expediente radicado bajo el número 19001-33-31-008-2017-00105-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias
en derecho a cargo de la parte recurrente la suma equivalente de tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por
Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Aclara voto

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.