Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00134-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00134-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2020-00134-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
27 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 11001-03-26-000-2020-00134-00 (66.323)
Demandante: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Demandado: JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra de los señores Juan Antonio Nieto
Escalante, Diana Patricia Ríos García, Évelyn Dávila Barraza y Lucero Andrea González Niño
con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables, a título de culpa grave, con
ocasión de la expedición de la Resolución no. 455 del 28 de abril de 2015 mediante la cual se
dio por terminado el nombramiento provisional de la señora Émili Dayán Villalobos en el cargo
de auxiliar administrativo, código 4040, grado 10 de la Dirección Territorial Meta del IGAC,
acto administrativo por el cual la entidad en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
número 50001-33-33-006-2015-00482-00 concilió el pago de una suma de dinero. La Sala
niega las pretensiones de la demanda.
Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi en contra de los señores Juan Antonio Nieto Escalante,
Diana Patricia Ríos García, Évelyn Dávila Barraza y Lucero Andrea González Niño.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 2020 (índice 2 SAMAI) y subsanado
el 25 de marzo de 20111 (índice 9 SAMAI), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
-en adelante IGAC-, a través de apoderado judicial promovió demanda de repetición
en contra de los señores Juan Antonio Nieto Escalante, Diana Patricia Ríos, Évelyn
Dávila Barraza y Lucero Andrea González Niño2 en la cual se formularon las siguientes
pretensiones:
“PRIMERO: Se declare administrativamente responsable a los
exfuncionarios del Instituto Agustín Codazzi JUAN ANTONIO NIETO
1 La demanda se subsanó para precisar las direcciones de notificaciones de los demandados y allegar
una serie de pruebas.
2 PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI.
2
Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Repetición
Sentencia de única instancia
ESCALANTE, EVELY DÁVILA BARRAZA , LUCERO ANDREA GONZÁLEZ
NIÑO y DIANA PATRICIA RÍOS de los perjuicios materiales y morales que
se debieron pagar parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución N°.455 de 28
de abril de 2015, expedida por el Director General del INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, mediante el cual dio por terminado el
nombramiento provisional de la señora ÉMILI DAYÁN VILLALOBOS y el
restablecimiento de los derechos.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a
los exfuncionarios JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE, EVELY DÁVILA
BARRAZA , LUCERO ANDREA GONZÁLEZ NIÑO y DIANA PATRICIA
RÍOS, al pago solidario a favor del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI de la suma VEINTISÉIS MILLONES VEINTIOCHO MIL
NOVENTA Y SIETE PESOS ( $26.028.997) correspondiente al valor que la
entidad que represento pagó a la señora ÉMILI DAYÁN RIVEROS
VILLALOBOS, en cumplimiento de la condena impuesta por el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, dentro del
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N°.
50-001-33-33-006-2015-00482-00.
TERCERA: Que las sumas reconocidas sean actualizadas a la fecha
efectiva de pago.
CUARTA: Que se ordene a los demandados a pagar los intereses
moratorios a que haya lugar desde la fecha de la ejecutoria del fallo que
resuelva la presente demanda.
QUINTA: Que se condene a los demandados en costas y agencias en
derecho.” (fl. 2 del PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI -
mayúsculas fijas y negrillas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda3, en síntesis, lo siguiente:
1) Mediante Resolución no. 909 del 21 de agosto de 2014 se nombró de manera
provisional a la señora Émili Dayán Riveros Villalobos en el cargo de auxiliar
administrativo, código 4040, grado 10 de la Dirección Territorial Meta del IGAC “y
mientras durara el encargo de la funcionaria Claudia Janneth Guevara Clavijo en el
empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 22, de la Dirección Territorial
Meta”4. La señora Émili Dayán Riveros Villalobos se posesionó el 4 de septiembre de
2014.
2) Mediante Resolución no. 455 del 28 de abril de 2015 se dio por terminado el
3 Fls. 3 a 7 del PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI.
4 Fl. 5 del PDF PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI.
3
Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Repetición
Sentencia de única instancia
nombramiento provisional de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos en el empleo
de auxiliar administrativo, código 4040, grado 10 de la Dirección Territorial Meta del
IGAC y mediante Resolución no. 519 del 11 de mayo de 2015 se nombró en aquel a
la señora Rita Jimena Abril Fuentes, quien lo ejerció hasta el 10 de junio de 2016,
momento en el cual la funcionaria Claudia Janneth Guevara Clavijo, titular de este,
regresó a sus labores, como consta en Resoluciones números 664 y 665 del 2 de junio
de 2016.
3) Luego de que fue desvinculada laboralmente, la señora Émili Dayán Riveros
Villalobos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
IGAC por considerar que i) debió ejercer el cargo de auxiliar administrativo, código
4040, grado 10 de la Dirección Territorial Meta del IGAC hasta el regreso de su titular,
esto es, la funcionaria Claudia Janneth Guevara Clavijo y, ii) la decisión de
desvinculación se sustentó en una norma derogada, en concreto se apoyó en el
Decreto 1950 de 1973 cuando debía aplicarse el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005
el cual obliga a motivar el acto que da por terminado el nombramiento.
4) El 24 de septiembre de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Villavicencio (Meta) en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número de radicación 5001-33-31-006-2015-00482-00
dictó sentencia de primera instancia en la cual resolvió: i) anular la Resolución número
455 del 28 de abril de 2015 mediante la cual se dio por terminado el nombramiento
provisional de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos; ii) ordenar al IGAC a
reintegrarla al cargo que ocupaba en el momento de su retiro, siempre y cuando no
se hubiese reincorporado su titular, esto es, la señora Claudia Janneth Guevara
Clavijo y, iii) condenar al IGAC a reconocer y pagar a la señora Émili Dayán Riveros
Villalobos todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar
desde su desaparición del servicio hasta el día en que la señora Claudia Janneth
Guevara Clavijo regresara a su cargo.
5) Aunque se apeló la anterior decisión, las partes -en virtud del artículo 192 de la Ley
1437 de 2011 del CPACA- llegaron el 30 de enero de 2018 a un acuerdo de
conciliación, en este se acordó que el IGAC pagaría los salarios y prestaciones de ley
a la exfuncionaria Émili Dayán Riveros Villalobos desde el 4 de mayo de 2015 hasta
el 10 de junio de 2016, fecha en el cual terminó el encargo de la funcionaria Claudia
4
Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Repetición
Sentencia de única instancia
Janeth Guevara Clavijo, quien retornó al empleo del cual era titular.
6) En virtud del acuerdo de conciliación, el IGAG mediante Resolución no. 1185 del
25 de septiembre de 2019 reconoció y ordenó pagar a las entidades correspondientes
y a la señora Émili Dayán Riveros Villalobos la suma de $26.028.997 por concepto de
salarios, primas, aportes de cesantías, salud, pensión y parafiscales. Los pagos se
realizaron el 16 de octubre de 2019.
7) Como fundamentos jurídicos de la demanda, la parte actora invocó el artículo 90
de la Constitución Política, así como también lo dispuesto por la Ley 678 de 2001.
8) La demandante adujo que la conducta de los señores Juan Antonio Nieto Escalante,
Diana Patricia Ríos García, Évelyn Dávila Barraza y Lucero Andrea González Niño es
“gravemente culposa” por el hecho de que suscribieron, revisaron y aprobaron la
Resolución no. 455 del 28 de abril de 2015 en la cual se incurrió en una “violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho por cuanto el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones como es no dar
aplicación a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005”5.
Sobre esto último, es pertinente precisar que aunque la demandante alegó la culpa
grave afirmó que los demandados incurrieron en una “violación manifiesta e
inexcusable de las normas de derecho” propio de la culpa grave del numeral 1 del
artículo original de la Ley 678 de 2001, así como también que no se dio “aplicación a
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005” propia de la presunción del
dolo del numeral 2 del artículo 5 original de la Ley 678 de 2001 relacionada con haber
expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del
supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
9) El señor Juan Antonio Nieto Escalante era el director general del IGAG y fue quien
suscribió el acto administrativo; la señora Diana Patricia Ríos García se desempeñaba
como la secretaria general de la entidad y tenía por función la dirección y coordinación
de las actividades de la división de recursos humanos y administrativos; la señora
5
Fl. 4 del PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI.
5
Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Repetición
Sentencia de única instancia
Évelyn Dávila Barraza era profesional universitario y, entre sus funciones, se
encontraba la proyección de los actos administrativos requeridos para la
administración de las novedades de personal general en desarrollo del proceso de
gestión de talento humano, y Lucero Andrea González Niño fungía como la profesional
especializada que cumplía las funciones asignadas por la autoridad competente.
10) El Comité de Conciliación del IGAC en sesión del 23 de septiembre de 2020
decidió repetir en contra de los funcionarios que intervinieron en la expedición de la
mencionada Resolución no. 455 del 28 de abril de 2015.
4. Contestación de la demanda
1) La demanda de la referencia fue admitida en única instancia el 4 de septiembre de
2023 (índice 16 SAMAI), providencia en la que se ordenó la notificación personal de
los señores Juan Antonio Nieto Escalante, Diana Patricia Ríos, Évelyn Dávila Barraza
y Lucero Andrea González.
2) La demandada Évelyn Dávila Barraza (índice 39 SAMAI), a través de apoderado
judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló la excepción
denominada “ausencia de dolo o culpa del agente” por estimar que actuó en
cumplimiento de un deber legal y constitucional al aplicar lo previsto en el artículo 107
del Decreto 150 de 1973 que establece que en cualquier momento podrá declararse
insubsistente, sin motivar, un nombramiento ordinario o provisional.
En efecto, la accionada resaltó que i) para el momento en que se expidió la Resolución
no. 455 del 28 de abril de 2015 se encontraba vigente el artículo 107 del Decreto 150
de 1973, disposición que se mantuvo “hasta su derogatoria por parte del Decreto 1083
del 25 de mayo 2015, el cual hizo exigible la necesidad de motivar los actos
administrativos de desvinculación de funcionarios vinculados en su artículo
provisionalidad como se lee en el artículo 2.2.5.3.4” 6; en consecuencia, para la fecha
en que fue expedida la resolución que desvinculó a la señora Émili Dayán Riveros
Villalobos no era legalmente exigible una conducta distinta a la señalada en el artículo
107 del Decreto 150 de 1973 y, ii) si bien la hoy demandante resultó condenada al
6 Fl. 3 del PDF “052_MemorialWeb” índice 39 SAMAI.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Sentencia de única instancia
pago de una indemnización, lo cierto es que para la época de los hechos existían
vacíos normativos y se siguió la norma más adecuada al caso en concreto.
3) Por su parte, la demandada Diana Patricia Ríos García (índice 56 SAMAI) mediante
apoderado solicitó que se nieguen las pretensiones, en síntesis, por las siguientes
razones: i) operó la caducidad del medio de control judicial de repetición en los
términos fijados en el artículo 94 del CGP, pues, la demanda no se notificó
personalmente dentro del año siguiente a la fecha en que se profirió el auto que la
admitió; ii) hay ausencia total de los elementos de dolo o culpa grave, en la demanda
no se señala qué ley se infringió ni la forma en que supuestamente se vulneró; iii) su
participación se limitó a la revisión formal del acto administrativo, no a su proyección
ni a su expedición y, iv) en todo caso lo cierto es que, la resolución que fue objeto de
anulación estuvo precedida del concepto de diversos profesionales especialistas en
la materia, así como también de la solicitud expresa que en ese sentido le hiciera su
superior inmediato.
4) Los señores Lucero Andrea González Niño7 y Juan Antonio Nieto Escalante8
contestaron la demanda de forma extemporánea9, de manera que sus escritos no
serán tenidos en cuenta.
5. Trámite de única instancia
1) Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, a través de auto del 17
de enero de 2025 (índice 62 SAMAI) se prescindió de la realización de la audiencia
inicial, se decretaron pruebas10, se fijó el litigio y se corrió traslado a las partes para
presentar escrito de alegatos de conclusión por el término de diez (10) días.
7 PDF “086_MemorialWeb” índice 73 SAMAI.
8 PDF “067_MemorialWeb” índice 55 SAMAI.
9 La demanda se notificó mediante el envío de un mensaje de datos el 29 de abril de 2024, el término
de los dos (2) días adicionales para perfeccionarse la notificación se concretaron el 2 de mayo de 2024,
en consecuencia, el término de treinta (30) días para contestar la demanda venció el 18 de junio de
2024; sin embargo, la contestación del señor Juan Antonio Nieto Escalante se radicó el 16 de octubre
de 2024 (PDF “067_MemorialWeb” índice 55 SAMAI), mientras que la de la señora Lucero Andrea
González Niño se presentó el 29 de enero de 2025 (PDF “086_MemorialWeb” índice 73 SAMAI).
10 En concreto, se decretaron como pruebas los documentos aportados por el IGAC tanto en la
demanda como en la subsanación y los documentos aportados en las contestaciones radicadas por
Évelyn Dávila y Diana Patricia Ríos; asimismo, se negó la práctica de unas pruebas solicitadas por la
accionada Diana Patricia Ríos García y se precisó que la demandada Lucero Andrea González no
contestó la demanda y el accionado Juan Antonio Nieto Escalante contestó de manera extemporánea.
7
Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Sentencia de única instancia
2) Los demandados Diana Patricia Ríos García11 y Juan Antonio Nieto Escalante12
presentaron recurso de reposición y en subsidio súplica contra el anterior proveído;
en concreto manifestaron su inconformidad con la decisión que negó algunas pruebas
solicitadas, la falta de pronunciamiento sobre las excepciones propuestas y la fijación
del litigio; el señor Juan Antonio Nieto Escalante de igual manera solicitó tener como
contestada la demanda, la cual consideró oportuna.
3) La demandada Lucero Andrea González Niño, por su parte, presentó recurso de
reposición por estimar que sí presentó el escrito de contestación de la demanda dentro
de la oportunidad legal, el cual aportaba y en su criterio debía ser tenido en cuenta 13.
4) En auto del 31 de marzo de 2025 se confirmó la decisión del 17 de enero de 2025
y se concedió el recurso de súplica (índice 88 SAMAI), el cual fue resuelto en
providencia del 18 de julio de 2025 y mediante el cual se confirmó la decisión
impugnada (índice 100 SAMAI).
5) El 6 de octubre de 2025 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para
que emitiera concepto (índice 105 SAMAI).
En dicha oportunidad procesal la parte actora pidió que se acceda a las pretensiones
de la demanda porque se acreditó la culpa grave de los demandados, quienes
desconocieron el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 y la sentencia SU-917 de 2012
(índice 109 SAMAI).
A su turno, los señores Juan Antonio Nieto Escalante (índice 110 y 112 SAMAI), Diana
Patricia Ríos García (índice 111 SAMAI) y Évelyn Dávila Barraza (índice 86, 113 y 114
SAMAI) presentaron alegaciones finales en las cuales solicitaron negar las
pretensiones de la demanda porque no obraron con dolo ni culpa grave, además,
estimaron que el IGAC no especificó cuál era la conducta que les reprocha (índice 86
SAMAI).
11 PDF “080_MemorialWeb” índice 70 SAMAI.
12 PDF “088_MemorialWeb” índice 74 SAMAI.
13 PDF “080_MemorialWeb” índice 73 SAMAI.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que pidió desestimar las súplicas
del IGAC, pues, no se probó que los demandados despegaron una conducta revestida
de culpa grave (índice 85 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 3) análisis del caso, 4) conclusión y, 5) condena en costas.
1. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce
de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del
artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual
pasaron los expediente al despacho; sin embargo, el artículo 18 también autoriza la
modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”14, de igual
manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 199615 permitió que las denominadas altas
cortes y los tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y
estudio preferente de los proyectos de sentencia.
14 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado
los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de
sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de
los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social. (…).”.
15 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones
de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de
graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de
especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas,
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la
Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y
fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de
la Nación (…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los
Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar
un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia
(…)”.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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Repetición
Sentencia de única instancia
En el asunto sometido a consideración de la Sala el objeto del litigio corresponde a
una repetición en contra de unos exfuncionarios públicos, tema que en virtud de su
naturaleza la Sección Tercera del Consejo en sesión y acta no. 15 del 5 de mayo de
200516 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en
las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra
habilitada para emitir fallo de manera anticipada.
2. Objeto de la controversia y anunció de la decisión
1) Presentada la demanda de manera oportuna17, el objeto de la controversia
planteada consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle
responsabilidad patrimonial personal, por la vía procesal judicial de repetición, a los
señores Juan Antonio Nieto Escalante, Diana Patricia Ríos, Évelyn Dávila Barraza y
Lucero Andrea González Niño con ocasión de la expedición de la Resolución no. 455
del 28 de abril de 2015 por medio de la cual se dio por terminado el nombramiento
provisional de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos en el cargo de auxiliar
administrativo, código 4044, grado 22 de la Dirección Territorial Meta del IGAC.
2) Sobre esto último, es preciso advertir que la demandada Diana Patricia Ríos García
alegó que operó la caducidad en los términos establecidos en el artículo 94 del CGP18,
16 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de
repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo.
17 Debe precisarse que de conformidad con el literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, cuando
se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años contados a partir del día siguiente
de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración
para el pago de condenas. En este caso concreto, el auto del 30 de enero de 2019 que aprobó la
conciliación judicial surtida ente el IGAC y la señora Émili Dayán Riveros Villalobos se notificó en
estrados, de manera que alcanzó su ejecutoria en esa misma fecha (fls. 134 a 137 del PDF
“3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI), de manera que el IGAC contaba con el término de 10 meses
previsto en el artículo 192 del CPACA, el cual vencía el 30 de noviembre de 2019, mientras que el pago
se realizó el 16 de octubre de 2019 (fls. 167 a 177 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI), de
manera que la demandante tenía hasta el 16 de diciembre de 2021 para presentar la demanda y como
fue radicada el 17 de noviembre de 2020 (índice 2 SAMAI), lo fue dentro del término establecido en la
norma procesal para el efecto.
18 El cual prevé: “ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA
CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término
para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella
o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir
del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los
mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.
La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del
requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación
de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a
partir de la notificación. La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los
10
Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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Repetición
Sentencia de única instancia
pues, la demanda no se le notificó personalmente dentro del año siguiente a la fecha
en que se profirió el auto que la admitió.
3) Al respecto, la Sala encuentra que el artículo 94 del CGP no resulta aplicable al
proceso contencioso administrativo, por lo siguiente: i) dicha norma regula los eventos
en los cuales opera la caducidad a pesar de que la demanda se presentó en forma
oportuna; en concreto, dispone que la demanda interrumpe el término de caducidad,
sin embargo, si el auto admisorio de la misma no se notifica en el término de un (1)
año contado a partir del día siguiente a la notificación de la providencia al demandante,
los términos de caducidad se reanudan; ii) el artículo 306 del CPACA prevé que en
los aspectos no contemplados en dicho código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y, iii) en relación con la caducidad, el artículo 164 del CPACA19 es la
norma especial que regula las reglas que se deben tener en cuenta para que esta
opere en los medios de control y, tratándose del medio de control judicial de repetición,
aquella debe ser integrada con el artículo 11 de la Ley 678 de 200120 y el artículo 192
del CPACA21, en ese sentido, toda vez que el CPACA regula el fenómeno de la
caducidad no procede aplicar el artículo 94 del CGP.
asignatarios, también constituye requerimiento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o
repudian la asignación que se les hubiere deferido.
Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la
notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma
sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación
a todos ellos para que se surtan dichos efectos. El término de prescripción también se interrumpe por
el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá
hacerse por una vez”.
19 Que en su forma original establecía lo siguiente “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA
PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada (…) 2. En los siguientes términos,
so pena de que opere la caducidad: (…) l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con
lo previsto en este Código”.
20 El texto original de la norma disponía lo siguiente “ARTÍCULO 11. CADUCIDAD. La acción de
repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la
fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de
caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en
derecho si es que se hubiere condenado a ellas (…)”.
21 “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del
término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para
su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de
la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de
pago correspondiente a la entidad obligada (…)”.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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4) Sobre este punto procesal esta Corporación en providencia del 6 de julio de 202022
al referirse sobre la aplicación del artículo 94 del CGP precisó que este último no es
aplicable al proceso contencioso administrativo, por las siguientes razones:
“2. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto
en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está
concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda
ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene lugar
justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término
para formular el medio de control de reparación directa, de conformidad con
el numeral 2 literal i) del artículo 164 CPACA, es de 2 años contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño.
3. El artículo 94 CGP dispone que la presentación de la demanda impide
que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio se notifique al
demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente
a la notificación al demandante. A su vez, el numeral 2º del artículo 164
CPACA establece que con la presentación de la demanda no opera la
caducidad. Como el CPACA no impone al demandante la carga procesal de
notificar al demandado el auto admisorio de la demanda y regula de forma
íntegra lo relacionado con la contabilización del término de caducidad, el
artículo 94 CGP no aplica en esta jurisdicción.”.
5) Así las cosas, aclarado que el artículo 94 del CGP no es aplicable al proceso
contencioso administrativo se pone de presente que la parte demandante invoca la
presunción contenida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 original, por
considerar que los demandados incurrieron en culpa grave en la expedición del acto
administrativo que declaró la terminación del acto de nombramiento provisional de la
señora Diana Patricia Ríos García, pues, el mismo carecía de motivación, aspecto que
fue una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. De igual manera
en sus fundamentos, la demandante alega una causal que es propia del dolo.
6) Para dilucidar lo anterior la Sala determinará, primero, si los elementos objetivos
del medio de control judicial de repetición se hallan acreditados y, posteriormente,
verificará si se encuentra demostrado el supuesto de hecho para que opere la
presunción alegada, además, si esta fue determinante en la condena impuesta en
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 6 de julio de 2020, expediente
no. 64.291, MP Guillermo Sánchez Luque; de igual forma se puede consultar, Consejo de Estado,
Sección Primera, auto de 10 de mayo de 2019; expediente no. 11001-03-24-000-2012-00277-00 MP
Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Primera, auto del 14 de octubre de 2021, expediente no.
11001-03-24-000-2011-00344-00 MP Roberto Augusto Serrato Váldes; Sección Tercera, Subsección
B, sentencia del 31 de mayo de 2024, expediente no. 70.702 MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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contra del IGAC y, si como consecuencia de ello deben reembolsar las sumas
pagadas por la entidad demandante.
7) Las pretensiones de la demanda serán negadas porque no se acreditó que quienes
integran la parte pasiva de la litis actuaron con alguna de las presunciones alegadas.
3. Análisis del caso
Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden:
1) generalidades de la acción de repetición, 2) la existencia de una condena judicial o
de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, 4) la condición de agente
estatal de los demandados y, 5) la calificación de la conducta de los demandados.
3.1 Generalidades de la acción de repetición
El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar
un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una
conducta dolosa o gravemente culposa de este23, de igual manera, la figura ha tenido
desarrollo legal en la Ley 1437 de 2011 y en la Ley 678 de 2001.
En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad del medio de control jurisdiccional de repetición, a
saber: i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular;
ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, iii) la calidad de agente estatal de los
demandados y, iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del
agente como factor determinante de la condena.
3.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio
Para la Sala no hay duda de la existencia de un acuerdo conciliatorio por medio del
cual la parte actora se obligó a pagar una suma de dinero.
23 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.
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En efecto, obra en el expediente la copia de la providencia del 30 de enero de 2019
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio24 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral no. 50001-33-33-006-2015-00482-00 que aprobó la conciliación surtida en esa
misma fecha entre el IGAC y la señora Émili Dayán Riveros Clavijo25, por medio de
la cual entidad aquí demandante se obligó a pagar a la señora Riveros Clavijo los
salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 4 de mayo de 2015 hasta el 10
de junio de 1016.
Es pertinente resaltar que las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho referido decidieron conciliar luego de la sentencia del 24 de septiembre de
2018 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio26 que, en primera instancia, declaró la nulidad de la Resolución no. 455
del 28 de abril de 2015 -a través de la cual el director general del IGAC dio por
terminado el nombramiento provisional de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos-
y, a título de restablecimiento del derecho dispuso que aquella debía ser reintegrada
en el cargo que ocupaba para el momento de su retiro siempre y cuando no se hubiere
reincorporado su titular, esto es, la señora Claudia Janneth Guevara Clavijo;
asimismo, se ordenó que el IGAC debía reconocer y pagar a la señora Émili Dayán
Riveros Clavijo todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de
devengar desde su retiro hasta el día que la señora Claudia Janneth Guevara Clavijo
regresara a su empleo.
3.3 La acreditación del pago
1) Respecto del pago del acuerdo conciliatorio, la actuación se soporta en los
siguientes documentos:
a) La liquidación de prestaciones sociales de la señora Émili Dayán Riveros Clavijo,
en la cual se menciona que se le deben pagar veintiséis millones veintiocho mil
novecientos noventa y siete pesos ($26.028.997)27 por concepto de salarios,
24 Visible en folios 134 a 137 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
25 Ibidem.
26 Visible en folios 67 a 81 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
27 Fl. 145 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
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prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (salud,
pensión, ARL, caja de compensación, ICBF y SENA).
b) La Resolución no. 1185 del 25 de septiembre de 201928 -y la Resolución no. 65 del
16 de enero de 2020 que la confirma29-, con la cual la Directora General del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi ordenó el pago en favor de Émili Dayán Riveros Villalobos
del valor de veintiséis millones veintiocho mil veintiocho mil novecientos noventa y
siete pesos ($26.028.997), de los cuales veinte millones cuatrocientos treinta y un mil
cuatrocientos treinta y dos pesos ($20.431.432) corresponden a los salarios y demás
prestaciones sociales dejados de percibir por la exfuncionaria.
En dicho acto administrativo de igual manera se especificó que de la anterior suma de
dinero i) catorce millones trescientos dos mil doscientos dos pesos ($14.302.202)
sería consignados en la cuenta de ahorros no. 4-451-42-03530-1 del Banco Agrario
en favor de Émili Dayán Riveros Villalobos; ii) seis millones ciento veintinueve mil
cuatrocientos treinta pesos ($6.129.430) debían ser depositados en la cuenta de
ahorros no. 960-80178203 del Banco Davivienda en favor de Rafael Eduardo
Gutiérrez Alfonso, apoderado de Émili Dayán Riveros Villalobos y, iii) las demás
sumas de dinero a las entidades correspondientes encargadas de recibir las cesantías
y los aportes a seguridad social y parafiscales30.
c) Comprobantes SIIF31 en los cuales consta que el 16 de octubre de 2019 i) en la
cuenta de ahorros no. 960-80178203 del Banco Davivienda a nombre de Rafael
Eduardo Gutiérrez Alfonso se consignó la suma de seis millones ciento veintinueve
mil cuatrocientos treinta pesos ($6.129.430)32 y ii) catorce millones trescientos dos mil
28 Fls. 149 a 153 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
29 Fls. 200 a 211 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
30 Fls. 149 a 153 y 157 a 161 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI, este acto administrativo fue
notificado al apoderado de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos el 15 de octubre de 2019 (fl. 187
del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI).
31 El artículo 2,9,1,1,2 del Decreto 1068 de 2015 define al Sistema Integrado de Información Financiera
SIIF como "un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública
nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del
Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable", por ende, la
información registrada en el SIIF, es de carácter oficial, y las cifras allí reportadas deben ser
consistentes con la documentación que soporta los registros realizados en el aplicativo por las
entidades y las autoridades presupuestales, contables y de tesorería.
32 Fls. 167, 171, 175 y 199 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
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doscientos dos pesos ($14.302.202) se depositaron en la cuenta no. 4-451-42-03530-
1 del Banco Agrario en favor de Émili Dayán Riveros Villalobos 33
2) Ahora bien, en relación con los documentos anteriores se advierte que, si bien la
demandante solicita el reintegro de veintiséis millones veintiocho mil novecientos
noventa y siete pesos ($26.028.997), no lo es menos que en los soportes adjuntados
solo se acredita que se pagó a la beneficiaria la suma de veinte millones cuatrocientos
treinta y un mil cuatrocientos treinta y dos pesos ($20.431.432), pues, en cuanto al
dinero restante -esto es, cinco millones quinientos noventa y siete mil quinientos
sesenta y cinco pesos ($5.597.565)-, este no se encuentra debidamente acreditado,
conforme el siguiente razonamiento:
a) Esta Subsección en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición
legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor,
en consecuencia, otros medios de prueba como documentos públicos con presunción
de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto34.
b) El artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el certificado del pagador,
tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad
realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de
repetición contra el funcionario responsable del daño.
c) Los documentos aportados por la entidad demandante solo evidencian que se pagó
la suma de veinte millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y dos
pesos ($20.431.432), pero, en ningún momento se especifica lo acontecido con la
suma de cinco millones quinientos noventa y siete mil quinientos sesenta y cinco
pesos ($5.597.565), pues, aunque en las Resoluciones números 1185 del 25 de
septiembre de 2019 y 65 del 16 de enero de 2020 la Directora General del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi dispuso que dicho valor debía ser depositado en las
cuentas de las entidades encargadas de recibir los aportes parafiscales y de seguridad
33
Fls. 169, 173, 177 y 198 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente
número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz.
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social35 no se aportó los documentos que indiquen que en efecto aquellas recibieron
el dinero, en otros términos, solo se acreditó que se ordenó un pago mas no que aquel
se realizó ni mucho menos que fue efectivamente recibido por los beneficiarios.
e) Lo expuesto no se predica en relación con el pago de veinte millones cuatrocientos
treinta y un mil cuatrocientos treinta y dos pesos ($20.431.432), el cual, como ya fue
expuesto, se encuentra debidamente probado, de modo que el análisis del medio de
control judicial de repetición procede solo por dicha suma de dinero.
3.4 La condición de agente estatal de los demandados
1) La condición y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia
de prueba con el fin de brindar certeza sobre la condición judicial de funcionario o
exfuncionario de los demandados y de su participación en la expedición del acto o en
la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.
2) En ese sentido, en el expediente está demostrado que los señores Juan Antonio
Nieto Escalante, Diana Patricia Ríos García, Évelyn Dávila Barraza y Lucero Andrea
González Niño eran funcionarios del IGAC para el 28 de abril de 2015, fecha en la
cual se expidió la Resolución no. 455 por medio de la cual se dio por terminado el
nombramiento provisional de la señora Émili Dayán Villalobos en el cargo de auxiliar
administrativo, código 4040, grado 10 de la Dirección Territorial Meta.
3) En concreto, el señor Juan Antonio Nieto Escalante era el director general del
IGAC, aspecto que se verifica, entre otros documentos, con la Resolución no. 455 del
28 de abril de 2015 suscrita por aquel36.
4) La señora Diana Patricia Ríos García estuvo vinculada al IGAC desde el 14 de
mayo de 2013 hasta el 2 de septiembre de 2018 y, para el 28 de abril de 2015
laboraba como secretaria general de la entidad demandante, de conformidad con la
35 Es pertinente resaltar que, incluso, en las resoluciones se hace referencia a una suma superior a los
cinco millones quinientos noventa y siete mil quinientos sesenta y cinco pesos ($5.597.565), la cual
debía ser consignada en el fondo de cesantías y las entidades de encargar los aportes parafiscales y
de seguridad social.
36 Fl. 9 del PDF “4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
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certificación expedida por el Coordinador GIT Gestión del Talento Humano del
IGAC37.
Sobre esto último es importante resaltar que la demandada en la contestación de la
demanda admitió ser exfuncionaria del IGAC, no obstante, afirmó que su participación
en el acto administrativo expedido el 28 de abril de 2015 se limitó a su revisión
formal38.
5) La señora Évelyn Daza Barraza en la respuesta de la demanda también admitió
ser exfuncionaria del IGAC y laborar con la entidad para la época en que se expidió
la Resolución no. 455 del 28 de abril de 2015, de la cual participó en su elaboración39.
6) La señora Lucero Andrea González Niño, por su parte, en constancia del 28 de
julio de 2015, suscrita por aquella, aparece como la coordinadora del Grupo Interno
de Trabajo Planta y Carrera Administrativa del IGAC40, asimismo, en la parte final de
la Resolución no. 455 del 28 de abril de 201541 figura como una de las personas que
revisó el acto administrativo.
3.5 Calificación de la conducta de los demandados
Con base en lo anterior, la Sala pasa a analizar la conducta de los demandados, para
cuyo propósito verificará los siguientes presupuestos: 1) régimen aplicable y 2)
análisis de la conducta funcional de los agentes estatales demandados.
37 Fls. 1 a 4 del PDF “5_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
38 La confesión por apoderado tiene pleno valor probatorio, al respecto el artículo 193 del CGP dispone
que “la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su
poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes
contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita.”.
39 La confesión por apoderado tiene pleno valor probatorio, al respecto el artículo 193 del CGP dispone
que “la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su
poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes
contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita.”.
40
Fl. 42 del PDF “4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
41
Fl. 9 del PDF “4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
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3.5.1 Régimen aplicable
1) Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe considerarse
que los hechos se refieren a la responsabilidad personal que pudiera corresponder a
los demandados con ocasión de la expedición de la Resolución no. 455 del 28 de
abril de 2015 a través de la cual la entidad aquí demandante dio por terminado
nombramiento provisional de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos en el cargo de
auxiliar administrativo, código 4040, grado 10 de la Dirección Territorial Meta.
2) Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos estaba vigente la Ley 678 de
200142, es jurídicamente posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme
al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional pues, las conductas
solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron
cometidas.
3) De manera que, en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del
Decreto - ley 01 de 1984 las conductas se analizarán al tenor de la Ley 678 de 2001,
pero, teniendo en cuenta las particularidades del caso en armonía con los artículos 6
y 90 de la Constitución Política de 1991 relativos a la responsabilidad de los servidores
públicos.
3.5.2 Análisis de la conducta funcional de los agentes estatales demandados
1) Respecto de todos los sujetos pasivos del medio de control judicial de repetición,
en la demanda únicamente se hizo referencia a que participaron en la expedición de
la Resolución no. 455 del 28 de abril de 2015; sin embargo, la entidad actora no
acreditó cómo los demandados participaron en el susodicho acto ni especificó la
conducta concreta que atribuye a cada uno ni tampoco la calificó como dolosa o
gravemente culposa.
2) En efecto, en la demanda de manera general se dijo que la Resolución n. 593 del
28 de abril de 2015 fue expedida con “violación manifiesta e inexcusable de las normas
de derecho por cuanto el daño es consecuencia de una infracción directa a la
42 Promulgada en el Diario Oficial edición no. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
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Constitución o a la ley” 43 (lo cual se ajustaría a la causal número 5 del artículo 6 de la
Ley 678 de 2001 original)44 y por “una inexcusable omisión o extralimitación en el
ejercicio de las funciones como es no dar aplicación a lo establecido en el artículo 10
del Decreto 1227 de 2005”45 (lo cual concordaría con la causal número 2 del artículo
5 de la Ley 678 de 2001 original)46; no obstante, respecto de cada uno de los
demandados no estableció ni determinó la conducta concreta que les reprochaba de
manera individual ni realizó la calificación de la misma, asimismo, tampoco demostró
cual fue el grado de participación de cada uno de los demandados en la expedición
del acto administrativo.
3) La falta de determinación y calificación de la conducta atribuida a los demandados
impide al juez de lo contencioso administrativo abordar el análisis sometido a
consideración a través de la acción de repetición, de un lado, porque interpretar en
uno u otro sentido los supuestos fácticos invocados en la demanda conllevaría la
vulneración del derecho de defensa de la parte demandada y, a su vez, comportaría
una intervención indebida del fallador en una carga exclusiva de la parte actora, en
especial si se considera que no se acreditó cual fue el grado de participación de los
demandados en el acto administrativo ni cómo aquella influyó en la condena en contra
de la entidad.
4) En efecto, la parte demandante de manera abstracta aludió a la conducta dolosa y
gravemente culposa de los agentes estatales, pero más importante es que en el caso
de las señoras Diana Patricia Ríos y Lucero Andrea González Niño no se acreditó cuál
fue el grado de participación en el acto administrativo, que actuación se les reprochaba
ni cómo aquella influyó en la condena en contra de la entidad y, en el caso de los
señores Juan Antonio Nieto Escalante y Émili Dayán Riveros si bien se acreditó que
el primero suscribió el acto administrativo y la segunda fue quien lo proyectó, lo cierto
es que no acreditó el supuesto de hecho para que opere las presunciones alegadas.
43
Fl. 4 del PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI.
44 “ARTÍCULO 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por
las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”.
45
Fl. 4 del PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2 SAMAI.
46 ARTÍCULO 5. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho
ajeno a las finalidades del servicio del Estado. 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en
su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le
sirve de fundamento.
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5) Ciertamente, en el caso de la señora Diana Patricia Ríos solo se acreditó que en el
acto administrativo aparece como una de las personas que lo revisó, sin embargo, la
demandada en la contestación afirmó que su participación se limitó a la revisión formal
del acto administrativo, no a su proyección ni a su expedición.
Sobre el particular, el coordinador del GIT de gestión del talento humano del IGAC en
documento del 18 de agosto de 2020 certificó que para el 28 de abril de 2015 la
demandada era secretaria general y desempeñaba las siguientes funciones:
“1. Desempeñar las funciones de Secretaría del Consejo Directivo,
respondiendo por la organización de las reuniones y por la elaboración,
conservación y custodia de las actas respectivas.
2. Coordinar el flujo de información necesaria para que las decisiones
adoptadas por el Consejo Directivo, la Dirección General y el Comité de
Dirección, en los casos que así se requiera, sean ejecutadas oportuna y
adecuadamente por las distintas dependencias del Instituto, prestando para
ello la asesoría requerida.
3. Llevar la representación de la Dirección General en los asuntos de
carácter técnico o administrativo que ésta le señale.
4. Refrendar los actos del Consejo Directivo y de la Dirección General y
mantener en custodia los originales de los mismos.
5. Asesorar a la Dirección General en la definición de las políticas generales,
en materia de administración y desarrollo de los recursos humanos, para
optimizar el uso y disponibilidad de los recursos del Instituto.
6. Reglamentar, en desarrollo de las políticas de la Dirección, las actividades
asociadas con la divulgación y uso de los servicios y productos del Instituto.
7. Participar, en coordinación con la Oficina Jurídica en la elaboración de
pliegos de condiciones o términos de referencia de los trabajos relacionados
con la Secretaría que deban ser contratados externamente.
8. Efectuar la interventoría a los contratos relacionados con la Secretaría,
que celebre el Instituto con terceros.
9. Representar al País por delegación del Gobierno en reuniones nacionales
e internacionales, relacionadas con asuntos de competencia del Instituto.
10. Ejercer sobre las dependencias adscritas, el control establecido por la
Dirección General, para el mantenimiento de adecuados niveles de
eficiencia y eficacia.
11. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del Instituto y de las
demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites
administrativos internos.
12. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de las Divisiones de
Recursos Humanos y Administrativa.
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13. Evaluar y responder por la calidad y oportunidad de los trabajos
realizados por el personal a su cargo.
14. Presentar oportunamente a la Dirección General los informes de la
ejecución de sus funciones.
15. Cumplir las disposiciones legales que regulan las actividades del
Instituto.
16. Realizar y responder por las actividades, que de acuerdo a las
instrucciones dadas se deban cumplir para la ejecución del plan de
desarrollo del Instituto.” (PDF “2_DemandaWeb_Demanda” índice 2
SAMAI).
En la anterior certificación en ningún momento se indica que la señora Diana Patricia
Ríos García tuviera como función la revisión técnica o jurídica de los actos
administrativos expedidos por la entidad, aspecto que incumbía demostrar a la parte
actora, en especial si se considera que la demandada afirma que su participación solo
fue la revisión formal de la resolución de desvinculación.
6) Lo antedicho, también se predica de la señora Lucero Andrea González Niño quien,
de conformidad con la certificación expedida el 16 de marzo de 2021 por el
coordinador GIT de gestión de talento humano del IGAC, tenía las siguientes
funciones:
“Encargada en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 13
en la Secretaría General desde el 09 de octubre de 2014 hasta 03 de mayo
de 2016, desempeñando las funciones relacionadas a continuación:
1. Participar en la Organización y divulgación del procedimiento de
Peticiones, Quejas y Reclamos. PQRD, en el Instituto.
2. Administrar el procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos PQRD,
de conformidad con la documentación y caracterización del proceso
establecidas.
3. Brindar apoyo a las dependencias del Sector Central y a las Direcciones
Territoriales en materia de Peticiones, Quejas y Reclamos PQRD.
4. Contribuir con la actualización permanente del procedimiento de
Peticiones, Quejas y Reclamos PQRD, del Instituto.
5. Proponer la Implementación de tecnologías y herramientas ofimáticas,
para el control y Seguimiento de las PQRD, en el Instituto, de conformidad
con los procedimientos técnicos establecidos.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Repetición
Sentencia de única instancia
6. Participar en el seguimiento al trámite dado a las Peticiones, Quejas y
Reclamos vigentes en el Instituto, de acuerdo con las políticas internas y los
procedimientos establecidos.
7. Apoyar la administración y mejora de las Peticiones, Quejas y Reclamos
en el Instituto, en el marco del Plan de Desarrollo del Instituto y del Sistema
de Gestión de Calidad.
8. Realizar y responder por las actividades, que de acuerdo a las
instrucciones dadas deba cumplir para la ejecución del plan de desarrollo
del Instituto.
9. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con los
estándares definidos por el Instituto.
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.” (PDF
“13RECIBEMEMORIALES” índice 9 SAMAI).
7) Aunque el IGAC en la demanda señaló que aquella fue una de las revisoras del
acto administrativo, no se acreditó que tipo de revisión llevó a cabo, así como tampoco
se explicó cuál fue la conducta reprochable de la demandada.
8) En el caso de los señores Juan Antonio Nieto Escalante y Évelyn Dávila Barraza,
esta última quien admitió ser una de las personas que proyectó el acto administrativo
anulado, la demandante se limitó a indicar que aquellos incurrieron en una inexcusable
omisión o extralimitación por no dar aplicación a lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1227 de 2005.
9) Sobre esto último, se pone de presente que si bien en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se concluyó que el artículo 10 del Decreto 1227
de 2005 era el aplicable al caso de la señora Émili Dayán Riveros Villalobos, esa
apreciación por sí sola no permite afirmar que la demandada incurrió en una violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, pues, la señora Riveros fue
inicialmente nombrada de manera provisional por el periodo que durara el encargo de
la funcionaria Claudia Janeth Guevara Clavijo47, la cual a su vez fue designada por un
periodo de seis meses48.
10) En efecto, de las pruebas aportadas en el expediente se encuentran acreditados
los siguientes hechos:
47 Fl. 35 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
48 Fls. 19 a 20 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Repetición
Sentencia de única instancia
a) La señora Claudia Janneth Guevara Clavijo era funcionaria de carrera
administrativa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -en concreto era auxiliar
administrativo, código 4044, grado 10-, y mediante Resolución no. 671 del 2 de julio
de 2014 expedida por el director general del IGAC se le encargó durante seis meses
el empleo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 22 de la Dirección Territorial
del Meta49, de conformidad con el estudio de verificación de cumplimiento de
requisitos para la concesión de encargos establecidos en los artículos 24 y 25 de la
Ley 909 de 2004 y artículos 8 y 9 del Decreto 1227 de 2005, elaborado el 27 de junio
de 201450.
b) Luego de que la señora Claudia Janneth Guevara Clavijo tomó posesión del cargo
para el cual fue encargada51, se generó una vacancia temporal en el empleo del cual
era funcionaria de carrera y mediante Resolución no. 909 del 21 de agosto de 2014
se nombró provisionalmente en aquel a la señora Emili Dayan Riveros Villalobos y
mientras durara el encargo de la señora Guevara, el cual originalmente fue de seis
meses52. La señora Riveros Villalobos tomó posesión el 4 de septiembre de 201453.
c) Transcurridos seis meses, el Director General del IGAC mediante Resolución no.
255 del 28 de abril de 2015 dio por terminado el nombramiento provisional de la
señora Emili Dayan Riveros Villalobos, para la cual adujo la facultad discrecional del
artículo 107 del Decreto 1950 de 1973.
d) Mediante Resoluciones números 1482 del 26 de diciembre de 201454 , 770 del 30
de junio de 201555 y 1540 del 7 de diciembre de 201556 del IGAC se prorrogó el
encargo realizado a la funcionaria Claudia Janneth Guevara Clavijo 57, quien el 11 de
junio de 2016 regresó al empleo del cual era titular58.
49 Fls. 19 a 20 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
50 Fls. 21 a 27 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
51 Lo cual ocurrió el 8 de julio de 2014 de conformidad con el acta de posesión (fl. 3 del PDF
“4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
52 Fl. 35 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
53 Fl. 36 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
54 Fl. 37 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI” y fl. 4 del PDF “4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
55 Fl. 39 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI” y fl. 5 del PDF “4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
56
Fl. 6 del PDF “4_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
57 Fl. 37 del PDF “3_DemandaWeb” índice 2 SAMAI”.
58 Tal como consta en Resolución no. 664 del 2 de junio de 2016, fl. 57 del PDF “3_DemandaWeb”
índice 2 SAMAI”.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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Sentencia de única instancia
11) Ahora bien, la demandada Évelyn Dávila Barraza explicó que por la forma en que
la señora Émili Dayán Riveros Villalobos fue nombrada, entendió que aquel se podía
dar por culminado por la facultad discrecional.
12) La entidad demandante refiere que existe responsabilidad de los señores Juan
Antonio Nieto Escalante y Évelyn Dávila Barraza porque de manera inexcusable no
dieron aplicación a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, además,
porque debía seguir prorrogándose el nombramiento de la señora Émili Dayán
Riveros Villalobos en la medida que se continuó con el encargo de la señora Claudia
Janneth Guevara Clavijo.
13) Sobre el particular, una revisión al acto del nombramiento de la señora Émili Dayán
Riveros Villalobos da cuenta que se le vinculó por el término del encargo de la señora
Claudia Janneth Guevara Clavijo y para ello se adujo los artículos 8 y 9 del Decreto
1227 de 2005 que disponen:
“ARTÍCULO 8°. Mientras se surte el proceso de selección convocado para
la provisión de los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a
empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de
2004.
El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses.
PARÁGRAFO transitorio. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá
autorizar encargos y nombramiento provisionales, sin previa convocatoria a
concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transformación o
liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo
justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo o el
nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses,
término dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. El
nombramiento provisional procederá de manera excepcional cuando no
haya personal que cumpla con los requisitos para ser encargado y no haya
lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.
ARTÍCULO 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en
caso de vacancias temporales los empleos de carrera podrán ser provistos
mediante nombramiento provisional cuando no fuere posible proveerlos por
medio de encargo con servidores públicos de carrera, por el término que
duren las situaciones administrativas que las originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un
empleo de libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se
convierta en cargo de carrera. El carácter se adquiere a partir de la fecha en
que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser provisto
teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente decreto,
mediante acto administrativo expedido por el nominador.” (negrillas de la
Sala).
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14) Las normas señaladas son claras en especificar que la duración tanto del encargo
como el nombramiento provisional no puede ser superior a seis meses.
15) De igual manera, si bien el mencionado decreto en el artículo 10 dispuso que
“antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del
nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por
terminados”, este artículo no especifica que sucede cuando se cumple el término de
duración.
16) La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del
8 de junio de 2023, en un caso similar, esto es, cuando una persona es nombrada en
provisionalidad para una vacante temporal, refirió que es suficiente sustentación del
acto administrativo el hecho de que el encargo del titular termine, así:
“Para esta Sala resulta evidente que la vinculación que tuvo el actor fue en
provisionalidad, en la medida en que ocupaba un cargo de carrera que
estaba vacante en forma temporal mientras su titular, la señora María Cecilia
Ordóñez Mora, ejercía en encargo el de profesional universitario, código
219, grado 3, pues estaba escalafonada en el «grado 1», y esto último no
se controvierte en el proceso.
Ahora bien, a la señora Ordóñez se le terminó dicho encargo y tenía derecho
a retornar al empleo de carrera respecto del cual estaba escalafonada y al
que accedió el actor gracias a la designación que le hizo la Administración
para reemplazarla; por ende, la entrada de la titular del cargo de carrera
implica la salida del nombrado en provisionalidad, como se sustentó en los
actos acusados.
En otras palabras, existe una motivación clara y precisa en la que se
explicitan las razones por las cuales el demandante no podía seguir en un
puesto cuya titular accedió por concurso; el solo hecho de que a la titular del
cargo de profesional universitario, código 219, grado 3, se le hubiese
terminado su encargo es causal suficiente para que la Administración, se
repite, en respeto de sus derechos de carrera, le autorice su retorno;
asimismo, los actos administrativos que le terminaron el encargo a ella o a
otros empleados o que hagan movimientos de personal dentro de la planta
de cargos escapan al control de esta jurisdicción, pues simplemente no se
han demandado en este proceso”59.
59 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2023, expediente
no. 68001-23-33-000-2016-00814-01 (5062-2022).
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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Sentencia de única instancia
17) Lo antedicho también fue referido por la Sección Cuarta en sentencia del 10 de
abril de 2019, quien refirió que es suficiente sustentación la terminación del periodo
de seis meses previsto en el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005, así:
“3.2.11. La Sala advierte que dichas inferencias concuerdan con el criterio
jurisprudencial decantado por la Sección Segunda de esta Corporación, en
cuanto al deber de motivar los actos de retiro de las personas nombradas
en provisionalidad en vigencia de la Ley 909 de 2004. Asimismo, se observa
que era razonable concluir la debida sustentación del acto de insubsistencia,
pues la causal de fenecimiento del término de seis meses está prevista en
el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 1 del
Decreto 4968 de 2007.
3.2.12. En este orden de ideas, la razón que tuvo el tribunal para tener por
motivado el acto administrativo que terminó en la declaratoria de
insubsistencia el nombramiento en provisionalidad fue válida y razonable.
Esta se fundamentó en la competencia del ente demandado para dar por
terminado el nombramiento en provisionalidad del actor, al haber fenecido
el término autorizado de seis meses”60.
18) La revisión de las pruebas obrantes en el plenario da cuenta que una vez
transcurrieron seis meses se culminó el nombramiento provisional de la señora Émili
Dayán Riveros Villalobos y si bien el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho
explicó que el acto debía ser motivado, esto solo no implica que se aplique la
presunción alegada, pues, la aquí demandante debía acreditar que los señores Évelyn
Dávila Barraza y Juan Antonio Nieto Escalante desconocieron una regla clara, expresa
e inequívoca, de aplicación automática, sin margen razonable de interpretación; sin
embargo, del acervo probatorio allegado, no se desprende un actuar de esa
naturaleza, pues, aunque si bien la primera acepta que no sustentó el acto, lo cierto
es que junto con la contestación aportó la decisión del 22 de septiembre de 2021
dictada por la procuraduría delegada para la vigilancia administrativa y judicial en el
que en un asunto similar (esto es, en el que se terminó el nombramiento de una
persona al cabo de seis meses sin mayor sustentación) se le exoneró de
responsabilidad, aspecto que evidencia la confusión que existía sobre la forma en que
se debía dar por terminado el nombramiento cuando se cumplía el término de ley.
60
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sección Cuarta, sentencia del 10 de abril de 2019 expediente
no. 2018-02586 MP Julio Roberto Piza.
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Sentencia de única instancia
4. Conclusión
Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, pues i) no se atribuyó de
manera personal a cada uno de los demandados conducta alguna revestida de culpa
grave o dolo que en la condición de servidores públicos de la entidad pudieron
desplegar y, que además hubiera sido determinante en la condena impuesta al Estado
y, ii) en el caso de las señoras Diana Patricia Ríos y Lucero Andrea González Niño no
se especificó cuál fue su participación en el acto administrativo demandado y cómo
aquella influyó en la condena en contra de la entidad; por su parte, en el caso los
señores Évelyn Dávila Barraza y Juan Antonio Nieto Escalante no se acreditó el
supuesto de hecho para que operara la presunción.
5. Condena en costas
1) La Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal y modificó
el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno objetivo, el
cual se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes. El nuevo
precepto prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
2) De la norma objeto de análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: i)
retornó a un criterio objetivo que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de las
partes o sujetos procesales; ii) estableció una regla general según la cual en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste, del
comportamiento de las partes y, iii) la excepción a la regla general de la condena en
costas, se encuentra prevista para aquellos procesos en los cuales se “ventile un
interés público”, de manera que se debe precisar qué se debe entender por “interés
público” para efectos de la condena en costas.
3) Sobre este punto la Sala reitera lo ya expuesto en ocasión anterior61 que la
expresión “interés público” necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas,
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, MP Fredy
Ibarra Martínez, exp. 63.217.
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Expediente 11001-03-26-000-2020-000134-00 (66.323)
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contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al
principio de interpretación del efecto útil de las normas62.
En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas,
tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir
controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez
procuran la satisfacción del interés general; sin embargo, este entendimiento amplio
o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta
perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues, no procedería la condena
en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.
De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es
equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v gr nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).
En esa perspectiva, en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen
intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares
(v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales;
reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte
vencida, sin importar si es demandante o demandada.
4) Por lo anterior, en los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1)
del CGP, el IGAC debe asumir las costas porque se negaron las súplicas de la
demanda, las cuales se liquidarán en forma concentrada por la Secretaría de la
Sección Tercera de esta Corporación según dispone el artículo 366 del Código
General del Proceso. Las costas incluyen las agencias en derecho que serán fijadas
en proveído posterior a esta decisión judicial.
62 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo
efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple.
Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad condicionada y
de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los
principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios
mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues
se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia
que puede originar grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998,
MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Actor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Sentencia de única instancia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niegánse las pretensiones de la demanda.
2°) Condénase en costas a la parte actora.
3º) En firme esta providencia archívase el expediente con las correspondientes
constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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