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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00014-00

Fecha
9 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00014-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por los señores Merlín Yarley Mena Martínez y otros contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2015-00588-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Quibdó y COMUNICAR lo decidido al Tribunal Administrativo del Chocó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00014-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

9 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00014-00 (66.456)

Actor: MERLÍN YARLEY MENA MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA

Temas: SENTENCIA INVOCADA POR LA PARTE RECURRENTE – No tiene el carácter
de ser sentencia de unificación / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo – No procede
cuando la desestimación del recurso deviene de una circunstancia ajena a los recurrentes
y se evidencia inactividad de la contraparte.

La Sala decide el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto
por la señora Merlín Yarley Mena Martínez y otros contra la sentencia del 10 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual
se confirmó el fallo denegatorio de primera instancia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1. La parte actora considera que la sentencia de segunda instancia desconoció el
fallo del 6 de junio de 2013, proferido por la Sala Plena de la Sección Tercera de
esta Corporación, porque no tuvo en cuenta las pruebas que obraban en el
expediente, lo cual conllevó a que erróneamente concluyera que no se demostró la
responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

II. ANTECEDENTES

Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión

2. El 26 de noviembre de 20151, la señora señora Merlín Yarley Mena Martínez y
otros2, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios a ellos
irrogados, con ocasión de las lesiones que sufrió la señora Mena Martínez, como
consecuencia del atentado ocurrido el 25 de febrero de 2014, en el municipio de
Quibdó (Chocó).

1 Folios 41 a 61 del cuaderno 1.
2 La parte demandante en el litigio declarativo estaba conformada por las siguientes personas: Merlín

Yarley Mena Martínez; María de la Luz Martínez Chaverra; Ángel Mena Palacios; Alexander Albornoz
Mosquera; Ingri Johana Palacios Mena; Jhon Javier Palacios Mena; Maribel Mena Martínez; Luis
Ángel Mena Martínez; Sila María Mena Martínez; Carmen Beatriz Mena Martínez; Asleydes Mena
Martínez; Ramón Antonio Mena, y Martha Elena Mena Martínez. Nombres y apellidos tomados de
las copias de sus documentos de identidad, los cuales obran en los folios 3 a 40 del cuaderno 1.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00014-00
No. Interno: 66.456
Actor: Merlín Yarley Mena Martínez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

3. Como indemnización, la señora Merlín Yarley Mena Martínez solicitó por
concepto de lucro cesante consolidado y futuro $4’224.000 y $70’692.723,
respectivamente; por “daño a la vida en relación” 100 smlmv y por daño moral 250
smlmv, por este último concepto, se solicitó 100 smlmv para cada uno de los demás
demandantes.

4. En la demanda se le endilgó responsabilidad a la Policía Nacional por la supuesta
omisión en el deber de protección, toda vez que, a pesar de las diversas alertas
tempranas emitidas por distintas autoridades sobre la problemática que existía en
el departamento del Chocó por la confrontación permanente con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, la referida entidad no adoptó las medidas
de seguridad necesarias para proteger a la población civil.

5. Mediante sentencia del 7 de mayo de 20183, el Juzgado 2° Administrativo del
Circuito de Quibdó negó las pretensiones, por cuanto consideró que, si bien se
probó que la señora Mena Martínez sufrió lesiones como consecuencia del atentado
perpetrado contra el supermercado “Autoservicio Mercames” de Chocó, lo cierto es
que no se acreditó que dicho ataque fue dirigido contra la institución policial.
Además, a pesar de que con anterioridad el propietario del referido establecimiento
de comercio denunció ser víctima de extorsión, no pidió protección especial, de ahí
que no sea posible establecer nexo causal alguno entre el atentado y los deberes
de la entidad accionada.

6. El a quo concluyó que no se demostró que la Policía Nacional tuviera alguna
posición de garante respecto del establecimiento de comercio en el que laboraba la
víctima directa, sumado a ello, la institución policial no conoció previamente sobre
la posible comisión de alguna amenaza o acto terrorista y, en todo caso, el daño fue
ocasionado por terceros ajenos al Estado.

7. La parte actora apeló la anterior determinación4 y mediante providencia del 10 de
octubre de 20195, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó el fallo de primer
grado. En criterio del ad quem, no se cumplían con los parámetros establecidos por
esta Corporación para que procediera la declaratoria de responsabilidad estatal por
actos violentos de terceros en virtud de los títulos jurídicos de imputación de falla en
el servicio, riesgo excepcional, o daño especial, según la sentencia dictada por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 20 de junio de 2017 6.

8. Al respecto, el Tribunal sostuvo que: (i) en el sub examine no se probó que el
daño alegado se presentó por la complicidad o cooperación de algún agente estatal;
(ii) los accionantes no solicitaron protección a la fuerza pública, por lo que, si bien
se allegó la denuncia presentada 7 meses atrás por el propietario del
establecimiento de comercio afectado, lo cierto es que ello no era suficiente para
establecer que la demandada podía prever el acto terrorista, y (iii) no se demostró
que la accionada hubiera creado una situación de riesgo que implicara la adopción

3 Folios 236 a 245 del cuaderno 1.
4 Folios 310 a 320 del cuaderno 1.
5 Folios 800 a 814 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 C.P: Ramiro Pazos Guerrero, exp: 18.860.

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Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
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de medidas de seguridad y prevención, toda vez que los hechos objeto de
controversia no ocurrieron en el marco de algún enfrentamiento armado, ni mucho
menos que se trataba de un ataque contra la Policía y, en todo caso, el inmueble
tampoco se encontraba en inmediaciones de una institución estatal.

Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y su trámite

9. El 23 de octubre de 20197, la parte demandante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra el fallo de segunda instancia, porque, a su
juicio, el Tribunal desconoció la sentencia de 6 de junio de 2013, proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado8.

10. La parte actora adujo que, a pesar de que en el citado criterio de “unificación”
se establecieron posibles eventos en los que se configura la falla en el servicio por
actos terroristas, erróneamente el Tribunal le restó valor a la denuncia penal que
obraba en el expediente y concluyó, de forma contradictoria, que no existía
elemento alguno que permitiera endilgarle responsabilidad a la entidad accionada9.

11. Mediante auto del 22 de mayo de 202410, el consejero sustanciador admitió el
recurso extraordinario de la referencia, decisión que fue notificada en debida
forma11 a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

12. A juicio del Ministerio Público12, se debe desestimar el recurso extraordinario
de la referencia, toda vez que el criterio de unificación invocado por la parte
recurrente no era el vigente para cuando se dictó la sentencia censurada y, en todo
caso, lo que los accionantes pretenden es promover una instancia adicional del
proceso ordinario.

13. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional guardó silencio.

14. A través de proveído del 14 de agosto de 202413, se prescindió de la audiencia
prevista en el artículo 266 de la Ley 1437 de 2011, determinación que no fue
recurrida14.

7 Folio 820 a 847 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 C.P: Enrique Gil Botero, exp: 26.011.
9 Por medio de auto del 6 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó concedió el recurso

extraordinario de la referencia. El expediente físico fue recibido por esta Corporación el 10 de
noviembre de ese mismo año. Folios 890 a 894 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Previamente, por medio de providencia del 6 de julio de 2021, fue inadmitido por improcedente y

con fines de rechazo el recurso extraordinario de la referencia, decisión confirmada en sede de
reposición, mediante auto del 23 de agosto de esa misma anualidad.
Sin embargo, a través de proveído del 11 de abril de 2024, la Sala Plena de la Sección Tercera
dispuso: (i) revocar el auto del 6 de julio de 2021, y (ii) devolver el expediente al despacho de origen
para que proceda con su admisión, oportunidad en la que se consideró que la parte recurrente
cumplió con la carga argumentativa que le correspondía al invocar la sentencia del 6 de junio de
2013. Índices 3, 12 y 42 de SAMAI.
11 Índices 49 a 54 de SAMAI.
12 Concepto visible en el índice 52 de SAMAI.
13 Índice 60 de SAMAI.
14 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 2 de septiembre

de 2024. Índice 65 de SAMAI.
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Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
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III. CONSIDERACIONES

15. La Sala resolverá el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 10
de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dado que no
se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y
se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de: competencia,
interposición en tiempo y legitimación en la causa.

16. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente al
recurso de unificación de jurisprudencia. Aunado a ello, la Sala determinará si están
dados los supuestos para la prosperidad del mecanismo extraordinario de la
referencia contra la providencia censurada, en especial, si el fallo invocado por los
accionantes constituye o no una sentencia de unificación.

Generalidades del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

17. La Ley 1437 de 2011 buscó fortalecer la función unificadora del Consejo de
Estado15. Como consecuencia, el legislador dispuso el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en el ordenamiento jurídico como un instrumento para
proteger el precedente vertical16 establecido en sentencias de unificación proferidas
por el Consejo de Estado. En esa medida, la finalidad del referido mecanismo es la
de garantizar la interpretación y aplicación uniforme del derecho, elementos
inherentes a la seguridad jurídica, así como salvaguardar los derechos de las partes
y de los terceros perjudicados con el fallo recurrido y, cuando fuere del caso, reparar
los agravios inferidos a tales sujetos procesales, según el artículo 256 del
mencionado estatuto procesal.

18. Aunado a ello, es posible concluir que el recurso extraordinario de la referencia
propende por la igualdad de quienes acuden ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de que los litigios que versen sobre hechos similares sean
decididos con el mismo criterio. Bajo ese contexto, el presente mecanismo procesal
constituye una excepción al principio de cosa juzgada de las sentencias
ejecutoriadas, por lo que, de conformidad con el artículo 258 del CPACA17, la única

15 En efecto, en la exposición de motivos de la citada ley, se indicó lo siguiente: “Por último, cabe

destacar la intención del proyecto en cuanto al acatamiento de las decisiones judiciales, como una
manifestación del Estado de Derecho. Por ello, la preocupación de la Comisión se centró en dos
aspectos, a saber: uno, el respeto a las decisiones judiciales frente a casos similares y dos, el
cumplimiento de las decisiones judiciales. Para garantizar el respeto a las decisiones judiciales que
constituyen jurisprudencia reiterada o de unificación, se propone como mecanismo el derecho a
solicitar la extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en un fallo
de unificación jurisprudencial en el que se haya reconocido una situación jurídica, siempre que, en
lo pretendido exista similitud de objeto y causa con lo ya fallado (…)”. Gaceta No. 1173 del 17 de
noviembre de 2009.
16 La Sala Plena de la Corte Constitucional ha definido el precedente vertical en los siguientes

términos: “Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como
órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción”. Sentencia SU-113 del 8 de noviembre de
2018, M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez, exp: T-6.550.645.
17 A cuyo tenor: “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de

jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado”.
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causal prevista para que proceda es que la sentencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación de esta Corporación.

19. De manera previa, se precisa que las sentencias de unificación corresponden a
las dictadas tanto con antelación como con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 1437 de 2011, toda vez que afirmar lo contrario implicaría asumir que la función
de unificación del Consejo de Estado solo surgió a partir de la promulgación del
referido estatuto procesal18.

20. De acuerdo con el artículo 270 del CPACA, las sentencias de unificación
corresponden a las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por
importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar
o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación; las dictadas al decidir los recursos extraordinarios y las
relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270
de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 200919.

21. En lo relacionado con las sentencias dictadas al amparo del Decreto 01 de 1984,
se precisa que tal normativa no estableció qué tipo de providencias deben ser
catalogadas como fallos de unificación. Sin embargo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado como tales aquellas decisiones en las que el Consejo
de Estado adoptó: (i) alguna postura interpretativa frente a un punto de derecho; (ii)
la forma de llenar una laguna o vacío normativo; (iv) criterios de ponderación o
valoración de específicas situaciones o pruebas, o (v) se establecieron
presunciones judiciales20.

22. En suma, para que el recurso extraordinario de la referencia tenga vocación de
prosperidad, resulta menester el estudio de la situación fáctica en cada caso
concreto, toda vez que “solo serán subsumibles en el campo de la sentencia de
unificación, procesos que discutan hechos similares que permitan hacer extensivo
el precedente”21. Como consecuencia, no todo el contenido de la sentencia de
unificación invocada sirve de soporte para el mecanismo de unificación de

18 “En síntesis, es importante destacar que la función de unificación de jurisprudencia del Consejo

de Estado no nace con la Ley 1437 de 2011 ni depende exclusivamente de ella. Si bien esta ley
reforzó su ejercicio a través de los mecanismos que se analizarán más adelante, la función de
unificación es inherente a la condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo que le
otorga al Consejo de Estado el artículo 237-1 de la Constitución Política, tal como ya lo hacía la Carta
de 1886”. Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, las sentencias de unificación
jurisprudencial y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, primera edición, imprenta nacional,
página 22.
19 “Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. (Artículo modificado por el artículo 78 de

la Ley 2080 de 2021) Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación
jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los
recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 1º de agosto de 2019, C.P: María Adriana Marín, exp: 58.317.
21 Ibidem.

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jurisprudencia, “pues solo el contenido relacionado con el decisum y la ratio
decidendi del caso concreto es la que resulta útil para tal efecto”22.

23. Aunado a ello, para aplicar la ratio decidendi de los precedentes se requiere que
se trate de supuestos de hecho y de derecho similares y a que la postura
jurisprudencial no se hubiera modificado o evolucionado por una posición distinta o
más específica.

24. Con todo, vale aclarar que a través del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no son de recibo cuestionamientos sobre la valoración probatoria
ejercida por los funcionarios judiciales que conocieron del proceso ordinario, toda
vez que el alcance y carácter excepcional de dicho mecanismo procesal no
comportan una instancia adicional para controvertir aspectos propios del litigio
declarativo.

Caso concreto

25. La parte recurrente sostuvo que el ad quem desconoció la sentencia de
“unificación” del 6 de junio de 2013, proferido por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (C.P: Enrique Gil Botero, exp: 26.011), en tanto que,
pese a que en dicha providencia se determinó que se incurría en falla en el servicio
por actos terroristas, entre otras circunstancias, porque la víctima previamente
solicitó protección a las autoridades y estas no se las brindaron, o porque el hecho
era previsible, lo cierto es que el Tribunal “menospreció”23 la denuncia formulada
ante el Gaula de la Policía Nacional, documento que permitía establecer la
previsibilidad del ataque y, por ende, acceder a las súplicas de la demanda de
reparación directa.

26. El Ministerio Público indicó que para el momento en que se dictó la sentencia
censurada, estaba en vigor el fallo de unificación dictado por la Sala Plena de la
Sección Tercera el 7 de marzo de 201824. A través de la citada providencia esta
Corporación se pronunció sobre la responsabilidad estatal con ocasión de actos
terroristas producidos con explosivos y, por ende, determinó que, en ese tipo de
casos, el operador judicial debe examinar las situaciones fácticas y las pruebas
allegadas bajo los títulos de imputación de falla en el servicio, daño especial y riesgo
excepcional.

27. En esa medida, adujo que el Tribunal ad quem analizó el caso concreto bajo
cada uno de los mencionados regímenes de responsabilidad, cosa distinta es que
los accionantes no cumplieron con la carga probatoria que les correspondía, lo cual
evidencia que lo que pretenden es generar una tercera instancia frente a un litigio
declarativo que finalizó en los términos que correspondían.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 63.357.
23 Folio 836 del cuaderno del Consejo de Estado.
24 C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 34.359.

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jurisprudencia

28. Bajo este contexto, en primer lugar, vale la pena precisar que, en la sentencia
señalada por el Ministerio Público, en concreto, la proferida el 7 de marzo de 2018
por la Sala Plena de la Sección Tercera, se unificó jurisprudencia en lo relacionado
con la responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados en accidentes
con mina antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos
explosivos improvisados (AEI).

29. Así las cosas, además de que los actores no hicieron mención alguna a la
referida sentencia de unificación, no es posible extender las hipótesis planteadas en
la citada providencia al presente caso, toda vez que en el litigio declarativo en el
marco del cual se dictó la sentencia objeto de controversia se debatió lo relacionado
con la supuesta responsabilidad estatal por la detonación de un artefacto explosivo
en un establecimiento de comercio, de ahí que los supuestos abordados en dicho
fallo ni siquiera resultarían aplicables al sub lite.

30. Además, resulta pertinente reiterar que la carga argumentativa que asume la
parte interesada en sede extraordinaria de unificación de jurisprudencia impide que
el juez busque el criterio de unificación que, a pesar de no haber sido invocado, se
acomode a los supuestos que la motivan, pues ello implicaría desconocer lo previsto
en el numeral 4 del artículo 262 del CPACA25.

31. En segundo lugar, respecto de la sentencia en la que la parte demandante fundó
el recurso extraordinario de la referencia, la Sala observa que dicha providencia fue
proferida en el marco de un proceso de reparación directa promovido con el fin de
que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de una
persona a causa del artefacto explosivo instalado en el parque “San Antonio” de
Medellín (Antioquia), en hechos ocurridos el 10 de junio de 1995.

32. En el referido fallo se citaron varias consideraciones de la providencia del 21 de
febrero de 200226, por medio de la cual la Sección Tercera analizó lo concerniente
a la responsabilidad estatal por actos terroristas y se determinó que, de conformidad
con los hechos probados, el juez debe analizar este tipo de litigios bajo los
regímenes de imputación de falla en el servicio, daño especial, o riesgo excepcional.

33. Resulta oportuno aclarar que, del mencionado fallo del 6 de junio de 2013,
dictado por la Sección Tercera de esta Corporación, debe destacarse que del texto
no es posible establecer que se trate de una sentencia de unificación 27 y, en todo
caso, el hecho de que hubiera sido dictada por la Sala Plena tampoco le da
automáticamente tal connotación.

34. En efecto, al revisar el lenguaje aplicado en la referida sentencia, se advierte
que, si bien en la parte inicial se señaló “(…) es preciso señalar, que conoce la Sala

25 A cuyo tenor: “Artículo 262.Requisitos del recurso. El recursoextraordinario de unificación de
jurisprudencia deberá contener.
(…) 4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima
contrariada y las razones que le sirven de fundamento” (se destaca).
26 C.P: Ricardo Hoyos Duque, exp: 13.661.
27 En ese mismo se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en

sentencia de 19 de septiembre de 2024, expediente 69.832.
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Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
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Plena de la Sección Tercera de la actuación, ante la necesidad de unificar el
criterio jurisprudencial en relación al tema materia de juzgamiento, comoquiera que
se han proferido fallos contradictorios en dos subsecciones sobre el particular”, lo
cierto en que en dicha decisión no se determinó alguna regla respecto de la
aplicación o la interpretación de una norma.

35. Lo expuesto, toda vez que tal providencia, además de resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, tuvo como propósito aclarar las razones
por las cuales la mayoría de los magistrados que integraban esa Sala no estaban
de acuerdo con los argumentos esgrimidos en un fallo anterior por la Subsección
B28, en el marco de un litigio en el que se condenó al Estado por los mismos hechos
que se examinaron en aquella oportunidad, concernientes a la explosión del
artefacto explosivo instalado en la escultura “El Pájaro”, ubicado en el parque “San
Antonio” de Medellín.

36. En ese sentido, a pesar que al principio de la providencia se manifestó que se
“unificaría el criterio jurisprudencial”, lo cierto es que en dicho proveído no se
estableció alguna regla uniforme sobre un punto de derecho. Por el contrario, la
Sala reiteró la jurisprudencia de esta Corporación en lo concerniente a la
responsabilidad del Estado por actos terroristas y los títulos de imputación que son
aplicables en este tipo de asuntos.

37. En efecto, la Sala transcribió la tesis adoptada en la sentencia de unificación del
19 de abril de 201229, mediante la cual se precisó que el artículo 90 de la
Constitución Política no privilegió ningún título de imputación en materia de
responsabilidad, sino que se trata de una cláusula general y, por ende, en virtud del
principio “iure novit curia”, es al operador judicial a quien le corresponde determinar
bajo que régimen de responsabilidad se debe adelantar el análisis de imputación en
el respectivo litigio, según las pruebas que obren en cada caso.

38. En ese orden de ideas, el fallo invocado por la parte recurrente -la dictada el 6
de junio de 2013- no constituye una sentencia de unificación, conclusión a la que,
de forma reiterada, ha llegado la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

“35. Bajo ese escenario, la sentencia del 6 de junio de 2013 (Rad. 26.011),
invocada como desconocida por la parte recurrente, no corresponde a

28 Lo expuesto, en los siguientes términos: “De lo transcrito, se advierte que para la Sala de
Subsección B, la falla del servicio se configuró en la omisión de la Policía Nacional de prestar una
vigilancia adecuada y eficiente que garantizara la seguridad de las personas que asistieron al evento.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el explosivo era de fácil identificación debido a su tamaño, pues
estaba compuesto por 10 kilos de dinamita con metralla y sistema eléctrico, lo que permitía a los
policiales que vigilaban el lugar y requisaban a las personas, localizarlo.
Adicionalmente, la Subsección B consideró que al ser ubicado el explosivo en la escultura ‘El Pájaro’,
detectarlo requería de un control sobre el área, pues el lugar de la detonación estaba en el centro
del parque San Antonio, de allí que, no se requerían medidas de prevención y seguridad adicionales
para identificar el artefacto con dinamita.
Así las cosas, aún cuando la Subsección B condenó por estos hechos con fundamento en
que se acreditó una falla del servicio, para la Sala Plena de la Sección Tercera, las pruebas
que se allegaron y las circunstancias que rodearon el caso concreto, no permiten compartir
esta posición, como ya se explicó” (se destaca).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 19 de abril de 2012, C.P: Hernán Andrade Rincón, exp: 21.515.
8

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00014-00
No. Interno: 66.456
Actor: Merlín Yarley Mena Martínez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

aquellas dictadas por el Consejo de Estado en ejercicio de su función de
unificación de jurisprudencia, dado que en ella no se adoptaron criterios
nuevos ni se fijaron reglas de derecho, sino que se reiteraron las fijadas con
antelación por esta Corporación”30 (se destaca).

39. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que, a pesar de que en auto
dictado en sede de súplica el 11 de abril de 2024, la Sala consideró que la parte
recurrente cumplió con la carga argumentativa de indicar la sentencia de unificación
que se estima contrariada y, por ende, lo procedente era admitir el recurso
extraordinario de la referencia, lo cierto es que esa decisión se edificó bajo el
argumento de que lo relacionado con la vigencia temporal del criterio de unificación
era un aspecto que se debía estudiar en el momento de dictar sentencia31.

40. Por las razones expuestas se desestimará el recurso extraordinario interpuesto,
toda vez que, como se expuso, la providencia invocada como fundamento del
recurso no tiene el carácter de sentencia de unificación jurisprudencial, elemento
insoslayable para que prospere este mecanismo de impugnación extraordinario, en
los términos establecidos en el artículo 258 del CPACA.

Costas

42. De conformidad con el inciso primero del artículo 267 de la Ley 1437 de 201132,
en concordancia con el artículo 365 del C.G.P., procede la condena en costas a
cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia y en la medida en que se desestime su recurso y
esté acreditada su causación.

43. No obstante, en el sub lite no se condenará en costas, en tanto que, en primer
lugar, la desestimación del recurso deviene de una circunstancia ajena a los
recurrentes, dado que, con posterioridad a su interposición, esta Corporación
concluyó que la sentencia invocada no tiene el carácter de unificación y, en segundo
término, no se causaron agencias en derecho en favor del Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, toda vez que no presentó escrito de oposición o contestación al
recurso extraordinario de la referencia y ni siquiera constituyó apoderado judicial
para que la representara en el trámite de éste, por ende, resulta claro que no ha
desplegado ninguna actuación en el presente asunto y tampoco puede inferirse su
eventual vigilancia del proceso.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 25 de agosto de 2022, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, exp: 66.461. Criterio reiterado
recientemente por esta Sección mediante sentencia del 19 de septiembre de 2024, C.P. Fredy Ibarra
Martínez exp: 69.832, así como en los fallos dictados el 27 de julio de 2023, C.P: José Roberto
Sáchica Méndez, exps: 67.777 y 67.751.
31 Al respecto es menester señalar que el recurso de la referencia se interpuso antes de la entrada

en vigencia de Ley 2080 de 2021, la cual en el parágrafo del artículo 265 establece que se rechazará
de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o
cuando sea evidente que esta no- es aplicable al caso.
32 “Artículo 267. Efectos de la sentencia. Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará,

en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones
que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenara en costas al recurrente (…)” (se
destaca).
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00014-00
No. Interno: 66.456
Actor: Merlín Yarley Mena Martínez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

44. Además, no se encuentra acreditado que haya incurrido en el pago de expensas,
por lo que no hay lugar a que se imponga condena en costas a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por los señores Merlín Yarley Mena Martínez y otros contra la sentencia
dictada el 10 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el
proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2015-00588-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Quibdó y COMUNICAR lo
decidido al Tribunal Administrativo del Chocó.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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