Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00024-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00024-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00024-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Demandante: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería -ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MINERO - Los requisitos y limitaciones que
gobiernan el acceso a la actividad minera están regulados taxativamente en la ley. Es el
legislador, y no la administración, quien define de manera expresa y cerrada las condiciones
para adjudicar un título minero. / PRINCIPIO DE LEGALIDAD – La administración no puede
introducir por vía interpretativa limitaciones que el legislador no quiso establecer. / ÁREA
DE LA CONCESIÓN - El área solicitada constituye un elemento esencial del contrato de
concesión minera, dado que define el espacio geográfico sobre el cual el titular adquiere
derechos exclusivos de exploración y explotación, determinando a su vez los límites dentro
de los cuales la actividad minera podrá desarrollarse. / DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE
LA CONCESIÓN - En la definición de su disponibilidad la autoridad minera debe verificar la
inexistencia de aquellos requisitos e impedimentos normativamente definidos que pudieren
afectar el polígono propuesto, trámite que, al cumplir una función de verificación, impide a
la autoridad minera imponer restricciones adicionales no contempladas en la ley. /
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO DE MINAS – La norma fija límites
de área y trayecto, sin establecer una prohibición absoluta y expresa sobre el número de
corrientes de agua que puede comprender un polígono de concesión. / FALSA
MOTIVACIÓN Y VIOLACIÓN DE NORMAS SUPERIORES – Los actos acusados se
basaron en una prohibición inexistente y en una indebida aplicación del artículo 64, lo que
configura falsa motivación y una violación de las normas en que debían fundarse.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho presentado en contra de las Resoluciones 001027 del 26 de julio y
002006 del 6 de diciembre de 2019, proferidas por la Agencia Nacional de Minería,
mediante las cuales se rechazó una solicitud de concesión minera.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los actores solicitan que se declare la nulidad de los actos administrativos que
rechazaron y archivaron la propuesta de concesión minera QK9-15011,
fundamentados en que el área solicitada contenía dos (2) corrientes de agua, pese
a que el artículo 64 del Código de Minas1 no prohíbe que el polígono contenga más
de una. Los demandantes sostuvieron que la autoridad minera incurrió en una
equivocada interpretación de la norma y quebrantó los derechos a la igualdad,
debido proceso, y el principio de confianza legítima.
1 Ley 685 de 2001.
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
II. DEMANDA
1.
Con el alcance antes indicado, Wilmar Gallego Ospina y Fernando Arias Rondón,
presentaron demanda 2 en contra de la Agencia Nacional de Minería –en adelante
ANM-, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones 001027 del 26
de julio y 002006 del 6 de diciembre, ambas de 2019, por medio de las cuales se
rechazó una solicitud de contrato de concesión minera y se resolvió un recurso de
reposición confirmando el rechazo, debiéndose declarar ajustada a derecho la
propuesta, con la orden de otorgar el contrato y su inscripción en el Registro Minero
Nacional; a título de perjuicios, solicitaron 50 SMLMV a favor de cada uno de los
demandantes, por concepto de daño moral 3.
Hechos
2.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, se indicó lo siguiente:
3.
El 9 de noviembre de 2015, los demandantes presentaron una solicitud de
contrato de concesión minera (radicada bajo el número QK9-15011) para la
exploración y explotación de minerales de oro y sus concentrados, así como arenas
y gravas naturales y silíceas, en un yacimiento ubicado entre Cartago y
Ansermanuevo, Valle del Cauca.
4.
El 6 de agosto de 2016, la ANM determinó un área libre de 26,4368 hectáreas
para la concesión solicitada, y mediante Auto del 13 de noviembre de 2018, requirió
a los proponentes para que, en el término de un mes, manifestaran por escrito su
aceptación del área libre resultante del recorte y adecuaran su propuesta allegando
el Programa Mínimo Exploratorio (PME). Los demandantes cumplieron con este
requerimiento el 13 de diciembre de 2018, presentando su aceptación del área y el
PME conforme a lo solicitado por la autoridad minera.
5.
El 15 de febrero de 2019, la ANM evaluó técnicamente la propuesta y concluyó
que aunque el área estaba libre de superposiciones, se debían allegar nuevas
coordenadas para dar cumplimiento al artículo 64 de la Ley 685 de 2001, conforme
al cual, el área a conceder no puede contener más de un cauce o corriente de agua.
2 Reformada el 22 de noviembre de 2021. Expediente digital, documento
“47_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_REFORMADEDEMANDAW”
3 Textualmente se solicitó: “Primera. Que, se declare la nulidad de las resoluciones N° 001027 del 26 de julio
de 2019 y 002006 del 6 de diciembre de 2019 por medio de las cuales se rechazó una solicitud de contrato de
concesión minera presentada por los señores Wilmar Gallego Ospina, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.763.299 y Gabriel Fernando Arias Rondón, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.701.724, y se resolvió
un recurso de reposición confirmando el rechazo. Segunda. Que, producto de la anterior declaratoria, se dé por
ajustada a derecho la solicitud de contrato de concesión minera presentada por los señores los señores Wilmar
Gallego Ospina, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.763.299 y Gabriel Fernando Arias Rondón,
identificado con cédula de ciudadanía N° 16.701.724. Tercera. Que, se ordene a la Agencia Nacional de Minería
otorgar el contrato de concesión minera a los señores Wilmar Gallego Ospina, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.763.299 y Gabriel Fernando Arias Rondón, identificado con cédula de ciudadanía N°
16.701.724, y proceda con su debida inscripción en el Registro Nacional Minero. Cuarta. Que, se condene a la
Agencia Nacional de Minería al pago de cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes a favor de cada uno
de los señores Wilmar Gallego Ospina, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.763.299 y Gabriel Fernando
Arias Rondón, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.701.724, como concepto de daño moral. Quinta.
Que, dicha cantidad, sea actualizada según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente
entre el día de la radicación de la presente demanda, y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda
instancia, o, el auto que liquide los perjuicios acabados de solicitar. Sexta. Que, en caso de no ser el trámite
adecuado, se apliquen el principio de Iura Novit Curia a la presente demanda y se ajuste al procedimiento
correspondiente. Séptima. Que, se condene en costas al demandado. Octava. Que, se condene al demandado
al pago de las agencias en derecho. Novena. Que, se me reconozca personería para actuar”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
6.
Mediante Auto del 30 de abril de 2019, la ANM requirió nuevamente a los
proponentes para que aportaran coordenadas que contuvieran “un solo trayecto de
río”, cuya longitud no superara los 5 km, ajustándose al artículo 64 del Código de
Minas. En respuesta, el 5 de junio del mismo año los demandantes allegaron las
nuevas coordenadas, el plano, el PME y los documentos financieros.
7.
El 11 de junio de 2019, la ANM evaluó técnicamente la propuesta y determinó
que el área seguía conteniendo dos corrientes de agua (Río Cauca y Río Catarina),
y que, aunque no excedía los 5 kilómetros, no se cumplía con el artículo 64 del
Código de Minas. Como consecuencia, la ANM profirió la Resolución 001027 el 26
de julio de 2019 rechazando la propuesta de contrato de concesión.
8.
Los demandantes presentaron recurso de reposición el 22 de agosto de 2019,
alegando violación al debido proceso, por habérseles requerido subsanar la
propuesta en más de una oportunidad, y falsa o indebida motivación junto con
desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto, argumentando que
el artículo 64 del Código de Minas no prohíbe una explotación minera que abarque
más de un cauce de agua.
9.
La ANM, mediante Resolución 002006 del 6 de diciembre de 2019, confirmó el
rechazo, reiterando que la documentación aportada no cumplía con el artículo 64
del Código de Minas por contener dos corrientes de agua. La autoridad minera
también argumentó que la solicitud constituía una “mera expectativa”, no un derecho
consolidado, por lo que descartó los argumentos relacionados con la doble
subsanación. Esta resolución fue notificada el 9 de junio de 2020.
10.
El 22 de enero de 2021, se realizó audiencia de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría, sin lograr un acuerdo.
Concepto de la violación
11.
Los demandantes adujeron que los actos acusados infringen las normas en que
debían fundarse y están falsamente motivados, por cuanto la ANM efectuó una
interpretación prohibitiva y no prevista en la ley del artículo 64 del Código de Minas.
En su criterio, la norma establece que el área para explorar y explotar minerales en
el cauce y ribera de una corriente de agua puede ser de hasta cinco mil hectáreas,
con un solo trayecto de hasta cinco kilómetros medidos por una de sus márgenes,
sin prohibir que dentro del polígono puedan existir más de un cauce o corriente.
Indicaron además que la autoridad minera creó un requisito adicional y vulneró el
derecho a la igualdad, pues existen títulos mineros otorgados por la ANM bajo la
vigencia de la Ley 685 de 2001 en los que el área de concesión está atravesada por
dos o más corrientes de agua, lo que demuestra que la negativa en su caso carece
de justificación objetiva frente a otros precedentes.
12.
Adicionalmente, sostuvieron que la autoridad minera quebrantó el principio de
confianza legítima y el derecho al debido proceso, ya que aceptó el área resultante
y el PME presentado, y posteriormente, formuló una nueva solicitud con condiciones
distintas, modificando abruptamente el trámite y afectando la seguridad jurídica.
Además, esto conllevó a que se infringiera el artículo 273 del Código de Minas,
según el cual, los requerimientos para subsanar se efectúan “por una sola vez”.
Afirmaron que una segunda petición solo sería válida si respondiera a hechos
nuevos o incumplimientos distintos, lo que no ocurrió, pues la nueva exigencia fue
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
producto de un cambio interpretativo interno mas no de circunstancias
sobrevinientes.
Contestación de la demanda
13.
Mediante providencia del 29 de octubre de 2021 4 esta Corporación admitió la
demanda y ordenó la notificación del respectivo auto a la ANM, al Ministerio Público,
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y concedió el término legal
para su contestación.
14.
Dentro de la oportunidad correspondiente, la ANM 5 se opuso a las pretensiones.
Propuso como excepciones las que denominó: carencia de presupuestos para la
aprobación de la solicitud de propuesta de contrato de concesión minera;
procedencia en la expedición de los actos demandados; meras expectativas; no hay
derechos adquiridos con la solicitud de contrato de concesión; falta de acreditación
de requisitos para que se pueda imputar responsabilidad a la ANM; e,
incumplimiento de la carga de la prueba en relación con la acreditación de los
perjuicios alegados.
15.
Como sustento de su defensa, afirmó que el rechazo de la propuesta se
fundamentó en el incumplimiento de lo exigido en el Auto del 30 de abril de 2019,
particularmente, la obligación de presentar nuevas coordenadas que delimitaran un
área con un solo trayecto de río de hasta cinco kilómetros conforme al artículo 64
de la Ley 685 de 2001. Afirmó que la citada norma es clara y restrictiva, en tanto
establece que el área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas
debe contener “UNA” única corriente de agua y “UN” solo trayecto de hasta cinco
(5) kilómetros, medido por una de sus márgenes. Tras la evaluación técnica del 11
de junio de 2019 se concluyó que la propuesta de los demandantes (QK9-15011)
no cumplió con esta disposición, porque el área contenía dos (2) corrientes de agua
principales (Río Cauca y Río Catarina) incluso después de las nuevas coordenadas
aportadas por los proponentes, razón por la que el rechazo de la propuesta era
procedente.
16.
Enfatizó en que la propuesta no constituye un derecho adquirido, sino una mera
expectativa. Indicó que no existió una segunda solicitud de subsanación en la forma
planteada por los demandantes, toda vez que el Auto del 30 de abril de 2019 dejó
sin efecto el proferido el 15 de febrero de ese mismo año, de tal forma que solo se
realizó un único requerimiento válido, al advertirse que la propuesta no cumplía con
lo establecido en el artículo 64 del Código de Minas.
17.
Finalmente, sostuvo que los demandantes no allegaron prueba del daño moral
reclamado, como tampoco un nexo de causalidad entre la actuación de la ANM y la
supuesta afectación.
Trámite procesal
18.
En auto del 13 de mayo de 2022 6, se negó la medida cautelar de suspensión
provisional. Esta decisión fue confirmada en proveídos del 10 de octubre de 2022 7
y del 17 de febrero de 2023 8.
4 Expediente digital, archivo “38_AUTOQUEREPONE”.
5 SAMAI, índice 42.
6 Expediente digital, archivo “71_AUTOQUERESUELVEMEDIDACAUTELAR”.
7 Expediente digital, archivo “90_AUTOQUERESUELVERECURSODEREPOSICION”.
8 Expediente digital, archivo “117_AUTOQUERESUELVERECURSODESUPLICA”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
19.
Mediante auto del 10 de octubre de 2022 9, se prescindió de la audiencia inicial,
se incorporaron las pruebas documentales 10 y se fijó el objeto del litigio en los
siguientes términos: “determinar si las Resoluciones 001027 del 26 de julio y 002006
del 6 de diciembre, ambas de 2019, expedidas por la ANM, adolecen de los vicios
de nulidad por infracción de las normas constitucionales y legales invocadas, por
falsa motivación, y si en el trámite impartido se vulneró el debido proceso”.
20.
A través de providencia del 8 de febrero de 2023 11, se ordenó correr traslado a
las partes y el Ministerio Público para que presentaran los alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente. Dentro del término indicado, las partes y el Ministerio
Público se pronunciaron.
Alegatos de conclusión
21.
La ANM 12 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la
demanda, reafirmando que los actos administrativos demandados se ajustaron a las
normas aplicables.
22.
Los actores13 insistieron en los argumentos de la demanda, agregando que el
rechazo de su solicitud lesionó el interés general. Afirmaron que la decisión
adoptada en los actos recurridos detiene la inversión, la creación de empleos y la
percepción de regalías e impuestos por parte del Estado.
Concepto del Ministerio Público
23.
El Ministerio Público 14 solicitó acceder a la pretensión de nulidad de los actos
administrativos demandados, ordenar a la ANM a rehacer la actuación
administrativa continuando el trámite de la propuesta y negar la indemnización de
perjuicios solicitada.
24.
Sostuvo que la ANM interpretó indebidamente el artículo 64 del Código de
Minas, dado que la norma no establece una prohibición expresa para que en el
polígono exista más de un cauce.
25.
También destacó la afectación al principio de igualdad soportada en la prueba
aportada por los demandantes, que da cuenta de que existen títulos mineros
otorgados por la ANM bajo la vigencia de la Ley 685 de 2001, cuyos polígonos
abarcan dos o más corrientes de agua. A su juicio, la entidad no justificó la aplicación
9 Expediente digital, archivo “91_AUTOQUEDISPONETRAMITEDESENTENCIAANTICIPADA”.
10 (1) La parte actora aportó con la demanda las siguientes pruebas documentales: (i) solicitud de contrato de
concesión presentado por los señores Wilmar Gallego Ospina y Fernando Arias Rondón, con sus respectivos
anexos; (ii) Resolución 001027 del 26 de julio de 2019, de la ANM, por medio de la cual se rechaza y se archiva
una solicitud de contrato de concesión; (iii) Recurso de reposición contra Resolución 001027 del 26 de julio de
2019 de la ANM, presentado los señores Wilmar Gallego Ospina y Fernando Arias Rondón; (iv) Resolución
002006 del 6 de diciembre de 2020, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición; (v) Oficio
20202200381661 de la ANM, con archivo anexo, donde se anuncian los títulos o concesiones mineras con más
de dos cauces; y, (vi) Actas de conciliación extrajudicial realizada en la Procuraduría Judicial. (2) Por su parte,
la entidad demandada con la contestación de la demanda allegó: (i) Expediente digitalizado de la solicitud de
Propuesta de Contrato de Concesión QK9-15011; (ii) Resolución 001027 del 26 de julio de 2019; (iii)
Resolución 002006 del 06 de diciembre de 2019; y (iv) Copia del expediente administrativo del tema objeto de
controversia conforme se dispuso en el auto admisorio.
11 Expediente digital, archivo “109_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR”.
12 Expediente digital, archivo “114_ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_ALEGATOSDECONCLUSI ”
13 Expediente digital, archivo “111_ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_ALEGATOSANM110010 ”.
14 Expediente digital, archivo “114_MemorialWeb_Concepto026-2023”
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
de un criterio diferente en el caso concreto, lo que configura un trato desigual frente
a otros solicitantes en condiciones semejantes.
26.
Así mismo, consideró que se vulneró el principio de confianza legítima, puesto
que la ANM inicialmente aceptó el área libre resultante y el PME presentado por los
demandantes, generando en ellos la expectativa de que solo restaba la
formalización del contrato. Sin embargo, la entidad cambió abruptamente las
condiciones del trámite, dejó sin efecto el auto inicial y formuló un nuevo
requerimiento con exigencias distintas, rompiendo la estabilidad y previsibilidad del
procedimiento, defraudando con ello la expectativa legítima de los solicitantes de
que el proceso culminaría con la firma del contrato una vez aceptada el área que se
informó como disponible inicialmente.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27.
La demanda se presentó el 25 de enero de 2021, por lo que no le resultan
aplicables las normas que sobre competencia se establecieron en la Ley 2080 de
2021, al tenor de la cual -artículo 86- sus disposiciones entrarían a regir un año
después de su vigencia, es decir, desde el 25 de enero de 2022. Así, en atención a
lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Minas y el auto de unificación de la
Sala Plena de la Sección Tercera de 13 de febrero de 2014 (Exp. 48521), esta
Corporación conoce en única instancia de “las acciones que se [promuevan] sobre
asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad
estatal nacional [sea] parte” 15. Igualmente, el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019,
por medio del cual se modificó el reglamento del Consejo de Estado, radicó en
cabeza de la Sección Tercera las demandas que se adelanten en ejercicio de las
pretensiones de anulación y nulidad con restablecimiento del derecho en asuntos
eminentemente mineros.
28.
Por lo anterior, la Sala tiene competencia funcional para conocer de las
demandas interpuestas con ocasión de los asuntos mineros, en única instancia, sin
importar la cuantía, siempre y cuando no sean de carácter contractual.
29.
Como en el sub judice se pretende la nulidad y restablecimiento del derecho
de las resoluciones que rechazaron y dieron por terminado el trámite del contrato
de concesión minera, antes de que el mismo fuese celebrado y perfeccionado
mediante su inscripción en el Registro Minero Nacional en los términos del artículo
50 de la Ley 685 de 2001, el presente asunto no tiene una connotación contractual.
30.
Se aclara que los actos administrativos demandados fueron proferidos por la
gerencia de contratación y titulación de la ANM sin que existiera la posibilidad de
apelación.
Problema jurídico
31.
El debate se centra en establecer si el artículo 64 del Código de Minas
prohíbe que un polígono de concesión minera incluya más de un cauce de agua. De
la resolución de este interrogante, dependerá determinar si los actos acusados
contrariaron lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley 685 de 2001 e incurrieron en
15 Reiterado por esta Subsección en sentencias del 29 de octubre de 2018 (Exp. 38.174), del 8 de noviembre
de 2021 (Exp. 57.154) y del 10 de octubre de 2022 (Exp. 53.038).
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
una violación al debido proceso, por haberse requerido a los demandantes a
subsanar su propuesta en más de una oportunidad.
32.
Para resolver el asunto, previo a abordar el caso concreto, la Sala examinará:
(i)
la taxatividad de los requisitos y limitaciones para acceder al contrato de
concesión minera; (ii) la importancia del área en el contrato; (iii) las generalidades de
la determinación del área de la concesión; y, (iv) la determinación del área cuando
involucra el cauce o la ribera de corrientes de agua, junto con la interpretación del
artículo 64 del Código de Minas.
La taxatividad de los requisitos y limitaciones para acceder al contrato de
concesión minera
33.
En materia minera, el principio de legalidad adquiere una connotación
especial. El artículo 332 de la Constitución Política establece que el Estado es
propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y que
corresponde a la ley determinar las condiciones para su explotación. A su vez, el
artículo 13 de la Ley 685 de 2001 señala que la exploración y explotación de
recursos mineros solo podrán realizarse mediante contrato de concesión celebrado
con el Estado, en los términos y condiciones expresamente definidos por el Código
de Minas.
34.
En relación con el régimen jurídico y el procedimiento para su configuración,
el artículo 53 de la Ley 685 de 2001 establece que el contrato de concesión se rige
en su etapa precontractual y contractual exclusivamente por lo dispuesto en dicha
ley, de tal forma que las disposiciones generales sobre contratos estatales y las
relativas a procedimientos precontractuales, no son aplicables a la formulación y
trámite de las propuestas de concesión minera, ni a la suscripción,
perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación del contrato, lo cual estará
sujeto exclusivamente a sus disposiciones, o a las que éstas hagan remisión directa
y expresa.
35.
En relación con la etapa precontractual o de configuración, el Capítulo XXV
de la Ley 685 de 2001, determina el procedimiento administrativo necesario para el
otorgamiento del título minero mediante contrato de concesión, señalando que el
mismo tiene inicio con la presentación de una propuesta por parte del interesado, la
cual debe reunir -y la autoridad minera únicamente podrá exigir- los requisitos
previstos en su artículo 271. Adicionalmente, el artículo 274 dispone que la
autoridad competente rechazará la propuesta únicamente cuando: (i) el área objeto
de la petición, en su totalidad, se encuentra ubicada en los lugares y zonas
señaladas en el artículo 34 del Código de Minas; (ii) no se obtienen las
autorizaciones y conceptos que la norma exige; (iii) el área se superpone totalmente
a propuestas o contratos anteriores; (vi) no se cumplen los requisitos de la propuesta
o si al requerirse subsanar sus deficiencias, no se atiende tal requerimiento. Cuando
el área se superpone parcialmente, podrá admitirse por el área restante, si así lo
acepta el proponente.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
36.
Por su parte, los artículos 258 16, 26317 y 26518 establecen que la totalidad de
trámites, diligencias y resoluciones que integran dicho procedimiento tienen como
finalidad esencial garantizar el derecho del particular a solicitar la celebración del
contrato de concesión y el de facilitarle su efectiva ejecución, razón por la cual no
será necesaria una petición para adelantar la totalidad del procedimiento
gubernativo previo al contrato, cuya definición debe darse exclusivamente sobre la
existencia y comprobación de los requisitos y condiciones de fondo señaladas por
la ley para su celebración. En concordancia con lo anterior, el artículo 4 19 dispone
que los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que se señalan para la
presentación y resolución de los negocios mineros en su trámite administrativo
hasta obtener su perfeccionamiento, son los únicos exigibles a los interesados, en
atención a lo consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política 20.
37.
Adicionalmente, el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 consigna que la primera
solicitud o propuesta de concesión -mientras se halle en trámite- no confiere un
derecho a la celebración del contrato, sin perjuicio del derecho de prelación o
preferencia para obtener ese derecho si reúne los requisitos legales. Por tanto, la
ley otorga a la propuesta el valor y la fuerza para producir efectos jurídicos bajo un
derecho de prelación o preferencia frente a terceros y otras propuestas posteriores,
así como frente a la Entidad, quien, en concurrencia de proponentes, no tiene un
poder discrecional para escoger, sino una facultad reglada definida por el
cumplimiento de los requisitos legales por la primera propuesta recibida. En tal
sentido, la propuesta otorga un derecho al interesado consistente en su estudio y
definición por parte de la autoridad minera a la luz de lo dispuesto por la
normatividad, exclusivamente bajo los documentos, permisos y demás que ésta
defina, y solo podrá ser rechazada con fundamento en los casos expresamente
definidos por ella.
38.
De este marco se desprende que los requisitos y limitaciones que gobiernan
el acceso a la actividad minera están regulados taxativamente en la ley. Es el
legislador y no la administración, quien define de manera expresa y cerrada las
condiciones para adjudicar un título, las áreas excluidas, las extensiones máximas
de los polígonos, las obligaciones del concesionario y los supuestos de rechazo de
las solicitudes. Así lo reconoce el propio Código de Minas al enumerar en sus
16 Artículo 258. Finalidad. “Todos los trámites, diligencias y resoluciones que integran el procedimiento
gubernativo en asuntos mineros, tienen como finalidad esencial garantizar, en forma pronta y eficaz, el derecho
a solicitar del particular como proponente del contrato de concesión y el de facilitarle su efectiva ejecución. Este
principio deberá informar tanto la conducta de los funcionarios y la oportunidad y contenido de sus decisiones,
como la actuación de los solicitantes y terceros intervinientes.”
17 Artículo 263. Impulso oficioso. “Con excepción de la interposición de recursos y la formulación de oposiciones
de terceros, no será necesaria petición alguna para adelantar, de oficio, la totalidad del procedimiento
gubernativo previo al contrato y para dar curso progresivo a las actuaciones correspondientes.”
18 Artículo 265. Base de las decisiones. “Todas las providencias se fundamentarán en la existencia y
comprobación de los requisitos y condiciones de fondo señaladas en la ley para cada caso. Los requisitos
simplemente formales se omitirán y no darán lugar a desestimar las peticiones, ni a dictar resoluciones
inhibitorias o para mejor proveer. Cuando para la expedición de un acto se requiera la realización previa de
estudios técnicos o socioeconómicos, éstos deberán relacionarse en la parte motiva de la respectiva
providencia”.
19 Artículo 4. Regulación general. “Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que señala
expresamente este Código para la presentación, el trámite y resolución de los negocios mineros en su trámite
administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, serán los únicos exigibles a los interesados. Igual principio
se aplicará en relación con los términos y condiciones establecidas en este Código para el ejercicio del derecho
a explorar y explotar minerales y de las correspondientes servidumbres. De conformidad con el artículo 84 de
la Constitución Política, ninguna autoridad podrá establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos adicionales
para la procedencia de las propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título minero, sin
perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental”.
20 “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas
no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
artículos 34 a 37 las zonas en las que “no podrá” ejecutarse actividad minera, al
precisar en los artículos 61 a 66 las dimensiones máximas de las áreas
concesionables, al prever en el artículo 274 los eventos en que la autoridad puede
rechazar una propuesta, y al determinar en el artículo 4 que los requisitos,
formalidades, documentos y pruebas que señala expresamente la norma son los
únicos exigibles. La normatividad es clara y detallada en cuanto a las restricciones
aplicables, lo que reafirma el carácter reglado y no discrecional de la actuación
administrativa en esta materia.
39.
De lo anterior se infiere que resulta contrario al principio de legalidad, cuando
la autoridad minera deriva prohibiciones implícitas o requisitos adicionales de
expresiones normativas que no los contemplan. La administración no puede
introducir por vía interpretativa limitaciones que el legislador no quiso establecer,
pues ello equivaldría a legislar en detrimento de los derechos de los administrados
y a desbordar la competencia que le ha sido atribuida.
Importancia del área en el contrato de concesión minera
40.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 21 de la Constitución
Política y por los artículos 5 22, 623 y 1424 del Código de Minas, el subsuelo y los
recursos naturales no renovables de cualquier clase, yacentes en el subsuelo o en
el suelo, son propiedad inalienable, imprescriptible y exclusiva del Estado ─sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes─. Así, el derecho a explorar y explotarlos, únicamente puede provenir
de un título minero, entendido como la habilitación legal para explorar y explotar el
suelo y subsuelo mineros de propiedad nacional, cuyo sustento tiene origen en los
derechos adquiridos, acreditados y reconocidos a los particulares conforme a la ley,
o en el otorgamiento por parte del Estado de esa titularidad a los particulares a partir
de la celebración de un negocio jurídico, tipificado bajo la denominación de
concesión minera.
41.
El artículo 45 del Código de Minas 25 indica que, el contrato de concesión
minera es aquel celebrado entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta
21 “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.”
22 Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el
subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que
la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de
particulares o de comunidades o grupos.
23 Inalienabilidad e imprescriptibilidad. La propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es
inalienable e imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere mediante el otorgamiento
de los títulos enumerados en el artículo 14 de este Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o
explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad, duración o características,
conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a propuestas de terceros.
24 Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el
derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera,
debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Lo dispuesto en el presente artículo deja a
salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos
de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente
quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de
propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.
25 Artículo 45. Definición. “El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un particular
para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de
propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos
y condiciones establecidos en este Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de
servicio público. El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica ,
explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono
de los trabajos y obras correspondientes.”
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
y riesgo de éste, los estudios, trabajos y obras de exploración y explotación de
minerales de propiedad estatal de una zona determinada, esto es, dentro de un
polígono previamente delimitado, alinderado y georreferenciado 26. En
consecuencia, el “área de la concesión” corresponde a un elemento inherente al
objeto y esencial de este negocio jurídico en los términos de la Ley 685 de 2001, de
manera que la propuesta para celebrar el contrato de concesión minera debe
contener, entre otros, “la descripción del área objeto del contrato y de su extensión”,
así como un plano que contenga las características y especificaciones técnicas
establecidas por el Gobierno Nacional, atendiendo a los principios, criterios y reglas
técnicas propias de la ingeniería, la geología y la topografía 27.
42.
El área solicitada y otorgada constituye un elemento esencial del contrato de
concesión, dado que define el espacio geográfico sobre el cual el titular adquiere
derechos exclusivos de exploración y explotación, determinando, a su vez, los
límites dentro de los cuales la actividad minera podrá desarrollarse con sujeción a
las condiciones técnicas, ambientales y jurídicas establecidas por la ley. La
determinación precisa de dicho polígono es, además, indispensable en tanto busca
garantizar: (i) la seguridad jurídica del concesionario y del Estado, al evitar la
superposición de derechos, delimitar con exactitud el objeto de la concesión y
otorgar certeza sobre el alcance de las facultades que adquiere el titular 28; (ii) el
ordenamiento del territorio minero, puesto que la definición de áreas disponibles y
no disponibles asegura la racionalidad en la asignación de los recursos y la
coexistencia entre distintos titulares mineros y usos del suelo 29; (iii) la protección
ambiental, por cuanto la circunscripción de la actividad minera a un área concreta
facilita la identificación de los ecosistemas que pueden resultar impactados y la
adopción de medidas de mitigación y compensación 30; y, (iv) el control contractual,
técnico y legal, en la medida que el área delimitada permite a la autoridad minera
verificar con precisión el cumplimiento de las obligaciones económicas, técnicas y
ambientales del concesionario 31.
43.
De conformidad con lo expuesto, el área de la concesión corresponde a un
elemento estructural que define la amplitud, condiciones y límites del derecho
otorgado al titular minero. Por tal motivo, el legislador estableció las reglas
específicas sobre su determinación, modalidades y restricciones, a las cuales deben
sujetarse estrictamente tanto los interesados en la celebración del negocio jurídico,
como la autoridad minera, quien carece de competencia para imponer condiciones
adicionales a las previstas en la ley.
26 Conforme con lo dispuesto por los artículos 64, 65 y 69 del Código de Minas y el Decreto 2191 de 2003, por
el cual se adopta el Glosario Técnico Minero, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Minas.
27 Artículos 67, 68, 69 y 271.
28 El área confiere al concesionario un derecho exclusivo para la exploración y explotación, y al Estado, la
certeza sobre el alcance de las facultades que ha conferido y las obligaciones que ha de exigir. Su definición
exacta es la base para la resolución de posibles conflictos.
29 La correcta delimitación de las áreas disponibles y no disponibles es fundamental para la gestión y asignación
racional de los recursos mineros, por cuanto permite la coexistencia ordenada de diferentes actividades
productivas en el territorio y asegura que la exploración y explotación no se realicen en zonas protegidas,
excluidas o restringidas. La determinación del área, por lo tanto, es una herramienta esencial de la política
pública para garantizar la racionalidad en la administración de los recursos estatales.
30 La circunscripción de la actividad minera a un área concreta facilita a la autoridad ambiental la identificación
de los ecosistemas que pueden resultar impactados; la precisa definición del polígono es la base sobre la cual
se elabora y evalúa el plan de manejo ambiental, permitiendo a las autoridades realizar un seguimiento y control
efectivo de los impactos ecológicos.
31 Sin un polígono definido, no sería posible determinar el canon superficiario, auditar la producción, calcular
las regalías o verificar el avance de los trabajos. El área, en su materialidad, determina algunas de las
obligaciones contractuales y permite a la administración ejercer su función de control y supervisión.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Generalidades de la determinación del área de la concesión
44.
El Código de Minas regula de manera minuciosa el procedimiento para
determinar el área objeto de la concesión, en atención a tres criterios esenciales: (i)
disponibilidad jurídica, en el sentido de que el área debe ser libre, esto es, no debe
superponerse con títulos vigentes, solicitudes en trámite ni zonas excluidas de la
minería por razones de seguridad nacional, protección ambiental, interés cultural o
derechos adquiridos de comunidades étnicas; (ii) viabilidad técnica, pues la
delimitación debe permitir un aprovechamiento real del recurso, y en este sentido,
el polígono debe guardar coherencia con las condiciones geológicas y logísticas, de
modo que no se autoricen áreas sin potencial minero o que resulten imposibles de
explorar y explotar conforme a las técnicas disponibles; y, (iii) compatibilidad
ambiental y social, dado que la delimitación debe respetar las áreas excluidas
expresamente por la ley (como parques naturales, resguardos, zonas de reserva
forestal protectora), así como observar los principios de desarrollo sostenible y
precaución ambiental.
45.
La Ley 1753 de 2015 32 reforzó lo anterior al disponer que la actividad minera
debe articularse con los principios de desarrollo sostenible, protección de áreas
estratégicas y coordinación interinstitucional en materia de ordenamiento minero-
ambiental. Así, la determinación del área de la concesión no solo responde a
exigencias técnicas y jurídicas, sino también a un deber de coherencia con la
planificación territorial y la conservación de los ecosistemas, lo cual impone a la
autoridad minera la obligación de verificar, antes del otorgamiento del título, la
compatibilidad del área solicitada con las zonas de especial protección definidas por
la legislación ambiental y por los instrumentos de ordenamiento territorial.
46.
Para asegurar la disponibilidad y viabilidad del área, el proceso comprende
la identificación del polígono solicitado, su confrontación con el catastro minero para
verificar la inexistencia de superposiciones, y la evaluación de las condiciones
técnicas y ambientales conforme al mineral de interés, pasos que tienen carácter
reglado. Por tanto, en la determinación de esta disponibilidad la autoridad minera
debe verificar la inexistencia de aquellos impedimentos normativamente definidos
que pudieren afectar el polígono propuesto, trámite que, al cumplir una función de
verificación, impide a la autoridad minera imponer restricciones adicionales no
contempladas en la ley y el reglamento.
La determinación del área cuando involucra el cauce o la ribera de corrientes
de agua y la interpretación del artículo 64 del Código de Minas
47.
Como se ha expuesto, el área de la concesión minera constituye un elemento
esencial cuya delimitación debe sujetarse de manera estricta a las condiciones
fijadas por el legislador. La autoridad minera, al verificar la disponibilidad, viabilidad
y compatibilidad del polígono solicitado, ejerce una función reglada, en la cual
carece de margen para introducir prohibiciones, limitaciones o requisitos no
contemplados en la ley. Este marco cobra especial relevancia cuando se trata de
concesiones sobre cauces y riberas de corrientes de agua, pues el legislador,
consciente de la importancia y particular sensibilidad ambiental de estos
ecosistemas, estableció un régimen específico en el artículo 64 del Código de
Minas. Dicha norma fijó parámetros concretos de extensión y trayecto con el fin de
32 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
garantizar un aprovechamiento racional y sostenible de los minerales presentes en
las fuentes hídricas.
48.
Así las cosas, corresponde a la Sala examinar si de la redacción del artículo
64 puede derivarse —como lo sostuvo la ANM en los actos demandados— una
prohibición para que el área de la concesión comprenda más de una corriente de
agua, o si, por el contrario, la norma únicamente establece límites cuantitativos de
área y trayecto, sin imponer restricción alguna respecto del número de cauces
comprendidos en el polígono. Este análisis resulta determinante, pues si se
concluye que la autoridad minera interpretó de manera restrictiva un precepto que
no contempla tal limitación, los actos demandados habrían incurrido en falsa
motivación y transgredido las normas en que debían fundarse.
49.
El citado artículo 64 establece textualmente lo siguiente:
Área en corrientes de agua. El área de la concesión cuyo objeto sea la
exploración y explotación de minerales en el cauce de una corriente de agua,
estará determinada por un polígono de cualquier forma que dentro de sus
linderos abarque dicho cauce continuo en un trayecto máximo de dos (2)
kilómetros, medidos por una de sus márgenes.
El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una
corriente de agua, será de hasta cinco mil (5.000) hectáreas, delimitadas por un
polígono de cualquier forma y dentro de cuyos linderos contenga un trayecto de
hasta cinco (5) kilómetros, medidos por una de sus márgenes.
Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante estudios
técnicos la necesidad de retener la totalidad del área solicitada en concesión.
Lo anterior sin perjuicio de que se obtengan las respectivas autorizaciones
ambientales para intervenir las zonas escogidas para la extracción de los
minerales, dentro del área de la concesión.
50.
La importancia y determinación del área de la concesión explicadas en los
apartados anteriores permiten entender la trascendencia del debate en torno al
artículo 64 del Código de Minas en el caso concreto, pues siendo el área un
elemento esencial y estrictamente reglado, la interpretación que de la norma haga
la autoridad minera debe ajustarse al tenor literal, sistemático y teleológico de la
disposición.
51.
Para la Sala, de la lectura de la norma no se desprende una prohibición para
que el área solicitada incluya más de un cauce o corriente de agua, por las razones
que se exponen a continuación.
Interpretación gramatical y sistemática
52.
La autoridad minera, indicó que la expresión “una corriente de agua” debe
interpretarse como una restricción de carácter numérico y excluyente. Según esta
tesis, la coexistencia de más de un cauce dentro del polígono solicitado es contrario
a la norma.
53.
La Sala no comparte la anterior interpretación, pues desde la perspectiva
gramatical se extrae que el término “una” que antecede al sustantivo “corriente de
agua” no cumple la función de cuantificador restrictivo, sino que se trata de un
12
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
artículo indefinido o indeterminado que introduce el objeto sobre el cual recaen los
límites fijados por el legislador. El artículo “un/una” puede operar como designador
de un ejemplar de la especie sin connotación excluyente (“un hombre”, “una
solución”), o bien como mera introducción de un sustantivo previamente no
determinado, y en el caso concreto, cuando la norma en comento indica “el área de
la concesión cuyo objeto sea la exploración y explotación de minerales en el cauce
de una corriente de agua”, el indicativo “una” no se refiere a la cantidad o a la
numeración, sino que se trata de un artículo indeterminado o indefinido del objeto
que precede al sustantivo, que para el caso concreto, es “corriente de agua”.
54.
En este contexto, la redacción “una corriente de agua” no equivale a decir
“una sola corriente” ni “exclusivamente una corriente”, sino que presenta un
referente genérico que opera como parámetro para fijar el límite espacial, pues si el
legislador hubiese querido establecer una prohibición categórica de incluir más de
un cauce, habría empleado expresiones inequívocas como “únicamente”,
“exclusivamente” o “una sola corriente”. La ausencia de tales fórmulas revela que el
término “una” del artículo 64 tiene un carácter enunciativo y referencial, mas no
limitativo.
55.
Respecto de esto último, se recuerda que la interpretación de las normas no
puede hacerse de manera aislada, sino en armonía con el sistema jurídico en el que
se insertan, y como se ha expuesto, el Código de Minas regula de forma expresa
tanto las áreas de concesión como las restricciones a su delimitación, estableciendo
taxativamente tanto las zonas excluidas de la actividad minera como los parámetros
sobre extensión y modalidades de las áreas, donde puede corroborarse que cuando
el legislador ha querido establecer restricciones absolutas, lo ha hecho mediante
fórmulas claras y categóricas (“únicamente”, “exclusivamente”, “no podrá”).
56.
A modo de ejemplo, el Código de Minas en los artículos 35, 36 y 37 establece
que: en los parques naturales nacionales, regionales o municipales “ no podrá
ejecutarse actividad minera”; en los resguardos indígenas “únicamente se podrá
ejecutar minería con autorización especial”; en las áreas urbanas y suburbanas
“solo podrá ejecutarse minería subterránea”. De esta forma en los artículos
reseñados la norma fue explícita al utilizar una fórmula categórica de prohibición
(“no podrá”), el término “únicamente” para fijar una condición exclusiva y el adverbio
“solo” para excluir cualquier otra modalidad. Así mismo y en lo que refiere a la
normatividad ambiental, el artículo 34 de la Ley 99 de 1993 indica que en las áreas
del Sistema de Parques Naturales Nacionales “queda prohibida toda explotación de
recursos naturales no renovables”, mientras que el artículo 202 de la Ley 1450 de
2011 dispone que en los ecosistemas de páramos “no se podrán adelantar
actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y
minerales”. En contraste, el artículo 64 no utiliza expresiones de prohibición
categórica ni adverbios de exclusividad respecto de la coexistencia de varias
corrientes de agua en un mismo polígono.
57.
En consecuencia, el artículo 64 del Código de Minas establece dos
parámetros diferenciados: (i) cuando el objeto de la concesión sea la explotación de
minerales en el cauce, el área estará determinada por un polígono que abarque un
trayecto de hasta dos kilómetros; y (ii) cuando el objeto sea la exploración y
explotación de minerales en el cauce y en las riberas, el área podrá extenderse
hasta cinco mil hectáreas, delimitadas por un polígono que contenga un trayecto de
hasta cinco kilómetros, medidos por una de sus márgenes. De la lectura literal de la
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
disposición, no se desprende que la norma límite de manera absoluta la posibilidad
de que dentro del polígono existan más de una corriente o cauce. La referencia a
“una corriente” y “un trayecto” cumple una función de medida y delimitación, pero
no constituye una prohibición categórica, por lo que aplicando el principio de
legalidad y la regla hermenéutica de que donde la ley no distingue no le es dado al
intérprete hacerlo, la interpretación gramatical de la norma impide extraer la
restricción que sustentó los actos demandados.
58.
De la interpretación gramatical y sistemática se desprende que el artículo 64
fija límites cuantitativos de área y trayecto, pero no establece una prohibición sobre
el número de corrientes. Esta primera aproximación obliga a examinar ahora cuál
fue la finalidad perseguida por el legislador al consagrar la disposición, a fin de
verificar si el sentido teleológico o finalista de la norma, confirma o desvirtúa esta
conclusión inicial.
Interpretación teleológica
59.
La interpretación teleológica, entendida como la búsqueda de la intención o
finalidad perseguida por el legislador al establecer el texto legal, constituye un
criterio esencial cuando la literalidad de la norma genera dudas o pueda prestarse
a equívocos. En el caso del artículo 64 de la Ley 685 de 2001, se advierte que una
interpretación finalista no induce a pensar que el legislador prohibió expresamente
que en un polígono de concesión coexistieran varias corrientes hídricas, en razón a
la expresión “una corriente de agua”.
60.
El artículo 64 del Código de Minas buscó limitar espacialmente las
concesiones en cauces y riberas, fijando parámetros cuantitativos de extensión que
impidieran la adjudicación desproporcionada de tramos de un mismo cauce a un
solo concesionario, con un propósito doble: evitar fenómenos de concentración y
monopolización en la explotación de minerales aluviales, y, por otro lado, prevenir
impactos ambientales a gran escala garantizando un aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos hídricos y minerales. Por esta razón, el legislador
estableció un área máxima de cinco mil (5.000) hectáreas y un trayecto de hasta
cinco (5) kilómetros, medidos por una de las márgenes de la corriente; parámetros
que cumplen una función de racionalidad cuantitativa, mas no cualitativa.
61.
En consonancia con la interpretación gramatical, se observa que la norma
hace referencia a cuánto se puede conceder de una corriente, no a cuántas
corrientes pueden existir dentro de un mismo polígono de explotación minera. Por
lo tanto, el límite de un trayecto de cinco kilómetros por una de sus márgenes, solo
tiene sentido como un parámetro de longitud, que fija el máximo permitido en la
explotación de un cauce, y no como una restricción absoluta sobre el número de
cauces de agua que pueden estar presentes en un área de concesión.
62.
El análisis teleológico permite concluir que el artículo 64 busca evitar la
concentración desmesurada de un mismo cauce en manos de un concesionario,
imponiendo un límite espacial razonable, mas no excluir de plano la posibilidad de
que un área comprenda más de un cauce. Esta finalidad encuentra respaldo en los
antecedentes legislativos de la Ley 685 de 2001, los cuales constituyen el marco
histórico que conviene revisar para corroborar cuál fue la voluntad expresa del
Congreso al expedir la norma.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
63.
La revisión de la exposición de motivos de la Ley 685 de 2001 confirma esta
conclusión. Durante la discusión parlamentaria del proyecto de Código de Minas 33,
las principales ideas y motivaciones que se desprenden del proceso legislativo
consistieron en la reafirmación de la propiedad estatal de los recursos mineros, la
modernización y fortalecimiento de la autoridad minera, la promoción de la inversión
y la competitividad, la incorporación del componente ambiental y social, así como la
regulación de zonas excluidas y restringidas. En lo relativo al asunto objeto de
estudio, se indicó la necesidad de fijar límites máximos a la extensión de los tramos
concesionables para evitar la entrega de grandes extensiones a un solo
concesionario, pero no existe rastro en los debates ni en las ponencias de que se
hubiera contemplado restringir el número de corrientes de agua incluidas en un área
de concesión. Ello permite afirmar y evidenciar que la voluntad del legislador fue
limitar la extensión de cada cauce concesionable, pero no impedir que el polígono
de concesión comprendiera más de un cauce.
64.
Además, la interpretación finalista debe armonizarse con la realidad técnica
y económica de la minería aluvial. Este tipo de explotación, particularmente la de
oro -que corresponde al mineral objeto de la propuesta rechazada-, se desarrolla
precisamente en cauces y riberas, y suele abarcar sistemas hídricos en los que
confluyen diversas corrientes. Una interpretación restrictiva como la sostenida por
la ANM, exigiendo que toda concesión se limite a un único cauce, ignora esta
configuración natural y reduce drásticamente las posibilidades de encontrar y
extraer el mineral de manera económica y eficiente, pues impondría solicitar
múltiples títulos mineros para explotar un solo sistema hídrico, y en caso de que el
yacimiento se extiende a lo largo de varios cauces interconectados, obligaría a los
mineros a ignorar el potencial de toda el área o a descartar el proyecto por completo.
Interpretación estricta de las prohibiciones legales
65.
Las prohibiciones, en tanto limitan los derechos, son de origen constitucional
y legal; la tipificación de sus causas, naturaleza y efectos es rígida y taxativa, por lo
que su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris y la
interpretación extensiva. Las normas legales de contenido prohibitivo hacen parte
de las disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público,
razón por la que no son disponibles ni pueden ser derogadas, modificadas,
ampliadas o adicionadas por convenio o acto unilateral 34.
66.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 35,
coinciden en que las normas que establecen prohibiciones deben estar de manera
33 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Exposición de motivos al Proyecto de Ley No. 269 de 2000
(Senado) mediante la cual se expide el Código de Minas, Ley 685 de 2001. En: Gaceta del Congreso, Año IIX,
No. 113 del 14 de abril de 2000. Los orígenes del actual Código de Minas se remontan al 14 de abril de 2000,
cuando el entonces ministro de Minas y Energía radicó en el Senado de la República el proyecto de Ley 269 de
2000, que proponía derogar y sustituir el Código de 1988 para ajustar la institucionalidad minera al escenario
jurídico inaugurado por la nueva Constitución y lograr que las actividades de exploración y explotación
alcanzaran los niveles necesarios para satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa. El
gobierno presentó la propuesta como una oportunidad de armonizar la regulación minera con el nuevo escenario
constitucional que caracteriza al Estado como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables, destacando las ventajas que suponía la oportunidad de hacer del nuevo Código una herramienta
útil y eficiente para el desarrollo del sector minero. Con esa aspiración, el proyecto buscaba ofrecer una clara y
firme estabilidad jurídica a los particulares que participaran de la exploración y aprovechamiento de los recursos
mineros. Al respecto, puede verse la sentencia SU-133 de 2017.
34 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2166 del 24 de julio de 2013.
35 Al respecto puede verse: Corte Constitucional. Sentencias: C-233 de 4 de abril de 2002, expediente: D-3704;
C-551 de 9 de julio de 2003, expediente: CRF-001 de 9 de julio de 2003; C-652 de 5 de agosto de 2003,
expediente: D-4330; C-353 de 20 de mayo de 2009, expediente: D-7518, C-541 de 30 de junio de 2010,
15
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
explícita en la Constitución o en la ley, y no pueden interpretarse extensivamente
sino siempre en forma restrictiva o estricta, por ende, en su aplicación el intérprete
está obligado a ceñirse al tenor literal y al alcance expreso de los supuestos
previstos, sin que le sea permitido ampliar ni desbordar el sentido natural y obvio
que el legislador quiso conferirles.
67.
Aunque el artículo 64 de la Ley 685 de 2001 no es propiamente una norma
de prohibición, la interpretación conforme a la cual este determina la imposibilidad
de que una misma área contenga más de una corriente de agua, le otorga una
connotación restrictiva, toda vez que la norma fue diseñada para establecer
parámetros y límites frente a la extensión de las concesiones mineras, no para
prohibir la coexistencia de múltiples cauces; al fijar un máximo de 5.000 hectáreas
y un trayecto de 5 kilómetros, el legislador buscó regular el derecho, no excluirlo o
restringirlo mediante la supresión absoluta de polígonos que comprendan varias
corrientes.
68.
El artículo 64 del Código de Minas establece una regla técnica que fija
parámetros cuantitativos y espaciales para la delimitación de las concesiones
mineras en cauces y riberas, su finalidad radica en establecer límites máximos de
extensión con el objetivo de evitar adjudicaciones desproporcionadas y
concentraciones indebidas, incluyendo la forma de trazar el polígono. En otras
palabras, el artículo 64 regula el acceso al derecho de concesión de minerales
aluviales bajo parámetros objetivos, pero en ningún momento introduce una
prohibición que impida la coexistencia de varios cauces en un mismo polígono.
Como se ha expuesto, el diseño de la norma se revela -conforme a los criterios
interpretativos de la literalidad y la finalidad- como un límite de extensión sin
contener una restricción absoluta, pues de haberse querido introducir esta última
por parte del legislador, lo habría hecho de manera explícita como en efecto lo hizo
en otras disposiciones del propio Código de Minas.
69.
Interpretar la frase "una corriente" como una prohibición absoluta,
transformaría un parámetro de medición en una barrera de acceso, creando una
causal de rechazo que no está en el texto de la ley, desvirtuando la intención original
y expresa del legislador, pues esta se muestra como la unidad de medida sobre la
cual se aplican los límites de longitud, no como la restricción del número de cauces
que pueden coexistir en un polígono, conclusión que además se enlaza con la
finalidad ambiental de la norma, pues los límites fijados en hectáreas y kilómetros
buscan equilibrar la explotación minera con la protección de los ecosistemas
acuáticos, no establecer vetos adicionales.
Finalidad ambiental del artículo 64 del Código de Minas
70.
La interpretación del artículo 64 debe también hacerse en función de los
principios de sostenibilidad y protección ambiental que inspiran la Ley 685 de 2001.
Dicho precepto buscó establecer parámetros específicos para la delimitación de
áreas de concesión en cauces y riberas de corrientes hídricas, con el fin de evitar la
adjudicación de extensos tramos de una misma corriente a un solo concesionario y,
en consecuencia, prevenir impactos negativos sobre los ecosistemas acuáticos y
expediente: DD7966; entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 3 de marzo de 2005, expediente número 2004-00823-01(PI). Ver también, de la Sección Tercera.
Sentencia de 22 de enero de 2002, expediente número 2001-0148-01 y, Sección Tercera. Sentencia de 20 de
noviembre de 2001, expediente número 2001-0130-01(PI), entre otras.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
las comunidades que dependen de ellos. La limitación de hasta cinco mil hectáreas
y de un trayecto de cinco kilómetros constituye una medida de ordenación que
pretende equilibrar el aprovechamiento económico de los recursos minerales con la
preservación del medio ambiente, conforme lo disponen los artículos 79 y 80 de la
Constitución Política. No se trata de una restricción sobre el número de corrientes
que pueden coexistir dentro del polígono, sino de una limitación respecto de la
extensión máxima adjudicable en cada caso.
71.
Una interpretación convirtiendo la expresión “una corriente” en una
prohibición absoluta para que el área comprenda más de un cauce, distorsiona esta
finalidad y desplaza el foco de la norma de la preservación ambiental, a la
imposición de un límite no previsto por el legislador. Tal lectura carece de sustento
legal expreso y desconoce que la norma se diseñó para proteger el equilibrio
ambiental evitando la explotación desmesurada de un mismo río, mas no para
excluir de plano la posibilidad de que en un mismo área confluyan dos corrientes,
siempre que se respeten los parámetros de extensión y trayecto fijados.
72.
Las normas mineras deben interpretarse en armonía con el principio de
desarrollo sostenible, de modo que garanticen simultáneamente la utilización
racional de los recursos y la protección de los ecosistemas, hermenéutica que
permite reforzar que la finalidad del artículo 64 es la gestión ambiental de los cauces
mediante límites espaciales (sin perjuicio de otras finalidades, como la garantía de
exclusividad del área y la prevención de superposiciones), y no la restricción
numérica de corrientes de agua en un polígono.
Caso concreto
73.
La Sala declarará la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la ANM
rechazó la propuesta de contrato de concesión de los demandantes, por cuanto la
motivación exclusiva de dichos actos administrativos fue que, según el artículo 64
del Código de Minas, no es posible que un área de concesión comprenda más de
una corriente de agua. Sin embargo y como se explicó, conforme a una
interpretación gramatical, sistemática y teleológica, dicha disposición no contiene
una prohibición absoluta sino parámetros de extensión, y en el caso concreto: (i) no
se allegaron argumentos ni pruebas que permitan llegar a una conclusión diferente
a partir de alguna otra consideración jurídica, o una de carácter práctico o técnico,
mientras que, contrariamente, (ii) se probó que la autoridad no interpretaba el artículo
64 del Código de Minas como una proscripción, sino que admitía y concedía títulos
en los que el área solicitada comprendía múltiples corrientes de agua.
74.
En primer término, debe resaltarse que tanto en sede administrativa —al
expedir la Resolución 1027 de 2019 y al resolver el recurso de reposición mediante
la Resolución 2006 del mismo año— como en sede judicial —al contestar la
demanda, presentar sus alegatos y solicitar pruebas— la ANM se limitó a indicar
que del texto del artículo 64 se desprende una prohibición absoluta para que un
área concesionada incluya más de una corriente de agua. La autoridad no presentó
un solo argumento normativo adicional, ni tampoco probó que existiera alguna
imposibilidad técnica, ambiental o práctica que impidiera delimitar un polígono con
más de un cauce; por el contrario, se atuvo exclusivamente a una interpretación
literal forzada de la expresión “una corriente”, atribuyéndole un sentido prohibitivo 36
36 Aunque la ANM aportó un concepto elaborado por el geólogo Herbert Pavel Cely Saidiza, dicho documento
fue allegado previo a dictarse sentencia, por fuera de las oportunidades procesales para la solicitud y práctica
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
que no posee. La ausencia absoluta de argumentos técnicos o ambientales que
sustenten la tesis de la ANM refuerza la conclusión de que la decisión administrativa
se adoptó con base en una lectura sin soporte normativo o técnico.
75.
En efecto, los actos administrativos demandados se sustentaron únicamente
en que el artículo 64 del Código de Minas exige un único trayecto y una sola
corriente. Así lo expresó la Resolución 1027 de 2019 al concluir que “...medidos los
trayectos de los ríos Catarina y Cauca se determinó que no exceden los 5
kilómetros, sin embargo el artículo 64 del Código de Minas indicó que el polígono
debe contener un solo trayecto de hasta 5 kilómetros, y una corriente de agua, por
lo tanto se recomendó requerir al proponente para que redujera el área solicitada a
un solo trayecto y a una sola corriente de agua”. El mismo razonamiento se reiteró
en la Resolución 2006 de 2019, que resolvió el recurso de reposición, afirmando
que la propuesta no cumplía con lo dispuesto en el artículo 64, “toda vez que se
determinó que el área seguía conteniendo dos (02) corrientes de agua (Río Cauca
y Río Catarina), sin embargo, el artículo 64 del Código de Minas indica que el
polígono debe contener un solo trayecto de hasta 5 kilómetros, y una corriente de
agua”.
76.
En sede judicial, la ANM mantuvo la misma postura, sin aportar razones
adicionales. En la contestación de la demanda, afirmó que “el Artículo 64 es claro al
establecer que respecto a que el área para explorar y explotar minerales en el cauce
y las riberas será de ‘UNA’ corriente de agua, y será de hasta cinco mil (5.000)
hectáreas, delimitadas por un polígono de cualquier forma y dentro de cuyos
linderos contenga ‘UN’ trayecto de hasta cinco (5) kilómetros, medidos por una de
sus márgenes. Teniendo en cuenta lo anterior, la Propuesta de Contrato de
Concesión No. QK9-15011, NO CUMPLÍA con lo establecido en el Artículo 64 de la
Ley 685 de 2001”. En los alegatos de conclusión la entidad insistió en idénticos
términos, que el rechazo obedeció a que el área contenía dos corrientes de agua,
lo que a su juicio contrariaba la exigencia del artículo 64.
77.
Por tanto, no existe en los actos demandados, ni en el proceso, algún
argumento de carácter técnico, lógico o práctico que sustente una supuesta
imposibilidad de incluir más de un cauce dentro de un polígono. La única razón
expuesta fue la reiteración mecánica de que el artículo 64 usa el término “una
corriente” en sentido excluyente, interpretación que se descarta al no avenirse con
la literalidad y la finalidad de la norma según se ha expuesto.
78.
Además, en contraposición a lo decidido por la ANM en los actos acusados,
al proceso se allegó como prueba de especial relevancia la respuesta oficial de la
ANM —Radicado No. 20202200381661 del 14 de septiembre de 2020— 37,
mediante la cual la Gerencia de Catastro y Registro Minero informó y remitió un
listado38 de títulos mineros vigentes que intersecan o contienen dos o más corrientes
de agua, denominados por la propia entidad como de “doble drenaje”. Del listado
elaborado por la demandada, que no fue desconocido u objetado en el proceso, se
desprende la existencia de por lo menos 175 títulos mineros con áreas que incluyen
más de una corriente hídrica, de los cuales 111 corresponden a minerales de oro y
sus concentrados, arenas y gravas naturales y silíceas, esto es, el mismo tipo de
de pruebas, por lo que no puede ser valorado en este proceso so pena de quebrantar el derecho al debido
proceso que le asiste a la parte actora.
37 Expediente digital, archivo “8_ED_ANEXOS_25_1_2021 8_15_25”.
38 Expediente digital, archivo “13_ED_ANEXOS_25_1_2021 8_16_35”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
yacimiento para el cual los demandantes presentaron su propuesta conforme a la
calificación técnica que le fue otorgada 39.
79.
El documento oficial emanado de la propia ANM, evidencia que: (i)
técnicamente, y en la práctica, es posible delimitar y otorgar un polígono de
concesión con más de un cauce; y, (ii) frente a propuestas previas a las de los
demandantes por cuenta de los mismos minerales, la ANM no interpretaba ni
aplicaba el artículo 64 como lo hizo respecto de la propuesta de los demandantes,
sino como una disposición de delimitación, donde se establecen parámetros de
extensión máxima. Se advierte, además, que en los actos demandados la ANM no
hizo explícita ninguna razón —técnica ni jurídico-interpretativa— que justificara el
cambio de criterio que venía aplicando, por lo que dicho viraje carece de sustento
verificable, de razones de conveniencia o de cualquier tipo de evaluación que lo
respalde.
80.
En consecuencia, los actos administrativos se fundaron en un supuesto que
no se desprende del contenido y alcance de la norma invocada (64 del Código de
Minas), que carece de justificación técnica o práctica, y que desconoce la
interpretación y aplicación que la propia autoridad minera venía dando a esa misma
disposición. En esa medida la ANM, mediante los actos acusados, rechazó la
propuesta de los demandantes a partir de la imposición de una condición
injustificada y no prevista en la ley, adoptando un acto contrario a la norma aplicable,
por lo que la Sala declarará la nulidad de las resoluciones 1027 y 2006 de 2019, con
fundamento en las causales de falsa motivación y vulneración de las normas en que
debían fundarse.
81.
Se configura la falsa motivación, pues los actos tuvieron sustento en una
interpretación alejada del sentido literal y teleológico de la norma, contradicha por
la propia práctica institucional de la ANM que ha otorgado títulos con “doble
drenaje”. Igualmente, se configura la causal de violación de las normas en que
debían fundarse, al desbordarse el alcance de la disposición legal y crearse, por vía
interpretativa, una limitación no prevista por el legislador en abierta infracción del
principio de legalidad y de las reglas de interpretación. Tales vicios afectan la validez
de los actos conforme a lo establecido por el artículo 137 del CPACA, razón por la
que procede declarar su nulidad y ordenar el restablecimiento del derecho.
82.
Dado que la nulidad de los actos se configura plenamente por estas dos
causales, la Sala se releva de estudiar el cargo formulado por los demandantes en
relación con la vulneración del debido proceso, el derecho a la igualdad y el
desconocimiento del artículo 273 del Código de Minas, pues aún si tales reproches
pudieran tener fundamento, su examen resulta innecesario frente a la prosperidad
de las causales ya analizadas.
El restablecimiento del derecho
83.
Atendiendo a que, conforme a los argumentos de la ANM, tanto en los actos
acusados como en el trámite del proceso, el único impedimento para continuar con
la actuación administrativa correspondía a la interpretación del artículo 64 del
39 En los mismos actos demandados se explica que la propuesta de contrato de concesión tenía por finalidad
“la exploración y explotación de un yacimiento clasificado técnicamente como MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS - ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILÍCEAS, ubicado en el municipio de
ANSERMANUEVO Y CARTAGO en el departamento de VALLE, a la cual le correspondió la placa No. QK9-
15011”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Código de Minas en el sentido de que este prohíbe que el área concedida contenga
más de una corriente de agua, debe concluirse que la propuesta QK9-15011 se
encontraba ajustada a la normatividad vigente al momento de proferirse los actos
acusados, lo que determina que la misma debía seguir el trámite legal
correspondiente.
84.
Si bien los actores solicitan que se ordene la suscripción del contrato de
concesión y su inscripción, en el expediente no obra prueba que acredite el
cumplimiento integral de las condiciones exigidas para el otorgamiento del título
minero, por lo que la Sala concederá la pretensión tercera de la demanda, pero en
el sentido de ordenar a la ANM reanudar el procedimiento administrativo
correspondiente a la propuesta de contrato de concesión minera QK9-15011. En la
nueva decisión que adopte la autoridad minera, deberá respetar el derecho de
prelación de los demandantes frente a solicitudes posteriores, de conformidad con
el artículo 16 del Código de Minas, y no podrá rechazar la solicitud con fundamento
en que la referencia a “una corriente” y “un trayecto” del artículo 64 de la misma
norma constituye una prohibición expresa para que en un polígono de concesión
coexistan varias corrientes hídricas. De establecerse por la ANM algún impedimento
o inviabilidad para que el área solicitada contenga más de una corriente de agua,
deberá motivarlo suficientemente expresando las razones técnicas, operativas,
jurídicas y demás que correspondan.
85.
La anterior determinación tiene como sustento la consecuencia natural de la
declaratoria de nulidad en el presente caso, en tanto la propuesta de los
demandantes cumplía con los requisitos legales al momento de proferirse las
resoluciones según lo expuesto y, además, en los principios del procedimiento
administrativo minero 40, que determinan como finalidad del mismo, garantizar en
forma pronta y eficaz el derecho del particular a solicitar la celebración del contrato
de concesión y la obligación de la autoridad minera de facilitar su suscripción,
perfeccionamiento y efectiva ejecución. Para lo anterior, la Entidad deberá verificar
la existencia y comprobar los requisitos y condiciones señaladas por la ley para el
registro del contrato de concesión, sin que pueda exigir requisitos, formalidades o
documentos adicionales, como tampoco establecer prohibiciones no definidas en la
ley. Con el objetivo de garantizar la efectividad de la decisión adoptada, se otorgará
a dicha entidad territorial un plazo prudencial, pero perentorio, para impulsar dicho
trámite administrativo.
86.
En lo que respecta a la indemnización de perjuicios morales solicitada por la
parte demandante, la Sala considera que no hay lugar a su reconocimiento, pues
aunque se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y el
consecuente restablecimiento del derecho, lo cierto es que en el expediente no obra
prueba alguna que acredite la causación de ese daño con ocasión de tales
decisiones, como tampoco se allegaron elementos de convicción tendientes a
establecer su cuantía. Se precisa que corresponde a la parte interesada la carga de
probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, y en materia de perjuicios
morales, aunque se admite la prueba indiciaria, siempre es indispensable que obre
en el expediente algún medio de convicción que permita acreditar la ocurrencia de
un menoscabo de esa naturaleza, pues no procede su reconocimiento con base en
afirmaciones genéricas, subjetivas o carentes de sustento probatorio.
40 Artículos 258, 263 y 265 de la Ley 685 de 2001.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
87.
Como la parte actora se limitó a solicitar la condena por perjuicios morales,
pero no allegó argumentos ni pruebas que permitan establecer la existencia de una
afectación de esa connotación derivada de los actos demandados, como tampoco
aportó parámetro alguno que habilite a la Sala para fijar su cuantificación, la Sala
negará esa pretensión indemnizatoria.
Costas
88.
De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor
objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos
decantados por la norma.
89.
El artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a
condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361
ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
Estas últimas, son determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4° del artículo
366 de esa misma norma.
90.
El proceso de la referencia corresponde a una controversia de nulidad y
restablecimiento del derecho con cuantía que implicó que la parte actora sufragara
un abogado que ejerciera su defensa judicial, gestión que genera agencias en
derecho, motivo por el cual, se fijarán estas a favor de la parte actora y a cargo de
la ANM en la suma equivalente al 5% de las pretensiones, esto es, un total de cuatro
millones trescientos ochenta y nueve mil quince pesos ($4’389.015) 41. El porcentaje
de la condena en costas obedece al mínimo establecido por el Acuerdo PSAA16-
10554 de agosto 5 de 2016 42, respecto de la pretensión pecuniaria solicitada.
91.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones 001027 del 26 de julio y
002006 del 6 de diciembre de 2019, por medio de las cuales la Agencia Nacional de
Minería rechazó la solicitud de contrato de concesión minera QK9-15011 y resolvió
el recurso de reposición confirmando el rechazo, respectivamente.
SEGUNDO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Agencia
Nacional de Minería, continuar con el trámite administrativo correspondiente a la
propuesta de contrato de concesión minera QK9-15011 de conformidad con lo
señalado en la parte motiva, desde el momento previo a la expedición de los actos
que han sido declarados nulos. La Entidad deberá dar impulso a dicho trámite
41 La única pretensión económica, por concepto de daño moral, se fijó en $87’780.300.
42“Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL. (…) En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido
pecuniario, entre el 5% y 15% de lo pedido”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00024-00 (66514)
Actor: Wilmar Gallego Ospina y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
administrativo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la
presente decisión.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR en costas a la Agencia Nacional de Minería; FIJAR como
agencias en derecho a favor de los demandantes, la suma de cuatro millones
trescientos ochenta y nueve mil quince pesos ($4’389.015). Por Secretaría,
LIQUIDAR lo correspondiente.
QUINTO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez en firme esta providencia.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse
en el aplicativo SAMAI.
22
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