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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00025-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00025-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Desestímase el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 10 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del proceso de reparación directa no. 27001-33-33-003- 2015-00266-01. 2º) Abstiénese de condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00025-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de octubre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA

Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: MILDREY TABORDA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
Asunto: REQUISITOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO –
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO

Síntesis del caso: la parte actora alega que el fallo de segunda instancia desconoció la sentencia
de 6 de junio de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado –
se desestimará el recurso, porque la sentencia invocada no tiene el carácter de ser sentencia de
unificación.

Decide la Sala el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por
la parte actora contra la sentencia de 10 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del proceso de reparación directa no. 27001-33-33-003-
2015-00266-01, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La señora Mildrey Taborda y otros presentaron demanda1 en ejercicio del medio de
control jurisdiccional de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por
los perjuicios causados a los demandantes, por las lesiones que sufrió la señora Mildrey
Taborda en un atentado terrorista con artefacto explosivo, perpetrado por un grupo
subversivo en un establecimiento de comercio donde ella laboraba (fls. 1 a 22 cdno.
ppal.).

1
El 5 de junio de 2015.

2

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

1) El día 25 de febrero de 2014, miembros del grupo ilegal denominado Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) depositaron un artefacto explosivo en los casilleros
del supermercado Autoservicio Mercamés en el municipio de Quibdó (Chocó), el cual
detonó y destruyó parte del lugar ocasionando la muerte de 4 personas y dejando otras
heridas.

2) La onda explosiva impactó a Mildrey Taborda, quien trabajaba como cajera del
supermercado y le causó múltiples heridas que afectaron severamente su salud,
consistentes en la pérdida total de la audición del oído izquierdo y parcial del oído derecho
y fracturas en sus extremidades.

3) La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos desde el año 1996 alertó al Estado colombiano sobre la problemática
existente en el departamento del Chocó por confrontaciones entre las FARC y las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también por la presencia de bandas criminales
(Bacrim); por su parte, la Defensoría del Pueblo en el año 2011 emitió un informe de
alerta temprana de riesgo que indicaba que el departamento de Chocó era un territorio
de importancia estratégica para los grupos armados ilegales.

4) La Policía Nacional es responsable por omisión en la protección de la población del
municipio de Quibdó (Chocó), por cuanto había sido alertada sobre la amenaza de
atentado terrorista, sin embargo, no actuó con diligencia y precaución para evitar el
acontecimiento.

2. La sentencia de primera instancia

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó mediante sentencia2
de 18 de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se
probó que el ataque terrorista estuviera dirigido contra la entidad castrense, sino, que se
produjo en un establecimiento comercial privado y, aunque el propietario de dicho
establecimiento denunció haber sido víctima de extorsión no es posible inferir que se
haya formalizado una solicitud de protección especial, es decir, la Policía Nacional no fue
informada de posibles atentados ni de alguna situación anormal de orden público que la

2
Notificada electrónicamente el 26 de marzo de 2019.

3

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
llevara a prestar más seguridad o vigilancia en el sector de la explosión; por lo tanto, la
parte actora no demostró la supuesta omisión de protección y el daño irrogado no le es
imputable a la entidad demandada, más aún cuando se produjo por la actuación
delincuencial y deliberada de sujetos desconocidos (fls. 376 a 382 cdno.ppal.).

3. La sentencia de segunda instancia

A través de sentencia de 10 de octubre de 20193, el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones (fls. 439 a 452 cdno.
ppal.), con base en las siguientes consideraciones:

1) No se configuran los elementos de responsabilidad por falla en el servicio que fueron
fijados jurisprudencialmente por el Consejo de Estado 4, por cuanto: i) no se probó la
participación de agentes estatales en el atentado cometido por el grupo armado ilegal ni
tampoco se conoció sentencia penal ejecutoriada en contra de los actores materiales del
hecho; ii) no se probó que los actores solicitaran protección específica para su libertad
personal, su vida o sus bienes; iii) no se acreditó que el atentado al referido
establecimiento de comercio fuera previsible, pues, lo único que obra en el plenario es
una denuncia por extorsión que presentó el señor Nabor Tadeo Giraldo Aristizábal siete
meses antes de la ocurrencia de los hechos, ante la Fiscalía General de la Nación, pero
no hay elementos probatorios que permitiera inferir que la Policía Nacional tuviera esta
información y, iv) no se probó que la entidad demandada creara una situación de riesgo
que se materializara en la afectación al establecimiento de comercio.

2) Tampoco es posible atribuir responsabilidad a la parte demandada a título de riesgo
excepcional, pues, esta no creó el riesgo y el objetivo del ataque ilegal fue una propiedad
privada, no un objetivo institucional, ni tampoco se dirigió en contra de personas
representativas del Estado.

3) No se reúnen los elementos para declarar una responsabilidad patrimonial
extracontractual por daño especial, porque los agentes del Estado no efectuaron una
conducta lícita que causara los daños sufridos por los demandantes, es decir, no se
presentó un enfrentamiento con la Fuerza Pública que provocara daños a la población
civil.

3
Notificada electrónicamente el 18 de octubre de 2019.
4
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sala Plena de la Sección Tercera; CP Ramiro
Pazos Guerrero; sentencia de 20 de junio de 2017: exp. 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18.860).

4

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
4. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El 23 de octubre de 2019, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia
(fls. 458 a 485 cdno. ppal.), inicialmente, estimó que se contrariaban las siguientes
providencias proferidas por el Consejo de Estado: i) sentencia de 30 de marzo de 2017,
proceso no. 2014-01449-01, ii) sentencia de 16 de agosto de 2018, proceso 2005-00451-
01 (37.719), iii) sentencia de 23 de mayo de 2018, proceso no. 2004-01127-01 (41.345),
iv) sentencia de 14 de abril de 2016, proceso no. 2005-01438-01, v) sentencia de 7 de
mayo de 2018, proceso no. 2003-00463-01 (33.948) y, vi), sentencia de 6 de junio de
2013, proceso no. 1997-01432-01 (26.011).

No obstante, con antelación a la admisión del recurso extraordinario por esta
Corporación, el despacho sustanciador a través de auto de 10 de junio de 2021 (índice 3
SAMAI) requirió a la parte actora para que precisara cuál era la sentencia de unificación
jurisprudencial invocada y expresara los fundamentos jurídicos, debido a que había
invocado sentencias que no eran de unificación jurisprudencial, en ese sentido, mediante
escrito de subsanación allegado el 28 de junio de 2021 (índice 6 SAMAI) la parte
demandante invocó, únicamente, la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala
Plena de la Sección Tercera el 6 de junio de 2013 en el proceso distinguido con la
radicación número 05001-23-31-000-1997-01432-01 (26.011) y sobre esa base sustentó
el recurso extraordinario.

Al respecto, adujo que el Tribunal Administrativo del Chocó desconoció la mencionada
sentencia porque no tuvo en cuenta la prueba aportada al expediente consistente en la
denuncia penal por el delito de extorsión instaurada por el propietario del supermercado
Mercamés ante la unidad del Gaula de la Policía Nacional, prueba que demostraba una
inminente amenaza de atentado con explosivos a dicho lugar, pues, los agresores se
identificaron como miembros de grupos armados ilegales y advirtieron que, de no pagarse
la suma exigida, atentarían contra el lugar con bombas, por lo cual era claro que el hecho
era previsible y el propietario del establecimiento sí solicitó medidas de protección para
sí mismo, su familia, los trabajadores del lugar y demás población, sin embargo, a pesar
de conocer dicha información la entidad demandada omitió el deber de protección y
vigilancia, toda vez que no desplegó ninguna actividad con el fin de verificar los hechos
denunciados ni con el objetivo de prestar seguridad, además, no hubo explicación acerca
del motivo por el cual el atentado no puede ser considerado como un ataque

5

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
indiscriminado en contra de la población civil si el supermercado es un sitio abierto al
público y de flujo constante de personas (índice 6 SAMAI).

5. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Mediante auto de 6 de agosto de 2020 el Tribunal Administrativo del Chocó concedió ante
esta Corporación el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado
por la parte actora (fl. 551 cdno. ppal.), el cual fue admitido a través de auto 28 de
noviembre de 2022, en esa misma decisión se corrió traslado a las partes por el término
de quince (15) días, según lo dispuesto en el artículo 266 del CPACA (índice 18 SAMAI).

En dicha oportunidad procesal la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional guardó silencio.

Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó que se declare
infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, por el hecho de que
la parte actora no invocó la aplicación de la sentencia de unificación del 6 de junio de
2013, ni se sirvió de esta para la sustentación del recurso, por lo que no podría alegarse
un desconocimiento directo de dicha sentencia; adicionalmente, el Tribunal
Administrativo del Chocó fundó sus consideraciones en la sentencia de unificación del 20
de junio de 2017 y analizó el caso a través de los títulos de imputación de daño especial,
riesgo excepcional y falla del servicio, para lo cual, concluyó acertadamente que el título
de imputación aplicable era el de falla del servicio, toda vez que el atentado terrorista
perpetrado por el grupo al margen de la ley no se dirigió contra un objetivo militar o de
policía, ni contra un funcionario Estatal sino, contra un establecimiento de comercio
particular, asunto distinto es la inconformidad del recurrente con la valoración probatoria
efectuada en la sentencia, lo cual es un aspecto que escapa de los límites establecidos
por la ley para el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (índice 24
SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, 3) la sentencia invocada en el recurso
extraordinario de unificación, y, 4) condena en costas.

6

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La controversia planteada consiste en determinar si la sentencia de 10 de octubre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó desconoció la sentencia de 6 de
junio de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
CP Enrique Gil Botero, proceso con radicación número 05001-23-31-000-1997-01432-01
(26.011).

La Sala desestimará el recurso debido a que la sentencia invocada como supuestamente
desconocida no tiene el carácter de ser sentencia de unificación, según las
consideraciones expuestas y lo resuelto por esta Sala en providencia del 25 de agosto
de 2022 en el proceso 11001-03-26-000-2021-00015-00 (66.461).

2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El legislador contempló el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con el
fin de asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y
garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la
providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales
sujetos procesales, cabe resaltar que no se trata de una tercera instancia para controvertir
el análisis fáctico, jurídico o probatorio realizado en la sentencia cuestionada en la medida
en que solo tendrá lugar cuando aquella contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación del Consejo de Estado.

El artículo 257 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos
en única o en segunda instancia, en este caso la providencia cuestionada fue proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó en sede de segunda instancia, por lo cual
corresponde a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado su
conocimiento en atención a la especialidad, de conformidad con lo previsto en el artículo
259 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 14 del Acuerdo 80 de
20195.

5
Reglamento interno del Consejo de Estado.

7

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
3. La sentencia invocada en el recurso extraordinario de unificación

1) El artículo 258 del CPACA establece que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia es procedente cuando la sentencia objeto de la impugnación contraríe una
providencia que tenga el carácter de sentencia de unificación, así:

“Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

2) En el presente caso, la parte recurrente invocó como desconocida la sentencia
proferida el 6 de junio de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en el proceso de reparación directa 05001-23-31-000-1997-01432-01 (26.011),
en la cual se negaron las pretensiones respecto de unos precisos hechos relacionados
con un ataque terrorista ocurrido el 10 de junio de 1995 en la ciudad de Medellín
(Antioquia).

3) En ese sentido, en relación con la mencionada providencia que fue invocada por la
parte recurrente como desconocida, si bien inicialmente se consideró por esta Sala que
revestía la naturaleza de sentencia de unificación6, lo cierto es que, luego modificó ese
criterio para concluir que no tiene ese carácter, con fundamento en las siguientes
consideraciones7:

“(…) No obstante, en la referida sentencia no se estableció ni fijó un criterio
jurisprudencial uniforme frente a un punto de derecho, sino frente a unos hechos
particulares que se demandaban, pues revisado su contenido, se observa en sus
consideraciones, que lo que hace es reiterar la postura que para ese momento tenía
la Corporación en lo concerniente a la responsabilidad del Estado por actos
terroristas y los títulos de imputación que debían aplicarse en esos casos.
(…).
35. Bajo ese escenario, la sentencia del 6 de junio de 2013 (Rad. 26.011),
invocada como desconocida por la parte recurrente, no corresponde a
aquellas dictadas por el Consejo de Estado en ejercicio de su función de
unificación de jurisprudencia, dado que en ella no se adoptaron criterios nuevos
ni se fijaron reglas de derecho, sino que se reiteraron las fijadas con antelación por
esta Corporación” (negrillas adicionales).

6
Véase, por ejemplo, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera – Sala Plena, CP Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 3 de octubre de 2018,
expediente no. 11001-33-36-031-2013-00252-01 (59.840).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Sala Plena, CP José
Roberto Sáchica Méndez, providencia de 25 de agosto de 2022, expediente no. 11001-03-26-000-2021-
00015-00 (66.461); se precisa que en esa oportunidad salvaron el voto los magistrados Martín Bermúdez
Muñoz, Alberto Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez, por considerar que la sentencia invocada sí es de
unificación jurisprudencial.

8

Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
4) Por consiguiente, en atención a lo definido por esta Sala en el precedente citado, se
desestimará el recurso extraordinario interpuesto, porque la providencia invocada como
fundamento de dicha impugnación no tiene el carácter de sentencia de unificación
jurisprudencial, elemento indispensable para la prosperidad de este medio de
impugnación extraordinaria, según lo previsto en el artículo 258 del CPACA.

4. Condena en costas

El artículo 267 del CPACA establece que “si el recurso es desestimado, se condenará en
costas al recurrente”, no obstante, no se condenará en costas a la parte actora por cuanto
la desestimación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deviene de
una circunstancia ajena a los recurrentes; en otros términos, dado que con posterioridad
a la interposición del recurso extraordinario de unificación se concluyó que la sentencia
invocada no es de unificación, no se impondrá condena en costas en este caso concreto.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º) Desestímase el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto
por la parte actora contra la sentencia de 10 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del proceso de reparación directa no. 27001-33-33-003-
2015-00266-01.

2º) Abstiénese de condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
(Firmado electrónicamente)

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Expediente 11001-03-26-000-2021-00025-00 (66.515)
Demandante: Mildrey Taborda y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados integrantes
de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma digital SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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