Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00033-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2021-00033-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00033-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00033-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00033-00 (66.582)
Actor: MARIO ALEJANDRO VALENCIA TRUJILLO Y OTRO
Demandado: MUNICIPIO DE CAJICÁ Y OTRO
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – LEY 1437 DE 2011
Temas: CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Nulidad
originada en la sentencia / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Concepto y limites – La
denegatoria de las súplicas de la demanda por unas razones distintas a las sostenidas por
el a quo no infringe el principio de congruencia – Se configura cuando el operador judicial
toma un camino ajeno a lo debatido en la litis / NON REFORMATIO IN PEJUS – El juez de
segunda instancia, en principio, debe resolver los puntos expuestos en el escrito de
apelación, salvo los puntos inescindibles y las situaciones susceptibles de ser declaradas
de oficio – No es una restricción absoluta - El sentido de la decisión de segunda instancia
es la que permite determinar si se desmejoró la situación del apelante único / CONDENA
EN COSTAS – Criterio objetivo / AGENCIAS EN DERECHO – Fijación de conformidad con
las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores
Mario Alejandro Valencia Trujillo y Ana María Marín Moreno contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, el 26 de noviembre de 2019, mediante la cual se confirmó el fallo
denegatorio proferido por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Zipaquirá el
14 de junio de 2018.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la referida
providencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, dado que en la segunda instancia del proceso de
reparación directa el superior se pronunció sobre aspectos que no fueron apelados
por la parte demandante, con lo cual, según los recurrentes, se desconocieron los
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
principios tanto de congruencia como de non refomatio in pejus y, en todo caso, se
incurrió en una indebida valoración probatoria.
II. ANTECEDENTES
1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión
El 21 de junio de 20161, los señores Mario Alejandro Valencia Trujillo, Ana María
Marín Moreno, Juan Carlos Duarte Holguín, Mónica Andrea Garay Garay y Andrés
Mauricio Rodríguez Caicedo, a través de apoderado judicial, presentaron demanda
de reparación directa contra el municipio de Cajicá y la sociedad Herrago S.A.S.,
con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados con la “expedición
irregular de las licencias de construcción para el desarrollo del proyecto Pinar de
Calahorra”, ubicado en el municipio de Cajicá, falencia que habría llevado a que los
inmuebles adquiridos por los demandantes presentaran fallas en su estructura.
Mediante sentencia del 14 de junio de 20182, el Juzgado 2° Administrativo Oral de
Zipaquirá negó las pretensiones, dada la “inexistencia del nexo causal” respecto del
municipio de Cajicá y por “inexistencia de la obligación” en relación con Herrago
S.A.S.
La parte demandante apeló tal fallo3, recurso decidido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 26 de noviembre de 20194,
en el sentido de confirmar la decisión del a quo, porque no se acreditó la falla en el
servicio imputada al municipio accionado y no se probaron los supuestos para
exigirle a la sociedad demandada el cumplimiento de la garantía establecida en el
numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil.
2. Recurso extraordinario de revisión presentado en el sub lite
El 27 de enero de 20215, los señores Mario Alejandro Valencia Trujillo y Ana María
Marín Moreno presentaron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del
26 de noviembre de 2019, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para lo cual invocaron la causal contemplada en
el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 20116, dada la vulneración de los
1
Índice 2 de Samai.
2
Ibídem.
3
Ibídem.
4
Providencia que obra en el índice 2 de Samai.
5
Índice 2 de Samai.
6
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…).
2
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
principios de congruencia, non reformatio in pejus, seguridad jurídica, doble
instancia y debido proceso, así como lo señalado en los artículos 320 y 328 del
CGP.
Lo anterior, en cuanto afirmaron que tal corporación resolvió sobre puntos no
apelados, pues en la segunda instancia se resolvió sobre la falla estructural
advertida por el a quo, pese a que “debió (…) dejar incólume la declaración de (…)
falencias en el diseño estructural”7, conclusión que tenía como fundamento las
pruebas según las cuales Herrago S.A.S. no tramitó en los términos de ley la licencia
pertinente y, en todo caso, el proyecto urbanístico que desarrolló presentó falencias
sismo resistentes.
2.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
Por medio de auto del 8 de junio de 20218, se admitió el recurso extraordinario de
revisión9 y se ordenó vincular a las otras personas que promovieron el respectivo
proceso de reparación directa10, decisión que fue notificada en debida forma a la
parte demandada y al Ministerio Público11.
Contra la anterior providencia, la sociedad Herrago S.A.S. presentó recurso de
reposición, por considerar que el supuesto invocado no se encontraba consagrado
como causal de revisión12. El recurso fue resuelto de manera desfavorable, por
medio de auto del 26 de enero de 202213.
2.3. Contestación del recurso extraordinario
2.3.1. A juicio del municipio de Cajicá, el recurso de revisión carece de vocación
de prosperidad, porque la recurrente pretende que se efectúe una nueva valoración
probatoria.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación (…)”.
7
Folio 19 del cuaderno 1.
8
A través de auto notificado el 5 de mayo de 2021, la magistrada conductora del proceso inadmitió
el recurso de revisión con la finalidad de que la parte demandante precisara las razones por las
cuales se configuraba alguna de las causales de nulidad de la sentencia. Índices 4 a 6 de Samai.
9
La parte recurrente allegó memorial de subsanación. Índice 9 de Samai.
10
Los señores Juan Carlos Duarte Holguín, Mónica Andrea Garay Garay y Andrés Mauricio
Rodríguez
Caicedo.
11
Índices 12, 13, 15 y 16 de Samai.
12
Recurso de reposición que consta en el índice 14 de Samai.
13
Índice 33 de Samai.
3
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Por otra parte, si bien el Tribunal ad quem dictó el fallo objeto de controversia con
base en argumentos y consideraciones distintas a las expuestas en primera
instancia, lo cierto era que el sentido de la decisión no cambió14.
2.3.2. En criterio de la sociedad Herrago S.A.S., la afirmación del Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, según la cual se presentaron
irregularidades de carácter estructural fue un “dicho de paso, pero sin argumentos
de fondo”, de ahí que no fuera vinculante para la segunda instancia y que lo
planteado por la parte actora en sede de revisión fuera una manifestación de su
inconformidad con la forma como jurídicamente se profirió el fallo del 24 de
noviembre de 201915.
2.3.3. Las personas vinculadas y el Ministerio Público guardaron silencio.
2.4. Etapa probatoria
A través de providencia del 1° de marzo de 202216, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por la parte recurrente, en el sentido de acceder
parcialmente a ellas, determinación en contra de la cual no se interpusieron
recursos.
El sub lite ingresó al despacho de la magistrada ponente para dictar sentencia el 8
de marzo siguiente17.
III. CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación del recurso extraordinario –27 de enero de 2021-, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones
establecidas en la Ley 2080 de 202118, así como el C.G.P.19 y el Decreto 806 de
2020 -en lo no regulado por las disposiciones citadas-.
14
Índice 17 de Samai.
15
Índice 14 de Samai.
16
Índice 37 de Samai.
17
Según informe secretarial que obra a índice 42 de Samai.
18
Publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por la cual, cumplida su
promulgación, entró a regir al día siguiente. Al respecto, se precisa que el recurso de la referencia
se presentó en vigor de la nueva normativa, dado que se radicó el 27 de enero del año citado.
19
En virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
4
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
2. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 201120, la
Subsección es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión de la
referencia.
3. Procedencia del recurso extraordinario de revisión
De acuerdo con el artículo 248 de la Ley 1437 de 201121, el recurso extraordinario
de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
Jueces Administrativos, las cuales pueden ser invalidadas en los casos previstos
expresamente por el legislador en el artículo 250 ejusdem, sin que se trate de una
tercera instancia22.
Por lo anterior, se concluye que es susceptible de ser analizado en sede de revisión
extraordinaria el fallo proferido el 26 de noviembre de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que confirmó el
dictado el 14 de junio de 2018 por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de
Zipaquirá.
4. Oportunidad del recurso
La sentencia objeto de revisión se profirió el 26 de noviembre de 2019, en vigor de
la Ley 1437 de 2011, por tal razón, el término para promover el recurso de revisión
es el establecido en el artículo 251 ejusdem, que prevé:
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.
20
“Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso
administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la
materia” (se destaca). Este artículo fue adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021.
21
Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
22
Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia
del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
41.222.
5
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente,
deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente
a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso” (se resalta).
De conformidad con la norma citada, frente a la causal establecida en el numeral 5
del artículo 250 ejusdem el término para ejercer el recurso de revisión es de un año,
contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En el sub lite, el recurso de revisión se presentó en oportunidad, pues el fallo
cuestionado se notificó a la parte actora de manera electrónica el 28 de enero de
202023 y quedó en firme 30 de enero siguiente24, por tal razón, el plazo corrió entre
el 31 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2021, período dentro del cual se radicó
el escrito pertinente –27 de enero del último de los mencionados años25–.
5. Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011
El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el recurso
extraordinario debe fundarse en la configuración de: i) las causales de nulidad
procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del Proceso,
siempre que estas se prediquen de la sentencia26 o de ii) los supuestos, en los que
según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso27, así:
a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
23
De conformidad con la notificación electrónica que obra en el índice 2 de Samai.
24
El Código General del Proceso en su artículo 302 se refirió a la ejecutoria de las providencias, así:
“Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas,
cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos” (se destaca).
25
Índice 1 de Samai.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
6
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.
Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado28, podrían existir supuestos adicionales que
enmarquen en la violación del debido proceso y, por ende, den lugar a la causal de
nulidad originada en sentencia, la cual no se agota de manera exhaustiva en los
eventos señalados29.
Con todo, al amparo de la violación del debido proceso no es posible plantear
argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario en una
instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo no tiene
como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales consideran que
las pretensiones iniciales tenían o no vocación de prosperidad.
En cuanto a la violación del principio de congruencia, esta Corporación ha sostenido
que su desconocimiento afecta la validez del fallo, por cuanto implica la adopción
de una decisión por parte del juez sin tener facultades para ello, de ahí que se
considere que da lugar a la causal de revisión contemplada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 201130.
El artículo 281 del Código General del Proceso establece que “[l]a sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido
en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”31.
Como consecuencia, a la correspondiente autoridad judicial le está vedado imponer
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV). Se precisa que la magistrada ponente
de esta providencia no acompañó el criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
anteriormente transcrito, en el sentido de darle un entendimiento más amplio a la causal que se
revisa, en tanto se considera que impartir un tratamiento abierto a las causales de nulidad puede
transgredir la seguridad jurídica por repercutir en la taxatividad del régimen de nulidades. No
obstante, en esta providencia se acata la postura mayoritaria de la Sala para estimar cumplido el
requisito formal relativo a la indicación y sustentación de la causal de revisión.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 10 de marzo de 2017, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp: 2014-00897-00.
31
La doctrina ha definido el principio de congruencia, así: “[e]l principio normativo que exige la
identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones
y excepciones planteadas por las partes” DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso,
editorial universidad, página 49.
7
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
condena que supere las súplicas del demandante o pronunciarse sobre aspectos
distintos a los debatidos a lo largo del proceso por las partes, sin perjuicio del
ejercicio de sus facultades oficiosas32.
El principio de congruencia no solo constituye un límite para el juez de primera
instancia, sino también para el de segunda instancia, supuesto que precisamente
se alegó en el sub lite, pues los recurrentes sostuvieron que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió sobre puntos que no fueron apelados y,
como consecuencia, con el fallo que profirió desconoció la garantía de la non
reformatio in pejus, argumentos que se analizarán a continuación.
5.1. Principio de congruencia en segunda instancia
El principio de congruencia se vulnera en la segunda instancia cuando se resuelve
el recurso de apelación desbordando los temas objeto de la alzada, salvo el ejercicio
de las facultades oficiosas.
El superior resolverá sin limitaciones solo en el evento en el que “toda la sentencia”
sea apelada por ambas partes, bien sea de manera principal o adhesiva.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 328 del CGP y 187 de la
Ley 1437 de 2011, a cuyo tenor:
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella” (…) (se resalta).
La segunda de las normas citadas -el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011- prevé
que en “la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de
enero de 2018, C.P: María Elizabeth García González, exp: 2013-00911.
8
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus”.
En suma, la competencia funcional del juez de segunda instancia la delimitan: i) las
referencias fácticas, jurídicas y argumentativas que se esgrimen contra la decisión
que se impugna33, por lo que al ad quem le está vedado enmendar la providencia
en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que debido a la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con la
apelación34.
ii) la facultad oficiosa del superior de declarar el incumplimiento de alguno de los
presupuestos necesarios de la acción o requisitos indispensables para que el
proceso pueda ser definido de fondo, verbi gratia, la caducidad, la falta de
legitimación en la causa, la indebida escogencia de la acción, el pago previo o la
interposición de los recursos obligatorios, según el medio de control ejercido, lo cual
es procedente aún en los casos en los que se trate de un apelante único35.
El derecho de las partes a que entre la sentencia de segunda instancia y el objeto
de la apelación exista plena correspondencia, implica para ellas el deber de indicar
en su recurso de manera precisa los aspectos que no comparten y las razones que
las llevan a disentir de la decisión de primer grado, al punto de que los temas frente
a las cuales guardan silencio se entienden aceptados y, por ende, se asume que
han sido excluidos de la posibilidad de ser analizadas por el superior.
Así las cosas, “lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea
beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se resuelve en la
medida de los agravios expresados”36.
33
“Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas excepciones, revisar temas del
fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación y, por lo tanto, debe decirse que,
frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia. Ello en garantía de los derechos a la
defensa, doble instancia y debido proceso que le asiste a los sujetos procesales”. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia del 22 de
enero de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp: 2017-03156-00(REV).
34
“Vale la pena aclarar que, en principio, los temas no propuestos en el recurso de apelación serían
llamados a eliminarse del conocimiento del juez ad quem; pero cuando se trate de puntos
íntimamente relacionados con la apelación el superior también goza de competencia” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de
diciembre de 2017, exp: 54.440. También se puede consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia del 25 de enero de 2008, M.P: William Namén Vargas, exp: 2002-00373-
01.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 46.005.
36
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, M.P: Ariel
Salazar Ramírez, exp: 2013-02839-00.
9
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
5.2. Non reformatio in pejus
A su vez, otra garantía procesal es la de la non reformatio in pejus, cuyo
desconocimiento consiste en lesionar el interés jurídico del apelante único o
desmejorar la situación procesal reconocida en la primera instancia, a través de la
revocatoria o modificación del sentido o del alcance de las decisiones37 favorables
dictadas por el a quo a su favor38.
Como consecuencia, este principio se vulnera cuando se adoptan determinaciones
que hacen desfavorable la situación del apelante único, sin perjuicio de los puntos
íntimamente relacionados con aquellos que se deben resolver.
En suma, el superior “no está facultado para despojar al apelante único del derecho
material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptada por
la contraparte que no impugnó (…)”39.
El hecho de que el superior defina los puntos apelados a partir de unas razones de
hecho y de derecho distintas a las invocadas en la primera instancia no vulnera el
principio de la non reformatio in pejus, dado que el superior, en virtud de su
autonomía, tiene competencia para resolver los cargos de apelación a partir de las
consideraciones que estime pertinentes, siempre que con fundamento en ellas no
adopte determinaciones que desmejoren la situación del apelante único40.
37
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de agosto de 2021, M.P: Wilson
Aroldo Quiroz Monsalve, exp: SC3259-2021.
38
El artículo 31 de la Constitución Política establece la facultad que tienen todas las personas de
apelar las decisiones judiciales y, a su vez, consagró la prohibición para el juez de segunda instancia
de agravar la pena impuesta por el a quo en su decisión cuando se trate de un apelante único, así:
“Articulo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones
que consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”
(se destaca).
39
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, M.P: Ariel
Salazar Ramírez, exp: 2013-02839-00.
40
“Por consiguiente, las autoridades accionadas no hicieron más grave la situación del actor en
segunda instancia, al deducir que en los hechos de la mencionada demanda de reparación directa
no se observaba un agravio, por cuanto, se reitera, el a quo no le confirmó derecho alguno, por
ende, esa aserción no tiene la virtud de modificar el sentido de la decisión, pues al no
concurrir el nexo causal, de igual modo, no era dable acceder a las pretensiones ordinarias”
(se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, C. P: Carmelo Darío Perdomo Cuéter, exp: 2020-
01529-00 (AC). También se puede ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, C.P: Roció Araujo Oñate, exp: 2021-06707-
00(AC).
10
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Así las cosas, las motivaciones del fallo, per se, no cambian la situación jurídica del
apelante único, dado que son el resultado del ejercicio de la labor hermenéutica
connatural a la función jurisdiccional41.
6. Caso concreto
En el sub lite los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en segunda instancia, desconoció el alcance de la apelación, así
como las pruebas obrantes en el proceso.
Lo anterior, porque, en su criterio, se pronunció sobre la existencia de fallas
estructurales en las edificaciones objeto de la litis, a pesar de que el a quo consideró
que sí se habían presentado y tal conclusión no fue debatida, dado que gozaba de
pleno respaldo probatorio.
Así las cosas, la Sala determinará si, en efecto, la segunda instancia desbordó el
ámbito de la apelación en los términos indicados.
6.1. Principios de congruencia y non reformatio in pejus en el sub lite
El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de revisión
fue promovido, entre otros42, por los ahora recurrentes contra el municipio de Cajicá
y la sociedad Herrago S.A.S., con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios
derivados de la supuesta expedición irregular de la licencia de construcción del
proyecto urbanístico denominado “Pinar de Calahorra”, dado que tal situación habría
llevado a que los inmuebles construidos –de los cuales adquirieron uno– no
contaran con las condiciones técnicas pertinentes.
El asunto fue definido en primera instancia por el Juzgado 2° Administrativo del
Circuito de Zipaquirá, mediante fallo denegatorio del 14 de junio de 2018, apelado
por la parte actora y confirmado el 26 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
41
Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es verdad entonces
que el Tribunal desmejore la posición del apelante único cuando el fracaso de las pretensiones tal
como venía de primera instancia se mantuvo en segunda, aunque por motivos diferentes”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2016, M.P: Edgardo
Villamil Portilla, exp: 2000-00194-01.
42
La parte demandante en el proceso declarativo estaba compuesta por las siguientes personas:
Mario Alejandro Valencia Trujillo, Ana María Marín Prieto, Juan Carlos Duarte Holguín, Mónica
Andrea Garay Garay y Andrés Mauricio Rodríguez.
11
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Los fallos citados y el escrito contentivo de la apelación fueron decretados como
pruebas en el sub lite y de ellas se deduce lo siguiente43:
6.1.1. En la primera instancia del proceso se negaron las pretensiones, en cuanto
se concluyó que fueron acreditados los “daños estructurales” que sufrieron las
viviendas de los accionantes, quienes, a su vez, incurrieron en gastos para
repararlas, según la visita ocular practicada por el despacho.
No obstante, dichas afectaciones no eran imputables al municipio de Cajicá, porque
en el proceso no obraban pruebas que dieran cuenta de una acción u omisión en
relación con los hechos, pues la licencia de construcción que expidió se ajustó a los
lineamientos técnicos y normativos aplicables, tan es así que la resolución
pertinente gozaba de presunción de legalidad y no había sido anulada.
Adicionalmente, los informes periciales permitían inferir que los “daños
estructurales” eran atribuibles a la cimentación y a la calidad constructiva, es decir,
a “circunstancias técnicas derivadas de la construcción”, aspectos que daban
cuenta de la inexistencia de nexo causal entre el daño y la conducta del municipio
de Cajicá.
Al respecto se precisa que, según lo narrado en el fallo, al expediente se allegó un
informe técnico por cada parte, uno que señalaba como causa de las afectaciones
falencias en el diseño estructural y en la construcción (parte demandante) y otro,
según el cual el origen era el movimiento o flexión de elementos no estructurales,
como la placa de contra piso (constructora).
En relación con la sociedad Herrago S.A.S. se indicó que no podía imputársele
responsabilidad al amparo del artículo 2060 del Código Civil, porque tal disposición
aplicaba a los contratos de obra y en el sub lite lo que se presentó fue una
compraventa, de ahí que lo que correspondía era imputar responsabilidad
contractual por vicios ocultos, pero en la demanda no se procedió de conformidad,
pues lo que se alegó fue la expedición irregular de la licencia de construcción.
6.1.2. Contra la anterior decisión la parte demandante formuló recurso de apelación,
en el que planteó los siguientes argumentos:
● Frente al municipio de Cajicá se desconoció que, en virtud del Decreto 1600
de 2005, en el trámite de la licencia de construcción debía solicitar y revisar
43
Elementos que obran a índice 2 de Samai.
12
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
los estudios de suelos y los planos estructurales, que correspondían a los
mecanismos idóneos para advertir las fallas de tipo estructural que ponían
en riesgo las edificaciones.
● En cuanto a Herrago S.A.S., en la apelación se indicó que sí le resultaba
aplicable el artículo 2060 del Código Civil, norma que no rige exclusivamente
los contratos de obra, sino todas las actividades de construcción.
6.1.3. A través de sentencia del 26 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, resolvió de manera
desfavorable la apelación citada y confirmó la sentencia denegatoria, con
fundamento en lo siguiente:
● El municipio de Cajicá expidió la licencia de construcción, previo
requerimiento de los documentos establecidos en el Decreto 1600 de 2005,
y, si bien no solicitó los diseños estructurales y no estructurales, ni los
estudios geotécnicos y de suelos, ello no le implicaba responsabilidad
patrimonial en el sub lite, porque, en todo caso, las edificaciones cumplían
con las normas de construcción vigentes y no se demostró que “los daños
que han sufrido los inmuebles” fueran consecuencia de la ausencia de los
documentos enunciados.
● En lo concerniente a Herrago S.A.S. se advirtió que el artículo 2060 del
Código Civil establecía que son responsabilidad del constructor las
edificaciones que amenazan ruina, supuesto que no se encontraba
acreditado en el caso particular, pues los informes técnicos allegados al
proceso permitían inferir que no estaba en riesgo la estabilidad de las
estructuras.
● Finalmente, concluyó que aunque se aceptara un estado de ruina, lo cierto
era que no se acreditó cuál fue “el vicio de la construcción, del suelo o los
materiales que la (…) constructora” debió tener en cuenta, pues en el proceso
obraban los informes técnicos por las partes, en los que en cada uno se
señalaba una causa distinta.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que en la segunda instancia no se
desconocieron los argumentos de inconformidad planteados por los entonces
13
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
demandantes en su recurso de apelación, sino que la decisión se profirió con pleno
respeto de los reparos formulados en la apelación.
En efecto, en la primera instancia se negaron las pretensiones, porque los “daños
estructurales” del inmueble no se generaron por omisión del municipio de Cajicá y
tampoco eran imputables a la constructora, dada la inaplicabilidad del artículo 2060
del Código Civil.
La parte actora, en sede de apelación, reiteró que la causa de las afectaciones eran
de responsabilidad de la entidad accionada y que la referida norma del Código Civil
sí vinculaba a Herrago S.A.S., cuestionamientos que precisamente fueron los que
resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el entendido de que
estaban acreditados “los daños que han sufrido los inmuebles”, pero no se probó
que fueran resultado de la expedición de la licencia de construcción y no les era
aplicable el referido artículo 2060 ejusdem, por no amenazar ruina.
Pues bien, las decisiones de primera y segunda instancia se edificaron en los
mismos supuestos, la existencia de daños en el inmueble por razones ajenas al
municipio, la imposibilidad de emitir condena contra la constructora al amparo del
artículo 2060 del Código Civil –aunque por razones distintas– y la existencia de dos
informes técnicos en los que se señalaron causas diferentes de los daños de la
edificación, estructurales y no estructurales, que, en todo caso, no estaban
relacionadas con la expedición de la licencia de construcción.
En sede de revisión extraordinaria se indicó que el Tribunal al resolver la segunda
instancia no podía desconocer que el juez de primera instancia encontró acreditados
“daños estructurales” en la construcción, argumento que no es de recibo, porque el
superior no se pronunció nuevamente sobre la afectación o no del inmueble, pues
partió del hecho de que estaban acreditados “los daños que han sufrido los
inmuebles” y , tal como se pidió en el recurso, adelantó el estudio pertinente para
verificar si eran imputables a las demandadas y concluyó que no, tal como lo hizo
el a quo.
En este punto se precisa que en la primera y en la segunda instancia se dio el mismo
alcance a las expresiones “daños estructurales” y “daños que han sufrido los
inmuebles”, para significar que la construcción presentaba afectaciones, sin que el
juez de primer grado hubiese recurrido al adjetivo estructural para identificar la
causa del que provenía la afectación, para calificar su gravedad o para determinar
14
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
la responsabilidad de las demandas, pues no razonó el uso de tal expresión, no
adelantó ningún análisis en cuanto a tal connotación, sino que se refirió a ella para
decir que estaba probado el deterioro en el inmueble y a partir de allí analizó si era
imputable a las demandadas, en el marco de lo cual concluyó que las causas eran
tanto estructurales como no estructurales, según los informes técnicos aportados
por cada una de las partes.
El superior abordó el estudio del asunto sin detenerse a estudiar la existencia del
daño, sino que inició con la supuesta omisión del municipio de Cajicá.
En suma, el principio de congruencia no se vulneró y tampoco se desconoció la
garantía de la non reformatio in pejus.
La agravación de la situación del apelante único solo puede materializarse cuando
se desconocen las decisiones adoptadas a su favor en la primera instancia, la
cuales no pueden ser modificadas ni revocadas y, por ende, limitan el decisum de
la sentencia dictada en segunda instancia.
En este asunto lo resuelto en segunda instancia de ninguna manera desmejoró su
situación jurídica, porque en ambas providencias, tanto en la proferida el 14 de junio
de 2018 por el Juzgado 2 Administrativo de Zipaquirá, como en la del 26 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, se negaron las pretensiones de la demanda de reparación
directa, por tal razón, la consecuencia jurídica fue la misma, a pesar de que las
consideraciones de cada instancia fueran distintas, situación inherente al recurso
de apelación, pues precisamente su finalidad es que la litis se resuelva desde otra
óptica.
Como consecuencia, la causal de revisión por vulneración del principio de
congruencia no tiene vocación de prosperidad.
6.2. Valoración probatoria en la sentencia objeto de revisión
La parte recurrente, además, explicó que el Tribunal al decidir la segunda instancia,
desconoció que los hechos a los que se refirió el juez de primera instancia tenían
pleno respaldo probatorio.
Para resolver sobre el anterior supuesto, la Sala precisa que las sentencias
analizadas en sede de revisión solo pueden ser invalidadas en los casos previstos
15
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
expresamente por el legislador en el artículo 250 ejusdem, sin que se equipare una
tercera instancia del proceso pertinente44, tal como lo ha sostenido la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo de esta Corporación:
“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”45 (se resalta).
De este modo, la finalidad del recurso revisión no es la de cuestionar la sentencia
proferida dentro de un proceso ordinario, sino que su naturaleza extraordinaria
implica que proceda en determinadas y especiales circunstancias taxativamente
consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado
con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia46:
“Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno
de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que
constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean
imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no
consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes
subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso”.
Los argumentos de los recurrentes no resultan de recibo, en cuanto dan cuenta de
su inconformidad con la valoración probatoria efectuada en la segunda instancia,
cuestionamiento que no es susceptible de ser analizado en sede del recurso
extraordinario de revisión, dado que su finalidad no es reabrir el debate sobre puntos
propios del proceso ordinario en el que se profirió la sentencia recurrida.
Como consecuencia, tal argumento también se resolverá de manera desfavorable.
En suma, la parte actora no demostró la configuración de la causal invocada –
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, por ende, el recurso
44
Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia
del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
41.222.
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.
16
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
extraordinario de revisión formulado por los señores Mario Alejandro Valencia
Trujillo y Ana María Marín Moreno carece de fundamento y así se declarará.
7. Costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 201147, en
concordancia con el artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo
de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso extraordinario de
revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso48 y esté acreditada
su causación, razón por la cual en el sub lite se condenará a la parte recurrente,
señores Mario Alejandro Valencia Trujillo y Ana María Marín Moreno, quienes
pagarán, en partes iguales49, las costas que se hubieren causado.
Lo anterior, en atención a que a los dos recurrentes les asistía el mismo interés en
sede de revisión, por cuanto la sentencia cuya anulación pidieron fue consecuencia
de la demanda de reparación directa que presentaron y a través de la cual
formularon pretensiones conjuntas, sin que se distinguiera un monto en particular
para cada uno50, es decir, la indemnización pretendida en aquella oportunidad era
por partes iguales.
De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que en el sub lite la eventual
anulación del respectivo fallo beneficiaba en la misma medida a los recurrentes, de
47
“Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido
el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
48
El numeral 6 del artículo 365 del CGP señala: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos
y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas:
(…)
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos (…)” (se resalta).
49
Al respecto, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “Una parte puede estar integrada por
diferentes personas. De ahí que cuando se impone condena en costas a dos o más litigantes, deberá
hacerse ‘en proporción a su interés en el proceso’ y el juez tendrá que exponer las razones por las
cuales considera que hay diversidad en cuanto a su magnitud económica se refiere. Si el juez guarda
silencio, como sucederá en la mayoría de los casos, se entiende que la condena se impone en partes
iguales a los litigantes; por tanto, cada uno de ellos responderá por su cuota-parte y sin que
haya solidaridad entre ellos para el pago, por cuanto la ley no lo establece” (se destaca). LÓPEZ
BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Parte General, Dupre Editores, segunda
edición, página 1080. Igualmente se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por la
Subsección A: i) sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp: 52.302 y ii) sentencia del 24 de
septiembre de 2021, exp: 66.295.
50
En la sentencia dictada en primera instancia se transcribieron las pretensiones formuladas por los
señores Mario Alejandro Valencia Trujillo y Ana María Marín Prieto, así: (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores): “TERCERO: Como consecuencia de la declaración primera,
condenar al MUNICIPIO DE CAJICÁ y la sociedad HERRAGO S.AS. al pago de los siguientes
perjuicios sufridos por ANA MARÍA MARIN MORENO y MARIO ALEJANDRO VALENCIA
TRUJILLO (propietarios de la casa 4) (…)” (se destaca).
17
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
ahí que no sea posible fijar porcentajes distintos frente a las costas, sino que la
condena pertinente la deben asumir en un 50% cada uno.
El artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el trámite de la controversia, así como por
las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la
misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-
10554 de 201651, que en el caso de los recursos extraordinarios de revisión se
encuentran entre 1 y 20 smmlv52.
Lo anterior, sin perjuicio del criterio adoptado por esta Subsección, según el cual, la
fijación de agencias en derecho no se ve afectada en el evento en que la parte haya
litigado, incluso, a nombre propio, sin apoderado, pues aún en ese caso tiene
derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su actuación, tal como se
desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP53.
En este caso, las demandadas comparecieron mediante apoderado judicial, en
virtud de lo cual tuvieron a su cargo la vigilancia del proceso; además, desplegaron
actuaciones como las relacionadas con la contestación del recurso extraordinario
de revisión, por lo que la fijación de agencias en derecho resulta procedente54.
Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho en
tres (3) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se reconocerá
en partes iguales a favor del municipio de Cajicá y la sociedad Herrago S.A.S.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Mario Alejandro Valencia Trujillo y Ana María Marín
51
El recurso de revisión se presentó el 27 de enero de 2021, fecha posterior a la entrada en vigor
del Acuerdo 10554 de 2016.
52
“9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V (…)”.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 22 de octubre de 2021, exp: 66.861, entre muchas otras.
54
Criterio que ha reiterado la Sala Veinticinco Especial de Decisión en las sentencias de 6 de marzo
de 2018, exp: 201501542 (REV) y 201602187 (REV) y sentencia de 2 de julio de 2019, exp:
20160292900 (REV).
18
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00033-00
No. Interno: 66.582
Actor: Mario Alejandro Valencia Trujillo y otro
Demandado: Municipio de Cajicá y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Moreno contra la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de
reparación directa con radicado 25899-33-33-002-2016-00172-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por partes iguales, a los recurrentes Mario
Alejandro Valencia Trujillo y Ana María Marín Prieto, las cuales serán liquidadas por
la Secretaría de la Sección Tercera, teniendo en consideración las expensas
demostradas en el proceso.
Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a tres (3) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, divididos
en partes iguales para el municipio de Cajicá y la sociedad Herrago S.A.S.
TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la
consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.