Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00035-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00035-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00035-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de octubre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: ANDREA PAOLA CÉLY GRIJALBA Y OTRO
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – SOLICITUD DE
FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL
Síntesis del caso: el 8 de abril de 2013, los demandantes elevaron ante la Agencia Nacional de
Minería (ANM) una solicitud de formalización de minería tradicional con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico
por virtud de la declaración de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional en
sentencia C-366 de 11 de mayo 2011, sin que para ese preciso momento la referida petición
hubiese sido tramitada y decidida. En año 2019 la entidad demandada rechazó dicha petición
en atención a lo preceptuado en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, según el cual «las
personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de
minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a
la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su
trámite», por estimar que no quedaba área susceptible de contratar en atención al «sistema de
cuadrícula minera» adoptado en las leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, así como en las
resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM; esta decisión fue
confirmada posteriormente.
Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por los señores Andrea Paola Cély Sierra y José Federico Cély Sierra en
contra de la Agencia Nacional de Minería (índice 2 SAMAI).
I. ANTECEDENTES
La demanda
En el escrito de la demanda la parte actora elevó las siguientes súplicas:
«-. Que es nula la Resolución No. 001134 de 29 de octubre de 2019 mediante
la cual se rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional No.
OD8-16501, proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación de
la “AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA”, mediante la cual resuelve:
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradicional No.OD8-
16501, radicada por los señores ANDREA PAOLA CELY GRIJALBA y JOSE
FEDERICO CELY SIERRA, para la explotación de un yacimiento
denominado técnicamente como carbón coquizable o metalúrgico ubicado en
jurisdicción del municipio de Samacá
en el departamento de Boyacá.
-. Que es nula la Resolución VCT 000270 de 27 de marzo de 2020 mediante
la cual se resolvió recurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de
formalización de minería tradicional OD8-16501, proferida por el
Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la “AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA”, a través de la cual RESUELVE: CONFIRMAR lo
dispuesto en la resolución Resolución (sic) No. 001134 de 29 de octubre de
2019 “por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería
tradicional No. OD8-16501, lo anterior de conformidad con lo establecido en
la parte motiva del precitado acto administrativo”.
-. Que como consecuencia de las nulidades de los Actos Administrativos
demandados y a título de restablecimiento del derecho conculcado, se
proceda a dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OD8- 16501
en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos
administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se
proceda a tramitar la legalización por parte del Consejo de Estado, conforme
lo establecía el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y las decisiones C-763 de
2002 y C-242 de 2009 de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de
Estado en donde claramente se establece que “La ultraactividad de la ley es
un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al
principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente
al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría
General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus",
que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos
por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya
sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la
denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se
siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno
se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea
su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.” Igualmente frente a los derechos
adquiridos se pronunció la Honorable Corte Constitucional diciendo que “Los
derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se
han creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han
instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser
respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente
obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la consolidación de una
serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir
el derecho en cualquier momento”. El hecho de estar agotada la vía
gubernativa ante la Agencia Nacional de Minería y dadas las condiciones de
derechos adquiridos de las explotaciones mineras que venimos adelantando
los señores ANDREA PAOLA CÉLY GRIJALBA y JOSÉ FEDERICO CÉLY
SIERRA, en el área descrita en la solicitud de legalización de minería
tradicional no. OD8-16501, a efectos de legitimar el derecho adquirido en
dicha explotación minera e inscribirlo en el Registro Minero Nacional. Todo
en razón a que la Autoridad Minera utilizo indebidamente la vía gubernativa y
la agoto, violando flagrantemente no solamente el debido proceso y
generando nulidad derivada del artículo 29 de la Carta Política, sino que
también prevarico, abuso de la función pública y otros, al utilizar ilegalmente
el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 de manera retroactiva» (índice 2 SAMAI1
– mayúsculas fijas del original).
1 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2».
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El 8 de abril de 2013, los demandantes presentaron ante la ANM la petición de
formalización de minería tradicional con radicación número OD8-16501 con base en lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento
jurídico el día 11 de mayo de 2013 por razón de la declaración de inexequibilidad
efectuada por la Corte Constitucional en sentencia C-366 de 11 de mayo 20112, sin
que para ese momento aquella hubiese sido tramitada y decidida.
2) En el procedimiento administrativo la autoridad minera no requirió al solicitante ni
realizó visitas técnicas para efectos de verificar la ubicación y antigüedad de las
explotaciones mineras, el estado de la mina y el mineral objeto de explotación.
3) Mediante la Resolución no. 001134 de 29 de octubre de 2019 la ANM rechazó la
petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia con base en
lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, según el cual «las personas
naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería
tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a
la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre,
continuarán su trámite», toda vez que, para ese momento no quedaba área susceptible
de contratar en el espacio objeto de la solicitud de conformidad con el «sistema de
cuadricula minera»3; esta decisión fue confirmada por la Resolución número 000270
de 27 de marzo de 2020, la cual fue notificada personalmente a la demandante el 7 de
octubre de 2020.
Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostiene que los actos administrativos demandados deben declararse
nulos por la violación de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 29, 84, 93, 121, 150,
189.11, 330 y 360 de la Constitución Política; 6 del Convenio no. 169 de la Organización
2 A través de esta providencia se declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el
término de dos (2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes.
3 Regulado por los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019 y adoptado por la
ANM mediante Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de 2019
proferidas por la ANM.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
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Internacional del Trabajo; 2531, 2532, 2533 y 2534 del Código Civil; 138, 229, 230, 231,
232 y 233 de la Ley 1437 de 2011 y 12 de la Ley 1382 de 2010; de igual manera, aduce
que los referidos actos administrativos desconocen lo dispuesto en la Ley 685 de 2001
y en los Decretos números 1970 de 2012 y 933 de 2013 proferidos por el Gobierno
Nacional.
En explicación de ese quebranto normativo la parte planteó con la demanda los
siguientes cuatro motivos de censura:
3.1 Primer cargo: ausencia de motivación
Como sustento de esta acusación arguyó que los actos administrativos cuestionados
carecen de motivación porque las consideraciones allí consignadas «son abstractas,
ausentes de razones y [de] justificaciones legales».
3.2 Segundo cargo: falsa motivación y violación del derecho constitucional
fundamental del debido proceso
Los fundamentos de estas censuras son los siguientes:
1) No es jurídicamente viable aplicar de forma retroactiva lo dispuesto en los artículos
21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019, así como tampoco lo previsto
en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto
de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de formalización de
minería tradicional con radicación número OD8-16501 de 8 de abril de 2013, toda vez
que, la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en la sentencia
C-366 de 2011 tuvo por efecto la consolidación de un derecho adquirido en favor de la
demandante por el hecho de no haberse cumplido la finalidad para la cual fue expedida,
de conformidad con lo dispuesto en las sentencias C-242 de 2009 y C-259 de 2016.
2) La petición de formalización de minería tradicional debió tramitarse con sujeción a
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos Reglamentarios
números 1970 de 2012 y 933 de 2013 por ser las normas vigentes al momento de su
presentación; en consecuencia, se debió requerir a la demandante y realizar las visitas
técnicas necesarias para verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones
mineras, el estado de avance, el mineral objeto de la explotación y otras condiciones
en la forma y términos previstos en dichas normas.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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3) Las normas del «sistema de cuadrícula minera» se aplican únicamente a los
contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de legalización
de minería tradicional.
4) Operó el fenómeno de la «reviviscencia» respecto de las normas derogadas o
modificadas por la Ley 1382 de 2010, motivo por el cual la petición de formalización de
minería tradicional debió regirse por las disposiciones que «resurgieron» por virtud de
la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-366 de 2011 proferida
por la Corte Constitucional.
3.3 Tercer cargo: las normas de la Ley 1955 de 2019 no son aplicables para
tramitar y decidir la petición de legalización de minería tradicional por el
hecho de no surtir el trámite de la consulta previa
En apoyo de este motivo de reproche de legalidad adujo que los artículos 23, 24, 325
y 329 de la Ley 1955 de 2019 no eran aplicables para tramitar y decidir la petición de
legalización de minería tradicional con radicación no. OD8-16501, pues, de
conformidad con lo establecido en los artículos 330 constitucional y 6 del Convenio no.
169 de la OIT «las disposiciones que se refieran a la explotación de recursos naturales
no renovables, en las zonas que se asientan las comunidades diferenciadas, son
susceptibles de Consulta Previa» (índice 2 SAMAI4), empero, las referidas
disposiciones legales no surtieron dicho trámite.
3.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones
números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser
improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución
Política
Para explicar este cargo de nulidad manifestó que los actos administrativos objeto de
debate no podían fundarse en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019
proferidas por la ANM por ser «improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de
la Carta Política», por cuanto «no pueden hacer las veces de decretos reglamentarios»
de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955 de 2018 en atención a lo dispuesto en el
artículo 360 de la Constitución Política.
4 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2» - pág. 16.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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Trámite y contestación de la demanda
1) Por auto de 7 de febrero de 2022 se inadmitió la demanda por el hecho de no
haberse subsanado en la forma y términos indicados por el despacho sustanciador en
providencia de 6 de septiembre de 2021; es decir, por el hecho de no haberse indicado
con claridad y precisión los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda; la referida
decisión fue revocada en sede de súplica, pues, la Sala de Decisión estimo que si bien
«en la demanda y en su subsanación se mencionaron los hechos de manera
antitécnica, como quiera que, se hizo referencia a las normas jurídicas que se
vulneraron (…) de la lectura íntegra y detallada de los mismos, es posible extraer la
referencia fáctica y lo que se pretende con la demanda»5.
2) El expediente pasó nuevamente al despacho sustanciador el 13 de febrero de 2024
(índice 39 SAMAI); mediante providencia del 5 de abril de 2024 se admitió la demanda
(índice 40 SAMAI), la cual fue notificada en forma personal a la autoridad demandada,
al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 29 de
abril del mismo año (índice 44 SAMAI).
3) A través de escrito presentado el 18 de junio de 2024 la ANM se opuso a las
pretensiones de la demanda, en sustento de lo cual manifestó que i) la solicitud de
formalización de minería tradicional con radicación no. OD8-16501 fue correctamente
rechazada por no contar con área libre susceptible de ser otorgada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 y en las Resoluciones
números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por esa misma autoridad en relación
con el «sistema de cuadrícula minera»; ii) al decidir la solicitud de formalización minera
tradicional con radicación no. OD8-16501 la entidad demandada aplicó de manera
retrospectiva normas expedidas con posterioridad a su presentación por el hecho de
que no estaba frente a una situación jurídica consolidada con base en una ley anterior
sino ante una mera expectativa y, iii) los actos demandados están amparados por la
presunción de legalidad y, además, fueron debidamente motivados (índice 50 SAMAI).
4) Por auto de 24 de julio de 2025 i) se prescindió de la audiencia inicial y se dispuso
el trámite de sentencia anticipada; ii) se incorporaron como pruebas los documentos
allegados con la demanda y su respectiva contestación; ii) se fijó el litigio y, iv) se corrió
5 Auto de 23 de noviembre de 2022, CP Alberto Montaña Plata (índice 31 SAMAI).
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
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traslado a las partes para presentar alegaciones de conclusión (índice 72 SAMAI); esta
providencia no fue objeto de recursos.
Alegatos de conclusión
En esta etapa procesal las partes insistieron en los argumentos esgrimidos a lo largo
del proceso (índices 77 y 78 SAMAI); el Ministerio Público solicitó denegar las súplicas
de la demanda por estimar que i) la aplicación de los artículos 24 y 325 de la Ley 1955
de 2019 se hizo de forma retrospectiva y no retroactiva, pues, la petición de
formalización de minería tradicional estaba en trámite al momento en que dichas
normas entraron a regir; ii) no existe ningún derecho adquirido en cabeza de los
demandantes, únicamente una prelación para el estudio de la referida petición respecto
de otras presentadas posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 685 de 2001 y, iii) el cargo relativo a la imposibilidad de aplicar la Ley 1955
de 2019 porque no surtió el trámite de la consulta previa corresponde por competencia
a la Corte Constitucional en sede de control abstracto de constitucionalidad y no al
Consejo de Estado (índice 79 SAMAI).
La petición de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados
Junto con la demanda la parte actora deprecó la suspensión provisional de los efectos
de las resoluciones cuya nulidad se pretende (índices 26 y 97 SAMAI); mediante auto
de 25 de septiembre de 2025, notificado mediante anotación por estado electrónico del
día 26 de los mismos mes y año, este despacho judicial denegó la petición de
suspensión provisional de los actos administrativos demandados (índice 82 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa, 2) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 3) marco normativo de la controversia, 4) análisis de los cargos de nulidad,
5) conclusión y, 6) condena en costas.
6 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2».
7 Archivo: «14_RECIBEMEMORIALESMEDIDASCAUTELARES_SOLICITUDMEDIDASCA(.PDF)
NroActua 9».
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
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Cuestión previa – no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial cuando las súplicas de la demanda no tienen
contenido económico
1) El numeral 1 del artículo 161 del CPACA preceptúa que «[c]uando los asuntos sean
conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de
procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad
con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales»; a
su turno, el artículo 2 del Decreto Reglamentario no. 1716 de 20098 dispone que son
conciliables «los conflictos de carácter particular y contenido económico» de los cuales
conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marco de los referidos
medios de control judicial.
2) Sobre el particular, esta Corporación ha señalado que la conciliación extrajudicial es
requisito de procedibilidad en los medios de control judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales
siempre que la controversia sea de carácter particular y contenido económico, con
indicación de que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser
conciliados, pues, en algunas ocasiones carecen de contenido económico9.
3) Para este caso concreto, lo que se pretende es la declaración de nulidad de los actos
administrativos demandados y, al propio tiempo, que se deje «la solicitud de
legalización de minería tradicional OD8-16501 en el estado en que se encontraba antes
de la expedición de los actos administrativos demandadas (sic), para que en su lugar
se proceda a tramitar la legalización por parte del Consejo de Estado», de lo cual no
se desprende en forma palmaria que las súplicas de la demanda tengan por contenido
y alcance un aspecto de naturaleza económica; en ese orden, de conformidad con lo
expresa y puntualmente establecido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario no.
1716 de 2009 la Sala advierte que i) no era necesario agotar el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial y, ii) la parte actora no tramitó, en todo
caso, ninguna petición de conciliación extrajudicial en relación con las súplicas de la
demanda.
8 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998
y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.
9 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2012, exp.
2012-00277-00, CP Marco Antonio Velilla Moreno; ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia de 21 de noviembre de 2022, exp. 2011-01126-01 (59.512), CP Jaime Enrique Rodríguez
Navas; iii) Consejo de Estado, Sección Primera, 2022-00072-01, CP Nubia Margoth Peña Garzón y iv)
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 2022-00019-
00 (67.930), CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Presentada la demanda en término10, la parte actora pretende la declaración de
nulidad de la Resolución número 001134 de 29 de octubre de 2019 proferida por la
ANM a través de la cual «se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No.
OD8-16501»; asimismo, depreca la declaración de nulidad de la Resolución número
000270 de 27 de marzo de 2020 expedida por esta misma entidad «por la cual se
resuelve un recurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de formalización de
minería tradicional No OD8-16501».
De igual forma, solicitó el restablecimiento del derecho consistente en que se ordene a
la entidad demandada «dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OD8-
16501 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos
administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se proceda a
tramitar la legalización por parte del Consejo de Estado (…) a efectos de legitimar el
derecho adquirido en dicha explotación minera e inscribirlo en el Registro Minero
Nacional».
2) Como fundamento de la demanda sostiene que los actos demandados i) carecen de
motivación; ii) desconocen el derecho constitucional fundamental del debido proceso y
están viciados de falsa motivación; iii) los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de
2019 no surtieron el trámite de la consulta previa y, por ende, no eran aplicables para
decidir la petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia y, iv)
no podían fundarse en las resoluciones nos. 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por
la ANM por ser improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución
Política toda vez que «no pueden hacer las veces de decretos reglamentarios».
3) Se negarán las pretensiones de la demanda, porque la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la que están investidos los actos
administrativos demandados.
10 La Resolución número 000270 de 27 de marzo de 2020 se notificó por aviso el día 10 de septiembre
de 2020; en ese orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del CPACA, el término de
cuatro (4) meses para presentar la demanda previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA corrió entre el 9 de octubre de 2020 y el 9 de febrero de 2021; la demanda fue presentada en
esta última fecha (índice 2 SAMAI – archivos: «6ED_CORREORECIBIDO(.PDF) NroActua 2» y
«ED_CAMSCANNER1216202.PDF NroActua 2»).
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
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Marco normativo de la controversia
1) De conformidad con los artículos 33211 y 36012 de la Constitución Política, el Estado
es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de
los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes, motivo
por el cual su explotación causa a favor del Estado una contraprestación a título de
regalía.
2) En esa misma línea de análisis, el artículo 6 de la Ley 685 de 2001 1 expresamente
determina que «[e]l derecho a explotar [los recursos naturales no renovables] solo se
adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este
Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de posesión
material de dichos recursos, sea cual fuere la antigüedad, duración o características,
conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a
propuesta de terceros».
3) A su turno, el artículo 14 de ese mismo cuerpo normativo prevé que «[a] partir de la
vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho
a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión
minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional».
4) En igual sentido, el artículo 16 ibidem dispone que mientras la solicitud de concesión
minera se halle en trámite «no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la
celebración del contrato de concesión», con indicación de que el único derecho que
adquiere el solicitante es el de prelación o preferencia frente a otras solicitudes o frente
a terceros si reúne los requisitos legales para obtener dicha concesión.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-983 de 2010 precisó lo siguiente en
relación con el momento en el que se considera que el explotador ostenta un derecho
adquirido:
11 “ARTÍCULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
12 “ARTÍCULO 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación
que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no
renovables (…)”.
11
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
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Sentencia de única instancia
«En el caso de las propuestas presentadas que se encuentren en trámite, es
claro para la Corte que no afecta ni el debido proceso administrativo, ni los
derechos adquiridos. Lo anterior, por cuanto el Legislador, de una parte, fija
un requisito para la prosperidad de la propuesta, con pleno respeto de las
garantías inherentes al debido proceso administrativo, y de otra parte, si la
propuesta se encuentra en trámite, es claro que no existe todavía una
situación consolidada para el proponente que constituya un derecho
adquirido, ya que mientras la propuesta se encuentre en trámite y no se
haya perfeccionado el contrato de concesión minera, no existen
derechos adquiridos de los proponentes. En este caso, encuentra la Corte
que lo que hace el Legislador, es determinar que se concede un término de
tres meses para que se pague el canon superficiario por parte del proponente,
disposición que no puede considerarse violatoria del debido proceso
administrativo, ni de derechos adquiridos, por cuanto en este caso existen
meras expectativas legítimas.
(…).
La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples
oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos,
diferenciándolos de las expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido
que los derechos adquiridos constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii)
concretos y consolidados; (iii) cumplen con los requisitos de ley; (iv) se
pueden exigir plenamente; (v) se encuentran jurídicamente garantizados; (vi)
se incorporan al patrimonio de la persona; (vii) son intangibles y en
consecuencia, el legislador al expedir una nueva ley no los puede lesionar o
desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas legítimas. Por su parte,
estas últimas se caracterizan por no haber cumplido los presupuestos legales
exigidos para la consolidación del derecho, aunque puedan llegar a
perfeccionarse en el futuro, y son tan solo probabilidades o esperanzas que
no constituyen derechos subjetivos consolidados y pueden ser modificadas
legítimamente por el legislador, con el fin de cumplir con objetivos
constitucionales.
(…).
Esta Corporación ha evidenciado que el contrato de concesión para la
explotación de recursos naturales no renovables tiene dos aspectos
primordiales, (i) el derecho de explotación que nace con la inscripción
del acto que otorga el título minero en el registro minero
correspondiente, de conformidad con el código de minas, y (ii) la
actividad propiamente dicha de exploración o explotación del bien público»
(resalta la Sala).
5) En relación con las peticiones de legalización de la minería tradicional el artículo 165
de la Ley 685 de 2001 dispuso, con carácter temporal, que los explotadores de minas
de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional podían solicitar el
otorgamiento de un contrato de concesión en el término improrrogable de tres (3) años
contados a partir del 1º de enero de 2002, siempre que el área solicitada estuviese libre
para contratar y cumpliera con los requisitos para tal efecto; posteriormente, el artículo
12 de la Ley 1382 de 2010 determinó que los grupos y asociaciones de minería
tradicional que explotaran minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro
Minero Nacional podían solicitar en el término improrrogable de dos (2) años, contados
12
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
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a partir del 9 de febrero de 2010, que la mina correspondiente les fuera otorgada en
concesión; esta última norma fue reglamentada por el Decreto 2715 de 2010 cuyo
capítulo correspondiente a la «Legalización Minera» fue objeto de modificación por el
Decreto no. 1970 de 201213, disposición que, a su turno, fue derogada tácitamente por
el Decreto 933 de 9 de mayo de 2013.
Sin perjuicio de lo anterior, i) la Corte Constitucional, en sentencia C-366 de 2011,
declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el término de dos (2)
años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes, con lo cual dicha norma salió del ordenamiento jurídico
el 12 de mayo de 2013 y, ii) el Decreto 933 de 2013 fue suspendido provisionalmente
por esta Corporación mediante auto de 20 de abril de 201614 y posteriormente anulado
en sentencia de 28 de octubre de 201915.
6) En lo que atañe a la delimitación del área objeto de los contratos mineros los
artículos 64 a 69 de la Ley 685 de 2001 definieron en una etapa inicial el «sistema de
polígonos», en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 64. AREA EN CORRIENTES DE AGUA. El área de la
concesión cuyo objeto sea la exploración y explotación de minerales en el
cauce de una corriente de agua, estará determinada por un polígono de
cualquier forma que dentro de sus linderos abarque dicho cauce continuo en
un trayecto máximo de dos (2) kilómetros, medidos por una de sus márgenes.
El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una
corriente de agua, será de hasta cinco mil (5.000) hectáreas, delimitadas por
un polígono de cualquier forma y dentro de cuyos linderos contenga un
trayecto de hasta cinco (5) kilómetros, medidos por una de sus márgenes.
Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante estudios
técnicos la necesidad de retener la totalidad del área solicitada en concesión.
Lo anterior sin perjuicio de que se obtengan las respectivas autorizaciones
ambientales para intervenir las zonas escogidas para la extracción de los
minerales, dentro del área de la concesión.
ARTÍCULO 65. AREA EN OTROS TERRENOS. El área para explorar y
explotar terrenos de cualquier clase y ubicación con exclusión del cauce de
las corrientes de agua, estará delimitada por un polígono de cualquier forma
y orientación delimitado con referencia a la red geodésica nacional. Dicha
área tendrá una extensión máxima de diez mil (10.000) hectáreas.
13 «Por el cual se modifica el Capítulo II del Decreto número 2715 de 2010».
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 11001-03-26-000-2014-00156 (52.506), auto
de 20 de abril de 2016, CP (E) Jaime Orlando Santofimio Gamboa; esta providencia fue confirmada en
sede de súplica por auto de 19 de septiembre de 2018, CP Guillermo Sánchez Luque.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 11001-03-26-000-2015-00169-00 (55.881),
sentencia de 28 de octubre de 2019, CP Martín Bermúdez Muñoz.
13
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ARTÍCULO 66. LAS REGLAS TÉCNICAS. En la identificación y delimitación
del área objeto de la propuesta y del contrato, serán de obligatoria aplicación
los principios, criterios y reglas técnicas propias de la ingeniería, geología y
la topografía, aceptadas y divulgadas oficialmente.
ARTÍCULO 67. NORMAS TÉCNICAS OFICIALES. El Gobierno Nacional por
medio de decreto, establecerá, en forma detallada, los requisitos y
especificaciones de orden técnico minero que deban atenderse en la
elaboración de los documentos, planos, croquis y reportes relacionados con
la determinación y localización del área objeto de la propuesta y del contrato
de concesión, así como en los documentos e informes técnicos que se deban
rendir. Ningún funcionario o autoridad podrá exigir en materia minera a los
interesados la aplicación de principios, criterios y reglas técnicas distintas o
adicionales a las adoptadas por el Gobierno.
ARTÍCULO 68. DEFINICIONES TÉCNICAS. El Gobierno Nacional adoptará
un glosario o lista de definiciones y términos técnicos en materia minera que
serán de obligatorio uso por los particulares y por las autoridades y
funcionarios en la elaboración, presentación y expedición de documentos,
solicitudes y providencias que se produzcan en las actuaciones reguladas por
este Código.
ARTÍCULO 69. AREA EFECTIVA DEL CONTRATO. El área del contrato de
concesión se otorga por linderos y no por cabida. En consecuencia, el
concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno en caso de que la
extensión real contenida en dichos linderos resulte inferior a la mencionada
en el contrato. La autoridad concedente, de oficio y en cualquier tiempo, podrá
ordenar, previa comprobación sobre el terreno y mediante resolución
motivada, la rectificación o aclaración de los linderos si advirtiere errores o
imprecisiones en los mismos» (mayúsculas sostenidas y negrillas del texto
original).
7) Posteriormente, el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018) estatuyó que la autoridad minera nacional podría adoptar un
sistema de cuadrícula única y continua para delimitar el área objeto de los contratos de
concesión minera, con la indicación de que podría ser implementado incluso respecto
de los títulos vigentes si el beneficiario así lo decidía16, aspecto que fue objeto de
desarrollo en la Resolución número 504 de 18 de septiembre de 2018 17 proferida por
la ANM, en la que se consagró, entre otros aspectos, que la cuadrícula minera está
conformada por un conjunto continuo de celdas de tres coma seis por tres coma seis
segundos de arco (3,6” x 3,6”) referidas a la red geodésica nacional vigente.
16 «ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN DE LA MINERÍA. (…) PARÁGRAFO. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula
para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua.
Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida (…)».
17 «Por medio de la cual se adopta el sistema de cuadrícula para la Agencia Nacional de Minería – ANM,
y se dictan otras disposiciones en materia de información geográfica».
14
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8) Luego se promulgó la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)
en la que se dispuso que i) la implementación del sistema de cuadrícula se llevaría a
cabo de acuerdo con los lineamientos que definiera la autoridad minera nacional, con
indicación de que todas las solicitudes y propuestas en curso se evaluarían con
base en este sistema18 y, ii) las solicitudes de formalización de minería tradicional
presentadas hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que
a la fecha de promulgación de dicha ley se encontraran vigentes y en área libre
continuarían su trámite19.
9) Finalmente, en atención a lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019
la ANM expidió la Resolución no. 505 de 2 de agosto de 201920 en la que se adoptaron
los lineamientos técnicos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a
partir del «sistema de cuadrícula minera», contenidos en el documento denominado
«Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a Partir del
Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos Mineros
al Sistema de Cuadrícula» y, al propio tiempo, i) definió como área mínima para el
otorgamiento de un título minero la correspondiente a una celda de la cuadrícula minera
de que trata la Resolución no. 504 de 2018 proferida esta misma entidad y, ii) estableció
el 31 de octubre de 2019 como fecha límite para la transformación y evaluación de las
propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite con base en el
sistema de cuadrícula minera.
18 “ARTÍCULO 24. SISTEMA DE CUADRÍCULA EN LA TITULACIÓN MINERA. La implementación del
sistema de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes
y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. // Todas las solicitudes y
propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad
minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda,
con excepción de las concesiones concurrentes. Se entiende por celda el cuadro definido por la autoridad
minera nacional como una unidad de medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos
de concesión minera. // Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del
sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el efecto
establezca la autoridad minera nacional”.
19 “ARTÍCULO 325. TRÁMITE SOLICITUDES DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL. Las
personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería
tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de
promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de
verificar la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no se
encuentra en área libre esta se rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo.
En caso de que la superposición sea parcial se procederá a los recortes respectivos. La autoridad minera
resolverá estas solicitudes en el término de un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica de la
solicitud”.
20 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás capas
cartográficas al sistema de cuadrícula, se establece la metodología para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras en cuadrícula y se implementa el periodo de transición para la puesta en producción
del Sistema Integral de Gestión Minera”.
15
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Análisis de los cargos de nulidad
4.1 Primer cargo: ausencia de motivación
1) Este reproche se contrae a señalar que los actos administrativos demandados
carecen de motivación porque las consideraciones allí expuestas «son abstractas,
ausentes de razones y [de] justificaciones legales».
2) Al respecto, la Sala encuentra lo siguiente:
a) En relación con la ausencia de motivación esta corporación ha precisado que, por
regla general, «los actos administrativos deben revelar las razones de su expedición,
la fundamentación jurídica y la valoración fáctica que sustenta tales decisiones, so pena
de originar la causal de nulidad del acto por expedición irregular«21, con la indicación
de que «no hay falta de motivación del acto principal, cuando al menos en forma
sumaria, se dan las razones o fundamentos de la decisión, lo que debe resultar
suficiente para que la demandante entienda el punto de la controversia lo que permite
incluso el examen contextual del procedimiento administrativo previo al acto»22.
b) De igual forma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la causal
de nulidad de ausencia de motivación difiere de la denominada falsa motivación, en los
siguientes términos:
«(…) una cosa es la falsa motivación y otra la falta de motivación: la
primera, es un evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica y
jurídica del acto administrativo, y la segunda, es un aspecto
procedimental, formal, ya que ésta es la omisión en hacer expresos o
manifiestos en el acto administrativo los motivos del mismo. La falsa
motivación plantea para el juzgador un problema probatorio, de confrontación
de dos extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica atinente al
mismo, con miras a comprobar la veracidad; también plantea un juicio lógico
de correspondencia entre la realidad constatada y la consecuencia jurídica
que se pretende desprender de ella, cuando la primera resulta demostrada.
De otro lado, la falta de motivación le significa un problema de
valoración directa del cuerpo o contenido del acto sobre si se expresan
21 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 1º de junio de 2016, exp. 2012-00283-01 (21.702), CP Martha Teresa Briceño de Valencia;
ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 6 de octubre
de 2022, exp. 2019-00095-01 (26.323), CP Julio Roberto Piza Rodríguez y, iii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 9 de noviembre de 2023, exp. 2018-
00680-01 (27.761), CP Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1º de agosto
de 2019, exp. 2013-00904-01 (21.826), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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Sentencia de única instancia
o indican razones para su expedición, y si lo dicho es suficiente como
para tenerse como motivación»23.
c) En ese orden, es claro que cuando se alega la falta de motivación es menester
acreditar que el acto carece totalmente de fundamentos o que las razones consignadas
fueron insuficientes para justificar la decisión.
d) Para este caso concreto, la Sala advierte que la parte considerativa de las
Resoluciones números 001134 de 29 de octubre de 2019 y 000270 de 27 de marzo de
2020 expedidas por la ANM consagra de manera expresa y detallada los motivos de
hecho y de derecho que sustentaron el rechazo de la solicitud de formalización de
minería tradicional con radicación número OD8-16501, con el siguiente tenor:
(i) Resolución número 001134 de 29 de octubre de 2019:
«RESOLUCIÓN NÚMERO
(001134)
“Por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería
tradicional No. OD8-16501”
EL VICEPRESIDENTE DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN (E)
(…).
CONSIDERANDO
(…).
Que el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015 consagra que “(...) la
Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadricula para
delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será
única y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadriculas los
títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida”.
Que mediante la Resolución No. 504 de 18 de septiembre de 2018 “(...) se
adopta el sistema de cuadricula para la Agencia Nacional de Mineria - ANM,
y se dictan otras disposiciones en materia de información geográfica”,
especificando en el artículo 3° que “Se adopta como cuadricula minera la
conformada por un conjunto continuo de celdas de tres coma seis por tres
coma seis segundos de arco (3,6" x 3,6") referidas a la red geodésica nacional
vigente. La cuadrícula minera entrará en operación junto con la herramienta
informática Sistema Integral de Gestión Minera o el que haga sus veces”, así
mismo, en el artículo 4° establece que “Las solicitudes y propuestas
presentadas con anterioridad y los contratos de concesión generados a partir
de la puesta en operación del Sistema Integral de Gestión Minera estarán
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de junio
de 2013, exp. 2007-00169-01 (17.495), CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
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conformados espacialmente por celdas completas y colindantes por un lado
de la cuadricula minera”, y en el Parágrafo del citado artículo señala que “Las
dimensiones de las celdas que conforman la cuadricula minera serán
revisadas con base en el análisis que al respecto realice la autoridad minera,
cada quinquenio, a partir de la expedición de la presente resolución”.
Que hace parte integral de la Resolución No. 504 de 2018 el documento
técnico denominado “Especificaciones técnicas sobre la adopción del sistema
de referencia y la cuadricula minera en la ANM”, el cual contiene los
argumentos técnicos que soportan las disposiciones en materia de
información geográfica.
Que el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, dispuso que “La implementación del sistema de cuadriculas se llevará
a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. Todas
las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de
cuadricula minera implementado por la autoridad minera nacional. Por lo
anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. Se entiende por celda
el cuadro definido por la autoridad minera nacional como una unidad de
medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos de
concesión minera”.
(…).
Que mediante la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019, la Agencia Nacional
de Minería adoptó los lineamientos para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras a partir del sistema de cuadricula y definió el área mínima,
así mismo dio inicio al periodo de transición en el cual se deberán evaluar las
solicitudes mineras en el sistema de cuadricula minera.
(…).
Que el día 8 de abril de 2013 fue presentada la Solicitud de Formalización de
Minería Tradicional por los señores ANDREA PAOLA CELY GRIJALBA
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52835081 y JOSÉ FEDERICO
CELY SIERRA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4233843, para la
exploración y explotación de un yacimiento clasificado técnicamente como
CARBÓN COQUIZABLE O METALURGICO, ubicado en el municipio de
SAMACÁ, departamento de BOYACÁ, a la cual le correspondió el expediente
No. OD8-16501.
Que verificado el expediente No. OD8-16501, se verificó que el trámite se
encuentra vigente siendo procedente su evaluación bajo las condiciones del
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, para lo cual, en cumplimiento de la
Resolución 505 de 2019 mencionada, el Grupo de Legalización Minera, emitió
el día 6 de octubre de 2019 concepto de transformación y migración de área
al sistema de cuadricula minera, determinando lo siguiente:
(…).
Que el día 15 de octubre de 2019 se evaluó jurídicamente la Solicitud de
Formalización de Minería Tradicional No. OD8-16501 y con base en el
concepto de transformación y migración al sistema de cuadricula minera de
fecha 6 de octubre de 2019, el cual concluye que, no queda área susceptible
de contratar, se considera procedente jurídicamente el rechazo de la solicitud
No. OD8-16501, de conformidad con el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
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(…).
Que del resultado de la evaluación de la Solicitud de Formalización de Minería
Tradicional No. OD8-16501, se evidencia que la misma no cuenta con área
libre susceptible de contratar con fundamento en la evaluación técnica y la
norma que regula la materia y se considera procedente su rechazo.
(…).
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar la Solicitud de Formalización de Minería
Tradicional No. OD8-16501 por las razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído (…)» (negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original
– índice 2 SAMAI24).
(ii) Resolución número 000270 de 27 de marzo de 2020:
«RESOLUCIÓN NÚMERO VCT. 000270 DE
(27 MARZO 2020)
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
DENTRO DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE
MINERÍA TRADICIONAL No. OD8-16501”
EL VICEPRESIDENTE (E) DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
(…).
La protección a los derechos adquiridos constituye una garantía
constitucional que al tenor del articulo 58 superior no pueden ser
desconocidos ni vulnerado por leyes posteriores.
A partir de este postulado, la Corte Constitucional precisó los alcances de
este derecho fundamental en los siguientes términos: “La Corte encuentra
que de conformidad con criterios doctrinarios y jurisprudenciales expuestos,
se puede afirmar que los derechos adquiridos, protegidos
constitucionalmente por el articulo 58 Superior, se refieren a derechos
subjetivos consolidados e intangibles, que cumplieron con las condiciones
contempladas en la ley (...)”. Con base en lo anterior, es preciso afirmar que
un derecho adquirido se configura ante una situación jurídica consolidada y
definida bajo el imperio de una Ley.
Ahora bien, el artículo 16 del Código de Minas frente a los derechos que
otorga la presentación de una solicitud minera dispuso: “Articulo 16. Validez
de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión, mientras se
halle en trámite, no confiere, por si sola, frente al Estado, derecho a la
celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a
terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia
para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales”.
Siguiendo lo expuesto, y con ocasión a la sentencia invocada por la
recurrente, el mismo Órgano Constitucional definió las meras expectativas en
el siguiente sentido: “Las meras expectativas, consisten en probabilidades de
24 Archivo: «2ED_ANEXO1(.PDF) NroActua 2».
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
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adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden
ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de
equidad. En las meras expectativas, resulta probable que los presupuestos
lleguen a consolidarse en el futuro”.
(…).
Pues bien, como es de público conocimiento el Gobierno Nacional consagró
en el artículo 12 dé la Ley 1382 de 2010 un régimen para formalizar las
actividades desarrolladas en minas de propiedad del estado sin el amparo de
título minero alguno, en este punto es importante traer a colación la sentencia
C-259 de 2016 invocada por la peticionaria en su escrito, pues es aquí donde
la Corte Constitucional a partir del estudio, de otra figura de legalización
(minería de hecho) reconoce en este tipo de programas una serie de
prerrogativas que, adicional a la ya enunciada en el artículo 16 del Código de
Minas, posibilitan el ejercicio de actividades minera en el área de interés.
No obstante la misma Corte reconoce que para que le sea consolidado el
derecho de celebrar un contralo estatal, se deben agotar todas y cada una de
las etapas previstas por la Ley.
En este orden de ideas, y dado que en vigencia de la Ley 1382 de 2010 no
se configuró en favor de la solicitante una situación jurídica que deba ser
protegida como la suscripción de un contrato de concesión, entiende esta
Vicepresidencia que en la actualidad no le ha nacido a la recurrente derecho
diferente al de evaluar la solicitud presentada bajo las condiciones normativas
aplicables como se verá en el presente acto administrativo.
(…).
El programa de formalización de minería tradicional se originó inicialmente
con la expedición del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 cuya reglamentación
se dio a través del Decreto 2715 de 2010 modificado a su vez por el Decreto
1970 de 2012, preceptos estos que fueron declarados inexequibles por el alto
órgano Constitucional a través de Sentencia C-366 de 2011.
Posteriormente, con el fin de resolver las solicitudes radicadas en virtud del
artículo 12 de la Ley 1382 de 2010; el Gobierno Nacional expide el Decreto
0933 de 2013, que fuere compilado en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.1 y siguientes
del Decreto 1073 de 2015. Sobre el particular es preciso señalar que
mediante Auto de fecha 20 de abril de 2016, emitido por el Consejo de
Estado, dentro del Medio de Control de Nulidad radicado bajo el No. 11001-
03-26-000-2014-00156-00 se dispuso la suspensión del Decreto 0933 de
2013, lo que significó la suspensión de las solicitudes de minería tradicional
pendientes por resolver.
Atendiendo esta situación particular, el Gobierno Nacional puso en marcha el
día 25 de mayo del 2019 el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 1955 de 2019, en el cual se
estableció un nuevo marco normativo con el fin adelantar los trámites de las
solicitudes de formalización de minería tradicional que fueron presentados
hasta el 10 de mayo de 2013, el cual quedo contenido en el artículo 325 que
a su tenor establece:
(…).
La Corte Constitucional definió el principio “TEMPUS REGIT ACTUS” como
la aplicación de la norma vigente al momento de sucederse los hechos
prevista por ella.
20
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
Es así como los actos jurídicos celebrados durante la vigencia de una ley no
pueden verse afectados en su validez por leyes posteriores pese a que esta
hubiese sido declarada posteriormente inconstitucional, así lo señaló la Alta
Corte: “Sobre este punto, esta Corporación ha dejado en claro que los actos
administrativos particulares y concretos así como los actos jurídicos
celebrados por la administración durante la vigencia de una ley que
posteriormente es declarada inconstitucional no se ven afectados en su
validez o eficacia por dicha consideración respecto de la Ley, pues, se impone
reconocer allí la vigencia del principio de seguridad jurídica, manifestado,
justamente en que la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, por
principio, surte electos hacia futuro, dejando indemne las situaciones jurídicas
que fueron gobernadas durante su vigencia”.
(…).
A partir de lo antes expuesto y como se señaló en líneas anteriores, no existe
en el presente caso derecho consolidado en vigencia de la Ley 1382 de 2010
que le permita a la recurrente afirmar que a partir del principio invocado
"TEMPUS REGIT ACTUS" su solicitud no pueda ser evaluada bajo nuevos
preceptos normativos, pues ante la necesidad de resolver su situación
jurídica, fue el mismo legislador quien atendiendo las circunstancias
particulares de los trámites vigentes cobijados bajo la figura de formalización
de minería tradicional crea en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 un nuevo
marco normativo para concretar estos procesos administrativos.
(…).
Según lo establecido con la Corte Constitucional, todo proceso debe ser
considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo
final es la definición de una situación jurídica. Por ello, en sí mismo no se
erige como una situación consolidada sino como una situación en curso Por
tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en
trámite tan pronto entren en vigencia.
Ahora bien, el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 circunscribe su ámbito de
aplicación a aquellas solicitudes de formalización de minería tradicional
vigentes a la fecha en que la precitada normatividad entró a regir, por su parte
el artículo 24 de la misma normatividad cobija a todas las solicitudes y
propuestas en trámite las cuales se evaluarán conforme al sistema de
cuadricula minera implementado por esta autoridad.
Es así como, a partir de los preceptos dispuestos en las normas enunciadas,
es claro que la voluntad del legislador no fue modificar situaciones jurídicas
consolidas pues ellas gozan de toda presunción legal, por el contrario, lo que
se pretendía era crear un nuevo marco normativo para aquellas solicitudes
vigentes cobijadas bajo el programa de formalización de minería tradicional
en aras de definir un proceso administrativo que ha sido objeto de múltiples
modificaciones.
Bajo este entendido, es claro que con la aplicación de las precitadas normas
no se ha configurado los fenómenos de ultraactividad y retroactividad de la
Ley por cuanto no se han afectado situaciones de hecho consolidadas por
fuera del ámbito de su aplicación.
.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERA.- CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución No.
001134 del 29 de octubre de 2019 “Por medio del (sic) cual se archiva la
21
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solicitud de minería tradicional N° OD8-16501” lo anterior de conformidad con
la parte motiva del presente acto administrativo» (índice 2 SAMAI25 – negrillas
y mayúsculas sostenidas del texto original).
e) Por lo anotado, este motivo de censura no está llamado a prosperar, por cuanto, es
evidente la ausencia total de fundamento válido, pues, la realidad indica,
palmariamente, que los actos administrativos demandados cuentan con la necesaria y
debida motivación de soporte, tanto fáctica como jurídica, para cuya constatación basta
con una lectura desprevenida de sus respectivos textos.
4.2 Segundo cargo: falsa motivación y violación del derecho constitucional
fundamental del debido proceso
1) En sustento de este cargo de nulidad la demandante arguyó que los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad por falsa motivación y, además,
porque desconocen lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, con base
en las siguientes consideraciones:
a) No es jurídicamente viable aplicar en forma retroactiva lo dispuesto en los artículos
21 de la Ley 1753 de 2015 y 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019, así como
tampoco en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2
de agosto de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de
formalización de minería tradicional con radicación número OD8-16501 de 8 de abril
de 2013, toda vez que, la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010
contenida en la sentencia C-366 de 2011 tuvo por efecto automático la consolidación
de un derecho adquirido en favor la demandante por el hecho de no haberse cumplido
la finalidad para la cual fue expedida, de conformidad con lo dispuesto en las sentencias
C-242 de 2009 y C-259 de 2016.
b) La petición de formalización de minería tradicional debió tramitarse con base en lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos reglamentarios
números 1970 de 2012 y 933 de 2013 por ser las normas vigentes al momento de su
presentación; en consecuencia, se debió requerir a la demandante y realizar las visitas
técnicas necesarias para verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones
mineras, el estado de avance, el mineral objeto de la explotación y otras condiciones
en la forma y términos previstos en dichas normas.
25 Archivo: «3ED_ANEXO2(.PDF) NroActua 2».
22
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c) Las normas del «sistema de cuadrícula minera» se aplican únicamente a los
contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de legalización
de minería tradicional.
d) Operó el fenómeno de la «reviviscencia» respecto de las normas derogadas o
modificadas por la Ley 1382 de 2010, motivo por el cual la solicitud de formalización de
minería tradicional debió regirse por las disposiciones que «resurgieron» por virtud de
la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-366 de 2011 proferida
por la Corte Constitucional.
2) Este motivo de cuestionamiento tampoco está llamado a prosperar, por las
siguientes razones:
a) La aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 23, 24,
325 y 329 de la Ley 1955 de 2019, así como en las Resoluciones números 504 de 2018
y 505 de 2019 proferidas por la ANM, no desconoce lo dispuesto en el artículo 29
constitucional ni tampoco vicia de falsa motivación los actos administrativos
demandados, toda vez que, al momento de decidir la petición de formalización de
minería tradicional con radicación número OD8-16501 de 8 de abril de 2013 no existía
un derecho adquirido en favor de la demandante por efecto de la declaración de
inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011
proferida por la Corte Constitucional, como se explica a continuación:
(i) El artículo 58 constitucional dispone que «se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores»; a su turno, el artículo 17 de la Ley
153 de 1887 preceptúa que «[l]as meras expectativas no constituyen derecho contra la
ley nueva que las anule o cercene».
En relación con este específico aspecto de la controversia es menester precisar que el
concepto de derecho adquirido corresponde a aquella situación de carácter subjetivo
predicable respecto de una persona natural o jurídica que, de conformidad con la
normatividad que regula la materia, se encuentra perfectamente definida o consolidada;
en cambio, la mera expectativa es aquella situación subjetiva que se busca o espera
obtener, pero que aún se encuentra en trámite o que apenas se tiene proyectada, vale
23
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decir, que no ha alcanzado a perfeccionarse, es decir, que no es parte o no ha
ingresado como derecho al patrimonio de la persona26.
(ii) Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puesto de
presente, en forma reiterada, que i) la retroactividad se da cuando una norma
expresamente contemple la posibilidad de ser aplicada a situaciones de hecho que se
consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia; ii) la ultraactividad implica la
aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que
tuvieron lugar durante su término de vigor, empero, actualmente se encuentran regidos
por una nueva disposición jurídica con el objeto de proteger derechos adquiridos y, iii)
la retrospectividad se presenta cuando las normas se aplican a situaciones que si bien
surgieron con anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que entra en vigencia la nueva ley; aspectos estos que ha
explicado en los siguientes términos:
«A su turno, la parte primera de la Ley 153 de 1887, que en su artículo 49
derogó el artículo 13 del Código Civil, prescribe las reglas generales para
resolver los conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo, entre
las cuales se contemplan (i) el principio de prevalencia general de la ley
posterior sobre la anterior, (ii) la regla de que las meras expectativas no
constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, (iii) el
efecto general inmediato de las leyes, (iv) la subsistencia del estado civil
adquirido conforme a la ley anterior pero con arreglo a la ley posterior en
cuanto al ejercicio de derechos y obligaciones inherentes a dicho estado, (v)
la conservación de derechos reales constituidos bajo ley anterior pero con
sujeción al imperio de la ley nueva en cuanto a su ejercicio, cargas y extinción,
(vi) la validez de los contratos celebrados bajo ley anterior con sometimiento
de sus efectos a la ley nueva, y (vii) la preferencia de la ley preexistente
favorable en materia penal, entre otros.
Por su parte, el Constituyente de 1991 no dejó de lado la cuestión de la
aplicación de la ley en el tiempo, y en el artículo 58 Superior consagró
el efecto no retroactivo de las leyes al enunciar que se garantizan los
derechos adquiridos con justo título, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Ello, claro está, sin
perjuicio del principio de favorabilidad penal previsto en el inciso 3º del
artículo 29 de la Carta, a cuyo tenor “en materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva
o desfavorable”.
A partir de este contexto, se tiene que, en principio, las normas que
integran el ordenamiento jurídico rigen con efecto general e inmediato
para los actos, hechos o situaciones jurídicas que tienen lugar con
posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, ante tránsitos
normativos, los operadores jurídicos se enfrentan a escenarios en los
26 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de agosto de
2025, exp. 2020-03846-01 (71.883), CP Fredy Ibarra Martínez.
24
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que se abre paso la aplicación de las normas con distintos efectos en el
tiempo.
La retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las situaciones
que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia. La
irretroactividad de la legislación implica, entonces, la imposibilidad
genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la
entrada en vigencia de una disposición nueva. El alcance de esta
proscripción –que, como se vio, cuenta con fundamento constitucional– se
plasma en que la nueva disposición no tiene vocación para afectar hechos o
consecuencias jurídicas que se han formado válidamente al amparo de una
ley anterior, como garantía de seguridad jurídica. En consecuencia, la
excepcional aplicación retroactiva de una norma sólo puede tener lugar por
expresa disposición del legislador –en tanto productor de la norma–, jamás al
arbitrio del juez.
(…).
El fenómeno de la retrospectividad, por su parte, es consecuencia
normal del efecto general e inmediato de la ley, y se presenta cuando
las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con
anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “el efecto en el tiempo de
las normas jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia el
futuro, ‘pero con retrospectividad, (…) siempre que la misma norma no
disponga otro efecto temporal (…)’. De este modo, ´aquello que dispone
una norma jurídica debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con
la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el pasado
(retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento
de entrada en vigencia de la norma´”.
(…).
De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación, se puede concluir que las reglas de derecho sobre aplicación
de la ley en el tiempo son las siguientes: “(i) por regla general las normas
jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica
que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular
situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas
anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica
comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que
se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no han
finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse
en curso la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se
introducen en el ordenamiento jurídico con el objeto de superar
situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), el
juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación
en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones
jurídicas en curso, en cuanto el propósito de estas disposiciones es brindar
una pronta y cumplida protección a grupos sociales marginados”» (se
destaca).
De igual manera, esta Corporación ha puesto de presente que la aplicación
retrospectiva del «sistema de cuadrícula minera» para tramitar y decidir solicitudes en
presentadas en vigencia del «sistema de polígonos» no comporta el desconocimiento
25
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de los derechos de los solicitantes, en la medida en que la presentación de la propuesta
minera únicamente concede el derecho de prelación respecto de aquellas que se
radiquen de manera posterior, pero, no concede ningún derecho adquirido, en los
siguientes términos:
«Para esta Sala, la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula
minera a las solicitudes de esa naturaleza que se radicaron bajo la
vigencia del anterior sistema de celdas, no representa una vulneración
de los derechos de los peticionarios, en la medida en que para tal
momento no existía un derecho adquirido, sino una mera expectativa,
además de que tal figura propende por acabar con la incertidumbre del
modelo anterior, que generaba una falta de certeza sobre las áreas que se
otorgaban para la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que por medio de las
Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, el legislador estableció el sistema
de cuadrícula como un mecanismo para delimitar el área objeto de los
contratos de concesión minera en Colombia y dispuso su aplicación
inmediata, incluyendo a las solicitudes que se hubieran presentado con
anterioridad a la creación de ese mecanismo.
(…).
Ahora, el hecho de que el sistema de cuadrícula se hubiera previsto
frente a solicitudes en curso no tiene la vocación de afectar ningún
interés o derecho de los solicitantes, ya que la simple propuesta minera
solo concede el derecho de prelación respecto de aquellas que se
radiquen de manera posterior, pero su simple radicación no otorga por sí
misma la posibilidad de explorar y explotar las minas del Estado, pues ello
solo surge una vez se cumplen los requisitos para la firma del contrato de
concesión y este se suscribe y registra»27.
(iii) Para este caso concreto la Sala advierte que no le asiste la razón a la demandante
en afirmar que la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en
la sentencia C-366 de 2011, proferida por la Corte Constitucional, tuvo por efecto
automático la consolidación de un derecho adquirido en favor suyo «por el hecho de
no haberse cumplido la finalidad para la que fue expedida» (índice 2 SAMAI28), por
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de septiembre de 2023, exp.
2022-00206-00 (69.267), CP Marta Nubia Velásquez Rico. Este criterio de decisión fue reiterado en la
siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de octubre
de 2024, exp. 2021-00071-00 (66.795), CP José Roberto Sáchica Méndez.
28 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2» – pág. 10.
26
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cuanto el artículo 24329 de la Constitución Política ni los artículos 4530 y 4831 de la Ley
270 de 1996 prevén expresamente tal consecuencia jurídica, aunado al hecho de que
la referida corporación, única legitimada para definir los efectos de sus sentencias32,
no efectuó alguna manifestación al respecto en dicha providencia.
(iv) De igual forma, a partir del análisis de las sentencias referidas por la demandante
(C-242 de 2009 y C-259 de 2016 expedidas por la Corte Constitucional) tampoco es
jurídicamente viable concluir que exista algún derecho adquirido en cabeza favor de
aquella.
En efecto, (i) la sentencia C-242 de 2009 resolvió una demanda de constitucionalidad
en contra del el artículo 113 (parcial) de la Ley 50 de 1990 «por la cual se introducen
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», aspecto
que a todas luces no guarda relación con esta controversia y, (ii) la sentencia C-259 de
2016 declaró exequible una parte del artículo 165 de la Ley 685 de 2001 según la cual
mientras no sean resueltas las solicitudes de legalización de minería presentadas entre
el 1º de enero de 2002 y el 1º de enero de 2005 no hay lugar a proceder con el decomiso
de los minerales ni con las acciones penales correspondientes, punto de derecho que
tampoco guarda relación con lo debatido en este específico proceso judicial.
(v) Por otra parte, precisa la Sala que la sola presentación de la petición de
formalización de minería tradicional no generó una situación jurídica consolidada en
favor de los señores Andrea Paola Cély Grijalba y José Federico Cély Sierra, dado que
esta no confiere el derecho a la celebración del contrato ni la obtención de los derechos
subjetivos propios del título minero sobre el área objeto de la referida petición,
29 «ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional (…)».
30 «ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN
DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera
la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario».
31 «ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el
siguiente efecto: // 1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas
legales (…) sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva (…)».
32 Al respecto ver: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, MP Vladimiro Naranjo
Mesa: «Se torna forzoso concluir -y reiterar- que sólo la Corte Constitucional puede definir los
efectos de sus sentencias. La prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder
público (…), el silencio que guardó la Carta Política para señalar los alcances de las providencias
dictadas por los altos tribunales del Estado, la labor trascendental que cumple esta Corporación en el
sentido de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de “cosa juzgada
constitucional” y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (…), son suficientes para inferir que el
legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a las sentencias que en desarrollo
de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte».
27
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únicamente confiere un derecho de prelación o preferencia para celebrar el contrato de
concesión, en atención a lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001.
(vi) Así las cosas, tampoco le asiste la razón a la parte actora en afirmar que la
aplicación del «sistema de cuadrícula minera» violó la prohibición de retroactividad de
la normas jurídicas, pues, aunque la petición de formalización de minería tradicional
número OD8-16501 de 8 de abril de 2013 se hubiese radicado en vigencia del anterior
sistema de polígonos previsto en la Ley 685 de 2001, lo cierto es que, al momento de
decidir la referida solicitud no existía ninguna situación jurídica consolidada o derecho
adquirido en favor suyo con vocación de impedir la aplicación retrospectiva de las
normas del «sistema de cuadrícula minera», aun cuando pudiese anular o cercenar
meras expectativas, las cuales, por regla general, no son susceptibles de protección
legal por virtud de lo expresa y puntualmente dispuesto en el artículo 17 de la Ley 153
de 1887.
b) La petición de formalización de minería tradicional del 8 de abril de 2013 no debía
tramitarse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y
en los Decretos Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013 y, en ese orden,
tampoco era menester requerir a la demandante ni realizar las visitas técnicas
necesarias para verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones mineras, el
estado de avance, el mineral objeto de la explotación y otras condiciones pertinentes
en la forma y términos previstos en dichas normas, por razón de que para la época en
que adoptó la decisión de rechazar la solicitud de formalización de minería tradicional
las referidas normas no tenían vocación de producir efectos jurídicos, por las siguientes
razones:
(i) El artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 salió del ordenamiento jurídico desde el 11 de
mayo de 2013 por virtud de la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia
C-366 de 2011.
(ii) El artículo 91 del CPACA dispone lo siguiente en relación con la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos:
«ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad
y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
28
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1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el
acto.
5. Cuando pierdan vigencia» (se resalta).
En ese marco normativo, es palmario que para la fecha en la que se estudió y decidió
la petición de formalización de minería tradicional con radicación número OD8-16501
de 8 de abril de 2013 los Decretos Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de
2013 habían perdido toda fuerza ejecutoria, pues, el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010
-disposición legal que reglamentaban- había sido declarado inexequible por la Corte
Constitucional, aunado al hecho de que el Decreto reglamentario número 933 de 2013
se encontraba suspendido provisionalmente como consecuencia de lo resuelto por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C en auto de 20 de abril de 2016,
exp. 2014-00156 (52.506), CP (E) Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
c) En atención a lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 «[t]odas las
solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera
implementado por la autoridad minera nacional»; en ese orden, no le asiste la razón a
la parte actora en sostener que el «sistema de cuadrícula minera» no es aplicable a las
solicitudes de formalización de minería tradicional en curso.
d) En relación con el fenómeno jurídico de la «reviviscencia» o reincorporación de
normas derogadas por disposiciones declaradas inexequibles, la Sala advierte que el
trámite de la solicitud de legalización de minería tradicional con radicación número
OD8-16501 de 8 de abril de 2013 no podía regirse por disposiciones expedidas antes
de la entrada en vigencia de Ley 1382 de 2010, puesto que el artículo 16533 de la Ley
685 de 2001 únicamente es aplicable a las peticiones de legalización presentadas entre
33 «ARTÍCULO 165. LEGALIZACIÓN. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3)
años contados a partir del primero (1o) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les
sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre
que el área solicitada se hallare libre para contratar (…)» (se resalta).
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Sentencia de única instancia
el 1º de enero de 2002 y el 1º de enero de 2005; en ese orden, este fundamento de
reproche no está llamado a prosperar.
4.3 Tercer cargo: las normas de la Ley 1955 de 2019 no son aplicables para
decidir la petición de legalización de minería tradicional por el hecho de no
surtir el trámite de la consulta previa
1) Desde otro ángulo de argumentación, la parte actora estima que los artículos 23, 24,
325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no eran aplicables para decidir la petición de
legalización de minería tradicional con radicación número OD8-16501, porque, de
conformidad con lo establecido en los artículos 330 constitucional y 6 del Convenio no.
169 de la OIT, «las disposiciones que se refieran a la explotación de recursos naturales
no renovables, en las zonas que se asientan las comunidades diferenciadas, son
susceptibles de Consulta Previa», pero, las referidas normas no surtieron dicho trámite.
2) Al respecto, la Sala denota que este cargo de nulidad no resulta atendible dado que
i) el control abstracto de constitucionalidad de los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley
1955 de 2019 corresponde exclusivamente a Corte Constitucional en los precisos
términos del artículo 241 de la Constitución Política y, ii) para este caso concreto la
parte actora no justificó las razones por las cuales es jurídicamente viable inaplicar las
referidas medidas legislativas por el hecho de que supuestamente no surtieron el
trámite de la consulta previa; es decir, no expuso los motivos por los cuales aquellas
tienen vocación de afectar directamente los intereses de grupos étnicos diferenciados34
ni tampoco aportó prueba de su trámite legislativo; por manera que, tampoco es posible
constatar si dichas normas fueron sometidas al trámite de consulta previa.
4.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones
504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes,
ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución Política
1) En cuanto a este otro motivo de reproche de legalidad, en concepto de la actora los
actos administrativos acusados no podían fundarse en las Resoluciones 504 de 2018
34 La Corte Constitucional ha entendido que ello ocurre cuando las medidas legislativas alteran el estatus
de la persona o de la comunidad por el hecho de imponer restricciones o conceder beneficios, con la
indicación de que las medidas legislativas de carácter general que afecten de forma igualmente uniforme
a todos los ciudadanos no están sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general
tenga previsiones expresas que sí interfieran con esos intereses. Al respecto ver: i) Corte Constitucional,
Sala Plena, sentencia C-030 de 23 de enero de 2008, MP Rodrigo Escobar Gil; ii) Corte Constitucional,
Sala Plena, sentencia C-461 de 14 de mayo de 2008, MP Manuel José Cepeda Espinoza; iii) Corte
Constitucional, Sala Plena, sentencia C-145 de 2009, MP Luis Ernesto Vargas Silva y, iv) Corte
Constitucional, Sala Plena, sentencia C-493 de 26 de noviembre de 2020, MP Diana Fajardo Rivera.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
y 505 de 2019 proferidas por la ANM, por cuanto estas «son improcedentes, ilegales y
violatorias del artículo 29 de la Carta Política» porque «no pueden hacer las veces de
decretos reglamentarios» de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955 de 2018, en
atención a lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política.
2) Sobre el particular, la Sala advierte que este argumento de censura no tiene
vocación de prosperidad debido a que su contenido y alcance se circunscribe a debatir
directamente la legalidad de las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019
proferidas por la ANM, actos administrativos de carácter general cuya nulidad no se
pretende en este proceso judicial, aunado al hecho de que no se advierte en forma
palmaria la contradicción de estas disposiciones con el artículo 360 de la Constitución
Política de manera tal que deban inaplicarse por inconstitucionales, pues, no tienen
vocación de fijar las condiciones para la explotación de algún recurso natural no
renovable; huelga decir, no crean requisitos, formalidades, ni pruebas para el trámite
de las solicitudes mineras, únicamente establecen distintas reglas técnicas para la
implementación del «sistema de cuadrícula minera» previamente adoptado en los
artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019 por razón de las
facultades especiales conferidas a la ANM para tal efecto en estas últimas normas.
Conclusión
En tales condiciones, por no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
ampara los actos administrativos demandados se impone denegar las pretensiones de
la demanda.
Condena en costas
1) La Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal y modificó
el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno objetivo, el cual
se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes. El nuevo
precepto prevé: «salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
2) De la norma objeto de análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: i)
retornó a un criterio objetivo que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de las
partes o sujetos procesales; ii) estableció una regla general según la cual en la
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste, del
comportamiento de las partes y, iii) la excepción a la regla general de la condena en
costas, se encuentra prevista para aquellos procesos en los cuales se «ventile un
interés público», de manera que se debe precisar qué se debe entender por «interés
público» para efectos de la condena en costas.
3) Sobre este punto la Sala reitera lo ya expuesto en ocasión anterior35 que la expresión
«interés público» necesariamente debe ser asimilada a «acciones públicas,
contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad» en atención al
principio de interpretación del efecto útil de las normas36.
En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas, tienen
como finalidad la protección del interés público porque buscan definir controversias y
litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez procuran la satisfacción
del interés general; sin embargo, este entendimiento amplio o extensivo de la norma
conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta perdería eficacia bajo ese
específico entendimiento, pues, no procedería la condena en costas en ningún proceso
que se adelantara ante esta jurisdicción.
De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es
equiparar «interés público» a «medios de control públicos» (v gr nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).
En esa perspectiva, en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen
intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares
(v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales;
reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte
vencida, sin importar si es demandante o demandada.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. no.
2019-00011-00 (63.217), CP Fredy Ibarra Martínez.
36 «Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo
efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple.
Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad condicionada y de
inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los
principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios mencionados,
mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el
principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar
grave confusión e incertidumbre» Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.
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Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)
Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
4) Por lo anterior, en los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del
CGP, la parte demandante debe asumir las costas porque se negaron las súplicas de
la demanda, las cuales se liquidarán en forma concentrada por la Secretaría de la
Sección Tercera de esta Corporación según dispone el artículo 366 del Código General
del Proceso. Las costas incluyen las agencias en derecho que serán fijadas en
proveído posterior a esta decisión judicial.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Deníeganse las pretensiones de la demanda.
2º) Condénase en costas a la parte actora, tásense.
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría archívese el expediente
previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Con aclaración de voto
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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