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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00037-00

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00037-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase la nulidad de los siguientes apartes del pliego de condiciones del concurso de méritos abierto número CMA-AT-APSB-006-2020, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Administración Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: a) Del capítulo 1, sobre participantes, la siguiente disposición: “En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con un tiempo de constitución de la sociedad de mínimo tres (3) años (contados a partir de la fecha de adquisición de la personería jurídica en Cámara de Comercio, lo cual se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal). (…)”. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, MP Fredy Ibarra Martínez. 21 Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633) Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER) Nulidad simple –sentencia de única instancia b) Del numeral 4.3, sobre experiencia mínima habilitante, los siguientes acápites: “En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con un tiempo de constitución de la empresa de mínimo tres (03) años (contados a partir de la fecha de inscripción en el Certificado de Existencia y Representación Legal). (…) en el Certificado de Existencia y Representación Legal (para personas jurídicas)”. c) Del numeral 6.1, sobre puntaje otorgado por experiencia general del proponente, el siguiente aparte: “Para el caso de personas jurídicas, se asignarán 2 puntos por cada año adicional a lo mínimo exigido, de constitución de la empresa, hasta obtener un máximo de 29 puntos. (…) del Certificado de Existencia y Representación Legal (para el caso de personas jurídicas)”. 2°) Abstiénese de condenar en costas. 3°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00037-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: INGENIERÍA E INTERVENTORÍA NACIONAL SAS
(INALTER)
Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO – ADMINISTRACIÓN TEMPORAL
PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
Medio de control: NULIDAD SIMPLE – CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – NULIDAD
PARCIAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Síntesis del caso: la parte actora solicita la declaración de nulidad parcial del pliego de
condiciones expedido en el concurso de méritos abierto CMA-AT-APSB-006-2020, por
estimar que se impide la participación de las personas jurídicas que tengan una
constitución menor a tres (3) años y por establecer que se acredite experiencia por el
solo hecho de que haya transcurrido tiempo después de la creación de la persona
jurídica. La Sala declarará la nulidad parcial del pliego de condiciones porque las reglas
demandadas desconocen los artículos 6 y 24 (ordinal 5º) de la Ley 80 de 1993 y el
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

Temas: medio de control jurisdiccional de simple nulidad – pliego de condiciones –
experiencia y antigüedad de personas jurídicas.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad simple formulada por
la sociedad Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER) en contra del
pliego de condiciones definitivo expedido en el concurso de méritos abierto CMA-
AT-APSB-006-2020, adelantado para contratar la “CONSULTORIA PARA EL
DISEÑO DEL SISTEMA DE RESPALDO DEL ACUEDUCTO DE BARRANCAS
Y DE LOS SISTEMAS DE RESPALDO A LA PTAP DE SAN JUAN Y DEL
REGIONAL DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS LA JUNTA, LA
PEÑA Y CURAZAO” , expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
– Administración Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, que dispone lo siguiente:

“1. PARTICIPANTES
En el presente proceso de selección SOLAMENTE podrán participar:

2

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

(…).

• Personas jurídicas, que deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
(…).

o En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con
un tiempo de constitución de la sociedad de mínimo tres
(3) años (contados a partir de la fecha de adquisición de
la personería jurídica en Cámara de Comercio, lo cual se
verificará en el Certificado de Existencia y
Representación Legal).

(…).

Se deja constancia expresa de que únicamente se aceptarán
propuestas presentadas por personas naturales o jurídicas o formas
asociativas que cumplan con el perfil antes mencionado.

(…).

4. REQUISITOS HABILITANTES

(…).

4.2. CAPACIDAD JURÍDICA

(…).

En el presente Proceso de Contratación pueden participar quienes
cumplan con el perfil de PARTICIPANTES antes establecido, siempre
y cuando tengan plena capacidad jurídica.

(…).

4.3. EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE:

A continuación, se relacionan las condiciones de experiencia mínima
exigida para la ejecución del contrato:

A) Experiencia General: Ver Formato Anexo 8

(…).

En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con un tiempo de
constitución de la empresa de mínimo tres (03) años (contados a partir
de la fecha de inscripción en el Certificado de Existencia y
Representación Legal).

Esta experiencia será verificada en el Certificado de Vigencia de la
Tarjeta Profesional expedido por el COPNIA (para personas naturales)
o en el Certificado de Existencia y Representación Legal (para
personas jurídicas).

(…).

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

3

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

(…).

6.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Adicional a la
mínima exigida): 29 PUNTOS

• Se asignará 1 punto por cada año de experiencia general adicional
a la mínima exigida o hasta obtener un máximo de 29 puntos.
• Para el caso de personas jurídicas, se asignarán 2 puntos por cada
año adicional a lo mínimo exigido, de constitución de la empresa,
hasta obtener un máximo de 29 puntos.

Esta experiencia deberá acreditarse mediante la presentación del
Certificado de Vigencia del COPNIA (para personas naturales) o del
Certificado de Existencia y Representación Legal (para el caso de
personas jurídicas)” (fls. 8, 37, 38, 45 y 62 – índice 2 SAMAI – archivo
7_110010326000202100037006EXPEDIENTEDIGI20210315095612
(pdf) — mayúsculas fijas, negrillas y subrayado del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) El 20 de agosto de 20201, la sociedad Ingeniería e Interventoría Nacional SAS
(INALTER) presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de
nulidad simple2 para que se acceda a la siguiente pretensión:

“PRIMERA: DECLARAR, la nulidad de las siguientes disposiciones del
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del CONCURSO DE
MÉRITOS CMA-AT-APSB-006-2020, por medio de la cual, la
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA GUAJIRA – MINVIVIENDA:

• Numeral 1. PARTICIPANTES

“… 1. PARTICIPANTES
En el presente proceso de selección SOLAMENTE podrán
participar:
…
• Personas jurídicas, que deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
…
o En el caso de personas jurídicas, se deberá
contar con un tiempo de constitución de la sociedad de
mínimo tres (3) años (contados a partir de la fecha de
adquisición de la personería jurídica en Cámara de
Comercio, lo cual se verificará en el Certificado de

1 Índice 2 SAMAI – archivo 3_110010326000202100037002EXPEDIENTEDIGI20210315095612

(pdf).
2 La demanda se presentó ante el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, quien se declaró

incompetente y remitió el proceso al Consejo de Estado (índice 2 SAMAI – archivo
10_110010326000202100037009EXPEDIENTEDIGI20210315095612 (pdf)).

4

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

Existencia y Representación Legal). (…)” (negrillas y
subrayado adicionales).

• Numeral 4.3. EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE

“… 4.3. EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE:
A continuación, se relacionan las condiciones de
experiencia mínima exigida para la ejecución del contrato:

A) Experiencia General: Ver Formato Anexo 8

En el caso de personas naturales, experiencia general
mínima de CINCO (05) AÑOS en el ejercicio profesional de
la Ingeniería Civil o Sanitaria (contados a partir de la fecha
de la expedición de la matrícula profesional).

En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con
un tiempo de constitución de la empresa de mínimo
tres (03) años (contados a partir de la fecha de
inscripción en el Certificado de Existencia y
Representación Legal).

Esta experiencia será verificada en el Certificado de
Vigencia de la Tarjeta Profesional expedido por el COPNIA
(para personas naturales) o en el Certificado de Existencia
y Representación Legal (para personas jurídicas) …”
(negrillas y subrayado de la Sala).

• Numeral 6.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
(Adicional a la mínima exigida): 29 PUNTOS

“… 6.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
(Adicional a la mínima exigida): 29 PUNTOS

• Se asignará 1 punto por cada año de
experiencia general adicional a la mínima exigida o hasta
obtener un máximo de 29 puntos.
• Para el caso de personas jurídicas, se asignarán
2 puntos por cada año adicional a lo mínimo exigido,
de constitución de la empresa, hasta obtener un máximo
de 29 puntos.

Esta experiencia deberá acreditarse mediante la
presentación del Certificado de Vigencia del COPNIA (para
personas naturales) o del Certificado de Existencia y
Representación Legal (para el caso de personas jurídicas).
…” (Negrillas y subrayas fuera de texto).” (fls. 2 y 3 – índice
2 SAMAI – archivo
5_110010326000202100037004EXPEDIENTEDIGI20210
315095612 (pdf) — subrayado, negrillas y mayúsculas
sostenidas dentro del texto).

2) A juicio de la sociedad demandante, los apartados citados del pliego de
condiciones definitivo, referentes a requisitos habilitantes y a experiencia general
del proponente, deben ser invalidados parcialmente por el hecho de contener

5

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

reglas que desconocen las normas en las cuales debió fundarse, motivo por el
cual se formulan dos cargos de nulidad con el siguiente contenido:

1.1 Cargo primero: desconocimiento de los artículos 6, 8 y 24 (ordinal 5º)
de la Ley 80 de 1993

Los apartes demandados violan las siguientes disposiciones de la Ley 80 de
1993: (i) el artículo 6, porque esta norma preceptúa que la única condición que
deben acreditar las personas jurídicas para participar en procesos de selección
es que su duración no sea menor a la del plazo del contrato y un (1) año más,
pero, el pliego no permite la participación de personas jurídicas con una
constitución menor a tres (3) años; (ii) el artículo 8, por no permitir la participación
de personas jurídicas que tengan una constitución menor a tres (3) años conlleva
a crear una inhabilidad no prevista en la ley y, (iii) el ordinal 5º del artículo 24,
impone que los pliegos deben tener reglas que aseguren la escogencia objetiva,
empero, ello no ocurre en este caso ya que se asigna puntaje por el solo hecho
de que las personas jurídicas tengan mayor antigüedad.

1.2 Cargo segundo: vulneración del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015

Contrario a lo reglado en los pliegos de condiciones, el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015 claramente permite que se presenten sociedades que
tengan una constitución menor a tres (3) años, puesto que, para efectos de la
inscripción del Registro Único de Proponentes (RUP), dicha norma establece que
si “la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”.

2. Posición de la parte demandada

A través de escrito radicado el 19 de enero de 2023, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio contestó la demanda (fls. 1 a 9)3 con oposición a los hechos
y a las pretensiones, escrito en el que formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que, si bien la entidad
asumió temporalmente la competencia del Departamento de la Guajira frente al

3 Índice 2 SAMAI – archivo
26_110010326000202100037001RECIBEMEMORIAL20230120111910 (pdf).

6

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

sector de agua potable y saneamiento básico, actualmente esas funciones fueron
reasumidas por la entidad territorial4.

3. El trámite procesal

1) La sociedad actora solicitó en la demanda, como medida cautelar de urgencia,
que se decretara la suspensión provisional del pliego de condiciones, la cual fue
negada mediante auto del 19 de septiembre de 2022 debido a que el proceso de
selección ya había sido adjudicado para el momento de resolver la solicitud
(índice 5 SAMAI).

2) El 16 de abril de 2024, en decisión del magistrado ponente, que no fue
recurrida, se negaron las excepciones previas de ineptitud sustantiva de la
demanda y de ausencia de vinculación de todos los litisconsortes necesarios;
asimismo, en dicha providencia se adecuó el trámite para dictar sentencia
anticipada.

4. Alegaciones de conclusión

El 13 de junio de 2024 se dio traslado a las partes para que presentaran
alegaciones de conclusión y, vencido este, el agente del Ministerio Público
rindiera concepto, oportunidades en las que ocurrió lo siguiente5:

1) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio insistió en que deben negarse las
pretensiones (índice 31 SAMAI), para lo cual adujo que (i) el artículo 6 de la Ley
80 de 1993 establece un mínimo de duración de las personas jurídicas pero en
los procesos de selección puede establecerse un “tiempo superior” (fl. 3 – índice
31 SAMAI) y, por ende, es viable exigir que tengan 3 años de constituidas; (ii) los
requisitos habilitantes de experiencia general, además del tiempo de constitución

4 Tal como se indica en el siguiente acápite, la demandada planteó excepciones previas que

fueron resueltas en la providencia del 16 de abril de 2024 (índice 21 SAMAI).
5 Es importante advertir que el Departamento de la Guajira presentó alegaciones, puesto que

indebidamente se le notificó del auto que admitió la demanda. A pesar de lo anterior, el
Departamento no ha sido vinculado al proceso y la irregularidad procesal de habérsele notificado
el auto admisorio se entiende saneada en los términos del parágrafo del artículo 133 del CGP,
norma que preceptúa que las “demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si
no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”; adicionalmente,
su intervención no se tendrá en cuenta por cuanto fue realizada después de la oportunidad
prevista en el artículo 223 del CPACA, el cual regula la intervención de terceros en los procesos
de simple nulidad.

7

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

de la persona jurídica, exigían aportar 2 contratos de consultoría relacionados
con el objeto a contratar y, (iii) el cronograma del proceso de selección previó una
etapa de observaciones a los pliegos de condiciones, en la cual ningún interesado
presentó comentario alguno relacionado con la posible nulidad de dicho acto.

2) La parte demandante guardó silencio.

3) El Ministerio Público conceptuó que se debe acceder a las pretensiones de la
demanda (índice 32 SAMAI), en la medida en que es claro que el pliego de
condiciones violó los artículos 6, 8 y 24 de la Ley 80 de 1993 por el hecho de
condicionar que las personas jurídicas debían tener una constitución de al menos
tres (3) años, lo cual restringió la “capacidad jurídica de los entes societarios para
fungir como contratistas del Estado” (fl. 14 – índice 32 SAMAI), lo cual, además,
tuvo “los efectos propios de las causales del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades” (fl. 15 – índice 32 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) aspectos procesales, 3) análisis del caso concreto y, 4) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad parcial del pliego de
condiciones emitido en el concurso de méritos abierto CMA-AT-APSB-006-2020
por considerar que se restringió indebidamente la participación de personas
jurídicas que tuvieran una constitución menor a tres (3) años y, al propio tiempo,
porque, indebidamente, se permitió acreditar experiencia con el mero transcurso
del tiempo de creación de la persona jurídica.

La Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, porque no es
viable impedir la participación en el proceso de selección de personas jurídicas
que tuvieran una creación menor a tres (3) años ni permitir acreditar experiencia
con la sola antigüedad de las personas jurídicas oferentes.

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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

2. Aspectos procesales

Previamente a realizar el análisis del caso concreto, es menester abordar dos
asuntos procesales: (i) la posibilidad de pronunciarse sobre la nulidad de un
pliego de condiciones que fue adjudicado y, (ii) resolver la excepción de falta de
legitimación por pasiva alegada por la parte demandada.

1) Por una parte, la Sala advierte que es posible pronunciarse sobre la legalidad
de un pliego de condiciones, inclusive después de adjudicado, por las siguientes
razones:

a) El pliego de condiciones es uno de los actos previos al contrato que puede ser
objeto del medio de control jurisdiccional de nulidad simple, como lo reconoció
recientemente la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
providencia que reitera en esta otra oportunidad:

“5) Posteriormente, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
se mantuvo ese mismo criterio normativo, por manera que la propia ley
determinó, sin ambages, que los actos precontractuales —indicados
jurisprudencialmente— serían pasibles de análisis de legalidad a
través de los medios de control jurisdiccional de simple nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso; al respecto, el
artículo 141 ibidem prevé:

‘Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de
las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se
declare su existencia o su nulidad, que se ordene su
revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare
la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y
que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo,
el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo
y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley.

Los actos proferidos antes de la celebración del
contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos
137 y 138 de este Código, según el caso.

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés
directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del
contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio
cuando esté plenamente demostrada en el proceso,

9

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes’ (destaca la Sala).

Como se advierte, la Ley 1437 de 2011 (CPACA) mantuvo, en términos
generales, la regulación contenida en el CCA en materia de control de
los actos proferidos antes de la celebración del contrato, al avalar y
permitir su estudio de legalidad a través de los medios de control de
simple nulidad (artículo 137 ibidem) y de nulidad y restablecimiento del
derecho (artículo 138 ibidem), es decir, el legislador no limitó el control
de validez a los actos de adjudicación o de declaración de desierta de
la licitación pública, tal como lo considera el magistrado ponente del
proceso; contrario sensu, el ordenamiento jurídico establece, expresa
e inequívocamente, que existen actos precontractuales —así sean de
trámite o preparatorios— que pueden ser demandados ante esta
jurisdicción, tales como el acto de apertura y los pliegos de
condiciones, cuya legalidad de juzga a partir del ejercicio del medio de
control de nulidad simple, de allí que, se reitera, una posición contraria,
como la contenida en el auto suplicado, vacía de contenido el inciso
segundo del artículo 141 del CPACA al impedir que se ejerza la acción
de nulidad simple, en contravía de lo previsto específicamente en la
ley, más aún si se tiene en cuenta que en contra de los actos
administrativos de adjudicación o de declaración de desierta solo
procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo cual ha precisado la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Sección6.

6) De otra parte, el literal c) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA) reitera la posibilidad de ejercer el medio de
control de nulidad simple en contra de actos precontractuales de
contenido general al preceptuar lo siguiente:

‘Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la
caducidad:

c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y
restablecimiento del derecho de los actos previos a la
celebración del contrato, el término será de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente a su
comunicación, notificación, ejecución o publicación,
según el caso’ (negrillas adicionales).

Se desprende de la anterior disposición que el legislador estableció un
término de caducidad de cuatro (4) meses para el ejercicio de los
medios de control jurisdiccional de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho cuando se ejerzan en contra de actos de
naturaleza precontractual; además, señaló el momento específico a
partir del cual se debe iniciar el cómputo del mencionado plazo y,
concretamente, para los actos de contenido general definió que la

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Sala Plena,
sentencia del 13 de junio de 2011, expediente 19.936, MP Ruth Stella Correa Palacio.

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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

contabilización se realiza desde el momento de su “publicación”,
mientras que para los actos de contenido particular y concreto inicia
con su notificación o comunicación.

En ese orden de ideas, no le asiste razón al magistrado ponente al
restringir el control jurisdiccional sobre los actos precontractuales de
contenido general, con el solo argumento de que son actos de trámite
y, por lo tanto, no susceptibles de control jurisdiccional en los términos
del numeral 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), dado
que los actos precontractuales generales (publicables), al margen de
que no pongan fin al procedimiento administrativo de selección del
contratista, son también materia de control jurisdiccional por
determinación de la ley, en tanto revisten efectos definitivos, por
ejemplo, frente a los factores habilitantes o ponderables.

En efecto, la interpretación contenida en el auto suplicado vacía
parcialmente de contenido los artículos 141, 137 y 164 del CPACA, ya
que solo serían demandables el acto de adjudicación y el acto de
declaración de desierta a través del medio de control judicial de nulidad
y restablecimiento del derecho, posición que, se insiste, no consulta
adecuadamente el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia pacífica de
esta Corporación sobre esta materia, pues, inaplica el contenido legal
y, consecuencialmente, restringe de manera injustificada el derecho
constitucional fundamental de acceso efectivo a la administración de
justicia (artículo 229 CP).

7) Así las cosas, el auto suplicado será revocado por cuanto se
sustenta en una hermenéutica que limita indebidamente el acceso a la
administración de justicia, más aún si existen pluralidad de preceptos
en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que de manera inequívoca habilitan
el ejercicio del medio de control de simple nulidad en contra de actos
precontractuales generales, publicables, con independencia de que no
pongan fin a una actuación administrativa.

Igualmente, la tesis incorporada en el auto recurrido desatiende el
criterio del efecto útil de las normas, según el cual el intérprete y el
operador judicial deben privilegiar la hermenéutica que hace producir
efectos materiales a las disposiciones del ordenamiento jurídico, por
encima de aquella que se las restringe o niega7”8.

b) La anterior postura implica que, si en el momento de proferir la sentencia el
procedimiento contractual finalizó, el juez contencioso puede resolver la
demanda de nulidad simple presentada en contra del pliego de condiciones, en
atención a lo dispuesto que el inciso segundo del artículo 141 del CPACA, cuyo
texto es como sigue:

7 “Resulta contrario a los principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición

que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas
generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar grave confusión e
incertidumbre.” Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 26 de marzo de 2025, expediente

71.869, MP Fredy Ibarra Martínez.

11

Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00037-00 (66.633)
Demandante: Ingeniería e Interventoría Nacional SAS (INALTER)
Nulidad simple –sentencia de única instancia

“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión
de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los
artículos 137 y 138 de este Código, según el caso”.

Por consiguiente, considerar que el juez contencioso no pueda pronunciarse
sobre la legalidad del pliego de condiciones cuando haya finalizado el proceso
de selección haría inane que el artículo 141 del CPACA regule la posibilidad de
adelantar el medio de control jurisdiccional de nulidad simple contra los actos
anteriores al contrato, por cuanto, obligaría a acudir al medio de control
jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho una vez se haya proferido
el acto de adjudicación o el acto de declaración de desierto del respectivo proceso
de selección del contratista.

c) Además, la posibilidad de estudiar autónomamente la legalidad de los actos
previos al contrato es una consecuencia de que el CPACA, a diferencia de lo
regulado en su momento en el CCA, modificado por la Ley 446 de 1998, no exija
que, una vez celebrado el contrato se deba demandar su nulidad para poder
discutir la ilegalidad de los actos previos.

Al respecto, el inciso segundo del artículo 87 del CCA, luego de la modificación
realizada por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, estatuía lo siguiente:

“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión
de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones
de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación,
notificación o publicación. La interposición de estas acciones no
interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del
contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos
solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta
del contrato” (destaca la Sala).

En contraste con el anterior régimen procesal, el artículo 141 CPACA, como se
indicó previamente, claramente preceptúa que los actos proferidos con
anterioridad a la celebración del contrato pueden ser demandados por los medios
de control jurisdiccionales de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Así las cosas, si el legislador hubiera pretendido atar la legalidad de los actos
previos a las actuaciones posteriores a su expedición hubiera exigido

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eventualmente, demandar la nulidad del contrato cuando hubiera sido adjudicado
y celebrado.

d) En consonancia con lo anterior, el artículo 164 del CPACA consagra un término
de cuatro (4) meses para ejercer cualquiera de los dos medios de control que se
pueden promover en contra de los actos previos al contrato, así:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada:

(…).

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…).

c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento
del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el
término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a
su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso;” (resalta la Sala).

De esta manera, es claro que el legislador previó que el término para incoar los
medios de control jurisdiccionales de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho es de cuatro (4) meses contados desde la comunicación, notificación o
publicación del acto previo.

En ese sentido, de acoger la tesis según la cual, una vez finalizado el
procedimiento contractual, la legalidad de los actos previos está supeditada a la
discusión sobre la validez del acto administrativo precontractual, el término de
caducidad para demandar la legalidad de los actos previos no tendría ningún
efecto, por cuanto, el término para presentar las demandadas siempre se
computaría desde que se publiquen o notifiquen los actos administrativos de
adjudicación o de declaración de desierto del respectivo proceso de selección del
contratista.

2) De otra parte, es claro que no se configura la falta de legitimación por pasiva
alegada, por los siguientes motivos:

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a) Está probado que la “Administración Temporal para el sector Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Guajira” (fl. 2)9 expidió el pliego de condiciones
demandado.

b) Igualmente está acreditado que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
asumió la administración temporal de la competencia del Departamento de La
Guajira en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico como consecuencia
de la Resolución 460 del 21 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la cual dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL
DE LA COMPETENCIA. Adóptese de manera cautelar la Medida
Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico al Departamento La Guajira, en
los términos y condiciones establecidos por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social - CONPES Social en el Documento
CONPES Social No. 3883 del 21 de febrero de 2017.

(…).

ARTÍCULO 6. ENTIDAD ENCARGADA DE ASUMIR LA
COMPETENCIA. A través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio se asumirá temporalmente la competencia del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico al Departamento de La Guajira,
de conformidad con las facultades y competencias establecidas en el
Decreto 028 de 2008, la Ley 715 de 2001 y sus disposiciones
reglamentarias” (fls. 6 y 7 – índice 2 SAMAI – archivo
8_110010326000202100037007EXPEDIENTEDIGI20210315095612
(pdf) – mayúsculas fijas en el original).

c) En la contestación de la demanda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
sostiene que se presenta ausencia de legitimación por pasiva porque el
Departamento de La Guajira reasumió su competencia, así:

“En desarrollo de las competencias de monitoreo otorgadas por el
artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio elaboró, en el mes de febrero de 2022, un Informe de
Monitoreo con el fin de sustentar la necesidad del Cierre de la Medida
Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de la Guajira
y lo presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
acompañado de una ‘Solicitud de levantamiento de la medida
correctiva de Asunción Temporal de las Competencias (…)’; en dicho
informe se da cuenta de la verificación de las condiciones generales
establecidas en el numeral 7.2.3. del Documento CONPES 3984 del
20 de febrero de 2020 para que el Departamento de La Guajira
reasumiera las competencias.

9 Índice 2 –archivo 7_110010326000202100037006EXPEDIENTEDIGI20210315095612 (pdf).

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El levantamiento de la medida tuvo lugar el 22 de febrero de 2022, en
donde a partir de esa fecha, el departamento de La Guajira reasumió
sus competencias, en cabeza de la empresa ESEPGUA S.A. E.S.P., la
cual tiene a su cargo, la obligación de que se honren todos los
compromisos adquiridos por la Nación en cabeza de la Administración
Temporal en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, y que se
mantengan estables y vigentes los contratos que entregó en ejecución
la Administración Temporal, con el fin de garantizar la continua
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento
básico, y en virtud de ello, es la entidad estatal competente, para
responder a las observaciones y demás asuntos planteados por la
Auditoría en curso” (fl. 5 – índice 2 SAMAI – archivo
26_110010326000202100037001RECIBEMEMORIAL202301201119
10 (pdf) – mayúsculas sostenidas del memorial).

d) A pesar de lo anterior, la parte demandada no aportó ni solicitó ninguna prueba
de dichas actuaciones e inclusive ni siquiera precisó cuál fue el acto
administrativo que levantó la medida que había llevado a que asumiera
temporalmente la competencia del Departamento de La Guajira.

e) En gracia de discusión, que el Departamento de La Guajira asumiera la
competencia no configura la falta de legitimación por pasiva porque, es claro que
el pliego de condiciones sí fue expedido por la entidad demandada, en ejercicio
de las competencias que tenía para ese momento de administración temporal de
las funciones del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

3. Análisis del caso concreto

La Sala declarará la nulidad de las disposiciones del pliego de condiciones que
exigen que las personas jurídicas tengan, al menos, tres (3) años de constitución
para presentarse y que permiten acreditar experiencia con la antigüedad de las
personas jurídicas.

1) El pliego de condiciones exigió, como requisito para participar (numerales 1 y
4.3), que las personas jurídicas tuvieran, como mínimo, tres (3) años de
constitución, lo cual desconoce lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley 80 de
1993 y 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, especialmente por lo siguiente:

a) Los incisos primero y tercero del artículo 6 del Estatuto General de
Contratación la Administración Pública disponen lo siguiente:

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“ARTÍCULO 6.- De la capacidad para contratar. Pueden celebrar
contratos con las entidades estatales las personas consideradas
legalmente capaces en las disposiciones vigentes (…).

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que
su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más”.

b) Por su parte, el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
preceptúa lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o
actualización. El interesado debe presentar a cualquier cámara de
comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente
información. La cámara de comercio del domicilio del solicitante es la
responsable de la inscripción, renovación o actualización
correspondiente:

(…).

2.5. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o
servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los
contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la
experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del
interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes” (resalta la Sala).

c) De acuerdo con las normas transcritas, es evidente que no es posible que un
pliego de condiciones impida que participen personas jurídicas que tengan una
duración menor a tres (3) años, si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

2) El artículo 6 de la Ley 80 reguló que “las personas consideradas legalmente
capaces” pueden celebrar contratos y, respecto de la duración que deben tener
las personas jurídicas, únicamente estableció una condición, a saber: que no sea
menor al plazo del contrato y un (1) año más.

3) En este orden de ideas, no es posible exigir un término mínimo de existencia
antes de la apertura del proceso de selección, pues, en relación con la capacidad
para contratar, el legislador solo consideró relevante establecer una exigencia
frente a la duración futura de las personas jurídicas.

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4) Asimismo, para efectos del Registro Único de Proponentes, el numeral 2.5 del
artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 permite que las personas
jurídicas que tengan menos de tres (3) años de constitución puedan acreditar la
experiencia adquirida por sus accionistas, socios o constituyentes.

5) Por consiguiente, es evidente que la normativa anterior busca fomentar la
participación de personas jurídicas que tengan una creación menor a tres (3)
años en la contratación estatal, puesto que, sin ella, la posibilidad de ser
contratistas se vería disminuida porque, en su condición de personas nuevas, no
tendrían experiencia propia.

6) El artículo mencionado del Decreto 1082 de 2015, entonces, claramente
permite que las personas jurídicas que tengan una constitución menor a tres (3)
años puedan presentarse y ser contratistas; de lo contrario, no tendría sentido
que sus accionistas, socios o constituyentes puedan hacer valer su experiencia
propia para que ella sea tenida en el Registro Único de Proponentes como si
fuera de la persona jurídica.

7) Adicionalmente, el pliego de condiciones permite acreditar experiencia por el
solo transcurso del tiempo de constitución de una persona jurídica (numeral 6.3),
al punto que señala que, para tales efectos, tendrá en cuenta el certificado de
existencia y representación legal correspondiente.

Estas regulaciones del pliego de condiciones claramente desconocen lo
dispuesto en el ordinal 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 que prescribe lo
siguiente:

“5o. En los pliegos de condiciones:

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el
correspondiente proceso de selección.

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan
la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una
escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación”.

Al respecto, debe observarse lo siguiente:

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a) La norma antes citada fue violada, porque los pliegos equiparan antigüedad
con experiencia y esto es inadmisible si se tiene en cuenta que el solo hecho de
que transcurra tiempo desde la creación de una persona no conlleva que haya
adquirido, necesariamente, un conocimiento por el ejercicio del objeto social o de
una profesión o actividad.

En esa perspectiva, esta Subsección ha indicado lo siguiente sobre ese aspecto:

“(…) se observa que en el numeral 30-4 del pliego de condiciones de
la licitación pública, se fijó como criterio la “antigüedad” con un máximo
de diez (10) puntos, para cuya calificación se tendría en cuenta el
tiempo de constitución de la firma (…).

Pero, más reprochable aún, es la forma como se calificó ese
criterio de “antigüedad”, en el sentido de que se otorgarían los
puntos tomando únicamente el tiempo de constitución de la
persona jurídica, o el tiempo contado a partir de la fecha en que
obtuvo el título o el grado o se expidió la matrícula profesional de la
persona natural, esto es, una calificación ligada simplemente a un
elemento temporal, sin exigir la demostración de los hechos que
acreditaran la experiencia efectiva de los proponentes, mediante la
prueba de las actividades, labores y trabajos generales o específicos
realizados (certificaciones de contratos celebrados y ejecutados, de
trabajos, etc.). En otras palabras, de acuerdo con el pliego en este
factor de evaluación se tendría en cuenta exclusivamente la
contabilización del tiempo, sin que resultase relevante si en el
transcurso del mismo realmente se había adquirido experiencia por la
persona proponente.

La fecha de constitución de la sociedad tomada del certificado de
existencia y representación legal o del certificado del registro de
proponentes, expedidos por la Cámara de Comercio, en el caso
de personas jurídicas, o de la expedición del diploma o del acta
de grado o de la tarjeta profesional para el caso de las personas
naturales, si bien marca la pauta legal para ejercer la actividad
social o la respectiva profesión, esta circunstancia en sí misma no
acredita la experiencia de las personas que aspiren a contratar
con el Estado, es decir, el conocimiento adquirido a través del
tiempo por el ejercicio del objeto de la sociedad o de una
profesión, según se trate.

(…).

Por otra parte, tampoco encuentra la Sala que el criterio de
“antigüedad” en la noción equívoca establecida en el pliego de
condiciones, tuviese conexidad sustancial con el objeto materia de la
licitación pública, es decir, que constituyera un criterio proporcional,
necesario o razonable.

En efecto: ¿en qué podría incidir o qué valor tiene el tiempo de creación
de la sociedad proponente o el período en que se graduó la persona
licitante para efectos de tener la propuesta más favorable para la
entidad, y así desarrollar adecuadamente la obra pública perseguida

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en la licitación pública? Ninguno, este criterio de calificación nada
agrega a la comparación objetiva de los ofrecimientos para la
escogencia de la mejor oferta de la obra pública objeto de esa licitación
pública, ni menos aún guarda una relación con los fines de la
contratación de que se ocupa la demanda en este caso.

(…).

En síntesis, la estipulación referida es una regla que no cumple las
características de objetividad y razonabilidad exigidas, como se
expuso, lo cual la torna ineficaz de pleno derecho, a la luz de lo previsto
en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 199310”11 (negrillas
adicionales).

b) Es cierto que el ordinal 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 dispone que
“serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos (…) que
contravengan lo dispuesto en este numeral”, lo que podría llevar a pensar, en una
primera lectura, que frente a tales estipulaciones no cabría pronunciamiento
judicial de nulidad, pues la ineficacia opera de pleno derecho, lo cual no hace
obligatorio un pronunciamiento del juez, a petición de parte, para retirar el acto
del mundo jurídico.

No obstante, esa lectura resulta insuficiente ya que, el hecho mismo de que el
pliego de condiciones sea demandable a través del medio de control de nulidad
implica que su contenido es susceptible de control judicial integralmente, aun en
los eventos en que el legislador haya previsto consecuencias automáticas como
la ineficacia; en la contratación estatal sometida al Estatuto, la figura de la
ineficacia de pleno derecho prevista en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 tiene
por objeto proteger a las partes y el ordenamiento jurídico12, debido a que permite
desatender una disposición sin necesidad de declaración judicial, pero, de allí no
se colige, invariablemente y en modo alguno, que el juez contencioso esté
impedido para pronunciarse sobre su validez.

10 Sobre el alcance del numeral 5º del artículo 24 in fine de la Ley 80 de 1993 vid. Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2006,
exp. 16.041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012,

expediente 20.688, MP Ruth Stella Correa Palacio.
12 La exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, en relación con el artículo 24, señala que “se

prevé que en los pliegos de condiciones se definan reglas de juego claras y completas que sin
duda conducirán a una selección objetiva y a la consecuente confección de ofrecimientos que se
ajusten a los requerimientos de los entes públicos, evitando así que la entidad se vea abocada a
declarar desiertos los procesos de selección”.

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En conclusión, la institución de la ineficacia de pleno derecho del artículo 24 de
la Ley 80 está diseñada como una garantía para que no sea menester solicitar al
juez contencioso la nulidad de un pliego de condiciones que desconozca el
contenido mínimo establecido en la norma, pero, en este caso, ocurre justamente
lo contrario: se está acudiendo al juez para que resuelva la validez de un apartado
de condiciones del pliego.

c) Cabe aclarar que la entidad demandada manifestó que el numeral 4.2 del
pliego no adolece de nulidad porque, además de la antigüedad, exige aportar dos
(2) contratos de consultoría para acreditar la experiencia general como requisito
habilitante13.

Esto, sin embargo, no desvirtúa el hecho de que la experiencia también se
acreditaba con el solo tiempo de antigüedad de las personas jurídicas que fueran
proponentes.

En ese sentido, la Sala declarará la nulidad parcial del numeral 4.2 del pliego de
condiciones, únicamente en los aspectos que permitían acreditar experiencia por
el solo hecho de que haya transcurrido tiempo desde la fecha de creación de las
personas jurídicas.

d) Finalmente, se advierte que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
argumentó que no debe declararse la nulidad del pliego de condiciones porque
estableció una etapa de observaciones, en la cual ningún interesado presentó
comentario alguno relacionado con la posible nulidad de dicho acto.

Este planteamiento no es atendible, porque, más allá de que los interesados no
planteen observaciones, el juez contencioso debe estudiar la validez de un acto,
cuando es demandado, mediante confrontación con las normas jurídicas

13 Los pliegos de condiciones señalaban “adicional a lo anterior, para el presente proyecto LA AT-

APSB establece que la EXPERIENCIA GENERAL debe corresponder a la experiencia acreditada
en el RUP por parte del proponente mediante dos (2) Contratos de Consultoría cuyo objeto
incluya la elaboración de estudios y diseños de planes maestros de acueductos o
elaboración de estudios y diseños para obras de optimización de acueductos, cada uno de
los contratos debe ser superior al 50% del valor del presupuesto oficial de la presente
convocatoria expresado en SMMLV” (índice 2 SAMAI – archivo
7_110010326000202100037006EXPEDIENTEDIGI20210315095612 (pdf) — mayúsculas fijas y
negrillas del original).

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superiores que se invoquen como violadas y por la razón que se esgrima para el
efecto, como acontece en el presente asunto.

4. Costas

En aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no hay lugar a la imposición de condena en costas
porque el asunto corresponde a una acción pública en la cual se ventiló un interés
público, sin que en este proceso sea pertinente establecer si la demanda se
presentó con manifiesta carencia de fundamento legal, toda vez que, el medio de
control judicial se presentó con antelación a la modificación introducida por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, precepto que permite condenar en costas,
aun en procesos en los cuales se ventile un interés público, siempre que se
advierta de manera ostensible o palmaria que la demanda carece de sustento
legal14.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA —SUBSECCIÓN
B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase la nulidad de los siguientes apartes del pliego de condiciones del
concurso de méritos abierto número CMA-AT-APSB-006-2020, expedido por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Administración Temporal para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico:

a) Del capítulo 1, sobre participantes, la siguiente disposición:

“En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con un tiempo de
constitución de la sociedad de mínimo tres (3) años (contados a partir
de la fecha de adquisición de la personería jurídica en Cámara de
Comercio, lo cual se verificará en el Certificado de Existencia y
Representación Legal). (…)”.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11 de octubre de 2021, expediente

63.217, MP Fredy Ibarra Martínez.

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b) Del numeral 4.3, sobre experiencia mínima habilitante, los siguientes acápites:

“En el caso de personas jurídicas, se deberá contar con un tiempo de
constitución de la empresa de mínimo tres (03) años (contados a partir
de la fecha de inscripción en el Certificado de Existencia y
Representación Legal).

(…) en el Certificado de Existencia y Representación Legal (para
personas jurídicas)”.

c) Del numeral 6.1, sobre puntaje otorgado por experiencia general del
proponente, el siguiente aparte:

“Para el caso de personas jurídicas, se asignarán 2 puntos por cada año
adicional a lo mínimo exigido, de constitución de la empresa, hasta
obtener un máximo de 29 puntos.

(…) del Certificado de Existencia y Representación Legal (para el caso
de personas jurídicas)”.

2°) Abstiénese de condenar en costas.

3°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las
correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado (E)
Magistrado
Con aclaración de voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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