Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00050-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Declaración del tribunal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00050-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00050-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
6 de julio de 2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EXTRA PETITA / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / FUERZA VINCULANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
[E]l laudo arbitral proferido […], no concedió más de lo pedido, es decir, no resultó extra petita y, por lo tanto, no se configura la causal de anulación prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 pues, no solo la caducidad del medio de control fue alegada como excepción por la parte convocada y puesta de presente por el Ministerio Público, sino que la habilitación de los árbitros comprende la posibilidad de declararla de oficio y en el sub examine implicaba abordar el examen respecto de la existencia, validez y carácter vinculante de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato. No prosperando las causales invocadas por la Unión Temporal [convocante], es consecuencia obligada declarar infundado el recurso de anulación y condenar en costas a la recurrente.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 – ARTÍCULO 41 NUMERAL 9
DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUERZA VINCULANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / AGOTAMIENTO DEL MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / LIMITACIÓN DEL JUEZ / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / EXAMEN DE FONDO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / IMPROCEDENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA
[L]a consideración expuesta por el Tribunal Arbitral respecto de la inexistencia y de la falta del carácter vinculante de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato, obedeció a las pretensiones formuladas por la convocante en la demanda, a los planteamientos de defensa expuestos por la parte convocada y a lo argumentado por el Ministerio Público en la intervención a su cargo y su análisis era presupuesto necesario para examinar si en el caso concreto se configuraba o no la caducidad del medio de control. [C]abe reiterar que le está vedado al juez de la anulación referirse a cuestiones atinentes al fondo de la controversia, así como calificar o modificar los razonamientos e interpretaciones realizadas por el Tribunal en el laudo proferido. Como ya se advirtió, la formulación del recurso extraordinario de anulación se encuentra sujeta a las causales taxativas que la ley ha previsto, con el fin de corregir los errores in procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo tribunal de arbitramento y no constituye una segunda instancia.
INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FACULTADES DEL ÁRBITRO / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / HECHOS DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
[E]l pronunciamiento efectuado en el laudo arbitral recurrido en cuanto a la caducidad del medio de control obedeció al análisis realizado por el Tribunal de Arbitramento respecto de: (i) la excepción formulada por la parte convocada, denominada “Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción", cuya cadena argumentativa, sin lugar a duda, giró en tomo a la declaratoria de caducidad del medio de control; y (ii) lo conceptuado por el Ministerio Público, quien […] consideró configurado este fenómeno preclusivo. [E]n atención a la naturaleza del estatuto procesal de la caducidad de la acción -hoy medio de control- , debe anotarse que los árbitros […], estaban facultados para declararla de oficio, teniendo en cuenta que […] el principio de congruencia, desarrollado en la causal 9a del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es relativo, de tal suerte que las cuestiones sujetas al arbitramento no se delimitan exclusivamente a las pretensiones y hechos de la demanda y a las excepciones alegadas por el demandado, puesto que también le es permitido al juez pronunciarse frente a determinadas materias, como en efecto ocurre en tratándose del estatuto procesal de la caducidad.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 – ARTÍCULO 41
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / NORMA JURÍDICA / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ERROR IN IUDICANDO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL JUEZ / LÍMITE DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
[E]l cargo formulado por la Unión Temporal [demandante] con fundamento en la causal de anulación establecida en el numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no está llamado a prosperar, toda vez que el laudo arbitral recurrido fue proferido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se estructuró en normas jurídicas y los árbitros apreciaron las pruebas que fundamentaron su decisión. [E]l juez de la anulación no puede entrar a estudiar el fondo de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento (errores in iudicando) ni mucho menos la valoración efectuada respecto a las pruebas allegadas al expediente, tal y como lo pretende la parte recurrente en el sub examine, aspectos que, según se precisó anteriormente, exceden el marco del recurso extraordinario de anulación y ciertamente escapan al ámbito de la competencia del juez de la anulación.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECISIÓN ARBITRAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA / ORDENADOR DEL GASTO / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / MANUAL DE CONTRATACIÓN / FUNCIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
[P]ara finalizar el examen de la caducidad, el Panel Arbitral concluyó que su computo no podía partir de la fecha en la que fueron suscritas las actas referidas, pues no habían sido firmadas por el representante legal o el ordenador del gasto de la EAAB E.S.P., quienes realmente podían comprometer y obligar a la entidad “[…] no solamente porque la ley así lo establece (art. 11, numeral 2°, lit. “c” de la ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido por los artículos 99, 117 y 196 del Código de Comercio), sino porque claramente así quedó consignado en el manual de contracción de la EAAB, documento éste que hace parte integral del Contrato materia de este arbitraje, pues así aparece dispuesto en la cláusula novena de aquel". [E]l Tribunal Arbitral procedió a contabilizar la caducidad, tomando como punto de partida el 4 de agosto de 2015, fecha en la que suscribió el acta de terminación del contrato, estableciendo para tal efecto que, de conformidad con lo previsto en el literal j, numeral 20, del artículo 164 del CPACA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el plazo para liquidar bilateralmente el contrato transcurrió hasta el 4 de diciembre de 2015 y, por tal motivo, el término para presentar la demanda en tiempo feneció el 4 de diciembre de 2017, sin que para ese momento hubiese sido presentada.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 11 NUMERAL 2 LITERAL C / DECRETO 410 DE 1971 – ARTÍCULO 99 / DECRETO 410 DE 1971 – ARTÍCULO 117 / DECRETO 410 DE 1971 – ARTÍCULO 196 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 20 LITERAL J / LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 11
DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / OBJETO DEL LITIGIO / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / ANÁLISIS DE PRUEBA / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN DE LA DEMANDA / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FUERZA VINCULANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO
[S]e observa que el Panel Arbitral fundamentó su fallo en normas vigentes y aplicables, que respondieron al objeto de litis, a los argumentos de defensa y a las excepciones alegadas y se basó en las pruebas que soportaron los hechos y las pretensiones de la demanda. Además, incluyó la motivación o exposición de las razones que fundamentaron las decisiones adoptadas, incluido lo concerniente a la existencia y el carácter vinculante de las actas mediante las cuales se pretendió prorrogar el término de liquidación bilateral del contrato. En este sentido, se observa que el análisis efectuado por el Tribunal de Arbitramento respecto de las referidas actas obedeció al examen del estatuto procesal de la caducidad que se realizó en el caso concreto. Al efecto, el Panel Arbitral empezó por referirse al material probatorio que tuvo en cuenta para estudiar esta temática.
FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FACULTADES DEL ÁRBITRO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / HECHOS DE LA DEMANDA / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / RECONOCIMIENTO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / CLASES DE EXCEPCIONES PROCESALES / FORMULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / PRESUPUESTO PROCESAL / JURISDICCIÓN DE ORDEN PÚBLICO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESTITUCIONES MUTUAS
[E]l examen del principio de congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, aun cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9º [artículo 41] de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se hallen probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate procesal por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del contrato.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 – ARTÍCULO 41 NUMERAL 9
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el examen del principio de congruencia del laudo arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2002, rad. 20634, C. P. Ricardo Hoyos Duque.
CONDUCTA DE LAS PARTES / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INSTANCIA JUDICIAL / EXAMEN DE FONDO / LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / CIERRE DE LA ETAPA PROBATORIA / ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / VALORACIÓN PROBATORIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / SOLUCIÓN DEL LITIGIO
[E]l desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones, interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al proferir el laudo arbitral no configura un fallo en conciencia, ni configura la causal 7a de anulación, puesto que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse corno una instancia adicional para replantear el debate sobre el fondo del proceso. Así, le está vedado al juez de la anulación, por lo tanto, entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio; tampoco le corresponde establecer si hubo o no un yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral, ni pronunciarse sobre el alcance que les imprimió el panel arbitral a las obligaciones contenidas en el negocio jurídico o cualquier otro asunto que se refiera al fondo de la litis.
CONTENIDO DE LAS NORMAS / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALLO EN EQUIDAD / ARBITRAJE TÉCNICO / CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ARBITRAJE EN DERECHO / ALCANCE JURISPRUDENCIAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN DERECHO / DEBER DE OBEDIENCIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ARBITRAL / PREVALENCIA DE LA NORMA SUSTANCIAL
[D]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, el laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje y puede ser en derecho, en equidad o técnico: sin embargo, “[e]n los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”. En pronunciamientos anteriores, la Sala se ha referido al desarrollo jurisprudencial de esta causal, precisando que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico, de tal forma que el marco de referencia ha de estar solo en él. Por tanto, los árbitros se encuentran sujetos no solamente a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral, sino, de igual modo, a la normatividad sustantiva aplicable a la controversia.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 – ARTÍCULO 1
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las causales de anulación del laudo arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 59067, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia del 18 de enero de 2019, rad. 62476, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FACULTADES DEL ÁRBITRO / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PARTICULARES / NORMA CONSTITUCIONAL / NORMA LEGAL / FACULTADES DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FACULTADES DE LAS PARTES DEL PROCESO / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / CONTROVERSIAS EN EL LAUDO ARBITRAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / CLASES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SOLUCIÓN DEL LITIGIO / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA
[L]a jurisdicción o facultad de impartir justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. En otras palabras, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional, administrando justicia de manera transitada exclusivamente para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes les confieren competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la definición, modalidades y solemnidad del pacto arbitral y la función jurisdiccional del Tribunal de Arbitramento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2012, rad. 18013, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., seis (6) de Julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00050-00(66706)
Actor: UNIÓN TEMPORAL ICSC 792 2013 (INTEGRADO POR INGECOL S.A Y LYDCO INGENIERÍA S.A.S.)
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ — E.S.P.
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
Temas: Recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales - Características generales y naturaleza - Solo permite juzgar errores in procedendo - no es segunda instancia.
Causal 7a del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 - Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho. Diferencias entre laudo en conciencia y laudo en equidad. No es posible mediante esta causal controvertir la interpretación o valoración de las pruebas que realizaron los árbitros.
Causal 9a del artículo 41 de la ley 1563 de 2010 - Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Unión Temporal ICSC 792 2013 contra el laudo arbitral del 17 de noviembre de 2020, proferido por el Tribunal de Arbitramento que se constituyó para dirimir las controversias suscitadas entre aquella y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ES.P., con ocasión del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492- 2013 de fecha 27 de diciembre de 2013.
SÍNTESIS DEL CASO
El 27 de diciembre de 2013, la Unión Temporal ICSC 792 2013, en adelante la Unión Temporal o la convocante, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB —E.S.P., en lo sucesivo la EAAB E.S.P. o la convocada, suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013, cuyo objeto consistió en la "REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN, SUBA Y CHAIDINERO".
El 27 de febrero de 2019, la Unión Temporal convocó a la EAAB E.S.P. a un Tribunal de Arbitramento para dirimir las controversias originadas con ocasión del incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013 de fecha 27 de diciembre de 2013, puntualmente en lo relativo a su forma de pago, perfeccionamiento, ejecución y liquidación, y la correspondiente indemnización de perjuicios. Mediante laudo arbitral del 17 de noviembre de 2020, el Tribunal de Arbitramento declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales, denegó todas las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias y condenó en costas a la convocarte.
Inconforme con la decisión del Tribunal de Arbitramento, la Unión Temporal solicitó la anulación del laudo arbitral proferido el 17 de noviembre de 2020, con fundamento en las causales previstas en los numerales 7° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, al considerar que el Tribunal de Arbitramento: (i) dictó un fallo en conciencia, pues se apartó de las normas sustantivas que reglan los derechos pretendidos y no tuvo en cuenta las pruebas allegadas al plenario; y (ii) profirió un fallo extra petita, toda vez que se pronunció sobre aspectos que no fueron pretendidos en la demanda ni puestos de presente en su contestación ni en las excepciones alegadas.
ANTECEDENTES
Demanda arbitral
El 27 de febrero de 2019, la Unión Temporal solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento con el fin de dirimir las controversias suscitadas en torno al
incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013, suscrito con la EAAB ESP de fecha 27 de diciembre de 2013, planteando las Siguientes pretensiones:
"PRIMERA. Declarar que la entidad demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP, ha faltado al pdacipio de buena fe contractual y es responsable administrativamente por el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013, en particular en cuanto a la negativa intencional de esta Entidad para cumplir con las obligaciones contractuales a su cargo contenidas en la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO, CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, y VIGESIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN.
SEGUNDA. Declarar que la suscripción de las actas de prórroga del término de liquidación bilateral del Contrato da Obra Pública No_ 1-01-311004492-201 3 suscrito el veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013). tienen plena eficacia y validez y por lo tanto son vinculantes y de obligatorio acamiento (sic) para la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP en favor de la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, atendiendo al principio de la primacía de lo sustancial sobre lo formal de conformidad con /o dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Politice de Colombia y demás normas legales aplicables a la metería.
TERCERA. Declarar que la suscripción del acta de liquidación bilateral de fecha dos (02) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) del Contrato de Obre Pública No, 1- 01-31100-1492-2013 suscrito el veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013), tiene plena eficacia y validez, misma que se encuentre debidarnente perfeccionada según la aprobación de le garantía de cumplimiento UN. GU 055146 emitida por la compañía se seguros CONFIANZA SA y por lo tanto es vinculante y de obligatorio acatamiento para le EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP en favor de la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, atendiendo el principio de la primacía de /o sustancial sobre lo formal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia y demás normas legales aplicables a fa materia.
CUARTA. Que se ordene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP efectuar la DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTÍA del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013 suscrito el veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013), de conformidad con los dispuesto en la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO contractual, y en consecuencia pagar a favor del contratista la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, que asciende a la sume de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($333.239.008), la cual se constituye en una obligación, clara expresa y exigible por virtud del desarrollo del propio contrato, las facturas ya aceptadas por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, Al-CANTAR/11AD° Y ASEO DE BOGOTÁ ESP de las cuales se practicó esta retención y el acta de liquidación bilateral de fecha dos (02) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
QUINTA. Que se ordene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP efectuaren favor del contratista UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, el pago de las obras adicionales ejecutadas a título de URGENCIA MANIFIESTA PRESENTADA EL VENTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015), pues así lo convinieron las partes en el finiquito del contrato según obra en el Anexo No. 14, anexo que en todo caso hace parte integral de la misma acta en cita y corresponde al valor conciliado entre las partes por obra adiciona/ ejecutada por la emergencia presentada en el punto critico No. 14 ubicado en la calle 129 entre carreras 50 y 51, valor reconocido por parte de la interventoria contratada y avalado par le supervisión de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP y que asciende a la suma de OCHENTA MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO PESOS MC TE. ($80.006.624).
SEXTA. Condenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP a pegar en favor del contratista UNION TEMPORAL /OSO 792 2013 por concepto de indemnización, el valor de los perjuicios y sobrecostos en los que incurrió la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013 correspondientes a las CANTIDADES DE OBRA Y ACTIWDADES ADICIONALES POR VARIACIONES EN LAS CONDICIONES DEL PROYECTO Y LAS EXIGENCIAS PARTICULARES en cuanto hace al ítem de impacto urbano, el cual se Impuso desde la etapa precontractual por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP como un precio global fijo de la propuesta (NO OFERTABLE), y no obstante al haber sido un precio FIJO no correspondió con la realidad de las obras contratadas sufriendo una variación de más del veinte por ciento (20%) del valor inicial ocasionando unos perjuicios y sobrecostos que se reclaman y ascienden a la suma total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($281548.270).
SÉPTIMA. Condenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP a pagar en favor del contratista UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a CIEN (1013) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV), con ocasión del padecimiento, sufrimiento moral, trastorno emocional ocasionado por el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013, causado por parte del contratante EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR/LLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP, y originados por la negativa intencional de esta Entidad para cumplir con las obligaciones contractuales e su cargo contenidas en le CLAUSULA TERCERA. — FORMA DE PAGO, CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, y VIGESIMA SEXTA. — LIQUIDACIÓN contractuales y que de igual manera se causan por la falta al principio de buena fe contractual en que incurre la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP.
OCTAVA. Declarar y disponer que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP pague a favor del UNION TEMPORAL ICSC 792 2013 el valor del REAJUSTE O ACTUALIZACIÓN de la totalidad de las cifras precedentes, calculados desde la fecha en la cual se causaron y hasta la fecha de promulgación del leudo correspondiente., actualización a realizarse según los índices del precio del consumidor o atendiendo a los dispuesto en el artículo 187 de/ CPACA o según la fórmula que se definirá en el proceso.
NOVENA. Declarar y disponer que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP pague e favor del contratista UNION TEMPORAL ICSC 792 2013 el valor de los intereses moratorios correspondientes e las cifras precedentes, el valor de los INTERESES MORATORIOS de la totalidad de las cifras precedentes, desde la fecha en la cual se causaron y hasta la fecha de promulgación del laudo correspondiente y el pago efectivo a favor de la contratista la UNION TEMPORAL ICSO 792, intereses calculados mediante la aplicación de una tase equivalente a una y media veces la tasa de interés moratorio trimestral emitida por la Superintendencia Financiera, según la fórmula que se definirá en el proceso, intereses causados por el incumplimiento del EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILADO V ASEO DE BOGOTÁ ESP, y originados por la negativa intencional de esta Entidad pare cumplir con las obligaciones contractuales a su cargo contenidas en la CLÁUSULA TERCERA, — FORMA DE PAGO, CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, y VIGESIMA SEXTA, - LIQUIDACIÓN contractuales y que de igual manera se causan por la falta al principio de buena fe contractual en que incurre la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP.
DÉCIMA. Dados los evidentes incumplimientos de /a EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESF que dan origen a /os perjuicios y sobrecostos sufridos por la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013 y su negligencia y negativa para solucionar estos inconvenientes y controversias, incluso negando el pago de le retención de garantía a la cual el ~alista fa UNION TEMPORAL ICSC 792 2013 tiene un derechos indiscutible> que se condene en costes y agencies en derecho a 12 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP.”
Como fundamento de las pretensiones, la convocante sostuvo que, a pesar de que el contrato terminó y se liquidó bilateralmente, la convocada no realizó el pago de los valores acordados en el acta de liquidación. De igual modo, señaló que la EAAB E.S.P., a pesar de haber suscrito las actas No. 1 y No. 2 que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato, así como el acta de liquidación bilateral del mismo, las desconoció y se abstuvo de pagar las sumas reconocidas en esta última.
Finalmente, indicó que la EAAB E.S.P. mantuvo a la Unión Temporal "bajo artificios y actos dilatorios en la firme convicción de haber liquidado el contrato COMO EN EFECTO OCURRIÓ y pretende ahora, solo a efectos de sustraerse el pago de lo ilegal y contractualmente debido presumir que ha operado el término de la caducidad pera liquidar el contrato", lesionando sus intereses y causándole perjuicios.
La contestación de la demanda
El 18 de julio de 2019, la EAAB E.S.P. contestó la demanda. En su escrito manifestó su oposición a todas las pretensiones del libelo introductorio, aceptando algunos hechos y negando otros, Al efecto, indicó que no incurrió en acción u omisión que configure el incumplimiento contractual alegado. Además, señaló que
las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato son ineficaces, puesto que fueron suscritas cuando el contrato ya habla terminado y, además, no fueron firmadas por el ordenador del gasto sino por el supervisor del contrato.
Bajo este entendido, indicó que la demanda arbitral se presentó por fuera del plazo establecido en la ley, el cual debla contabilizarse desde la fecha en la que se suscribió el acta de su terminación, lo cual tuvo lugar el 4 de agosto de 2015.
Precisó que la convocante pretende el reconocimiento de la ejecución de obras que se desarrollaron cuando el contrato habla finalizado, es decir, “(…) se trata de una pretensión ajena al contrato de obra, ya que persigue un reconocimiento y pago derivado de un hecho de la administración".
Finalmente, formuló las siguientes excepciones: "Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción" y ''Falta de competencia del tribunal de arbitramento por indebida escogencia del medio de control respecto a la pretensión quinta de la demanda".
La primera audiencia de trámite
El Tribunal de Arbitramento llevó a cabo la primera audiencia de trámite en la que resolvió declararse competente para conocer y decidir en derecho las controversias contenidas en la demanda arbitral presentada por la Unión Temporal contra la EAAB E.S.P.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público rindió concepto mediante escrito en el que solicitó declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales, al considerar que las actas mediante las cuales se prorrogó el término de liquidación del contrato eran inexistentes, puesto que fueron suscritas por el interventor y supervisor del contrato, mas no por el ordenador del gasto.
El laudo arbitral impugnado
Mediante laudo del 17 de noviembre de 2020, el Tribunal de Arbitramento declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales, denegó todas las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias, y condenó en costas a la convocante. El laudo arbitral en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:
“RESUELVE
PRIMERO. - Declarar probada la excepción de mérito de caducidad del medio de control de controversias contractuales formulada por EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ — EAAB S. A. E.S.P.
SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, denegar todas las súplicas de la demanda, tanto principales como subsidiarias.
TERCERO. - Condenar a la UNIÓN TEMPORAL ICSC 792 2013 (integrada por INGECOL SA y LYDCO INGENIERÍA SAS), al pago las costas de este proceso, que se liquiden en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. ($46.819.650.oo).
CUARTO. - Disponer que en la oportunidad prevista en el artículo 28 de la Ley 1563 de 2012, se proceda por el árbitro Presidente del Tribunal e efectuar la liquidación final de gastos y llegado el caso, devolver a las parles el saldo junto con la correspondiente cuenta razonada.
QUINTO. - Disponer que por Secretada se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, con las constancias de ley, y que se remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien deberá tornar atenta nota de la expedición del presente Laudo y efectuar las anotaciones a que haya lugar.
SEXTO. - Remitir copia de/ presente Laudo Arbitral a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.
Como fundamento de lo resuelto, el Tribunal de Arbitramento, tras referirse a las pretensiones y hechos de la demanda, así como también a su contestación, procedió al examen del estatuto procesal de la caducidad, habida cuenta que, “[…]
tanto la parte Convocada como la señora delegada de Ministerio Público alegaron la caducidad del medio de control”.
Al respecto, concluyó, en sin tesis, que las dos actas de prórroga del término para liquidar bilateralmente el contrato no fueron suscritas por el representante legal de la EAAB E.S.P., razón por la cual, “[…] son inexistentes y carecen de fuerza vinculante". Por lo anterior, para efectos del cómputo de la caducidad, tuvo como punto de partida la fecha en la que se suscribió el acta de terminación del contrato.
Bajo este entendido, señaló que, "el Contrato terminó el 4 de agosto de 2015, por lo que el término para su liquidación bilateral se extendió hasta el 4 de diciembre de 2015. A partir de ese momento, teniendo en cuenta que no estaba pactada ni permitida le liquidación unilateral, empezó a contar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, el cual feneció el 4 de diciembre de 2017, sin que en ese momento se hubiese aún presentado la demanda".
La solicitud de aclaración y adición del Laudo
Notificado el laudo arbitral, la Unión Temporal solicitó su aclaración y adición.
Al efecto, la convoca rete solicitó: (i) aclarar si en el numeral primero de su parte resolutiva se declaró probada la excepción de mérito invocada por la parte convocada, que denominó "Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción"; (ii) aclarar si se declaró la inexistencia de las actas que prorrogaron el termino de liquidación bilateral del contrato; (iii) aclarar cuál es la disposición legal o contractual o documento en el cual se fundó el Tribunal Arbitral para concluir que el supervisor del contrato no era el responsable para suscribir las actas referidas; y (iv) adicionar la parte resolutiva del laudo arbitral, “[…] ordenando emitir a expensas de la UNIÓN TEMPORAL ICSC 792 2013, COPIA AUTÉNTICA de una serie de piezas procesales fintes dentro del expediente".
Mediante providencia el 27 de noviembre de 2020, el Tribunal se pronunció sobre lo pretendido, denegando las solicitudes de aclaración y adición del laudo arbitral, al considerar que las mismas eran improcedentes.
El recurso extraordinario de anulación
El 15 de diciembre de 2020, la Unión Temporal formuló recurso extraordinario en el que solicitó la anulación del laudo arbitral proferido el 17 de noviembre de 2020, con fundamento en las causales previstas en los numerales 7° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Frente a la causal 7a de anulación señaló que el Panel Arbitral se apartó del ordenamiento jurídico y no tuvo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, precisando que, “[…] el Tribunal Arbitral resolvió la COritf0VerSia apartándose absolutamente del ordenamiento jurídico aplicable para este tipo de contratos regido por el derecho privado, en especial los artículos 1495, 1500, 1602 y 1603 del Código Civil, así como desechando por completo la regulación consagrada en el propio Contrato de Obra Pública No. 1-0131100-1492-2013, en especial, en cuanto hace a la normativa interna de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP y los procedimientos establecidos por parte de esta. Y como si fuera poco, el mencionado Tribunal Arbitral, además, se apartó absolutamente de las pruebas practicadas a lo largo del proceso arbitral".
En este sentido, tras referirse a la práctica de algunas pruebas, puntualmente la exhibición documental y los testimonios de Diego Fernando Ayala Son-ibredero y Ana Judith Niño Durán, indicó que "el TRIBUNAL DE ARB/TRAMENTO, desconoció por completo, dicha situación, y contra todo pronóstico y las SUFICIENTES PRUEBAS EN CONTRARIO, basados en su íntima convicción, y sin dar razón para ello DECIDIÓ PRESCINDIR DE LAS PRUEBA S REA RECAUDADAS EN EL PROCESO, esto es el ACTA DE PRÓRROGA PARA LIQUIDAR No. 1 de fecha cuatro (04) de marzo de dos mil dieciséis (2016) y No. 2 de fecha cuatro (04) de marzo de dos mil diecisiete (2017), DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE -el Supervisor del contrato - SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, siguiendo exactamente su FORMATO M4FB0204F05-01 y con la anotación y evidencia expresa de que sus ORIGINALES reposan en los archivos de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS de la convocada, y además de lo anterior, pera emitir su fallo decidió apartarse por completo, de la normatividad sustantiva que regía los derechos pretendidos, esto es, el documento denominado “M4FB0203P-02 Procedimiento Liquidación", así como del manual de supervisión e interventoría aplicable a la invitación pública que dio origen al Contrato de Obra No. 1-0131100- 1492-2013, esto es, la Resolución 681 de 2007”.
Añadió que el Panel Arbitral, basado en su convicción y sin fundamento jurídico alguno, llegó a la conclusión de que las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato debían estar suscritas por el ordenador del gasto, aspecto que no estaba comprendido en el contrato ni en manual de contratación de la EAAB E.S.P. y mucho menos en el documento interno denominado “M4FB0203P-02 Procedimiento Liquidación". Afirmó que el encargado de suscribir las actas era el supervisor del contrato y adujo que en el laudo recurrido no se precisó cual fue la disposición en virtud de la cual el Tribunal de Arbitramento consideró que el supervisor del contrato no era el funcionario competente para ello.
Sostuvo que el contrato objeto de debate se regla por el derecho privado y, por tal motivo, no le resultaban aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, que sirvieron de sustento para la decisión asumida por el Panel Arbitral.
Frente a la causal 9a de anulación, la recurrente manifestó que el Tribunal de Arbitramento profirió un falló extra patita. Al respecto, empezó por indicar que en el laudo se declaró probada una excepción que no fue alegada por la convocada y en dicho sentido sostuvo que la EAAB E.S.P. propuso como excepción de mérito la que denominó *"Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción", la cual, según afirmó en el recurso, estaba encaminada a que el Tribunal de Arbitramento declarara que no era competente para conocer la controversia
planteada, mas no a que procediera a declarar la caducidad del medio de control, como en efecto ocurrió.
De otro lado, sostuvo que el Tribunal Arbitral declaró la inexistencia de las actas mediante las cuales se dispuso la prórroga al término para liquidar bilateralmente el contrato, sin que dicho aspecto fuese pretendido o solicitado por alguna de las partes.
Oposición el recurso extraordinario de anulación
El apoderado de la EAAB E.S.P. descorrió el traslado del recurso extraordinario de anulación, mediante escrito en el que se opuso a su prosperidad, señalando que los argumentos de la convocante no se enmarcan en las causales de anulación invocadas, sino que obedecen a su descontento con la decisión adoptada por el Panel Arbitral.
Asimismo, precisó que el Tribunal de Arbitramento fundó su decisión en las pruebas que fueron debidamente allegadas al expediente y practicadas dentro del proceso, así como también en la legislación aplicable al caso.
Por otra parte, señaló que el Panel Arbitral se pronunció sobre los aspectos pretendidos en la demanda, en donde la convocante expresamente solicitó un pronunciamiento en cuanto a la eficacia y validez de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato. De igual manera, afirmó que tanto la convocada como el Ministerio público solicitaron oportunamente el examen de la caducidad del medio de control y que, para tal efecto, el Tribunal debía analizar la validez y los efectos jurídicos de las referidas actas.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de anulación, al considerar que las causales invocadas por la recurrente no se configuran.
Frente a la causal 7a de anulación sostuvo que, “[…] la parle vencida, pretende se dé un nuevo pronunciamiento de fondo respecto de argumentos que ya fueron discutidos en el trámite arbitral, lo que contraria abiertamente la naturaleza del recurso extraordinario de nulidad del laudo arbitral". Además, señalo que el Tribunal Arbitral, contrario a lo afirmado por la recurrente, si examinó las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato.
Con relación a la causal 9a de anulación, manifestó que el Panel Arbitral asumió el conocimiento del asunto, con fundamento en la competencia que en virtud de la ley otorgaron las partes en la correspondiente cláusula arbitral, no siendo la competencia objeto de reproche a través de la excepción que la convocada denominó: "Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción". Por el contrario, advirtió que la excepción propuesta en su oportunidad fue, en efecto, la caducidad del medio de control, de tal suerte que el Tribunal no profirió un laudo incongruente.
Finalmente, en relación con declaración de inexistencia de las actas de prórroga, sostuvo que es suficiente con remitirse al resuelve del laudo atacado para concluir que la manifestación de la apoderada carece de sentido al tenor de lo decidido en el laudo que aquí se recurre.
Trámite del recurso de anulación
Mediante auto del 27 de abril de 2021, se dispuso la admisión del recurso de anulación formulado par la Unión Temporal ICSC 792 2013 y se ordenó notificar personalmente al Ministerio Público.
CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de anulación, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1) competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto; (2) problemas jurídicos; (3) solución a los problemas jurídicos; (3.1.) características de la justicia arbitral; (3.2.) naturaleza y características del recurso de anulación; (3.3.) análisis de la causal 7a de anulación; (3.4.) análisis de la causal 9a de anulación; (3.5.) solución del caso concreto; y (4) condena en costas.
Competencia del Consejo de Estado para conocer el presento asunto
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en el inciso 30 del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.
En este caso, se está en presencia de un laudo arbitral en el que intervinieron la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.13. y la Unión Temporal ICSC 792 2013.
Por lo anterior, comoquiera que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. es una entidad pública, constituida como una Empresa Industrial y Comercial del orden Distrital-, resulta claro que esta Sección es competente en única instancia para conocer el recurso extraordinario de anulación formulado en contra del laudo arbitral proferido el 17 de noviembre de 2020.
Problemas jurídicos
En consideración a los argumentos presentados en el recurso extraordinario de anulación, la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
En primer lugar, deberá establecer si el laudo arbitral, al efectuar el cómputo de la caducidad del medio de control, desatendió el ordenamiento jurídico y las pruebas obrantes en el expediente, configurándose de esta manera la causal prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
En segundo lugar, corresponde determinar si el laudo arbitral, al haber declarado la caducidad del medio de control y al concluir que las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100-1492-2013 de fecha 27 de diciembre de 2013 eran inexistentes y carecían de fuerza vinculante, se pronunció sobre aspectos que no hicieron parte de demanda, ni fueron invocados en su contestación ni las excepciones alegadas y si, por tal motivo, se configura la causal 9a del artículo 41 ibídem.
Solución de los problemas jurídicos
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala se referirá, en primer lugar, a la justicia arbitral y a la naturaleza y características del recurso de anulación, para proceder luego al estudio de las causales de anulación invocadas y al recurso de anulación en el caso concreto.
Características de la justicia arbitral
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el articulo 3a de la ley 1285 de 2009, por medio de la cual se rearmó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo inciso 3º dispone que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad".
En este sentido, el arbitraje es entendida como "[…] un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”.
Se desprende de lo anterior que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros para resolver las controversias sometidas a su conocimiento.
En otras palabras, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional, administrando justicia de manera transitada exclusivamente para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes tes confieren competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos.
Bajo el anterior contexto, la justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los particulares la función de la administrar justicia; (ii) regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación, en tanto que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto especifico sometido a consideración de los árbitros; y (iv) ser excepcional, dado que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley autorice.
Naturaleza y características del recurso de anulación
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado la naturaleza y características del recurso de anulación, destacando de manera pacífica y uniforme, lo siguiente:
El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio.
La finalidad del recurso consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, razón por la cual debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando, por lo cual el juez de la anulación está instituido para analizar vicios de carácter procesal, no sustancial. Así, la decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria, tal y como está previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, el cual determina que "[l]a autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el llamado "principio dispositivo", según el cual el recurrente, al formular y sustentar su recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el objeto que persigue con su interposición. En consecuencia, al juez de la anulación no le está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de establecer la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano el recurso cuando las causares que se aduzcan no correspondan a las señaladas en la ley. Además, dado el carácter restrictivo que caracteriza este recurso, su sustentación no consiste en la sola indicación del texto legal que establece una determinada causal, así como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna de las causales consagradas en la ley, se expongan argumentaciones que en realidad no configuran ninguna de las previstas por el legislador
De la carga de sustentación del recurso de anulación se desprende que el recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa el laudo de incurrir en la causal o causales que invoca, las cuales deben configurar la causar que aduce, de tal modo que la causal alegada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé
Análisis de la causal 7a de anulación
Este supuesto de invalidez del laudo arbitral está establecido en el numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, así:
“7. Haber fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, el laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje y puede ser en derecho, en equidad o técnico: sin embargo, “[e]n los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”.
En pronunciamientos anteriores, la Sala se ha referido al desarrollo jurisprudencial de esta causal, precisando que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico, de tal forma que el marco de referencia ha de estar solo en él. Por tanto, los árbitros se encuentran sujetos no solamente a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral, sino, de igual modo, a la normatividad sustantiva aplicable a la controversia.
A su turno, la jurisprudencia de esta Subsección ha precisado las diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidad. En cuanto al primero, ha indicado, en términos generales, que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya en su Intima convicción, no da razones de su decisión o prescinde de toda consideración jurídica o probatoria, mientras que será en equidad cuando el juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto, al considerar que es injusta o que conduce a una iniquidad, o cuando el juez o árbitro busca por fuera del ámbito de la ley la solución a la controversia.
De acuerdo con lo anterior, en resumen, esta Corporación ha concluido que la causal séptima de anulación se configura cuando: i) el laudo es en conciencia, esto es, cuando los árbitros se apoyan en su íntima convicción y por lo tanto no dan motivación alguna o excluyen toda consideración jurídica o probatoria; y ii) debiendo ser el laudo en derecho, los árbitros inaplican la ley al caso concreto, porque consideran que ella es inicua o que conduce a una iniquidad o también cuando buscan por fuera del ámbito legal la solución al caso sub judice.
Por otra parte, el Consejo de Estado también ha precisado que no basta la mención de normas de derecho positivo para que el laudo pueda calificarse como proferido "en derecho”, sino que es necesario que las normas invocadas corno sustento de la decisión tengan relación directa con el objeto de la litis, de modo que no debe tratarse de una simple referencia descontextualizada, pues de esta manera el fallo tendría la apariencia de estar sustentado en el ordenamiento jurídico, pese a que las normas invocadas no tengan relación alguna con el caso planteado.
En este orden de ideas, si los árbitros resuelven la litis con base en el ordenamiento jurídico, fundado en el análisis y la valoración de las pruebas allegadas oportunamente al proceso, el pronunciamiento será en derecho.
A su turno, el desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones, interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al proferir el laudo arbitral no configura un fallo en conciencia, ni configura la causal 7a de anulación, puesto que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse corno una instancia adicional para replantear el debate sobre el fondo del proceso. Así, le está vedado al juez de la anulación, por lo tanto, entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio; tampoco le corresponde establecer si hubo o no un yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral, ni pronunciarse sobre el alcance que les imprimió el panel arbitral a las obligaciones contenidas en el negocio jurídico o cualquier otro asunto que se refiera al fondo de la litis.
Análisis de la causal 9a de anulación
La causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, prescribe lo siguiente:
“9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a fe decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
El análisis de esta causal responde a un estudio objetivo de la acepción externa del principio de congruencia -artículo 281 del C.G.P.-, consistente en la consonancia o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y las pretensiones y hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estada dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se tratarla de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión seria infra o cifra petita.
En diversas oportunidades esta Corporación se ha referido al principio de congruencia de las sentencias como uno de los orientadores de las decisiones judiciales, a propósito del cual ha señalado:
"En efecto, el campo de le controversia jurídica y de la decisión de/ juez encuentra su límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demencia y en los exceptivos alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar le causa petate a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación de las pretensiones en una oportunidad diferente a le legalmente prevista pare la modificación, adición o corrección de la demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de congruencia, El actor sólo cuenta con dos oportunidades para precisar /a extensión, contenido y alcance de la controversia que propone, es decir pera presentar el relato histórico de los hechos que originan la reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: le demanda y la corrección o adición de la misma, de acuerdo con dispuesto en los artículos 137, 143, 170 y 208 del Código Contencioso Administrativo.
Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de la congruencia de las sentencias, reglado por el Código de Procedimiento, el cual atabe con la consonancia que debe existir entre le sentencia y los hechos y pretensiones aducidos en la demanda (art. 305), que garantiza el derecho constitucional de defensa del demandado, quien debe conocer el terreno claro de las imputaciones que se le formulan en contra. El juez, salvo los casos de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se le faculte para adoptar determinadas decisiones de manera oficiosa, no puede modificar o alterar /os hechos ni las pretensiones oportunamente formuladas, so pena de generar una decisión incongruente".
A su vez, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el examen del principio de congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, aun cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9º de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se
hallen probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate procesal por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del contrato.
Finalmente, cabe señalar que al amparo de lo establecido en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no pueden alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción y competencia por haberse pronunciado los árbitros sobre asuntos
que no se encontraban sujetos a su decisión por voluntad de las partes, puesto que en el numeral 2º del articulo 41 ibídem se prevé una causal de anulación específica para cuestionar estos aspectos.
Solución del caso concreto
A partir de lo expuesto, la Sala abordará el examen del recurso extraordinario de anulación promovido por la Unión Temporal ICSC 792 2013, de conformidad con las causales invocadas.
Frente a la causal 7a de anulación
En el recurso, la Sala evidencia que las acusaciones formuladas por la apoderada de la parte convocante se encaminan a controvertir el laudo arbitral por considerar que constituye un fallo en conciencia y no en derecho, por cuanto, a su juicio, el Tribunal Arbitral, sin consideración jurídica alguna y obviando el material probatorio, prescindió de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato, bajo el entendido que aquellas debían estar firmadas por el ordenador del gasto o el representante legal de la entidad y no por el supervisor.
Bajo este entendido, de cara a las pretensiones de la demanda, los argumentos expuestos en la contestación a la misma, así corno las consideraciones y la parte resolutiva del laudo arbitral, la Sala no encuentra que la decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento haya sido adoptada en conciencia y no en derecho.
En efecto, a partir de la estructura argumentativa del laudo, se observa que el Panel Arbitral fundamentó su fallo en normas vigentes y aplicables, que respondieron al objeto de litis, a los argumentos de defensa y a las excepciones alegadas y se basó en las pruebas que soportaron los hechos y las pretensiones de la demanda. Además, incluyó la motivación o exposición de las razones que fundamentaron las decisiones adoptadas, incluido lo concerniente a la existencia y el carácter vinculante de las actas mediante las cuales se pretendió prorrogar el término de liquidación bilateral del contrato.
En este sentido, se observa que el análisis efectuado por el Tribunal de Arbitramento respecto de las referidas actas obedeció al examen del estatuto procesal de la caducidad que se realizó en el caso concreto. Al efecto, el Panel Arbitral empezó por referirse al material probatorio que tuvo en cuenta para estudiar esta temática, a saber:
“29. Para examinar la caducidad, es pertinente señalar que fas piezas procesales obrantes en el expediente dan cuenta de los siguientes hitos, que resultan relevantes para rever sobre esa excepción:
El 27 de diciembre de 2013, se suscribió el Contrato materia de esta litigio;
El 5 de mayo de 2014, se suscribió el acta de inicio del Contrato, cuyo término inicial ere de 12 meses,
El 20 de mayo de 2014, las partes pactaron una suspensión de la ejecución del Contrato, según acta de esa misma fecha, por tres meses.
El 19 de agosto de 2014 se produjo el reinicio del Contrato.
El 4 de agosto de 2015 finalizó el Contrato, corno consta en el Acta de Terminación.
El 4 de noviembre de 2015 se suscribió el acta de entrega y recibo final.
El 4 de marzo de 2016 se suscribió el Acta de Prórroga No, 1 para la liquidación bilateral del Contrato.
El 4 de marzo de 2017 se suscribió el Acta de Prórroga No. 2 para la liquidación bilateral del Contrato.
El 2 de noviembre de 2017 las partes suscribieron el documento denominado Acta de Liquidación Bilateral del Contrato.
El 27 de febrero de 2019 se presentó la demanda arbitral".
El estudio de la caducidad del medio de control continuó con el análisis de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato y su incidencia en la contabilización de este fenómeno preclusivo de orden público. Para tal efecto, el Tribunal de Arbitramento trajo al caso el contenido del Manual de Contratación de la EAAB E.S.P., puntualmente sus articulas 6º y 40, que guardan relación con la ordenación del gasto y las modificaciones, adiciones y prórrogas contractuales.
Examinado este articulado, el Panel Arbitral señaló que, “[e]n relación con las prórrogas contractuales, se indica que ellas deben ser autorizadas y suscritas por el Gerente General o el Ordenador del Gesto delegado. La solicitud debe hacerse
con 15 días de antelación el vencimiento del plazo del contrato y el procedimiento lo debe adelantar la Dirección de Contratación y Compras. Cualquier solicitud extemporánea será responsabilidad del interventor, del director y del gerente del Área y, su presentación extemporánea, dará lugar a la liquidación del contrato". Además, agregó que "[e]n relación con la liquidación del contrato, se dice que debe efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo, tal como quedó estipulado en el contrato de obra objeto de este litigio. No se prevén el contrato que el Interventor o el Supervisor tengan capacidad o competencias autónomas para suscribir el acta de liquidación”.
Posteriormente, el Tribunal Arbitral puso de presente que al expediente fueron allegados dos documentos correspondientes al “Acta de Prórroga No. 1 para la liquidación bilateral del Contrato", señalando que uno fue firmado por funcionarios de la supervisión y la representante legal de la convocante y otro únicamente por quien estaba encargado de la supervisión. Por su parte, en cuanto al “Acta de Prórroga No. 2 para la liquidación bilateral del Contrato", advirtió que la misma fue suscrita por el supervisor del contrato y la representante legal de la Unión Temporal.
Acto seguido, el Tribunal se refirió al dicho de los testigos Lina Jisela Murcia (Representante Legal de la Unión Temporal), Alejandro Restrepo Gómez (Representante Legal suplente de la interventoría del Contrato) y Humberto Perea (Supervisor del Contrato), quienes rindieron declaración en torno a la suscripción de ras actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato, como resultado de todo lo cual sostuvo que, “[…] en efecto, las mencionadas actas de prórroga para liquidar bilateralmente el contrato, nunca fueron suscritas por el ordenador del gasto o su delegado. Esto significa que la persona que gozaba de capacidad negocia/ para comprometer jurídicamente a la EAAB nunca aprobó ni suscribió las actas […] Las explicaciones de los testigos acerca de la ausencia de firma de las actas son consistentes y coherentes en punto a que su contenido no fue aprobado, por diversas razones, por el ordenador del gesto, motivo por el cual para este Tribunal es claro que tales actas jurídicamente son inexistentes y, por ende, carecen de valor vinculante. Desde luego, no son necesarias extensas
lucubraciones jurídicas para concluir que las actas suscritas por el interventor o por el supervisor no pueden tener la virtualidad de comprometer a la Entidad Pública con el alcance de ser actos contractuales bilaterales, esto es, corno si fueren adiciones o prorrogas del contrato inicial”.
De esta manera, para finalizar el examen de la caducidad, el Panel Arbitral concluyó que su computo no podía partir de la fecha en la que fueron suscritas las actas referidas, pues no habían sido firmadas por el representante legal o el ordenador del gasto de la EAAB E.S.P., quienes realmente podían comprometer y obligar a la entidad “[…] no solamente porque la ley así lo establece (art. 11, numeral 2°, lit. “c” de la ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido por los artículos 99, 117 y 196 del Código de Comercio), sino porque claramente así quedó consignado en el manual de contracción de la EAAB, documento éste que hace parte integral del Contrato materia de este arbitraje, pues así aparece dispuesto en la cláusula novena de aquel".
Bajo este entendido, el Tribunal Arbitral procedió a contabilizar la caducidad, tomando como punto de partida el 4 de agosto de 2015, fecha en la que suscribió el acta de terminación del contrato, estableciendo para tal efecto que, de conformidad con lo previsto en el literal j, numeral 20, del artículo 164 del CPACA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el plazo para liquidar bilateralmente el contrato transcurrió hasta el 4 de diciembre de 2015 y, por tal motivo, el término para presentar la demanda en tiempo feneció el 4 de diciembre de 2017, sin que para ese momento hubiese sido presentada.
Bajo el anterior contexto, contarlo a lo afirmado por la recurrente, se advierte que aquellos aspectos concernientes al examen de Las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato y los fundamentos a partir de las cuales el Tribunal Arbitral prescindió de las mismas para efectos del cómputo de la caducidad, abarcaron en forma amplia el desarrollo del laudo recurrido, contaron con una argumentación jurídica que soportó Jo decidido al respecto y se fundó en los elementos materiales probatorios allegados al expediente, teniendo en cuenta, en particular, las actas, el Manual de Contratación de la EAAB E.S.P. y los testimonios recepcionados.
Ahora bien, la Sala advierte que la inconformidad planteada por la Unión Temporal, en gran medida se centra en debatir las interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Panel Arbitral en cuanto a quien era el competente para suscribir las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato. Al efecto, es menester poner de presente que esta Corporación de tiempo atrás ha señalado consistentemente que no procede fundar el recurso de anulación por la causal de fallo en conciencia en que el Tribunal se hubiere equivocado en la interpretación del derecho vigente o se hubiere apartado de la que a juicio del recurrente constituya su correcta interpretación, así como tampoco en la circunstancia de haberse pasado por alto una prueba o haberla apreciado en forma distinta a la que invocaron las partes.
Como se ha señalado anteriormente, el recurso de anulación no constituye una instancia para debatir la interpretación de la ley o rebatir la valoración do las pruebas y la circunstancia de que la lectura o interpretación normativa efectuada por los árbitros en relación con las normas legales y/o las disposiciones contractuales no coincida con la que el recurrente sostiene acerca de las mismas, no se traduce en la existencia de un fallo en conciencia, y su debate solo resultaría pertinente en el ámbito de la impugnación de un fallo por vicios in iudicando, tarea ajena a la que compete al juez del recurso de anulación de un fallo arbitral.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el cargo formulado por la Unión Temporal ICSC 792 2013 con fundamento en la causal de anulación establecida en el numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no está llamado a prosperar, toda vez que el laudo arbitral recurrido fue proferido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se estructuró en normas jurídicas y los árbitros apreciaron las pruebas que fundamentaron su decisión.
Finalmente, se insiste que el juez de la anulación no puede entrar a estudiar el fondo de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento (errores in iudicando) ni mucho menos la valoración efectuada respecto a las pruebas allegadas al expediente, tal y como lo pretende la parte recurrente en el sub examine, aspectos que, según se precisó anteriormente, exceden el marco del recurso extraordinario de anulación y ciertamente escapan al ámbito de la competencia del juez de la anulación.
Frente a la causal 9a de anulación
Con relación a la causal establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en el recurso formulado por la Unión Temporal ICSC 792 2013 la recurrente pretende la anulación del laudo arbitral proferido el 17 de noviembre de 2020, al considerar que esta providencia constituye un fallo extra petita, porque el Tribunal de Arbitramento: (i) declaró probada la excepción de caducidad, la cual no fue alegada por la parte convocada al contestar la demanda; y (ii) consideró que las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato eran "inexistentes y carecen de fuerza vinculante", a pesar de que dicho aspecto no fue pretendido en la demanda ni alegado por las partes.
En este orden, de la revisión formal realizada por la Sala al laudo arbitral acusado, a la luz de los hechos y pretensiones de la demanda principal, de las excepciones alegadas en la contestación y de la parte motiva y resolutiva de la providencia, se concluye que la causal invocada por la Unión Temporal ICSC 792 2013 no tiene b vocación de prosperar, conforme pasa a exponerse.
Al efecto, se observa, en primer lugar, que las pretensiones planteadas por la convocante en la demanda que dio origen al laudo arbitral cuestionado giraron en tomo a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 1-01-31100- 1492-2013 en lo relativo a su forma de pago, perfeccionamiento, ejecución y liquidación, como consecuencia de lo cual se solicitó condenar a la entidad convocada a la indemnización de perjuicios,
De igual modo, se advierte que la convocada al contestar la demanda, además de oponerse a las pretensiones, propuso como excepción de mérito, entre otras, la que denominó "Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción". Como sustento de dicha excepción, puso de presente que en el caso concreto habla operado la caducidad del medio de control, pues el libelo introductorio se interpuso por fuera del término preclusivo establecido en el literal j), numeral 2º, del artículo 164 del CPACA. Por tal motivo, concluyó que “[...] el Tribunal se encuentra inhibido para Administrar Justicia por haber operado el fenómeno jurídico de la Caducidad de la Acción, por lo que este cuerpo colegiado debe pronunciarse al respecto y declarar la prosperidad de esta excepción”.
En el mismo sentido, el Ministerio Público, dentro de la oportunidad procesal pertinente, rindió el concepto a su cargo en el que solicitó que se declarara la caducidad del medio de control, bajo la premisa de la inexistencia de las actas mediante las cuales se pretendió prorrogar el término de liquidación bilateral del contrato, porque no fueron suscritas por el ordenador del gasto o el representante legal de la entidad convocada.
Bajo el anterior contexto, se aprecia, en primera medida, que el pronunciamiento efectuado en el laudo arbitral recurrido en cuanto a la caducidad del medio de control obedeció al análisis realizado por el Tribunal de Arbitramento respecto de: (i) la excepción formulada por la parte convocada, denominada “Falta de competencia del tribunal de arbitramento por caducidad de la acción", cuya cadena argumentativa, sin lugar a duda, giró en tomo a la declaratoria de caducidad del medio de control; y (ii) lo conceptuado por el Ministerio Público, quien, de igual manera, consideró configurado este fenómeno preclusivo.
En segundo lugar, en atención a la naturaleza del estatuto procesal de la caducidad de la acción -hoy medio de control-, debe anotarse que los árbitros, aún en el evento en que dicha excepción no hubiese sido alegada, estaban facultados para declararla de oficio, teniendo en cuenta que, como se ha señalado precedentemente, el principio de congruencia, desarrollado en la causal 9a del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es relativo, de tal suerte que las cuestiones sujetas al arbitramento no se delimitan exclusivamente a las pretensiones y hechos de la demanda y a las excepciones alegadas por el demandado, puesto que también le es permito al juez pronunciarse frente a determinadas materias, como en efecto ocurre en tratándose del estatuto procesal de la caducidad.
Al respecto, cabe reiterar, en suma, que corresponde al operador judicial adopción de ciertas decisiones sobre cuestiones que se encuentran incluidas en la relación procesal por disposición del legislador, así no hayan sido solicitadas por las partes, como es el caso de la caducidad, evento en el cual, por lo tanto, no se está en presencia de una decisión que verse sobre una materia no sujeta a la decisión de los árbitros.
Bajo el anterior contexto, en el sub examine se observa que el fundamento para que los árbitros declararan la caducidad del medio de control, se halló en la excepción formulada por la parte convocada, en lo conceptuado por el Ministerio Público y, además, en la facultad oficiosa del juez de declarar la caducidad, incluso aun cuando no se hubiere solicitado, tal como lo ha señalado en diversas oportunidades esta Corporación, al afirmar:
"Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procese! de le caducidad, lo cual implica fa pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos. Dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho, así corno tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada da oficio por el juez".
De otra parte, respecto al cuestionamiento planteado en el recurso extraordinario de anulación, relacionado con el hecho de que se habría configurado la causal de anulación por cuanto el Tribunal de Arbitramento, a juicio de la recurrente, se pronunció en relación con las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato encontrando que eran inexistentes y que carecían de fuerza vinculante, la Sala observa que dicho pronunciamiento devino del examen realizado por el Panel Arbitral respecto de la caducidad del medio de control, toda vez que para su contabilización era menester determinar la incidencia de dichas actas, máxime cuando la parte convocada y el Ministerio Público, al referirse a este estatuto procesal, justamente argumentaron que las actas eran inexistentes e ineficaces porque se suscribieron cuando el plazo del contrato habla vencido y no fueron firmadas por el representante legal o el ordenador del gasto de la entidad, aspecto planteado también, por lo demás, en la pretensión segunda de la demanda.
En consecuencia, se encuentra que la consideración expuesta por el Tribunal Arbitral respecto de la inexistencia y de la falta del carácter vinculante de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato, obedeció a las pretensiones formuladas por la convocante en la demanda, a los planteamientos de defensa expuestos por la parte convocada y a lo argumentado por el Ministerio Público en la intervención a su cargo y su análisis era presupuesto necesario para examinar si en el caso concreto se configuraba o no la caducidad del medio de control.
Para finalizar, cabe reiterar que le está vedado al juez de la anulación referirse a cuestiones atinentes al fondo de la controversia, así como calificar o modificar los
razonamientos e interpretaciones realizadas por el Tribunal en el laudo proferido. Como ya se advirtió, la formulación del recurso extraordinario de anulación se encuentra sujeta a las causales taxativas que la ley ha previsto, con el fin de corregir los errores in procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo tribunal de arbitramento y no constituye una segunda instancia.
No es posible, entonces, disentir del criterio y de las consideraciones asumidas por el Tribunal de Arbitraje al expedir el laudo, teniendo en cuenta que el mismo resulta de la apreciación de los hechos sometidos a su competencia y de la valoración de las pruebas aportadas al proceso.
Se desprende de lo anteriormente expuesto, en conclusión, que el laudo arbitral proferido el 17 de noviembre de 2020, no concedió más de lo pedido, es decir, no resultó extra pella y, por lo tanto, no se configura la causal de anulación prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 pues, no solo la caducidad del medio de control fue alegada como excepción por la parte convocada y puesta de presente por el Ministerio Público, sino que la habilitación de los árbitros comprende la posibilidad de declararla de oficio y en el sub examine implicaba abordar el examen respecto de la existencia, validez y carácter vinculante de las actas que prorrogaron el término de liquidación bilateral del contrato.
No prosperando las causales invocadas por la Unión Temporal ICSC 792 2013, es consecuencia obligada declarar infundado el recurso de anulación y condenar en costas a la recurrente.
Condena en costas
Comoquiera que se declarará infundado el recurso de anulación interpuesto por la sociedad la Unión Temporal ICSC 792 2013, tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el cual, "Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público".
Como consecuencia, se dispondrá la fijación de costas por la Secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para efectos de la aprobación mediante auto, de acuerdo con el procedimiento del artículo 366 del Código General del Proceso.
Para ello, dado que no aparecen acreditadas expensas o gastos que se hubieren efectuado con ocasión del recurso extraordinario de anulación, sólo habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la recurrente -Unión Temporal ICSC 792 2013-, las cuales se entienden causadas en razón de la actuación desplegada por la parte vencedora para defenderse dentro del presente trámite, que para el caso concreto se fijarán en diez (10) SMLMV a la fecha de la presente providencia a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, "Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho", el cual determina que tratándose del recurso de anulación de laudos arbitrales la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la unión Temporal ICSC 792 2013 contra el laudo arbitral del 5 de febrero de 2020.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Unión Temporal ICSC 792 2013 Por Secretaria de la Sección liquídense diez (10) SMLMV a la fecha de la presente providencia, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: En firme esta providencia enviase el expediente al Tribunal de Arbitramento de origen.
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Cfr. Laudo Arbitral, fis. 548 y 549.
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“Artículo 46. Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será competente […]
Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desemperne funciones administrativas, será competente le Sección Tercero de le Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado".
Acuerdo No. 6 de julio 25 de 1995, Expedido por el Concejo Distrital: Artículo 1°: Acuerdo No. 05 de enero 17 de 2017, Expedido por la Junta Directiva de la Entidad: “Capitulo 1. Artículo Tercero: Naturaleza Jurídica. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente".
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2015. Rad.: 36633. En esta sentencia la Corporación precisó que, “[…] en cumplimiento del artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993, y del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, la naturaleza jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fue modificada mediante el Acuerdo Distrital No. 6 de julio 25 de 1995, convirtiéndose en Empresa industrial y Comercial del Distrito Capitel, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, por lo que se trata entonces de una empresa oficial de servicios públicos (numeral 14,5 del artículo 14 de la ley 142), definida como entidad estatal por el artículo 38 de la ley 489 de 1998".
“Articulo 116, […] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de juradas en las causas criminales, conciliadoras o en la de árbitros habilitados por las partes pare proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine le ley”.
Cfr. Artículo 1º de la Ley 1563 de 2012
Hernán Fabio López Blanco, "Procedimiento Civil Parte General”, Tomo I. Dupré Editores, Bogotá D.C., Páginas 128 y 129.
En múltiples providencias esta Corporación se ha pronunciado acerca de la función jurisdiccional de tos árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, resaltando que et pacto arbitral es el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes se obligan a someter sus diferenciase la decisión árbitros investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, para proferir un laudo que tiene la misma categoría jurídica y los mismos efectos de la sentencia judicial. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012. Radicación número: 76001-23-31-000-1997-04882-01(18013).
En este sentido, la jurisprudencia he puesto de presente que el acuerdo de las partes constituye el punto de partida y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en el caso concreto, enfatizando sobre el particular que “… el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento expreso de la decisión libre y voluntaria da las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino el arbitraje para la decisión de sus disputas...". Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2012. Expediente: D -8677.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2017. Rad.: 46745. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001.
Se reitera lo sostenido por esta Subsección en sentencia del 18 de enero de 2019, radicado: 11001- 03-26-000-2018-00160-00(62476), 23 de abril de 2018, radicado: 11001-03-26-000-2017-00106-00 (59731) sentencia del 19 de julio de 2017: 11001-03-26-000-2017-00043-00(59067), 31 de agosto de 2015, radicado: 11001-03-26-000-2015-00060-00(53585), entre otras.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de abril de 2018. Rad.: 59270.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 28 de junio de 2019. Rad.: 63494; del 31 de agosto de 2015. Rad.: 63585; y deI 31 de octubre de 2016, Rad.: 11001-03-26-000-2018-00099- 00 (57422) A.
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 31 de octubre de 2016, Rad. 11001-03-26-000-2016-00099-00 (57422) A.
Al respecto, véase por ejemplo Sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del 19 de julio de 2017, Rad.: 59067 y Sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del 18 de enero de 2019, Red.: 62476.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Rad.: 38621, reiterada en Sentencia de la misma Subsección de fecha 18 de enero de 2019, Rad: 62476.
Crf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de mayo de 2017, Rad.: 58675; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de enero de 2012. Rad.: 40082.
Al respecto, en Sentencia del 19 de julio de 2017 el Consejo de Estado se refirió detenidamente a la diferenciación entre el fallo en conciencia y el fallo en equidad, señalando, con apoyo en el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, lo siguiente:
"La Sección Tercera del Consejo de Estado ha estimado que el fallo en conciencia se configura cuando el juzgador se aparta del marco jurídico y decide con fundamento en la mera equidad, razón por la que la motivación no es esencial pare la validez de su decisión. También ha dicho que esa estirpe de decisiones se caracteriza por prescindir totalmente del acervo probatorio o de las romas jurídicas, por la ausencia de razonamientos jurídicos o por basarse en el concepto de verdad sabida y buena fe guardada. En conclusión, podríamos decir que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya en su íntima convicción, no da razones de su decisión o prescinde de toda consideración jurídica o probatoria. El cambio de la expresión legal “en conciencia” por la de “en equidad” no implica una simple modificación de denominación pues en esa variación va envuelta la defensa de la garantía fundamental del debido proceso. La garantía del debido proceso está compuesta por múltiples elementos entre los cuales nos interese destacar para lo que aquí se discurre el deber que tiene el juez de motivar sus decisiones y el derecho de los asociados a que la solución de sus conflictos se fundamente en la ley y en las pruebas oportunamente y regularmente allegadas al proceso. Esta garantía cobija cualquier actuación jurisdiccional, sin que constituya una excepción la de los particulares que en determinados casos administran justicia como ocurra con los árbitros, pues estos Pueden, si las partes los habilitan, proferir fallos en derecho o en equidad aunque “en los términos que determine la ley”.
“(…)
Ahora, los jueces, y entre ellos, los árbitros están sometidos al imperio de la ley pero podrán recurrir a la equidad como criterio auxiliar de su actividad como criterio único, si en éste último caso, en tratándose de los árbitros, las partes los habilitan para ellos, o si, en los demás casos, el proceso versa sobre derechos disponibles y las partes, siendo plenamente capaces lo solicitan. Sin embargo, debe recordarse lo que atrás se expresó en el sentido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, el arbitramento para la solución de controversias contractuales debe ser siempre en derecho, ser olvidar que se puede pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos. Así que en conclusión, los fallos en equidad, sea que los profieran los jueces o sea que los emitan los árbitros en los casos que proceden, no quedan exentos de estar motivados ni de fundamentarse en las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso. Luego, la gran conclusión es que los fallos en conciencia están prescritos en nuestro sistema jurídico y que se podrá acudir a la equidad como criterio único si la ley o las partes facultan al juzgador para ello. Pero, ¿Qué es lo que caracteriza un fallo en equidad?
A juicio de la Sala nada mejor que dos postulados que atrás se mencionaron para determinar si se rotula con la equidad a una decisión. En efecto, la providencia será en equidad cuando: a) El juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque considera que ella es inicua o que conduce a una iniquidad; b) El juez o el árbitro busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido. Pero, se repite, ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador prescinde de la motivación o de las pruebas porque entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de ésta naturaleza están proscritas de nuestro sistema jurídico tal corno se deduce de los artículos 29, 116 y 230 superiores". (subrayado fuera del texto original). Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente:
Jaime Enrique Rodríguez Navas, 19 de julio de 2017, Rad.: 11001-03-26-000-2017-00043-00(59067).
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de junio de 2007. Rad.: 32896.
Conseja de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2016, Rad.: 55307.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2019. Rad.: 64280.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de octubre de 2016, Rad.: 59949 y del 27 de noviembre de 2017, Rad.: 59913.
Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2020. Rad.: 64627A.
En la actualidad este principio se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, cuyo texto es el siguiente:
“Articulo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por cause diferente a fa invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente la último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permitida considerado de oficio...".
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, Rad. 15.898.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de junio de 2002. Rad.: 20634.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia del 13 de abril de 2015. Rad.: 52556.
FI. 27. Laudo Arbitral. Cfr. Índice de Gestión Judicial SAMAI.
FI, 24 y 25 del Laudo Arbitral. Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
FI, 27 y 28 del Laudo Arbitral. Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
FI. 40 y 41 del Laudo Arbitral. Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
FI. 42, del Laudo Arbitral. Cfr. índice 2 de Gestión Judicial SAMAI.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de febrero de 2017. Rad.: 58068. En dicha providencia se indicó lo siguiente:
“Ahora bien, a título meramente ilustrativo, se advierte que no procede fundar el recurso de anulación por la causal de fallo en conciencia, en los siguientes eventos o hipótesis:
i) Cuando et tribunal de arbitramento se equivoca en la interpretación del derecho vigente. En este tipo de argumentos, el recurrente cuestiona la norma aplicada por el tribunal de arbitramento; acude a formular sus propias demostraciones acere d de cómo se interpreta la ley para el caso en cuestión y elabora las conclusiones a las que ha debido llegar el referido tribunal.
En este evento, el laudo objeto de recurso refiere y analiza las normas jurídicas aplicamos a la materia del debate, no obstante, lo cual, el recurrente aduce o esgrime sus propios planteamientos en tomo a la tesis jurídica que. en su criterio, debió plasmarse en la providencia, y que se orienta a refutar las consideraciones del laudo arbitral que no lo favorecen. En tales casos, no está llamado a prosperar el recurso de anulación que aduce la pretendida expedición de fallo en conciencia, tode vez que no contiene los supuestos de dicha causal sino que se encamine, en realidad, a la búsqueda de una segunda instancia, con miras a desvirtuar el análisis de fondo. En sume, el juez del recurso de anulación no puede declararlo fundado cuando se sustente sobre argumentos y planteamientos que modifican, enmiendan o rectifican las interpretaciones que el tribunal arbitral haya efectuado con fundamento en disposiciones del ordenamiento jurídico.
Cabe advertir que la jurisprudencia ha expuesto que el fallo en conciencia solo se puede entender configurado por el alejamiento manifiesto del derecho vigente o la absoluta prescindencia de la normativa jurídica que gobierna el caso concreto, razón por la cual, la anulación del laudo impugnado no se puede fundar en un alegado defecto en la interpretación de la ley.
ii) Cuando el tribunal arbitral funda el laudo en la equidad, como criterio auxiliar para llenar los vacíos legales. Al respecto, esta Corporación ha advertido que el criterio de la equidad es un elemento de interpretación que puede emplear la justicia arbitral, aun en el marco del arbitramento en derecho, sin que por ello sea procedente la anulación del laudo.
iii) Cuando el tribunal de arbitramento interpreta de manera incorrecta el contrato sometido a la controversia. En estos casos, con fundamento en el propio ordenamiento —particularmente en el Código Civil- se ha precisado que las cláusulas pactadas constituyen derecho o ley pera las partes, de suerte que, al interpretarse y aplicarse tales cláusulas a la solución del conflicto en el proceso
arbitral, aun sí tal ejercicio se realiza en un sentido diferente al que las partes le pretendieron dar, no es posible invocar la causal de fallo en conciencia para solicitar la anulación del laudo.
iv) Por último, si las pruebas fueron apreciadas o valoradas en forma distinta a la que invocaron las partes. En efecto, el recurso de anotación no es una instancia para rebatir o cuestionar la valoración de las pruebas. Solo es posible invocar la causal de fallo en conciencia cuando es inexistente el sustento probatorio o cuando se desconoce en forme manifieste e injustificada la prueba que sea indispensable para fallar, dado que la decisión debe fundarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. Por tanto, únicamente el laudo proferido "sin consideración a prueba alguna” ha sido aceptado como susceptible de cuestionamiento por fallo en conciencia, porque se entiende que en estos eventos la decisión está fundamentada única y exclusivamente en la conciencia o en el fuero interno de los giros, desligada del sistema o del orden jurídico y normativo”.
Cfr. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. Rad.: 627027
En cuanto a la caducidad de la acción, hoy denominado medio de control, debe recordarse que, apuntando a la protección del interés general, el legislador colombiano ha establecido unos plazos para el oportuno ejercicio de cada uno de los medios de control judicial que pueden instaurarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico y la existencia de situaciones indefinidas en el tiempo. Estos plazos son perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables, de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiere elevado la correspondiente solicitud judicial, produce la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de estas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, una mayor eficiencia procesal y un adecuado control frente a la libertad del ejercicio del derecho de acción, a la vez que procura la estabilidad del derecho, de tal manera que las situaciones controversiales que requieran solución por parte de los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
En este orden de ideas, la caducidad es un fenómeno procesal de carácter bifronte, en tanto procura, por un lado, la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente, constituyéndose, por lo tanto, en un límite al ejercido del derecho de acción y, paralelamente, por otro lado, constituye una garantía frente a la consolidación de las situaciones jurídicas.
En otras palabras, la caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación pero de igual modo, se entiende a la vez corno una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure47 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
Por otra parte, la caducidad también fue consagrada por el legislador colombiano corno una excepción, entendida como aquella herramienta que el ordenamiento jurídico le entrega al demandado al momento de ejercer su derecho de contradicción y defensa, la cual conforme a la jurisprudencia se cataloga como mixta, porque: (i) ataca la relación jurídico sustancial y (ii) debe ser resuelta en la audiencia inicial o en la sentencia, a petición de parte o inclusive de oficio.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de marzo de 20121. Rad.: 63836. En el mismo sentirlo Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia del 3 de octubre de 2019. Rad.: 46039. Sentencia del 23 de octubre de 2020. Rad.: 62873. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Rad.: 49082.
Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 65558
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