Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00052-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00052-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00052-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
2 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo, Norte de Santander
Demandado: José de la Cruz Cáceres y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión Causal 5a del art. 250 del CPACA Nulidad originada
• -
en la sentencia. Subtema 1: Acción de grupo. Daño causado a damnificados de la ola invernal.
Omisión del reporte de afectados. Subtema 2: Falta de motivación de la decisión no acreditada.
Error de hecho no acreditado. Instancia adicional.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
municipio de Toledo contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, el 20 de febrero-de 2020, que declaró la responsabilidad
patrimonial del municipio en el marco de un proceso de reparación de perjuicios
causados a un grupo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Con fundamento en la causal de revisión prevista en el artículo 250.5 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA)1, el apoderado del municipio de Toledo pretende que se invalide
la sentencia dictada por l Tribunal Administrativo de Norte de Santander que
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la responsabilidad del
ente territorial por la omisión de envío del censo de afectados de la segunda ola
invernal acaecida en el año 2011 a la Unidad Nacional. para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD), que le impidió a los damnificados solicitar el auxilio
económico. A su juicio, la nulidad originada en la sentencia se configura por la falta
de motivación y el error de hecho en los que habría incurrido al tener por acreditado
el daño, a pesar de que no se contaba con "prueba necesaria y suficiente" que
demostrara la condición de damnificado de quienes integraron el grupo.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda iniciar y la sentencia cuestionada
2.1.1. José de la Cruz Cáceres presentó demanda en ejercicio de la acción de
reparación de perjuicios causados a un grupo para que se declarara la
responsabilidad patrimonial del municipio de Toledo por el daño consistente en la
1
Artículo 250. "Sin perjuicio de h previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: [ ... ] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación".
1
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Demandante: Municipio de Toledo
"pérdida de oportunidad" derivada de la omisión en la que incurrió por no enviar a
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el censo de
afectados de la segunda temporada invernal ocurrida entre septiembre y diciembre
de 2011. Como consecuencia, solicitó condenar al municipio a pagar a cada familia
damnificada la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) dejada de
percibir por causa de la omisión.
2.1.2. El Juzgado 1° Administrativo de Pamplona, en sentencia dictada el 19 de
febrero de 2019, negó las pretensiones de la demanda bajo la consideración de que
los actores no acreditaron la condición de damnificados en los términos establecidos
por la UNGRD para el reconocimiento del subsidio económico, dado que sólo se
aportó al expediente "el censo elaborado por parte del Municipio de Toledo allegado
con la contestación" y la lista de "97 personas censadas", documentos que
consideró insuficientes para demostrar la existencia de ün daño cierto y personal3.
2.1.3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander; por medio de la sentencia
objeto de revisión expedida el 20 de febrero de 2020, revocó la decisión apelada y,
en su lugar, declaró patri mon ¡al mente responsable al municipio de Toledo por el
perjuicio causado a los demandantes con motivo de la omisión que les impidió
recibir la ayuda económica fijada por el Gobierno Naciopal para los afectados de la
segunda ola invernal del año 2011 y lo condenó al pago del auxilio económico fijado
por la UNGRD en la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) a las
familias damnificadas, "siempre y cuando se hubieran verificado los presupuestos
especiales dirigidos a establecer dicha condición". Al sustentar la decisión, el
tribunal afirmó que las pruebas aportadas acreditaron que la administración
municipal de Toledo verificó la afectación de 28 familias.y la destrucción de más de
35 viviendas por la ola invernal ocurrida entre septiembre y diciembre de 2011, pero
no fue incluido por la UNGRD en la lista de los municipios que recibieron recursos
para la atención de los damnificados, porque en la base de datos de ese organismo
no se encontró el censo enviado por ese ente territcrial. Concluyó que el ente
territorial "incurrió en una omisión que perjudicó a los damnificados de Toledo",
porque les impidió acceder a la ayuda económica dispuesta en favor de las familias
que acreditaran la condición de damnificadas de la segunda ola invernal de 2011,
conforme a los presupuestos fijados por la UNGRD4.
2.2. El recurso extraordinario de revisión
El 26 de marzo de 2021, el representante del municipio de Toledo presentó recurso
extraordinario de revisión ante esta Corporación, contra la sentencia expedida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 2Ó de febrero de 2020, con
fundamento en la causal 5a del artículo 250 de la Ley i437 de 2011, relativa a la
existencia de nulidad originada en la sentencia, en síntesis, por las siguientes
razones:
2.2.1. Falta o errónea motivación, ya que el tribunal tuvo por acreditada la condición
de damnificados tan sólo con la demostración de que "algunos habitantes del
municipio" resultaron afectados por la segunda ola invernal ocurrida en 2011;
circunstancia a partir de la cual entendió configurado el daño y "difirió la prueba y la
demostración de los elementos al trámite posterior".
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 2, archivo 12716, página 10 (demanda).
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 2, archivo 8231, página 129.
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, indice 2, archivo 1949, página;11.
2
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Demandante: Municipio de Toledo
2.2.2. Error de hecho al tener por acreditada la condición de damnificados de los
integrantes del grupo, a pesar de que el registro de inscritos de la UNGRD, en el
que aparecen la mayoría de los demandantes, se refiere a la primera ola invernal
no a la segunda. Además, se valoró el listado de los afectados de la segunda ola
invernal, elaborado por el municipio de Toledo, sin tener en cuenta que es una
"prueba que pudo ser producto de manipulación y adulteración" en lo que atañe a la
fecha del evento. Y agregó que el tribunal fue "selectivo" al revisar los medios
probatorios con el propósito de justificar la acreditación del daño, sin acudir a la
facultad de decretar pruebas de oficio para esclarecer los puntos oscuros5.
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
El magistrado sustanciador, por medio de auto expedido el 15 de abril de 2021,
admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 20 de
febrero de 20206, y ordenó su notificación personal a "quienes conformaron la parte
demandante dentro del proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo,
radicado al número 54518-33-33-001-2017-00104-01". El auto fue notificado en
debida forma a las partes y al Ministerio Público7.
2.3.2. José de la Cruz Cáceres, representante del grupo, presentó memorial en el
que solicitó declarar la improcedencia del recurso por extemporáneo, pues, a su
juicio, la sentencia cobró ejecutoria el 25 de febrero de 2020 y la demanda fue
radicada el 2 de marzo de 2021, esto es, por fuera del término de un año previsto
en la ley8.
2.3.3. El procurador delegado para la conciliación administrativa rindió concepto
en el que solicitó declarar infundado el recurso por no encontrar configurada la falta
de motivación de la sentencia, pues, a su juicio, la declaración de responsabilidad
en el marco de una acción de grupo permite la imposición de una condena colectiva
ejecutable sólo por quienes acrediten condiciones uniformes frente a la causa del
daño, aún después de proferida la sentencia. Además, afirmó que el error de hecho
alegado por el recurrente tampoco encaja en el supuesto de procedibilidad de
revisión extraordinaria, porque la sustentación está dirigida a reabrir el debate
probatorio, no a demostrar una apreciación errónea, caprichosa o arbitraria de las
pruebas9.
2.3.4. El expediente pasó al despacho sustanciador conforme a lo dispuesto en el
artículo 254 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo ("CPACA"), por no haber lugar al decreto de pruebas10.
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 2, archivo 2617, página 1.
6
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 4.
Expediente electrónico, aplicativó Sama¡, indices 12-15.
8
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 9, archivo 372.
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, indice 16. Procurador, Luis Ramiro Escandón Hernández.
°
CPACA, articulo 254. Pruebas. Si se decretaren pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará un
término máximo de treinta (30) días para practicarlas.
ARTICULO 255. Sentencia. Vencido el periodo probatorio se dictará sentencia.
3
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Demandante: Municipio de Toledo
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso extíaordinario de revisión, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA11, por
cuanto se trata de una providencia ejecutoriada dictada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en el marco de una acción de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
3.2. Oportunidad del recurso extraordinario de revisión
En atención a la solicitud presentada por los integrantes del grupo12 para que se
analizara lo relativo a la oportunidad en la interposicióndel recurso extraordinario
de revisión, la Sala precisa: i) que la providencia cuetionada, dictada el 20 de
febrero de 2020, cobró ejecutoria el 2 de marzo de 2020, tal como consta en la
certificación expedida por el secretario del Juzgado 1° Administrativo de
Pamplona13; u) que, por efecto de la pandemia, los términos judiciales
permanecieron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de julio de
2020 (3 meses y 12 días)14- iii) que la demanda fue presentada el 26 de marzo de
2021[15], no el 2 de marzo como equivocadamente lo refirieron los integrantes del
grupo, fecha que, según lo indicado en el expediente electrónico, corresponde al
documento, no a su radicación ante esta Corporación. Por lo anterior, es del caso
concluir que, una vez descontado el periodo de suspensión de los términos
judiciales decretado por el Consejo Superior de la Judicatura días después de la
ejecutoria de la sentencia objeto de revisión, el recurso extraordinario fue
interpuesto en el término de un (1) año previsto en el primer inciso del artículo 251
del CPACA.
3.3. Legitimación en la causa
3.3.1. El municipio de Toledo, Norte de Santander, por; conducto del alcalde, está
legitimado en la causa por activa para interponer el. recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, dado que está demostrado16 que actuó como
parte demandada en el proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo
radicado bajo el nro. 2017-00104-01, finalizado por medio de la providencia objeto
de revisión que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda.
3.2.2. Asimismo, se encuentra demostrado con la copia del expediente de
reparación de perjuicios causados a un grupo, que José de la Cruz Cáceres actuó
como representante de los afectados de la segunda temporada invernal del año
2011, por lo que tiene legitimación en la causa por pasiva.
11
Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profir ió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejectitonadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (...)".
12 Aptado. 2.3.2.
13
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 2, archivo 1949, página'k27.
14
Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 11517 de 15 de marzo de 2520 y 11581 de 27 de junio de 2020.
15
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, indice 1.
16 Aptados. 2.1.1 a 2.13.
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Demandante: Municipio de Toledo
3.3. Problema jurídico
¿La sentencia dictada el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander es nula, por haber incurrido en falta de motivación y error de
hecho al tener por acreditado el daño alegado por el grupo y condenar al municipio
de Toledo al pago del auxilio económico a favor de quienes acrediten la condición
de damnificados de la segunda temporada invernal del año 2011, por lo que incurrió
en la causal de revisión prevista en el artículo 250.5 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?
3.4. Sobre el recurso extraordinario de revisión
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el recurso extraordinario de
revisión, previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un mecanismo
judicial de naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional 17, que
posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo la intangibilidad de la cosa
juzgada, y su eventual invalidación, sólo ante el hallazgo de incurrir en una causal
de revisión, con el propósito de restablecer la justicia material, a través de la
anulación de la decisión y la consecuente orden de proferir una nueva providencia
ajustada al ordenamiento jurídico.
La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA18,
reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas
del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas19
por las causales taxativas establecidas por el legislador en cada caso, que giran en
torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y revelan que es
materialmente injusta. En lo que atañe al recurso de revisión contra sentencias
expedidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Corte precisó que
"tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil,
y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada20"21.
La excepción al principio de cosa juzgada deviene de la configuración de causales
de naturaleza eminentemente procedimental, por vicios o errores que, de
conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por
la vía del recurso extraordinario. En punto a la naturaleza de las causales de revisión
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del
3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
18 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
19
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: "la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)" Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA'
20 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: "Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquel/os casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio "res iudicata pro veritate
ha be rtur" para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado".
21
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 5 de febrero de 2021.
5
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Demandante: Municipio de Toledo
extraordinaria, esta Corporación ha considerado que "involucran irregularidades de
carácter procesal (numeral 6, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o
bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos
de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 4 y 7), a
excepción de la causal del numeral 5, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo" 22
3.5. Alcance de la causal de revisión consistente en nulidad originada en la
sentencia
3.5.1. La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al considerar que la
causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura
por causa de un vicio que aparezca en la sentencia y no en actuaciones que la
antecedan, dado que respecto de las últimas el vicio puede alegarse por medio de
los recursos ordinarios que, de no interponerse, suponen el eventual saneamiento
de la nulidad.
El presupuesto de procedencia de la causal de revisiónextraordinaria por nulidad,
en el marco exclusivo de la sentencia, desliga su configuración de los eventos de
nulidades procesales generales ocurridas con anterioridad a su expedición, para
circunscribirlo a eventos excepcionales pasibles de ocurrir únicamente en esa etapa
procesal. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que,
no es posible "alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que 'l proposición de nulidades
procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación
previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber
que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades
insaneables que observe antes de dictar sentencia"23.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha referido los eventos que tradicionalmente
han sido considerados constitutivos de nulidad de la sentencia, con la precisión de
que no son taxativos. Al respecto, esta Corporación ha considerado que expedir un
fallo inhibitorio sin motivación o razón para ello puede constituir un evento de
nulidad de la sentencia por configurar una violación al derecho de tutela judicial
efectiva y ha reiterado que la nulidad también puede devenir 24:
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013,
expediente 2010-0038-00. Sobre el tema ver: Corte Constitucional, sentencia C-520 de agosto 4 de 2009.
"Como puede observarse, las causales consagradas en los numerales 1, 2 (parcial), 5, y 7 del artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho
frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: ( ... ) Por su parte, las causales consagradas en los
numerales 2 (parcial), 3, y 4, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir
la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la
aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la
existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición,
al momento de/reconocimiento, de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación
periódica. La causal del numeral 6, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente,
la causal de/numeral 8, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida
con la sentencia que es objeto de revisión'
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, SalaEspecial de Decisión 13, sentencia
del 7 de junio de 2016, expediente 2015-02493-00. Sala Especial de Deciión 3, sentencia de 4 de agosto de
2021, expediente 2021-00610-00.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018, expediente
1998-00153-01, que reitera tesis expuesta en sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
expedidas el 1 de junio de 2005, expediente REV-062 y el 25 de noviembré de 2008, exp. 2003-00135-01.
6
4.
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo
"i) Por falta de jurisdicción o competencia, II) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, III) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención de/proceso, iv) cuando
se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, y)
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se
condena a quien no ha sido parte en el proceso, vi¡) o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción
o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, vIIi) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación".
3.5.2. En lo que tiene que ver con la causal de nulidad de la sentencia por
ausencia de motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que
su configuración ocurre "ante la carencia absoluta de pronunciamiento de/juez
sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la
decisión25, o cuando se fundamenta en circunstancias manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas26. No aplica, así para controvertir las razones
del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador27.1' 28.
En punto a la procedencia de la causal de nulidad de la sentencia por carente o
errónea motivación, viene oportuna la jurisprudencia que sobre el tema ha
mantenido la Corte Suprema de Justicia, según la cual, "no basta la presencia
objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede blindado y a
resguardo de la nulidad, (...) e/juez de la revisión no puede negarse a auscultar los
argumentos y su fuerza, tomando recaudos, eso sí para no hacer del recurso de
revisión una tercera instancia espuria. La tesis así planteada, por virtud de la cual
la Corte reconoció que la nulidad originada en la sentencia podía obedecer a
defectos graves de argumentación, siendo ese un evento subsumible en la causal
octava de revisión, se reiteró posteriormente en sucesivos fallos de revisión al
momento de referir la jurisprudencia imperante en la materia ( ... ) al punto que en
acciones de tutela, la Corte denegó el amparo implorado con sustento en esa
misma tesis, aduciendo que los accionantes contaban con el recurso extraordinario
de re visión" 29-30.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009,
expediente 2003-00133-00.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, expediente
2002-02456-01(35824).
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018, expediente 2007-
00107-01(47300).
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de junio de 2019, expediente 1999-
02281-01(43992).
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 11 de julio de 2018, expediente 2014-00691,
5C5408-2018. "Como esa interpretación y alcance de la causal 8° fue reiterada y adoptada de manera uniforme
en posteriores sentencias dictadas en sede del recurso extraordinario de revisión, ( ... ) constituye doctrina
probable en esa materia en los términos del artículo 4° de la Ley 169 de 1896, al punto que en acciones de
tutela, la Corte denegó el amparo implorado con sustento en esa misma tesis, aduciendo que los accionantes
contaban con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la deficiente motivación de los fallos
judiciales (...)".
30
Sobre la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad derivado de la existencia
de un mecanismo de defensa judicial (recurso extraordinario de revisión) ver: Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencias de 25 de noviembre de 2021, expedientes 2021-04029 y 2021-07287; Sección Segunda,
sentencias de 20 de septiembre de 2020 y de 11 de noviembre de 2021, expedientes 2020-01857-01 y 2021-
03085; Sección Tercera, sentencias de 22 de octubre de 2021, expedientes 2021-05561-01 y 2021-06424-00 y
de 17 de septiembre de 2021, expediente 2021-02337-01; Sección Cuarta, sentencias de 9 de diciembre de
7
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo
De acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPACA31 sobre el contenido de la
sentencia, la nulidad originada por desconocimiento de motivación precisa que la
providencia omita "un análisis crítico de las pruebas", carezca de "una explicación
razonada de las conclusiones sobre ellas" 32 u omita "los, razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones».
En ese orden, las inconformidades en la interpretación y aplicación del derecho o
las diferencias en la apreciación probatoria realizadas por el juez del caso no
constituyen eventos capaces de estructurar la nulidad de la sentencia por falta de
motivación en tanto no configuran omisiones, mientras que la falta de evaluación
de medios de prueba o el análisis parcial o contraevidente de los mismos pueden
llegar a configurarla siempre que las falencias den lugar a la ausencia absoluta de
sustentación razonable o minen el principio de congruencia.
3.6. Caso concreto
3.6.1. El recurrente argumento que "el tribunal llegó a conclusiones sin tener prueba
necesaria y suficiente" del daño alegado por el grupo pues, a su juicio, no hizo
referencia a las pruebas que sustentaron la condici6n de damnificados de las
personas relacionados en la lista de aféctados por la segunda ola invernal realizada
por el municipio de Toledo.
3.6.2. Pues bien, en el análisis probatorio, la sentencia cuestionada "resalta" el oficio
de 4 de marzo de 2016 suscrito por el alcalde de Toledo, en el que reconoció que,
"como consecuencia de la ola invernal se destruyeron 22 viviendas en el
corregimiento de San Bernardo de Bata del Municipio de Toledo N. de 5., además
en la vereda la Camacha se presentaron 28 familias afectadas, 9 viviendas por
pérdida total, 6 viviendas a punto de desplomarse junto con la escuela, y 13
viviendas presentaron grietas (...) sí existe censo". También hizo referencia a los
documentos conforme a los cuales logró establecer que el municipio de Toledo
realizó el censo de población afectada con la segunda ola invernal ocurrida entre
septiembre y diciembre de 2011, al que anexé las listas expedidas por el Sistema
de Gestión de Calidad y Control Interno municipal. Por último, analizó el oficio
expedido por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la.UNGRD, en el que informó
que, después de revisados los registros de la base de datos, no encontró que el
municipio de Toledo hubiera presentado el reporte de afectados por la segunda ola
invernal en los términos fijados en la resolución 074 de 2011, "por lo que no se pudo
reconocerla subvención económica para ese municipio".
Así, el tribunal tuvo por acreditado el daño y su antijuridicidad en el entendido de
que los habitantes del municipio de Toledo afectados con la segunda ola invernal
de 2011 "tenían el derecho de recibir la ayuda humanitaria, por lo que no se
2021 y de 21 de octubre de 2021, expedientes 2020-04312-00 y 2021-06138, y Sección Quinta, sentencias de
16 de septiembre de 2021 y de 14 de octubre de 2021, expedientes 2021-03350-01 y 2021-06111-00.
31
'Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen. ( ... )'. .
32
ccp, artículo 280. "Contenido de la sentencia. La motivación de la séntencia deberá limitarse al examen
crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones .sobre ellas, y a los razonamientos
constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez
siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso deducir indicios de ella. (...)]".
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo
encontraban en el deber de soportar la omisión de las autoridades municipales y
como consecuencia de ello el no recibirla subvención".
3.6.3. En ese orden, la providencia objeto de revisión no incurrió en la falta de
motivación alegada por el recurrente respecto del daño, pues está claro que la
acreditación de ese elemento de la responsabilidad fue sustentada en el análisis de
los medios de prueba conforme a los cuales el tribunal constató que, por motivo de
la omisión en la que incurrió el ente territorial al no enviar el listado de los
perjudicados, los habitantes del municipio de Toledo afectados por la segunda ola
invernal acaecida en el año 2011 perdieron la posibilidad de recibir el auxilio
económico previsto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) a favor de las familias que acreditaran la condición de
damnificadas.
3.6.4. En lo que tiene que ver con el error de hecho por la supuesta ausencia de
acreditación de la condición de damnificado de los integrantes del grupo, la Sala
observa que el daño alegado en la demanda de perjuicios consistió en la pérdida de
oportunidad para obtener el beneficio económico dispuesto a favor de los afectados
por el invierno. Al exponer la tesis del caso, la sentencia cuestionada precisó que la
omisión en la que incurrió el municipio al pretermitir envío de la lista de afectados
de la segunda ola invernal de 2011 a la UNGRD impidió a los eventuales
damnificados solicitar el pago del auxilio económico; consideración que guarda
correspondencia con la descripción del daño presentada en la demanda de
perjuicios causados a un grupo, conforme a la cual el perjuicio consistió en la
"pérdida de oportunidad (...) para tal beneficio133.
En ese marco de juzgamiento, el tribunal apreció el oficio suscrito por el alcalde de
Toledo en el que describió las afectaciones materiales presentadas por causa de la
segunda temporada invernal de 2011, en conjunto con el oficio expedido por la
UNGRD por medio del cual informó que en la base de datos de ese organismo no
aparecía el reporte sobre la presentación del censo realizado por el ente territorial
para ser incluido en el presupuesto destinado a la atención económica de los
afectados. La valoración de esos documentos le permitió al tribunal concluir: i) que
hubo familias afectadas por la segunda ola invernal de 2011 en el municipio de
Toledo, u) que esa circunstancia le imponía al ente territorial el deber de realizar el
censo de los afectados para enviarlo oportunamente al organismo estatal encargado
de canalizar los recursos económicos en proporción al número reportado y, iii) que
la omisión de enviar la información a la UNGRD impidió la asignación de recursos
para la atención de las familias que acreditaran la condición de damnificadas.
3.6.5. Lo expuesto desvirtúa el eventual error de hecho alegado por el recurrente,
porque el daño cuya reparación fue deprecada en la demanda no consistía en la
afectación material irrogada al grupo actor como consecuencia de la segunda ola
invernal de 2011, sino en la pérdida de oportunidad para reclamar el auxilio
económico por causa de la omisión del ente territorial, motivo por el cual la condena
se circunscribió a ordenar el pago sólo a favor de quienes acreditaran la condición
de damnificados, así:
"( ... ) SEGUNDO: Condenar al municipio de Toledo - Norte de Santander a pagar a
título de subvención o auxilio económico la suma de un millón quinientos ($1.500.000)
a cada grupo familiar,damnificado directo que esté en el registro emitido por los
33
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, indice 2, archivo 12716, página 10.
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Demandante: Municipio de Toledo
Comités Locales y Regionales de Atención y Prevención de Desastres, siempre y
cuando se hubieren verificado los presupuestos espáciales dirigidos a establecer
dicha condición" .
La condena referida se acomoda así la condición requerida por la UNGRD34 para el
pago del auxilio económico, conforme a la cual le correspondía a cada uno de los
entes territoriales que reportaron oportunamente el censo de afectados por la
temporada invernal verificar la condición de damnificados conforme a los
presupuestos fijados en la resolución 074 de 2011 y demás actos que la
complementaron y/o modificaron, así:
)
a) Estar residiendo en el sitio afectado por el fenómeno hidrometereológico.
b) Que el fenómeno hidrometereológico que lo afectó tuvo ocurrencia entre el 1 y el 10
de diciembre de 2011.
c) Que es damnificado directo, (...) vale decir, que sufrió daños en su vivienda y en
sus muebles o enseres al interior de ésta.
d) Que es cabeza de núcleo familiar.
e) Que sobre la base de cumplir los requisitos anteriores, su nombre e identidad
aparecieran en el listado de 'damnificados directos' enviado por los CLOPAD (hoy
CMGRD)".
Lo expuesto desvirtúa, además, el supuesto valor probatorio que la sentencia le
habría dado a la lista de afectados presuntamente "adulterada y manipulada", pues
está claro que la decisión no fue sustentada en ese medio de prueba. En todo caso
el tribunal, al apreciar dicha prueba, indicó que, "si bien existen unas planillas, que
a su vez contienen el logotipo del municipio de Toledo, también lo es que su letra
es casi ilegible ( ... ). No obstante, el municipio en ningún momento las tachó de
falsas, por lo que se presume la veracidad". Bajo esa consideración, determinó que,
al no existir "certeza" de la condición de damnificados dé todos los integrantes del
grupo, "las sumas a entregar por concepto de subsidiás se [debían] reconocer y
pagar únicamente a los grupos familiares que demuestren estar inscritos en el
registro emitido por los Comités Locales (...), siempre y cuando hubieran verificado
( ... ) la condición de damnificado directo".
3.6.6. Ahora, con respecto al monto del auxilio económico cuestionado por el
recurrente, es del caso precisar que la suma de dinero indicada en la parte resolutiva
de la sentencia coincide con la fijada por la UNGRD, en los actos administrativos
que establecieron los presupuestos para su reconocimiento 35; circunstancia que
descarta la configuración de la causal de revisión consistente en la nulidad originada
en la sentencia fundada en la falta de motivación de la sentencia.
3.6.7. Por lo expuesto, esta colegiatura concluye que lo pretendido por el
representante del municipio de Toledo es cuestionar las consideraciones expuestas
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander para revocar el fallo apelado y
'
Expediente electrónico, aplicativo Sama¡, índice 2, archivo 12716, páginas 24 y 29.
35 Resolución 1262 de 2015, UNGRD, articulo 1. "Aprobar y ordenar al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres - FNGRD, realizar el trámite de pago de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000),
para los beneficiarios aprobados por los 43 municipios incluido Bogotá D. C., respecto del reconocimiento de la
ayuda humanitaria establecida en la Resolución 074 de 2011, para los damnificados de la segunda temporada
invernal comprendida entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, de las personas que estando en el
censo enviado a tiempo por estos municipios, pero que el pago del apoyo no se haya realizado, en aplicación
de lo dispuesto en los artículos tercero y séptimo de la Resolución No. 840 de 2014, en cumplimiento de la
sentencia T-648 de 2013, conforme al listado de municipios que se relacionan a continuación: ( ... )".
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo
declarar la responsabilidad del ente territorial en el marco de la acción de reparación
de perjuicios causados a un grupo, aludiendo una falta de motivación del fallo en lo
concerniente a la acreditación del fallo y errores de hecho respecto de la apreciación
del material probatorio que no se encuentran configurados. Así, el municipio
demandante fundó el recurso extraordinario en razones encaminadas a reabrir el
debate jurídico y probatorio concluido por medio de sentencia ejecutoriada para que
se acoja la apreciación que considera adecuada.
Tal actuación convertiría la vía judicial extraordinaria en una instancia adicional, con
el propósito de lograr un nuevo juicio que atienda las reiteradas argumentaciones
del recurrente; juicio que evidentemente no se ajusta a la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión. La Sala insiste en que el recurso extraordinario de
revisión es una excepción al principio de cosa juzgada, que procede solo por las
causales específicas señaladas por el legislador en el artículo 250 del CPACA; no
es una instancia adicional del proceso ordinario que permita reabrir el debate
jurídico y probatorio concluido por medio de una sentencia ejecutoriada.
En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el apoderado del municipio de Toledo contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 20 de febrero de 2020, que
revocó el fallo apelado y declaró la responsabilidad patrimonial del ente territorial en
el marco de un proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo.
3.7. Costas
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por la Ley 2080 de
2021, precisa. que en los eventos en los que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Con
ese propósito, la Sala se remitirá a la norma procesal general que resulta aplicable
por expresa remisión de los artículos 188 y 306 ejusdem.
De acuerdo con los artículos 361 y 366 del Código General del Proceso, las costas,
integradas por las agencias en derecho y las expensas del proceso, deberán ser
liquidadas por la Secretaría, incluyendo el monto de las agencias en derecho fijadas
por el juzgador, con base en las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión a
cargo del apoderado.
Pues bien, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo N.° 10554 del 5 de agosto
de 2016 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
sobre tarifas de agencias en derecho, la tarifa máxima, tratándose del recurso
extraordinario de revisión, corresponde a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. En este proceso, la apoderada del demandado, José de la
Cruz Cáceres, presentó escrito de oposición en el que adujo la interposición
inoportuna del recurso extraordinario. En consecuencia, la Sala considera razonable
tasar las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de esta sentencia.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00052-00 (66709)
Demandante: Municipio de Toledo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el representante del municipio de Toledo contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 20 de febrero de
2020, que revocó el fallo apelado y declaró la responsabilidad patrimonial del ente
territorial en el marco de un proceso de reparación de perjuicios causados a un
grupo.
SEGUNDO: CONDENAR al municipio de Toledo, Norte de Santander, al pago de
costas por concepto de agencias en derecho a favor del representante del grupo,
José de la Cruz Cáceres, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de esta sentencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, ARCHÍVESE el
expediente del recurso extraordinarió de revisión.
ir
ES GUILLERMO SÁNC EZ LUQUE
Presidente de la a a ag istra
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
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