Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00055-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de mayo de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: CONSORCIO AVENIDA COLÓN
Convocado: MUNICIPIO DE MANIZALES
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
Asunto: FALLO EN CONCIENCIA O EN EQUIDAD,
HABERSE NEGADO LA PRÁCTICA DE UNA
PRUEBA PEDIDA OPORTUNAMENTE SIN
FUNDAMENTO LEGAL E INDEBIDA
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Síntesis del caso: entre las partes se suscribió un contrato de obra cuyo objeto consistió en
la construcción de obras de infraestructura vial de la avenida Colón de Manizales (Caldas);
el convocante – contratista presentó demanda arbitral para que se declarara el
incumplimiento del contrato por parte del municipio de Manizales y se restableciera el
equilibrio económico y financiero del negocio. La controversia fue decidida por un tribunal
arbitral Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Manizales que
declaró probadas las excepciones de mérito propuestas y negó las pretensiones de la
demanda. El consorcio convocante interpuso recurso extraordinario de anulación con
fundamento en las causales de anulación contenidas en los numerales 7, 5 y 3 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral por cuanto, en su criterio, el laudo fue adoptado
en conciencia o equidad, se dejaron de practicar pruebas oportunamente decretadas y el
tribunal no fue constituido en legal forma. El recurso no prospera.
Temas: recurso extraordinario de anulación - características / Causales 7, 5 y 3 de anulación
/ Fallo en conciencia o equidad / Haberse dejado de decretar o practicar una prueba
oportunamente pedida, sin justificación legal, que hubiera incidido en la decisión / No haberse
constituido el tribunal en legal forma.
La Sala decide el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el consorcio
Avenida Colón y las sociedades que lo integran -Proyectos y Vías SAS – Provías
SAS, Pavimentar SA y Construcciones el Cóndor SA- contra el laudo arbitral del
20 de noviembre de 2020 por medio del cual un tribunal con sede en el Centro
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manizales (Caldas)1
resolvió:
“Primero. Declarar probadas las excepciones de INEXISTENCIA DE
LA OBLIGACIÓN DE PAGO DEL CONCEPTO DE FINANCIACIÓN,
FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS
TAXATIVOS EN LOS CUALES ES PROCEDENTE APLICAR LA
FIGURA DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, NO
RECLAMACIÓN EN LA OPORTUNIDAD LEGAL, FALTA DE
CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
QUE SEA PROCEDENTE EL RESTABLECIMIENTO DEL
EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO
ESTATAL, IMPROCEDENCIA DEL MAYOR VALOR PRETENDIDO
POR CONCEPTO DE MAYORES COSTOS POR ACARREO DE
MATERIALES POR CAMBIO DE FUENTE Y ASUNCIÓN DEL
RIESGO POR PARTE DEL CONTRATISTA, de conformidad con la
parte motiva de este laudo.
Segundo. Declarar no probada la excepción de pago de conformidad
con la parte motiva de este laudo.
Tercero. Negar las pretensiones PRIMERA, SUBSIDIARIA DE LA
PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL, SEGUNDA, TERCERA,
CUARTA, PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA CUARTA DECLARATIVA
PRINCIPAL, SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA
DECLARATIVA PRINCIPAL, TERCERA SUBSIDIARIA A LA
CUARTA DECLARATIVA PRINCIPAL, PRIMERA DE CONDENA,
SEGUNDA DE CONDENA, TERCERA DE CONDENA, CUARTA DE
CONDENA, QUINTA DE CONDENA, SEXTA DE CONDENA,
SÉPTIMA DE CONDENA, OCTAVA DE CONDENA, NOVENA DE
CONDENA, DÉCIMA DE CONDENA de la demanda, de conformidad
con las consideraciones de este laudo.
Cuarto. Negar la tacha de sospecha formulada por el apoderado de
la parte convocada en relación con el testigo Alejandro Correa.
Quinto. Declarar improcedente el juramento estimatorio, por las
razones expuestas en la parte motiva del laudo.
Sexto. Condenar a la parte convocante en costas por la suma de
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE
MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($164´212.907) y,
adicionalmente, agencias en derecho en cuantía de treinta millones
de pesos /cte ($30´000.000).
Séptimo. Las condenas contenidas en los numerales anteriores de la
presente providencia deberán ser pagados dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la misma.
Octavo. Disponer que, por Secretaría del Tribunal Arbitral, se expidan
las copias auténtica de la presente providencia con destino a cada
una de las partes y copia simple para el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales, Caldas.
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Conformado por los árbitros Lorenzo Calderón Jaramillo, presidente, Gustavo Quintero Navas y
Fernando Alberto Rodríguez Castro.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Noveno. En firme esta providencia, remítase el expediente al Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales,
Caldas, para su archivo.
Décimo. Declarar causado el saldo final de los honorarios de árbitros
y de la secretaría del Tribunal Arbitral y ordenar su pago una vez
adquiera firmeza el laudo arbitral o, llegado el caso, la providencia
que decida sobre las eventuales solicitudes de aclaración, corrección
o complementación.
Undécimo. Disponer que el Tribunal Arbitral rinda cuentas a las partes
de las sumas que estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos
que correspondan de la partida de “gastos del proceso arbitral” que
no haya sido utilizada.
Duodécimo. Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de
árbitros y de la secretaría, para lo cual, el presidente del Tribunal hará
las deducciones y librará las comunicaciones respectivas” (fls. 1129
y 1130 cdno ppal. – índice 1 SAMAI – mayúsculas sostenidas del
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda arbitral
Mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2018 el Consorcio Avenida
Colón presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Manizales (Caldas) demanda de controversias contractuales contra
el municipio de Manizales con el fin de que se accediera a las siguientes
pretensiones:
“PRETENSIONES DECLARATIVAS
PRIMERA. Que se reconozca que es ineficaz la estipulación contenida
en el inciso final del numeral 4 del numeral 1.16.15 del Pliego de
Condiciones correspondiente a la licitación pública no. LSOP-001-2010
de la alcaldía de Manizales, según el cual ‘El Municipio no aceptará
ningún reclamo del constructor por costos, plazos, falta o escasez de
materiales o elementos de construcción o por cualquiera de los eventos
contemplados en este numeral’, de conformidad con lo previsto en el
inciso final del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL. En
subsidio del reconocimiento de ineficacia, solicitamos que se declare la
nulidad de esta estipulación por incurrir en objeto y causa ilícitos y
contravenir la norma de orden público contenida en el artículo 4 de la
Ley 1150 de 2007. La vulneración se da en el sentido de que los riesgos
que pueden ser objeto de asignación son los previsibles y la estipulación
excede ese ámbito al disponer que no se aceptará ningún reclamo
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
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relacionado con ‘costos, plazos, falta o escasez de materiales o
elementos de construcción’, sin importar si dicha situación se produjo
por riesgos imprevistos e imprevisibles.
SEGUNDA. Que se declare que durante la ejecución del contrato de
obra número 1006300723, suscrito entre el CONSORCIO AVENIDA
COLÓN y el MUNICIPIO DE MANIZALES, sobrevino el fenómeno
natural de ‘El Niño’, evento imprevisible y extraordinario, que provocó
el agotamiento de las fuentes de materiales de playa cercanas a la
obra, lo que provocó que el Contratista tuviera que acudir a fuentes de
materiales considerablemente distantes de las obras y por fuera del
área prevista en el Pliego de Condiciones, generando costos de
transporte que afectaron el equilibrio económico del contrato.
TERCERA. Que como consecuencia de la anterior declaración y en
vista de que la causa del agotamiento de las fuentes de materiales
obedeció al fenómeno de la naturaleza conocido como el ‘El Niño’, se
declare que sobrevino un riesgo a cargo de la entidad contratante dado
que se trataba de un hecho que no solo es imprevisible sino que fue
asignado expresamente a la entidad contratante en la matriz de
distribución de riesgo bajo el nombre de ‘Causas Naturales Fuerza
Mayor o Caso Fortuito’ en la modalidad de ‘Riesgo por Fuerzas
Naturales’.
CUARTA. Que se declare que el MUNICIPIO DE MANIZALES,
incumplió el contrato número 1006300723, al incurrir en una o algunas
de las siguientes conductas: 1. No haber dispuesto las áreas en las
cuales debían ejecutarse la totalidad de actividades relacionadas con
el contrato por fallas en !a gestión predial. 2. No haber pagado al
Contratista al momento de suscripción del ‘Acta de Finalización de las
Obras’ de mazo 22 de 2016, la financiación acordada en el contrato
mediante Adición No. 3 firmada el 3 de marzo de 2016, la cual, al
momento de Ia suscripción del acta de entrega de marzo 22 de 2016,
ascendía a Ia suma MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS TRECIENTOS
SIETE MIL SEICIENTOS ONCE ($1.922.307.611) que actualizados a
la fecha de presentación de la demanda ascendí a $2.106.946.884. 3.
No acatar el mandato contenido en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley
80 de 1993 que dispone que las entidades estatales ‘Adoptarán las
medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución
del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere
realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa’,
al negarse a buscar una solución para el Contratista frente a: a) los
problemas generados por la inexistencia de materiales en el radio
previsto para la obra como consecuencia de la ocurrencia del
fenómeno de ‘El Niño’ ocurrido durante los años 2015 y 2016; b) la
definición del precio para el ítem no previsto de ‘construcción de
pantallas o muros subterráneos’ e insistir en pagarlos con el ítem de
‘construcción de pantallas a cielo abierto’ c) el pago de la financiación
del contrato y los intereses ocasionados por tal concepto. 4. No acatar
el mandato contenido en el numeral 9 de artículo 4 de la ley 80 de 1993,
el cual dispone que las entidades estales ‘Actuarán de tal modo que
por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este
fin, en el menor tiempo posible, corregirán /os desajustes que pudieren
presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes
para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
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situaciones litigiosas que llegaren a presentarse’. 5. No reconocer el
derecho establecido el numeral 1 del artículo 5 de la ley 80 de 1993 de
‘recibir oportunamente la remuneración pactada’ - derecho vulnerado
con la omisión de pago de la financiación acordada y el pago del ítem
no previsto de pantallas subterráneas - y que ‘el valor intrínseco de la
misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato’ -
derecho vulnerado al no reconocerse los mayores costos derivados de
los efectos del Fenómeno de El Niño. 6. No reconocer el derecho que
tiene el contratista a que ‘la Administración les restablezca el equilibrio
de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a /os
contratistas. No pagar los sobrecostos en los que incurrió el contratista
por causas no imputables a este y que no materializaron los riesgos
previsibles expresamente a él asignados.
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA CUARTA DECLARATIVA
PRINCIPAL. En subsidio de la declaratoria de incumplimiento, se
solicita que se declare que las anteriores causales desequilibraron el
contrato en contra del contratista y por razones ajenas a éste.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DECLARATIVA PRINCIPAL.
En subsidio de la declaratoria de desequilibrio económico del contrato,
se solicita que se declaré que el MUNICIPIO DE MANIZALES incurrió
en conductas constitutivas de abuso del derecho en contra del
CONSORCIO AVENIDA COLÓN y sus integrantes, durante la
ejecución del contrato y por las mismas causales mencionadas en la
pretensión principal.
TERGERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DEGLARATIVA PRINCIPAL.
En subsidio de la declaratoria de abuso del derecho, se solicita que se
declaré que el MUNICIPIO DE MANIZALES incurrió en conductas
constitutivas de enriquecimiento sin causa en contra del CONSORCIO
AVENIDA COLÓN y el patrimonio de sus integrantes, durante la
ejecución del contrato y por las mismas causales mencionadas en la
pretensión principal.
PRETENSIONES DE CONDENA
Como consecuencia de la prosperidad de una o algunas de anteriores
declaraciones, solicitamos que se condene al MUNICIPIO DE
MANIZALES a lo siguiente:
PRIMERA. A pagar a favor de los actuales integrantes del
CONSORCIO AVENIDA COLÓN, las siguientes sumas de dinero:
• DOS MIL CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($2.106.946.884,00) correspondiente a la financiación acordada en el
Contrato de Obra número 1006300723, celebrado el 30 de junio de
2010 celebrado entre ambas partes o, de manera subsidiaria, la suma
que resulte probada en el proceso por dicho concepto de financiación.
• TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS
($369.236.227,00) correspondiente a la diferencia entre el precio
reconocido por la construcción de las pantallas o muros subterráneos
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
que fue la actividad realmente ejecutada, con el valor del ítem bajo el
cual fue pagada esta actividad que fue el de muros a cielo abierto.
• CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($146.884.200,00)
correspondiente al valor de los mayores costos de transporte de
materiales como consecuencia del agotamiento de las fuentes de
materiales por la ocurrencia del fenómeno de El Niño.
SEGUNDA. Que las sumas a las cuales resulte condenado el
MUNICIPIO DE MANIZALES sean pagadas de forma actualizadas,
aplicando los criterios de corrección monetaria o indexación con base
en la variación del índice de precios al consumidor certificados por el
DANE.
TERCERA. Que sobre el valor correspondiente a la financiación dejada
de pagar, se condene al MUNIC¡PIO DE MANIZALES a reconocer los
intereses moratorios definidos en la ley 80 de 1993 sobre el valor
actualizado, desde el22 de marzo de 2016 hasta la fecha del laudo.
CUARTA. Que sobre los demás valores a que resulte condenado el
MUNICIPIO DE MANIZALES, se le condene al pago, a título de lucro
cesante, de una suma equivalente a la tasa de interés bancario
corriente entre el momento en el cual se causó el gasto o costo por
parte del Consorcio y la fecha del laudo.
QUINTA. Que se condene al Municipio de Manizales a pagar los
intereses previstos en el artículo 192 del CPACA a partir del momento
de ejecutoria del laudo arbitral.
SEXTA. Que se condene en costas al Municipio de Manizales.
SÉPTIMA. Que se ordene al Municipio de Manizales dar cumplimiento
at laudo en los términos y condiciones previstos en los artículos 192 y
siguientes del CPACA” (fls. 7 a 9 cdno. ppal. – índice 1 SAMAI).
Como fundamento fáctico de las súplicas, la parte convocante afirmó que
suscribió con el municipio de Manizales el contrato de obra pública no.
1006300723 de 39 de junio de 2010 cuyo objeto consistió en la construcción de
obras de infraestructura vial de la Avenida Colón de esa ciudad; agregó que la
entidad contratante incumplió el contrato porque se negó a reconocer intereses
por el pago retardado de la financiación del contrato, no aceptó los mayores
costos por la necesidad de cambiar las fuentes de los materiales requeridos para
la construcción de la carpeta de rodadura de la vía y, tampoco reconoció el
cambio en el sistema constructivo, pues, se pasó de un valor inicial previsto para
construcción a cielo abierto a uno de pantalla por una situación imprevista no
contemplada en los pliegos de condiciones.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
2. Contestación de la demanda
El municipio de Manizales (Caldas) se opuso a las pretensiones de la demanda
para lo cual propuso las excepciones de: i) pago; ii) falta de configuración de los
elementos necesarios para que sea procedente el restablecimiento del equilibrio
económico y financiero del contrato estatal; iii) inexistencia de la obligación de
pago del concepto de financiación; iv) falta de configuración de los supuestos
fácticos taxativos en los cuales es procedente aplicar la teoría del enriquecimiento
sin causa; v) improcedencia del mayor valor pretendido por concepto de mayores
costos por acarreo de materiales por cambio de fuentes; vi) no reclamación en la
oportunidad legal y, vii) asunción del riesgo por parte del contratista. En primer
lugar, la entidad convocada afirmó que cumplió con la totalidad de las
obligaciones que se encontraban a su cargo; luego, manifestó no era procedente
el pago del concepto de financiación porque con la suspensión del contrato por
cerca de dos años llegaron a la fiducia constituida los recursos para pagar el
contrato por lo que no se requirió financiación obtenida por el contratista;
finalmente, adujo que lo pretendido por concepto de mayores costos por acarreo
de materiales y por cambio de fuentes constituyó un riesgo asumido por el
contratista en la audiencia del 7 de mayo de 2010, aunado al hecho de que al
momento de suscribir las adiciones 2 y 3 no dejó constancia de los posibles
sobrecostos (fls. 163 a 186 cdno. ppal. – índice 1 SAMAI).
3. El laudo arbitral
El 20 de noviembre de 2020, el tribunal de arbitramento decidió de fondo la
controversia, declaró probadas las excepciones propuestas por el municipio
convocado, salvo la de pago y negó las pretensiones de la demanda (fls. 977 a
1130 índice 1 SAMAI) con fundamento en las siguientes consideraciones:
1) La estipulación contenida en el inciso final del numeral 4 de la Sección 1.16.5.
de los pliegos de condiciones no es ineficaz de pleno derecho porque fue
dispuesta desde el principio del proceso de selección y respecto de la misma se
pudieron formular solicitudes de aclaración, modificación o adición durante el
procedimiento administrativo contractual; tampoco se advierte que la disposición
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
del pliego tenga problemas de validez porque no se advierte ilicitud en el objeto
ni en la causa.
2) En relación con las reclamaciones derivadas del fenómeno climático conocido
como “El Niño”, de acuerdo con los testimonios recaudados en el proceso puede
observarse que el consorcio ejecutó las obras, que hubo una liquidación del
contrato y que se efectuó el pago de acuerdo con las condiciones establecidas,
y que el contratista manifestó varias inconformidades después de haber
ejecutado las obras sin reparo.
3) Los riesgos alegados en la demanda fueron asignados al contratista según los
documentos contractuales; además, no se acreditó una afectación grave y
significativa con ocasión de los sucesos extraordinarios alegados, como el
fenómeno del Niño entre los años 2015 y 2016, y tampoco se probaron de manera
precisa los supuestos mayores costos que asumió el contratista para ejecutar sus
obligaciones contractuales, por lo cual los mayores costos que se solicitan no
pueden indemnizarse porque no fueron probados.
4) No existe sustento argumentativo, jurídico o probatorio que permita colegir la
existencia de los presupuestos necesarios para dar aplicación a las teorías del
abuso del derecho o del enriquecimiento sin causa.
5) Las pretensiones de condena de la demanda son consecuenciales a las
declarativas y como estas no prosperaron aquellas deben ser igualmente
despachadas desfavorablemente.
4. Las solicitudes de aclaración del laudo arbitral
El 27 de noviembre de 2020, el apoderado de la parte convocante solicitó la
aclaración y complementación del laudo arbitral de conformidad con el artículo
39 de la Ley 1563 de 2012 (fls. 1132 a 1138 índice 1 SAMAI) y en audiencia
adelantada el 3 de diciembre del mismo año el tribunal de arbitramento negó las
solicitudes formuladas (fls. 1139 a 1144 índice 1 SAMAI).
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
5. El recurso extraordinario de anulación
La censura en contra del laudo arbitral se fundamenta en las causales 7, 5 y 3
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y está soportada (fls. 1153 a 1202 índice
1 SAMAI) en el siguiente razonamiento2.
1) Primer cargo: causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral, esto es, “haberse fallado en conciencia o en equidad,
debiendo ser en derecho, siempre que esa circunstancia aparezca manifiesta en
el laudo”, por las siguientes circunstancias:
a) Para el tribunal arbitral el surgimiento de la obligación de pago de financiación
dependía de la fuente de la que se obtuviera el recurso para ejecutar las obras y,
por tanto, no correspondía a la retribución por el plazo transcurrido entre el
momento de la ejecución de las obras y la fecha en que recibiría el pago el
contratista; en tal virtud, el tribunal no adelantó un análisis de los documentos
contractuales, concretamente, del pliego de condiciones, de las actas de obra y
de las actas en que se verifican los desembolsos.
b) La única fuente jurídica invocada por el panel arbitral fue la afirmación
realizada por el apoderado judicial del municipio convocado en la contestación
de la demanda, pero el criterio de un abogado no puede tener la fuerza jurídica
para reformar los pliegos de condiciones y el contrato.
c) Los árbitros profirieron el laudo conforme a su leal saber y entender debido a
que no soportaron sus conclusiones en las pruebas legal y oportunamente
recaudadas.
d) En concepto del tribunal arbitral, el objeto del contrato no incluía la financiación
de la obra, pues, "lo que existía era una eventual obligación de reconocer unos
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Se verifica que el recurso fue oportuno toda vez que se promovió el 20 de enero de 2021, esto
es, dentro de los 30 días siguientes al 3 de diciembre de 2020, fecha de la audiencia en la cual
se resolvieron las solicitudes de aclaración y complementación del laudo (fl. 1151 - índice 1
SAMAI).
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
costos hasta cierto monto y bajo ciertas condiciones”, es así que lo reclamado
por dicho concento debía encontrarse plenamente acreditado.
Para justificar su decisión, el panel arbitral atribuyó un incorrecto entendimiento
de la disposición contractual al afirmar: “Es menester precisar que el municipio
de Manizales no puede ser responsable por una interpretación incorrecta o
deficiente por parte de un contratista respecto de las condiciones de un pliego o
contrato que, incluso suscribió y ejecutó. Para que ello fuera así tendría que estar
plenamente demostrado un daño imputable al ente estatal o una falla en el
desarrollo de la etapa de planeación y celebración del contrato estatal,
situaciones que no se evidencian en el asunto en cuestión”. Sin embargo, de
manera contradictoria, el tribunal afirmó, a renglón seguido, lo siguiente: “De
conformidad con el testimonio del señor JUAN ALBERTO ZULUAGA, se puede
evidenciar que formalmente no existió un acuerdo entre el Consorcio y el
Municipio respecto a lo supuestamente adeudado por concepto de financiación,
motivo por el cual fueron rechazados los cobros hechos al ente territorial. Así
mismo, se observa que tampoco hubo acuerdo sobre los intereses que se
adeudaban con ocasión a la supuesta financiación. Afirma el señor JUAN
ALBERTO que el CONTRATISTA, de acuerdo con su criterio presentó un acta
por concepto de financiación de las obras, no obstante, simplemente se limitó a
entregarla y en ningún tiempo realizó sustento alguno de lo consignado en dicha
acta, con el fin de poder esclarecer sise adeudaba realmente alguna suma”.
Como se advierte, la sustentación realizada por el tribunal para acceder a !a
excepción de inexistencia de la obligación de pagar la financiación es meramente
conceptual, basada en criterios subjetivos, pero, sin referencia a ningún sustento
en los pliegos de condiciones, en el contrato o en la ley.
2) Segundo cargo: causal contenida en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral, esto es, “5. Haberse negado el decreto de una
prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba
decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión
oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener
incidencia en la decisión”.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Las razones de la censura son las siguientes:
a) Mediante auto del 24 de enero de 2020, el tribunal negó la prueba solicitada
por la parte convocante consistente en la exhibición de algunos documentos por
parte del municipio de Manizales; no obstante, los árbitros decretaron la prueba
de oficio por considerarla, según sus palabras, “de alta importancia para el
proceso”, de modo que el tribunal ordenó al municipio que aportara copia
completa del expediente contractual.
b) Luego de varios requerimientos, el municipio de Manizales allegó la propuesta
presentada por el consorcio convocante y un enlace para consultar la matriz de
riesgos; argumentó, de otra parte, que no entregaba más documentos porque le
era “casi imposible” determinar los que tenían que ver con el contrato de obra por
tratarse de más de 22.000 folios no clasificados. Con fundamento en esa
manifestación el tribunal arbitral concluyó, a través de auto contenido en el acta
no. 29, que los documentos aportados por las partes hasta el momento eran
suficientes para efectuar un estudio de fondo del proceso y aplicó el principio de
las cargas probatorias dinámicas para que el consorcio convocante fuera el que
aportada la documentación faltante, es decir, la correspondencia de terceros y
las actas de comités, la cual claramente se encontraba en poder de la entidad
contratante.
c) El 24 de agosto de 2020, la parte convocante interpuso recurso de reposición
contra la decisión contenida en el acta no. 29 y pidió que se ordenara al municipio
de Manizales remitir la información faltante entre la que se encontraba: la
correspondencia cruzada entre la entidad demandada y la interventoría del
contrato, los informes de interventoría, los documentos físicos y electrónicos
mediante los cuales se estructuró el modelo financiero del contrato y, las actas
de los comités institucionales. El 14 de septiembre de 2020, a través de acta no.
30, el tribunal arbitral confirmó la decisión impugnada.
d) De acuerdo con lo expuesto, en este caso concreto se configuró el supuesto
de hecho de la causal de anulación invocada porque el tribunal arbitral, a pesar
de haber decretado la exhibición de documentos por parte del municipio
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
convocado, aceptó injustificadamente que la prueba se dejara de practicar y, por
el contrario, invirtió la carga de la prueba en contra del consorcio convocante.
En tal virtud, el municipio de Manizales desconoció el contenido de los artículos
11 y 12 de la Ley 594 de 2000 sobre archivos generales de las entidades públicas
por el hecho de no preservar, controlar y gestionar idóneamente sus archivos.
3) Tercer cargo: causal contenida en el numeral 3 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral, esto es, “3. No haberse constituido el tribunal en
forma legal”.
El fundamento de esta acusación es el siguiente:
a) Si bien esta causal solo procede siempre y cuando se hubieren hecho valer
los motivos alegados mediante recurso de reposición del auto que asume
competencia, lo cierto es que en este caso ese requisito no es procedente, pues,
las circunstancias que dan lugar a la misma surgieron con posterioridad al
momento en que el tribunal asumió competencia.
b) En vigencia del proceso arbitral, el árbitro Lorenzo Calderón Jaramillo
(presidente) fue nombrado presidente del Comité Intergremial de Caldas, entidad
privada sin ánimo de lucro que tiene como propósito trabajar por la competitividad
sostenible y bienestar del departamento; una de las líneas de acción de dicho
comité consiste en el observatorio de infraestructura de Caldas y dentro de los
proyectos priorizados se encuentra el “Macroproyecto San José” del cual hace
parte la construcción de la Avenida Colón. El árbitro Lorenzo Calderón Jaramillo
se abstuvo de revelar ese nombramiento lo cual hubiera llevado a que se
planteara una posible inhabilidad sobreviniente.
c) El árbitro Gustavo Quintero Navas, por su parte, se abstuvo de revelar que
durante el tribunal de arbitramento coincidió en un trámite administrativo ante el
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU con el apoderado del municipio de
Manizales; si esta situación hubiera sido revelada oportunamente se hubiera
podido cuestionar la imparcialidad e independencia del árbitro.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
d) El árbitro Fernando Alberto Rodríguez Castro participó como árbitro, junto con
el apoderado del municipio de Manizales, en el laudo proferido el 31 de marzo de
2017 que resolvió el litigio suscitado entre la Industria de Licores del Valle y el
consorcio Suprema; si bien es cierto que había transcurrido un lapso superior a
dos años entre la coincidencia en la calidad de árbitros, se echa de menos la
información suministrada, pues, de haberse conocido oportunamente no se
hubiera designado el árbitro de común acuerdo entre las partes.
6. La oposición al recurso por el municipio de Manizales
1) Frente a la causal de “fallo en conciencia o equidad”:
a) De la simple lectura del recurso se observa que bajo el ropaje de un fallo en
conciencia se presenta en realidad una verdadera confrontación contra el laudo,
habida consideración que se ataca el fondo de la decisión.
b) La pretensión de pago de la financiación se negó con base en lo pactado en
el contrato, el cual empleaba, desde el pliego de condiciones y pasando por todas
sus adiciones, la palabra “hasta”, la cual supone que la cifra a financiar podía ir
desde un peso hasta la cifra máxima posible recogida en los acuerdos; sin
embargo, debe decirse que no existe en el expediente ninguna prueba acerca de
su uso y el monto, distinto a la propia factura del contratista y desconocida por la
entidad.
c) El dictamen financiero aportado para probar esa pretensión falló por no
considerar la realidad de lo pactado y no hacer ninguna verificación contable y
documental.
2) Frente a la causal de “haberse negado el decreto de una prueba pedida
oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin
fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión
oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener
incidencia en la decisión”:
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
a) El municipio de Manizales no se negó a entregar la supuesta documentación
debido a que lo real y probado es que sencillamente no existe, tal como se probó
en el proceso según providencia del 4 de septiembre de 2020, de cuya lectura se
advierte que no es que no se hubiera entregado la información solicitada sino que
todo lo que existía en los archivos de la entidad ya reposaba en el expediente,
producto incluso de una verificación documental de varios meses.
b) Contrario a lo afirmado en el recurso, las actas de interventoría y de comités
de obra reposan en el expediente.
c) El tribunal arbitral hizo prevalecer lo sustancial sobre lo formal, motivo por el
cual instó al consorcio convocante a que entregara los documentos que tuviera
en su poder de los que eran objeto de exhibición y, gracias a ello, se obtuvieron
varios medios de convicción en poder de la parte actora.
d) Finalmente, es importante precisar que la prueba fue decretada de oficio y por
ello no es posible que el recurrente se beneficie de una norma que parte de la
base de que las pruebas son solicitadas por las partes.
3) Frente a la causal de “no haberse constituido el tribunal en forma legal”:
a) El penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “Las causales
1, 2 y 3 solo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos
de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia”, el vocablo “solo” es una expresión perentoria y absoluta de la
norma que debe interpretarse en su sentido literal, según la cual solamente se
puede invocar esta causal de anulación cuando la situación fáctica que la origina
se dio a conocer mediante recurso de reposición contra el auto por medio del cual
el tribunal de arbitraje asume competencia, interpretación avalada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-572 de 2014.
b) Los tres árbitros fueron escogidos de común acuerdo entre las partes, tal como
consta en las actas de la Cámara de Comercio de Manizales, y el reproche se
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
hace consistir en la configuración de las premisas contenidas en los incisos
tercero y cuarto del artículo 15 de la Ley 1563 de 20123.
En este caso concreto la mencionada circunstancia no afecta a ninguno de los
tres árbitros.
c) La designación del árbitro Lorenzo Calderón Jaramillo como presidente del
Comité Intergremial de Caldas nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión
de abogado, sino que, es una labor ad honorem como ciudadano que no
encuadra en un proceso arbitral, judicial, administrativo o asunto profesional que
son las hipótesis que contempla la norma.
d) El IDU es un establecimiento público del orden distrital, encargado de gestionar
y ejercer las obras públicas para el desarrollo urbano de Bogotá; el árbitro
Gustavo Quintero y el abogado del municipio de Manizales concurrieron como
asesores externos de dicha entidad a una reunión virtual adelantada el 7 de mayo
de 2020 en la cual se debatió, entre otros temas, la viabilidad de la declaratoria
de la urgencia manifiesta derivada de la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional, evento del cual no puede inferirse un nexo profesional entre
el árbitro Quintero y el apoderado del municipio convocado.
e) Por último, el árbitro Fernando Alberto Rodríguez Castro participó la condición
de árbitro junto con el apoderado del municipio de Manizales en un trámite arbitral
que finalizó en 2017, es decir, en un plazo superior al de los dos años que
establece el artículo 15 ibidem.
3
“Si durante el curso del proceso se llegare a establecer que el árbitro o el secretario no revelaron
información que debieron suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedarán impedidos, y así deberán declararlo, so pena de ser recusados.
En todo caso, a lo largo del proceso, los árbitros y los secretarios deberán revelar sin demora
cualquiera circunstancia sobrevenida, que pudiere generar en las partes dudas sobre su
imparcialidad e independencia. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la
imparcialidad o independencia del árbitro, los demás árbitros decidirán sobre su separación o
continuidad, y si no hubiere acuerdo entre aquellos, o se tratare de árbitro único o de la mayoría
o de todos, decidirá el juez civil del circuito del lugar en donde funcione el tribunal de arbitraje”.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Objeto de la controversia y decisión que se adoptará
Corresponde a la Sala determinar, con sujeción estricta al recurso formulado, si
el laudo arbitral: (i) fue proferido en conciencia o en equidad, (ii) si se negó el
decreto de una prueba pedida oportunamente o se dejó de practicar una prueba
decretada y, finalmente, (iii) si el tribunal arbitral no se constituyó de forma legal.
Verificadas las piezas procesales pertinentes, realizada la lectura del laudo
arbitral y analizado el escrito contentivo del recurso de anulación no se advierte
la configuración de las causales de anulación invocadas; contrario sensu, el
propósito del consorcio convocante es reabrir, indebida e injustificadamente, el
debate probatorio y jurídico de la controversia a modo de una segunda instancia,
por lo cual el recuso no prospera y así se declarará.
Las consideraciones se desarrollarán en dos partes, en la primera, se analizarán
los aspectos generales relativos a las limitadas posibilidades para impugnar las
decisiones arbitrales y, en la segunda, se resolverán los cargos concretos de cara
a las posibilidades que el recurso permite.
2. El recurso extraordinario de anulación y su alcance
El artículo 116 Superior4 prevé la posibilidad de que los particulares ejerzan pro
tempore la administración de justicia, con la habilitación que para ello les
otorguen las partes de un conflicto a través de la conformación de tribunales de
arbitramento en los términos legales; la decisión que adoptan constituye una
verdadera decisión judicial.
La regulación de la actividad arbitral quedó asignada al legislador que,
históricamente, ha determinado precisas y taxativas causales para la
procedencia del recurso de anulación sobre la consideración de que el fallo
arbitral es una auténtica decisión judicial dictada por particulares que ejercen, en
4
Constitución Política de Colombia, “Artículo 116 (…). Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
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forma transitoria, jurisdicción, en tal virtud, goza de las características de
inmutabilidad y ejecutoriedad.
Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el
recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el
entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de
los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la
verificación del acatamiento de las causales precisas.
Así el recurso se estudia con sujeción a los puntuales argumentos de las partes,
sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función
del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias
procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos
específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente,
suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.
En esa perspectiva, la Corporación ha precisado reiteradamente que el recurso
extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia,
de ahí que no sea admisible que con su interposición se intente continuar o
replantear el debate sobre el fondo del proceso.
3. Decisión del recurso
3.1. Inexistencia de la causal de fallo en conciencia o en equidad
Esta primera causal invocada como fundamento del recurso esgrimido es la
contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto
Arbitral cuyo texto es el siguiente: “Son causales del recurso de anulación: // (…)
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre
que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.
En ese marco normativo, la parte convocante reclama que el laudo se abstuvo
de analizar los documentos contractuales y que, por el contrario, los árbitros
adoptaron la decisión con fundamento en criterios subjetivos y específicamente
con apoyo en las afirmaciones realizadas por el apoderado del municipio
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convocado; la parte convocada, por su parte, sostiene que la verdadera finalidad
del recurso es la de atacar el fondo de la decisión.
Al respecto, es necesario precisar lo siguiente:
1) El fallo en conciencia se identifica con el brocardo “ex equo et bono” porque el
panel arbitral, al margen de un parámetro normativo o legal, aplica criterios
axiológicos como los de “lo correcto o lo bueno” en términos de verdad sabida y
buena fe guardada o, según el leal saber y entender.
En otros términos, la causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el
tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico,
normativo o probatorio.
2) En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta
Sala en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se
verifique uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde
exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se
haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación
jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y
(3) cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o
cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente
la decisión”5.
3) Ahora bien, la misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar
el análisis de fondo de la controversia lo cual le impide revisar los razonamientos
jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados; el inciso
cuarto del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “La autoridad judicial
competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia,
ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, exp.
67.069, MP. Alberto Montaña Plata.
19
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Sobre este punto se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al señalar6:
“El fallo en conciencia imparte solución al litigio de acuerdo con la
convicción personal y el sentido común. Así, el juez sigue las
determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y entender,
basado o no en el principio de la equidad (…).
La Sala ha precisado que (…) si el juez adquiere la certeza que requiere
para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en
las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del
mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos7.
Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para
verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó a
cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este recurso
suponen la sanción de yerros in procedendo y no in iudicando8.
No es procedente analizar una violación indirecta a la norma sustancial por
la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas,
porque este aspecto es un error in iudicando sobre el cual no está edificado
este recurso extraordinario (…).
Se configura un fallo en conciencia cuando se decide sin pruebas de los
hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con
pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso9.
La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el
desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en el fallo hace
procedente la causal, porque el juicio de anulación no supone una nueva
instancia de discusión en relación con el fondo del asunto10”.
De igual manera, la jurisprudencia ha precisado11:
“No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración que
de las pruebas realice el juzgador12, por cuanto ‘(n)o se trata pues, y eso
está claro, de que el recurrente encubra sus divergencias sobre la manera
como el tribunal estimó y valoró las pruebas del proceso, que le ha sido
desfavorable, para deducir de allí que se está en presencia de un fallo en
conciencia, cuando normalmente, en un caso como este, el juez suele
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2018, exp. N°
59270, MP Guillermo Sánchez Luque.
7
Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992,
Rad. 6.695 (fundamento jurídico b)”.
8
Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de julio de 2000,
Rad. 17.591 (fundamento jurídico consideraciones); y de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543
(fundamento jurídico 3.1.2)”.
9
Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006,
Rad. 31.887 (fundamento jurídico 3.1)”.
10
Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de
2002, Rad 22.191 (fundamento jurídico c)”.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018, exp.
59836, MP Danilo Rojas Betancourth.
12
Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, MP María Elena Giraldo Gómez”.
20
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
expresar claramente, a lo largo de la motivación de la sentencia, las
razones por las cuales los medios de prueba le han conducido a tomar una
u otra posición, gracias a la libertad de valoración –sana crítica- que la ley
procesal le confiere’13 (…).
La Sala, recientemente, analizó los criterios jurisprudenciales sobre el fallo
en conciencia a la luz de la Ley 1563 de 2012 y al respecto, concluyó que
se da la configuración del mismo en los siguientes términos (…).
‘… (d) Que el fallo no considere las pruebas.
Este criterio, al igual que el que exige que el arbitraje sea en derecho, es
parte de la definición pacífica que ha construido la jurisprudencia sobre lo
que es un laudo en conciencia, es decir, aquel que se profiere con total
desprendimiento de los fundamentos jurídicos y probatorios.
En esta oportunidad, la Sala reiterará lo dicho por la Corporación, para lo
cual remite al desarrollo que sobre este criterio se hizo, en el entendido
que se exige del laudo su fundamentación en las pruebas legalmente
aportadas al proceso. Luego, si no hay fundamento probatorio o sin
justificación se desconoce o se aparta de las pruebas se estará frente a
una decisión claramente subjetiva de los árbitros’.
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera
significar la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la misma.
Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de fundamentos
probatorios o, como lo ha precisado la jurisprudencia, que aun cuando
exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por completo y sin
justificación de lo que las pruebas señalan, es decir, un abandono absoluto
del material probatorio14”.
De modo que el recurso de anulación no es una instancia para rebatir o
cuestionar la valoración de las pruebas o controvertir el razonamiento jurídico
vertido en el laudo.
4) En ese contexto, para los fines de la resolución del recurso interpuesto la Sala
transcribe a continuación el razonamiento y la valoración probatoria realizada por
el tribunal arbitral. El laudo concluyó lo siguiente al resolver la pretensión cuarta
de la demanda y la primera excepción de mérito de la contestación:
“Sobre el particular, se insiste como se dijo anteriormente, que la
causación del concepto de financiación se encontraba supeditada a
que el Consorcio hubiera obtenido recursos para financiar las obras y
demás actividades necesarias para la construcción de las descritas en
el objeto contractual, provenientes no solo del mercado de capitales,
como lo piensa el Ministerio Público, sino que podía hacerlo por los
13
Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, MP Enrique Gil Botero”.
14
Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55852, MP Ramiro Pazos Guerrero”.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
propios miembros del Consorcio individual o conjuntamente. Sin
embargo, en este proceso no se probó financiación alguna y no puede
pretenderse ir al máximo pactado en montos y tasas porque esta
cláusula limitaba los montos, pero no constituían un mayor valor del
contrato que se pagara incondicionalmente o sin constatar su
ocurrencia.
No se encuentra demostrada la obligación de financiación en los
términos reclamados por el contratista. Lo que existía era una eventual
obligación de reconocer unos costos hasta cierto monto y bajo ciertas
condiciones, pero no que dicha suma tenía que reconocerse
forzosamente, independientemente de las condiciones de ejecución de
las obras y de las obligaciones en las que se hubiera incurrido con
ocasión de ello. Es así que lo reclamado por dicho concepto debía
encontrarse plenamente acreditado.
Así, la financiación pactada se encontraba sujeta a la ocurrencia de
condiciones previamente descritas que no están plenamente
demostradas en el presente proceso. No era pues una suma concreta
que se le iba a reconoce al contratista sin condición alguna.
De conformidad con la Adición no. 3 el valor estipulado de financiación
fue de hasta la suma de DOS MIL CIENTO SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS ($2.106.946.684). Así mismo, se pactó que se
reconocería una tasa por concepto de financiación correspondiente al
7.75% EA. Este último concepto estaba sujeto a la demostración de la
financiación en los términos del contrato y de las adiciones, pero se
reitera que no se probó plenamente la suma por el Consorcio en el
marco de la financiación pactada.
Ahora bien, es menester precisar que el municipio de Manizales no
puede ser responsable por una interpretación incorrecta o deficiente
por parte de un contratista respecto de un pliego o contrato que,
incluso, suscribió y ejecutó. Para que ello fuera así, tendría que estar
plenamente demostrado un daño imputable al ente estatal o una falla
en el desarrollo de la etapa de planeación y celebración del contrato
estatal, situaciones que no se evidencian en el asunto en cuestión.
(…) De conformidad con la declaraciones del señor Juan Alberto
Zuluaga, se observa que el Consorcio presentó un cobro por concepto
de financiación y que ello le sumó unos intereses, no obstante, esto no
fue sustentado en debida forma.
(…) El punto de la financiación de las obras suscita diferencias entre
las partes en razón al valor que debe ser reconocido por tal concepto
y la tasa aplicable para su cálculo. En este punto el tribunal recuerda
que en el parágrafo 1 de la cláusula tercera del contrato, las partes
estipularon lo siguiente: (…)
La anterior cláusula fue modificada por las partes mediante la Adición
#3 en la que se dispuso lo siguiente:
‘CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente
contrato se fija en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
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MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ML
($64.868.201.289) incluido AIU y el IVA y por concepto de financiación
hasta la suma de DOS MIL CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS ML ($2.106.946.884). Pero su valor final será el que resulte de
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios
unitarios relacionados en el contrato (…).
El tribunal observa que las parte en litigio modificaron la cláusula de
financiación, que pasó de una suma fija de DIEZ MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML
($10.566.946.884) a otra potencial de hasta DOS MIL CIENTO SEIS
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS ML ($2.106.946.884).
Al respecto, el tribunal recuerda el alcance de la preposición ‘hasta’ ha
sido materia de debate en este proceso arbitral. El Consorcio
considera, en resumen, que su incorporación en la cláusula tercera del
contrato no tendría efecto alguno sobre el valor de la financiación que
deberá entenderse hasta la cuantía estipulada. En cambio, el municipio
sostiene que el vocablo ‘hasta’ comprendería un rango y que el
reconocimiento de este concepto exige la prueba del valor concreto
que financió la convocante.
Bajo estos parámetros, el tribunal estima conveniente traer a colación
la definición de la preposición ‘hasta’, que en su segunda acepción
conforme al Diccionario de la Real Academia ‘indica el límite máximo
de una cantidad variable’.
En ese sentido, el tribunal debe armonizar lo acordado en el contrato
con la afirmación del perito Germán Zúñiga Saavedra en cuanto
sostuvo durante declaración que los términos financieros no admiten
subjetividad. Para el tribunal es claro que si no hubiese una cifra
concreta sobre la cual trabajar, el perito no habría podido aplicar las
fórmulas correspondientes a las operaciones para el cálculo del valor
asociado a la financiación. Sin embargo, lo cierto es que la fuente de
esa cifra proviene del contrato y, en esa medida, la palabra ‘hasta’
debía ser considerada en su gestión.
El artículo 1620 del Código Civil establece que (…). El tribunal
considera que esta cláusula es igualmente aplicable a los incisos,
proposiciones y palabras que van componiendo el texto contractual, de
manera que no puede aceptarse como igual una obligación contractual
de ‘$2.106.946.884’ que otra de ‘hasta $2.106.946.884’ solo porque a
nivel financiero es necesario concretar un valor. El perito sin notarlo
actuó como árbitro al pretender imponer una visión del contrato a partir
de un argumento financiero. Así las cosas, el tribunal reconoce que el
perito requería trabajar sobre una cifra concreta, por lo que debió
verificar el monto real de la financiación para efectos de los cálculos
que le fueron encargados, en lugar de trabajar con base en la suma
máxima autorizada en el contrato”.
En este punto, luego de verificar el contenido del laudo atacado, la Sala advierte
que, contrario a lo sostenido por el consorcio recurrente, los árbitros adoptaron
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
una decisión en derecho -con independencia de si es o no correcta, aspecto que
le está vedado examinar al juez de la anulación- porque analizaron no solo los
documentos contractuales sino también las pruebas aportadas y fijaron la
hermenéutica del contrato con base en las normas jurídicas que estimaron
aplicables al caso concreto.
Así las cosas, el cargo no tiene vocación de prosperar porque la finalidad que se
persigue es la de reabrir el debate probatorio y normativo a modo de una segunda
instancia, lo cual no es legalmente procedente.
3.2. Inexistencia de la causal de haberse negado el decreto de una prueba
pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba
decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado
la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella
pudiera tener incidencia en la decisión
Esta segunda causal invocada como fundamento del recurso esgrimido es la
contenida en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto
Arbitral cuyo texto es el siguiente: “Son causales del recurso de anulación: // (…)
5. haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse
dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y
cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de
reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión”.
El consorcio recurrente considera que se configuró dicha causal de anulación
porque el tribunal negó, injustificadamente, la práctica de una prueba decretada;
el municipio de Manizales alega que la prueba no se dejó de practicar debido a
que todo lo que existía en los archivos de la entidad ya reposaba en el
expediente, producto incluso de una verificación documental de varios meses.
En relación con este otro motivo de reproche contra el laudo debe observarse lo
siguiente:
1) Por auto del 24 de enero 2020, contenido en el acta no. 21, el tribunal arbitral
negó la prueba de exhibición de documentos solicitada por el consorcio
convocante porque debía cumplir con las exigencias de los artículos 265 y 266
del CGP; no obstante, decretó de oficio la incorporación de la información por
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
considerarla como de “alta importancia” (fl. 460 cdno. ppal. – índice 1 SAMAI),
contra la cual no se interpuso recurso alguno.
2) Luego, mediante auto del 20 de agosto de 2020 -contenido en acta no. 29- el
tribunal resolvió lo siguiente en relación con la documentación solicitada al
municipio convocado:
“Teniendo en cuenta la constancia secretarial que antecede y
evaluados los elementos probatorios que componen la prueba
documental allegada y que forman parte del nutrido acervo reinante en
el expediente, el tribunal encuentra razonable que con los documentos
aportados por las partes, puede abordar el estudio de fondo de la
presente litis; sin embargo, aplicando el principio garantista, el tribunal
considera que, en virtud de lo ocurrido con respecto a la manifestación
efectuada por el municipio, los documentos que extraña la parte
convocante, están enunciados por ella y por ende es un indicio de que
los conoce.
Por lo anterior, atendiendo la calidad de comerciantes de las partes
que constituyen el consorcio y de la naturaleza del contrato de
consorcio y su formación, el tribunal estima que este extremo de la litis
puede tener documentos en su poder que han sido fruto del
intercambio epistolar entre las partes y cuyo acceso puede ser
expedito.
En ese sentido el Código General del Proceso ha dotado al juez y a las
partes de un valioso instrumento derivado del concepto de la carga
dinámica de la prueba. Es así que expresa que: (…).
Entonces echando mano de la norma citada, el tribunal requerirá a la
parte actora para que, en un término de 10 días contados a partir de la
ejecutoria del presente auto, aporte los documentos restantes que
tenga en su poder, relacionados con la prueba decretada,
particularmente los que formaron el proceso de intercambio de
correspondencia entre el consorcio y el municipio durante el proceso
de formación, ejecución y liquidación del contrato sub judice” (fls. 686
a 688 cdno. ppal – índice 1 SAMAI).
3) Inconforme con la decisión adoptada, el consorcio interpuso oportunamente
recurso de reposición para solicitar que el municipio de Manizales fuera
conminado a entregar: la totalidad de los informes de interventoría, la
correspondencia cruzada entre la entidad y la interventoría del contrato, las actas
del comité de obras, los documentos físicos y electrónicos mediante los cuales
se estructuró el modelo financiero del contrato, la relación y soportes de la
totalidad de pagos efectuados por el municipio al consorcio y las actas de los
comités institucionales (fls. 690 a 696 cdno. ppal. – índice 1 SAMAI).
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
A través de providencia del 14 de septiembre de 2020, el tribunal arbitral resolvió
el recurso de reposición interpuesto por la parte convocante en el sentido de
confirmar la decisión previamente adoptada, con apoyo en el siguiente
razonamiento:
“El tribunal no puede entrar a polemizar sobre la posible existencia de
documentos que por definición desconoce al no estar incorporados al
expediente. La afirmación tajante y definitiva de la convocada en el
sentido de que la información solicitada no existe, impone al tribunal el
deber de aceptarla atendiendo el principio de la buena fe reconocido
en el artículo 83 de la Constitución Política. Con todo, lo anterior no
obsta para que la convocante evalúe las actuaciones que pudieran ser
procedentes en caso en que llegare a conocer de la efectiva existencia
de documentos que el municipio no entregó al tribunal.
Por último, es necesario pronunciarse acerca del cuestionamiento de
la convocante frente a la postura del tribunal en el sentido de contar
con el material probatorio suficiente para decidir la litis. Según el
recurrente, el tribunal aduce ‘que los documentos que hasta el
momento se han aportado por las partes y que componen la prueba
documental obrante en el expediente, son suficientes para efectuar el
estudio de fondo del proceso. Es decir, sugiriendo que los documentos
que no fueron entregados por el municipio de Manizales, no son
necesarios para emitir la decisión de fondo’.
Se le recuerda al convocante que, a la fecha, se han recaudado
pruebas atinentes a todos los puntos objeto de la decisión. El tribunal
en ningún momento a sugerido ni efectuado juicios de necesidad o
valoración de documentos que desconoce y cuya existencia está
siendo negada por la parte convocada. Sin perjuicio de lo anterior, toda
prueba que llegare a ser oportuna y legalmente allegada al expediente,
será valorada en conjunto con todo el material recaudado, atendiendo
a las reglas de la sana crítica y las demás previsiones consagradas en
nuestro régimen procesal” (fls. 701 a 705 cdno. ppal. – índice 1
SAMAI).
4) En consecuencia, la Sala despachará desfavorablemente el cargo de
anulación invocado porque no se acreditó de manera fehaciente que (i) se
hubieran dejado de practicar pruebas oportunamente decretadas por el tribunal
arbitral, sin fundamento legal y, (ii) tampoco se argumentó y demostró con el
recurso de anulación que la supuesta omisión probatoria hubiera tenido
incidencia en la decisión.
En primer lugar, el recurrente no demostró la incidencia de la ausencia probatoria
en el sentido del laudo, requisito indispensable para la procedencia de la causal.
26
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
En segundo término, la prueba fue decretada de forma oficiosa por el panel
arbitral y por esa específica razón los árbitros podían sostener que había
suficiente ilustración, pues, ese escenario —prueba de oficio—el juez tiene la
competencia y autonomía para concluir que con la prueba documental allegada
hasta ese momento se podía adoptar una decisión de fondo. De modo que la
decisión de suficiente ilustración se adoptó con suficiente fundamento legal por
lo que no se configura la causal alegada.
Finalmente, la Sala advierte que la prueba solicitada fue negada en un principio
para ser decretada de forma oficiosa y, la parte convocante no recurrió ese auto,
de modo que tampoco se cumple el requisito de procedibilidad de la causal de
anulación.
3.3. Inexistencia de la causal de no haberse constituido el tribunal en forma
legal
1) En relación con esta otra causal, con antelación a la vigencia de la Ley 1563
de 2012 pero con precisiones que son aplicables actualmente, la Sección Tercera
ha precisado15:
“El artículo 163-2 del Decreto 1818 de 1998, consagra la nulidad del
laudo por “no haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en
forma legal, siempre que esa causal haya sido alegada de modo
expreso en la primera audiencia de trámite”16.
La Sala de Sección se ha pronunciado respecto de la ocurrencia de esta
causal en el sentido de afirmar que se refiere a la integración del Tribunal,
así:
‘La indebida integración del tribunal de arbitramento atañe a
situaciones relacionadas con las condiciones personales del árbitro
(bien porque no reúnen los requisitos previstos por la ley o no
cumplen los requisitos acordados en el pacto); con su designación
(vgr. cuando no se hace con arreglo a lo establecido en la cláusula
arbitral o cuando siendo institucional el nombrado no hace parte de
la lista respectiva) o con el número de sus integrantes, entre otros
eventos. De modo que esta causal apunta a controvertir
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de noviembre de 2012,
exp. 39.332, MP Hernán Andrade Rincón.
16
Cita del original: Una de las hipótesis que dan lugar a la indebida integración del Tribunal es la
designación de los árbitros por la persona u organismo que no tenía competencia para hacerlo.
(Gil Echeverry Jorge Hernán, Del Recurso de anulación de laudos arbitrales, Cámara de
Comercio de Barranquilla, 1998, pág. 54)
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
exclusivamente a la integración y por ello no puede hacerse extensiva
a situaciones que no se refieran a la misma.
“Es preciso subrayar que para que se configure la causal “No haberse
constituido el tribunal de arbitramento en forma legal” (Numeral 2º del
artículo 163 del Decreto 1818 de 1998), el legislador estableció como
requisito para su prosperidad que el interesado la haya alegado en la
primera audiencia de trámite, de manera que si ello no se hace se pierde
la posibilidad de invocar este motivo en sede de anulación del laudo. O lo
que es igual, si no se alega la indebida integración del tribunal de
arbitramento, ope legis, se sanea dicha irregularidad, como un castigo de
la ley ante el silencio de las partes’.17” (resalta la Sala).
De lo expuesto se destaca la concreción del defecto que puede aducirse como
causal de anulación de un laudo es exclusivamente la integración del tribunal,
razón por la cual debe limitarse a ese tipo de defectos y en ese momento preciso
del trámite arbitral, de conformidad con el contenido y alcance del artículo 14 de
la Ley 1563 de 2012, en concordancia con los artículos 7 y 8 ibidem, pues, la
lectura de la primera disposición no puede efectuarse de forma aislada o
desarticulada de los preceptos que regulan las condiciones, calidades y
mecanismos de designación de los árbitros. En efecto, las citadas disposiciones
prevén:
“ARTÍCULO 7º. ÁRBITROS. Las partes determinarán conjuntamente el
número de árbitros, que siempre será impar. Si nada se dice al
respecto, los árbitros serán tres (3), salvo en los procesos de menor
cuantía, caso en el cual el árbitro será único.
El árbitro debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio; no haber sido
condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para
ejercer cargos públicos o haber sido sancionado con destitución.
En los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir, como
mínimo, los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de
Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las calidades
adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o
por las partes en el pacto arbitral.
ARTÍCULO 8º. DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS. Las partes
nombrarán conjuntamente los árbitros, o delegarán tal labor en un
centro de arbitraje o un tercero, total o parcialmente. La designación a
cargo de los centros de arbitraje se realizará siempre mediante sorteo,
dentro de la especialidad jurídica relativa a la respectiva controversia y
asegurando una distribución equitativa entre los árbitros de la lista.
17
Cita del original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Sentencia de junio 10 de 2009, Expediente 35288, CP Ruth Stella Correa Palacio.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Ningún árbitro o secretario podrá desempeñarse simultáneamente
como tal, en más de cinco (5) tribunales de arbitraje en que intervenga
como parte una entidad pública o quien ejerza funciones
administrativas en los conflictos relativos a estas.
ARTÍCULO 14. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL. Para la
integración del tribunal se procederá así:
1. Si las partes han designado los árbitros, pero no consta su
aceptación, el director del centro de arbitraje los citará por el medio que
considere más expedito y eficaz, para que se pronuncien en el término
de cinco (5) días. El silencio se entenderá como declinación.
Este mismo término y el efecto concedido al silencio, se aplicará para
todos los eventos en que haya designación de árbitro y este deba
manifestar su aceptación.
2. Si las partes no han designado los árbitros debiendo hacerlo, o
delegaron la designación, el director del centro de arbitraje requerirá
por el medio que considere más expedito y eficaz a las partes o al
delegado, según el caso, para que en el término de cinco (5) días
hagan la designación.
3. Si las partes delegaron al centro de arbitraje la designación de todos
o alguno o varios de los árbitros, aquella se hará por sorteo dentro de
los cinco (5) días siguientes a la solicitud de cualquiera de ellas.
4. En defecto de la designación por las partes o por el delegado, el juez
civil del circuito, a solicitud de cualquiera de las partes, designará de
plano, por sorteo, principales y suplentes, de la lista de árbitros del
centro en donde se haya radicado la demanda, al cual informará de su
actuación.
5. De la misma forma se procederá siempre que sea necesario
designar un reemplazo.
6. Las partes, de común acuerdo, podrán reemplazar, total o
parcialmente, a los árbitros con anterioridad a la instalación del
tribunal”.
En ese orden de ideas, la causal de anulación contenida en el numeral 3 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 alude única y exclusivamente al momento de
integración del tribunal de arbitramento, sin que pueda hacerse extensiva a otras
etapas del proceso arbitral, pues, esa circunstancia implicaría desconocer el
carácter hermenéutico restrictivo de las causales de anulación de laudos
arbitrales y la solución dada por el propio legislador a circunstancias que se
presenten con posterioridad al momento de integración, tal como se explica más
adelante.
29
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Por consiguiente, todas las circunstancias relativas a las condiciones o calidades
de los árbitros, su designación o selección, el número de árbitros, el tipo de
arbitraje, la sede del panel o el deber de informar (artículo 15 del Estatuto
Arbitral), entre otras, son configurativas de la causal de anulación siempre y
cuando se adviertan en la audiencia de instalación del tribunal y se hayan hecho
valer como recurso de reposición contra la decisión del panel de asumir
competencia, en los términos del penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 que establece: “las causales 1, 2 y 3 solo podrán invocarse si el
recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de
reposición contra el auto de asunción de competencia”.
3) La Sala advierte que en algunos pronunciamientos de la Sección se ha
aceptado que la omisión de información establecida en el artículo 15 de la Ley
1563 de 2012 -cuando opera de manera sobreviniente a la integración del tribunal
arbitral- tiene impacto en la legalidad del laudo, toda vez que entraña una relación
directa con el acceso a la administración de justicia y las garantías judiciales18:
“6.8.- Es en este contexto, de garantías para asegurar la celebración de un
juicio arbitral ceñido a los antecitados principios, que cobra sentido el deber
de informar, recogido en el artículo 15 de la Ley 1563 de 201219, en cuya
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de julio de 2016, exp.
55.477, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Ver igualmente: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 65.738, MP Alberto Montaña
Plata.
19
Cita original: Ley 1563 de 2012. “Artículo 15. Deber de información. La persona a quien se
comunique su nombramiento como árbitro o como secretario deberá informar, al aceptar, si
coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales
o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún
miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya
intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el
curso de los dos (2) últimos años. Igualmente deberá indicar cualquier relación de carácter familiar
o personal que sostenga con las partes o sus apoderados. // Si dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de la comunicación de aceptación, alguna de las partes manifestare por
escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro y su deseo de
relevar al árbitro con fundamento en la información suministrada por este, se procederá a su
reemplazo en la forma prevista para tal efecto, siempre y cuando los demás árbitros consideren
justificada las razones para su reemplazo o el árbitro acepte expresamente ser relevado. Cuando
se tratare de árbitro único o de la mayoría o de todos, decidirá el juez civil del circuito del lugar en
donde funcione el tribunal de arbitraje. Cuando se trate de secretario, decidirán los árbitros. // Si
durante el curso del proceso se llegare a establecer que el árbitro o el secretario no revelaron
información que debieron suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedarán impedidos, y así deberán declararlo, so pena de ser recusados. // En todo caso,
a lo largo del proceso, los árbitros y los secretarios deberán revelar sin demora cualquiera
circunstancia sobrevenida, que pudiere generar en las partes dudas sobre su imparcialidad e
independencia. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o
independencia del árbitro, los demás árbitros decidirán sobre su separación o continuidad, y si no
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
virtud se predica la exigencia a quienes acepten su designación como
árbitro o secretario de proveer información personal, familiar o profesional
pasada o presente que resulte relevante a las partes para que estas
puedan formarse su propio convencimiento sobre la apariencia de
imparcialidad e independencia de los designados y sobre esa base puedan
escrutar la configuración de posibles impedimentos o dudas razonables
sobre tales calidades y plantear unas y otras cuestiones ante el Tribunal.
6.9.- Por ende, cualquier aproximación al deber de informar debe tener
lugar desde la perspectiva del principio que le sirve de sustento y que no
es otro diferente que el acceso a la justicia y las garantías judiciales, razón
por la cual las aristas a ser desentrañadas de este abstracto deber han
responder a la teleología objetiva que persiguió el legislador con la
instauración de tal compromiso para árbitros y secretarios designados:
proveer mayores garantías en las causas arbitrales.
6.10.- Por ello la Ley prescribe que, con base en la información
comunicada, en el término de cinco (5) días siguientes a la aceptación de
una designación las partes podrán presentar reparos de imparcialidad e
independencia del árbitro y, por ende, solicitar que éste sea relevado, lo
cual sucederá si los demás árbitros encuentran fundadas las razones que
sustentan la petición de reemplazo o el árbitro cuestionado las aceptare.
En casos donde se trata de árbitro único la ley estableció que la
competencia para resolver lo pertinente recae sobre el Juez Civil del
Circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento.
6.11.- Toma nota la Sala del alcance amplio que el legislador concedió a
esta facultad con que cuentan las partes pues la misma comprende tanto
aquellas causales de impedimentos, inhabilidades, prohibiciones y
conflictos de intereses traídos por los Códigos General del Proceso o
Disciplinario Único como otras circunstancias que a juicio de las partes
pueda ser consideradas como “dudas justificadas acerca de la
imparcialidad o independencia del árbitro”, lo cual, además de marcar
diametral diferencia con las jurisdicciones ordinaria y contenciosa
administrativa, revalida el carácter voluntarista del arbitramento al
conceder un mayor radio de acción a las partes del pleito para cuestionar
a sus juzgadores. De ahí, también, la amplitud del deber de informar, pues
el árbitro no solo está compelido a revelar aquello que pueda ser
constitutivo de impedimento o conflicto de intereses, sino cualquiera otra
cuestión más amplia que permita la formación del criterio de imparcialidad
e independencia en las partes.
6.12.- Ahora bien, en cuanto a la extensión de lo que se debe informar, la
ley enuncia que los árbitros deben comunicar: ‘si coincide o ha coincidido
con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales o
judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en
los que él o algún miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca
o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como árbitro,
apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso
de los dos (2) últimos años. Igualmente deberá indicar cualquier relación
de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus
apoderados’, en suma, se trata de un deber de comunicar información
relevante y ésta es tal cuando deviene en necesaria para permitir la
formación de un juicio plausible sobre las calidades y/o condiciones del
hubiere acuerdo entre aquellos, o se tratare de árbitro único o de la mayoría o de todos, decidirá
el juez civil del circuito del lugar en donde funcione el tribunal de arbitraje”.
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
designado, la misma que en caso de ser omitida y posteriormente conocida
hubiera movido a cualquier persona razonable ubicada en la posición de
las partes a plantear reparos de independencia o imparcialidad sobre el
árbitro en salvaguarda de sus intereses.
6.13.- Por ende, se trata de un deber cualificado, por cuanto de él depende
en buena parte la estructuración de la imparcialidad e independencia del
Tribunal, de ahí que la información puesta de presente por el designado
deba ser veraz, auténtica y completa, siendo veraz cuando corresponde
con la realidad, auténtica cuando coincide con la fuente de la que se ha
tomado y completa cuando contiene todos los datos inherentes al asunto
informado20, sólo así partes e intervinientes podrán formarse una idea
sobre las condiciones particulares del árbitro como persona idónea para
dirimir la causa puesta a su conocimiento.
6.14.- Tal cuestión atañe, intrínsecamente, a la naturaleza del arbitraje
donde particulares que, antes, durante y después del juzgamiento de una
causa siguen gestionando por su cuenta negocios particulares, pueden ver
cómo sus intereses como sujeto privado se enfrentan (o identifican
estrechamente) con alguno de los de las partes de la contienda arbitral. En
eventos como estos es conclusión obligada que la neutralidad y probidad
del designado estarán seriamente en entredicho, pues nadie puede ser
juez de una causa en la que le asista alguna suerte de interés.
6.15.- Constatando tal realidad del arbitraje la ley no agotó el deber de
informar en el momento de la aceptación de la designación, pues el mismo
se extendió a todo el proceso arbitral, estando los árbitros y secretario
obligados a informar ‘cualquier circunstancia sobrevenida’ que pueda
generar dudas de imparcialidad o independencia, ante lo cual las partes
pueden dar trámite a una petición de remoción del árbitro, en los mismos
términos arriba precisados.
6.16.- Es por esta razón que la ley sanciona con rigor la omisión del deber
de informar, pues a voces del inciso tercero del artículo 15 de la misma
obra legislativa se erigió como causal autónoma de impedimento el no
haber revelado información que el árbitro o secretario debió suministrar al
tiempo de la aceptación de su designación, cuando ello quede establecido
a lo largo del proceso, lo anterior sin perjuicio de las consecuencias que
puedan tener lugar en cuanto a la validez del laudo arbitral que se dicte”
(negrillas adicionales).
4) La Sala se aparta del criterio antes transcrito porque considera que el defecto
de información posterior o sobreviniente a la integración del tribunal arbitral no se
enmarca en la causal del numeral 3 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 –
Estatuto Arbitral debido a que el legislador estableció un control específico y
diferente para esa esa precisa circunstancia en los artículos 15 y 16 ibidem, esto
es, a través de la figura de los impedimentos y recusaciones:
20
Cita del original: Cfr., Mutatis mutandi, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 19 de noviembre de 2012, Exp.
22043.
32
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
“ARTÍCULO 15. DEBER DE INFORMACIÓN. La persona a quien se
comunique su nombramiento como árbitro o como secretario deberá
informar, al aceptar, si coincide o ha coincidido con alguna de las partes
o sus apoderados en otros procesos arbitrales o judiciales, trámites
administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún
miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya
pertenecido, intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado,
consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de los
dos (2) últimos años. Igualmente deberá indicar cualquier relación de
carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus
apoderados.
Si dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación
de aceptación, alguna de las partes manifestare por escrito dudas
justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro y su
deseo de relevar al árbitro con fundamento en la información
suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma
prevista para tal efecto, siempre y cuando los demás árbitros
consideren justificada las razones para su reemplazo o el árbitro
acepte expresamente ser relevado. Cuando se tratare de árbitro único
o de la mayoría o de todos, decidirá el juez civil del circuito del lugar en
donde funcione el tribunal de arbitraje. Cuando se trate de secretario,
decidirán los árbitros.
Si durante el curso del proceso se llegare a establecer que el
árbitro o el secretario no revelaron información que debieron
suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedarán impedidos, y así deberán declararlo, so pena de
ser recusados.
En todo caso, a lo largo del proceso, los árbitros y los secretarios
deberán revelar sin demora cualquiera circunstancia sobrevenida,
que pudiere generar en las partes dudas sobre su imparcialidad e
independencia. Si cualquiera de estas considera que tal
circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del árbitro,
los demás árbitros decidirán sobre su separación o continuidad,
y si no hubiere acuerdo entre aquellos, o se tratare de árbitro
único o de la mayoría o de todos, decidirá el juez civil del circuito
del lugar en donde funcione el tribunal de arbitraje.
ARTÍCULO 16. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. Los árbitros y
los secretarios están impedidos y son recusables por las mismas
causales previstas para los jueces en el Código de Procedimiento
Civil, por las inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses
señalados en el Código Disciplinario Único, y por el incumplimiento
del deber de información indicado en el artículo anterior (…)”. (Se
destaca).
Así las cosas, una vez integrado el tribunal arbitral el control sobre el
cumplimiento del deber de información queda diferido a las partes y a los propios
árbitros, al igual que sucede con los jueces colegiados institucionales, es decir, a
través de los impedimentos y las recusaciones en contra de los árbitros o el
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Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
secretario en los términos de los artículos 140 a 147 de la Ley 1564 de 2012 -
CGP.
De modo que el desconocimiento del deber de información previsto en el artículo
15 del Estatuto Arbitral, cuando ocurre de manera posterior a la audiencia de
instalación del tribunal, puede acarrear eventualmente consecuencias
disciplinarias o de otra índole para el árbitro o el secretario y esa sola
circunstancia genera una causal de recusación en contra de estos; sin embargo,
ese hecho no constituye motivo legal de anulación en los términos del numeral 3
del artículo 41 la Ley 1563 de 2012.
De aceptarse la hermenéutica contraria se sacrificaría la seguridad jurídica
porque las partes podrían atacar el laudo arbitral dependiendo de si el resultado
es favorable o no a sus intereses, para lo cual se abstendrían de formular
recusaciones contra los árbitros o el secretario para plantear esos hechos como
fundamento de la anulación lo cual generaría una distorsión injustificable en el
recurso extraordinario, así como un desgaste innecesario de la administración de
justicia.
5) En este caso concreto es evidente el carácter infundado de la causal por el
motivo esgrimido, debido a que el incumplimiento al deber de información que se
alega con el recurso ocurrió de forma sobreviniente al momento de integración
del panel arbitral y, por tanto, el apoderado del consorcio convocante ha debido
formular recusación contra los árbitros que, según su criterio, desconocieron el
deber de información en los términos del artículo 15 del Estatuto Arbitral.
4. Conclusión
En suma, el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio
Avenida Colón no tiene vocación de prosperar toda vez que ninguna de las
causales invocadas se configuró en el caso concreto porque el laudo fue proferido
en derecho, no se dejó de practicar una prueba oportunamente decretada sin
justificación legal y, el tribunal se integró en debida forma.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
5. Costas
Se condena en costas a la recurrente en aplicación de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el cual “si el recurso no
prospera se condenará en costas al recurrente”. En aplicación del ordinal 9 del
artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, se fijan agencias en derecho en cuantía equivalente a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes21.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1°) Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación promovido por el
Consorcio Avenida Colón contra el laudo arbitral del 20 de noviembre de 2020.
2°) Costas a cargo del recurrente, por Secretaría liquídense, incluidas las
agencias en derecho que se fijan en cuantía total equivalente a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de ejecutoria de esta decisión.
3º) Ejecutoriada esta providencia comuníquese a las partes y al tribunal de
arbitramento por el medio más expedito y efectúense las desanotaciones del
caso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Aclara el voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara el voto
21
La entidad convocada compareció por medio de apoderado y se opuso al recurso dentro del
término concedido para el efecto.
35
Expediente: 11001032600020210005500 (66.723)
Convocante: Consorcio Avenida Colón
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 186 de CPACA.
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