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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00076-00

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00076-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, el 21 de agosto de 2020. SEGUNDO: Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia de 21 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría General, DEVOLVER el proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico para que dicte sentencia de nuevo, atendiendo lo expuesto en esta providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la 28 Artículo 255. Sentencia. “Vencido el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda”. 13 Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808) Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez Demandado: Distrito de Barranquilla Referencia: Recurso extraordinario de revisión integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00076-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00(66808)

Actor: RAFAEL JACOBO PEÑA NARVÁEZ

Demandado: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA Y OTRO

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - las causales de revisión son taxativas y
restrictivas. / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACA- existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Se configura esta causal
de revisión por las causales de nulidad establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil y por
violación del derecho al debido proceso, estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política. El
fallo inhibitorio injustificado vulnera el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
y a una tutela judicial efectiva.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Rafael
Jacobo Peña Narváez contra la sentencia de 21 de agosto de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró probada la
excepción de inepta demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante considera que se vulneró su derecho al debido proceso en la
sentencia de segunda instancia, proferida en el proceso de reparación directa que
promovió contra el Distrito de Barranquilla y el Instituto Distrital de Urbanismo y
Control IDUC (hoy liquidado), al haberse declarado la prosperidad de la excepción
de inepta demanda y no emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

II. ANTECEDENTES

1. Proceso de reparación directa1

1.1. Demanda

El 4 de abril de 2018, el señor Rafael Jacobo Peña Narváez interpuso demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y el Instituto Distrital de Urbanismo y Control
IDUC (hoy liquidado), con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable “de los daños y perjuicios materiales, morales y/o de relación
psicológica causadas al suscrito en forma directa como consecuencia de la falla
administrativa del servicio o culpa de la administración distrital y sus entes
administrativos, como consecuencia del trámite administrativo y jurisdicción
coactiva”, promovidos contra el demandante por contravenir normas urbanísticas.

Como fundamentos fácticos, manifestó que la Secretaría de Planeación Distrital de
Barranquilla, mediante Resolución 30 de 20 de abril de 2004, ordenó la suspensión
de una obra de construcción en un predio de su propiedad, decisión que confirmó
en Resolución 53 de 30 de abril 2004, en la que además fue sancionado con multa
de $7’600.000 (20 smlmv). Afirmó que no tuvo la oportunidad ni tiempo de ejercer
descargos, en violación de sus “derechos de defensa, audiencia y contradicción, ya
que me conceden y a la vez me niegan recurrir, toda una contradicción jurídica
administrativa”. Agregó que interpuso recurso de apelación contra el último acto
administrativo “en virtud del principio de confianza legítima”, el cual no fue resuelto
“generándose un acto negativo ficto o presunto por silencio de la administración”.

Señaló que, una vez transcurridos más de 4 años, se profirió en su contra
mandamiento de pago dentro de un proceso de jurisdicción coactiva adelantado
para ejecutar la decisión plasmada en el acto administrativo que lo sancionó y, pese
a que propuso “todo tipo de excepciones, nulidades y demás” para poner de
presente las irregularidades sustanciales y procedimentales, no se acogieron sus
peticiones. En dicha actuación se decretó el embargo de dos bienes inmuebles de
su propiedad, ubicados en el distrito de Barranquilla, lo cual le generó perjuicios “de
índole psicológicos, afectivos, familiares y económicos por cuanto uno de ellos se
encontraba prometido en venta y por el hecho del embargo y el largo período del
mismo siete (7) años fuera del comercio, no me fue posible negociarlo”. Finalmente,
se decretó la prescripción de la acción de cobro coactivo y se declaró la terminación

1
Radicación 08001-33-33-011-2018-00124-00.
Copia digital del escrito de demanda y de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
en ese proceso ordinario, se hallan en el índice 2 del aplicativo SAMAI.

2

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del expediente.

Estimó que las irregularidades y vicios presentados durante el proceso de
jurisdicción coactiva estructuraron un error administrativo o falla del servicio, y le
ocasionó perjuicios que debían ser objeto de indemnización, “ya que me causó un
daño especial con las acciones de embargo y secuestro de mis bienes y el proceso
mismo”.

1.2. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Once Administrativo de Barranquilla profirió sentencia el 18 de
diciembre de 2018.

Declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada,
para lo cual señaló que en el Consejo de Estado existían dos posturas sobre la
naturaleza de los procesos de cobro coactivo, una de las cuales apelaba por un
tratamiento de tipo administrativo, mientras que la otra los consideraba procesos
jurisdiccionales. Acogió la segunda tesis y concluyó que el término de caducidad
debía contabilizarse desde la ejecutoria de la Resolución 061 de 10 de febrero de
2016, que puso fin al proceso de cobro coactivo no. 2004-00056 seguido contra el
demandante, esto es, el 13 de abril de 2016, teniendo en cuenta, además, el
período de suspensión acaecido por cuenta del trámite de conciliación prejudicial,
a partir de lo cual se tenía que la demanda había sido presentada en tiempo.

Abordó el análisis del asunto bajo el régimen de responsabilidad de error
jurisdiccional y sostuvo que no que se había configurado responsabilidad del
Estado por cuanto el actor estaba en el deber de soportar la medida cautelar
decretada y no se advertía, en el proceso contravencional, “falencia alguna, ni
violación al debido proceso, ni desconocimiento de normas procedimentales, de
hecho, dichos actos administrativos no fueron anulados por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en ninguna de las dos oportunidades en que el
demandante acudió pretendiendo su nulidad”. Asimismo, en cuanto al proceso de
jurisdicción coactiva, indicó que la declaratoria de prescripción de la acción no
indicaba que las actuaciones surtidas hubieran incumplido las normas que regulan
la materia, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda.

1.3. Sentencia de segunda instancia- providencia objeto del recurso
extraordinario

Mediante sentencia de 21 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo del

3

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Atlántico, Sección C resolvió:

Primero.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Once (11)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, de fecha dieciocho (18) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018), de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo.- Declarar probada la excepción de “ineptitud sustancial de la
demanda por indebida escogencia de la acción”, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración, inhibirse de
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Cuarto.- Sin costas en segunda instancia. (…)

Después de un extenso relato sobre la procedencia de la acción de reparación
directa por los perjuicios derivados de actos administrativos legales, ilegales, fictos,
anulados y los que fueron objeto de revocatoria directa, consideró que ni las
pretensiones ni la causa petendi de la demanda hacían referencia a alguna de esas
causales de procedencia o a una operación administrativa; por el contrario, el libelo
introductorio se encaminaba a controvertir la legalidad de las decisiones proferidas
en el desarrollo del proceso de cobro coactivo no. 2004-0056, tales como el
mandamiento de pago, el auto de medidas cautelares, la sentencia que ordenó
seguir adelante la ejecución, la decisión de 5 de mayo de 2011, las Resoluciones
171 de 6 de febrero de 2014, 329 de 14 de mayo de 2014, 543 de 19 de mayo de
2014, 061 de 10 de febrero de 2016 y 178 de 13 de marzo de 2016; así como el
oficio de 28 de mayo de 2013 y el auto de avalúo del bien embargado y secuestrado,
de fecha 1 de agosto de 2013, “en razón al daño ocasionado por la actividad
administrativa relativa a las medidas de embargo y secuestro dentro de los bienes
inmuebles” del accionante.

En ese sentido, estimó que el actor debió demandar, mediante la vía procesal de la
nulidad y el restablecimiento del derecho, la Resolución 171 de 6 de febrero de
2014, teniendo en cuenta que su pretensión “se encuentra dirigida a obtener un
control de legalidad de las decisiones administrativas citadas en el libelo genitor”;
no obstante, de haber actuado así, “para la fecha en que ejerció su derecho de
acción ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad respecto de la
referenciada acción”.

Por lo anterior, adujo que correspondía declarar probada de oficio la excepción de
ineptitud sustancial de la demanda por indebida escogencia de la acción y, como
consecuencia, revocar la sentencia apelada e inhibirse de proferir decisión sobre
las pretensiones de la demanda.

4

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

2. El recurso extraordinario de revisión

2.1. Demanda

El 7 de abril de 2021, el señor Rafael Jacobo Peña Narváez interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de 21 de agosto de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con fundamento en la causal 5ª del
artículo 250 del CPACA, referida a la “nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Como sustento fáctico de la demanda, indicó que fue multado en un proceso
administrativo sancionatorio, por contravenir normas urbanísticas al intentar
construir “un plafón que daba hacia el callejón”, en un predio de su propiedad, por
lo que ejerció su defensa de diversas formas 2 , y puso de presente las
irregularidades surgidas en la actuación y en el proceso ejecutivo que se siguió para
hacer efectiva la orden de suspensión de obra y la sanción. Señaló que después
de 12 años de “una ardua lucha en el trámite administrativo sancionatorio y en el
proceso administrativo de cobro coactivo y de ir y venir memoriales escritos y
recursos”, fue absuelto de la multa por haber operado la prescripción de la acción
de cobro.

Adujo que en el proceso coactivo se “ordenaron, decretaron y materializaron
medidas cautelares” sobre sus bienes inmuebles, los cuales permanecieron por
fuera del comercio durante un lapso aproximado de 7 años. En razón a los perjuicios
ocasionados con las medidas de embargo, interpuso medio de control de
reparación directa 3 , cuyo conocimiento le correspondió en primera instancia al
Juzgado 11 Administrativo de Barranquilla.

El juez de conocimiento profirió sentencia de primera instancia el 18 de diciembre
de 2018, a través de la cual declaró no probada la excepción de caducidad
propuesta por la parte demandada y negó las pretensiones de la demanda. Contra
esa decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

2
Mencionó la demanda que el demandante “en arandela de la defensa de sus derechos
constitucionales y fundamentales, promovió todo tipo de procesos judiciales contra esta actuación
Administrativa, incluso contestado el proceso de jurisdicción coactiva, propuse excepciones, tutelas,
y Acción Contenciosa Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Derecho donde se demandó
el acto administrativo ficto o presunto que nació de la interposición de los recursos de reposición y
apelación contra la resolución No 053 de Abril 30 de 2004, y donde el juzgado Sexto de
Descongestión Administrativo dicta sentencia y resuelve declararse inhibida para pronunciarse de
fondo. (…) “Fallo que no hizo tránsito a cosa juzgada razones por las cuales, nuevamente insistí
esta demanda de acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho”.
3
Radicado no. 0800-1333-3011-2018-00124-00.

5

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de 21 de agosto de 2020,
declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción y se inhibió de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda,
actuación que, en criterio del accionante, constituye una violación al principio de la
no reformatio in pejus, por tratarse de apelante único.

Manifestó que presentó acción de tutela en procura de la protección de sus
derechos fundamentales; pero, esta se declaró improcedente, por cuanto existía
otro medio de impugnación procedente para lograr el amparo deprecado -el recurso
extraordinario de revisión-.

Afirmó que entre la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia no
existe congruencia; además, ese último fallo vulneró su derecho de acceso a la
administración de justicia, en tanto tuvo en cuenta “actos administrativos ya
fenecidos y retirados del ámbito jurídico por el fenómeno de la prescripción”, sin
considerar que la reparación directa era idónea “por cuanto la reclamación
indemnizatoria de perjuicios es el elemento estructural de este tipo de medio de
control”. En este punto, hizo alusión a una providencia judicial proferida por esta
Corporación, que se refirió a la procedencia de la acción de reparación directa
cuando se demanda la indemnización del daño ocasionado por un acto
administrativo legal, en aplicación de la teoría del daño especial4. También, trajo a
colación pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con el alcance de la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda5 y la excepcionalidad de los fallos
inhibitorios6.

2.2. -Trámite del recurso extraordinario de revisión

Mediante auto de 24 de mayo de 2021 se admitió el recurso extraordinario de
revisión, y se negaron las solicitudes de medida cautelar y de amparo de pobreza
elevadas por el recurrente (índice 4 de SAMAI).

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contestó, oportunamente,
la demanda. Manifestó que el recurrente no expuso cuál es la causal de nulidad
que sustenta el recurso extraordinario, además, en el fallo cuestionado se
expusieron las razones de la declaración inhibitoria y este fue expedido conforme
a los lineamientos legales y constitucionales, por lo que no adolece de falsa

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia de 5 de diciembre de 2016, exp.
2005-01402-01(38025), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de enero de 2018, exp.
2017-003032-00 (AC)M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
6
Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2013

6

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

motivación. Por esas razones, solicitó negar las pretensiones del recurso y
mantener la validez y efectos jurídicos de la sentencia atacada (índice 10 SAMAI).

La Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla 7 y el Ministerio Público,
aunque fueron notificados (índices 7 y 8 SAMAI), no intervinieron en el proceso.

Mediante proveído de 13 de septiembre de 2022 se negó la solicitud probatoria
elevada por la parte demandante8 (índice 16 SAMAI).

III. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable y caducidad

La sentencia cuestionada fue proferida el 21 de agosto de 2020, en vigencia del
CPACA -Ley 1437 de 2011. Aun cuando no obra en el proceso constancia de
ejecutoria de dicha providencia, al verificar el sistema de consulta de procesos de
la Rama Judicial se encuentra que el proceso fue devuelto al juzgado de origen y
quedó ejecutoriada, por no admitir recurso alguno. En ese sentido, es dable concluir
que el recurso extraordinario presentado el 7 de abril de 2021 fue oportuno, toda
vez que se radicó dentro del año siguiente a la expedición y ejecutoria de la
providencia9.

2. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 21 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en atención a la competencia que le asigna el artículo
24910 del CPACA, de conformidad con la distribución de negocios al interior del
Consejo de Estado dispuesta en el artículo 1311 del Acuerdo No. 80 de 2019.

7
La cual asumió la administración de las situaciones jurídicas no definidas del Instituto Distrital de
Urbanismo y Control -IDUC-.
8
Frente a la solicitud de oficiar a las autoridades judiciales que conocieron el proceso ordinario para
la remisión digital del expediente, se indicó que copia parcial de dicho proceso había sido aportada
con la demanda; y en cuanto a la demanda de tutela y el fallo que la resolvió, aportados, por el
recurrente, se señaló que estas no eran pruebas conducentes, pertinentes y útiles, porque se
profirieron con posterioridad a la sentencia impugnada y no decidieron ninguna cuestión de fondo;
por el contrario, en la sentencia de tutela se indicó que existía otro medio de defensa -el recurso
extraordinario de revisión-.
9
De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal relacionada con la existencia de nulidad originada en la
sentencia es de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.
10
Artículo 249. Competencia. (…) “De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. (…)”.
11
Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. “Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)

7

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

3. Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial

El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.

El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con el que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser
empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.

Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado12.

4. Caso concreto

El recurso extraordinario de revisión que es materia de análisis se fundó en la
causal quinta de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la cual no procede el recurso de apelación.

Dicha causal de revisión ha sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de
esta Corporación, en la medida en la que su redacción no permite conocer cuáles
situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia
se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le
ha encomendado al juez la función de establecer su alcance.

Sección Tercera: (…)
10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.
12
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

8

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad procesal
establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios 13 que
afectan la validez de la sentencia, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de
31 de mayo de 201114, como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia15, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta16, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de
ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión17 o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación18”.

Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso estatuido
en el artículo 29 de la Constitución Política19 genera la nulidad de la sentencia,
conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional20 y
por esta Corporación.

Por vía jurisprudencial, se han identificado los siguientes supuestos transgresores
del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio21; ii) ausencia de motivación; iii)

13
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de
2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección
Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-
00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
15
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080”.
16
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093”.
17
“Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170”.
18
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062”.
19
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad.
2014-01303-00(REV).
20
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
21
En sentencia de unificación de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-00153-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reconoció que una
decisión inhibitoria injustificada vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, con lo que se configura la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia,
por violación del artículo 29 constitucional. Así se pronunció la Sala Plena en esa ocasión:
“Entre el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso existe una estrecha
relación, en tanto aquél es un elemento constitutivo de este; y que el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, es una manifestación concreta de los derechos a acceder a la justicia, a la defensa
y al debido proceso. (…)

9

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

transgresión del principio de la no reformatio in pejus; iv) condena contra un tercero
que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de competencia o
jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento,
transacción o perención; vii) no contar la decisión con el número de votos requerido
para su aprobación, y viii) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra petita.

En cualquier caso, corresponde al juez definir si la situación analizada quebranta
un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa juzgada de la
decisión.

En el caso concreto, se discute la posible vulneración del derecho al debido proceso
del recurrente, con ocasión de la expedición de la sentencia de 21 de agosto de
2020, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico se inhibió de
pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda de reparación directa, por
encontrar configurada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda por
indebida escogencia de la acción.

Como primera medida, la Sala encuentra necesario aclarar que la excepción de
“ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones”, establecida en el numeral 5º del artículo 100 del
Código General del Proceso -aplicable a los procesos tramitados en esta
jurisdicción, por remisión expresa del artículo 306 del CPACA- se configura,
exclusivamente, cuando el escrito introductorio adolece de alguno de los requisitos

Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia. (…)
En el marco del Estado Social de Derecho que nos rige desde 1991, el juez está llamado a garantizar
los principios y valores constitucionales, lo que implica que debe asegurar, por una parte, que quien
acude a la judicatura obtenga de forma rápida y efectiva la definición de su conflicto y, por la otra,
servir de límite y control a los poderes constituidos por cuanto estos no gozan de las inmunidades
que en otras épocas predicaban. En ese contexto, y en el marco de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ha de entenderse que los fallos
inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar proscritos, pues la protección de estos
derechos desde los ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la creación de los mecanismos
necesarios no solo para garantizar que el acceso al aparato judicial sea real y efectivo, sino permitir
a las personas que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de sus derechos, lo que se materializa
cuando se resuelven de fondo las pretensiones de las demandas presentadas ante ellos,
independiente si lo es en forma favorable o no a los intereses de quienes acuden a ella.
(…)
Teniendo en cuenta que el artículo 93 de la Constitución Política ordena por remisión la integración
a nuestro ordenamiento constitucional de otros mandatos, entre otros, de los tratados
internacionales de derechos humanos, en lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad,
la Sala advierte que existen una serie de estos instrumentos que consagran expresamente un
derecho que se denomina de protección judicial efectiva, recurso efectivo o tutela judicial efectiva.
(…)
En ese orden de ideas, se han considerado como violaciones al derecho a un recurso judicial
efectivo o de tutela efectiva, entre otros: i) la inexistencia de mecanismo para acceder a la
jurisdicción; ii) los plazos prolongados para resolver de forma definitiva el asunto planteado, iii) las
decisiones que no resuelven sobre el fondo de la litis pero que ponen fin a la actuación, y, iv) el
incumplimiento o imposibilidad de cumplir el fallo”.

10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

legales para estructurar la demanda en debida forma22.

En la Ley 1437 de 2011 -CPACA-23, dichos presupuestos se encuentran previstos
en los artículos 162 a 166, y se refieren, específicamente, a: i) el contenido del
escrito de demanda; ii) el deber de individualizar las pretensiones y los eventos en
los que éstas se pueden acumular, y iii) los anexos que se deben adjuntar al libelo
introductorio.

Ciertamente, uno de los cambios introducidos por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- consistió en
eliminar la carga de determinar la “acción” en la demanda, con el objetivo de evitar
decisiones inhibitorias basadas en una “indebida escogencia de la acción”, como
otrora ocurría. Se pasó, así, de las anteriormente denominadas “acciones”, a los
medios de control, y se otorgó expresa habilitación al juzgador para adaptar el
asunto a la vía procesal adecuada, según el contenido y finalidad de las
pretensiones y el objeto mismo de la demanda. En ese nuevo panorama, basta el
ejercicio del derecho de acción por parte del interesado, para poner en
funcionamiento el aparato judicial y lograr una decisión de fondo, siempre que se
reúnan los requisitos para la viabilidad del medio de control procedente, entre los
que se cuentan, por ejemplo, la oportunidad de la demanda y el agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, cuando es exigible.

En ese entendido, la indebida escogencia de la acción no configura uno de los
supuestos que da lugar a la ineptitud de la demanda, en tanto, dicha excepción,
solo guarda relación con la ausencia de requisitos formales o con una indebida
acumulación de pretensiones. Al respecto, en providencia de 8 de mayo de 202024,
este Despacho explicó que “la indebida escogencia del medio de control no es un
asunto que encuadre dentro de la excepción previa de ineptitud de la demanda, así
como tampoco corresponde a ninguno de los supuestos establecidos en el artículo
180 del CPACA”.

En similar sentido se pronunció la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en providencia de 28 de junio de 202125, en la que puso de presente
que la “indebida escogencia de la acción no constituye una excepción previa o
mixta, ya que no corresponde a alguna de las circunstancias que configuran

22
Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, providencias de 8 de agosto de
2017, rad. 2013-00910-01(59619), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 29 de abril de 2015,
rad. 2000-00094-01(27379), M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz; y de 25 de mayo de 2011, rad. 1994-
00628-01(19628), M.P. Enrique Gil Botero.
23
Ordenamiento procesal aplicable al proceso de reparación directa que es objeto de análisis, por
cuanto se encontraba vigente al momento en el que se interpuso la demanda en ese litigio.
24
Rad. 2015-00403-02(65107).
25
Rad. 2015-00288-02(65236), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

excepciones previas”, y tampoco se enmarca en “la ineptitud de la demanda, dado
que no guarda relación con la ausencia de los requisitos formales que debe reunir
el escrito inicial ni con una indebida acumulación de pretensiones 26 , únicos
supuestos que la configuran”.

En vista de lo expuesto, se advierte que el sustento al que aludió el Tribunal
Administrativo del Atlántico para inhibirse de fallar de fondo no encaja en la
excepción de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por
indebida acumulación de pretensiones, pues no se cuestionó el cumplimiento de al
menos uno de los requisitos mencionados en los artículos 162 a 166 del CPACA y
la Sala tampoco observa la falta de alguno de esos presupuestos que hubiera
justificado la expedición de un fallo inhibitorio.

Así, si se consideraba que el medio de control procedente para ventilar las
pretensiones de la demanda era el de nulidad y restablecimiento del derecho, debió
la autoridad judicial a cargo argumentar dicha decisión y adecuar el litigio al
mecanismo procesal procedente, para luego proferir decisión de fondo, una vez
verificado el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad, entre los que se
cuentan la oportunidad de la demanda y el agotamiento de la vía administrativa.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que el fallo inhibitorio injustificado,
proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, es violatorio del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva,
en tanto, mediante una argumentación que resulta contraria a la normatividad y la
jurisprudencia aplicables al caso, se privó al accionante de obtener la definición del
conflicto que puso a consideración de la judicatura.

La vulneración advertida configura la causal quinta de revisión, por lo que la Sala
se releva de analizar los demás cargos de nulidad formulados por la parte
recurrente, relacionados con la falta de congruencia “entre las sentencias de
primera y segunda instancia” y la alusión a actos administrativos fenecidos y
retirados del ámbito jurídico para sustentar la providencia cuestionada.

Como consecuencia, se anulará la sentencia que es materia de revisión y se
devolverá el proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico para que, en un plazo
máximo de tres meses27, contados a partir de la notificación de la presente decisión,

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Auto
del 2 de septiembre de 2020. Exp. 65.030. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
27
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 no establece un término legal para dictar la correspondiente
sentencia de reemplazo cuando prospera la causal quinta de revisión; sin embargo, la Sala, en
aplicación de lo previsto en el artículo 117 del CGP, establece un plazo, como garantía de los
principios de celeridad y eficiencia, con el fin de que se logre la definición de la controversia,
mediante sentencia en firme.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

dicte sentencia de nuevo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25528 del CPACA,
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.

5. Condena en costas

El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.

Dado que en este caso el recurso extraordinario de revisión prosperó, no hay lugar
a imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, el 21 de agosto de 2020.

SEGUNDO: Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia de 21 de agosto de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría General, DEVOLVER el
proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico para que dicte sentencia de nuevo,
atendiendo lo expuesto en esta providencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

28
Artículo 255. Sentencia. “Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal
que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda”.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00076-00 (66808)
Actor: Rafael Jacobo Peña Narváez
Demandado: Distrito de Barranquilla
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmada electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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