Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00097-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00097-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00097-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de julio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00097-00 (66.968)
Demandantes: ROSA ENRIQUETA YAMPUEZÁN Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO
FIN AL PROCESO – DECLARA INFUNDADO
Síntesis: la parte actora, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, esto
es, existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación, solicita la revisión de un fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que confirmó la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda por el supuesto error jurisdiccional contenido en la
sentencia del 1º de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
Temas: recurso extraordinario de revisión - causal nulidad originada en la sentencia /
nulidad por violación al debido proceso – no se acreditaron los supuestos de hecho que
configura la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia – se controvierten las
razones del fallo - el recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia /
contenido y alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia como fundamento de
revisión de sentencias en materia contencioso administrativa.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 25 de junio de 2020 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que confirmó el fallo del 28 de junio de 2019 del Juzgado 41 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda inicial
Mediante escrito radicado el 2 de noviembre de 2017 (índice 12 SAMAI), la señora
Rosa Enriqueta Yampuezán y otros, por intermedio de apoderado judicial,
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Recurrentes: Rosa Enriqueta Yampuezán y otros
Recurso extraordinario de revisión
presentaron demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación
directa para que se accediera, entre otras, a las siguientes pretensiones:
“Objeto de la demanda.
Se demanda por medio de control de reparación directa en contra de la
Nación – Rama Judicial del Poder Público – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, tendiente a que se reconozcan los perjuicios
morales que se ocasionaron con la muerte del patrullero Diego Fernando
Armero Yampuezán siendo el demandante el señor Luis Alfredo Armero
Cuchala y otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, medio de control de reparación directa, radicación no. 19001-
33-31-004-2013-00151-01, los cuales fueron negados por el Tribunal
Administrativo del Cauca (…) del 1º de octubre de 2015 y además de los
perjuicios morales a mis representados por el error jurisdiccional en que
incurrió la entidad demandada. Por cuanto la citada sentencia negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por la omisión en la valoración
en las pruebas y la inaplicación del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado para este caso, que incidió directamente en la decisión. Lo
anterior configura los presupuestos para imputar responsabilidad al ente
demandado, puesto que incurrió en un error jurisdiccional según lo
establece el artículo 66 de la Ley 270 de 1996” (índice 38 SAMAI).
Como fundamento fáctico de las pretensiones se expuso que el 8 de marzo de 2012,
el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Armero Yampuezán salió junto
con otros de sus compañeros a constatar la información recibida según la cual un
vehículo se movilizaba con estupefacientes en el municipio de Balboa (Cauca),
cuando fueron emboscados por el grupo subversivo FARC a unos 800 metros del
casco urbano y murieron, motivo por el cual se inició un proceso de reparación
directa que terminó con la sentencia del 1º de octubre de 2015 mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca negó las súplicas de la demanda; esta sentencia
fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional en sentencia T-202 de 2017 solo
respecto del señor Luis Alfredo Armero Cuchala, razón por la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca profirió una nueva sentencia el 7 de junio de 2017 y volvió
a negar las súplicas de la demanda respecto de la totalidad de demandantes,
incluido el señor Luis Alfredo Armero Cuchala.
En relación con los fundamentos jurídicos del libelo petitorio, la parte actora adujo
que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca contiene un error
jurisdiccional por cuanto dejó de valorar pruebas legal y oportunamente aportadas
al proceso que darían cuenta de la falla del servicio en que incurrió la Policía
Nacional.
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Recurso extraordinario de revisión
2. La sentencia de primera instancia
Mediante providencia de 28 de julio de 2019, el Juzgado 41 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá negó las súplicas de la demanda por considerar que los
jueces del proceso de reparación directa tramitado por la muerte del patrullero Diego
Fernando Armero Yampuezán incluyeron “de manera amplia y discriminada los
elementos probatorios y concluyeron que los hechos que terminaron con la vida del
fallecido fueron originados en actos propios del servicio” (índice 13 SAMAI).
3. La sentencia de segunda instancia
En sentencia de 25 de julio de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera
instancia, concluyó que si bien el Tribunal Administrativo del Cauca no citó la
totalidad de las pruebas que aduce la parte actora como no valoradas, lo cierto es
que la decisión judicial contienen una valoración integral del acervo probatorio, por
manera que no se demostró que “la administración de justicia hubiese hecho un
juicio irrazonable, que aplicó una ley incorrecta, que violó el debido proceso, que no
respetó el precedente judicial o que no fundamentó jurídicamente su decisión
basada en las pruebas; por el contrario, la decisión que fue desfavorable a los
intereses de la parte actora fue argumentada suficientemente en las pruebas por
ella misma aportadas y conforme al rito procesal establecido” (índice 2 SAMAI).
4. El recurso extraordinario de revisión
El 22 de mayo de 2021, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión (índices 1 y 2 SAMAI) contra la sentencia de segunda
instancia con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)1 por “la violación al debido proceso por el error en la apreciación de las
pruebas – falsa motivación de la sentencia” (índice 2 SAMAI), la cual sustentó así:
1) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que el Tribunal
Administrativo del Cauca omitió la valoración de las pruebas aportadas al proceso
1 “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación (…)”.
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y llegó a una conclusión inadmisible; si bien la falta de motivación no se encuentra
enlistada en las causales de nulidad del artículo 133 del CGP, debe entenderse que
la motivación hace parte del derecho constitucional fundamental del debido proceso,
por cuanto no es admisible que un juez sustente su fallo en hechos y actuaciones
inexistentes.
2) La Corte Constitucional en sentencia T-202 de 2017 dejó sin efectos la sentencia
inicial del Tribunal Administrativo del Cauca por haber valorado pruebas de otro
proceso judicial sin haberse efectuado el correspondiente traslado del material de
convicción.
3) La sentencia objeto de revisión está incursa o inmersa en un vicio de “falta de
motivación”, toda vez que “se limitó a realizar un recuento de lo manifestado por la
Corporación del Cauca en la sentencia del 1 de octubre de 2015 y concluyó que
todo se encontraba dentro de los linderos del debido proceso, negándose
rebeldemente a tener en cuenta como plena prueba la sentencia T-202 de 2017 de
la Corte Constitucional que advirtió un defecto fáctico” (índice 2 SAMAI).
4) La sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca adquirió firmeza respecto de
los recurrentes, porque la Corte Constitucional extrañamente no les concedió la
extensión de los efectos inter comunis en tanto que en el proceso de tutela solo se
ampararon los derechos fundamentales del señor Luis Alfredo Armero Cuchala,
motivo por el cual la vía con que contaban los actores era la del error jurisdiccional.
5) Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso una condena en
costas de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, lo cual no es procedente por
tratarse de campesinos humildes que carecen de recursos para sufragar semejante
obligación.
5. Oposición al recurso
La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de
apoderado judicial, pidió declarar la improcedencia del recurso extraordinario de
revisión por ausencia de configuración de las causales establecidas en la ley (índice
26 SAMAI), agregó que en este caso concreto la parte recurrente persigue,
indebidamente, reabrir un debate en torno al proceso de reparación directa ya
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Recurso extraordinario de revisión
finiquitado, esto es, el tramitado con ocasión de la muerte del patrullero Diego
Fernando Armero Yampuezán.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y sentido de la
decisión, 2) el recurso extraordinario de revisión y características de la causal
invocada, 3) el caso concreto, 4) conclusión y, 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y sentido de la decisión
El recurso extraordinario de revisión fue presentado de forma oportuna2.
La controversia planteada consiste en determinar si se configuró la causal de
revisión extraordinario de nulidad originada en la sentencia proferida el 25 de junio
de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por violación del debido proceso constitucional, por
motivo una inadecuada valoración probatoria e indebida aplicación de la norma.
Se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, porque los argumentos
propuestos no corresponden a la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA debido a que no se refirió a alguna de las causales de nulidad previstas
en la legislación y, contrario sensu, se cuestiona el análisis, la valoración y el
fundamento jurídico contenidos en la providencia de segunda instancia y que
sirvieron de soporte para negar las pretensiones de la demanda, lo cual resulta
improcedente en sede de revisión extraordinaria.
2. El recurso extraordinario de revisión y características de la causal invocada
1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada
2 Con antelación a decidir el recurso, se verifica que este fue oportuno toda vez que la sentencia
objeto de revisión quedó ejecutoriada el 15 de octubre de 2020 (índice 2 y 38 SAMAI), por lo cual el
recurso formulado el 18 de agosto de 2021 fue presentado a tiempo.
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ya que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que
se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011-CPACA.
El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando
se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal
gravedad que autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada: “(...) la
revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la
justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a
derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º,
228 y 230 del estatuto superior”3.
El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos
250 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 2003 4.
2) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el
nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.
3) En atención a su carácter extraordinario, este medio de impugnación no es una
“tercera instancia” en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo
en relación con la sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones
y fundamentos deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los
supuestos contemplados como causales para su procedencia5.
3 Corte Constitucional, sentencia C-739 de 2001, MP Álvaro Tafur Galvis.
4 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto
es, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 5 de marzo de 2019, exp 2018-
00394-00, MP Rocío Araújo Oñate.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, exp REV 117, MP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril
de 2015, exp REV 2006-00318, MP Jorge Octavio Ramírez.
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Recurso extraordinario de revisión
Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o
bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos
de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a
excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo”6.
4) En el presente asunto, la parte actora invocó la causal de revisión contenida en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 250. Causales de revisión. Son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación. (…).”.
Esa causal quinta exige tres requisitos para que se configure: i) que exista una
sentencia que ponga fin al proceso, ii) que contra la misma no proceda recurso de
apelación y, iii) que en la misma se haya originado una nulidad, cuyo contenido es
el siguiente:
a) Que exista una sentencia que ponga fin al proceso:
Cuando el requisito se refiere a las sentencias es necesario entenderlo en el sentido
estricto de la palabra, es decir, que las demás providencias judiciales son
inimpugnables a través de este mecanismo procesal.
Las sentencias que ponen fin al proceso son todas las ejecutoriadas,
independientemente de que resuelvan de fondo o no el litigio, por lo tanto, son
impugnables mediante el recurso de revisión tanto las inhibitorias como las que se
pronuncian materialmente sobre las pretensiones y excepciones propuestas.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013,
exp. 2010-00038, MP Mauricio Torres Cuervo.
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Recurso extraordinario de revisión
b) Que contra la sentencia no proceda recurso de apelación:
Este requisito procura que el recurso de revisión no se convierta en una tercera
instancia del proceso ordinario ni adquiera esa naturaleza, pues, su activación
implica que se contrapongan derechos de rango constitucional, como la seguridad
jurídica y la cosa juzgada, con la búsqueda de la justicia material.
c) Que la causal de nulidad se origine en la sentencia:
El CPACA se limitó a establecer como requisito de esta causal que se configure una
nulidad en la sentencia, pero, no definió las causales, por lo tanto, le correspondió
a la jurisprudencia esclarecer este aspecto.
En sentencia del 8 de mayo de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
reiteró la jurisprudencia en relación con las circunstancias que dan origen a la
configuración de la causal de revisión objeto de análisis, además, precisó que
cabían bajo ese supuesto la vulneración de los derechos fundamentales al efectivo
acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso7.
Sin embargo, esta Subsección determinó que la causal de revisión solamente
procede cuando está sustentada en una nulidad consagrada en el ordenamiento
jurídico, al respecto ha puesto de presente lo siguiente:
“33. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado
esta causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su
alcance. Por esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades
del artículo 140 del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29
constitucional8 para dotar de contenido a la causal. (…)
36. Sin embargo, la Sala entiende que las causales del recurso de revisión
son taxativas y de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no
pueden ser interpretadas de manera analógica o extensiva. Por ello, en el
entender de esta Sala, la causal 5 del artículo 250 del CPACA que se
refiere a la “nulidad originada en la sentencia” debe, también, ser
interpretada de manera restrictiva. En ese sentido, solamente podrá
declararse fundado el recurso extraordinario de revisión cuando se origine
en la Sentencia alguna de las causales de nulidad previstas en la
legislación.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,
exp. REV 1998-00153, MP Alberto Yepes Barreiro.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 2 de junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 50428.
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Recurrentes: Rosa Enriqueta Yampuezán y otros
Recurso extraordinario de revisión
37. La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el
recurso extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que,
interpretar el artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de
revisión las convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera,
cualquier violación del debido proceso constituiría una causal para
considerar procedente el recurso extraordinario de revisión cuando así lo
considere el juez de la revisión.
38. De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar
a la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. (…)
40. (…) la Corte Constitucional en las Sentencia C-491 de 19959 y C-217
de 199610, manifestó que la nulidad consagrada en el artículo 29
constitucional no eliminaba la taxatividad de las nulidades procesales,
toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
41. Como ya se dijo, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales”11
En conclusión, las causales de nulidad de la sentencia son, por regla general, las
previstas en el estatuto procesal civil o general y, de forma especial, las contenidas
en el artículo 29 de la Ley 797 de 2003, que afectan la validez de la decisión emitida
por violación de principios procesales o requisitos formales y son las únicas que
pueden invocarse como fundamento de la causal 5 de revisión establecida en el
artículo 250 del CPACA.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte
que se ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la
justicia y los derechos procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite
incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas causales legales de nulidad es
viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución, según el cual "es nula,
de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin la observancia
de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto, se
declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en
materia civil está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas
que lo complementan y reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba
practicada en violación de tales reglas es nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o
desconocida por normas de rango legal que hagan nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta
no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la seguridad constitucional -
ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que toda prueba,
para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho fundamental”
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
47097, MP Alberto Montaña Plata. En el mismo sentido, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 23 de agosto de 2022, exp. 66289, MP Alberto Montaña Plata.
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Recurso extraordinario de revisión
3. El caso concreto
La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, porque los
recurrentes no se refirieron a alguna de las causales de nulidad previstas en la
legislación en que había incurrido la sentencia controvertida.
En efecto, en el recurso de revisión se argumentó que la sentencia proferida en
segunda instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca estaba incursa en nulidad procesal por “la violación
al debido proceso por el error en la apreciación de las pruebas – falsa motivación
de la sentencia” (índice 2 SAMAI); sin embargo, no determinó ninguna causal de
nulidad legal en que supuestamente incurrió la decisión, pues, no fundamentó el
recurso en ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del Código General
del Proceso, tal como lo admitió expresamente el apoderado judicial de los
recurrentes en el escrito que dio origen a este trámite extraordinario.
Adicionalmente, el escrito del recurso de revisión denota una clara e inequívoca
intención de atacar y cuestionar los razonamientos realizados por el tribunal para
negar las pretensiones de la demanda, pues, la falta de motivación de la decisión
fue un aspecto expresamente decidido por los jueces de instancia.
Concluye entonces la Sala que lo que pretende la parte actora es reabrir,
indebidamente, el debate propio de las instancias y controvertir los razonamientos
realizados por el tribunal, al grado tal de pretender revisar el fundamento de las
sentencias de 1º de octubre de 2015 y de 7 de junio de 2017 proferidas por el
Tribunal Administrativo del Cauca, supuestos respecto de los cuales el presente
recurso no puede prosperar por cuanto lo alegado corresponde a hipotéticos errores
en la valoración probatoria respecto de sentencias que están en firme y que no son
objeto de revisión en esta oportunidad.
Adicionalmente, el recurso extraordinario de revisión no permite modificar o alterar
la condena en costas decretada en el proceso ordinario de reparación directa por
error jurisdiccional, pues, se reitera, este mecanismo o instrumento extraordinario
no constituye una tercera instancia.
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Recurso extraordinario de revisión
4. Conclusión
No prospera el recurso extraordinario de revisión, porque no se acreditaron los
supuestos de hecho que configura la causal de revisión invocada.
5. Condena en costas
En relación con el contenido y alcance de los artículos 188 y 255 del CPACA en
materia de costas y agencias en derecho, la Sala reitera la jurisprudencia contenida
en la sentencia del 11 de octubre de 2021 proferida por esta Subsección en el
expediente 63.217; en esta decisión la Sala definió la hermenéutica de las citadas
disposiciones luego de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.
En el asunto de la referencia los recurrentes serán condenados en costas, no con
fundamento en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la
misma codificación y los artículos 365 y 366 del CGP, toda vez que para la fecha de
presentación del recurso12 -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no
había sido expedida la Ley 2080 de 2021 que, expresamente estableció que la
sentencia que lo declare infundado condenará en costas y perjuicios al recurrente.
En este caso concreto se fijarán agencias en derecho en tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a favor de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, porque la entidad demandada designó apoderado para que
atendiera el proceso y procediera a dar contestación a la demanda contentiva del
recurso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
12 El 15 de julio de 2019; es importante precisar que el recurso extraordinario de revisión se activa con la
presentación de una nueva demanda que da origen a un nuevo proceso y, por consiguiente, no se tiene en
cuenta la fecha del proceso primigenio sino la de este nuevo trámite.
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Recurso extraordinario de revisión
FALLA:
1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido en contra
de la sentencia del 25 de junio de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2º) Condénase en costas a la parte recurrente, por Secretaría liquídense con
inclusión de agencias en derecho equivalente a tres (3) SMLMV en favor de la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría
archívese el expediente, previas las correspondientes constancias secretariales de
rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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