Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00104-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2021-00104-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Culpa prevista en la ley 678 de 2001: violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho –
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00104-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00104-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Presupuestos de procedencia – Elemento subjetivo / PRESUNCIÓN DE
CULPA PREVISTA EN LA LEY 678 DE 2001 – Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho –
Alcance – Las actuaciones de los demandados no permiten tener por acreditado un error evidente e invencible,
en cambio, tomaron en consideración jurisprudencia constitucional que resultaba aplicable a la materia / YERRO
DE INTERPRETACIÓN – Solo es constitutivo de responsabilidad civil cuando se origina en la torpeza absoluta
del funcionario judicial o en aquellos desaciertos que no pueden excusarse / CONDENA EN COSTAS –
Improcedencia cuando a la entidad pública demandante no le prospera la pretensión de regreso.
1. La Sala decide, en única instancia, la demanda de repetición interpuesta por
la Nación - Rama Judicial contra Luis Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira
Muñoz Martínez y Fernando Pareja Reinemer.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La demandante pretende que se le reembolse la suma de dinero que pagó
por una condena patrimonial dictada en el marco de un litigio de reparación directa
en el que se le declaró responsable por error jurisdiccional con ocasión de dos (2)
sentencias de tutela, de primera y segunda instancia, que ordenaron reliquidar unas
mesadas pensionales, providencias en las que, a su juicio, los accionados, en su
calidad de servidores judiciales, no tuvieron en cuenta el fundamento normativo y
jurisprudencial aplicable a la materia, comportamiento constitutivo de culpa grave
en los términos del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. En
contraposición, la parte demandada señaló que la decisión proferida se edificó en
distintas providencias de la Corte Constitucional que guardaban similitud fáctica y
eran aplicables al caso concreto, por ende, su actuar no fue caprichoso y/o
negligente, de ahí que tampoco se configuró la presunción establecida en la citada
norma.
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Demanda y trámite
3. El 28 de abril de 20211, la Nación-Rama Judicial interpuso demanda de
repetición contra Luis Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez y
Fernando Pareja Reinemer2, con el fin de que se le restituya $1.987’924.47, suma
que pagó a causa de la condena patrimonial dictada en el proceso de reparación
directa con radicado No. 5000-23-26-000-2007-00161-00.
4. Como fundamento de sus pretensiones, en síntesis, narró lo siguiente:
5. El 6 de octubre de 2003, mediante Resolución No. 1206, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República -en adelante, Fonprecon- reconoció
pensión sustitutiva a Ana Elisa Daza de Brito, en su calidad de cónyuge supérstite
del excongresista Enrique David Brito, con una mesada pensional de $1’691.671,
liquidada con el 75% del ingreso mensual promedio que él devengó en el último año
que ejerció como parlamentario.
6. En junio de 2004, Daza de Brito promovió acción de tutela contra Fonprecon,
porque, en su criterio, la pensión debió liquidarse con base en la totalidad de los
ingresos que su esposo percibió en su último año como congresista, para lo cual
invocó distintas decisiones judiciales proferidas por la Corte Constitucional en las
que, vía tutela, se reliquidaron las mesadas pensionales a personas en igual
situación.
7. Mediante fallo del 11 de junio de ese mismo año, el Juzgado 4° Penal del
Circuito de Bogotá concedió el amparo solicitado de forma transitoria, en el sentido
de ordenarle a Fonprecon que reliquidara y pagara la pensión de jubilación en los
términos previstos en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, pero advirtió que
a la accionante le correspondía acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo dentro de los cuatro (4) meses siguientes “para que el asunto se
decidiera de fondo”.
8. La citada entidad impugnó el anterior proveído. A través de providencia del 2
de agosto de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó dicha
determinación, en cuanto existía otro mecanismo de defensa judicial. Las referidas
1 Índice 2 de Samai.
2 La Sala aclara que el escrito inicial también se dirigió contra Ómar Augusto Camargo Machado, en su calidad
de juez 31 del Circuito Penal de Bogotá D.C.; sin embargo, por medio de auto del 10 de junio de 2022, se le
excluyó de este litigio, en cuanto falleció antes de que fuera presentada la demanda de la referencia, sumado a
ello, se rechazó por caducidad la reforma de la demanda presentada en el sub examine, providencia confirmada
en sede de reposición y súplica, respectivamente. Índices 30, 47 y 52 de Samai.
2
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
providencias fueron seleccionadas por la Corte Constitucional para revisión,
Corporación que, por medio de sentencia T-110 de 2005, consideró que la demanda
de tutela era improcedente.
9. En febrero de 2006, Ana Elisa Daza de Brito ejerció nuevamente acción de
tutela contra Fonprecon, con el propósito de que la pensión sustitutiva le fuera
reliquidada con base en la totalidad de ingresos percibidos por Enrique David Brito
en su último año como congresista, dicha petición de amparo, según la demanda,
se sustentó en esa ocasión en la vulneración del derecho fundamental al mínimo
vital.
10. Por medio de sentencia del 13 de marzo de 2006, el Juzgado 31 Penal del
Circuito de Bogotá amparó el derecho fundamental alegado por la accionante y le
ordenó a Fonprecon que, en el término de cinco (5) días, reliquidara y le pagara la
pensión a Daza de Brito, “(…) en un monto no inferior al 75% del ingreso mensual
promedio que durante el último año y por todo concepto haya recibido un
congresista en ejercicio en el año 2003, incluyendo todos los factores establecidos
por el artículo 5 del decreto 1359 de 1993, efectiva a partir del 20 de abril de 2005
con sus respectivos reajustes (…)”3, providencia impugnada por la citada entidad.
11. El 5 de abril de 2006, el referido juzgado sancionó a Fonprecon por desacato
del fallo antes mencionado. El día 18 siguiente, dicha entidad expidió la Resolución
No. 575, a través de la cual reliquidó la pensión de Daza de Brito, operación que
arrojó la suma de $14’064.608 mensual y, a su vez, le reconoció un retroactivo por
$757’342.416.
12. Por medio de sentencia del 16 de mayo de 2006, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia.
13. La referida providencia fue seleccionada para revisión de la Corte
Constitucional, autoridad judicial que, en sentencia T-995 del 30 de noviembre de
2006, revocó las sentencias referidas y, en su lugar, declaró improcedente el
amparo solicitado por Ana Elisa Daza de Brito, por considerar que existía otro medio
de defensa judicial para proteger los intereses de la actora.
14. Por lo anterior, Fonprecon promovió demanda de reparación directa contra
la Rama Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable
por el error judicial en que incurrió el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá y la
3 Folio 3 de la demanda de la referencia.
3
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al proferir los fallos del 13 de marzo y
del 16 de mayo de 2006, respectivamente.
15. A través de providencia del 23 de septiembre de 2011, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, providencia
apelada por Fonprecon.
16. Mediante sentencia del 31 de agosto de 20174, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó el proveído de primer grado y, en su lugar,
declaró la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial y la condenó a pagar
$1.787’071.205.
17. En cumplimiento de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial expidió la Resolución No. 3496 del 25 de noviembre de 2020, por medio de
la cual, una vez efectuada la correspondiente indexación, ordenó pagar
$1.987’924.474 en favor de Fonprecon, determinación que se hizo efectiva el 27 de
noviembre siguiente.
18. A partir de estos hechos, la entidad actora sostuvo que los accionados
incurrieron en la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 del artículo
6 de la Ley 678 de 20015, en cuanto, en su calidad de funcionarios judiciales,
profirieron los fallos de tutela que desconocieron la Constitución Política y la ley, así
como el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto de la
improcedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de derechos
pensionales, en especial, la sentencia T-110 de 2005, tal como lo concluyó el juez
de la reparación directa.
19. A través de providencia del 7 de diciembre de 20216, entre otras
determinaciones, esta Corporación: (i) admitió el escrito inicial; y (ii) ordenó notificar
personalmente a los accionados7 y al Ministerio Público.
4 C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, exp: 43.029.
5 A cuyo tenor: “Artículo 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el
daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las
siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho (…)”.
6 Decisión confirmada en sede de reposición el 7 de febrero de 2022. Índices 5 y 17 de Samai.
7 Por medio de auto del 7 de febrero de 2022, esta Corporación advirtió que, si bien para la fecha en la que se
formuló la reposición contra el auto admisorio no se habían iniciado las diligencias para notificar personalmente
a los accionados, lo cierto es que la interposición de dicho recurso por parte de Luis Eduardo Manrique Bernal,
Nancy Yanira Muñoz Martínez y Fernando Pareja Reinemer permitía concluir que operó la notificación por
conducta concluyente respecto de ellos.
4
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Contestación de la demanda
20. En un mismo escrito8, Luis Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz
Martínez y Fernando Pareja Reinemer se opusieron a las pretensiones, para lo cual
formularon la excepción previa de indebida representación de la parte demandante.
21. Además, adujeron que de acuerdo con la sentencia SU-354 de 2020 de la
Corte Constitucional, no es posible que al proceso de repetición se extrapolen
elementos de juicio del litigio declarativo en el que la Rama Judicial fue condenada
patrimonialmente por error judicial. Asimismo, la entidad accionante les atribuye el
pago de los intereses, lo cual desborda el artículo 90 de la Constitución Política, al
“(…) pretender que los agentes asuman las consecuencias de la demora en la
resolución del proceso judicial en el que se impone la condena al Estado (…)” 9.
22. A su vez, afirmaron que el juez de la reparación directa incurrió en defecto
procedimental, sustantivo y fáctico, los dos primeros porque desconoció el principio
de congruencia, toda vez que se “(…) adentró en el análisis de la actuación de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (…)”10, aspecto que no fue planteado
en ese proceso. El tercer vicio, en tanto el juicio de responsabilidad en esa
controversia sólo podía circunscribirse a las actuaciones del juez 31 Penal del
Circuito de Bogotá D.C., en cuanto sobre ellas fue que recayó la contestación de la
demanda presentada por la Rama Judicial.
23. Por otra parte, indicaron que “el demandante no probó que el daño
antijurídico tuvo origen en una acción u omisión atribuible a los demandados”; para
lo cual señalaron que no se configuró un desconocimiento del precedente, porque
en la sentencia T-110 de 2005, invocada por la accionante, se declaró la
improcedencia de la acción, de ahí que no se trató de un análisis y pronunciamiento
de fondo por parte de la jurisdicción constitucional. Aunado a ello, el fallo de tutela
del 16 de mayo de 2006 se edificó en decisiones de la Corte Constitucional que le
permitían al juez estudiar la inminencia, gravedad e irreparabilidad del daño que se
generaría de no conceder con urgencia la protección temporal deprecada por medio
de criterios de ponderación, verbigracia, la providencia SU-975 de 2003, lo que
evidencia que la referida sentencia se profirió dentro del margen de interpretación
razonable y no se trató de una determinación caprichosa o arbitraria que diera lugar
al supuesto de culpa grave establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678
de 2001.
8 Índice 23 de Samai.
9 Folio 5 de la mencionada contestación.
10 Folio 18 de la referida contestación.
5
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Determinación frente a la excepción previa formulada e intervención de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
24. A través de providencia del 13 de septiembre de 202311, en virtud del
parágrafo 2 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), se declaró no probada la excepción previa de
indebida representación de la parte demandante, confirmada en sede de reposición
y cuya súplica fue rechazada por improcedente mediante auto del 18 de marzo de
202512.
25. El 30 de noviembre de 202313, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado -en lo subsiguiente, Andje- intervino en el proceso para contestar la
demanda, en el sentido de indicar que las dos tutelas promovidas por Ana Elisa
Daza de Brito giraban alrededor del mismo objeto, en concreto, la reliquidación
pensional en cuantía no inferior al 75% del ingreso mensual promedio de lo
devengado en el último año de Enrique David Brito como congresista en ejercicio,
por lo que el fallo T-110 de 2005 constituía cosa juzgada frente a la situación de
Daza de Brito, lo cual evidencia que los accionados se apartaron de una decisión
judicial que versaba sobre las mismas partes, hechos y fundamentos y, por ende,
actuaron de manera gravemente culposa.
26. A través de auto del 17 de septiembre de 202414, fue admitida la intervención
de la Andje.
Audiencia inicial
27. El 31 de julio de 202515 se realizó la audiencia inicial prevista en el artículo
180 del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, en la que el
litigio se fijó en los siguientes términos:
“1. ¿Los accionados incurrieron en el supuesto de culpa grave previsto en el numeral 1
del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, consiste en violar de manera manifiesta e
inexcusable normas de derecho, en concreto, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, el artículo 21 del referido decreto, los numerales 1 y 2 del artículo 153
de la Ley 270 de 1996, así como las sentencias SU-047 de 1999 y T-110 de 2005 de la
Corte Constitucional, al expedir la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2006, en su
calidad de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá?
11 Índice 53 de Samai.
12 Índice 84 de Samai.
13 Índices 67 y 68 de Samai.
14 Índice 72 de Samai.
15 Índice 99 de Samai.
6
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
2. ¿Es posible incluir en la pretensión de repetición los intereses moratorios que la
entidad accionante reconoció y pagó en favor de Fonprecon? ¿El desembolso del
referido rubro es imputable a los accionados?”
28. De igual forma, se decretaron como pruebas: (i) los documentos aportados
con la demanda y la respectiva contestación16, así como el interrogatorio de parte
de los demandados (ii) de oficio, se pidió el expediente de reparación directa en el
marco del cual se dictó la sentencia objeto de repetición17; y (iii) se accedió
parcialmente a los oficios solicitados por los accionados18. Esta última
determinación fue confirmada, en sede de súplica, por medio de providencia del 24
de octubre de 202519.
Audiencia de pruebas
29. El 17 de junio de 202620, se llevó a cabo la diligencia establecida en el artículo
181 del CPACA en la que: (i) se tuvieron como prueba los elementos aportados por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá D.C. y el Archivo Central de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá D.C. (ii) se practicó el interrogatorio de parte de
Luis Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez y Fernando Pareja
Reinemer; y (iii) se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se
ordenó la presentación de estos y del concepto del Ministerio Público por escrito.
16 Los cuales corresponden a los siguientes: (a) la sentencia denegatoria de primera instancia proferida el 23
de septiembre de 2011, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del proceso de reparación
directa con radicado No. 2007-00161; (b) fallo condenatorio de segunda instancia, proferido por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 31 de agosto de 2017; (c) sentencias de tutela de primer y
segundo grado dictadas el 13 de marzo y 16 de mayo de 2006, por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá
y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente; (d) fallo T-995 del 30 de noviembre de 2006,
de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional; (e) Certificación No. DEAJCER20-117 del 1 de
diciembre de 2020, expedida por la Dirección Administrativa de Tesorería de la Rama Judicial; (f) órdenes de
pago; (g) Acta 12 del 9 de abril de 2021, por medio del cual el Comité de Conciliación de la entidad actora
determinó promover demanda de repetición contra los accionados; (h) Resolución 3496 de 2020, mediante la
cual se ordenó pagarle a Fonprecon $1.987’924.474; (i) Resolución 575 del 18 de abril 2006, por medio de la
cual el citado fondo dio cumplimiento a las referidas sentencias de tutela, y (j) las peticiones que los accionados
elevaron ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Tribunal Superior
de Bogotá, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá y Fonpecron.
17 En específico, el radicado No. 5000-23-26-000-2007-00161-00.
18 En concreto, se ordenó librar oficio para que las siguientes entidades allegaran en formato digital los
documentos que se relacionan a continuación: (i) a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el proceso
disciplinario que se promovió contra Camargo Machado, con ocasión de la Queja No. 002931 del 8 de junio de
2006; y (ii) al Archivo Central y a la Oficina de Apoyo Judicial de Bogotá D.C el expediente de tutela con radicado
No. 11001-31-04-031-2006-00077-00. Por su parte, se negó lo relativo con los oficios solicitados a la
Presidencia del Tribunal Superior de Bogotá D.C. y Fonprecon.
19 Índice 129 de Samai.
20 Índice 178 de Samai.
7
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
30. La parte demandante21 indicó que, de acuerdo con el material probatorio que
obra en el expediente, es posible concluir que los accionados otorgaron un amparo
constitucional sin que se hubiese demostrado la existencia de un perjuicio
irremediable, para lo cual destacó que la sentencia T-110 de 2005 fue enfática en
precisar que el factor etario no era suficiente para acceder a la acción de tutela en
materia pensional, como erróneamente lo consideraron los exmagistrados de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C. en el fallo del 16 de mayo de 2006,
tal y como lo manifestó el juez de reparación directa de segundo grado al estudiar
la imputación de responsabilidad por error judicial.
31. La demandada Nancy Yanira Muñoz Martínez22 señaló que la citada
providencia del 16 de mayo de 2006 se basó en la sentencia T-007 de esa misma
anualidad de la Corte Constitucional, según la cual, el amparo constitucional era
transitorio y operaba solo hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
resolviera el asunto de fondo, determinación que, en todo caso, sólo implicaba
reajustar el pago mensual hacia futuro, sin incluir diferencias históricas acumuladas,
por lo que el pago del retroactivo fue una decisión autónoma de Fonprecon.
Además, solicitó que: (i) se resuelva sobre las excepciones planteadas en la
contestación; (ii) negar en su integridad las súplicas de la demanda; (ii)
subsidiariamente, en caso de que se le encuentre patrimonialmente responsable,
precisar que la correspondiente suma no incluye lo pagado por intereses moratorios;
y (iv) condenar en costas a la accionante.
32. Los accionados Luis Eduardo Manrique Bernal y Fernando Pareja
Reinemer23 adujeron que, como jueces constitucionales: (i) se limitaron a reconocer
el derecho al reajuste pensional, por ende, la cuantificación y el pago del retroactivo
fueron obra exclusiva del citado fondo, por medio de un acto administrativo propio y
posterior, sin que se les informara sobre el alcance del cumplimiento del amparo
constitucional; (ii) el fallo de tutela se edificó en la providencia T-007 de 2006, en la
que se dispuso que la referida acción constitucional era procedente
excepcionalmente para reconocer reajustes pensionales en favor de quienes eran
sustitutos de la pensión a la que tenían derecho congresistas que ejercieron el cargo
antes de la vigencia de la Ley 4 de 1992, para lo cual era necesario que concurrieran
los siguientes parámetros: (a) que existiera una situación de urgencia sustentada
en edad y estado de salud; (b) que el amparo fuera transitorio, requisitos que Ana
21 Índice 182 de Samai.
22 Índice 180 de Samai.
23 Índice 181 de Samai.
8
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Elisa Daza de Brito cumplía; y (iii) no actuaron de forma gravemente culposa, por lo
que reiteraron que el amparo que otorgaron se basó en la citada sentencia de la
Corte Constitucional, por lo que su comportamiento no puede calificarse como
manifiestamente contrario a derecho, cuando la referida determinación se adoptó
tomando como referencia decisiones proferidas por esa Corporación. Aunado a ello,
pidieron que: (i) se declaren probadas las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda; (ii) se nieguen todas las pretensiones; y (iii) se
condene en costas a la Nación-Rama Judicial.
33. La Andje24 explicó que están demostrados los requisitos de procedencia de
la acción de repetición, en concreto, (i) la existencia de una condena patrimonial; (ii)
el pago del débito judicial correspondiente; (iii) la calidad de agentes estatales de la
parte demandada; y (iv) la culpa grave que se le imputa a los accionados. Sobre el
elemento subjetivo, señaló que, para cuando se profirieron los fallos de tutela del 13
de marzo y 16 de mayo de 2006, ya se había dictado la sentencia T-110 de 2005,
la cual constituía un precedente sobre el mismo conflicto que Daza de Brito propuso
con anterioridad y en la que se concluyó que la tutela no era procedente, sin que los
demandados sustentaran por qué se apartaban del criterio expuesto por la Corte
Constitucional, así como tampoco se acreditaron hechos sobrevinientes que
justificaran una determinación distinta a la dictada por esa Corporación.
34. El Ministerio Público25 rindió concepto en el sub lite, oportunidad en la que
señaló que debían negarse las pretensiones de la demanda, porque, de acuerdo
con lo expuesto en los fallos de tutela y la historia clínica de Ana Elisa Daza de Brito,
ella sufrió un deterioro de salud en agosto de 2005, es decir, con posterioridad a la
sentencia T-110 de 2005, en la que solo se analizó la edad de la accionante en sede
constitucional, por lo que las providencias de tutela tuvieron en cuenta la grave
patología cardiaca que daba lugar a un escenario fáctico distinto y sobreviniente
que exigía una nueva valoración. En ese sentido “[f]rente a esta nueva y crítica
realidad fáctica, se concreta la excepción a la regla general de improcedencia de la
acción de tutela para los efectos de reliquidación pensional. Exigir a una ciudadana
de 84 años, recién intervenida del corazón y con un marcapasos, someterse a un
litigio ordinario cuya duración oscila entre 3 y 4 años, constituía a todas luces una
carga procesal desproporcionada y excesiva que ponía en grave e inminente riesgo
sus condiciones de existencia (…)”26, por ende, la providencia proferida por los
accionados se basó en una sana y razonable hermenéutica.
24 Índices 183 y 184 de Samai.
25 Índice 179 de Samai.
26 Folio 20 del referido concepto.
9
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
35. Resaltó que el fallo de tutela de segunda instancia tuvo en cuenta la similitud
con lo resuelto por la Corte Constitucional en el fallo T-007 de 2006, providencia en
la que se tomó en consideración la precaria condición de salud de la accionante y
la ineficacia de la acción pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en consecuencia, “(…) la interpretación de los aquí demandados,
lejos de ser un error inexcusable, fue una lectura proteccionista, garantista y
directamente sustentada en la Sentencia T-007 de 2006 proferida apenas unos
meses antes por el mismo máximo tribunal constitucional (…)”27. Subsidiariamente,
indicó que, si se concluía que los accionados eran patrimonialmente responsables,
debía analizarse el alcance de las providencias de tutela, porque en la dictada por
los demandados sólo se ordenó que Daza de Brito recibiera la pensión en el
porcentaje del 75%, por lo que, si Fonprecon al momento de dar cumplimiento al
fallo procedió a liquidar y desembolsar sumas por conceptos de retroactivo, esa
actuación administrativa excedió el límite del amparo transitorio concedido.
CONSIDERACIONES
Régimen legal aplicable
36. Al sub examine le resultan aplicables las disposiciones vigentes para la fecha
de la presentación de la demanda de la referencia -28 de abril de 2021-, las cuales
corresponden a las contenidas en el CPACA, junto con las modificaciones previstas
en la Ley 2080 de 202128, salvo las relacionadas con la competencia29, así como la
Ley 678 de 200130 y el CGP, este último en virtud de la remisión normativa
establecida en el artículo 306 del primero de los citados estatutos.
Objeto de la presente controversia
37. La Sala resolverá la demanda interpuesta dado que no se advierte la
configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se encuentran
27 Folio 23 del mencionado escrito.
28 Publicada mediante Diario Oficial No. 51.568 del 25 de enero de 2021.
29 De acuerdo con el régimen de transición previsto en el inciso primero del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021,
a cuyo tenor: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley (…)” (se destaca).
30 La Subsección aclara que al presente caso no les son aplicables las modificaciones previstas en la Ley 2195
del 2022, en cuanto ésta entró en vigor a partir de su promulgación, lo cual ocurrió el 18 de enero de 2022,
es decir, luego de presentada la demanda de la referencia.
10
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
cumplidos los presupuestos procesales de: jurisdicción31, competencia32,
oportunidad33, y legitimación en la causa por activa y por pasiva34.
38. En relación con el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
demanda de repetición, la Subsección precisa que se acreditó la existencia de una
sentencia condenatoria35, la calidad de agentes estatales de los accionados36 y el
pago del débito judicial37.
39. En ese orden de ideas, la Sala resolverá los problemas jurídicos establecidos
al fijar el litigio en el presente caso, para lo que inicialmente se verificará lo relativo
a la culpa grave imputada a la parte demandada, por lo que, en caso de que se
concluya que se configuró el elemento subjetivo, se abordará lo concerniente a la
posibilidad de endilgarle a los accionados los intereses moratorios reconocidos y
pagados en favor de Fonprecon.
31 De conformidad con el artículo 7° de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 142 del CPACA, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las acciones de repetición.
32 Según lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA -en los términos vigentes para cuando se
interpuso la demanda de la referencia- esta Corporación conoce, en única instancia, de la acción de repetición
promovida, entre otros funcionarios, contra magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, como
ocurre en el presente caso.
33 En atención a lo dispuesto en el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la demanda de repetición
debe instaurarse dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. La
condena por la que se pretende repetir se profirió en un proceso promovido al amparo del CCA, por lo que la
accionante tenía dieciocho (18) meses para cumplirla, según el inciso cuarto del artículo 177 ejusdem.
En el caso concreto, la sentencia del 31 de agosto de 2017 quedó en firme el 12 de octubre de esa misma
anualidad, mientras que la condena patrimonial se pagó el 27 de noviembre de 2020, después de los dieciocho
(18) meses, los cuales se cumplieron el 13 de abril de 2019, de ahí que el plazo para ejercer el derecho de
acción feneció, en principio, el 14 de abril de 2021; sin embargo, con ocasión de la suspensión de términos
judiciales decretada con ocasión del Covid-19, la accionante tenía hasta el 30 de julio de 2021, por ende, el
escrito inicial presentado el 28 de abril de 2021 fue oportuno.
34 La Rama Judicial es la demandante en el sub examine, mientras que los accionados corresponden a las
personas contra las que se dirigió el escrito inicial, por lo que están legitimados en la causa por pasiva de hecho.
35 En concreto, la dictada por esta Corporación en el proceso de reparación directa bajo radicado No. 25000-
23-26-000-2007-00161-01.
36 La Subsección advierte que la parte actora allegó: (i) la sentencia dictada el 31 de agosto de 2017, por medio
de la cual la Subsección B de la Sección Tercera revocó el fallo del 23 de septiembre de 2011 y, en su lugar,
declaró patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por el error judicial cometido contra Fonprecon y la
condenó a pagar $1.787’071.205; y (ii) el fallo de tutela de segunda instancia del 16 de mayo de 2006, suscrito
por los demandados, documento que da cuenta de su calidad de agentes estatales para la época de los hechos
objeto de controversia.
37 En el presente caso se aportó certificación DEAJCER20-117 del 1° de diciembre de 2020, expedida por la
directora administrativa de la división de tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual
da cuenta de que, con ocasión de la referida sentencia condenatoria, la accionante pagó $1.9 87’924.474,
sumado a ello, en el expediente constan las órdenes de pago respectivas. En consecuencia, en el sub lite
se satisfizo tal exigencia tanto como requisito previo para demandar, como parámetro de procedencia de la
acción de repetición.
11
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
40. De manera previa, se expondrán algunas consideraciones generales de la
responsabilidad patrimonial en sede de repetición y el alcance de la presunción de
culpa grave invocada en el sub examine.
Consideraciones generales sobre la responsabilidad patrimonial en la acción
de repetición
41. Como se explicó, la cualificación de la conducta del agente determinante del
reconocimiento indemnizatorio por el Estado, como dolosa o gravemente culposa,
constituye uno de los parámetros para que proceda la acción de repetición. Al
respecto, esta Corporación38 ha indicado que, en los asuntos tramitados al amparo
de la Ley 678 de 2001, las entidades estatales, a efectos de demostrar la
responsabilidad del agente estatal, pueden acudir a las presunciones de dolo y
culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 de la citada ley, las cuales, de acuerdo
con lo expuesto por la Corte Constitucional39, se caracterizan por: (i) ser razonables,
en la medida que responden a la necesidad de probar elementos subjetivos que por
su naturaleza son de difícil prueba; (ii) imponen a la Administración el deber de
acreditar el supuesto fáctico en el que se basa la presunción alegada para que ésta
opere; (iii) no desconocen el derecho de defensa, en cuanto el demandado puede
desvirtuarlo a fin de eximirse; (iv) definen los parámetros bajo los cuales se debe
juzgar el comportamiento del agente estatal; y (v) no son las únicas circunstancias
de las cuales se deducen las conductas dolosas o culposas.
42. Por otra parte, esta Subsección ha reiterado que, cuando la acción de
repetición se promueve de manera autónoma, las consideraciones de las
sentencias dictadas en otros procesos no son vinculantes para el sentenciador de
la repetición40, por ende, a éste le asiste el deber de realizar un análisis propio de
las pruebas, el cual bien puede coincidir o no con el que se hizo en el proceso en el
que resultó condenado la entidad pública respectiva. Bajo esa línea, la Corte
Constitucional en sentencia SU-354 del 26 de agosto de 202041, fijó los
presupuestos que los funcionarios judiciales deben tener en cuenta al resolver este
tipo de litigios, por lo que a la entidad demandante le correspondía demostrar
plenamente, al margen de las conclusiones señaladas en la providencia que declaró
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26
de febrero de 2014, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 48.384.
39 Se pueden consultar las siguientes sentencias dictadas por la Corte Constitucional: (i) sentencia C-374 del
14 de mayo de 2002, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, exps: D-3756, D-3757 y D-376; y (ii) C-778 del 11 de
septiembre de 2003, M.P.: Jaime Araujo Renteria, exp: D-4477.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 16
de diciembre de 2020, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 57.904.
41 M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, exps: T-7616782 y T-7629189.
12
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
patrimonialmente responsable al Estado, “(…) la atribución de la conducta
determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave (…)”.
43. Esa Corporación también ha destacado que, para efectos de garantizar el
debido proceso de la parte accionada, “(…) está prohibida la posibilidad de
extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la
providencia condenatoria a la administración (…)”42.
44. Ahora bien, en el evento de verificarse la configuración del elemento
subjetivo, al operador judicial le corresponde establecer el monto que el servidor
deberá reintegrar a la Administración como consecuencia de su actuar, lo que
implica que se estudie el quantum de la condena y la participación probada del
servidor en el daño43, lo cual ha llevado a aclarar que: (i) es necesario examinar la
suma de dinero que finalmente se pagó y si en este se incluyeron o no sumas de
dinero correspondientes a intereses moratorios; (ii) en algunos escenarios puede
presentarse la concurrencia de culpas, la cual conlleva a que el monto respectivo
sea dividido entre varias personas o disminuido; y (iii) pueden ocurrir situaciones
atenuantes que, no modifican la calificación del comportamiento del accionado, pero
sí influyen en la suma que el servidor debe reintegrar, como ocurre, verbigracia,
cuando la acción u omisión que causó el daño persiguió un fin legítimo o se soportó
en la buena fe.
Sobre la presunción de culpa grave alegada en el sub lite
45. Como se indicó, en el presente caso la Rama Judicial le endilgó a los
demandados la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1 del artículo 6 de
la Ley 678 de 2001, esto es, “violación manifiesta e inexcusable de las normas de
derecho”.
46. Al estudiar la exequibilidad de la citada norma, la Corte Constitucional44
explicó que tal presunción tiene dos ingredientes. El primero, es el carácter
“manifiesto”, según el cual, no cualquier irregularidad tiene la posibilidad de
comprometer la responsabilidad del agente estatal, de ahí que el error “(…) poco
evidente, recóndito o mínimo (…)”45 no puede ser constitutivo de culpa grave, por
ende, si la equivocación respectiva no es palmaria, sino que procede del
42 Ibidem.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8
de julio de 2016, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero, exp: 42.419.
44 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-455 del 12 de junio de 2002, M.P.: Marco Gerardo Monroy
Cabra, exp: D-3826.
45 Ibidem.
13
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
desenvolvimiento normal de la actividad jurisdiccional, la culpa derivada de la
circunstancia correspondiente no puede catalogarse como grave.
47. El segundo elemento corresponde a la “inexcusabilidad”, para lo cual esa
Corporación tomó como referencia el concepto de “error inexcusable” desarrollado
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en los términos
previstos en el numeral 3 del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil 46 e indicó
que el desacierto que exige la referida disposición deviene de un falso concepto
sobre lo que una cosa es realmente o de la ignorancia de ésta, en consecuencia, la
responsabilidad de los servidores públicos no se origina en cualquier equivocación,
sino que se requiere demostrar que este conocía plenamente que cometía un fraude
al establecer los hechos o las normas aplicables, en consecuencia, debe tratarse
de tal error que quien lo cometió no pueda ofrecer motivo o pretexto válido que sirva
como eximente.
48. Bajo ese contexto, esa Alta Corte precisó que no cualquier yerro tiene la
potencialidad de comprometer la conducta del agente estatal, en cambio, “(…) sólo
aquel que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o
crasa negligencia del sujeto que emite el acto, podría ser juzgado con esa
calificación (…)”. En ese sentido, si el error es excusable, no existe responsabilidad
patrimonial del empleado público, sin perjuicio de las conclusiones a las que se
arribe en el litigio promovido contra el Estado, cuya actuación no está atada a la
culpa del funcionario, sino a la antijuridicidad del daño causado por el Estado en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política.
49. Por su parte, respecto de la presunción de culpa grave invocada en el
presente caso, esta Subsección47 ha destacado que el numeral 1 del artículo 6 de
la Ley 678 de 2001 no se configura únicamente por el desconocimiento de las
normas o de los términos establecidos en la ley, sino que además “(…) debe ser
46 A cuyo tenor: “Artículo 40. Responsabilidad del juez. Además de las sanciones penales y disciplinarias que
establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los
siguientes casos:
1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad.
2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto.
3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso
que la parte dejó de interponer.
La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva en proceso civil separado, por el trámite que
consagra el título XXIII. La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación
del proceso respectivo. La sentencia condenatoria en el caso del numeral 3 no alterará los efectos de las
providencias que la determinaron.
En caso de absolución del funcionario demandado se impondrá al demandante, además de las costas, una
multa de un mil a diez mil pesos”.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29
de noviembre de 2018, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 50.031.
14
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; de
ese modo, en los eventos en los cuales exista una justificación en la actuación del
servidor, el juez deberá negar las pretensiones de repetición (…)”48. Lo expuesto,
no significa la eliminación de la presunción prevista en la ley, por el contrario, ratifica
el deber que le asiste a la parte demandante de demostrar que la conducta del
servidor público o del particular que cumple funciones públicas no tiene justificación
alguna.
50. Aclarado el alcance de la norma invocada en el presente caso, con base en
el material probatorio que obra en el expediente, la Subsección determinará: (i) las
circunstancias ocurridas antes y después de la expedición de la sentencia de tutela
del 16 de mayo de 2006; (ii) el alcance y los efectos de esa providencia; y (iii) lo
resuelto en el proceso de reparación directa en el marco del cual se declaró la
responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial, este último porque, se reitera, a
partir de lo decidido en ese litigio la parte demandante fundó la responsabilidad de
los accionados en el error jurisdiccional por el cual se le condenó patrimonialmente,
así como el alegado desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por lo que ese aspecto es fundamental de cara al elemento subjetivo.
51. El 6 de octubre de 200349, Fonprecon reconoció a Enrique David Brito
“pensión mensual vitalicia de jubilación” en cuantía de $1’691.671,14 mensual,
efectiva a partir del 30 de abril de 1995, prestación que se le sustituyó 50 a Ana Elisa
Daza de Brito en el 100%, en su calidad de cónyuge supérstite.
52. El 1 de junio de 200451, entre otras personas, Daza de Brito promovió
demanda de tutela contra la referida entidad bajo radicado No. 2004-00190, con el
propósito de que se le ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y
la igualdad, por ende, solicitó que se ordenara reliquidar la sustitución de pensión
reconocida en los términos previstos en el Decreto 1359 de 1993, es decir, con el
75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto
devengaran los congresistas en ejercicio.
53. Mediante sentencia del 11 de junio de 200452, el Juzgado 4 Penal del Circuito
de Bogotá resolvió: (i) conceder de manera transitoria el amparo solicitado; (ii)
48 Ibidem.
49 De conformidad con la Resolución No. 1206 expedida en tal fecha, documento que obra en los folios 3 a 11
del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa. Índice 107 de Samai.
50 Ibidem.
51 De acuerdo con el memorial que consta en los folios 17 a 69 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación
directa.
52 Providencia que consta en los folios 73 a 95 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa, suscrita
por Luis Alfonso Rueda Sabogal.
15
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
ordenar a Fonprecon que, en el término de diez (10) días procediera a la
reliquidación y pago de las pensiones de jubilación correspondientes, según lo
establecido en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993; y (iii) comunicar a los
accionantes que la orden de tutela “(…) permanecerá vigente durante todo el tiempo
que la justicia Contencioso Administrativa decida de fondo sus pretensiones
relativas al mismo asunto, y PREVENIR a los actores para que, si no lo han hecho,
a más tardar en cuatro (4) meses instauren e impulsen las correspondientes
acciones (…)”.
54. La citada entidad impugnó el referido fallo53. El 1° de julio de 200454, el citado
fondo dio cumplimiento a la orden de tutela, por lo que se reliquidó la pensión de
Ana Elisa Daza Brito en el sentido de precisar que la cuantía mensual de esta era
$11’897,982,39, efectiva a partir del 17 de junio de esa anualidad.
55. Por medio de providencia del 2 de agosto de 200455, la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó por improcedente el amparo promovido por Daza de
Brito. Al respecto, el ad quem sostuvo que no existía claridad si a los tutelantes en
sede constitucional se les debía promediar la pensión con base en el factor salarial
que a título individual recibió cada uno durante el último año o, en cambio, se les
debía tener en cuenta la asignación de los congresistas en ejercicio para el
momento en el que se hizo exigible la prestación, sin que se advirtiera algún yerro
“mayúsculo” que hiciera procedente la protección reclamada. En esa medida, dicha
controversia le correspondía dirimirla a la jurisdicción contenciosa administrativa a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse del juez
natural.
56. Por lo anterior, a través de Resolución No. 1353 del 26 de 200456, Fonprecon
dejó sin efectos la determinación de reliquidación adoptada el 1° de julio de ese
mismo año.
57. La Corte Constitucional seleccionó los mencionados fallos de tutela.
Mediante sentencia T-110 del 10 de febrero de 200557 confirmó la providencia de
segunda instancia. Esa Corporación explicó que, por regla general, la acción de
53 Según el escrito de los folios 97 a 105 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa.
54 Hecho probado con base en la Resolución No. 1015, expedida en la citada fecha y la cual obra en los folios
107 a 114 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa.
55 Sentencia que consta en los folios 115 a 133 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa, suscrita
por Jorge Enrique Torres Romero, Juan Iván Almanza Latorre y Julia María Cardona Paredes.
56 Folios 135 a 139 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa.
57 M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, exp: T-985230.
16
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
tutela es improcedente para obtener la reliquidación de mesadas pensionales, dado
el carácter subsidiario del referido mecanismo constitucional; sin embargo, tal vía
procesal es idónea cuando concurren los siguientes parámetros:
“(…) (i) el interesado haya agotado los recursos en sede administrativa ante la entidad
responsable del suministro de la prestación y ésta se mantenga en su posición de negar
la petición; (ii) Se haya hecho uso de los mecanismos judiciales ordinarios para la
satisfacción de la pretensión o el accionante estuviere en tiempo para ello, a menos que
resultare imposible acudir a los mismos por motivos ajenos a la voluntad del afectado;
(iii) se demuestren las condiciones materiales que permitan predicar la inminencia de
un perjuicio irremediable y por ende la procedencia del amparo transitorio, como son la
condición de persona de la tercera edad y la vulneración de los derechos a la dignidad
humana, la subsistencia en condiciones dignas, el mínimo vital y la salud en conexidad
con el derecho a la vida, y no simplemente discrepancias jurídicas; y (iv) se acredite que
someter la pretensión del accionante a su resolución a través del proceso ordinario
constituiría una carga excesiva de acuerdo a sus condiciones particulares (…)”.
58. Bajo ese contexto, al analizar el caso concreto, esa Corporación determinó
que Daza de Brito: (i) no agotó la vía gubernativa contra la resolución de
reconocimiento de la pensión; (ii) no interpuso mecanismos ordinarios para
controvertir dicha decisión administrativa; (iii) para ese momento se le estaba
pagando una mesada pensional; y (iv) la simple referencia a la edad no era
circunstancia suficiente para tener por acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable en ocasión del cual el juez de tutela tuviera que intervenir “(…) cuando
a la fecha han dejado transcurrir lapsos amplios en completa inactividad, dejando
prescribir los términos de interposición de los recursos administrativos y con ello la
posibilidad misma de acudir ante la jurisdicción ordinaria (…)”.
59. En 200658, Ana Elisa Daza de Brito promovió nueva acción de tutela contra
Fonprecon bajo radicación No. 2006-00710, con el propósito de que se le
ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, para lo cual
pidió: (i) la reliquidación de la pensión de jubilación vitalicia en los términos previstos
en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el 75%
de lo que para 1995 devengaba un congresista “(…) y no como arbitrariamente lo
hizo la accionada teniendo en cuenta solo el salario devengado por él en el último
año (…)”; y (ii) se decrete el pago de mesadas atrasadas, indexación, intereses,
reajustes y retroactivos a que hubiese lugar desde el 30 de abril de 1995.
60. La accionante advirtió que con anterioridad formuló una demanda de tutela
con las mismas pretensiones, la cual fue denegada en segunda instancia, decisión
confirmada por la Corte Constitucional mediante sentencia T-110 de 2005, pero que
58 Hecho probado a través de memorial que consta en los folios 143 a 157 del cuaderno digital 1 del proceso de
reparación directa.
17
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
la situación fáctica era distinta, dado que para la nueva acción tenía 84 años y
presentaba una situación de salud que le impedía esperar la resolución definitiva
del proceso ordinario.
61. A través de fallo del 13 de marzo de 200659, el Juzgado 31 Penal del Circuito
de Bogotá D.C. (i) amparó, como mecanismo transitorio, y hasta tanto no se
pronunciara la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los derechos
fundamentales de Daza de Brito; (ii) ordenó a Fonprecon que, en el plazo de cinco
(5) días calendario, “reliquide y cancele” la pensión de la demandante en un monto
no inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año por todo
concepto haya percibido un congresista a la fecha en que se reconoció el derecho
pensional, esto es, 2003, efectiva a partir del 20 de abril de 1995; (iii) advertir a la
actora que debía promover e impulsar las acciones legales ante la mencionada
jurisdicción dentro de los cuatro (4) meses siguientes, so pena de la cesación de los
efectos de la mencionada providencia.
62. El citado juzgado explicó que, de conformidad con el Decreto 1293 de 1994,
Enrique David Brito cumplía los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición de los senadores, representantes y empleados del Congreso de la
República, circunstancia que la entidad accionada no tuvo en cuenta al reconocer
la respectiva mesada pensional, sumado a ello, la accionante demostró que: (i) tenía
84 años, es decir, hacía parte del grupo de la tercera edad; y (ii) sufría “cardiopatía
hipertensiva alteraciones severas del ritmo cardiaco bradicardia actualmente bajo
vigilancia y tratamiento cardiológico”. Estas situaciones permitían concluir la
debilidad manifiesta en que se encontraba, debiéndose garantizar la protección
inmediata de sus derechos “(…) ya que como es sabido, existe gran congestión en
los despachos de la jurisdicción contenciosa administrativa que sin duda conlleva a
la dilación en la solución inmediata de su caso particular (…)”.
63. Fonprecon impugnó el citado fallo60, para lo cual sostuvo que, de acuerdo
con la sentencia T-110 de 2005 de la Corte Constitucional, la tutela era
improcedente para ordenar la reliquidación de las mesadas pensionales.
64. A través de auto del 5 de abril de 200661, el Juzgado 31 Penal del Circuito de
Bogotá D.C., resolvió el incidente de desacato propuesto por Ana Elisa Daza de
59 Folios 175 a 223 del cuaderno digital 1 del proceso de reparación directa.
60 Según el escrito que consta en los folios 27 a 29 del cuaderno digital 2 del proceso de reparación directa.
61 Folios 33 a 37 del cuaderno digital 2 del proceso de reparación directa.
18
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Brito e impuso62, al director de la citada entidad, arresto de cinco (5) días y multa
equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
65. El 6 de abril de 200663, la directora general de Fonprecon le advirtió al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que la orden de tutela significaba un
detrimento al erario por concepto del retroactivo pensional por $757’342,416 más la
variación en la mesada pensional de $5’778.252 a $14’064.608, por lo que solicitaba
la intervención de la cartera ministerial en sede constitucional.
66. El 18 de abril de esa misma anualidad64, la citada entidad reliquidó y ordenó
pagar retroactivo en las sumas de dinero previamente señaladas.
67. Por medio de sentencia del 16 de mayo de 200665, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., compuesta por Luis Eduardo Manrique
Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez y Fernando Pareja Reinemer, confirmó el fallo
de primer grado.
68. De manera preliminar, el ad quem resaltó que el problema jurídico en
segunda instancia se circunscribía a establecer si lo decidido previamente por la
Corte Constitucional respecto de la solicitud de Ana Elisa Daza de Brito era
suficiente para denegar el amparo solicitado.
69. Luego, explicó que la acción de tutela no está prevista para definir asuntos
de aplicación legislativa como el régimen de transición de los congresistas; sin
embargo, esa Alta Corte ha reconocido la procedencia, excepcional y transitoria,
para proteger a la persona que, en situación de desventaja ante la Administración,
invoca la protección del juez de tutela, para lo cual citó la sentencia SU-975 del 23
de octubre de 200366 aplicable en materia pensional a exparlamentarios, así como
la T-007 del 19 de enero de 200667, por medio de la cual se ampararon los derechos
fundamentales de “(…) una viuda de un excongresista(…)”68 que también solicitaba
la reliquidación de la pensión de sobreviviente y en la que se advirtió que, ante un
perjuicio irremediable, al juez constitucional le corresponde salvaguardar los
62 Se aclara que en el expediente de la referencia no obra prueba que permita concluir si se cumplió o no tal
determinación.
63 De acuerdo con el Oficio No. DG-200-002012. Folios 63 a 73 del cuaderno digital 2 del proceso de reparación
directa.
64 Hecho probado mediante la Resolución No. 0575, expedida en la referida fecha. Folios 105 a 125 del cuaderno
digital 2 del proceso de reparación directa.
65 Folios 127 a 147 del cuaderno digital 2 del proceso de reparación directa.
66 M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp: T-641660 – (acumulados).
67 M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp: T-1208890.
68 Folio 139.
19
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
derechos fundamentales temporalmente y solo hasta que el asunto se resuelva de
fondo.
70. Bajo ese contexto, el Tribunal resaltó que Daza de Brito tenía 84 años y en
agosto de 2005 su condición física se deterioró “(…) al punto que su corazón falló y
tuvo que ser intervenida (…)”69, por lo que al tratarse de una persona en condición
de ancianidad y con problemas de salud, era evidente la existencia de un perjuicio
irremediable “(…) que le impondría una carga demasiado onerosa de obligársele a
acudir a la jurisdicción ordinaria que tardaría 3, 4 o 5 años en resolver su pretensión
(…)”70. Además, se consideró que, con base en las pruebas aportadas, Enrique
Daza Brito cumplía con el régimen de transición de excongresistas, por lo que la
pensión debió liquidársele con base en lo que devengaba para 1995, año en el que
adquirió dicha prestación.
71. El 6 de junio de 200671, Fonprecon solicitó a la Corte Constitucional la
selección de los mencionados fallos de tutela. El 8 de junio de ese mismo año 72, la
directora de la citada entidad formuló denuncia penal73 contra el juez 31 Penal del
Circuito de Bogotá D.C., para que la Fiscalía investigara la posible comisión de una
conducta delictiva por parte del citado funcionario judicial al ordenar “de manera
arbitraria” la reliquidación de la pensión de Enrique David Brito74, diligencia que fue
archivada por falta de pruebas75.
72. A través de sentencia76 T-995 del 30 de noviembre de 200677, la Corte
Constitucional revocó la providencia del 13 de marzo de ese mismo año y, en su
lugar, denegó el amparo impetrado. Al respecto, se explicó que, de acuerdo con su
jurisprudencia reiterada78, en los casos en los que se debate la reliquidación de
mesadas pensionales, la tutela es un mecanismo transitorio cuando concurren dos
69 Ibidem.
70 Folio 141.
71 De acuerdo con el memorial que obra en los folios 57 a 99 del cuaderno digital 3 del proceso de reparación
directa.
72 De conformidad con el Oficio No. 5237 del 12 de junio de 2006, que consta en el folio 139 del cuaderno digital
3 del proceso de reparación directa.
73 La Sala aclara que, aunque en el expediente de la referencia también obra una queja disciplinaria formulada
contra el referido funcionario ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, tal documento recayó sobre acciones de tutelas diferentes a las promovidas por Ana Elisa Daza
de Brito. Índices 108 y 109 de Samai.
74 Según el formato de archivo allegado por la Fiscalía, escrito que obra en el índice 70 de Samai.
75 Ibidem.
76 Folios 101 a 125 del cuaderno digital 3 del proceso de reparación directa.
77 M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, exp: T-1401345.
78 En concreto, se refirió a las siguientes sentencias: (i) la T-781 del 28 de julio de 2005, M.P.: Alfredo Beltrán
Sierra, exp: T-1096174; y (ii) la SU-975 del 23 de octubre de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exps:
T-483297, T-493881, T-487773, T-492034, T-490325, T-498532, T-508451, T-528161, T-516656, T-518659, T-
518662, T-530821 y T-641660 – (acumulados).
20
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
(2) requisitos: “(…) 1) que el acto administrativo se aleje ostensiblemente de la
normatividad legal, convirtiéndose en un acto arbitrario y caprichoso, es decir, en lo
que la doctrina denomina vía de hecho; y, (2) que esta ilegalidad lesione los
derechos fundamentales del afectado, configurándose un perjuicio irremediable
(…)”.
73. Al analizar el caso concreto, esa Corporación consideró que se probó la
grave dolencia que afectaba a Daza de Brito, pero esa sola circunstancia no
significaba per se la procedencia de la acción de tutela. En ese sentido, recordó
que, de acuerdo con el fallo T-110 de 2005, no existe un perjuicio irremediable con
desconocimiento del mínimo vital, pues la accionante recibía una pensión y se le
reconocieron los montos retroactivos a los que tuvo derecho, sumado a ello, no
acudió oportunamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo79, por lo que
siguió la pauta establecida en la citada sentencia y, por ende, negó el amparo
pedido.
74. El 19 de diciembre de 200680, Fonprecon revocó el acto administrativo
expedido el 18 de abril de ese mismo año.
75. El 26 de marzo de 200781, la citada entidad formuló demanda de reparación
directa contra la Nación -Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los
perjuicios causados por el error judicial en que incurrió el “(…) señor juez 31 Penal
del Circuito de Bogotá (…)”82, quien con ocasión del fallo de tutela del 13 de marzo
de 2006, confirmado el 16 de mayo de ese mismo año por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., generó una afectación al erario por la reliquidación
y retroactivo que tuvo que pagar, determinación que luego quedó sin efectos debido
a la sentencia T-995 del 30 de noviembre de 2006.
76. Agotadas las etapas procesales pertinentes, a través de providencia del 23
de septiembre de 201183, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
79 Luego de revisar el sistema de consulta de Samai, la Subsección advierte que Ana Elisa Daza de Brito
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Fonprecon bajo radicado No. 25000-23-
42-000-2013-04092-01(2191-14), litigio en el que esta Corporación dictó sentencia de segundo grado el 27 de
enero de 2017. Sin embargo, la Rama Judicial: (i) no fundó la causa petendi en lo resuelto en ese proceso; (ii)
tampoco solicitó el decreto del expediente respectivo, siendo ello una carga procesal de la parte demandante;
(iii) no se avizora la existencia de algún punto oscuro o difuso que conlleve a aplicar la facultad oficiosa prevista
en el artículo 213 del CPACA; y (iv) al no tratarse de un aspecto alegado por la accionante, su inclusión daría
lugar a la vulneración del principio de congruencia.
80 Hecho probado por medio de Resolución No. 2411 del 19 de diciembre de 2006. Folios 127 a 130 del cuaderno
digital 3 del proceso de reparación directa.
81 Hecho probado por medio de escrito inicial que obra en los folios 9 a 40 del cuaderno principal del proceso
de reparación directa.
82 Folio 2 de la referida demanda.
83 Folios 1 a 13 del cuaderno del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa.
21
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, para lo cual
argumentó que la interpretación del Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá D.C.
no fue arbitraria o caprichosa, en cuanto la decisión adoptada se edificó en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional que reconocían la procedencia
excepcional de la tutela para obtener la reliquidación pensional. En esa medida, la
providencia censurada fue fallada en derecho con base en el material probatorio
allegado oportunamente, por lo que la revocatoria del fallo por parte de la referida
Corporación no configuraba alguna contradicción de la ley, en cambio, evidenciaba
que se trataba de un asunto de interpretación legal que no comprometía la
responsabilidad patrimonial del Estado.
77. Asimismo, aclaró que el operador judicial incurrió en yerro al determinar los
porcentajes en los que debía efectuarse la reliquidación correspondiente, cuando
en realidad no le correspondía indicar monto alguno, pero que tal circunstancia no
configuraba un daño antijurídico, porque, en todo caso, la accionante tenía derecho
a dicha acreencia.
78. Fonprecon apeló la anterior providencia84. En consecuencia, por medio de
fallo del 31 de agosto de 201785, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado86 revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar: (i) declaró
patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por el error judicial cometido
contra la primera de las citadas, “por la violación de las reglas de improcedencia de
la tutela en materia de pensiones de jubilación”; y (ii) condenó a la demandada en
sede de reparación directa a pagar $1.787’071.205 por concepto de perjuicios
materiales.
79. Al respecto, el ad quem indicó que se probó el daño invocado, toda vez que
la demandante tuvo que pagar una suma de dinero a expensas de cumplir el fallo
de tutela “(…) que ordenó la reliquidación y pago del retroactivo pensional (…)”87,
determinación que luego fue revocada por la Corte Constitucional por medio de
sentencia T-995 de 2006. En lo concerniente a la imputación, advirtió que, aun
cuando las sentencias de tutela tomaron como referencia el fallo T-007 de 2006,
existía una providencia de revisión previa que, para el caso concreto, determinó la
improcedencia de la referida acción constitucional frente a los derechos reclamados
por Ana Elisa Daza de Brito, de ahí que se requería de una carga argumentativa
84 Folios 20 a 23 del cuaderno del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa.
85 Folios 133 a 179 del cuaderno del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa.
86 C.P.: Ramiro Pazos Guerrero, exp: 43.029.
87 Folio 32 de la mencionada providencia.
22
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
“rigurosa que desvirtuara la cosa juzgada constitucional y afianzara la segunda
tutela como un caso genuino”, lo cual no ocurrió.
80. Además, en caso de que lo pretendido fuera seguir el precedente del citado
fallo de tutela, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá D.C. debió establecer las
reglas de procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para obtener las reliquidaciones pensionales e identificar la ratio
decidendi a partir de la cual se determinara si uno y otro caso eran análogos, análisis
que no se efectuó. Por lo anterior, esta Corporación le endilgó responsabilidad a la
Rama Judicial por las siguientes razones:
“(…) En ese orden de ideas, el Juzgado de tutela, para el caso de la señora Daza de
Brito y a sabiendas que había un pronunciamiento del máximo tribunal constitucional
sobre el mismo caso (T-110 de 2005), debía haber determinado: i) el agotamiento de
los recursos en sede administrativa o, en su defecto, qué circunstancias excepcionales
excusaban el cumplimiento de tal requisito en el caso concreto; es decir, la justificación
de porqué en el lapso transcurrido entre 2004 y 2006 la señora Daza de Brito se vio
imposibilitada para acudir al contencioso administrativo para atacar el acto mediante el
cual se le liquidó la pensión y con el cual se encontraba inconforme, más aún, el radio
de imposibilidad a demostrar se retrotraía a la fecha en que fue reconocida y sustituida
la pensión (año 2003); ii) la plena demostración de las condiciones materiales bajo las
cuales se determinaba que la tutelante estaba expuesta a un perjuicio irremediable que,
como se sabe, iban más allá de invocar los 84 años de edad por los que atravesaba,
pues tal como lo sostuvo la parte demandante, apenas un año antes (T-110 de 2005) la
Corte Constitucional había considerado que el factor de la edad no era suficiente para
acreditar la irremediabilidad del perjuicio.
En el fallo de tutela que concedió el amparo a la señora Daza de Brito (exp. 077/2006),
se sobreseyó el análisis sobre estos dos requisitos que venían dados como reglas de
procedibilidad en la jurisprudencia invocada como precedente. Adicionalmente, se
ignoró la carga argumentativa y demostrativa que acreditara la vulneración a la dignidad
humana y la afectación al mínimo vital. Sobre este último, observa la Sala que el
Juzgado a quo y, a su vez, el Tribunal Superior de Bogotá, eludieron por completo el
análisis correspondiente a este tópico, máxime cuando el mismo constituía la ratio
decidendi de la tutela que se tomó por precedente (T-007 de 2006).
(…)
Por su parte, en el caso de la señora Daza de Brito, si bien, dentro del trámite de tutela
quedó acreditado que a sus 84 años de edad, padecía una hipertrofia simétrica del
ventrículo izquierdo del corazón que conllevó a la instalación de un marcapaso por
bloqueo completo del ventrículo, no quedó acreditado que la mesada que venía
percibiendo resultaba irrisoria para atender su mínimo vital, pues en ninguna parte se
observa que se hubiera comprobado que tal condición de salud le implicaba gastos
extraordinarios que menoscabaran de forma ostensible los ingresos que para el
momento eran de $ 5.778.252.oo mensuales (…)”88.
81. Bajo esas consideraciones, el juez de reparación directa consideró que el
error jurisdiccional alegado se configuró por: (i) la ausencia de comprobación sobre
88 Folios 35 y 36 de la mencionada sentencia.
23
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
la afectación del mínimo vital; y (ii) la falta de justificación para omitir la cosa juzgada
constitucional, no siendo el nuevo hecho (implementación de marcapaso) razón
suficiente para omitir lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia T-110 de
2005.
82. Revisadas las pruebas relacionadas con las órdenes de tutela y el trámite de
reliquidación respectivo, la Sala analizará las manifestaciones, que en torno a estos
aspectos hicieron los accionados en el sub lite, específicamente, las rendidas en el
marco de los interrogatorios de parte del 17 de junio de 202689, en los que
expusieron diversas motivaciones que sirvieron para adoptar las decisiones que son
sustento del presente reclamo.
No. Demandado Declaración
1 Nancy Yanira Muñoz En términos generales, indicó que la sentencia de tutela de
Martínez90 segunda instancia del 16 de mayo de 2006 se edificó
89 Índice 178 de Samai.
90 En concreto, señaló lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “(…) Rama Judicial:
¿Cuáles fueron los argumentos de usted y sus honorables colegas para decidir, atendían o no en sede de tutela
los pronunciamientos de la Corte Constitucional? Nancy Yanira Muñoz Martínez: Bueno, particularmente frente
a los pronunciamientos de la Corte Constitucional todos, particularmente uno, el condensado en la sentencia
975 del 2006 con ponencia del doctor José Manuel Cépeda que era una sentencia de unificación que
sentaba las bases para resolver el problema que se estaba resolviendo o que resolvía la Sala en ese
momento, en ese momento la Sala estaba resolviendo en segunda instancia una impugnación propuesta por
la apoderada o representante legal de Fonprecon en contra de la sentencia de primera instancia del juez 31
penal del circuito de Bogotá, quien había concedido los derechos fundamentales alegados por la actora
relacionados con la igualdad y la favorabilidad, en consecuencia, el Tribunal hizo un análisis con base en la
sentencia 975 relativo o enfocado a los derechos fundamentales que estaba planteando la actora porqué lo digo
y porqué se esto, porque he leído el proceso y he leído la sentencia realmente estos son hechos del 2006,
entonces no se trata de que yo este diciendo que yo tengo el conocimiento directo del momento, solo significa
lo que he visto del proceso, quiero aclarar esa parte. Bueno, entonces esa violación de derechos fundamentales
que se resumía en el reconocimiento de un reajuste pensional que solicitaba la señora porque le había sido
liquidada con el salario de su difunto esposo de acuerdo con lo que él devengaba para los años 72 y 73 ella
solicitaba que se lo liquidaran con base en el salario que devengaban los congresistas para el año 94, la
expedición de la 4 del 92 que fue la que causó esta situación no solo con la tutela de la señora Ana Eliza sino
cualquier cantidad de tutelas que se tramitaron sobre tema pensionales para esa época, fueron muchísimas, la
Corte Constitucional habida consideración de que habían criterios divergentes, no solamente a nivel de jueces
de instancia, sino también de jueces de Tribunal y de Corte Constitucional donde habían pronunciamientos
distintos en casos similares, parecidos, hizo la unificación e hizo un estudio profundo relacionado sobre
en qué casos procedería y no procedería, pero también fijó unas bases y una de esas bases se refiere a
algo muy importante que se llama los criterios de ponderación y consideró que todo aquello que en la
demanda se llama violación de normas por desconocimientos de las normas de improcedencia de tutela
realmente no eran normas de improcedencia, sino criterios de ponderación, por ejemplo, la edad de la
señora, el estado de salud de la señora y la afectación del mínimo vital, entendido no desde el punto de vista
cuantitativo sino desde el punto de vista cualitativo, con base en esos factores la Corte Constitucional,
en varias ocasiones, decretó el amparo provisional de los derechos fundamentales por reajustes de
pensiones, que es distinto a reliquidación de pensión. Bueno, el fundamento de la sentencia del Tribunal
se refiere a principios de favorabilidad por una parte y la demostración del perjuicio irremediable, porqué, porque
si bien la señora Ana Elisa Daza de Brito había presentado una tutela anteriormente que había sido
resuelta primera, segunda instancia y luego en revisión a través de la tutela 110 del 2005 con ponencia
del doctor Monroy Cabra, en esa sentencia, que no era una sentencia que se refería únicamente a ella,
sino que se refería a cinco tutelantes se habían planteado otros derechos fundamentales como la
seguridad social, el mínimo vital, en conexidad con la salud y la vida, estos derechos que ella alegaba en
24
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
esa oportunidad eran diferentes, pero además de que eran diferentes, era diferente la situación y la situación
radicaba en un aspecto netamente fáctico y era que en el momento en el que se profirió la sentencia 110 del
2005 que había denegado el amparo de los derechos fundamentales que habían sido alegados y la sentencia
del 2006 proferida por el juez 31 y luego por el Tribunal en ese caso, durante ese interregno, ella había sufrido
un accidente cardiaco, le habían instalado dos stent que había acreditado con unas cinco o seis
históricas clínicas y exámenes especializados de cardiólogos acerca de su grave estado de salud, la
demandante del proceso de reparación directa, que era la representante de Fonprecon, siempre planteó que
eso no era justificante para que ella presentara la segunda tutela y esto se repitió y lo repitió la Rama y
posteriormente el Consejo de Estado en la sentencia de reparación; sin embargo, en la sentencia de revisión
de la sentencia del Tribunal, hay una parte de la sentencia de revisión de la Corte Suprema que dice que ese
aspecto es incuestionable, o sea, el aspecto fáctico del estado de salud, entre otras cosas, en la sentencia 975,
en la sentencia del doctor Cépeda, se dice que ese es uno de los factores que se debe ponderar para efectos
de establecer si hay lugar al amparo provisional de esa clase de derechos fundamentales, en la sentencia de
revisión se consideró que ese aspecto era incuestionable, ese es uno de los aspectos que en la demanda se
dice que nosotros desconocimos y que al haberse desconocido que no se daba la situación del perjuicio
irremediable por ese motivo porque en la sentencia anterior se había dicho que no era suficiente y entonces
que aquí también eso tenía fuerza vinculante, porque se dijo que esa sentencia tenía fuerza vinculante con
efectos vinculantes, en lo cual, también pues es relativo, porque esa sentencia fue de improcedibilidad, declaró
improcedente la acción y al declarar improcedente la acción no entró a resolver el fondo del asunto se quedó
en los requisitos de procedibilidad, entonces por lo tanto, pues también por ese lado no hay una violación
grosera o manifiesta de las normas de derecho que permitieron en esta segunda tutela establecer el perjuicio
irremediable con base en una situación fáctica que en sede de revisión se estimó que era incuestionable. Ahora,
cuál es la razón por la cual finalmente, en sede de revisión, se considera que no se deben amparar los derechos
fundamentales de la actora, porque dice la Corte que la pensión de la señora Ana Elisa que no existe prueba,
no que no haya sido mal o bien liquidado, sino que no existe prueba de que esa pensión haya sido mal liquidado
y que por lo tanto al no existir esa prueba entonces motiva la improcedencia por la razón del perjuicio, pero
termina en la parte resolutiva ordenando la revocatoria de los fallos de instancia o sea, dictando una sentencia
de reemplazo y a la vez diciendo que no se amparan los derechos de la actora, ahí también hay una
contradicción en esa sentencia que obviamente eso no se alegó dentro de los tres (3) días siguiente, por tanto
la tutela existe, pero existe en esa condiciones, por un lado habla de improcebilidad, pero por otro lado es una
sentencia que al emitir una sentencia de fondo está superando todas las razones de improcedibilidad por las
cuales también se imputa violación de normas de derecho al Tribunal por haber conocido la tutela y haber
superado esas normas de procedibilidad de la tutela. Rama Judicial: En razón de lo que usted acaba de
señalar doctora Nancy Yanira ¿dígale al despacho como es cierto, sí o no, qué usted y sus honorables
colegas el argumento que utilizaron se centró para reconocer la reliquidación de pensión para la señora
Daza Brito fue salud, la edad y el mínimo vital. Nancy Yanira Muñoz Martínez: Sí señor, es correcto,
bueno dentro de ese marco. Rama Judicial:
Ok (…) ¿dígale como es cierto, sí o no, que si atendieron la
orden de la tutela T-110 de 2005 que señalaba que era improcedente la acción de tutela para agenciar
los reclamos de la señora Daza Brito? Nancy Yanira Muñoz Martínez: Se atendieron en la medida de que
no se tocó para nada las ordenes de la tutela 110, por cuanto esa es una tutela que tiene efectos inter-
partes por un lado, o sea, es una tutela inter-partes que a los únicos que obliga y vincula es a las partes
de esa tutela y nunca se hizo un cuestionamiento en relación con esa tutela porque eran hechos
anteriores de un año anterior y no eran el objeto de esta tutela. Rama Judicial: Eran las mismas partes y
el mismo objeto. Nancy Yanira Muñoz Martínez: No, no eran las mismas partes, las partes de esa tutela eran
cinco (5), entre los cuales se encontraba la señora Ana Elisa, los derechos fundamentales que ella planteó allí
eran derechos diferentes de los derechos fundamentales que posteriormente ella plantea en la segunda tutela,
la situación fáctica era distinta y ella lo dijo en la demanda, es más, ella en la demanda dice nosotros
presentamos ya una tutela y esta tutela fue mal resuelta como para superar problemas de temeridad, ella fue
honesta en ese sentido y no ofició aquí en favor de la señora, no la conozco, pero es lo que dice la demanda y
allí se hizo un análisis, en la tutela 110 respecto de cada uno de los accionantes. Ahora viene el tema de la
reliquidación, que es posiblemente a lo que se refiere doctor, cuando uno lee la sentencia 975 de la Corte
Constitucional y analiza de la lectura que ni la edad ni el estado de salud ni el mínimo vital, que allí siempre se
habla de cualitativo, porque era un problema que estaba resolviendo unas prestaciones económicas de
magistrados, exmagistrados relacionada a su vez con una relación de los congresistas, excongresitas e hizo
cuatro (4) grupos de personas, hizo todo ese análisis y en esa sentencia de unificación allí se dice unos son
factores ponderables que deben ser analizados en cada caso y en cada situación habían pasado dos (2) años
entre la tutela 110 y la tutela del Tribunal de Bogotá y la situación de ella era diferente, cuando se habla de la
edad, entre otras cosas lo que hace la sentencia SU es señalar todas las sentencias que con anterioridad se
profirieron en relación con este tema donde existían pronunciamientos diferentes, muchas veces contradictorios,
25
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
especialmente en la sentencia SU-975, providencia que estableció
los denominados criterios de ponderación, los cuales eran factores
cualitativos que, dadas las particularidades de los casos, permitían
acceder excepcionalmente al reajuste pensional en sede
constitucional.
Además, señaló que sabía la existencia de la acción que
previamente había interpuesto Ana Elisa Daza de Brito y que
luego fue declarada improcedente por la Corte Constitucional en la
sentencia T-110 de 2005; sin embargo, (i) no se trataba de los
mismos accionantes; (ii) se invocaron derechos fundamentales
diferentes; y (iii) la situación fáctica no era la misma, en cuanto
Daza de Brito acreditó afectaciones graves en su estado de salud,
aspecto ponderable, según el fallo SU-975, por lo que la
providencia del 16 de mayo de 2006 se basó en la salud, la edad y
el mínimo vital de la demandante.
Por otra parte, alegó que la tutela T-110 de 2005 tenía efectos
interpartes versó sobre un objeto distinto y no tenía carácter
vinculante y, en todo caso, conocía que en el caso concreto
existía otro mecanismo judicial como lo era la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pero su procedencia se descartó
transitoriamente al dictar el fallo de tutela, pretensión que, en todo
caso, fue ejercida en 2011.
allí están plasmados, yo tengo algunas sobre temas específicos, pero el tema de la reliquidación, dice estos son
factores ponderables no son requisitos de procedibilidad de la tutela, porque no son reglas fijas, son unos
factores que se deben ponderar en cada caso concreto, nosotros cogimos esa sentencia y en la gran parte de
la sentencia del Tribunal esta esa sentencia y la sentencia de revisión de la Corte Constitucional que revisó la
tutela del Tribunal hizo otro tanto, también se fundamentó en esa decisión, lo que pasa es que consideró que
como no estaba demostrada y dijeron esto también tiene que entrar aquí, a pesar de que no lo había dicho la
sentencia 975, a pesar de que era coetáneas, porque las dos (2) eran del 2006, no sé porque no tuvo en cuenta
de esa manera el análisis de esta situación, se apartó un poco de esos parámetros, pero señaló y llegó a la
conclusión de que debía no amparar los derechos fundamentales de la actora y por lo tanto revocar el fallo de
la segunda instancia, pero tampoco hizo ningún cuestionamiento sobre la decisión del Tribunal desde ningún
punto de vista diferente, ninguno, al contrario, toda la parte inicial de esa sentencia es armónica con lo que se
dijo en el Tribunal respecto de la situación y porqué se había avocado el conocimiento de la tutela y se había
entrado a conocer y a decidir. Rama Judicial: ¿tenía usted conocimiento de qué había otros mecanismos aparte
de la sede de tutela para poder acceder a esas acreencias laborales? Nancy Yanira Muñoz Martínez: Sí señor.
Rama Judicial: ¿cuáles doctora? Nancy Yanira Muñoz Martínez: Estaba la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y al respecto también señala la Corte Constitucional, la 975, que para
invocar esos medios de defensa judicial como desconocidos se requieren que se hayan vencido las
oportunidades para presentar esos recursos y resulta que aquí la señora Ana Elisa en el año 2011,
posterior a todas las sentencias, las del Juzgado, el Tribunal, la Corte Constitucional, presentó su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que prueba que ella siempre estuvo en término de
presentar sus recursos, lo hizo en el momento en el que consideró, ignoro las razones por las cuales lo hizo
en ese momento y no antes, digamos el motivo por el cual no haber acudido y se le cuestionó tanto son distintos
a que era obligatorio hacerlo que había perdido las oportunidades, porque el fundamento de los medios de
defensa judicial es ese, que haberse agotado sin haberlos utilizado en las debidas oportunidades porque ya no
se puede, aquí se pudo, pero además en esa sentencia 975 no solamente se abordó ese estudio se dice también
que el agotamiento de los medios de defensa, inclusive ellos en algunos casos también no se haya hecho la
petición ante la entidad de prestaciones sociales, inclusive en esos caso el foco va en la vida son personas
terminales y nosotros dijimos en la sentencia del Tribunal que ella estaba en un estado terminal de acuerdo con
el análisis de esas historias médicas que se hicieron(…)” (se destaca). Minuto 1:42:38 a 2:05:42 del audio y
video de la audiencia de pruebas.
26
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
2 Luis Eduardo En síntesis, sostuvo que reconocía que la acción de tutela era
Manrique Bernal91 improcedente en materia de reajuste pensional, pero el caso de
91 En específico, declaró lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “(…) Rama Judicial:
Una parte de la sentencia del proceso de reparación directa en el cual señala que ‘la Sala comparte en buena
medida los argumentos de Fonprecon, en el sentido de que existiendo una decisión de revisión previa’ hablamos
de la sentencia T-110 ‘existiendo una decisión de revisión previa para el caso concreto que había determinado
la improcedencia de la tutela para agenciar los reclamos de la señora Daza Brito se requería una carga
argumentativa que desvirtuara la cosa juzgada constitucional que afianzara la segunda tutela como un caso
genuino’ (…) ¿cuál fue la carga argumentativa rigurosa que hizo precisamente el honorable Tribunal para
desvirtuar la cosa juzgada constitucional de la Corte Constitucional sobre esta solicitud de acreencias
doctor? Luis Eduardo Manrique Bernal: Porque se trataba de un caso excepcional, esa era la norma
general, porqué excepcional, porque la señora era una persona de 84 años, una anciana, había sido
sometida a una intervención cardiopulmonar, en consecuencia, era lógico que se esperara una situación
diferente, ahora, la norma general, obviamente tiene excepciones, toda norma tiene excepción, incluso
a través de la sentencia 007 de ese mismo año de la Sala Segunda de la Corte Constitucional se tuvo un
caso exactamente igual que sirvió precisamente para formar nosotros la argumentación, allá en ese
caso se trató exactamente de una señora de viuda de un congresista que la Corte Constitucional de que
sí era excepcional, y era también una señora de ochenta y pico de años, además sufría un cáncer,
entonces la Corte Constitucional excepcionalmente sí se puede tutelar sus derechos, eso fue lo que
hicimos nosotros, tutelar de manera provisional, la Corte Constitucional le dejo un término de cuatro (4)
meses para que dejara la correspondiente acción administrativa y fue exactamente lo mismo que
nosotros hicimos, se condicionó la tutela y se le puso un término de cuatro (4) meses para que intentara
precisamente la acción contenciosa administrativa, hemos seguido los mismos parámetros de una
sentencia muy fresca, tres meses por aquellas épocas todavía no había internet, todavía no teníamos nada de
lo que hoy tenemos, entonces tuve que venir aquí al honorable Consejo y a la Corte Constitucional a buscar
esa sentencia, porque apenas llevaba tres meses y piquito, porque eso fue de enero del 2006 y la estudiamos,
la releímos, y encontramos que era lo suficiente fuerte y aplicable al caso, en consecuencia, pienso yo, quedaba
perfectamente sustentada, argumentada, la decisión que tomó el juez y que nosotros en segunda instancia
resolvimos confirmar. Rama Judicial: ¿ustedes de pronto hicieron alguna reliquidación con cálculo de las
sumas de dinero que iban a resultar para la señora Daza de Brito. Luis Eduardo Manrique Bernal:
No había
necesidad de hacerlo, porque el juez de primera instancia había invocado las normas precisas para la
reliquidación, porque hay que tener en cuenta que la señora ya estaba pensiona, ella ya había recibido pensión,
de manera que nosotros no estábamos decretando pensión como ocurrió en el caso de la sentencia 007,
estábamos simplemente ordenando que se le reliquidara la mesada pensional y solo la mesada
pensional, nosotros nunca ordenamos que se pagara un retroactivo, porque el retroactivo ya no es asunto
de la acción de tutela, eso escapaba de la acción de tutela y es que basta mirar la parte resolutiva, de, por
ejemplo, nuestra sentencia, en donde no se menciona por parte alguna retroactivo, solamente incremento de la
mesada pensional, es más, en la última frase de la parte considerativa de nuestra sentencia se dice claramente
incrementar la mesada pensional, resuelve, confirmar la sentencia de primer grado y la sentencia de primer
grado tampoco habló en ningún momento de retroactivo, si ya el retroactivo lo paga el Fondo es una cuestión
de interpretación de ellos, o de equivocación, o no sé, entonces en punto de la responsabilidad que hoy nos
corresponde señor magistrado, seríamos solamente hasta el punto de que ordenamos el reajuste de las
mesadas pensionales, pero nunca echamos para atrás, además no resultaba para nosotros consecuente decir
que era temporal, condicionada la tutela, el amparo de los derechos fundamentales de ella mientras lo
contencioso resolvía y decir por otro lado que le pagaran una suma, nos estamos excediendo en la tutela, la
consideración de la resolución que tomó el Fondo de pagar un retroactivo fue motu proprio, nosotros
no tenemos nada que ver allí, es más, esa resolución fue anterior al fallo de segunda instancia y ese
fallo de segunda instancia ya no podía tocar nada de nada porque la apelación venía encaminada
únicamente a que era improcedente la tutela, la tutela de los derechos fundamentales, pero el retroactivo
no. Rama Judicial: doctor ¿cómo comprobaron la afectación al mínimo vital a la señora Daza de Brito? Luis
Eduardo Manrique Bernal: Sí doctor, porque aportaron los documentos que ella era una persona de 84 años
de edad, que había tenido un problema cardiaco posterior a esa primera acción de tutela, fue posterior,
además de que había sido sometida a una intervención quirúrgica cardiaca y doctor, yo aprendí en la
Universidad Nacional, mi universidad y después he enseñado y enseñé casi cuarenta (40) años en la
universidad que cuando hay discrepancias interpretativas de la ley y de la jurisprudencia se debe optar,
sobretodo cuando se trata de personas, de especial protección como una persona anciana enferma de
problemas cardiacos, se debe optar por una interpretación in bonam parten, al razón por la cual yo me
incliné a proyectar que debíamos entender nosotros, nosotros entendíamos que esa señora ante esa nueva
situación de hecho que se plantaba podía aceptar el rompimiento de la cosa juzgada de la anterior tutela y
27
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
Ana Elisa Daza de Brito fue excepcional, en cuanto era una
persona de 84 años que demostró afectaciones cardiopulmonares.
Aunado a ello, el Tribunal edificó la sentencia de segundo grado
en el fallo T-007 de 2006 de la Corte Constitucional, providencia
que era reciente y en la que se resolvió un caso de similitudes
fácticas, en el sentido de acceder al amparo transitorio mientras
en un término de cuatro (4) meses se promovía la acción
correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso, misma
determinación que se adoptó el 16 de mayo de 2006.
Adujo que solamente se ordenó reliquidar la mesada pensional,
por lo que la orden de reconocimiento y pago de retroactivo fue
autónoma de Fonprecon. Así mismo, la vulneración al mínimo vital
se basó en la edad de la accionante y el estado de salud de
gravedad que demostró padecer luego de presentada la primera
tutela, por lo que el Tribunal aplicó una interpretación in bonam
parten y accedió al amparo pedido.
3 Fernando Pareja Explicó que, al dictar el fallo de tutela del 16 de mayo de 2006,
Reinemer92 conocían la sentencia T-110 de 2005, la cual se dictó con ocasión
procedimos de la mejor buena fe y de la mejor voluntad, porque también tuvimos en consideración y yo tuve al
proyectar el fallo en consideración dije qué tal que nosotros neguemos la tutela después de que nos han
presentado la prueba de que es una persona de esa edad, de que tiene problemas cardiacos y que tres, cuatro
días un mes después fallezca y que nosotros dijimos que no, que se espere a que adelante el proceso
contencioso administrativo, entonces yo no podía jugar con esa situación tan grave de que de pronto a nosotros
nos dijeran de que éramos culpables de no haber atendido la situación de gravedad que podía presentarse y
deducirse de su edad y de su estado de salud (…)” (se destaca). Minuto 2:14:11 a 2:25:35. del audio y video de
la audiencia de pruebas.
92 Quien expuso lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “(…) Rama Judicial: ‘existiendo
una decisión de revisión previa para el caso concreto que había determinado la improcedencia de la tutela para
agenciar los reclamos de la señora Daza Brito se requería una carga argumentativa que desvirtuara la cosa
juzgada constitucional que afianzara la segunda tutela como un caso genuino’ en relación con este aparte del
Consejo de Estado en sentencia de reparación directa, en segunda instancia, que condenó a la Rama Judicial
por esta decisión ¿cuál fue la carga argumentativa rigurosa doctor Pareja? Fernando Pareja Reinemer:
Muy bien, efectivamente la demandante en esa acción de tutela ya había intentado dos (2) años antes una
acción de tutela en la que había dio concedido el amparo por el juzgado cuarto penal del circuito de Bogotá en
primera instancia e impugnado ante una Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá la revocó al considerar
improcedente la acción en ese caso que es el mismo trámite en la cual, en revisión, la Corte Constitucional
la seleccionó y mediante la sentencia T-110 de 2005 ratificó lo que había dicho el Tribunal en segunda
instancia sobre la improcedencia y al hacerlo reiteró una línea jurisprudencial en la cual se dice que por
regla general la acción de tutela no es procedente para este tipo de debates en los que hay un problema
de discusión sobre la existencia o no de un derecho y en el que hay que hacer una valoración probatoria
particular. En el caso de la segunda tutela el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá en primera instancia en
el 2006 concedió un amparo transitorio bajo la misma consideración que se había dicho tanto por la anterior
Sala del Tribunal Superior de Bogotá como por la Corte Constitucional en la sentencia T-110 de 2005 de que la
regla general era que no era procedente la acción de tutela y establecía unas excepciones, en esas
excepciones está incluido que cuando por las particularidades de las partes en la tutela se hace
necesario la intervención del juez constitucional en sede de tutela, pero no de un modo definitivo, sino
de un modo transitorio, permitiendo mediante el amparo transitorio que se acuda al juez ordinario de la
causa, para que se resuelva de un modo definitivo y en este caso en el proyecto venía propuesto y
estuvimos de acuerdo, estuve de acuerdo, que la edad de la demandante, 84 años en ese momento, y
su condición de salud, afectado por un problema cardiaco que había ameritado en el año anterior una
intervención con la implementación de un marcapaso, a mí me configuró suficientes elementos para
considerar que esta persona merecía una protección constitucional reforzada y merecía un tratamiento
en el cual era necesario dar por superado de ese modo excepcional y de un modo transitorio de las
particularidades del caso entrar a estudiar de fondo y al hacerlo, y al entrar a estudiar de fondo,
encontramos que había un procedente reciente de enero de ese año, de 2006, que era la sentencia 007
28
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
de una acción de tutela que Daza de Brito había promovido dos
(2) años antes. No obstante, en la referida providencia, la Corte
Constitucional mencionó algunas excepciones a la regla general
de improcedencia de la acción de tutela en materia pensional, lo
que precisamente permitió la intervención transitoria del juez
constitucional en el marco de la segunda acción promovida por la
referida accionante, dada la edad de ella y el estado de salud de
gravedad que presentaba, lo que asemejaba ese litigio al resuelto
por la mencionada Corporación en la sentencia T-007 del 19 de
2006.
Bajo ese contexto, afirmó que, en esencia, la orden de tutela se
fundó en la edad y la salud de la demandante. Aunado a ello,
existía otro mecanismo judicial como lo era la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y ese fue el motivo por el cual el
amparo solo fue de carácter transitorio, aspecto que el funcionario
judicial debe analizar caso a caso.
83. Establecidos los hechos probados en el sub examine, la Sala reitera que la
inobservancia de las leyes, reglamentos y en general de las normas jurídicas es
susceptible de considerarse como generadora de culpa, pero solo puede
catalogarse en la modalidad de grave si tal irregularidad es ostensible o manifiesta,
es decir, es producto de un error de conducta inexcusable en el ordenamiento, de
ahí que el hecho de que una sentencia de tutela sea revocada en sede de revisión
por parte de la Constitucional no significa, per se, que el comportamiento del
del 19 de enero de ese año, del 2006, en el que era un caso que reunía las mismas características que yo
encontré en este caso, que se refería a la reliquidación de una mesada pensional que ya estaba reconocida,
pedida por la viuda que invocaba la aplicación de la Ley 4 de 1992 y de sus decretos reglamentarios en cuanto
a cuáles eran los ingresos que se debían tener en cuenta para establecer el porcentaje sobre el cual se debía
hacer la reliquidación de la mesada pensional y en esas condiciones yo estuve de acuerdo con el proyecto que
se daba por superada la regla general de que no era procedente la acción de tutela y de que habían suficientes
elementos diferenciador entre las condiciones, siendo la misma demandante, que existían en el 2004 a las que
existían en el 2006, que se referían en este caso particular a la edad y a la condición de salud de la demandante.
Rama Judicial: en razón de lo que acaba de señalar señor Pareja. ¿dígale al despacho cómo es cierto, sí o
no, qué los elementos que se usaron fueron la salud de la señora, la edad de la señora Daza Brito y una posible
afectación en el mínimo vital? Fernando Pareja Reinemer: Fueron en lo fundamental la edad y la condición
de salud de la señora, sí señor, es cierto. Rama Judicial; Gracias doctor ¿tenía usted de pronto conocimiento
de otro mecanismo al que la señora pudo haber accedido para conseguir su reliquidación a las acreencias
laborales de pensión? Fernando Pareja Reinemer: Claro, el mecanismo ordinario para ese propósito es
acudir a lo contencioso administrativo, a esta jurisdicción , en sede de la correspondiente acción hoy
medio de control en esa época la acción judicial de nulidad y restablecimiento del derecho y bajo esa
convicción fue que se concedió el amparo transitorio ordenando únicamente la reliquidación de la
mesada pensional por cuatro (4) meses tiempo en el cual ella tenía que instaurar la acción
correspondiente, la acción ordinaria correspondiente y nos pareció adecuado en ese momento, dado el
precedente en el que nos basábamos, la sentencia T 0007 de 2006, nos pareció adecuada la solución que se
había dado en la primera instancia y por eso en la Sala de decisión estuvimos de acuerdo en confirmar en los
exactos términos en los que había sido concedido ese fallo en primera instancia que se refería únicamente a la
reliquidación de la mesada pensional. Rama Judicial: Al respecto de la reliquidación de la mesada pensional
¿entonces una persona qué adolece de salud y tiene una edad de ancianidad, por ende, ya hay lugar a
reconocerle una reliquidación de pensión. Fernando Pareja Reinemer: No, eso lo tiene que decidir el juez
ordinario competente, nosotros lo que hicimos fue crear unas medidas provisionales de protección mientras el
juez competente, el ordinario, resolvía de fondo al respecto (…)” (se destaca). Minuto 2:36:06 a 2:46:05 del
audio y video de la audiencia de pruebas.
29
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
funcionario judicial que la expidió sea consecuencia de un actuar gravemente
culposo en los términos previstos en la Ley 678 de 2001.
84. Lo anterior, toda vez que la función de revisión eventual de los fallos por parte
de esa Corporación no constituye un tercer grado y, por ende, no tiene como objeto
esencial resolver el caso concreto, en cambio, su fin primordial es unificar
jurisprudencia y verificar que la interpretación y aplicación de los preceptos
fundamentales de los jueces de tutela hubiese sido adecuada a los mandatos
superiores93. En consecuencia, la revocatoria de una providencia en esa sede no
conlleva automáticamente a calificar de negligentes, arbitrarias o caprichosas las
determinaciones adoptadas por los funcionarios de instancia, distinto es que, en
ejercicio de su autonomía y en calidad de guardián de la Constitución Política, la
mencionada Alta Corte establezca cuál de las múltiples aplicaciones de la norma en
una controversia particular es la más ajustada al texto constitucional, sin que ello
lleve a estimar que los demás posibles escenarios son, per se, abiertamente
contrarios al ordenamiento y configuran una grave vulneración a este.
85. A continuación, la Sala determinará si en el presente caso se acreditaron los
requisitos para que se configurara la presunción de culpa grave alegada por la
accionante y, por ende, el requisito del elemento subjetivo en sede de repetición.
86. En el sub lite los accionados alegaron que sí conocían el proceso de tutela
que en el 2004 habían promovido, entre otras personas, Ana Elisa Daza de Brito,
así como el fallo T-110 de 2005 de la Corte Constitucional; sin embargo, toda vez
que los hechos probados en 2006 variaron en comparación con los alegados en la
primera acción constitucional, el amparo era procedente y, por ende, se accedió a
la reliquidación de la pensión, determinación que se fundó principalmente en las
sentencias SU-975 de 2003 y T-007 de 2006 de esa misma Corporación. En
consecuencia, la Subsección determinará la ratio decidendi de dichas providencias,
con el propósito de verificar si el proveído dictado por los demandados resultó
contrapuesto a la jurisprudencia, en especial, a las providencias invocadas por los
accionados.
87. En relación con el primero de dichos fallos, se destaca que la Corte
Constitucional emitió esta determinación en el marco de múltiples acciones de tutela
promovidas por exmagistrados de Altas Corporaciones judiciales que buscaban la
reliquidación de sus mesadas pensionales. Lo expuesto, llevó a que se analizara,
93 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1716 del 12 de diciembre del 2000, C.P.: Carlos Gaviria Díaz,
exp: D-3053.
30
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
entre otros aspectos94, lo relativo a la procedibilidad de ese tipo de peticiones en
sede constitucional, por lo que se explicó que el mecanismo de amparo era
procedente transitoriamente en esa materia, siempre y cuando la ponderación de
todos los factores relevantes para apreciar la existencia de un perjuicio irremediable
llevaran al juez a la convicción que, de no brindarse la protección urgente e
inmediata de los derechos, éstos se verían vulnerados o continuarían siendo
gravemente amenazados.
88. Bajo ese contexto, esa Corporación indicó que la procedencia transitoria de
la tutela sólo estaba justificada bajo la necesidad de brindar amparo apremiante y
temporal a la persona, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
debían concurrir los siguientes parámetros: (i) edad para ser considerado sujeto de
especial protección; (ii) situación física, principalmente la salud; (iii) grado de
afectación de los derechos fundamentales, en especial el mínimo vital; (iv) carga de
la argumentación o de la prueba de dicha afectación; y (v) actividad procesal mínima
desplegada por el interesado.
89. En lo concerniente con la sentencia T-007 de 2006, se advierte que esa
providencia se dictó con ocasión de una acción de tutela interpuesta por una
cónyuge supérstite de un excongresista, distinta a Daza de Brito, a quien se le
sustituyó la respectiva mesada pensional y, en sede constitucional, pretendía la
reliquidación de dicha acreencia en cuantía no inferior al 75% del ingreso mensual
promedio que durante el último año y por todo concepto haya recibido un
parlamentario en ejercicio, en la fecha en que se decretó la pensión, es decir, a
partir del 25 de abril de 1997, con su respectiva retroactividad, reajuste e indexación
a que hubiese lugar.
90. En el citado fallo, la Corte Constitucional reiteró que, por regla general, la
tutela es un mecanismo por medio del cual no es posible obtener el reconocimiento
de mesadas pensionales, al ser un asunto connatural a la discusión sobre derechos
de carácter legal y donde existen otras vías procesales de defensa. No obstante, tal
protección es procedente provisionalmente cuando se acredite que: (i) el interesado
agotó los recursos en sede administrativa ante la entidad responsable del suministro
de la prestación; (ii) se haya hecho uso de los mecanismos judiciales ordinarios para
la satisfacción de la pretensión; (iii) se demuestren las condiciones materiales que
permitan establecer la inminencia de un perjuicio irremediable y, por ende, el
amparo transitorio “(…) como son la condición de persona de la tercera edad y la
94 En esa providencia también se estudió lo referente con la posible vulneración del derecho a la igualdad frente
al trato diferenciado en materia pensional de los exmagistrados de Altas Cortes, en comparación con los
excongresistas, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992.
31
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
vulneración de los derechos a la dignidad humana, la subsistencia en condiciones
dignas, el mínimo vital y la salud en conexidad con el derecho a la vida, y no
simplemente discrepancias jurídicas (…)”; y (iv) se pruebe que formular la
pretensión ante la jurisdicción contenciosa administrativa constituiría una carga
excesiva de acuerdo a sus condiciones particulares.
91. Al resolver el caso concreto, se señaló que, aunque la accionante contaba
con otro mecanismo de defensa ante la jurisdicción contencioso administrativa para
cuestionar las resoluciones por medio de las cuales se denegó la reliquidación de
la mesada pensional, tal vía procesal no era “tan eficaz” como la acción de tutela,
en la medida que no se resolvería en un plazo breve y, por ende, quedaría afectada,
en cuanto no tenía algún ingreso adicional a la mesada pensional sustitutiva y por
sus condiciones de salud requería tratamientos costosos y especiales.
92. En el sub examine se recuerda que, al proferir el fallo de tutela de segundo
grado del 16 de mayo de 2006, los demandados reconocieron que, por regla
general, la tutela no era el mecanismo procedente para reconocer reajustes
pensionales; sin embargo, en virtud de las sentencias SU-975 de 2003 y T-007 del
2006, era posible acceder al amparo constitucional de manera transitoria.
93. Por lo anterior, los accionados consideraron que los parámetros establecidos
por la Corte Constitucional para acceder a la tutela se configuraban en el caso
concreto, para lo cual destacaron que: (i) Ana Elisa Daza de Brito tenía 84 años; (ii)
acreditó un deterioro de su estado de salud por temas cardiacos; (iii) la accionante
cumplía con los requisitos establecidos para el régimen de transición de los
excongresistas; (iv) dadas las particularidades, era una carga desproporcionada
obligarla a que agotara la acción correspondiente ante el contencioso-
administrativo; y (v) en todo caso, tal determinación era de carácter transitorio hasta
que esta jurisdicción se pronunciara al respecto.
94. En ese orden de ideas, la Sala considera que, contrario a lo expuesto por la
parte demandante, los accionados no desatendieron de manera negligente,
arbitraria o caprichosa la normativa que regía la procedencia excepcional de a tutela
en materia pensional, en especial, la sentencia T-110 de 2005, por el contrario,
reconocieron la existencia de tal providencia al delimitar el problema jurídico que
correspondía resolver en segunda instancia, distinto es que consideraron que los
supuestos fácticos y jurídicos que previamente analizó la Corte Constitucional
diferían de los expuestos en la segunda tutela formulada por parte de Ana Elisa
Daza de Brito, en especial, lo referente al estado de salud de la accionante.
32
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
95. Así las cosas, se advierte que la situación fáctica respecto de la primera
acción promovida por Ana Elisa Daza de Brito varió, toda vez que en la segunda
acción de tutela la solicitante presentaba una avanzada edad, así como problemas
cardiacos con efectos precisos, lesión coronaria con puesta de marcapasos,
precisamente esta última circunstancia cambió de manera sustancial en
comparación con la primera solicitud de amparo y llevó a que los demandados
concluyeran que estaban ante un perjuicio irremediable que ameritaba la
intervención apremiante del juez constitucional.
96. En consecuencia, la Subsección destaca que, después de que los
demandados dictaran el fallo de tutela de segundo grado el 16 de mayo de 2006,
esa Corporación profirió la sentencia T-995 de esa misma anualidad, mediante la
cual señaló que el estado de salud demostrado por Daza de Brito no era suficiente
para concluir que existía un perjuicio irremediable que permitía el amparo transitorio;
sin embargo, previamente esa Alta Corte indicó que la edad y la condición física
eran supuestos que permitían establecer la existencia de una afectación que daba
lugar a la configuración de dicho parámetro, según el fallo T-007 de ese mismo año,
el cual, como se explicó, guardó similitud fáctica con el caso que le correspondió
dirimir a los demandados en su calidad de magistrados del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C.
97. Además, aunque la Corte Constitucional reprochó que no existía un perjuicio
irremediable en el caso de la señora Daza de Brito, porque a la actora en sede
constitucional le fue reconocida una mesada pensional, no se puede pasar por alto
que ese mismo órgano de cierre en la última de las citadas providencias -la T-007
de 2006- reconoció la afectación de derechos fundamentales al determinar que el
único ingreso que percibía la demandante en ese caso era justamente la mesada
pensional.
98. Por otra parte, se recuerda que la Corte Constitucional también criticó la falta
de interposición oportuna de la acción judicial pertinente, pero en el fallo de tutela
bajo el cual los demandados sustentaron la sentencia del 16 de mayo de 2006, se
adujo que tal exigencia resultaba desproporcionada de cara a la eficacia ante la
vulneración alegada y, en todo caso, el amparo solicitado solo procedió de manera
transitoria, ese último aspecto fue objeto de análisis por la parte demandada, para
lo cual, se insiste, se tomó como referencia las particularidades del caso concreto,
punto que, en todo caso, no fue refutado por esa Corporación en sede de revisión.
99. Ahora bien, al estudiar el alcance de la providencia dictada por los
accionados, llama la atención de la Sala que la Rama Judicial señalara que ellos
ordenaron a Fonprecon el pago de retroactivo pensional, por cuanto al analizar las
33
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
determinaciones que expresamente el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá
D.C. adoptó en la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2006 95, las
cuales fueron confirmadas en su integridad al proferir el fallo de segundo grado del
16 de mayo de ese mismo año, se advierte que solo se mencionó lo referente a la
reliquidación de la mesada, por lo que se recuerda que una y otra figura son
disimiles96, de ahí que la providencia proferida por los demandados se limitó a
garantizar la protección del derecho fundamental invocado, sin que fuera necesaria
la adopción de alguna otra decisión administrativa adicional.
100. En suma, al margen de que se comparta o no el fallo dictado el 16 de mayo
de 2006 por la parte demandada, la Sala considera que el debate se limitó a un
aspecto meramente interpretativo, en cuanto al analizar el material probatorio y las
particularidades del caso concreto los accionados estimaron que resultaba
suficiente para conceder el amparo solicitado. En contraposición, con posterioridad
la Corte Constitucional advirtió que tales circunstancias no eran suficientes para
acudir, de forma transitoria y excepcional, a la acción de tutela y obtener el reajuste
pensional solicitado.
101. Resulta pertinente recalcar que la actividad jurisdiccional se edifica, entre
otros principios, en la autonomía e independencia judicial97, de los cuales surge la
libertad interpretativa, según la cual, el funcionario judicial puede analizar y aplicar
las normas bajo su propio criterio, sin que ello signifique una libertad absoluta, toda
vez que a este le corresponde velar por no sobrepasar como mínimo tres (3)
aspectos98: (i) el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización
de los principios, derechos y deberes constitucionales; (ii) la jurisprudencia de
unificación dictada por las Altas Cortes; y (iii) la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en sede del control abstracto.
95 En concreto, se indicó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “(…) SEGUNDO:
ORDENAR al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA que en el término de
cinco (5) días calendario, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a reliquidar y cancelar
la pensión de la accionante ANA ELISA DAZA DE BRITO, conforme a lo establecido por la Ley 4 de 1992
en su artículo 17 y parágrafo, y los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, en monto no inferir al 75% del
ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto haya percibido un Congresista en
ejercicio a la fecha en que se reconoció el derecho pensional, esto es, año 2003, incluyendo todos los factores
establecidos por el artículo 5 de Decreto 1359 de 1993, efectiva a partir del 20 de abril de 1995, fecha a partir
de la cual se reconoce en la resolución 1206 de 2003, con sus respectivos reajustes, enviando copia a este
juzgado del acto por medio del cual se da cumplimiento a este fallo (…)” (se destaca). Folio 24 de la citada
sentencia.
96 En efecto, mientras la reliquidación de la mesada pensional hace referencia al cálculo matemático para
determinar el monto mensual de esa acreencia, el retroactivo corresponde al dinero acumulado que se debe
desde la fecha en la que se causó el derecho y hasta cuando se paga por primera vez.
97 Previstos en el artículo 228 de la Constitución Política.
98 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-260 de 22 de abril de 1999, M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz, exp: T-188319.
34
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
102. En ese sentido, se destaca que, de acuerdo con el artículo 230 de la
Constitución Política99, el juez está sometido al imperio de la ley, pero existen otras
fuentes de derecho que deben considerarse, lo que implica acudir a la hermenéutica
para determinar las normas contenidas en dichas fuentes, ejercicio en el que el
funcionario judicial goza de autonomía interpretativa, siempre que exponga las
razones por las cuales adopta determinada decisión y cumpla con la carga
argumentativa correspondiente.
103. En consecuencia, toda vez que la hermenéutica aplicada por los accionados
se fundó en los elementos de juicio allegados por Ana Elisa Daza de Brito, la
Constitución Política, la Ley 4 de 1992, los Decreto 2591 de 1991 y 1359 de 1993 y
la jurisprudencia de esa Corporación, la cual le exigía estudiar las particularidades
del caso concreto para verificar si era necesaria la intervención del juez
constitucional, de tal providencia no se avizora una interpretación torpe, irregular,
caprichosa o arbitraria que lleve a concluir un comportamiento gravemente culposo
por parte de Luis Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez y
Fernando Pareja Reinemer.
104. Asimismo, se destaca que el hecho de que el juez de reparación directa
concluyera que se incurrió en error jurisdiccional al desconocer la cosa juzgada
constitucional y, por ende, la Rama Judicial era patrimonialmente responsable por
el daño alegado por Fonprecon en el marco de ese litigio, tampoco permite
determinar que el actuar de los accionados fue gravemente culposo en los términos
previstos en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.
105. Lo anterior, en cuanto, se reitera, en la presente acción no es posible
extrapolar las consideraciones expuestas por el funcionario judicial que dictó la
sentencia objeto de repetición, de ahí que esa providencia sólo permite establecer
la existencia de una condena patrimonial contra la Administración, pero tal proveído
no se puede tomar como referencia de la conducta personal de los exagentes
demandados, menos aún de las circunstancias, hechos y contexto de su
participación. Al respecto, se recuerda que las consideraciones expuestas por el
juez de reparación directa solo responden a las particularidades de ese litigio, por
lo que no constituyen un raciocino aplicable en el marco de la pretensión de regreso.
106. Además, se recalca que los accionados reconocieron expresamente la
sentencia T-110 de 2005, distinto es que, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, consideraron que las situaciones fácticas alegadas y los
99 “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
35
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
fundamentos de derecho invocados eran distintos a los expuestos en aquella
oportunidad y, por ende, era procedente dictar una providencia diferente, lo que
evidencia que sí se valoró la posible configuración de la cosa juzgada constitucional,
pero se estimó que no resultaba aplicable.
107. Sobre ese punto, al responder el interrogatorio de parte formulado en el sub
júdice, los demandados reconocieron la existencia del referido fallo y la declaratoria
de improcedencia de la acción constitucional frente a la primera acción promovida
por Ana Elisa Daza de Brito, pero justificaron su actuar a la luz del fallo T-007 de
2006 dictado por la Corte Constitucional, el cual a su vez se soportaba en otras
decisiones proferidas por esa Corporación, lo que avizora que tales declaraciones
fueron responsivas y objetivas, por ende, merecedoras de credibilidad en punto a
que el móvil que los llevó a emitir la providencia del 16 de mayo de 2006 fueron las
particularidades del caso concreto, en especial, lo relacionado con la cardiopatía
que la tutelante demostró en sede de tutela.
108. En ese orden de ideas, ante la falta de acreditación de los supuestos
procedentes para aplicar la presunción de culpa grave alegada en el caso concreto,
la Sala concluye que no se demostró el elemento subjetivo endilgado a los
demandados como requisito de procedencia de la acción de repetición y, por ende;
negará las pretensiones de la demanda de la referencia. En consecuencia, la
Subsección se releva de estudiar lo referente a la posibilidad de imputar los
intereses moratorios que la Rama Judicial pagó con ocasión de la condena
patrimonial dictada en su contra, toda vez que cualquier pronunciamiento sobre ese
punto resulta improcedente.
Sobre las costas
109. De conformidad con la sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001100, en
concordancia con el artículo 188 del CPACA, en el presente caso se ventila un
interés público, en cuanto, en sede de repetición, las actuaciones de la entidad
pública demandante están encaminadas a la protección del patrimonio público y,
por ende, la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de
Derecho, motivo por el cual la Subsección no accederá a lo solicitado por la parte
demandada frente a la condena en costas y, en consecuencia, se abstendrá de
imponerle dicho rubro a la accionante.
100 M.P.: Rodrigo Escobar Gil, exp: D-3388.
36
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00104-00 (67003)
Demandante: Nación -Rama Judicial
Demandados: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición
110. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de repetición interpuesta por
la Nación -Rama Judicial contra Luis Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira
Muñoz Martínez y Fernando Pareja Reinemer, según las consideraciones de la
presente providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso, una vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
37
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.