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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00114-00

Fecha
15 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00114-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por las sociedades Allianz Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., contra el laudo arbitral proferido el quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido para dirimir las controversias suscitadas entre estas y el Banco de la República, con ocasión de la Póliza Global de Seguros Bancarios No. 1999, contratada por la entidad con las citadas aseguradoras, en virtud de la cláusula compromisoria acordada por las partes. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a las sociedades Allianz Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de Dieciocho Millones Ciento Setenta Mil Quinientos Veinte Pesos Moneda Corriente ($18.170.520.00 M/Cte.), a favor del Banco de la República. Numeral 1.12.2.3 del acuerdo 1887 de 26 dejunio de 2003. 30 LS TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Arbitramento a través de su Secretaría.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00114-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

15 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN "C"

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación No.: 11001-03-26-000-2021-00114-00 (67041)
Actor: Banco de la República
Demandado: Allianz Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana
S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral Ley -

1563 de 2012

SENTENCIA LAUDO ARBITRAL

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
parte convocada, Allianz Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., contra
el laudo arbitral proferido el quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), por el
Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, constituido para dirimir las controversias suscitadas entre estas y
el Banco de la República, parte convocante.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Las sociedades Allianz Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., por
conducto de sus respectivos apoderados judiciales, formularon conjuntamente recurso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral que puso fin a las diferencias
presentadas con el Banco de la República en el marco de la Póliza Global de Seguros
Bancarios No. 1999, contratada por la entidad con las citadas aseguradoras, en virtud
de la cláusula compromisoria acordada por las partes. La solicitud de anulación se
fundó en las causales 7a y 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

II. ANTECEDENTES1

2.1.- El Banco de la Republica contrató con Seguros Generales Suramericana S.A.,
antes Compañía Suramericana de Seguros S.A., y Allianz Seguros S.A., antes
Aseguradora Colseguros S.A., la Póliza Global de Seguros Bancarios No. 1999, con
vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000.

2.2.- En la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, las partes acorcaron pacto
arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria, en la que convinieron:

Conforme a la información reportada ene! Expediente Digital contenido en la la Sede Electrónica para la Gestion Judicial
-SAMAI-. (Indice No. 2)
1.

4

"Las compañías de una parte y el "Asegurado" de otra, acuerdan someter a la
decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en re/ación con
la presente póliza.

E/ procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989. El fallo
será en derecho y el Tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá."

2.3.- El 18 de julio de 2001 el Banco de la República presentó demanda arbitral ante el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá -la cual fue
reformada el 22 de mayo de 2013-, en la que pidió, como pretensión principal, que se
declarara que las exclusiones contenidas en la condición segunda de las condiciones
generales de la póliza de seguro Global de Seguros Bancarios No. 1999, contratada por
el Banco de la Republica con Seguros Generales Suramericana S.A., antes Compañía
Suramericana de Seguros S.A., y Allianz Seguros S.A., antes Aseguradora Colseguros
S.A., no eran aplicables al Anexo # 11 denominado de Indemnización Profesional, por
tener este anexo sus propias coberturas y exclusiones. En ese sentido, el Banco de la
República consideró que cualquier responsabilidad civil suya surgida de su rol como
autoridad encargada de fijar la fórmula para determinar la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante -UPAC-, debía estar cubierta por el citado Anexo # 11.

2.4.- En el marco del referido proceso arbitral, las firmas demandadas se opusieron a las
pretensiones del Banco de la República, pues, consideraron, que la póliza de seguro
Global de Seguros Bancarios No. 1999 no amparaba la cobertura alegada y, en ese
orden, el 28 de enero de 2013, presentaron demanda de reconvención y propusieron las
siguientes excepciones de mérito: (i) la no exigibilidad de otra conducta respecto del
Banco de la República, para quien era y es imperativo legal realizar los llamamientos en
garantía; (U) inexistencia de la obligación de indemnizar y, por último, (Ui) inexistencia del
incumplimiento del contrato de seguro.

2.5.- Una vez agotado el trámite procesal y practicadas las pruebas decretadas, el panel
profirió el laudo arbitral de fecha 12 de noviembre de 2014, en el que accedió
parcialmente a las pretensiones de las Aseguradoras; no obstante, el Banco de la
República presentó recurso extraordinario de anulación que fue declarado infundado por
el Consejo de Estado en decisión del 8 de junio de 2015.

2.6.- Posteriormente, el Banco de la República promovió una acción de tutela en contra
del laudo arbitral y la sentencia que resolvió el recurso de anulación, la cual fue negada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 26 de
noviembre de 2015. Empero, la Corte Constitucional seleccionó las decisiones en
comento para revisión y profirió la Sentencia SU-556 de fecha 13 de octubre de 2016,
en la que invalidó el laudo arbitral proferido el 12 de noviembre de 2014. Al punto, la
Corte consideró, de una parte, que el primer laudo había incurrido en violaciones del
debido proceso y, en consecuencia, debía invalidarse y, de otra, se abstuvo de resolver
el conflicto entre las partes en torno al contrato de seguros por ser un asunto
eminentemente contractual.

2.7.- El 31 de mayo de 2017 las Aseguradoras presentaron demanda arbitral ante el
Centro de Arbitraje y Conciliación Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, la
cual, fue reformada el día 29 de julio de 2019, y contestada por parte del Banco de la
Republica el 3 de septiembre de esa anualidad, en la que formuló las siguientes
excepciones perentorias: (i) caducidad de la acción; (u) prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro; (Ui) inexistencia de obligación del Banco de la
República con las aseguradoras demandantes y, por último (iv) existencia de mala fe
contractual predicable de la conducta de las aseguradoras al desconocer e ir en contra
de sus propios actos.

2.8.- Por su lado, el 6 de julio de 2017, el Banco de la República por conducto de su
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apoderado judicial, solicitó el desarchive del expediente y la convocatoria de un nuevo
Tribunal Arbitral para dirimir las disputas existentes entre las partes.

2.9.- El 17 de diciembre de 2018, las partes acordaron tramitar la demanda arbitral de
las Aseguradoras de fecha 31 de mayo de 2017 -radicada ante la Superintendencia de
Sociedades- y la solicitud de desarchivo del 6 de julio de esa anualidad, de forma
conjunta ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
y, para tal efecto, nominaron de común acuerdo a los tres árbitros que dirimirían la
controversia, estos son, Sergio Rodríguez Azuero, Antonio Aljure Salame y César Ucrós
Barros. Sobre el particular, las partes señalaron lo siguiente:

"( .•) 1. Con fundamento en lo previsto en el artículo 14 de la ley 1563 de
2012, designar de común acuerdo como árbitros en el Trámite Promovido
por las Aseguradoras y en el Trámite promovido por el Banco, a los
doctores SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO, CÉSAR UCROS BARROS Y
ANTONIO ALJURE SALAME

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la ley 1563 de 2012,
acordar unos honorarios máximos de mil salarios mínimos legales
mensuales legales vigente (1.000 SMLMV) para cada árbitro y de
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV) para
el secretario por sus gestiones en los dos trámites arbitrales. Sin exceder
dicho monto para los dos trámites, los árbitros están facultados para
asignar dentro de cada trámite la suma que consideren apropiada.

3. Las partes facultan expresamente a los árbitros para definir y, si lo
consideran pertinente, unificar, el lugar de funcionamiento del Trámite
Promovido por las Aseguradoras y del Trámite Promovido por el Banco

4.Las partes reconocen que los árbitros cuentan con todas las facultades
que les confiere el pacto arbitral y la ley colombiana para efectos de
conducir el Trámite Arbitral Promovido por el Banco (.4"

2.10.- El Tribunal de Arbitramento se instaló el 25 de febrero de 2019, oportunidad en la
que se designó al doctor Sergio Rodríguez Azuero como presidente del Tribunal, y al
doctor Henry Sanabria Santos como secretario. En esta audiencia se admitió la
demanda de las Aseguradoras y se ordenó que se notificara al Banco de la República,
al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 612 del Código General del Proceso.
También, se admitió la procedencia de la solicitud de desarchivo del expediente
protocolizado en la Notaría 22 del Círculo de Bogotá, mediante escritura pública No.
1665 del 16 de septiembre de 2015, presentada por el Banco de la República, decisión
que fue recurrida por las convocadas y despachada desfavorablemente por el Tribunal.
Por último, el Tribunal analizó los efectos que tuvo la Sentencia SU-556 del 13 de
octubre de 2016 sobre el trámite arbitral, respecto de lo cual señaló que los actos
introductorios, y el acervo probatorio del laudo anulado, guardaban plena validez, por lo
cual el trámite se debería surtir sólo sobre las actuaciones posteriores que fueron
dejadas sin efectos en virtud del precitado fallo.

2.11.- El 5 de junio de 2019, con ocasión de lo decidido en sede de tutela por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-556 de 2016 y, teniendo en cuenta las
particularidades de los dos trámites arbitrales puestos en su conocimiento, el Tribunal
Arbitral decretó su acumulación, decisión que fue recurrida por los apoderados de
Allianz Seguros y Seguros Generales Suramericana, y en providencia del 19 de junio de
esa anualidad, el panel arbitral resolvió confirmarla. Además, teniendo en cuenta que
en el trámite iniciado por el Banco de la República ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ya se habla agotado previamente la
etapa probatoria y sólo se encontraban pendientes los alegatos de conclusión y la
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expedición del laudo arbitral, actuación esta última que fue dejada sin efectos en la
Sentencia Su- 556 de 2016, el Tribunal decidió suspenderlo hasta que el otro trámite
acumulado se encontrara en la misma etapa procesal.

2.12.- El 25 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que
trata el artículo 24 de la ley 1563 de 2012, diligencia que fue declarada fallida por falta
de ánimo conciliatorio entre las partes. Así mismo, el 4 de diciembre de esa anualidad,
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito en el que
manifestó su voluntad de intervenir en el trámite arbitral de conformidad con lo previsto
en los artículos 610 y 611 del Código General del Proceso, para lo cual presentó
excepciones de mérito frente a la reforma de la demanda presentada por Allianz
Seguros S.A. y Seguros Generales Sudamericana S.A. Seguidamente, el panel arbitral
en decisión del 29 de diciembre de 2019, aceptó a la citada Agencia como interviniente
procesal.

2.13.- El día 21 de enero de 2020, se cumplió la primera audiencia de trámite en la que
el Tribunal analizó las controversias puestas en su conocimiento y encontró acreditada
la existencia del pacto arbitral contenido en la cláusula compromisoria que hace parte
de la póliza de seguro global bancario No. 1999; consideró, igualmente, que las
controversias planteadas estaban cobijadas por este acuerdo y, por tanto, resolvió
declararse competente para decidir en derecho las controversias formuladas; no
obstante, contra la decisión anterior el Banco de la República -con la coadyuvancia de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-, interpuso recurso de reposición,
decisión que se mantuvo por parte del tribunal. A continuación, el panel arbitral dictó el
Auto No. 18 en el que decretó las pruebas solicitadas por las partes.

2.14.- una vez concluida la etapa probatoria, se llevó a cabo la Audiencia de Alegatos
de Conclusión referida en el artículo 33 de la Ley 1563 de 2012, para lo cual, las
partes, el agente del Ministerio Público y el representante de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, formularon sus alegaciones en el marco de la audiencia
virtual celebrada el 17 de noviembre de 2020; así mismo, el resumen escrito de sus
intervenciones fue incorporado al proceso.

2.15.- El Tribunal de Arbitramento resolvió, a través de laudo de fecha quince (15) de
febrero de dos mil veintiuno (2021), lo siguiente:

"( ... ) 1. En relación con la demanda principal -versión reformada instaurada por el Banco
de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz Seguros S.A. y
sus excepciones, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá:

PRIMERO.- Declarar la prosperidad de la pretensión tercera y en consecuencia, manifestar
que el Banco de la República cumplió con su deber de información y no ocultó a las
Aseguradoras ninguna circunstancia que hubiera llevado a las mismas a no contratar, o a
hacerlo en condiciones diferentes, el Seguro Global Bancario No. 1999, con vigencia del 30
de junio de 1999 al 30 de junio de 2000. Ante su prosperidad, no hay lugar a realizar
pronunciamiento en relación con la pretensión cuarta, presentada como subsidiaria.

SEGUNDO.- Declarar la prosperidad de la pretensión sexta y en consecuencia, manifestar
que son ineficaces de pleno derecho las expresiones específicas de las cláusulas que
enseguida se identifican, contenidas en el Anexo No. 11 —denominado "de Indemnización
Profesional" de la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, contratada con vigencia del 30
de junio de 1999 al 30 de junio de 2000 por el Banco de la República con Seguros Generales
Suramericana S. A., antes Compañía de Seguros Suramericana S.A., y Allianz Seguros S. A.,
antes Aseguradora Colseguros S. A., así:

En la "cláusula primera", intitulada "RIESGOS CUBIERTOS", el literal a) en el aparte que dice:
"sin exceder del limite asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes
de todo concepto".
En la "cláusula primera", intitulada "RIESGOS CUBIERTOS", el literal c) en el aparte que dice
"durante la vigencia de la póliza".

4

En la "cláusula cuarta", intitulada "LIMITE DE INDEMNIZA ClON", el párrafo primero en el
aparte que dice "y gastos de defensa".
En la "cláusula octava", intitulada 'DEFENSA Y SUS COSTOS Y GASTOS -NO ADMISION
DE RESPONSABILIDAD", el párrafo segundo, que dice: "Los gastos y costos de defensa, se
entienden incluidos dentro del límite asegurado, sin que en ningún caso se exceda de dicho
límite.

TERCERO.- Declararía prosperidad de las pretensiones séptima y octava y en consecuencia,
manifestar que bajo el amparo otorgado por la póliza de seguro global bancario 1999, y en las
proporciones indicadas en la póliza, Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz Seguros
S. A., están en la obligación de indemnizar al Banco de la República, hasta el límite máximo
del valor asegurado, las diversas condenas que puedan ser impuestas en providencias
judiciales ejecutoriadas al Banco de la República, con ocasión de los procesos iniciados y/o
demandas en su contra y de los llamamientos en garantía que con similares fines se han
efectuado respecto del Banco en los que se pretenda el pago de cualquier suma de dinero
derivada de la forma como fijó la metodología para la determinación del UPAC, así como para
el ejercicio de las funciones del Banco en materia monetaria, cambiaría y crediticia, siempre
que se llenen los requisitos previstos en la ley y el contrato; con las precisiones, en los
términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.

CUARTO.- Declarar la prosperidad de la pretensión décima segunda y en consecuencia,
condenar a Seguros Generales Suramericana S. A., antes Compañía Suramericana de
Seguros S. A. y Allianz Seguros S. A., antes Aseguradora Colseguros SA., en proporción del
70% la primera y el 30% la segunda, a pagar al Banco de la República, en exceso de la suma
asegurada, los gastos de defensa para representar sus intereses y las costas judiciales
ocasionados por los procesos adelantados en su contra, que hayan sido autorizados por las
Aseguradoras, en los términos y por las razones indicadas en la parte motiva.

QUINTO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión décima tercera y la prosperidad de
la pretensión décima cuarta y en consecuencia, condenar a Seguros Generales Suramericana
S.A., antes Compañía Suramericana de Seguros S. A. y Allianz Seguros S.A., antes
Aseguradora Colseguros S.A., en proporción del 70% la primera y el 30% la segunda, a pagar
al Banco de la República, la suma de Setecientos treinta y ocho millones seiscientos mil
pesos ($ 738.600.000), valor de los gastos de defensa por honorarios de abogados
contratados para representar sus intereses, en los términos y por las razones indicadas en la
parte motiva de este laudo.
La suma indicada de $ 738.600.000 ya tiene el descuento por la suma de $ 230.000.000 que
había sido pagada al Banco en cumplimiento de su obligación, como se indica en la
pretensión décima cuarta, monto que deberá ser indexado teniendo en cuenta el /PC desde la
fecha en que se hizo el pago y hasta la fecha de este laudo.
Esta suma deberá ser pagada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a
partir de la ejecutoria de este laudo. Vencido este plazo, se causarán intereses moratorias a
la tasa máxima prevista en la ley y hasta el momento en que el pago se verifique
efectivamente.

SEXTO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión décima quinta y en consecuencia,
condenar a Seguros Generales Suramericana S.A., antes Compañía Suramericana de
Seguros S. A. y Allianz Seguros S. A., antes Aseguradora Colseguros S. A., en proporción del
70% la primera y el 30% la segunda, los gastos de defensa que en un futuro incurra el Banco,
siempre que hayan sido aprobados por las Aseguradoras y que se hayan generado como
consecuencia de un reclamo elevado al asegurado, en los términos y por las razones
indicadas en la parte motiva de este laudo.
SÉPTIMO.- Negar las pretensiones primera, segunda, quinta, novena, décima, décima
primera y décima sexta de la demanda principal, en los términos y por las razones indicados
en la parte motiva de este laudo.

OCTAVO.- Se declara probada la excepción denominada "Eficacia y validez de la cláusula de
descubrimiento; la cláusula impugnada no es abusiva"

NOVENO.- Se declaran no probadas las excepciones denominadas "Excepción de
prescripción' "Excepción de violación al debido proceso", "Prescripción de pretensiones
nuevas en el nuevo documento de demanda", "Excepción de prescripción, como
consecuencia de la nulidad del trámite prearbitral"; "Excepción sobre eficacia y validez de las
cláusulas relativas a gastos de defensa y a la oportunidad de la decisión que declare la
negligencia del asegurado", las "Excepciones de inexistencia de cobertura"; "El Banco
conoció los eventos relevantes que invoca en la demanda, antes de contratar el seguro y no
los reveló", "Excepción de riesgo excluido", "El Banco incumplió su deber de evitar la
extensión y propagación del siniestro", en los términos y por las razones indicadas en la parte
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motiva del laudo.

II. En relación con la demanda de reconvención presentada por Seguros Generales
Suramericana S.A. y Allianz Seguros S.A. y sus excepciones, en el trámite ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá:

DÉCIMO.- Declararla prosperidad de las pretensiones primera y segunda y en consecuencia,
declarar que el Banco de la República, como tomador, asegurado y beneficiario, celebró con
la Compañía Suramericana de Seguros S. A., hoy Seguros Generales Suramericana S.A. y
con la Aseguradora Co/seguros S. A., hoy Allianz Seguros S.A., el contrato que consta en la
Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, con vigencia entre el 30 de junio de 1999 y la
misma fecha del año 2000, y que /as partes han estado obligadas, sin límite temporal, por la
condición décima cuarta de las condiciones generales; en los términos y por las razones
indicadas en la parte motiva de este laudo.

DÉCIMO PRIMERO.- Negar las pretensiones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se declaran probadas las excepciones denominadas "La no
exigibilidad de otra conducta respecto del Banco de la República, para quien era y es
imperativo legal realizar los llamamientos en garantía", "Inexistencia de la obligación de
indemnizar" e "Inexistencia de incumplimiento del contrato de seguro", en los términos y por
las razones indicadas en la parte motiva de/laudo.

III. En relación con la demanda principal -versión reformada instaurada por Seguros
Generales Suramericana S.A. y Allianz Seguros S.A. contra el Banco de la República y
sus excepciones, en el Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades:

DÉCIMO TERCERO.- Declarar la prosperidad de las pretensiones primera, segunda y
quinta y en consecuencia, manifestar que desde el mes de febrero de 1999, el Banco
autónoma y libremente definió la estrategia que lo condujo a la contratación de una póliza
global bancaria para la vigencia que iniciaría el 30 de junio de 1999 y planeó, estructuró y
dirigió el proceso de contratación para la expedición de la misma póliza y que el Banco
diligenció autónoma y libremente y entregó los formatos de solicitud de seguro o Pro posal
Forms a los corredores invitados a presentar cotizaciones para la contratación de la póliza;
en los términos y por las razones indicadas en la parte motiva del laudo.

DÉCIMO CUARTO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión tercera y en
consecuencia, manifestar que el Banco exigió requerimientos mínimos para el ofrecimiento
de la póliza y sus anexos, pero su clausulado fue preparado por las aseguradoras; en los
términos y por las razones indicadas en la parte motiva del laudo.

DÉCIMO QUINTO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión sexta y en
consecuencia, manifestar que el banco no solicitó la cobertura de riesgos regulatorios, con
la precisión del Tribunal de que no era necesario hacerlo; en los términos y por las razones
indicadas en la parte motiva del laudo.

DÉCIMO SEXTO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión octava y en
consecuencia, manifestar que el Banco como tomador, asegurado y beneficiario, celebró
con Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz Seguros S. A. el contrato que consta en
la póliza 1999, que incluye, entre otros, el Anexo II, con vigencia entre las 4p.m. del 30 de
junio de 1999 y las 4 p.m. del 30 de junio de 2000, precisando que su prosperidad no se
extiende a entender que la referencia a servicios bancarios desvirtuó o redujo el alcance de
la cobertura de sus funciones regulatorias como este Tribunal lo ha establecido; en los
términos y por las razones indicadas en la parte motiva del laudo.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Declarar la prosperidad de la pretensión novena y en consecuencia,
manifestar que la póliza 1999 y, en particular, su Anexo 11 sobre "indemnización
Profesional" junto con su solicitud de seguro: (i) conforman un solo contrato, que permite
aplicar al Anexo II, las cláusulas generales que no se oponen, en forma directa y precisa a
las reglas del Anexo; (II) incorporan la información provista por el Banco a través de la
solicitud de seguro o Proposal Form específicamente diligenciada por el Banco para dicho
Anexo; y, (iii) reflejan la autonomía e independencia de la póliza respecto de otros contratos
de seguros celebrados antes, simultánea y posteriormente, aun entre las mismas partes,
pero bajo diferentes regímenes constitucionales y legales, en diferentes condiciones de
riesgos y del mercado y en circunstancias distintas; en los términos y por las razones
indicadas en la parte motiva del laudo.

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DÉCIMO OCTAVO.- Declararla prosperidad de la pretensión décima y en consecuencia,
manifestar que para que haya lugar a activar o hacer efectiva la cobertura extendida en la
cláusula primera —Riesgos Cubiertos del Anexo 11 de Responsabilidad Profesional de la
Póliza, y por tanto, para que el Banco tenga derecho a obtener una indemnización por su
responsabilidad legal ante terceros, el Banco debe acreditar el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos en los literales a) al 0 de dicha cláusula, que resulten pertinentes,
con las precisiones y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.

DÉCIMO NOVENO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión décima primera, en el
sentido de manifestar que el Banco no ha acreditado, en este proceso, los requisitos
contemplados en los literales a, b y c de la cláusula 1a del Anexo 11, con las precisiones y
por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.

VIGÉSIMO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión décima cuarta y en
consecuencia, manifestar que el Banco no debería ser condenado en ningún caso en curso
como negligente, pero que, de producirse un fallo en firme que sostenga lo contrario, se
entenderá cumplido este requisito en los términos exigidos por la póliza; con las precisiones
y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Negarlas pretensiones cuarta, séptima, duodécima, décima tercera,
décima quinta, décima sexta, décima séptima, décima octava, vigésima segunda, vigésima
tercera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima
octava, vigésima novena y trigésima, en los términos y por las razones indicadas en la parte
motiva de este laudo.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- No pronunciarse sobre las pretensiones décima novena, vigésima
y vigésima primera; en los términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este
laudo.

VIGÉSIMO TERCERO.- Declarar probada la excepción denominada "Excepción de
inexistencia de toda obligación del Banco de la República con las Aseguradoras
demandantes" en los términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este
,

laudo.

VIGÉSIMO CUARTO.- Declarar no probadas las excepciones denominadas "Caducidad de
la acción", "Excepción de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro", y "La
excepción de existencia de mala fe contractual predicable de la conducta de las
Aseguradoras al desconocer e ir contra sus propios actos" con las precisiones y por las
razones indicadas en la parte motiva de este laudo.

IV. En relación con otras decisiones del tribunal:

VIGÉSIMO QUINTO.- Declarar, que por las razones expuestas en este laudo, no se hace
pronunciamiento sobre las demás excepciones de mérito formuladas por las partes.

VIGÉSIMO SEXTO.- Sin costas para las partes, por lo indicado en la parte motiva del laudo.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Disponer que se expidan copias auténticas del presente Laudo con
destino a cada una de las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado ANDJE, con las constancias de ley.
-

VIGÉSIMO OCTAVO.- Declarar causados los honorarios de los árbitros y del secretario, por
lo que se realizará el pago del saldo en poder del presidente del Tribunal.

VIGÉSIMO NOVENO.- Ordenar que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta
razonada a las partes de lo depositado para honorarios y gastos y que se proceda a
devolver las sumas no utilizadas de esta última partida, si a ello hubiere lugar, según la
liquidación final de gastos

TRIGÉSIMO PRIMERO.- (sic) Disponer que en firme esta providencia, el expediente se
entregue para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá (Art. 47 de la Ley 1563 de 2012)."

2.16.- El 15 de febrero de 2021, los apoderados del Banco de la República, Seguros
Generales Suramericana S.A. y Allianz S.A. solicitaron la adición, corrección y/o
complementación del laudo arbitral proferido el 15 de febrero de esta anualidad. Sobre
el particular, el panel arbitral dictó el Auto No. 12 de fecha 26 de febrero de 2021 -

7

contenido en el Acta No. 9-, en el que negó las solicitudes formuladas por las razones
allí anotadas.

2.17.- El 12 de abril de 2021, los apoderados judiciales de Seguros Generales
Suramericana S.A. y Allianz S.A., presentaron conjuntamente recurso extraordinario de
anulación de laudos arbitrales. Invocaron, para tal propósito, las causales 71 y 8' del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, con el objeto de que esta Corporación decrete la
nulidad del laudo arbitral proferido el 15 de febrero de 2021.

2.18.- El 29 de abril de 2021, el apoderado judicial del Banco de la República, descorrió
el traslado del recurso y se opuso a todas y cada una de las consideraciones expuestas,
por lo que solicitó negar por improcedente el recurso de anulación formulado. Por su
lado, en escrito presentado el treinta (30) de abril de esta anualidad, el representante de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se opuso, igualmente, a la
prosperidad de las causales invocadas y solicitó, en consecuencia, que se declare
infundado el recurso presentado

2.19.- El 6 de mayo de 2021, la representante del Ministerio Público rindió su concepto
por conducto de la Procuradora Primera Judicial II para Asuntos Administrativos, en el
que consideró que el recurso de anulación debía declararse infundado, conforme a los
argumentos allí expuestos.

2.20.- El 22 de junio de 2021, el despacho del magistrado sustanciador dictó auto por el
cual dispuso avocar el conocimiento del recurso extraordinario de anulación formulado
y, en consecuencia, dispuso su notificación a las partes y al agente del Ministerio
Público.

III. LAS CAUSALES DE ANULACIÓN

Las causales invocadas para deprecar la anulación del laudo del Tribunal de
Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, proferido el proferido el quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), son
las previstas en los numerales 7° y 80 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, a saber:
7a Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo" y, "89. Contener el laudo
disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de
palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva
o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral".

IV. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto, la Sala analizará los
siguientes tópicos: (i) La competencia del Consejo de Estado para conocer el presente
asunto;(u) El recurso de anulación de laudos arbitrales, su naturaleza y características,
(iii) Las causales invocadas y el recurso de anulación en el caso concreto; (iv) la
procedencia de la condena en costas.

4.1. Competencia del Consejo de Estado y la facultad de intervención de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos
de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos
celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones
administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe
funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de

8

2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 30 del artículo 46 de la Ley 1563 de
20122 .

En ese orden, el laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una
controversia surgida en el marco de la ejecución de la póliza de seguro [Global de
Seguros Bancarios No. 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de
2000, contratada por el Banco de la Republica con Seguros Generales Suramericana
S. A., antes Compañía Suramericana de Seguros S.A., y Allianz Seguros S.A., antes
Aseguradora Colseguros S. A.

Como el Banco de la República es un órgano autónomo e independiente en la
estructura del Estado colombiano que cumple funciones de Banca Ceñtral, y se
encuentra organizado como persona jurídica de derecho público, ;de rango
constitucional, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y sujeto a un
régimen legal propio establecido en los artículos 371 a 373 de la Constitución Política,
la Ley 31 de 19923 y sus Estatutos contenidos en el Decreto 2520 de 19934,1a Sección
Tercera de esta Corporación es competente para conocer de la presente controversia.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado selencuentra
facultada para intervenir en este proceso según lo previsto en el numeral 1 del artículo
610 del Código General del Proceso, que establece que esta entidad podrá actuar ante
cualquier jurisdicción "como interviniente, en los asuntos donde sea parte tina entidad
pública o donde se considere necesario defender los intereses patrimóniales del
Estado", y tendrá las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o entidades
públicas vinculadas como parte en el respectivo proceso.

4.2. El recurso de anulación de laudos arbitrales, su naturaleza y caractrísticas.

En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado5, ha pecisado la
naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los que ha déstacado lo
siguiente:

(i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente
proceso; (u) la finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión brbitral por
errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comp'ometen la
ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad
procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa yde1 debido
proceso; (iii) mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el
laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in ¡udicando (por violación de leyes
sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustan&al (falta de
aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea),ni plantear

214 Artículo 46, Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será ¿ompetente
(,,,) Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una entidad pública o
quien desempeñe funciones administrativas, será competente la. Sección Tercera de la Sala de lo Cntencioso
Administrativo del Consejo de Estado
"Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones,
el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Bancc y para el
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán
los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones"
"Por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República" a

Sentencia de mayo 15 de 1992 (Expediente 5326); Sentencia de noviembre 12 de 1993 (Expediente 7809); Sentencia de
junio 16 de 1994 (Expediente 675!); Sentencia de octubre 24 de 1996 (Expediente 11632); Sentencia de mayo 1 8 de 2000
(Expediente 17797); Sentencia de agosto 23 de 2001 (Expediente] 9090); Sentencia de junio 20 de 2002 (Expediente
19488); Sentencia dejulio 4 de 2002 (Expediente 21217); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 22,012); Sentencia de
agosto J 0 de 2002 (Expediente 21041); Sentencia de noviembre 25 de 2004 (Expediente.25560); Sentencia de abril 28 de
2005 (Expediente 2581 U; Sentencia dejunio 8 de 2006 (Expediente 32398); Sentencia de diciembre 4 de 2006 (Expediente
32871); Sentencia de marzo 26 de 2008 (Expediente 34071); Sentencia de mayo 21 de 2008 (Expediente 33643); y
Sentencia de mayo 13 de 2009 (Expediente 34525).
9

o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración
de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal,
puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento
y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para
modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios6; (iv) de
manera excepcional, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo si
prospera la causal de incongruencia, al no haberse decidido sobre cuestiones
sometidas al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos
no sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de lo pedido; (y)
los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado "principio
dispositivo"7 , según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y
sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de
las precisas y taxativas causales que la ley consagra8; por tanto, no le es permitido
interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada y,
menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y
sustentación del correspondiente recurso extraordinario de anulación9 y, (vi) dado el
carácter restrictivo que caracteriza el recurso, su procedencia está condicionada a que
se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se
encuentran previstas por la ley para ese efecto"; consecuentemente, el juez de la
anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o
propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley' l.

4.3. Las causales invocadas y el recurso de anulación en el caso concreto 12

4.3.1. Como primera causal de anulación se plantea la de "haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo", contemplada en el numeral 71
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

4.3.1.2. Argumentos de los recurrentes relacionados con la referida causal

A manera de sustentación del cargo formulado con apoyo en esta causal, los
recurrentes sostuvieron, en síntesis, luego de traer a colación algunos precedentes
jurisprudenciales de la Corporación sobre el alcance de la causal 7' de anulación,
que la censura alegada procede en este asunto teniendo en cuenta que, el aparte
del laudo arbitral que decidió sobre la "cláusula de limitación de descubrimiento",
también conocida como la exclusión de circunstancias conocidas, fue una decisión
en conciencia o equidad, dado que están presentes tres de los escenarios bajo los
cuales la jurisprudencia de la Corporación tiene establecido que se configura la
causal de anulación alegada, a saber: la decisión no estuvo fundamentada en la
disposición que regulaba el punto a ser decidido; la decisión careció de
fundamentación probatoria y, por último, porque la falta de motivación es evidente.

En ese orden, recuerdan los recurrentes que la exclusión o cláusula de limitación
de descubrimiento establecida en la cláusula 2.b de las Condiciones Generales de

6 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2017, Expediente No. 58527. MP. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326; en el mismo sentido pueden
consultarse las sentencias de 4 de agosto de 1994, Exp. 6550 y de 16 de junio de 1994. Exp. 675!.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326; en el mismo sentido pueden
consultarse las sentencias de 4 de agosto de 1994, Exp. 6550 y de 16 de junio de 1994, Exp, 675!.
Consejo de Estado, Sección 'tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871.
° Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004. Expediente 25094, entre otras.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp. 3287!. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004. Exp. 25094, entre otras,
12 Conforme a la información reportada en el Expediente Digital contenido en la la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial -SAMAI-, (Indice No. 2)
10

la Póliza No. 1999, excluye de la cobertura del seguro los reclamos que surgen de
circunstancias, hechos u ocurrencias conocidos por el asegurado antes de la
renovación de la póliza y que no fueron informados a la aseguradora. Destacan,
igualmente, que la anterior exclusión es relevante porque en los eventos en los que
la responsabilidad del Banco está amparada por cualquier cobertura de la Póliza
No. 1999, y en particular por el Anexo No. 11 de responsabilidad profesional,
cualquier reclamo relacionado con hechos conocidos por el asegurado y no
informados a las Aseguradoras con anterioridad a la renovación de la póliza no
estarían cubiertos. Por tal razón, en el curso del proceso arbitral ambas partes
solicitaron pronunciamientos en torno a la configuración de la "cláusula de
limitación de descubrimiento".

Señalan que, el Tribunal arbitral descartó la existencia de una reticencia del Banco
y en el primer numeral de la parte resolutiva del laudo declaró que: "(1.) El Banco
cumplió con su deber de información y no ocultó a las Aseguradoras n.nguna
circunstancia que hubiera llevado a las mismas a no contratar, o a hacerlo en
condiciones diferentes, el Seguro Global Bancario No. 1999, con vigencia d& 30 de
junio de 2000." A su vez, en el numeral "Vigésimo primero" de la parte resolutiva
del laudo, el Tribunal rechazó las solicitudes de las Aseguradoras contenidas en
diversas pretensiones, incluidas las relacionadas con la exclusión contenida en la
cláusula de limitación de descubrimiento.

En criterio de las Aseguradoras, la decisión del Tribunal respecto de la exclusión
contenida en la cláusula 2.b de la Condición Segunda de las Condiciones
Generales de la póliza, fue una decisión en conciencia o equidad fundada en el leal
saber y entender de los árbitros, pues la denegación de la pretensión décima
quinta de la reforma a la demanda de las Aseguradoras -que tenía por objeto que el
Tribunal declarara que para el 30 de junio de 1999, el Banco tenía conocimiento de
circunstancias y ocurrencias que, posteriormente, dieron lugar a los reclamos
recibidos por el Banco por parte de los ahorradores del sistema 'JPAC,
relacionados con sus funciones regulatorias y de gobierno, las cuales no fueron
informadas por el Banco a las Aseguradoras-, fue negada por el Tribunal con base
en las consideraciones consignadas en el laudo; no obstante, a su juicic, esos
asertos no explican o expresan, ni implícitamente justifican, por qué razón el
Tribunal encontró que no se había establecido que el Banco tuviera conocimiento
de circunstancias y ocurrencias que, posteriormente, dieron lugar a los reclamos
formulados por los ahorradores del sistema UPAC.

De otro lado, los recurrentes consideran que la decisión del Tribunal respecto de la
exclusión de limitación de descubrimiento fue adoptada al margen no sólo del
contrato, de las pruebas y de las reglas jurídicas sustanciales aplicables, sino
también de las reglas más elementales en disciplina probatoria. Para sustentar este
aserto refieren, en primer lugar, que el panel arbitral al despachar los argumentos
de las aseguradoras, ignoró el contrato de seguro que debía regular la
configuración de la exclusión por lo que la decisión adoptada no era coherente con
el caso examinado. A su juicio, para que el laudo sea en derecho debe existir una
conexión lógica entre las disposiciones invocadas por el árbitro y la parte resolutiva
del laudo. No basta con invocar cualquier norma constitucional, legal o contractual
para considerar el laudo en derecho, sino que la norma o disposición debe ser
coherente con el caso.

En segundo lugar, consideran que el Tribunal decidió —al margen de cualquier
consideración probatoria- que el reclamo no estaba excluido por cuanto el Banco
no tenía conocimiento de que "se hubiera iniciado proceso alguno en el que se
pretendiera una indemnización". En su criterio, la exigencia planteada por el laudo
en este punto para que opere la exclusión no parte de una consideración probatoria

11

en torno a la póliza de seguro o de una interpretación del Tribunal del texto de la
cláusula de limitación de descubrimiento, sino de una postura propia que sin
fundamento o motivación alguna el Tribunal plasmó en la decisión; refieren,
además, que el laudo le impone a las Aseguradoras una carga superior a la del
asegurado al afirmar que estas debieron haber conocido las circunstancias, al
margen que, el juicio del Tribunal no estuvo sustentado en ejercicios de tipo
probatorio, por cuanto el laudo atribuye al carácter público de una decisión efectos
probatorios absolutos, pues parece equiparar una decisión judicial pública con la
noción de hecho notorio.

Por último, sostienen que la decisión respecto de la cláusula de limitación de
descubrimiento fue indebidamente fundamentada por el Tribunal, pues, a su juicio,
esta fue tomada al margen del material probatorio recaudado que demostraba
hechos importantes conocidos por el Banco con anterioridad a la renovación de la
póliza. En ese orden, consideran que el Tribunal de forma manifiesta expidió un
fallo en conciencia negando la configuración de la exclusión, en franca
contradicción con los hallazgos probatorios que, alegan, fueron demostrados de
manera precisa en los alegatos de conclusión y no fueron considerados por el
panel arbitral.

4.3.1.3. Argumentos del Banco de la República

El apoderado del Banco de la República, luego de traer a colación algunas referencias
jurisprudenciales y doctrinales en torno a la interpretación de la causal alegada,
sostuvo, en síntesis, que los recurrentes no lograron acreditar los presupuestos que la
describen, pues se limitaron a discutir la valoración jurídica y probatoria que hizo el
panel arbitral y, en manera alguna, a demostrar las circunstancias que confirmaran que
el laudo se emitió en conciencia y no en derecho como correspondía.

Agregó, que una lectura del laudo arbitral muestra que el Tribunal no se apartó del
marco jurídico; no dejó de dar las razones para justificar el sentido de su decisión, y
jamás prescindió de realizar un concienzudo análisis probatorio. Es por eso que, tal
como ocurre en este caso, si el laudo se basa en la aplicación de disposiciones legales
tanto de derecho sustancial como procesal y en un cuidadoso análisis del material
probatorio, no se puede colegir que se esté fallando en conciencia o en equidad, para
tratar de lograr la invalidación del laudo por el hecho de no gustar el sentido de la
decisión a las recurrentes.

Sostuvo que, los intentos que se realizan de buscar por medio de esta causal un nuevo
análisis de la prueba y otro entendimiento hermenéutico de las normas aplicadas,
siempre han chocado con la posición atinente a que no es objeto del recurso de
anulación llevar a un nuevo estudio de esos aspectos, por carecer de competencia la
justicia ordinaria y •contenciosa para involucrarse en el campo del análisis "in
¡udicando", por ser el proceso arbitral de única instancia. En ese sentido, puntualizó
que las extensas manifestaciones formuladas por los recurrentes buscan involucrar al
fallador del recurso en el campo propio del juez ad quem, lo que no es el objeto de la
anulación y menos cuando los cuestionamientos no son integrales, pues se enfocan
respecto de apartes del laudo que no gustan a las Aseguradoras.

Sostuvo, finalmente, que la fundamentación de la causal alegada es la propia de un
alegato de segunda instancia, pues, a su juicio, se pretende cuestionar por supuestas
fallas "in iudicando", los criterios y análisis probatorios plasmados en el laudo y es así
como en el aparte de memorial intitulado "3. Demostración del cargo", se desarrolla un
alegato de segunda instancia en el que los recurrentes pretenden replantear el conflicto
ante esta Corporación, lo que no es pertinente, debido a los alcances propios de este

12

recurso extraordinario; en consecuencia, solicita negar el cargo alegado y condenar en
costas a los recurrentes.

4.3.1.4. Argumentos del Ministerio Público relacionados con esta causal

El agente del Ministerio Público consideró, en síntesis, luego de hacer referencia al
marco jurisprudencia¡ que regula la causal 7a de anulación, que esta no se configuró en
el presente caso porque el laudo impugnado hizo expresa referencia al régimen jurídico
aplicable a la controversia y, en particular, a lo atinente a la cláusula de exclusión a la
que se refieren los recurrentes, sino que, además, determinó que el Banco de la
República no omitió a las aseguradoras información con base en el análisis jurídico y
probatorio efectuado en varios apartes del laudo impugnado. En ese orden, señaló que
no es cierto que el Tribunal no diera a conocer o explicara las razones por las cuales
encontró que no se había establecido que el Banco de la República tuviera
conocimiento de las circunstancias que, posteriormente, dieron lugar a reclamos
formulados por los ahorradores del sistema UPAC.

Frente a la supuesta omisión en el análisis, valoración y motivación probatoria, señaló
que, a su juicio, lo que pretenden los recurrentes es que se efectúe un nuevo estudio
de fondo sobre la temática expuesta conforme a la interpretación que estos consideran
es válida, aspecto que desborda el alcance del recurso de anulación.

Por último, destacó que a través del recurso de anulación no es procedente estudiar
nuevamente el fondo de la controversia, así como tampoco calificar o modificar los
criterios, motivaciones o valoraciones probatorias expuestas por el tribunal arbitral.

4.3.1.5. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Sostuvo el representante de la Agencia, en síntesis, que la causal invocada por los
recurrentes no está llamada a prosperar ya que esta se soporta en hechos que no
pueden ser materia de análisis por parte del juez de anulación, por cuanto
corresponden a interpretaciones jurídicas y valoraciones probatorias adoptadas y
decididas por el Tribunal, y que tienen que ver con la "clausula de limitación de
descubrimiento" prevista en la póliza global bancaria, análisis que, a su juicio, realizó
juiciosamente el panel y con el que las aseguradoras no están de acuerdo.

Sostuvo que, de la lectura del recurso formulado, se advierte que lo que pretenden los
recurrentes es utilizarlo como una segunda instancia para abrir ante esta Corporación
un nuevo debate jurídico y probatorio, además que, en su criterio, el laudo fue proferido
en derecho pues observó el ordenamiento jurídico y se apegó a la normatividad
sustantiva aplicable a la controversia, además que tuvo una rigurosa valoración
probatoria.

4.3.1.6. Consideraciones de la Sala frente a la causal de anulación planteada

La jurisprudencia de la Corporación ha señalado de tiempo atrás que para predicar si
un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al
resolver el asunto puesto a su consideración dejaron de lado, de manera evidente, las
normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el
expediente13, al basar su decisión de manera exclusiva en su leal saber y entender,
aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada14.

Solo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del que se

Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia de septiembre 14 de 1995. [xp. 10468
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abrí! 27 de 1999 y ti! 16 de 2000. Exp. 15623 y 18411.
13

debe decidir15, o por no contar con razonamientos jurídicos16 , podrá decirse que se
está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si los árbitros resuelven con base en
el ordenamiento jurídico, fundado en el análisis y valoración de las pruebas allegadas
de manera oportuna al proceso y conforme a las reglas de la sana crítica, ese
pronunciamiento será en derecho 17. Al respecto, la Sala ha precisado que:

"(..) sólo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en forma ostensible, el
marco jurídico que debe acatar para basarse en /a mora equidad podrá asimilarse a un
fallo en conciencia y que, si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el
derecho disputado con apoyo en e/ acervo probatorio y en /as reglas de la sana crítica,
ese fa/lo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al
conjunto de todos"18.
Así mismo, la jurisprudencia de la Corporación indica que se ha fallado en conciencia
cuando se decide sin pruebas de los hechos que sustentan las pretensiones o las
excepciones, es decir, sin tener en consideración las pruebas que obran en el plenario.
Sobre el particular, señaló lo siguiente:

"( ...) silos árbitros conculcan en forma íntegra el recaudo probatorio del proceso
arbitral para consultar su propia verdad, dejarán en el ambiente un
pronunciamiento en conciencia en la antesala de la decisión y entonces en la
motivación del fallo, los miembros del Tribunal harán saber a las partes que sus
conclusiones no tuvieron su origen en el procedimiento probatorio"19.

En este sentido, el simple desacuerdo de las partes con las razones y valoraciones
hechas por el tribunal al proferir el laudo, en manera alguna configura un fallo en
conciencia, ni faculta la procedencia de la causal, al tenerse en cuenta que el recurso
extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda
instancia20, razón por la que no es admisible replantear el debate sobre el fondo del
proceso, ni podrán revocarse determinaciones del Tribunal de Arbitramento fundadas
en la aplicación de la ley sustancial o por la existencia de errores de hecho o de
derecho, al valorar las pruebas en el caso concreto21.

Ahora bien, los recurrentes consideran que el laudo se profirió en conciencia o equidad,
puesto que, a su juicio, el aparte del laudo arbitral que decidió sobre la "cláusula de
limitación de descubrimiento", también conocida como la exclusión de circunstancias
conocidas, no estuvo fundamentada en la disposición normativa que regulaba el punto
a ser decidido, careció de fundamentación probatoria y de una debida motivación.

Esta Sala de Subsección, teniendo en consideración las pretensiones de la demanda y
los argumentos expuestos en su contestación, así como las consideraciones y la parte
resolutiva del laudo arbitral, estima que la causal alegada no está llamada a prosperar,
con fundamento en las siguientes razones:

En efecto, esta colegiatura evidencia a partir de la estructura argumentativa del laudo,
que el panel arbitral fundamentó su decisión en normas vigentes y aplicables que
respondieron al objeto de la controversia puesta a su consideración, así como a las
pretensiones y excepciones formuladas por las partes relacionadas con la eficacia de la
cláusula de limitación de descubrimiento.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 18 de 2008. Exp. 34543
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de agosto 9 de 2001, agosto 23 de 2001, febrero 13 de 2006. junio 18 de
2008 (Exp. 19273, 19090, 29704 y 34543).
'
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de! 2016. Exp. 55307.
' 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992. Exp. 6.695.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 1995. Exp. 10.468 y sentencia de 5 de julio de
2006, Exp. 31.887.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Exp. 22.191.
2' Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2017. Exp. 57350

14

En este orden, se observa que el análisis efectuado por el Tribunal de Arbitramento
respecto de la eficacia de la cláusula de limitación de descubrimiento obedeció a un
estudio detenido que inició en el numeral 3.2 del laudo impugnado (Pág. 64 y
siguientes). Al punto, el tribunal arbitral abordó su examen haciendo una breve
referencia a la formación del negocio aseguraticio y a las distintas categorías de
ineficacia existentes en nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de dilucidar si la
cláusula alegada incurre en alguna de ellas. En ese sentido, el panel sostuvo lo
siguiente:

"( .) En su pretensión segunda, el Banco de la República ha dejado en
manos del Tribunal la determinación de la categoría de ineficacia en
sentido amplio que eventualmente sería aplicable a la cláusula segunda
literal b) de la condición segunda de las exclusiones incorporadas en las
condiciones generales ( ... )

( ... ) Por las razones expuestas, la cláusula de limitación de
descubrimiento no se encuadra en ninguna de las categorías de
ineficacia en sentido amplio. En consecuencia, las pretensiones segunda
y quinta de la reforma de la demanda del Banco de la República serán
negadas y la excepción de las Aseguradoras denominada "Excepción
sobre eficacia y validez de la cláusula de limitación de descubrimiento; la
cláusula impugnada no es abusiva" se declarará probada. Además, la
pretensión vigesimosexta de la reforma de la demanda de las
Aseguradoras se despachará desfavorablemente".

Seguidamente, el análisis del laudo abordó lo atinente a la exclusión contenida en la
cláusula 2.b de la Condición Segunda de las Condiciones Generales de la Póliza
Global de Seguros Bancarios No. 1999, contratada por el Banco de la República con
las recurrentes (pág. 94 y siguientes). En ese orden, el panel precisó las posiciones
alegadas por los extremos del proceso, de la siguiente manera:

"( ... ) El Banco de la República en su pretensión tercera -subsidiaria de la
segunda— solicita se declare que esta entidad cumplió a cabalidad con el
deber de información en cabeza suya y que, por lo tanto, no omitió a las
Aseguradoras información alguna que las hubiera llevado a no contratar o
a contratar en condiciones distintas.

Las Aseguradoras aducen que el Banco de la República "tenía
conocimiento de circunstancias y ocurrencias que podrían dar lugar a
reclamos bajo la Póliza, las cuales no fueron comunicadas expresamente
a las Aseguradoras, razón por la cual se configura una exclusión de
responsabilidad`. Para fundamentar su posición sostienen que antes de
la entrada en vigencia de la Póliza Global Bancaria No. 1999 el Banco de
la República podía prever la presentación de reclamos en su contra por el
cálculo del valor de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC).
Esta afirmación la sustentan en lo siguiente`:

• La expedición de dos decisiones de alta importancia de cara al
ejercicio de las funciones regulatorias del Banco de la República
que, a juicio de las Aseguradoras, debieron haber sido
informadas. Estas decisiones son (i) la sentencia del 21 de mayo
de 1999, Rad. 9280 del Consejo de Estado, por medio de la cual
se declaró la nulidad del articulo 11 de la Resolución No. 18 de
1995 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República y
(ii) la sentencia proferida por la Corte Constitucional, C-383 del 27

"Nota Origina!: Alegatos de conclusión de las Aseguradoras, p. lo.
23
Nota Original: Alegatos de conclusión de las Aseguradoras, p. 36 y 37
15

de mayo de 1999, que declaró la inexequibilidad de un aparte del
ya citado articulo 16, literal O de la Ley 31 de 1992.
• Deudores UPAC presentaron al Banco de la República
comunicaciones en donde manifestaban que se les estaba
causando un daño como consecuencia de la fórmula para el
cálculo de la UPAC establecida por el Banco.
• Solicitudes de revocatoria directa por parte de quienes
posteriormente fungieron como demandantes o coadyuvantes en
las demandas en contra de las resoluciones externas del Banco
de la República por medio de las cuales se determinaba la fórmula
para calcularla UPAC.
• Derechos de petición presentados ante la Junta Directiva del
Banco de la República solicitando copias auténticas de las
resoluciones externas del Banco que regulaban la fórmula para
calcularla UPAC. e
• La gestión de la Junta Directiva del Banco de la República dirigida
a mitigar el impacto de las resoluciones por medio de las cuales
se estableció la fórmula para el cálculo de la UPAC (.4"

Luego, el Tribunal Arbitral abordó el análisis de la Póliza Global Bancaria No. 1999,
particularmente su anexo No. 11 "De Indemnización Profesional", y concluyó que esta
"ampara el riesgo derivado de la responsabilidad legal del tomador ante terceros,
originada en 'la prestación de los Servicios Bancarios por parte del 'Asegurado' tal y
como se describen en el formulario de solicitud (PROPOSAL FORM)", siempre y
cuando se cumplan otras condiciones especificadas en la póliza".

Destacó, igualmente, que al "margen de la discusión relativa a si las funciones
regulatorias del Banco de la República estaban incluidas en este amparo —problemática
que se definió desde un comienzo concluyendo que lo están-, es menester de este
Tribunal entrar a analizar si, de acuerdo con el material probatorio arribado al plenario,
puede entenderse configurada esta causal de exclusión de responsabilidad en favor de
las Aseguradoras". En ese orden, el laudo arbitral trajo a consideración las decisiones
emitidas por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional sobre el particular. Al
respecto, se dijo lo siguiente:

"( ...) el Consejo de Estado mediante sentencia del 21 de mayo de 1999,
Red. 9280, declaró la nulidad del artículo 11 de la Resolución No. 18 de
1995 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República. Esta
disposición normativa establecía que el Banco de la República calcularía
el valor en moneda legal de la UPAC con base en la tasa DTF El tenor
literal del artículo es el siguiente:

El Banco de la República calculará (..) el valor en moneda legal de la
Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- equivalente al setenta y
cuatro por ciento (74%) del promedio móvil de la tasa DTF efectiva de
que tratan las Resoluciones 42 de 1988 de la Junta Monetaria y Externa
No. 17 de 1993 de la Junta Directiva (..).

Para acceder a la nulidad solicitada, el Consejo de Estado argumentó
que el Banco de la República no estaba obligado a tener en cuenta la
tasa DTF para el cálculo de la UPAC. Ello, pues el articulo 16 de la Ley
31 de 1992 apenas indicaba que el Banco debía "procurar" la inclusión de
las tasas de interés en el cálculo de la UPAC. Por tal motivo, el
componente predominante —si no el único— que debía tenerse en cuenta
era el /PC ( ... ).

Como puede observarse, el Consejo de Estado declaró la nulidad del
artículo 10 de la Resolución No. 18 de 1995 argumentando la violación
directa del articulo 16 de la Ley 31 de 1992, del artículo 134 del Decreto

16

663 de 1993 y de los artículos 372 y 373 de la Constitución Política de
1991 ( ... )

Por otra parte, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-383 del
27 de mayo de 1999, al examinar la constitucionalidad del ya citado
artículo 16, literal f), de la Ley 31 de 1992, declaróinexequible la previsión
según la cual, al "f(jar la metodología para la determinación de los valores
en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-",
la Junta del Banco procuraría "que ésta también refleje los movimientos
de la tasa de interés en la economía". Para ello, la Corte consideró que el
legislador había invadido la órbita de autonomía de la Junta Directiva del
Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaría y crediticia
y, en tal sentido, se había desconocido el artículo 372 de la Constitución
Política ( ... )

De lo anterior se advierte que, por un lado, el Consejo de Estado declaró
la nulidad del artículo 10 de la Resolución No. 18 de 1995, bajo el
argumento de que el Banco de la República no debió haber tenido en
cuenta la tasa DTF, sino otros factores, como el /PC. Por otro lado, la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 16, literal f), de
la Ley 31 de 1992, advirtiendo que el Banco de la República estaba
obligado a actuar conforme lo hizo, toda vez que fue el Congreso
Nacional el que, invadiendo la autonomía técnica de la Junta Directiva,
conminó a esta autoridad a la utilización de la tasa DTF en el cálculo del
UPAC. ( ... )"

A continuación, el panel arbitral señaló que las decisiones judiciales referidas fueron
proferidas antes de la entrada en vigencia de la Póliza Global Bancaria no. 1999 y su
anexo de Indemnización Profesional y, no obstante, el Banco de la República no
informó a las Aseguradoras de dichas circunstancias. En ese orden, el panel arbitral se
cuestiono' "si el Banco de la República debía poner en conocimiento de las
Aseguradoras las decisiones en comento, para efectos de evitar la configuración de la
exclusión contenida en la cláusula segunda literal b) de la condición segunda de las
exclusiones incorporadas en las condiciones generales, mejor conocida como "cláusula
de limitación de descubrimiento". Al respecto, el laudo sostuvo lo siguiente:

"( ... ) lo primero que debe destacarse es que antes de la entrada en
vigencia de la Póliza Global Bancaria No. 1999, el Banco de la República
no tenía conocimiento de que se hubiera iniciado proceso alguno en el
que se pretendiera una indemnización de perjuicios por la expedición de
la Resolución No. 18 de 1995. En efecto, solo hasta agosto de 1999 el
Banco fue notificado de la acción de grupo promovida por María Eugenia
Jaramillo Escalante y otros en su contra, la cual, valga decirlo, fue
notificada a las Aseguradoras el 8 de septiembre de 1999 por medio de
su corredor de seguros A 0N24.

En este orden de ideas, antes del 30 de junio de 1999 lo que existía era
una decisión del Consejo de Estado en la que se había indicado que el
Banco de la República había ejercido de manera irregular sus funciones
regulatorias con la expedición de la Resolución No. 18 de 1995. Sin
embargo, con posterioridad, la Corte Constitucional dio un viraje de 180
grados a esta postura. De hecho, de lo afirmado por la Corte puede
concluirse que el Banco no cometió conducta reprochable alguna; por el
contrario, fue el Congreso Nacional quien, invadiendo la órbita del Banco,
expidió una ley inconstitucional."

24
Nota Original: Comunicación No. USC - 025309 de Jaime Romero Martinez, Director de Unidad de Seguros y
Contratos del Banco a Camilo Saiz Bejarano. Aon Colombia, de septiembre 8 de 1999. Cuaderno de Pruebas No. 20, fi.
7566
17

Con fundamento en este análisis, el panel arbitral remarcó que resultaba lógico 'que el
Banco de la República no hubiera previsto la posibilidad de eventuales imputaciones de
responsabilidad en contra suya. En otros términos, dado el alcance de la sentencia
proferida por la Corte Constitucional, en donde se concluyó que el Banco de la
República había actuado bajo el imperio de la ley, no podía inferirse razonablemente en
ese momento la previsibilidad de algún tipo de acción en contra del Banco como
consecuencia del ejercicio de la función re gulatoria." Con todo, el Tribunal destacó que,
en el interrogatorio de parte rendido por el señor Gonzalo Pérez, representante legal de
Suramericana de Seguros, el deponente confesó "que no era previsible para el Banco
de la República que los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
podían derivar en demandas de responsabilidad contra el Banco". Al punto, se dijo lo
siguiente:

"Y...) Así pues, Suramericana confesó que no existía evidencia de que el
Banco de la República hubiera dejado de hacer una declaración completa
de los hechos relevantes. Por tanto, la respuesta a las preguntas del
proposal form estaba conforme al conocimiento del Banco, sin que le
fuera previsible saber que los fallos de la Corte y el Consejo de Estado de
mayo de 1999 podrían derivarse demandas de responsabilidad contra el
Banco.

Además, las decisiones proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional son de carácter público y general, lo que se traduce en
que las Aseguradoras conocieron o, al menos, debieron haber conocido
su contenido. En efecto, debe recalcarse que el fallo del Consejo de
Estado declaró la nulidad de un acto administrativo de contenido general.
Por su parte, la sentencia de la Corte Constitucional, lejos de ser una
tutela con efectos meramente inter partes, constituye de una sentencia de
constitucionalidad con efectos erga omnes, oponible a todas las personas
y a las autoridades públicas`

El hecho de que hubieran existido comunicaciones por parte de deudores
UPAC en donde manifestaban que se les estaba causando un daño
como consecuencia de la fórmula para el cálculo del UPAC establecida
por el Banco de la República, solicitudes de revocatoria directa de las
resoluciones por medio de las cuales se fó el cálculo de UPAC y
derechos de petición solicitando copias auténticas de dichas resoluciones
no cambia esta conclusión. Esto se debe a que, aun con ello, no era
previsible para el Banco de la República avizorar que se presentarían con
posterioridad demandas en las que se pretendiera su responsabilidad
extracontractual, teniendo en cuenta que su actuación, tal como lo definió
la Corte Constitucional, fue acorde con los mandatos legales. En otras
palabras, el Banco no tenía razones para considerar que su conducta
fuera ilegal y, adicionalmente, su autonomía técnica era tomada como
indiscutible".

Por último, el laudo arbitral precisó que "en las actas de las reuniones de la Junta
Directiva del Banco de la República celebradas en los años 1997, 1998 y 1999 en las
que se analizó el problema del impacto de la Resolución Externa No. 18 de 1995
referente a la UPAC26, no se advierte que el Banco hubiera previsto que terceros
afectados presentaran demandas en su contra pretendiendo una indemnización de
perjuicios derivada de la anulación de la Resolución". Destacó, además, que "en el
concepto elaborado por el señor Arturo Ferrer Carrasco el 2 de marzo de 1999 a
solicitud del Banco, en el que se analizaron los efectos que tendría un fallo de nulidad

25
Nota Original: "La Corte Constitucional, en lo que hace a las normas sometidas a su examen, define, con la fuerza de la
cosa juzgada constitucional, su exequibilidad o incxcquibílidad, total o parcial, con efectos erga omnes y con carácter
obligatorio general, oponible a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna." Corte Constitucional.
Sentencia C-600 de 1998
26
Nota Original: Expediente electrónico, 02. Pruebas, Prueba por informe I3DLR. Documentos allegados con correo
electrónico del 14 dejulio de 2020. Prueba por oficio. Extractos actas de Junta 97-99 punto 5.
18

de la Resolución No. 18, tampoco se observa el planteamiento de esa posibilidad,
máxime cuando, como allí se menciona, el término para impetrar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho había caducado2711. Con fundamento en las anteriores
consideraciones, el panel arbitral concluyó lo siguiente:

"( .) En consecuencia, no quedó probado que el Banco de la República
omitió información a las Aseguradoras. Ello, pues antes de la entrada en
vigencia de la Póliza Global Bancaria No. 1999, no era previsible, en un
curso normal de los acontecimientos y conforme a las reglas de la
experiencia, que se impetrarían acciones de responsabilidad en contra
del Banco, por las razones previamente expuestas. Además, porque, en
todo caso, gran parte de la información que ahora echa de menos las
Aseguradoras era de público conocimiento y amplia difusión nacional, lo
que implica que estas conocieron o debieron haber conocido su
contenido, máxime tratándose de un cliente de suma importancia, con el
que llevaban más de 20 años de relaciones comerciales. ( ... )

Lo anterior permite acceder a la pretensión tercera formulada por el
Banco en su demanda reformada, por lo que no será necesario estudiar
la pretensión cuarta, dado su carácter de subsidiaria de la tercera.
Correlativamente, se desestimarán las pretensiones décima quinta a
décima octava de la reforma de la demanda presentada por las
Aseguradoras en contra del Banco de la República ante el Centro de
Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades. De igual manera, se
declarará no probada la excepción denominada "El Banco conoció los
eventos relevantes que invoca en su demanda, antes de contratar el
seguro; y no los reveló, obrando de buena fe sabía que los reclamos
resultantes no podrían quedar amparados"

Como puede apreciarse, sin dificultad, contrario a lo afirmado por las partes
recurrentes, para la Sala resulta claro que la decisión del Tribunal respecto de la
exclusión contenida en la cláusula 2.b de la Condición Segunda de las Condiciones
Generales de la póliza, abarcó en forma amplia el desarrollo del laudo arbitral
censurado, además que, contó con una argumentación jurídica que soportó lo decidido
y se fundó en los elementos materiales probatorios allegados al plenario, sin que en
esta sede sea procedente entrar a evaluar la pertinencia del análisis jurídico, como
tampoco el mérito que se dio al acervo probatorio, pues ello, tal como se indicó en
precedencia, escapa a las competencias del juez de anulación.

En ese orden, salta a la vista que el laudo arbitral fue proferido con base en el derecho
positivo vigente, dado que cumplió con los presupuestos de esa modalidad arbitral, por
cuanto está estructurado en normas jurídicas, interpretaciones jurisprudenciales y en
las pruebas obrantes en el expediente, sin que sea menester entrar a juzgar en sede de
este recurso extraordinario de anulación el acierto o desacierto de los razonamientos
jurídicos del panel arbitral, de la aplicación de la ley o de la interpretación que hizo o del
mérito que le otorgó al acervo probatorio, pues ello no está previsto dentro de las
causales de anulación de laudos arbitrales.

Para la Sala las apreciaciones y conclusiones del laudo son producto de la
interpretación y aplicación de la ley por parte del juez de anulación coi el fin de
resolver la controversia que le fue sometida a su consideración. Por tanto, esta
circunstancia, por sí misma, no configura la hipótesis de fallo en conciencia o equidad,
puesto que es propio del juez arbitral desentrañar e interpretar el sentido de las reglas
adjetivas que regulan el proceso arbitral y las normas sustantivas que rigen los
derechos pretendidos con el propósito de resolver el conflicto, con base en las reglas

27
Nota Original: Expediente electrónico, 02, Pruebas, Prueba por informe I3DLR. Prueba por oficio, Análisis interno y
resolución IX y corte, punto 4
19

particulares de interpretación previstas en los artículos 1618 al 1624 del Código Civil. Al
punto, la jurisprudencia de la Corporación ha indicado lo siguiente:

"[..] El Consejo de Estado ha sostenido, como criterio básico y constante, que el
fa/lo en derecho debe observar e/ ordenamiento jurídico, de allí que el marco de
referencia sólo está en él. Por esa razón, el juez no sólo se encuentra sometido
a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral, sino a las normas
sustantivas que rigen los derechos pretendidos, no pudiendo conocer sino lo
permitido en la ley. En cambio, cuando el juez decide en conciencia se mueve en
un marco diferente, más amplio, porque, como lo dice la jurisprudencia, cuando
actúa así tiene la facultad de decidir conforme a la equidad o según su leal saber
y entender o verdad sabida y buena fe guardada -ex aequo et bono-. En este
orden de ideas, sólo cuando el fallo deje de lado, de manera evidente, el marco
jurídico que tiene de referencia, podrá asimilarse a un fallo en conciencia. Pero si
el juez adquiere la certeza con apoyo en el ordenamiento jurídico, en el acervo
probatorio y en las reglas de la sana critica, la decisión se dicta en derecho. `

Para esta colegiatura resulta claro que, tanto en la legislación anterior (Decreto 2279 de
1989, compilado en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998), como en vigencia del
Estatuto Arbitral contenido en la Ley 1563 de 2012, el juez del recurso de anulación no
puede entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio, ni establecer si hubo
o no un yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral,
como tampoco el alcance que le imprimió el juzgador arbitral al contenido obligacional
acordado por vía de su interpretación del negocio jurídico.

Ante esa realidad procesal no puede el juez del recurso de anulación entrar a estudiar si
la decisión que adoptó el Tribunal de desestimar las pretensiones décima quinta a
décima octava de la reforma de la demanda presentada por las Aseguradoras en
contra del Banco de la República ante el Centro de Arbitraje de la Superintendencia de
Sociedades, así como de declarar no probada la excepción denominada "El Banco
conoció los eventos relevantes que invoca en su demanda, antes de contratar el
seguro; y no los reveló, obrando de buena fe sabía que los reclamos resultantes no
podrían quedar amparados", se ajustó o no a derecho o si la decisión que tomó se
fundamentó en una interpretación que no estaba acorde con las normas sustantivas,
porque no puede el juez de la anulación, so pretexto de estudiar la causal o causales
invocadas, proceder a decretar la nulidad del laudo procediendo a hacer una
interpretación diferente a la realizada por el Tribunal Arbitral, tal como lo impide el inciso
final del artículo 42 de la Ley 1563 de 201229.

En suma, la Sala considera que el objeto del recurrente con la formulación de esta
causal reconduce a la intervención de esta Corporación en asuntos sustanciales
relativos a cuestionar las consideraciones y valoraciones jurídicas y probatorias
realizadas por el Tribunal de Arbitramento en su laudo, sin demostrar cuáles fueron los
errores estrictamente procesales, aspectos que constituyen, con claridad, errores in
iudicando, razón suficiente para señalar que el cargo expuesto por las aseguradoras
recurrentes no configura la causal de anulación de laudo arbitral prevista en el No. 7 del
articulo 41 de la Ley 1563 de 2012. Conforme a lo anterior el cargo formulado será
despachado desfavorablemente.

4.3.2. Como segunda causal de anulación se plantea la de "Contener el laudo
disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la
parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante
el tribunal arbitral", contemplada en el numeral 80 del artículo 41 de la Ley 1563
2S
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de febrero de 2014, Expediente No. 46779
29
Artículo 41. "[.1 La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni
calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al
adoptar el laudo".
20

de 2012.

4.3.2.1. Argumentos de los recurrentes relacionados con la referida causal

Los recurrentes sostuvieron, en síntesis, que, en relación con las decisiones adoptadas
por el Tribunal Arbitral en materia de reembolso de honorarios, el laudo arbitral
consideró que el Banco de la República tenía derecho al reembolso de estos con
ocasión de la defensa dentro de los procesos de responsabilidad por el UPAC, siempre
que se cumplieran ciertos requisitos. En ese orden, señalaron el Tribunal determinó
que el reembolso de honorarios procedía exclusivamente respecto de aquellos que
hubieran sido aprobados por las Aseguradoras de manera previa a su causación.

Adujeron, igualmente, que el laudo analizó concretamente los gastos de defensa
respecto de los cuales habría resultado acreditado el derecho del Banco de la
República a obtener el reembolso por parte de las Aseguradoras. En este punto, la
decisión arbitral determinó que procedía la orden de reembolso respecto del valor de
los honorarios inicialmente pactados por el Banco con la doctora Adelaida Angel Zea,
"sin tener en cuenta el otrosí que no fue aprobado" y previo descuento del anticipo
realizado por las Aseguradoras.

No obstante, en el numeral quinto de la parte resolutiva del laudo arbitral impugnado, el
Tribunal se pronunció como una condena a cargo de las Aseguradoras por el valor de
los honorarios de la doctora Adelaida Angel Zea con el incremento pactado en el otrosí
a su contrato, equivalente a la suma $ 738.600.000, a pesar de que el mismo panel
arbitral había precisado que su decisión consistía en ordenar el reembolso del saldo de
dichos honorarios, sin considerar el incremento pactado en el otrosí, pues, según la
misma decisión, este no había gozado de aprobación por parte de las Aseguradoras.
Tal antinomia, a juicio de los recurrentes, se traduce en una protuberante contradicción
que se refleja en la parte resolutiva del laudo y que, oportunamente, fue puesta de
presente ante el panel arbitral.

Por último, destacaron que cumplieron oportunamente con la carga contemplada en el
numeral 80 del artículo 41 de la ley 1563 de 2012 y le solicitaron al Tribunal,
alternativamente, corregir el error aritmético contenido en el numeral 50 de la parte
resolutiva del laudo o proceder a la corrección de la providencia; no obstante, el
Tribunal negó esta solicitud por medio del auto No. 12 del 26 de febrero de 2021, con lo
cual, a su juicio, persistió en el error aritmético o por alternación de palabras
oportunamente denunciado por aquellas, situación que estructura la contradicción que
subsiste en el laudo arbitral.

4.3.2.2. Argumentos del Banco de la República

El apoderado del Banco sostuvo, en síntesis, que el alcance de la causal alegada por
los recurrentes establece que las disposiciones contradictorias son aquellas que
contienen decisiones que se contraponen o se excluyen entre sí de tal manera que
resulta imposible su cumplimiento o ejecución; en ese sentido, estas contradicciones
deben encontrarse en la parte resolutiva de la decisión, por lo que, a su juicio, en el
presente caso no se configura la causal pues existe congruencia entre lo pedido en la
demanda, lo discutido en el proceso y lo fallado en el laudo.

Sostuvo, igualmente, que las Aseguradoras pretenden disfrazar con este recurso su
inconformidad con un aspecto de fondo y sustancial del laudo, con un errcr aritmético
inexistente. En efecto, señaló que, de la simple lectura del numeral quinto de la parte
resolutiva del laudo impugnado, es imposible inferir un error aritmético o palabra o frase
oscura o ininteligible que haga confusa la orden del Tribunal, pues con claridad

21

absoluta ahí se señala que se condena a las aseguradoras a pagar la suma de
$738.600.000, monto que está soportado en los razonamientos contenidos en la parte
motiva del laudo con los que existe absoluta coincidencia.

Agregó que, dado que la causal que se estudia requiere que dentro de los cinco días
siguientes al proferimiento del laudo se hubieren alegado los errores o contradicciones
ante el Tribunal porque, si hubiere lugar a hacerlo, este debe tener la ocasión de
enmendarlos, así lo hicieron las aseguradoras y el Tribunal en auto de febrero 26 de
2021 explicitó aún más las razones por las que llegó a esa cifra, las que evidencian que
no existe contradicción o incongruencia alguna.

Sostuvo que los recurrentes no pretenden la corrección de un error aritmético, sino que
se entienda que una porción de los honorarios pagados a la Dra. Adelaida Ángel,
aceptados por el Tribunal, sea revocada vía recurso de anulación, que se varíe la
motivación para llegar a dicha cifra y se excluya lo que el Tribunal incluyó, lo que
denota que en realidad lo que se hace es atacar el fondo de la decisión, campo vedado
al recurso de anulación.

Por último, destacó que la condena impuesta a las aseguradoras fue pagada por estas
y las operaciones de actualización sobre el capital señalado, fueron realizadas por ellas
y aceptadas por el Banco, sin que hayan evidenciado reparo alguno al monto del
capital establecido y sobre todo a los valores correspondientes al contrato de la Dra.
Adelaida Angel para efectos del pago realizado.

4.3.2.3. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público sostuvo, luego de traer a colación algunas posturas
jurisprudenciales sobre el alcance de la causal de anulación formulada, que, a su juicio,
la censura propuesta no está llamada a prosperar teniendo en consideración que, si
bien los recurrentes cumplieron con el requisito de procedibilidad en el sentido de
solicitar al panel arbitral la corrección del error aritmético alegado, lo cierto es que el
alcance de esta causal se limita a corregir alguna operación matemática efectuada de
manera equívoca en la decisión, más no a la interpretación jurídica respecto del asunto
sometido a su consideración, pues ello implicaría estudiar nuevamente el fondo de la
controversia.

En ese orden, consideró que no se evidencia la presencia del error aritmético alegado,
sino que, por el contrario, al revisar el fundamento de la causal invocada se observa
que los recurrentes consideran que se presenta dicho error debido a que el Tribunal
decidió que la obligación a cargo de las Aseguradoras sería determinada deduciendo
del valor inicial del contrato con la doctora Ángel, el monto entregado al Banco a título
de anticipo por las aseguradoras e igualmente que como no obraba prueba en el
expediente de la aprobación por parte de las Aseguradoras del otrosí en el que se
adicionó el contrato de la citada abogada, el valor de este no podría ser incluido,
aspectos que, claramente, corresponden a una inconformidad de los recurrentes con el
sentido de la decisión y no a un error aritmético.

4.3.2.4. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Señala el representante de la Agencia estatal, en síntesis, que la causal invocada por
los recurrentes no está llamada a prosperar ya que no existe error aritmético alguno en
la parte resolutiva ni en la parte motiva del laudo. A su juicio, lo que existe es una
inconformidad de los recurrentes por el hecho de haberse tenido en cuenta, para el
cálculo de la indemnización que le corresponde al Banco por la legítima afectación del
amparo de Gastos de Defensa, valores con los que no están de acuerdo y que,
además, alegaron equivocadamente en su escrito de solicitud de aclaración, corrección

22

y complementación del laudo, pedimento que fue despachado desfavorablemente por
el panel arbitral.

4.3.2.5. Análisis de la Sala en relación con la causal alegada

La causal contenida en el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 -que estaba
prevista en términos similares en el numeral 70 del artículo 163 del Decreto 1818 de
1998-, se configura con cualquiera de los siguientes supuestos fácticos: (i)
disposiciones contradictorias; (U) errores aritméticos y, (iU) yerros por omisión,
alteración o cambio de palabras en el laudo30.

Para que la causal de anulación sea procedente, el Estatuto Arbitral estableció dos
requisitos de procedibilidad: (i) que la contradicción, el error matemático o el cambio de
palabras estuvieran contenidos en la parte resolutiva del laudo o incidieran
directamente en ella y, (u) que las irregularidades se hubieran alegado ante el tribunal
arbitral dentro de la oportunidad legal para solicitar su aclaración y/o corrección.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que la causal no se
presenta cuando el tribunal hubiese valorado de forma contradictoria los medios de
prueba del proceso"; tampoco permite que se censure el laudo para controvertir su
parte motiva con base en el argumento de que incide en la parte resolutiva32.

En efecto, lo anterior implicaría que el Consejo de Estado en desarrollo del recurso de
anulación pudiera juzgar la valoración probatoria o los criterios que tuvo el panel arbitral
tanto frente a las pruebas como a las normas aplicables, aspecto que iría en contra de
lo previsto en el inciso 4 del articulo 42 de la Ley 1563 de 2012, que establece que:
"( ...) la autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo
de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo".

La necesidad de precisar este aspecto ha merecido pronunciamientos de la
jurisprudencia de la Corporación en los que se ha precisado que, "mediante este
recurso no es posible impugnar el laudo por aspectos de mérito o de fondo, ni plantear
o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la va/oración
de las pruebas o conclusiones adoptadas por el respectivo Tribunal' 03.

Por último, en el evento que prospere esta causal de anulación no da lugar a la
invalidación del laudo sino a su corrección, pues así lo prevé el inciso primero del
artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, que determina que "cuando prospere cualquiera de
las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad
del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará".

Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en precedencia,
corresponde ahora determinar si en el Sub-lite se configuró la causal 8a de anulación
alegada por los apoderados de las Aseguradoras. Al punto, los recurrentes soportan
esta causal con la presentación detallada de una serie de argumentos, medios de
prueba y consideraciones que, en su entender, el tribunal arbitral omitió al momento de
proferir el laudo arbitral y que le habrían permitido tomar una decisión distirta a la que
finalmente adoptó, en lo atinente a la tasación del monto correspondiente al reembolso
de honorarios.

°
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Exp. 38621 y Sentencia del 13 de abril de
2015. Exp. 52556.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de julio de 2002. Exp. 22.195.
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 32.986.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Exp. 32.871.
23

Por su parte, el apoderado del Banco de la República señaló que la causal no está
llamada a prosperar, pues, en su opinión, existe congruencia entre lo pedido en la
demanda, lo discutido en el proceso y lo fallado en el laudo, además que, a su juicio,
las Aseguradoras pretenden disfrazar con este recurso su inconformidad con un
aspecto sustancial del laudo arbitral a través de un supuesto error aritmético. Esta
postura es respaldada por el agente del Ministerio Público y el representante de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien, agregó, que este mismo
reproche fue rechazado por el panel arbitral al momento de resolver la solicitud de
aclaración, corrección y complementación del laudo que formularon los hoy
recurrentes.

Ahora bien, como se expuso en precedencia, la causal 8a de anulación consagrada en
el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 establece unos requisitos de procedibilidad en los
siguientes términos: "( ... ) 8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores
aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre
que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido
alegados oportunamente ante el tribunal arbitral". (Subraya fuera del texto original)

Como puede observarse, constituye un requisito necesario que la parte interesada,
previa interposición del recurso de anulación, haya protestado la contradicción o el
yerro ante el tribunal de arbitramento y que esta se encuentre en la parte resolutiva o
influya en ella. En el Sub-lite, la Sala evidencia que las Aseguradoras solicitaron al
Tribunal corregir el presunto error aritmético contenido en el numeral 5° de la parte
resolutiva del laudo de fecha 15 de febrero de 2021 y, en ese sentido, formularon los
mismos argumentos que sirven de fundamento de la causal invocada en el recurso de
anulación. Al punto, señalaron lo siguiente:

"( .•) 21. Para decidir sobre la pretensión 120 de la demanda reformada del
Banco, el Tribunal consideró: "Sin embargo, no obra prueba en el expediente
que de cuenta de la aprobación de las Aseguradoras sobre el restante de los
contratos, ni tampoco conducta de las Aseguradoras que incline la balanza hacia
esa interpretación. Es más, se recalca que el contrato celebrado con la doctora
Adelaida Angel Zea fue adicionado mediante un otros!, sin que exista prueba de
la aprobación de las Aseguradoras sobre esa modificación. En consecuencia, es
obligación de las Aseguradoras cubrir los gastos de defensa restantes y
previamente aprobados por ellas, que equivaldría al saldo del contrato celebrado
con la doctora Adelaida Angel Zea —sin tener en cuenta el otrosí que no fue
aprobado-." (P. 224 del Laudo).

22. En consecuencia, el Tribunal decidió que la obligación a cargo de las
Aseguradoras sería determinada deduciendo del valor inicial del contrato con la
doctora Ángel, el monto entregado al Banco título de anticipo por las
Aseguradoras. 23. Por su parte, en el numeral 50 de la parte resolutiva del Laudo
se despaché la pretensión en los siguientes términos:

"QUINTO.- Declarar la prosperidad parcial de la pretensión decima
tercera y la prosperidad de la pretensión decima cuarta y en
consecuencia, condenar a Seguros Generales Suramericana S. A.,
antes Companía Suramericana de Seguros S. A. y Allianz Seguros
SA., antes Aseguradora Colseguros S. A., en proporción del 70% la
primera y el 30% la segunda, a pagar al Banco de la República, la
suma de Setecientos treinta y ocho millones seiscientos mil pesos ($
738.600.000), valor de los gastos de defensa por honorarios de
abogados contratados para representar sus intereses, en los
terminos y por las razones indicadas en la parte motiva de este
laudo. La suma indicada de $ 738.600.000 ya tiene el descuento por
la suma de $ 230.000.000 que había sido pagada al Banco en
cumplimiento de su obligación, como se indica en la pretensión
decima cuarta, monto que deberá ser indexado teniendo en cuenta el
24

IPC desde la fecha en que se hizo el pago y hasta la fecha de este
laudo. Esta suma deberá ser pagada dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de este laudo.
Vencido este plazo, se causarán intereses moratorios a la tasa
máxima prevista en la ley y hasta el momento en que el pago se
verifique efectivamente."

24. En adición a establecer la causación de intereses moratorios a la tasa
máxima prevista en la ley después del plazo establecido en el Laudo para el
pago, sin que en la demanda del Banco se hubiera formulado una súplica en ese
sentido, la resolución transcrita además contiene un evidente error aritmético. El
Tribunal determinó que el valor de la condena debería establecerse a partir del
valor inicial del contrato de la doctora Angel Zea. Para tal efecto, considerando
que el valor inicial de dicho contrato ascendió a quinientos millones de pesos
más IVA, la operación aritmética correcta es la siguiente: $500.000.000 * 1,16 =
$560.000.000, cifra de la cual debe restarse el valor del anticipo, lo cual arroja un
saldo de $350.000.000 en lugar de $738.600.000, valor consignado en la parte
resolutiva del Laudo pero que no corresponde al ejercicio matemático que
describe la parte motiva de la decisión.

25. El ejercicio matemático planteado por el Laudo puede corregirse
simplemente utilizando como punto de partida para la operación, la suma de
quinientos millones de pesos del valor inicial del contrato de la doctora Ángel
Zea, el cual aparece consignado en la comunicación del 27 de julio de 2000,
dirigida por la Unidad de Seguros y Contratos del Banco a Suramericana y que
obra en el folio 9 del cuaderno No. 21 de pruebas.

26. Igualmente, a partir de la comunicación del 14 de enero de 2000 de la
Unidad de Seguros y Contratos del Banco de la República se informó a
Suramericana la contratación de la doctora Adelaida Ángel Zea para apoderar al
Banco en las acciones de grupo instauradas en su contra, citada por el Laudo en
la página 224 y en el pie de página 231. Dicha comunicación indica que la suma
de doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000) corresponde al 40% del
valor del Contrato de la doctora Zea. Realizando una regla de tres, el valor del
contrato más IVA asciende a $580.000.000 millones, de los cuales $230.000.000
millones corresponden a un porcentaje del 40% así: $230.000.000 /
$580.000.000 = 0,396, cifra que por aproximación de decimales corresponde al
40%.

27. En consecuencia, resulta evidente que este aparte del Laudo contiene un
error puramente aritmético que deviene además en una contradicción incluida en
la parte resolutiva, el cual debe ser corregido en los términos del artículo 286 del
CGP.

28. De otra parte, si el Tribunal en su ejercicio matemático tomó como referencia
para el cálculo de la condena el valor del contrato de la doctora Angel Zea luego
del reajuste introducido a través del otrosí , como podría inferirse tratando de
buscar una explicación a la cifra a la que arribó el Tribunal, en todo caso
solicitamos proceder como lo indica el mismo artículo 283 del CGP y corregir el
Laudo, pues se habría presentado un cambio o alteración de las cifras utilizadas
como base para liquidar la condena.

29. Estando claramente definido en el Laudo que !a condena sería liquidada a
partir del valor inicial del contrato de la doctora Angel Zea con deducción de
$230.000.000, si el Laudo utilizó otra cifra como punto de partida para su
ejercicio, esta debe ser corregida pues se habría presentado una alteración
involuntaria de los valores ( ... )".

En el Auto No. 12 de fecha 26 de febrero de 2021 -contenido en el Acta No. 9-, el panel
arbitral negó las solicitudes formuladas por las Aseguradoras, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

25

"( ...) Solicitan las Aseguradoras la corrección de/laudo, en lo relacionado con el
plazo establecido en el Laudo para el pago, sin que la demanda del Banco se
hubiere formulado súplica en ese sentido y por el error aritmético que se
cometió.

El Tribunal partió del valor de los honorarios fijados inicia/mente a la Doctora
Adelaida Ángel. Pero como lo suponen los peticionarios en el numeral 28 de su
memorial y resulta claro una vez revisados el documento que aparece a folio 9
del Cuaderno de Pruebas No. 21 y la comunicación del 14 de enero de 2000,
debe entenderse que hubo un acuerdo incluyendo el monto de los honorarios
adicionales que se señalaron ante la necesidad de atender tres nuevas
demandas y 17 llamamientos en garantía.

Así las cosas, el Tribunal ha realizado el cálculo con base en la suma resultante
de agregar al monto de los honorarios iniciales el de la suma prevista en el
otrosí, en ambos casos con el IVA, siguiendo la secuencia que aparece a
continuación:

1.1 Honorarios iniciales $500.000.000 * 1.16 (incluyendo el IVA) = $580.000.000
1.2 $580.000.000- $2300000000 = $350.000.000
1.3 Honorarios otrosí: $335.000.000 *1.16 = $388.600.000
1. 4$350.000.000 + $388.600. 000= $738.600.000.

Suma de $738.600.000 que se confirma como obligada a pagar indexada a
cargo de las Aseguradoras, y que, como tal, no requiere corrección alguna ( ... )".

Siendo así las cosas, la Sala considera que las Aseguradoras cumplieron con el
requisito de procedibilidad de alegar ante el panel arbitral el posible error aritmético
contenido en el numeral 50 de la parte resolutiva del laudo que ahora esbozan con el
recurso de anulación; no obstante, de la lectura de la parte motiva y resolutiva del laudo
impugnado, la Sala no evidencia el supuesto error aritmético o palabra o frase oscura o
ininteligible que haga confusa la orden del Tribunal, tal como pasa a explicarse a
continuación:

Al punto, conviene recordar que -tal como lo sostuvo el agente del Ministerio Público-,
el error aritmético es aquel en el que se incurre al realizar alguna de las cuatro
operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación o división) y, por tanto, al
corregirlo no trae como resultado la modificación de los argumentos o interpretaciones
jurídicas que soportaron la decisión, como tampoco sobre la manera en que el Tribunal
debía realizar los cálculos, fórmulas u operaciones matemáticas aplicables a la
controversia, pues ello implicaría efectuar un nuevo estudio del fondo del asunto.

En ese sentido, de la lectura del artículo quinto del laudo arbitral, la Sala observa que el
Tribunal dispuso declarar la prosperidad parcial de la pretensión decima tercera y la
prosperidad de la pretensión decima cuarta y, en consecuencia, "condenar a Seguros
Generales Suramericana S.A., antes Compañía Suramericana de Seguros S. A. y
Allianz Seguros S. A., antes Aseguradora Colseguros S. A., en proporción del 70% la
primera y el 30% la segunda, a pagar al Banco de la República, la suma de Setecientos
treinta y ocho millones seiscientos mil pesos ($ 738.600.000), valor de los gastos de
defensa por honorarios de abogados contratados para representar sus intereses, en los
términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo (...) La suma
indicada de $ 738.600.000 ya tiene el descuento por la suma de $ 230.000.000 que
había sido pagada al Banco en cumplimiento de su obligación, como se indica en la
pretensión décima cuarta, monto que deberá ser indexado teniendo en cuenta el IPC
desde la fecha en que se hizo el pago y hasta la fecha de este laudo".

26

En perfecta concordancia con lo consignado en la parte resolutiva del laudo arbitral, el
acápite considerativo de la decisión señaló que este valor de condena tiene soporte en
el siguiente análisis:

"(..) En el presente trámite arbitral, el Banco de la República solícita el pago de
la suma de dos mil doscientos setenta y tres millones ciento doce mil doscientos
cuarenta y seis pesos ($1.273. 112.246,00), correspondiente a los honorarios y
costas judiciales en las que ha incurrido el Banco, así como los gastos futuros en
los que tenga que incurrir por este concepto. Como prueba de ello, obra en el
expediente el dictamen contable elaborado por el perito Horacio Ayala34, en el
cual se determinó que:

• El valor de los gastos sufragados por el Banco para atender los distintos
procesos judiciales relacionados con la metodología del cálculo del UPAC
asciende a mil doscientos setenta y ocho millones seiscientos sesenta y cinco
mil novecientos setenta y ocho pesos micte ($1.278.665.978).
• El valor de los gastos sufragados por el Banco para atender los distintos
procesos judiciales relacionados con la metodología del cálculo del UPA C, sin
tener en cuenta los causados después del 22 de mayo de 2013 —fecha de la
reforma de la demanda—, ni los vinculados con el proceso de José Rafael Ariza
Lacouture asciende a mil doscientos un millones ciento noventa mil setecientos
noventa y nueve pesos m/cte $1.201.190.799.
• El valor de los gastos sufragados por el Banco para atender los distintos
procesos judiciales relacionados con la metodología del cálculo del UPAC, sin
tener en cuenta los causados después del 22 de mayo de 2013 —fecha de la
reforma de la demanda—, ni los vinculados con el proceso de José Rafael Ariza
Lacouture, ni los honorarios del doctor Hernán Fabio López, asciende a mil
ciento cincuenta y siete millones cuarenta y nueve mil seiscientos quince pesos
micte ($1.157.049.615).
• El valor máximo de los gastos a sufragar por el Banco para atender los distintos
procesos judiciales relacionados con la metodología del cálculo del UPAC está
dado de acuerdo con el siguiente cuadro:
CONTRATOS HONORAR/os IVA TOTAL
ADELA/DA ÁNGEL ZEA 835.000.000 133.600.000 968.600.000
CIFUENTES Y OH/DIN! ASOCIADOS 70.000.000 1120000 81.200.000
RICARDO HOYOS DUQUE /3.800.000 2 208000 16.008.000
UNIVERSIDAD NACIONAL 25.000.000 . 25.000 000
CARLOS BETANCUR JARAMILLO 11.400.000 1.824.008 13.224.000
SUS 70 TAL 955 200.000 148.832.000 1.104.032.000
LÓPEZ BLANCO HERNÁN FABIO 48.000.000 7.680.000 55680000
TOTAL l.003. 200 000 156.512.000 1.159.712.000

Ahora bien, pasa el Tribunal a examinar si los honorarios profesionales fueron
objeto de aprobación por parte de las Aseguradoras. Por medio de comunicación
del 14 de enero de 2000, la Unidad de Seguros y Contratos del Banco de la
República informó a Suramericana la contratación de la doctora Adelaida Angel
Zea para apoderar al Banco en las acciones de grupo instauradas en su contra;
de la firma Bejarano Cárdenas & Ospina Ltda. para efectos de asesoría en el
asunto; y del doctor Carlos Betancur Jaramillo, igualmente para que brindara su
asesoría en relación con los procesos surgidos de la metodología fijada para el
cálculo del UPA C.

La anterior información fue puesta en conocimiento de los reaseguradores,
quienes rindieron su aprobación de los honorarios legales, circunstancia que fue
comunicada por AON al Banco de la República. En efecto, se observa que
Butcher, Robinson & Sta pies (corredores de reaseguros) remitieron
comunicaciones a AON en donde indicaron su conformidad con los contratos
suscritos por el Banco para la defensa jurídica en los procesos iniciados en su
contra`.

Nota Original: Cuaderno de Pruebas No. 31, fIs. 12385— 12405.
31
Nota Original: Cuaderno de Pruebas No. 26, fi. 284.
36
Nota Original: Comunicaciones sobre el particular obran en el Cuaderno de Pruebas No. 20.
27

Es más, la firma de ajustadores Crawford elaboró un informe para los
reaseguradores37 en el que se afirmó, refiriéndose a la cláusula 81 del apéndice
de Indemnización Profesional, que "el acuerdo del Reasegurador Líder respecto
de incurrir en los costos y gastos de defensa han sido dados. Asimismo, la
responsabilidad de la póliza parece existir en cuanto a los costos de defensa
incurridos por el Banco Central ante la naturaleza y circunstancias de este
asunto".`

Aun cuando existió aprobación de los reaseguradores, debe recordarse que, en
virtud de los principios de autonomía e independencia del contrato de seguro y
de reaseguro, dicha aprobación no necesariamente implica, a su vez, la
aprobación de los aseguradores. Sobre esta última únicamente consta en el
trámite arbitral que Suramericana desembolsó la suma de doscientos treinta
millones de pesos micte ($230. 000.000) para cubrir una parte de los honorarios
causados por el contrato suscrito con la doctora Adelaida Angel Zea. En tal
sentido, podría entenderse, en virtud de los principios de interpretación
contractual, que los honorarios en razón de dicho contrato fueron aprobados.

Sin embargo, no obra prueba en el expediente que dé cuenta de la aprobación
de las Aseguradoras sobre el restante de los contratos, ni tampoco conducta de
las Aseguradoras que incline la balanza hacia esa interpretación. Es más, se
recalca que el contrato celebrado con la doctora Adelaida Angel Zea fue
adicionado mediante un otrosí, sin que exista prueba de la aprobación de las
Aseguradoras sobre esa modificación. En consecuencia, es obligación de las
Aseguradoras cubrir los gastos de defensa restantes y previamente aprobados
por ellas, que equivaldría al saldo del contrato celebrado con la doctora Adelaida
Ángel Zea —sin tener en cuenta el otrosí que no fue aprobado-.

Ahora, con respecto a los gastos futuros en los que incurra el Banco de la
República para la defensa de sus intereses al interior de los procesos
instaurados en su contra por terceros afectados por la metodología de cálculo de
la UPAC fijada por esta institución, debe mencionarse que estos procederán,
siempre que hayan sido aprobados previamente por las Aseguradoras y que
exista un reclamo en contra del Banco. Esto se debe a que, como se explicó,
para el pago de los gastos de defensa no es necesario que se pruebe la
configuración de un siniestro ( ... )".

Como puede apreciarse, sin dificultad, el Tribunal arbitral para llegar al valor de
condena sostuvo que, únicamente, tendría en cuenta el valor de los honorarios
pagados a la Dra. Adelaida Angel Zea, esto es, la suma de $968.600.000, menos el
anticipo a ella desembolsado por las aseguradoras, es decir, la suma de $230.000.000,
de manera tal que al efectuar esta operación matemática arroja la suma de
$738.600.000, valor que coincide expresamente con lo consignado en el artículo quinto
del laudo arbitral de fecha 25 de febrero de 2021; por tanto, no se evidencia la
existencia de un error aritmético o incongruencia alguna con las decisiones adoptadas
por el Tribunal Arbitral en materia de reembolso de honorarios como lo alegaron los
recurrentes.

En efecto, la contradicción que prescribe la ley como supuesto de procedencia de la
causal de anulación de que trata el numeral 8° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
debe tener lugar entre preceptos o enunciados que se encuentren en la parte resolutiva
del laudo, de modo que se trate de órdenes enfrentadas e incompatibles entre sí que
dificulten o impidan la comprensión intersubjetiva de lo sentenciado por el Tribunal
arbitral. Este entendimiento, como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia
de la Sala 39, excluye de suyo la posibilidad de alegar una contradicción entre las partes

Nora Original: Cuaderno de Pruebas No. 26. fis. 286 y ss.
38 Nota Original: Se aclara que la referencia a la aprobación de los reaseguradores se realiza con el fin de ilustrar las
razones tenidas en cuenta por las Aseguradoras para impartir la aprobación de los gastos de defensa
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2017, Exp. 58677 y Sentencia del 27 de noviembre de
2017, Exp. 59913.
28

considerativa y resolutiva del laudo o de proponer un debate dirigido a reabrir la
valoración probatoria o los criterios que tuvo el tribunal frente al derecho positivo
aplicable al asunto, salvo cuando expresamente la parte resolutiva reenvía a una
decisión que se adoptó en las consideraciones y surja de ello una incompatibilidad de
entendimientos.

Con todo y lo anterior, esta colegiatura observa que los argumentos que soportaron la
causal invocada por los recurrentes tienen que ver con el hecho de que el panel arbitral
dispuso que la obligación a cargo de las aseguradoras sería determinada por la
deducción del valor inicial del contrato suscrito con la abogada Adelaida Angel Zea del
monto entregado al Banco de la República a título de anticipo por pa-te de las
Aseguradoras y, como en la actuación no obraba prueba de la aprobación por parte de
estas del otrosí con el cual se adicionó el contrato de la referida abogada, el valor de
este no podía ser incluido.

En ese sentido, tal como lo señaló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en su
intervención, además de no existir un error aritmético en el laudo censurado se observa
una evidente inconformidad de las recurrentes por el hecho de haberse tenido en
cuenta para el cálculo de la condena a favor del Banco de la República -por concepto
de los gastos de defensa por honorarios de abogados contratados para representar sus
intereses-, valores con los que no están de acuerdo, reproches que, caramente,
desdibujan la finalidad del recurso extraordinario de anulación, que tiene por objeto
única y exclusivamente el estudio de posibles errores ¡ti procedencia

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección ha sostenido que a la decisión
definitiva de los árbitros se le reconoce un apreciable margen de autonomía y libertad
de apreciación jurídica y probatoria, de suerte que en este ámbito no son de recibo los
argumentos que esgrimen o dejan entrever el desacuerdo con la determinación
adoptada, con su motivación o con el valor asignado por los árbitros a las pruebas
recaudadas, o siquiera manifestando equivocaciones en lo laudado. Como se sabe el
juez de anulación no desarrolla una segunda instancia, ni puede reexaminar las
pruebas en búsqueda de errores in iudicando40.

En este orden, para que la Sala pudiera resolver el cargo de anulación oropuesto,
debería entrar a revisar los criterios, valoraciones probatorias o interpretaciones que
ofreció el panel arbitral sobre la materia tratada, además de juzgar y calificar los
mismos; aspectos que están legal y expresamente marginados del alcance ce¡ recurso
de anulación conforme lo prevé el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.

Por tanto, como el cargo analizado plantea, en esencia, un reproche que cuestiona la
motivación que le dio el Tribunal a este punto de la controversia, la Sala despachará
desfavorablemente la causal de anulación objeto de análisis, en el entendido que los
reparos formulados desnaturalizan la finalidad del recurso extraordinario de anulación,
que tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales.

En suma, la Sala no encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral,
prevista en el numeral 80 del artículo 41 ejusdem.

V. CONDENA EN COSTAS

40 '.() es claro que la decisión equivocada no se identflca con la decisión en conciencia, de manero que la causal de
anulación citada no puede justificar la revisión de la argumentación jurídica elaborada por el Tribunal de Arbi:ra,nento,
por parte del juez del recurso, De otra manera, so pretexto de su interposición. se abriría paso para desconocer la
convención celebrada por las partes, en el sentido de no acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa,
sometiendo la controversia a la decisión de árbitros, que deben fallar en única instancia." (Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia de! 28 de noviembre de 2002. Exp. 22191).
29

El párrafo final del articulo 43 de la Ley 1563 de 2012, "Por medio de la cual se expide
el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones",
establece lo siguiente:

"Articulo 43. Efectos de la sentencia de anulación. Cuando prospere cualquiera de las
causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del
laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará.
(...)
Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso
haya sido presentado por el Ministerio Público."

En las anteriores condiciones se impone concluir que, como el recurso extraordinario
de anulación interpuesto por las sociedades Allianz Seguros S.A. y Seguros
Generales Suramericana S.A., por cuanto no prosperó la causal invocada, en su
calidad de recurrentes serás condenados en costas.

Por medio del Acuerdo N.° 1887 de 26 de junio de 2003, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se establecieron las tarifas de
agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y se indicó, en relación con el
recurso de anulación de laudos arbitrales, una tarifa de hasta veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes`.

Según los criterios establecidos en el artículo 361 de la Ley 1564 de 2012 (Código
General del Proceso) y el artículo 3 del Acuerdo No. 1887 de 2003, y dado que no se
presentó un hecho extraordinario en el trámite propio del recurso, que hubiese
dificultado el proceso con actuaciones adicionales ni se observan otros gastos, la Sala
fijará a título de costas procesales por concepto de agencias en derecho el equivalente
a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por consiguiente, como el
salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 es de $90852600, las agencias
en derecho ascienden en este caso a la suma de $18.170.520.00 M/Cte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección "C", administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por las sociedades Allianz Seguros S.A. y Seguros Generales
Suramericana S.A., contra el laudo arbitral proferido el quince (15) de febrero de dos
mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido para dirimir las
controversias suscitadas entre estas y el Banco de la República, con ocasión de la
Póliza Global de Seguros Bancarios No. 1999, contratada por la entidad con las
citadas aseguradoras, en virtud de la cláusula compromisoria acordada por las partes.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a las sociedades Allianz Seguros S.A. y
Seguros Generales Suramericana S.A., para lo cual se fija por concepto de agencias
en derecho la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
equivalentes a la suma de Dieciocho Millones Ciento Setenta Mil Quinientos Veinte
Pesos Moneda Corriente ($18.170.520.00 M/Cte.), a favor del Banco de la República.

Numeral 1.12.2.3 del acuerdo 1887 de 26 dejunio de 2003.
30

LS

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
Arbitramento a través de su Secretaría.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JAIME ENRIQUE RODRÍGU7 NAVAS
Presidente de la SíI'a

GUILLE MO SANCkJEZ LUQUE
.—Magustvadø

Magistrado

31

e.

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