Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00116-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00116-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00116-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Demandante: CARLOS ADRÍAN GUILLÉN CHURÍO - CONSEJO
COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS
ARCILLA, CARDÓN Y TUNA DE GUACOCHITO
(CESAR)
Demandado: NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Medio de control: NULIDAD SIMPLE
Asunto: DECLARACIÓN Y DELIMITACIÓN DE RESERVA
ESPECIAL – INEPTITUD SUSTANTIVA PARCIAL DE
LA DEMANDA POR AUSENCIA DE CONCEPTO Y
SUSTENTO DE VIOLACIÓN
Síntesis del caso: se pretende la declaración de nulidad de la Resolución no. 020 de 9 de febrero
de 2018 proferida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), por cuanto, en criterio de la parte
demandante, con ella se desconoció la normatividad aplicable al caso específicamente en
cuanto se refiere a los artículos 1, 7 y 79 constitucionales, 14 (numeral 1) y 23 (numeral 9) de
la Resolución no. 546 de 2017 de la ANM, artículo 97 de la Ley 685 de 2001, y las Leyes 70 de
1993 y 99 de 1993, porque no se tuvieron en cuenta.
Temas: medio de control de nulidad simple – actos administrativos de contenido particular –
área de reserva especial – numeral 4 del artículo 162 del CPACA – ineptitud sustantiva de la
demanda en forma parcial y de oficio.
Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad simple1 formulada por el
señor Carlos Adrián Aguirre Churío en condición de representante legal del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Cardón y Tuna de Guacochito
(Cesar)2 en contra de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 proferida por
la Agencia Nacional de Minería (ANM) que dispone lo siguiente:
1 La demanda fue radicada ante el Juzgado 7 Administrativo Mixto de Valledupar el 25 de marzo de
2021 (documento no. 4 – expediente digital), despacho judicial que por auto de 26 de abril de 2021
remitió por competencia el proceso de la referencia a esta Corporación, en atención a que el objeto
de la demanda es la nulidad de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 proferida por la
Agencia Nacional de Minería (ANM) y el numeral 1 del artículo 149 del CPACA determina que el
competente para conocer de los juicios de nulidad en contra de actos administrativos expedidos por
las autoridades del orden nacional es el Consejo de Estado en única instancia (documento no. 6 –
expediente digital). Por auto del 17 de agosto de 2021 la demanda fue admitida (índice no. 5 SAMAI).
2 Según la constancia de elección e inscripción de la junta del consejo comunitario ante la alcaldía
municipal de Valledupar (Cesar), el señor Carlos Adrián Guillén Churío fue elegido como
representante legal del referido concejo comunitario (fl. 56 cuaderno no. 3 – expediente digital).
2
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
“RESOLUCIÓN NÚMERO 020
(9 de febrero de 2018)
Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial
en los municipios de Urumita-departamento de La Guajira, y de
Valledupar - departamento del Cesar, se identifica la comunidad minera
beneficiada del ARE, se imponen unas obligaciones y se toman otras
determinaciones”
CONSIDERANDO
(…).
La Vicepresidencia de Promoción y fomento de la Agencia Nacional de
Minería, toma la presente decisión basada en los estudios y análisis
efectuados por los profesionales de las áreas técnicas y jurídica del Grupo
de Fomento y con el visto bueno del Gerente de Fomento. Conforme lo
anterior,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar y delimitar como Área de Reserva
Especial, el área localizada en los municipios de Urumita-Departamento
La Guajira y Valledupar – Departamento del Cesar, para la explotación de
material de arrastre (arena y gravas), con el objeto de adelantar estudios
geológico – minero y desarrollar proyectos estratégicos para el país de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 248 de la Ley 685 de
2001, la cual tiene una extensión total de 148.98322 Hectáreas según el
Certificado de Área Libre ANM-CAL-0258-17 y reporta Gráfico ANM-RG-
3637-17, la cual se encuentra delimitada dentro de las siguientes
coordenadas, conforme a la parte motiva:
DESCRIPCIÓN DEL PA PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL
PLANCHA IGAC DEL PA 27
DATUM BOGOTÁ
ORIGEN CENTRAL
MUNICIPIOS URUMITA – GUAJIRA, VALLEDUPAR – CESAR
ÁREA TOTAL 148,98322 Hectáreas
PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
PA - 1 165733.1 1103509.0 N 0° 0´0.0” E 0.0 Mts
(…).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se entienden excluidas del área declarada y
alineada a través del artículo primero de la presente resolución, las zonas
que pertenezcan a títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en
el Registro Minero Nacional y demás zonas excluibles de la minería.
ARTÍCULO TERCERO.- La Agencia Nacional de Minería realizará los
estudios geológico – mineros, aludidos en el artículo 31 de la Ley 685 de
2001.
ARTÍCULO CUARTO.- Establecer como integrantes de la comunidad
minera tradicional, a las personas que se relacionan en la siguiente tabla,
quienes cumplen con los requisitos exigidos en la ley para ser tenidos en
cuenta como mineros tradicionales dentro del área de reserva especial
declarada y delimitada a través del artículo primero de la presente
resolución, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.
3
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
No. Nombre Número de cédula
1 Alfonso Enrique Castilla Romero 12435.265
2 Jorge Enrique Ruiz Yépez 84.107.773
3 Luis Eparquio Romero González 77.181.866
4 Yonidis Enrique Villero Imbrech 12.436.527
5 Ernesto Enrique Chinchia Romero 12.435.224
6 Ílmer Romero Guerra 12.435.295
7 Efraín Antonio Romero Guerra 12.435.297
8 Manuel Germán Romero Cabana 77.034.107
9 Miguel Ángel Medina Cárdenas 88.142.887
10 José Alberto Bermúdez Guerra 77.195.239
11 Nilson Jesús Romero Guerra 77.194.345
12 Emiro José Castilla Campo 77.182.162
13 Dilson Emeider Rondón Guerra 12.436.610
14 Tirso de Jesús Rondón Guerra 7.573.383
15 Roberto Moya Palomino 77.189.873
16 Claudio Alfonso Freite Romero 77.190.409
17 Ómer Francisco Aguilar Romero 77.174.045
18 Ricardo Jesús Romero Cabana 12.435.283
19 Elkin Enrique Cujía Romero 84.103.861
20 Armando José Guerra Farelo 7.571.077
21 Tomás Miguel Romero Márquez 77.188.067
22 Pedor Luis Vanegas Lagos 12.647.442
23 Éduin Rafael Guerra Farelo 7.571.993
24 Ríchard Enrique Cujía Romero 77.175.025
25 Jesualdo Guerra Cabana 77.027.103
ARTÍCULO QUINTO.- Requerir a los integrantes de la comunidad minera
beneficiaria del área de reserva especial que se declara y delimita a través
del presente acto administrativo que son responsables de forma solidaria
del cumplimiento, en especial, de las siguientes obligaciones y demás que
se deriven del presente acto administrativo:
1. Ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas de
seguridad minera de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
Código de Minas;
2. Presentar o ajustar el correspondiente Programa de Trabajos y Obras
-PTO, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 685 de 2001, en los
términos establecidos en la presente resolución.
3. Cumplir con la normatividad ambiental relativa al uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, so pena de las
medidas que adopte la autoridad ambiental competente en el marco de
sus competencias.
4. Declarar, liquidar y pagar las regalías correspondientes a la explotación
minera realizada en el formulario diseñado para tal fin por la Agencia
Nacional de Minería, dentro de los diez (10) días hábiles a la finalización
de cada trimestre de conformidad con la normatividad vigente.
5. Dar cumplimiento a las normas que regulen la comercialización de
minerías.
4
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
6. Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Agencia
Nacional de Minería o quien haga sus veces ante el incumplimiento de las
obligaciones impuestas.
7. Adelantar el trámite ante la autoridad ambiental competente para la
sustracción del área de reserva forestal que se superponga con el Área
de Reserva Especial declarada y delimitada, si a ello hubiere lugar
8. Las demás que se deriven de la presente resolución y la normatividad
que regule la materia.
ARTÍCULO SEXTO.- Advertir a la comunidad minera enunciada en el
artículo cuatro de la presente resolución, que la Agencia Nacional de
Minería podrá dar por terminada el área de reserva especial declarada y
delimitada mediante el presente acto administrativo, en especial, por las
causales que a continuación se enuncian, conforme a la parte motiva:
1. Cuando los estudios geológico-mineros establezcan que no es viable
desarrollar un proyecto de minería especial, de que trata el artículo 248
de la Ley 685 de 2001.
2. Por la no presentación del Programa de Trabajos y Obras – PTO, en el
plazo establecido, o por incumplimiento de los requerimientos que efectúe
la Agencia Nacional de Minería frente a la complementación del mismo.
3. Por incumplimiento reiterado de los requerimientos realizados por la
Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través del acto
administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial y de las
normas de seguridad minera.
4. Por el no pago o el pago incompleto de las regalías en los términos y
condiciones establecidos por la ley.
5. Por solicitud de la comunidad minera tradicional.
6. Por la extinción de la comunidad minera tradicional que dio origen a la
delimitación del Área de Reserva Especial.
7. Por realizar explotación fuera del Área de Reserva Especial declarada
y delimitada o por el abandono injustificado de los trabajos mineros.
8. Cuando técnicamente se determine que la actividad minera adelantada
no cumple con las condiciones de seguridad minera de conformidad con
el artículo 97 de la Ley 685 de 2001, siempre que se evidencien riesgos
inminentes para la vida de los trabajadores.
9. Por incumplimiento de las normas que regulen la comercialización de
minerales.
10. Por providencia judicial o administrativa emitida por la autoridad
competente y que esté debidamente ejecutoriada que impida ejercer la
actividad minera a la comunidad beneficiaria del Área de Reserva
Especial.
11. Por la no suscrición del contrato especial de concesión por parte de
los integrantes de la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
Especial, dentro del término establecido a través del correspondiente
requerimiento realizado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Advertir a la comunidad minera del área de
reserva especial que se delimita en forma definitiva mediante el presente
acto administrativo, que no podrán utilizar mano de obra infantil dentro de
la cadena productiva de la actividad minera a desarrollar y que tampoco
podrán transferir, a cualquier título, la prerrogativa concedida por la ley en
los términos del último inciso del artículo 165 y 248 de la Ley 685 de 2001.
De igual forma, deberán denunciar ante las alcaldías municipales los
trabajos mineros adelantados por terceros ajenos a la comunidad minera
establecida a través del artículo segundo del presente acto administrativo,
para que se tomen las medidas a que haya lugar.
ARTÍCULO OCTAVO.- Rechazar la solicitud de declaración y delimitación
del área de reserva especial para la explotación de material de arrastre
(arenas y gravas) en el Corregimiento de Guacochito, Municipio de
Valledupar – Departamento del Cesar, frente a las personas que se
enlistan seguidamente, quienes no cumplieron los requisitos exigidos por
ley para ser tenidos en cuenta como integrantes de la comunidad
tradicional, conforme a la parte motiva de la presente resolución.
1. José Eugenio Castilla Cabana C.C. 77.027.101
2. Lino Segundo Farello Romero С.С. 77.191.453
3. Tomás Giovanni Romero С.С. 77.177.842
4. Rafael Ricardo Bermúdez Rondón C.C. 12.646.210
5. José Gregorio Guerra C.C. 77.192.116
6. Jairo Romero C.C. 12.567.032
7. Luis Carlos Romero C.C. 12.435.284
8. Jesús Alfonso Romero C.C. 7.573.875
9. Géner Jesús Romero C.C. 77.027.140
10. Milton Jesús Farelo C.C. 77.173.604
11. Éder Enrique Romero Guerra C.C. 17.975.390
12. Eduardo Pallares Pacheco С.C. 77.172.191
13. Orlin Augusto Moya Campo С.С. 77.191.207
14. Édison Rodríguez Romero C.C. 1.065.631.762
15. Nelson Romero C.C. 12.647.906
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente Resolución
personalmente a través del Grupo de información y Atención al Minero de
la Vicepresidencia de Contratación y Titulación a las personas
relacionadas, tanto en el artículo cuarto como en el artículo octavo de la
presente resolución y al señor CLAUDIO ALFONSO FREITE ROMERO,
identificado con C.C. no. 77.190.409 de Valledupar, César, quien actuó
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
como representante legal de la Asociación de Paleros del Corregimiento
de Guacochito “ASOPALEGO”, identificada con NIT 900.1747.705-5 en
su condición de representante legal del peticionario del ARE, o en su
defecto, procédase mediante aviso en los términos establecidos en los
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Comunicar la presente resolución, a través del
Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación, a los Alcaldes de los municipios de Urumita –
Departamento de la Guajira, de Valledupar – Departamento del Cesar, a
la Corporación Autónomo Regional CORPOCESAR- y a la Corporación
Autónoma Regional de la Guajira- CORPOGUAJIRA, para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Una vez ejecutoriada la presente
decisión, remitir copia de la misma, al Grupo de Catastro y Registro
Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación a la ANM, para
que se tomen las medidas pertinentes frente a lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 685 de 2001.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual debe presentarse ante la
Vicepresidencia de Promoción y Fomento, por escrito, dentro de los diez
(10) días siguientes a la diligencia de notificación personal o por aviso y
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 77 de la
Ley 1437 del 18 de enero de 2011.” (documento no. 3 expediente digital
– mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
Con la demanda se formuló la siguiente súplica:
“PETICIÓN
Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos,
respetuosamente solicito al Honorable Juez Administrativo del Circuito de
Valledupar, declarar la nulidad de la Resolución no. 020 del 09 de febrero de
2018 expedida por la Agencia Nacional de Minería.” (documento no. 3 - índice
no. 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) El 9 de febrero de 2018, la Agencia Nacional de Minería (ANM) en atención a la
solicitud que presentara la asociación de paleros de Guacochito (Cesar) expidió la
Resolución no. 020 por medio de la cual declaró y delimitó un área de reserva
especial en los municipios de Urumita (Guajira) y de Valledupar (Cesar), identificó
la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial (ARE), impuso unas
obligaciones y adoptó otras determinaciones.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
2) El señor Carlos Adrián Guillén Churío, en condición de representante legal del
Concejo Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Cardón y Tuna de
Guacochito (Cesar), el 20 de abril de 2020 mediante comunicación remitida a la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corpocesar, Ministerio de
Ambiente y Ministerio del Interior y de Justicia se opuso a la solicitud de
reconocimiento de área de reserva especial propuesta por parte de la asociación de
paleros de la comunidad de Guacochito.
3) El 20 de mayo de 2020, Corpocesar por auto no. 098 ordenó una indagación
preliminar y la práctica de una prueba técnica para comprobar la información
presentada por el señor Carlos Adrián Guillen Churío.
4) El 26 de mayo de 2020, funcionarios de Corpocesar rindieron informe de la
inspección técnica realizada al área objeto de la petición de reserva, actividad que
concluyó con la certificación de la existencia de una afectación ambiental en siete
(7) kilómetros de la ribera del río Cesar “por la extracción no controlada ni planificada
de materiales de arrastre (Arena de Río), además concluye que existe una presunta
violación a la normatividad ambiental vigente, ya que la actividad es extractiva a
nombre de “ASOPALEROS” no cuenta con las autorizaciones pertinentes por parte
de la corporación, como también está generando impactos ambientales tanto a la
fauna acuática con alteración importanmte (sic) del paisaje” (fl. 3 documento no. 3
– índice no. 2 SAMAI).
5) El 17 de junio de 2020, Corpocesar impuso una medida preventiva ambiental a
la asociación de Paleros de Guacochito y ordenó la suspensión de actividades de
extracción de materiales en el río Cesar.
6) Por auto de 25 de agosto de 2020 Corpocesar inició un proceso sancionatorio
ambiental en contra de la Asociación de Paleros de Guacochito (Asopalego) por la
presunta infracción de las normas ambientales, pues, luego de un recorrido
realizado el 4 de agosto de ese mismo año se observaron escombros en varios
puntos de extracción de material.
7) El 17 de septiembre de 2020, mediante la Resolución no. 027 Corporcesar
levantó la medida preventiva impuesta por auto de 105 de 17 de junio de 2020 y
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
advirtió a Asopalego que debía tramitar ante la respectiva autoridad ambiental la
licencia para la formalización minera, actuación que debía surtirse en un plazo no
mayor a tres (3) meses, sin que a la fecha de presentación de la demanda de la
referencia se haya dado cumplimiento a tales órdenes administrativas.
2. Fundamento de demanda
En los términos de la parte actora, la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018
proferida por la Agencia Nacional de Minería (ANM) es nula por razón del único
cargo de nulidad que se trascribe a continuación:
“CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN:
Demandamos la nulidad de la Resolución 020 del 9 de febrero de 2018
por violación de los artículos 1, 7, 79 Constitución Política de Colombia,
Ley 70 de 1993, Ley 99 de 1993, Ley 685 de 2001, artículos 14 y 23 de la
Resolución 546 de 2017 de la Agencia Nacional de Minería, por parte de
los beneficiarios del ARE, Asociación de Paleros de Guacochito
ASOPALEGO, al no tener en cuenta la normatividad vigente que regula la
actividad minera en Colombia”. (fl. 5 documento no. 3 – índice 2 SAMAI –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
3. Contestación de la demanda
A través de escrito radicado el 16 de noviembre de 2021, la Agencia Nacional de
Minería (ANM) se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló excepciones
(documento 32 – expediente digital) con fundamento en lo siguiente:
1) En cumplimiento de la normatividad legal vigente, con garantía del derecho del
debido proceso mediante la Resolución no. 546 de 2017 la ANM declaró y delimitó
el Área de Reserva Especial para la explotación de minería de arenas y gravas
localizada en los municipios de Urumita (departamento de La Guajira) y Valledupar
(departamento del Cesar), con el objeto de adelantar estudios geológicos - mineros
especiales.
2) A través de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018, la ANM estableció
como integrantes de la comunidad minera tradicional beneficiarios del área de
reserva aludida a un total de veinticinco (25) personas integrantes de la Asociación
de Paleros del Corregimiento de Guacochito (Asopalego) en atención a que los
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
requisitos exigidos por la ANM en la Resolución no. 546 de 2017 habían sido
satisfechos.
3) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:
a) “Ineptitud de la demanda”, en la medida en que, lo que pretende la parte actora
es la nulidad de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 emitida por la ANM,
acto administrativo de carácter particular y, por ende, no es posible adelantar el
análisis de legalidad a través del medio de control de nulidad simple.
b) “Caducidad de la acción”, pues, como la Resolución no. 020 de 9 de febrero de
2018 de la ANM es un acto administrativo de contenido concreto solo resulta
procedente el juicio de legalidad dentro de los cuatro (4) meses de su comunicación,
notificación, ejecución o publicación; no obstante, luego de que transcurrieran un
poco más de tres (3) años contados desde la publicación de la resolución, la
demanda se formuló por fuera del término que se tenía para ello.
c) “Falta de integración del litisconsorcio necesario” ya que, la parte actora sustenta
sus pretensiones en una relación fáctica ejecutada por la autoridad ambiental
Corpocesar y por la Asociación de Paleros de Guacochito, quienes no fueron
vinculados al proceso de la referencia.
d) “Falta de legitimación en la causa por activa”, dado que la parte actora actúa en
contra de un acto administrativo de contenido particular sin que esté legitimado para
ello.
e) “La genérica”, según la cual, el juez puede declarar las excepciones que de oficio
encuentre probadas.
4. Trámite procesal
1) Dentro del escrito contentivo de la demanda, la parte actora solicitó la suspensión
provisional de la resolución acusada por considerar que con su expedición se
violaron los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución Política, la Ley 70 de 1993, la Ley
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
99 de 1993, la Ley 685 de 2001 y los artículos 14 y 23 de la Resolución no. 546 de
2017 emitida por la ANM (fl. 5 documento no. 3 – expediente digital).
La petición de esa medida cautelar de suspensión se sustentó con la siguiente
argumentación:
“SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDA CAUTELAR
En virtud de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, en relación
con la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los
efectos de la Resolución 020 del 9 de febrero de 2020 (sic), se señala que
esta puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del
proceso, por escrito o en audiencia” (ibidem).
2) El 5 de octubre de 2021, la Agencia Nacional de Minería (ANM) se opuso a la
medida cautelar, por cuanto, en su criterio, la solicitud no cumple con el requisito de
estar fundada razonablemente en derecho; es decir, la parte demandante no
justificó jurídicamente la razón por la cual procedería la medida deprecada, lo cual
resulta insuficiente para que prospere la decisión cautelar (documento no. 26 –
expediente digital).
3) Por auto de 28 de noviembre de 2022 se negó la medida cautelar de suspensión
provisional de la Resolución no 020 de 9 de febrero de 2018 expedida por la Agencia
Nacional de Minería (ANM), por cuanto la solicitud no cumplió con los requisitos que
la normatividad procesal exige para su procedencia (índice no. 38 SAMAI).
4) El 15 de agosto de 2024, el magistrado conductor del proceso dispuso i) la
vinculación de la Asociación de Paleros de Guacochito – Asopalego como tercero
con interés directo en el resultado del proceso; ii) la notificación personal a su
representante legal o a quien haga sus veces se surtió en los términos previstos en
el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 48 de la Ley 2080
de 2021 y, iii) el traslado de la demanda por el término de treinta (30) días de
conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011 (índice
no. 56 SAMAI); sin embargo, esta no contestó la demanda.
5) El 12 de febrero de 2025 se declararon no probadas las excepciones previas
propuestas por la demandada Agencia Nacional de Minería (ANM) y, se tuvo por no
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
contestada la demanda por parte de la Asociación de Paleros de Guacochito –
Asopalego (índice no. 63 SAMAI).
6) El 4 de septiembre de 2025 se prescindió de la realización de la audiencia inicial
de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso tener como pruebas
los documentos aportados con la demanda y con la contestación a la misma y, se
corrió traslado para alegaciones finales (índice no. 68 SAMAI).
5. Alegaciones de conclusión
1) Las partes guardaron silencio (índice no. 73 SAMAI).
2) A su turno, el Ministerio Público (índice no. 72 SAMAI) pidió desestimar las
súplicas de la demanda por considerar que el cargo de nulidad propuesto en contra
de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2015 de la ANM no tiene vocación de
prosperidad porque no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración3, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) marco normativo de las áreas de reserva especial, 3) excepciones
propuestas, 4) análisis del caso concreto, 5) conclusión y, 6) costas.
3 El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los que
se debata la nulidad de los actos administrativos de contenido minero, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 295 de la Ley 685 de 2001, por tratarse de un asunto minero no contractual,
en el que una entidad estatal del orden nacional es parte. Lo anterior porque, si bien el artículo 87
de la Ley 2080 de 2021 derogó la norma referida, en el artículo 86 se indicó, en relación con el
régimen de vigencia y de transición normativa, que la modificación de reglas de competencia “(…)
solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta
ley” y, como la demanda de la referencia fue radicada ante esta Corporación el 16 de junio de 2021
y la Ley 2080 de 2021 entró en vigencia el 25 de enero de 2020, se mantiene la referida competencia
para conocer de los asuntos en única instancia que hayan sido presentados hasta el 25 de enero de
2022, inclusive.
12
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad de la Resolución no. 020
de 9 de febrero de 2018 dictada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), por
cuanto, en criterio de la parte demandante, con ella se declaró y delimitó un área de
reserva especial en los municipios de Urumita (Guajira) y de Valledupar (Cesar) en
favor de la asociación de paleros de Guacochito (Cesar) con violación de los
artículos 1, 7 y 79 de la Constitución Política de Colombia, 14 y 23 de la Resolución
no. 546 de 2017 de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y de las leyes 70 de
1993, 99 de 1993 y 685 de 2001, en la medida en que se adoptaron las decisiones
sin tener en cuenta la normatividad que rige la materia.
La Sala abordará el análisis de legalidad de dicho acto administrativo para concluir
con la decisión de declarar probada, en forma parcial y de oficio, la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda por la indebida sustentación del concepto de
nulidad en cuanto se refiere a la presunta violación de las leyes 70 de 1993 y 99 de
1993 y, de mantener la legalidad de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018
debido a que el único cargo de nulidad formulado en su contra no tiene vocación de
prosperidad.
2. Marco normativo de las áreas de reserva especial
1) En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 3324 y 3605 de la Constitución
Política de Colombia, el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 establece que la
explotación de los recursos naturales no renovables genera la obligación de pago
de una regalía como contraprestación a favor del Estado.
4 El artículo 332 de la Constitución Política preceptúa: “[e]l Estado es propietario del subsuelo y de
los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con
arreglo a las leyes preexistentes.” (mayúscula y negrilla del original).
5 El artículo 360 Constitucional es como sigue: “[l]a explotación de un recurso natural no renovable
causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la
explotación de los recursos naturales no renovables.
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de
la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación
de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y
regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.” (mayúsculas y negrillas del original).
13
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
2) En cuanto a las áreas en las que se identifique la existencia de explotaciones
tradicionales de minería informal, la Ley 685 de 2001 en el artículo 31 prevé la
posibilidad de que la autoridad minera delimite reservas especiales para otorgarlas
en concesión, a través del contrato respectivo, a las mismas comunidades que
hayan ejercido dichas actividades6.
3) De otra parte, la referida delimitación puede surgir como resultado de una
actuación iniciada de oficio o por solicitud de parte y tendrá un resultado favorable,
siempre y cuando el área solicitada por una comunidad minera no presente
superposiciones con la de títulos mineros vigentes.
4) La Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, dispuso en el artículo 21 que la autoridad minera nacional adoptaría un
sistema de cuadrícula única y continua7. Esta norma fue desarrollada por la ANM
mediante la Resolución no. 504 del 18 de septiembre de 2018 en la que se dispuso
que dicho sistema estaría conformado por un conjunto continuo de celdas y
colindantes por un lado de la cuadrícula minera, en los precisos términos del referido
artículo 21 de la Ley 1753 de 2015.
5) Posteriormente, el artículo 24 de la Ley 1955 de 20198 estipuló que la
implementación del sistema de cuadrícula se llevaría a cabo de acuerdo con los
6 El artículo 31 de la Ley 685 de 2001 es como sigue: “[l]a Autoridad Minera o quien haga sus veces,
por motivos de orden social o económico, determinados en cada caso, de oficio o por solicitud
expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales de
minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas,
sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar
proyectos mineros estratégicos para el país y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios
geológicos-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años.
La concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones
mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos
mineros vigentes”.
7 Al respecto, consúltese el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, cuyo contenido literal
es como sigue: “[a] partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional
podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el área objeto de los contratos de concesión
minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadrículas los títulos
mineros otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el
beneficiario de estos así lo decida (…).”.
8 El artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 es del siguiente tenor: “[s]istema de cuadrícula en la titulación
minera. La implementación del sistema de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas
de información geoespacial vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera
nacional. / (…). Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. / Los títulos mineros otorgados con
anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a
este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual
se atenderá la metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional”.
14
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
lineamientos que para el efecto definiera la autoridad minera y que todas las
solicitudes y propuestas se evaluarán con base en este, sin que se permitiera la
superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las
concesiones concurrentes. A su vez, estableció que los títulos mineros otorgados
con anterioridad a la vigencia de esa norma migrarían a ese nuevo esquema, sin
que se alteraran las condiciones y coordenadas con las que fueron otorgados.
6) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, la ANM
profirió la Resolución no. 505 de 2019, acto administrativo en el que se adoptaron
los lineamientos para la evaluación de los trámites y peticiones mineras a partir del
sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos
mineros a ese esquema, por lo que se hizo necesario la previsibilidad de un período
de transición desde la vigencia de ese acto administrativo hasta el 31 de octubre de
2019, fecha en la que se realizaría la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite9.
7) Por último, mediante la Resolución no. 703 de 2019 de la ANM se prorrogó la
transición de que trata la Resolución no. 505 de 2019 “hasta el establecimiento y
puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM-”, que fue
previsto mediante el Decreto 2078 del 18 de noviembre de 2019, que modificó el
Decreto 1073 de 2015 -único reglamentario del sector administrativo de minas y
energía-.
8) Por otro lado, la Resolución no. 546 de 2017 de la ANM reguló el trámite de
declaración y delimitación de las áreas de reserva especial, en relación con el cual
determinó que se aplicaría a las peticiones en curso10 y que una vez se realizara la
9 Para tal efecto, consúltese los artículos 1 y 3 de la Resolución no. 505 de 2019 de la ANM, cuyos
textos son del siguiente tenor: “Artículo 1. Adoptar los lineamientos para la evaluación de los trámites
y solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de
los títulos mineros al sistema de cuadrícula (…).
Artículo 3. Transición. Dar inicio al período de transición desde la entrada en vigencia del presente
acto administrativo y hasta el 31 de octubre de 2019. Durante este período, se realizará la
transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras que
se encuentren en trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución”.
10 Al respecto, léase el artículo 2 de la Resolución no. 546 de 2017, cuyo texto es como sigue:
“Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de
declaración y delimitación de áreas de reserva especial, que se encuentren en trámite (…).”.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
verificación documental procedería la visita de verificación de tradicionalidad11, y la
declaración del área solicitada.
9) De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que el trámite administrativo
de declaración y delimitación de áreas de reserva especial, en atención a lo
dispuesto por las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, ha sido reglamentado por la
ANM a través de la expedición de varios actos administrativos que, para el presente
asunto, incumbe la Resolución no. 546 de 2017 antes relacionada.
3. Excepciones propuestas
1) La Agencia Nacional de Minería (ANM) en el escrito de contestación de la
demanda (documento no. 32 – expediente digital) propuso las excepciones de
“caducidad de la acción” y de “falta de legitimación en la causa por activa”, frente a
las cuales se hacen las siguientes precisiones:
2) En relación la “caducidad de la acción”, la ANM lo sustenta en el entendido de
que las súplicas de la demanda están dirigidas a obtener la nulidad y
restablecimiento del derecho de la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 de
la ANM.
3) La única pretensión propuesta en el escrito de la demanda tiene el siguiente
contenido:
“Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos,
respetuosamente solicito al Honorable Juez Administrativo del Circuito de
Valledupar, declarar la nulidad de la Resolución no. 020 del 09 de febrero
de 2018 expedida por la Agencia Nacional de Minería” (fl. 5 documento
no. 3 – expediente digital).
4) A su turno, la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, según
la parte demandada, debe proceder por razón de que “[e]n el presente asunto el
demandante actúa sin estar legitimado para interponer la demanda que nos ocupa,
esto por cuanto el acto administrativo atacado en la presente, no [es] de su interés,
11 Dispuesta en el artículo 6 de la referida Resolución no. 546 de 2017, así: “Artículo 6. Visita de
verificación de la tradicionalidad. Una vez efectuada la revisión documental aportada en la solicitud,
el Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de
Minería, o quien haga sus veces, realizará la visita técnica de verificación (…)”.
16
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
ya que las personas involucradas en la expedición del acto son otras distintas al
aquí demandante, quien tampoco manifiesta ser apoderado de alguna de ellas, y al
ser la Resolución No. 020 del 09 de febrero de 2018, un acto administrativo de
carácter particular, únicamente serían las personas directamente involucradas con
ellos, los legitimados para interponer la presente acción.”. (fl. 20 documento no. 32
– expediente digital).
5) Al respecto, el artículo 137 del CPACA es claro en establecer la procedencia del
medio de control jurisdiccional de nulidad simple en contra de los actos
administrativos de carácter general y, excepcionalmente, la normatividad en
comento previó la misma acción para el análisis de los juicios de legalidad de los
actos administrativos de carácter particular, en los siguientes casos:
“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
(…).
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de
contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que
se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho
subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en
materia grave el orden público, político, económico, social o
ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las
reglas del artículo siguiente.”. (mayúsculas sostenidas y negrillas del
original – se resalta).
6) En el presente asunto, el actor pretende la nulidad de la Resolución no. 020 de
2018, acto administrativo mediante el cual se establecieron situaciones particulares
y concretas, al tiempo que se otorgaron derechos a un número de personas
determinadas e identificadas, circunstancia que permite evidenciar que se trata de
un acto administrativo de carácter particular y concreto; no obstante, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, excepcionalmente
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular cuando los
efectos nocivos del referido acto afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
La Corte Constitucional ha determinado que el orden público es “entendido como la
garantía de las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que hacen
posible la prosperidad general y el goce de los derechos humanos, o bien la
protección de los derechos fundamentales de los colombianos”12 y, en relación con
el orden social o ecológico esta Corporación ha establecido que “más allá de
consideraciones puramente éticas o altruistas, lo cierto es que desde el punto de
vista constitucional el medio ambiente constituye un bien jurídico de especial
protección (un objetivo social), a través del cual se garantiza la preservación de los
recursos naturales y la provisión de bienes esenciales para la subsistencia de las
generaciones presentes y futuras”13.
7) Al respecto, advierte la Sala que el actor, en condición de representante legal del
Concejo Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Cardón y Tuna de
Guacochito (Cesar) no tiene interés económico directo en la decisión contenida en
la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018, pues, el referido concejo comunitario
no hace parte de la comunidad beneficiaria con la determinación del área de reserva
especial establecida en dicho acto administrativo.
De otra parte, es preciso relievar en el hecho de que la súplica formulada en la
demanda solo se dirige a la protección del ordenamiento jurídico, concretamente,
en la normatividad que rige las áreas de reserva especial minera.
8) Por consiguiente, se estima que la eventual declaración de nulidad del acto
administrativo acusado no comportaría, en modo alguno, el restablecimiento
automático del derecho de la parte actora, por cuanto el Concejo Comunitario de
Comunidades Negras Arcilla, Cardón y Tuna de Guacochito (Cesar) no hace parte
de la comunidad beneficiada con la determinación del área de reserva especial
12 Corte Constitucional C-435 de 10 de junio de 2013 mediante la cual se declaró la exequibilidad del
artículo 137 del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”, MP Mauricio
González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio Civil, concepto del 11 de diciembre de 2014,
expediente con radicación no. 11001-03-06-000-2014-00248-00 (2233), MP William Zambrano
Cetina.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
minera, puesto que, la autoridad minera a través de la Resolución no. 020 de 2018
declaró y delimitó un área de reserva especial en los municipios de Urumita (Guajira
y Valledupar (Cesar), con especial determinación en el corregimiento de Guacochito
del referido municipio de Valledupar (Cesar) y con beneficio específico para los
integrantes de la Asociación de Paleros del corregimiento de Guacochito
(Asopalego), sin que en modo alguno se incluyeran las personas que integran el
Concejo Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Cardón y Tuna de
Guacochito (Cesar).
Adicionalmente, es claro que el parágrafo de la disposición trascrita determina, sin
ambages ni anfibologías, que si de la demanda se desprende un restablecimiento
automático del derecho es imperativo que se tramite conforme al medio de control
jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138
ibidem, circunstancia que no tiene asidero en el presente caso, en la medida en que,
en un eventual o hipotético caso, si llegare a desaparecer del mundo jurídico la
Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 no surgiría derecho u obligación alguna
en cabeza del Concejo Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Cardón y Tuna
de Guacochito (Cesar), pues, se insiste, este no hace parte del grupo de personas
beneficiadas o afectadas con la delimitación del área de reserva especial.
9) Luego del análisis conjunto de los supuestos de hecho, fundamentos de derecho
y concepto de violación propuestos, advierte la Sala que el interés del actor se
centra en la labor de explotación y extracción no controlada ni planificada de
materiales de arrastre (arena de río) adelantada por parte los beneficiarios de la
resolución demandada, situaciones que implican la protección de la normatividad
ambiental vigente, a la fauna acuática y al paisaje, como lo corroboran los informes
técnicos rendidos por la oficina jurídica de la Corporación Autónoma Regional del
Cesar – CORPOCESAR que obran en el expediente.
10) En ese sentido, pese a que el acto administrativo acusado es de carácter
particular y concreto, es susceptible del medio de control jurisdiccional de nulidad
simple dado que en el presente caso tiene que ver con la defensa del ambiente y,
por lo tanto, el actor sí se encuentra facultado para proponer la demanda de la
referencia, a la cual, además, no le resulta aplicable el término de caducidad del
medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho de cuatro
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
(4) meses dispuesto en el artículo 138 del CPACA; en consecuencia, las
excepciones de caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por activa
propuestas no se encuentran probadas.
11) Así las cosas, para la Sala es claro que la demanda de la referencia cumple con
los requisitos exigidos por el CPACA para su análisis, toda vez que, el objeto del
litigio tiene que ver con la defensa del medio ambiente en los términos del numeral
3 del artículo 137 de la Ley 1437 de 201114.
Definida la procedibilidad formal del medio de control jurisdiccional ejercido con la
demanda en el asunto de la referencia y en atención a que el juez debe hacer una
lectura integral de la demanda con base en el numeral 5 del artículo 42 del CGP 15,
corresponde a la Sala determinar el mérito del cargo de nulidad propuesto como
resultado del análisis integrado de los acápites de hechos, fundamentos de derecho
y concepto de violación.
4. Análisis del caso concreto
4.1 Aspecto preliminar
1) En los precisos términos en que la parte actora formuló el único cargo y concepto
de nulidad, la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 expedida por la Agencia
Nacional de Minería (ANM) debe ser declarada nula por cuanto fue dictada con
violación de los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución Política de Colombia, 14
(numeral 1) y 23 (numeral 9) de la Resolución no. 546 de 2017 de la Agencia
14 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado de: 9 de agosto de 1991,
expediente con radicación no. 5934, MP Julio César Uribe Acosta; 15 de noviembre de 1996,
expediente con radicación no. 7875, MP Consuelo Sarria Olcos; 14 de septiembre de 2000,
expediente con radicación no. 6314, MP Juan Alberto Polo Figueroa; 30 de marzo de 2006,
expediente con radicación no. 25000-23-27-000-2005-01131-01 (15784), MP Ligia López Díaz; 27
de agosto de 2009, expediente con radicación no. 15001-23-31 000-1998-00341-01 (2202-04), MP
Bertha Lucía Ramírez de Páez; 15 de abril de 2010, expediente con radicación no. 52001-23-31-
000-2008-00014-01 (1051-08), MP Luis Rafael Vergara Quintero; 8 de febrero de 2012, expediente
con radicación no. 15001-23-31-000-1997-17648-01 (20689), MP Ruth Stella Correa Palacio; 26 de
septiembre de 2013, expediente con radicación no. 68001-23-33-000-2013-00296-01 (20212), MP
Jorge Octavio Ramírez Ramírez y, 14 de mayo de 2020, expediente con radicación no. 25000-23-
42-000-2017-06031-01 (5554-18), MP Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o
precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita
decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el
principio de congruencia.
20
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
Nacional de Minería (ANM) y de las Leyes 70 de 1993, 99 de 1993 y 685 de 2001
(artículo 97) en la medida en que se adoptaron las decisiones sin tener en cuenta la
normatividad que rige la materia.
2) Advierte la Sala que, ni en la demanda en el acápite correspondiente a los
antecedentes ni en el concepto y fundamentos de la nulidad contiene una sola
referencia a las Leyes 70 de 1993 y 99 de 1993, ni a los artículos que a juicio de la
parte actora fueron violados o desconocidos por la entidad demanda con la
expedición de la resolución demandada, falencia que no permite conocer, por
sustracción de materia, el sustento de la petición de nulidad del acto administrativo
demandado en razón de las referidas leyes.
3) En relación con este preciso punto de análisis, la Sala enfatiza el hecho de que,
en modo alguno, se precisaron las razones por las cuales los cuerpos normativos
relacionados fueron desconocidos por parte de la ANM con la emisión de la
Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018, así como tampoco se indicaron los
artículos específicos sobre los que debía centrarse el análisis, o si se trataba de la
totalidad de los que componen tales cuerpos normativos.
4) Al respecto, el numeral 4 del artículo 162 del CPACA prevé que toda demanda
deberá indicar “[l]os fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate
de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas
y explicarse el concepto de su violación.”.
5) Por consiguiente, como el escrito de la demanda omitió desarrollar el concepto
con el que, a juicio de la parte actora la ANM infringió las Leyes 70 de 1993 y 99 de
1993 con la expedición de la Resolución no. 020 de 2018, ni tampoco señaló qué
artículos específicamente se inaplicaron, desconocieron o si se refería a la totalidad
de los artículos que componen los referidos cuerpos normativos, la demanda que
ocupa la atención de la Sala en este preciso aspecto del único cargo de nulidad
propuesto es sustantivamente inepta.
6) Esta Corporación en otras decisiones ha establecido que el juez de legalidad no
puede complementar, variar ni suplir la demanda para interpretar o adicionar los
cargos de nulidad propuestos en contra de los actos administrativos objeto de
21
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
control judicial y, en esa medida, no le es posible efectuar un control abstracto de
legalidad frente a los actos impugnados16 en atención a lo dispuesto expresa y
puntualmente en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA 17 y la aplicación del
principio de justicia rogada que inspira y rige, por regla general, el funcionamiento
de la jurisdicción contencioso administrativa.
Por lo tanto, la Sala procede a declarar probada, en forma parcial y de oficio, la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda en cuanto se refiere al cargo sobre
la violación de las Leyes 70 de 1993 y 99 de 1993 y, en consecuencia, se inhibirá
de resolver el fondo de la controversia en este aspecto18, por cuanto, la parte actora
no estructuró en debida forma las censuras de nulidad, circunstancia por la cual, por
ausencia de materia, no es posible hacer un pronunciamiento de fondo sobre esos
cuestionamientos.
4.2 Único cargo: “violación de los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución Política,
de los artículos 14 (numeral 1) y 23 (numeral 9) de la Resolución no. 546
de 2017 de la ANM y de la Ley 685 de 2001 (artículo 97)”
1) En los términos en que la parte actora fundamenta la petición de nulidad, la
Resolución 020 de 2018 expedida por la ANM es nula por violación de lo dispuesto
en los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución Política y los artículos 14 (numeral 1) y
23 (numeral 9) de la Resolución no. 546 de 2017 de la ANM mediante la cual se
reglamentó el trámite administrativo de declaración y delimitación de las áreas de
reserva especial y de la Ley 685 de 2001 (artículo 97).
16 Sobre este preciso punto, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado de la Sección
Tercera, de 7 de julio de 2022, expediente no. 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57.819), MP José
Roberto Sáchica Méndez.
17 El artículo en comento es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.
Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(…).
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación” (se destaca).
18 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de esta Corporación: (i) Sección Primera
de 5 de mayo de 2016, expediente con radicación no. 25000232400020100026001, MP Guillermo
Vargas Ayala; (ii) Sección Primera de 21 de octubre de 2022, expediente con radicación no.
11001032400020100046600, MP Hernando Sánchez Sánchez, y (iii) Sección Tercera Subsección A
de 27 de agosto de 2021, expediente con radicación no. 05001-23-33-000-2015-02267-01 (66268),
MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
2) En forma previa al análisis de nulidad propuesto de infracción normativa, a
continuación se trascribe el texto de los artículos invocados como quebrantados con
la expedición de la Resolución no. 020 de 2018 emitida por la ANM:
• Constitución Política:
“ARTÍCULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
(…).
ARTÍCULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación colombiana.
(…).
ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.”. (negrillas del original).
• Resolución no. 546 de 2017 de la ANM:
“ARTÍCULO 14° OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD MINERA
TRADICIONAL DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL DECLARADA. En
atención, a que la condición de explotador minero autorizado se obtiene
una vez se encuentre en firme el acto administrativo que declara y delimita
el Área de Reserva Especial y mientras se otorgue el correspondiente
contrato especial de concesión o, se termine el Área de Reserva Especial
declarada y delimitada por las causales establecidas en el artículo 23 del
presente acto administrativo, la comunidad beneficiaria deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas de
seguridad minera de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
Código de Minas;
(…).
ARTÍCULO 23°. TERMINACIÓN DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL.
La Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de
Minería o quien haga sus veces, mediante acto administrativo motivado
dará por terminada el Área de Reserva Especial declarada y delimitada
por algunas de las siguientes causas:
(…).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00116-00 (67.057)
Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
9. Cuando técnicamente se determine que la actividad minera adelantada
no cumple con las condiciones de seguridad minera de conformidad con
el artículo 97 de la Ley 685 de 2001, siempre que se evidencien riesgos
inminentes para la vida de los trabajadores.” (mayúsculas sostenidas y
negrillas del original).
• Ley 685 de 2001:
ARTÍCULO 97. SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES. En la
construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de explotación,
se deberán adoptar y mantener las medidas y disponer del personal y de
los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de
las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros, de
conformidad con las normas vigentes sobre seguridad, higiene y salud
ocupacional.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
De la lectura de las disposiciones constitucionales antes transcritas se tienen tres
(3) escenarios de impacto sobre las referidas normatividades, a saber: (i) Colombia
se define como un Estado social de derecho, como República unitaria,
descentralizada, con autonomía territorial y que se basa en principios democráticos,
participativos y pluralistas. Su fundamento es el respeto por la dignidad humana, el
trabajo, la solidaridad y el interés general; (ii) la diversidad étnica y cultural es un
derecho de los pueblos y, (iv) es deber del Estado garantizar el derecho a un
ambiente sano.
De otra parte, la ANM a través de la Resolución no. 546 de 2017 determinó el trámite
para la declaración y delimitación de las áreas de reserva especial, concretamente,
el análisis de infracción normativa se concentra en las labores mineras a través de
las cuales se acaten los mínimos de seguridad en los términos de lo establecido en
el artículo 97 del Código de Minas, normatividad que impone el deber de adoptar,
disponer y mantener los medios que permitan el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene y salud ocupacional.
3) La Sala insiste en que, en garantía del derecho de acción, se procede, en
desarrollo del deber que le asiste al juez de hacer una lectura integral de la demanda
con base en el numeral 5 del artículo 42 del CGP19, a la revisión y análisis integrado
de los acápites de hechos, fundamentos de derecho y concepto de violación. Así
19 “Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o
precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita
decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el
principio de congruencia”. (se resalta).
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Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
las cosas, en los términos del acápite denominado “concepto y fundamentos de la
violación” el actor sostiene que la Resolución no. 020 de 2018 emitida por la ANM
es nula “al no tener en cuenta la normatividad vigente que regula la actividad minera
en Colombia” (fl. 5 documento no. 3 – índice no. 2 SAMAI).
4) Por su parte, en el acápite de antecedentes la parte actora desarrolla un relato
de circunstancias de hecho y de derecho acaecidas con posterioridad a la
expedición de la Resolución no. 020 de 2018 de la ANM, específicamente lo
relacionado con el trámite administrativo sancionatorio ambiental adelantado por
parte de Corpocesar con ocasión de la “existe[ncia] de una presunta violación a la
normatividad ambiental vigente ya que la actividad es extractiva a nombre de
´ASOPALEROS´ no cuenta con las autorizaciones pertinentes por parte de la
corporación, como también está generando impactos ambientales tanto a la fauna
acuática con alteración importante al paisaje” (fl. 3 ibidem), el cual terminó con el
levantamiento de la medida cautelar preventiva, a través de la Resolución no. 027
de 17 de septiembre de 2020.
A modo de conclusión, la parte actora aduce que “[l]a Asociación de Paleros de
Guacochito ha venido [q]uebrantando el numeral [p]rimero del [a]rtículo 14 de la
Resolución de la Agencia Nacional de Minería no. 546 de 2017 y el [n]umeral
[n]ueve del [a]rtículo 23 de la [p]recitada [r]esolución ya que no está cumpliendo con
la [s]eguridad [m]inera, soslayando de paso lo preceptuado en el artículo 97 de la
Ley 685 de 2001 (…).” (fl. 4 documento no. 3 – índice no. 2 SAMAI).
5) En ese contexto, se tiene que la ANM mediante la Resolución no. 020 de 2018
objeto de análisis, entre otras determinaciones, declaró y delimitó como área de
reserva especial un espacio de terreno con las coordenadas que la identifican,
decisiones cuyos apartes a continuación se trascriben para mejor comprensión del
cargo de nulidad propuesto:
Resolución no. 020 de 2018
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar y delimitar como Área de Reserva Especial, el área
localizada en los municipios de Urumita-Departamento La Guajira y Valledupar –
Departamento del Cesar, para la explotación de material de arrastre (arena y gravas),
con el objeto de adelantar estudios geológico – minero y desarrollar proyectos
estratégicos para el país de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 248 de
la Ley 685 de 2001, la cual tiene una extensión total de 148.98322 Hectáreas según
el Certificado de Área Libre ANM-CAL-0258-17 y reporta Gráfico ANM-RG-3637-17,
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Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
la cual se encuentra delimitada dentro de las siguientes coordenadas, conforme a la
parte motiva: (…).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se entienden excluidas del área declarada y alineada a
través del artículo primero de la presente resolución, las zonas que pertenezcan a
títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en el Registro Minero Nacional y
demás zonas excluibles de la minería.
(…).
ARTÍCULO CUARTO.- Establecer como integrantes de la comunidad minera
tradicional, a las personas que se relacionan en la siguiente tabla, quienes cumplen
con los requisitos exigidos en la ley para ser tenidos en cuenta como mineros
tradicionales dentro del área de reserva especial declarada y delimitada a través del
artículo primero de la presente resolución, conforme a la parte motiva del presente
acto administrativo.
(…).
ARTÍCULO QUINTO.- Requerir a los integrantes de la comunidad minera beneficiaria
del área de reserva especial que se declara y delimita a través del presente acto
administrativo que son responsables de forma solidaria del cumplimiento, en especial,
de las siguientes obligaciones y demás que se deriven del presente acto
administrativo:
1. Ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas de seguridad minera de
conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código de Minas; (…).
8. Las demás que se deriven de la presente resolución y la normatividad que regule la
materia.
ARTÍCULO SEXTO.- Advertir a la comunidad minera enunciada en el artículo cuatro
de la presente resolución, que la Agencia Nacional de Minería podrá dar por terminada
el área de reserva especial declarada y delimitada mediante el presente acto
administrativo, en especial, por las causales que a continuación se enuncian,
conforme a la parte motiva:
(…).
3. Por incumplimiento reiterado de los requerimientos realizados por la Agencia
Nacional de Minería o quien haga sus veces relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas a través del acto administrativo que declara y delimita el Área
de Reserva Especial y de las normas de seguridad minera.
(…).
8. Cuando técnicamente se determine que la actividad minera adelantada no cumple
con las condiciones de seguridad minera de conformidad con el artículo 97 de la Ley
685 de 2001, siempre que se evidencien riesgos inminentes para la vida de los
trabajadores.
(…).” (documento no. 3 expediente digital – mayúsculas sostenidas, negrillas y
subrayado del original – se resalta).
6) De la lectura de la parte resolutiva de la resolución objeto de examen no se extrae,
en forma alguna, la violación por vía de inaplicación o desconocimiento de la
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Actor: Carlos Adrián Guillén Churío y otro
Nulidad simple
normatividad que rige la materia en los términos formulados por la parte actora en
el escrito de la demanda.
Contrario a lo argüido por el actor, la ANM con la expedición de la Resolución no.
020 de 2018, luego de la verificación de los requisitos previstos por la Ley 685 de
2001 y Resolución no. 546 de 2017 de la ANM, delimitó y declaró una específica
área de terreno “para la explotación de material de arrastre (arena y gravas), con el
objeto de adelantar estudios geológico – minero y desarrollar proyectos estratégicos
para el país” (fl. 41 documento 39 – expediente digital).
7) En ese contexto, a partir del análisis del contenido de los artículos 1, 7 y 79 de la
Constitución Política, de los artículos 14 (numeral 1) y 23 (numeral 9) de la
Resolución no. 546 de 2017 de la ANM y del artículo 97 de la Ley 685 de 2001 y su
confrontación con lo dispuesto en la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018
proferida por la ANM, es preciso anotar que no se advierte la existencia de una
violación directa a lo dispuesto en la normatividad constitucional, legal y
administrativa referida, puesto que, lo que en ella se dispuso fue precisamente la
determinación de un área de reserva especial, se determinó una comunidad
beneficiaria y se especificaron las obligaciones que le eran exigibles, en desarrollo
de las que facultades que le son propias a la ANM como autoridad minera nacional.
En efecto, la confrontación normativa no evidencia, como lo propone la parte actora,
un quebranto o desconocimiento de lo dispuesto en dichas normas constitucionales,
legales y administrativas, por cuanto, se insiste, en ellas, de una parte, el
constituyente estableció el marco de derechos para el Estado, y de otra, tanto el
legislador como la autoridad minera establecieron el procedimiento que debía
adelantarse para la determinación de las áreas de reserva especial, el listado de
beneficiarios de la misma y las obligaciones que le asistían como consecuencia de
tales determinaciones.
8) De otra parte, en atención a lo desarrollado en el acápite de antecedentes del
escrito de la demanda, advierte la Sala que el cumplimiento de las obligaciones
fijadas en la Resolución no. 020 de 9 de febrero de 2018 de la ANM dirigidas a la
comunidad beneficiaria con el área de reserva especial constituyen elementos que
no involucran ni conllevan a la configuración de la nulidad de la referida resolución,
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Nulidad simple
máxime si se tiene en cuenta que la decisión sobre las áreas de reserva especial
puede ser susceptible de terminación como consecuencia de la configuración de las
causas enlistadas en el artículo 23 de la Resolución no. 546 de 2017 de la ANM.
9) En ese sentido, para la Sala es claro que las diversas decisiones de Corpocesar
que trae a colación la parte actora coinciden con la verificación de cumplimiento de
las obligaciones que se asignaron a la comunidad beneficiaria con el área de
reserva especial; es decir, vigilan la alineación de los beneficiarios con el desarrollo
del marco legal y constitucional dispuesto por la ANM en la Resolución no. 020 de
9 de febrero de 2018.
No obstante lo anterior, tales decisiones no estructuran un fundamento válido de la
supuesta violación de los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución Política, de los
artículos 14 (numeral 1) y 23 (numeral 9) de la Resolución no. 546 de 2017 y del
artículo 97 de la Ley 685 de 2001 cuya declaración pretende la parte actora con la
demanda, pues, por el contrario, con ellas no se acredita la pretendida infracción de
la normatividad relacionada con la expedición de la resolución objeto de demanda.
10) En otros términos, como la parte actora no demostró la alegada violación
normativa con la determinación del área de reserva especial y, la delimitación y
definición de la comunidad beneficiada de las misma, el único cargo de nulidad no
tiene vocación de prosperidad y, por tanto, habrá de desestimarse.
11) Por consiguiente, en atención a que no se encuentra sustento jurídico, fáctico ni
probatorio que permita establecer que la Resolución no. 020 de 9 de febrero de
2018 proferida por la ANM resulta contraria los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución
Política, a los artículos 14 (numeral 1) y 23 (numeral 9) de la Resolución no. 546 de
2017 de la ANM y al artículo 97 de la Ley 685 de 2001, el cargo formulado debe ser
denegado.
5. Conclusión
1) La parte actora pretendió la declaración de nulidad de la Resolución no. 020 de
9 de febrero de 2018 proferida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), por
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estimar que con ella se desconocieron los artículos 1, 7 y 79 de la Constitución
Política, los artículos 14 (numeral 1) y 23 (numeral 9) de la Resolución no. 546 de
2017, el artículo 97 de la Ley 685 de 2001 y las Leyes 70 de 1993 y 99 de 1993,
porque, en su parecer, no se tuvieron en cuenta, sin que en modo alguno la parte
actora lograra acreditar las violaciones señaladas, con salvedad de la violación de
las referidas Leyes 70 de 1993 y 99 de 1993, oposición sobre la cual se declarará
probada en forma parcial y de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por ausencia en la explicación del concepto de violación sobre las
referidas layes, y se inhibirá de resolver el fondo de la controversia en relación en
ese preciso aspecto.
2) En consonancia con lo expuesto, la Sala denegará las demás súplicas de la
demanda.
6. Costas
En aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no hay lugar a la imposición de condena en costas
porque el asunto corresponde a una acción pública en la cual se ventiló un interés
público.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada,
Agencia Nacional de Minería (ANM).
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2º) Declárase probada, en forma parcial y de oficio, la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, en cuanto se refiere a la ausencia de concepto de
violación respecto de las leyes 70 de 1993 y 99 de 1993.
3°) En consecuencia de lo anterior, INHÍBESE de resolver el fondo de la
controversia en relación con la presunta violación de las leyes 70 de 1993 y 99 de
1993.
4°) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
5°) Abstiénese de imponer condena en costas a la parte actora.
6°) En firme esta providencia archívese el expediente, previas las correspondientes
constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclara voto
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Ponente Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley
2213 de 2022.
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