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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00120-00

Fecha
12 de abril de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00120-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE 'a falta de legitimación en la causa por activa de Vitelma Vides López, Cristina Sequea López e Isabel Sequea López, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión propuesto por el señor Édinson Enrique Vides López y otros, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 14 de mayo de 2020, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. TERCERO: CONDENASE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría, LIQUÍDENSE los gastos procesales. CUARTO: FÍJASE por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente y a favor de las entidades demandadas (50% para la Fiscalía General de la Nación y 50% para la Nación - Rama Judicial), la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. QUINTO: RECONÓCESE personería adjetiva a los abogados Sandra Patricia Lesnnes Cogollos y Javier Fernando Rugeles Fonseca, portadores de las tarjetas profesionales 88.391 y 143.937, expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar corno apoderados de la Fiscalía General de la Nación y de la Nación — Rama Judicial, respectivamente. SEXTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00120-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

12 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-26400-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Soguea López y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011).

Tema: Recurso extraordinario de revisión.
Subtema 1: Causal 50 de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA — Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin a, proceso y contra la que no procede recurso de apelación — No
configurada.
Subtema 2: Violación del "precedente" jurisprudencial dispuesto en la sentencia de tutela del 15 de
noviembre de 2019 (Exp. 2019-00169-01), por medio del cual se dejó sin efecto -en materia de
privación de la libertad- la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 (Exp. 46947) — No
configurada - Sentencia de tutela tiene efectos interpartes, no aplicables a otros asuntos. Tampoco
fija reglas jurisprudenciales que requieran ser aplicadas a futuro por los operadores judiciales - Los
jueces de esta jurisdicción deben estudiar si la privación de la libertad fue proporcionada o
razonada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Édinson Enrique Vides López y otros contra la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar, el 14 de mayo de 2020, que confirmó el fallo
desestimatorio de las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
reparación directa adelantado por la privación injusta de la libertad del señor Vides
López.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Édinson Enrique Vides López y su núcleo familiar presentaron recurso
extraordinario de revisión con el objeto de que sea infirmada la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 14 de mayo de 2020, que confirmó el
fallo de primera instancia desestinnatorio de las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de reparación directa seguido por la privación de la libertad del
señor Vides López. La parte actora considera que en el caso concreto se
configura la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

El 2 de noviembre de 2016, el señor Édinson Enrique Vides López y su grupo
familiar, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación
directa, formularon demanda contra la Nación — Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables
por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el mencionado señor
Vides López y, como consecuencia, se les reconocieran los perjuicios materiales
y morales causados por la detención.

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Seques López y otros

Según los hechos de la demanda, el señor Vides López fue capturado en
flagrancia por miembros de la Policía Nacional el 7 de julio de 2009 y puesto a
disposición de la Fiscalía Veinticinco (25) Seccional de Bosconia por el delito de
acto sexual con menor de catorce (14) años. En audiencia del 8 de julio de 2009,
la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo Municipal
de Bosconia con Funciones de Garantías, la cual fue concedida en
establecimiento carcelario y se cumplió entre el 7 de julio de 2009 y el 22 de julio
de 2010, fecha en la que resultó absuelto en audiencia oral presidida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Valleduparl.

2.2 La sentencia objeto de revisión

Es la sentencia dictada el 14 de mayo de 2020, por el. Tribunal Administrativo del
Cesar. En dicha providencia se confirmó la sentencia de primera instancia
proferida el 25 de febrero de 2018, por el Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar, que declaró la culpa exclusiva y determinante del señor Édinson
Enrique Vides López ante la imposición de la medida de aseguramiento. El
Tribunal consideró que la medida de aseguramiento no era injusta y no excedió las
cargas que el imputado debía soportar, pues los elementos probatorios
recaudados condujeron al ente investigador a solicitar Ja captura, petición que fue
concedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia con Funciones de
Garantías en atención a que el hecho punible involucró a una menor de catorce
(14) años, sujeto de protección especial por parte del Estado2.

2.3 El recurso extraordinario de revisión

El 16 de junio de 2021, los señores Édinson Enrique, lvis del Carmen, Ober de
Jesús, Merlidis Isabel, Pablo Absalon, Wilmer David y Vitelma Vides López, así
como Pablo Absalon Vides Acuña, Lilia Esther López Pasos, Cristina Sequea
López, Isabel Sequea López, Luis David Vides Sosa y Aida Esther Sosa Fuentes,
por medio de apoderado judicial, presentaron recurso extraordinario de revisión
contra la mencionada sentencia del 14 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar dentro del proceso de reparación directa radicado 20001-
33-33-001-2012-00369-013.

Aunque la redacción es confusa y ambigua, al interpretar la demanda del recurso
de revisión, la Sala pudo establecer lo siguiente:

La parte demandante invocó como causal de revisión la prevista en el numeral 5°
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), "existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación", toda vez que, en su
criterio, el juez administrativo no podía desconocer el derecho a la presunción de
inocencia del señor Édinson Enrique Vides López, que se traducía en el derecho
a no ser tratado como culpable máxime cuando tal presunción -de inocencia- no
fue desvirtuada en el proceso penal.

Se indicó que dicho principio encuentra respaldo en varios tratados
internacionales y que, además, el Tribunal debió aplicar el precedente
jurisprudencial establecido por la Subsección B de la Sección Tercera de esta

I Páginas 61 a 78, anexo del recurso extraordinario de revisión, expediente digital.
2 Páginas 21 a 24, anexo del recurso extraordinario de revisión, expediente digital.
3 Acumulado con el proceso radicado 20001-33-33-006-2012-00120-01.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Saquea López y otros

Corporación en sentencia de 15 de noviembre de 20194, a través de la cual se
dejó sin efecto la sentencia de unificación de 15 de agosto de 20186, dictada por
la Sección Tercera en materia de privación injusta de la libertad. En este sentido,
se pide decretar la nulidad de la sentencia acusada y dictar un fallo de remplazo
en el que se valore la culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia6.

2.4. Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

2.4.1 Esta Corporación, por auto del 24 de agosto de 2021, admitió el recurso
extraordinario de revisión y ordenó su notificación a la contraparte, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7.

La Nación — Rama Judicial contestó oportunamente el recurso extraordinario de
revisión, en escrito en el que se opuso a las pretensiones de la parte recurrente,
toda vez que, a su juicio, no le cabe responsabilidad alguna en los hechos que
dieron origen al proceso ordinario. De igual manera, alegó lo siguiente: I) ausencia
de causa petendi de la demanda, pues en el proceso ordinario el daño no tuvo la
connotación de antijurídico; por tanto, el recurso extraordinario no tiene vocación
de prosperidad; ii) hecho exclusivo y determinante de un tercero, teniendo en
cuenta que el proceso penal inició con ocasión de la denuncia penal instaurada
por la señora María del Pilar Arias León y, iii) "culpa exclusiva de la víctima", por
cuanto el mismo comportamiento del señor Édinson Enrique Vides López fue el
que propició el inicio de la investigación y posterior proceso pena18.

Por su lado, la Fiscalía General de la Nación en su oposición al recurso
extraordinario solicitó que este sea desestimado, comoquiera que no "puede ser
empleado para debatir la comprensión jurídica del juez natural de la causa y
reabrir debates propios de la instancia, mucho menos sin cumplir con la carga
argumentativa suficiente para conducir a la Sala Especial de Revisión a la
convicción de que se presentó un auténtico yerro en aquella"9.

El agente del Ministerio Público en su intervención -rendida por conducto del
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Dr. Luis Ramiro
Escandón Hernández- solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, por cuanto, en su criterio, fue "indebidamente sustentado" y no cumple
con la "carga argumentativa" necesaria para que proceda dicho mecanismo
procesa116.

2.4.2. En el presente asunto el despacho del magistrado sustanciador consideró
que no era necesario agotar el período probatorio establecido en el artículo 254 de
la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que el demandante aportó con el recurso
extraordinario los medios de convicción que consideraba pertinentes y útiles para
demostrar el cargo de nulidad invocado, al tanto que las entidades accionadas no
formularon petición alguna sobre el particular". Bajo este entendido, las pruebas
4 Expediente 11001-03-15-000-2019-00169-01
5 Expediente 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947).
6 Recurso extraordinario de revisión, páginas 1 a 12, expediente digital.
7 Indice No. 4, consulta realizada en el sistema de gestión judicial SAMAI, el 24 de octubre de 2022. En:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086Mstas/Casostlist_procesos.aspx?guid=11001032600020210012
0001100103.
8 Ver, indice 10, sistema de gestión judicial SAMAI, consulta realizada el 25 de octubre de 2022. En:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086Nistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032600020210012
0001100103.
9 Ver, indice 11, sistema de gestión judicial SAMAI.
1° Indice 12, consulta al sistema de gestión judicial SAMAI.
11 El despacho no solicitó copia del proceso ordinario de reparación directa seguido en contra del señor
Édinson Enrique Vides López (solicitado por el extremo recurrente), toda vez que resulta innecesaria, por

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Demandante: Cristina Sequea López y otros

allegadas con el recurso se incorporaron debidamente al proceso y su traslado se
surtió en conjunto con el recurso extraordinario12.

Agotadas las etapas en cuestión, el expediente ingresó: para fallo el 27 de octubre
de 202113.

III. PROBLEMA JURÍDICO

¿Es procedente infirmar el fallo dictado el 14 de mayo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 201114, la
Subsección es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra el fallo dictado el 14 de mayo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

4.2. Oportunidad para la interposición del recurso

Los accionantes invocaron como causal de revisión la prevista en el numeral 5°
del artículo 250 del CPACA, por lo que la oportunidad para interponer el presente
recurso es de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia cuya
revisión se pretende.

Según la constancia que obra en el proceso, la sentencia del 14 de mayo de 2020
-objeto de revisión- se notificó el 19 de mayo de 202015; no obstante, para el 2020
ocurrió lo siguiente:

• El ministro de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 del
12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa
del nuevo Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio nacional.

• El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA20-11517
del 15 de marzo de 2020, decretó la suspensión de términos judiciales en
todo el país a partir del 16 de marzo de 2020.

• El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA20-
11567 del 5 de junio de 2020, levantó la suspensión de términos judiciales y
administrativos en todo el país a partir del 1 de julio de 2020.

cuanto el recurso extraordinario de revisión procede únicamente contra la sentencia dictada en segunda
instancia, que es la que pone fin al proceso y contiene la decisión definitiva del caso.
12 Ver, Indice 9, sistema de gestión judicial SAMAI.
13 Indice 13, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
14 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de
la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias eiecutoriadas proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Conseio de Estado según la materia (se
destaca).
15 Página 56 del documento digital que contiene la demanda.

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Demandante: Cristina Sequea López y otros

Así las cosas, la sentencia objeto de revisión se notificó a las partes cuando los
términos judiciales se encontraban suspendidos en todo el país; por tanto, esta
providencia cobró ejecutoria una vez el Consejo Superior de la Judicatura levantó
la suspensión, es decir, quedó ejecutoriada el 3 de julio de 2020. Por consiguiente,
según lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA, las partes tenían hasta el 3 de
julio de 2021 para presentar el recurso, término que se extendió hasta el seis (6)
de julio siguiente puesto que el tres (3) de julio era día inhábil (sábado). En este
sentido, como los actores radicaron la demanda el 16 de junio de 2021, se
concluye que su formulación se hizo en tiempo.

4.3. Legitimación para la causa

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, la Sala encuentra que el
señor Édinson Enrique Vides López fue la víctima directa dentro del proceso de
reparación directa que se decidió en la sentencia objeto de revisión, pues fue
privado de su libertad por orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia
con Funciones de Garantías1°. De igual manera, se encuentra acreditado que Luis
David Vides Sosa es hijo del señor Édinson Enrique Vides López -víctima directa-
y que este contrajo matrimonio con la señora Aida Esther Sosa Fuentes".
También se halla acreditado que los señores Pablo Absalon Vides Acuña y Lilia
Esther López Pasos son los padres de la víctima directa, según consta en el
registro civil de nacimiento No. 37926009 aportado con la demanda de revisión18.
Por su lado, los señores Ober de Jesús, lvis del Carmen, Merlidis Isabel y Wilmer
David Vides López actúan en condición de hermanos de la víctima directal9; en
consecuencia, estas personas se encuentran legitimadas en la causa por activa.

No obstante, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de Vitelma
Vides López, Cristina Sequea López e Isabel Sequea López, pues no aportaron a
la actuación medio de prueba alguno que permita establecer el vínculo o la
condición de terceros damnificados en relación con la víctima directa del daño,
como tampoco se encuentra acreditado su interés para recurrir en el presente
asunto2°.

Por su lado, la Nación — Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación están
legitimadas en la causa por pasiva, pues tuvieron participación en el proceso
penal, en tanto esta última solicitó la medida de aseguramiento y aquella la
decretó en audiencia del 8 de julio de 2009.

4.4. Análisis de la Sala

4.4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de la Corporación ha precisado la naturaleza restrictiva,
extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión, teniendo en cuenta
que su finalidad está orientada a permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan
ser analizadas nuevamente e invalidadas en los casos en que esté acreditada la
configuración de alguna de las causales que expresamente señala el artículo 250
16
Páginas 86 y 92, anexo del recurso, índice 1 del SAMA!.
17 Registro civil de nacimiento 29298602 y registro civil de matrimonio 05022262, páginas 79 y 85, anexo de la
demanda de revisión, índice 1 del SAMAI.
18 Visible página 85, anexo del recurso.
19 Registros civiles de nacimiento 37924667, 37926008, 37926010 y 6664589, visibles en las páginas 80 a 83,
anexo del recurso.
21:1 En la sentencia objeto de revisión tampoco hay forma de constatar si dichos señores actuaron dentro del
proceso ordinario de reparación directa, pues se relaciona como demandante al señor "Édinson Enrique Vides
López y otros" [sin más datos].

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Demandante: Cristina Sequea López y otros

de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), conservando, eric todo caso, el interés de
preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la
cosa juzgada21.

De conformidad con el artículo 252 ejusdem, para la formulación de este recurso
deben atenderse no sólo los requisitos de las demandas ordinarias, sino que el
recurrente tiene el deber de establecer con precisión y justificar la causal o las
causales que fundamentan el recurso y aportar las pruebas necesarias.

En este sentido, la naturaleza excepcional del recurso exige que haya una
correspondencia entre los argumentos que lo fundamentan, la causal invocada y
las alegaciones expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a este
formular juicios orientados a reprochar las motivaciones jurídicas que soportaron la
decisión adoptada ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la
propia parte en trámite del proceso, como si fuera una tercera instancia22.

Así, el recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en
cuanto a su procedencia, pues está sujeto a las causales enlistadas. Por ello, en
este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el
recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser
examinada dentro de un estricto entorno de interpretación23.

Por último, para un mejor entendimiento de esta característica, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha señalado que el recurso :extraordinario de revisión
permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de
restablecer la justicia material del caso concreto24; r así mismo, permite "(...)
respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservarla certeza y obligatoriedad
incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la
necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos
legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P."25.

4.4.2. Caso concreto

Estudio de la causal invocada

El numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -invocado por el extremo recurrente- contempla como
causal de revisión la de "[eyistir nulidad originada en la.sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación".
Esta causal de revisión exige que concurran los siguientes presupuestos: (0 que
contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el recurso de
apelación; (ii) que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no
antes, dado que las nulidades procesales están sometidas a las reglas de
procedibilidad establecidas en el artículo 134 del Código General del Proceso; (iii)
debe corresponder a alguno de los vicios previstos en el artículo 133 ibídem o
alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más gravosa la situación

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala,27 Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia del 2 de abril de 2019, exp. 11001-03-15-000-2018-03162-00 (REV).
24 Corte Constitucional, Sentencia C-418 de 1994.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-966 de 2005.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros

al demandante sin que exista demanda de reconvención; en los eventos en que la
providencia carezca de motivación; cuando se profiera un nuevo fallo en un
proceso concluido con sentencia en firme; además, si se procede a dictar
sentencia cuando previamente se ha aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención; por otra parte, si se profiere fallo como única
actuación; cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso; cuando se
dicta sentencia después de ocurrida alguna de las causales de interrupción o
suspensión del proceso; cuando existe un mayor o menor número de magistrados
o de votos a los previstos, así como otras situaciones que comporten una violación
del derecho fundamental al debido proceso28.

En el caso que se analiza, el recurrente protesta que, la sentencia del 14 de mayo
de 2020 dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció el derecho a
la presunción de inocencia, la cual no se desvirtuó en el proceso penal y,
adicionalmente, precisó que se debió aplicar el precedente jurisprudencial
establecido en la sentencia del 15 de noviembre de 201927, a través de la cual se
dejó sin efecto la sentencia de unificación del 15 de agosto de 201828, dictada por
la Sección Tercera en materia de privación injusta de la libertad. El propósito del
recurso, entonces, está dirigido a cuestionar el análisis de la "culpa de la víctima"
por considerar que la conducta del señor Édinson Enrique Vides López no dio
lugar a la imposición de la medida de aseguramiento, en tanto no se desvirtuó su
presunción de inocencia.

En el caso que nos ocupa, se observa que la decisión penal absolutoria, dictada
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Valledupar en audiencia oral del 22 de julio de 2010, por medio de la cual se
absolvió al señor Édinson Enrique Vides López, no tiene efectos de cosa juzgada
frente a la sentencia que se analiza, dictada dentro del proceso seguido a través
de la acción de reparación directa, por cuanto en el primero de los litigios el
debate gravitó sobre la responsabilidad penal del acusado, mientras que, en el
segundo, la contienda estaba dirigida a estudiar la responsabilidad del Estado por
el supuesto daño antijurídico inferido a los demandantes con motivo de la
privación injusta de la libertad.

En ese entendido, si bien el juez de lo contencioso administrativo en el proceso
originario examinó y valoró las actuaciones que se surtieron en aquel proceso
penal, por cuanto ello resultaba necesario para determinar el carácter injusto o no
de la privación, lo cierto es que no se ocupó de juzgar la ilicitud de los hechos que
fueron materia de investigación penal, sino la legalidad de las actuaciones que
desplegó la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el único
propósito de esclarecer si el daño alegado devino o no en antijurídico. En efecto,
en la sentencia del 14 de mayo de 2020 -objeto de revisión-, el Tribunal
Administrativo del Cesar indicó:
"(...) la decisión absolutoria no es titulo suficiente para probar todos los
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado por
privación injusta de la libertad y para descartar las eventuales causales
de exoneración de responsabilidad, en tanto se estaría negando la
independencia y autonomía no sólo del juez sino de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, pues en el caso concreto, se tiene que
existían razones suficientes para imponer la medida de aseguramiento.
Así, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018,
radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
27 Expediente 11001-03-15-000-2019-00169-01 AC.
28 Expediente 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros

desarrollaron los hechos, resulta aplicable la culpa exclusiva de la
víctima como eximente de responsabilidad de las entidades
demandadas.

Debe hacerse claridad que dado el carácter especial del delito
cometido, (sic) y el grado de afectación capaz de generar en el interés
superior de la menor de edad como sujeto privilegiado en nuestro
Estado Social de Derecho, se imponía a las autoridades la adopción de
decisiones y actuaciones prontas, justas y garantistas, si se tiene en
cuenta que los derechos fundamentales que se encontraban en juego
eran la dignidad, intimidad y desarrollo de la personalidad, por tanto es
dable indicar que el material probatorio allegado permite concluir que la
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva
ordenada contra EDISON ENRIQUE VIDES LOPEZ no fue injusta, aun
habiéndose absuelto de responsabilidad por imposibilidad de desvirtuar
la presunción de inocencia, toda vez que la actuación desplegada por la
Fiscalía General de la Nación y la Nación — Rama Judicial en el proceso
penal correspondió al ejercicio del ius puniendi del Estado,
convirtiéndose entonces, la privación de la libertad del hoy demandante,
en un carga que proporcionalmente debía ser soportada, como
cualquier otro ciudadano frente al que se haga una acusación directa de
tal magnitud.

Por tanto, sí existían elementos suficientes para considerar razonable y
proporcionarla decisión de privar de la libertad al procesado, quedando
demostrado con ello que las demandadas actuaron' en ejercicio legítimo
de los poderes reconocidos al Estado (...)".

En tales condiciones, el juez de la reparación directa no vulneró derecho de los
demandantes -hoy recurrentes extraordinarios- en relación con la declaratoria de
inocencia que se efectuó en el proceso penal, pues en modo alguno puso en tela
de juicio la exoneración que en aquella instancia se hizo del demandante por el
delito investigado. No obstante, lo que sí hizo -y que además le correspondía por
la naturaleza del asunto- fue un análisis de la incidencia de su conducta para
poder determinar si la medida de aseguramiento se ajustó o no al ordenamiento
legal, conclusión que le permitió establecer -de manera lógica- que las
actuaciones de las demandadas fueron desplegadas conforme a derecho, sin que
se advierta ningún comportamiento arbitrario o desproporcionado que haya
desconocido la presunción de inocencia del señor Édinson Enrique Vides López y
que, en consecuencia, haya generado responsabilidad en cabeza del extremo
demandado.

Ahora bien, el recurrente alegó que la providencia censurada también desconoció
el precedente jurisprudencial dispuesto en la sentencia de tutela del 15 de
noviembre de 201929, a través de la cual -a su juicio- se dejó sin efecto, en
materia de privación de la libertad, la sentencia de unificación de la Sección
Tercera del 15 de agosto de 20183°. Sobre el particular, lo primero que se debe
advertir es que, conforme a la jurisprudencia de la Corporación, esta sentencia de
tutela extinguió tanto el "deber de acatamiento inmediato que tiene la
administración y los jueces" 31, como la posibilidad de.abarcar o de aplicarse en
casos diferentes, pues dicha providencia, en sí misma, no constituye un acto

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2019, radicación
11001-03-15-000-2019-00169-01. Esta sentencia fue seleccionada para revisión por la Corle Constitucional y
confirmada mediante sentencia SU-363 de 2021.
3° Expediente 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947).
31 Al respecto, se recomienda consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de
2022 radicación, 11001-03-26-000-2020-00021-00 (65.707).

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros

jurídico vinculante para los jueces y tribunales de esta jurisdicción, en tanto, se
trata de una sentencia con efectos interpartes -no vinculante para el Tribunal
Administrativo del Cesar-32 y, además, porque no resulta razonable concluir que el
amparo de derechos fundamentales dispensado en función de las
consideraciones particulares de un caso concreto tenga por efecto enervar las
reglas o criterios generales adoptados por la Sala Plena de la Sección Tercera en
sede de unificación de jurisprudencia.

Sobre el particular, es del caso precisar que los fallos de tutela solo producen
efectos interpartes -al igual que ocurre cuando un juez de la República inaplica
una norma en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad- por lo que no es
posible considerar que sus efectos sean erga omnes, dado que las razones que
sustentan la protección constitucional no son generales, impersonales ni
abstractas y, por el contrario, se ciñen al caso individual y concreto, pues su
función es única y exclusivamente la de salvaguardar derechos fundamentales
por medio de la adopción de medidas conducentes y necesarias con miras a
contrarrestar o cesar la amenaza. Al punto, la Corte Constitucional ha precisado lo
siguiente:

"(.. ) En el proceso de tutela existen dos partes, a saber por un lado se
encuentra la persona agraviada o afectada en sus derechos constitucionales
fundamentales, que es quien inicia la acción, y por el otro, la autoridad pública
o el particular que con su actuación u omisión ha ocasionado la vulneración o
amenaza de tales derechos, es decir, aquella contra la cual se ha invocado la
acción.

"(...) el fin o propósito específico de la acción de tutela, aparece claramente
determinado, (sic) y no es otro que el de brindar a la persona afectada, óigase
bien, única y exclusivamente a ésta, la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales que le han sido vulnerados o
amenazados, por parte de una autoridad pública o de un particular.

"En consecuencia el juez a quien compete resolver la citada acción, no puede
pronunciarse en forma general, impersonal y abstracta, pues su función se
limita a ordenar para el caso particular y específico, puesto en su
conocimiento, las medidas necesarias para garantizar al agraviado el pleno
goce de su derecho y, si es pertinente, volver las cosas al estado en que se
encontraban antes de la violación.

"De otra parte debe acatarse el mandato contenido en el artículo 36 del citado
decreto, cuando señala textualmente que 'las sentencias en que se revise una
acción de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto...; disposición que
concuerda con la norma constitucional que instituyó la acción de tutela, en
nuestro ordenamiento jurídico.

32 Por regla general, las decisiones que adoptan los jueces de la República al momento de proferir un fallo en
el curso de una acción de tutela vinculan solo a quienes fueron parte en el trámite de la misma e igual suerte
corren las decisiones que adopta la Corte Constitucional cuando revisa los fallos de tutela, situación prevista
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, así:

"ARTICULO 36. EFECTOS DE LA REVISION. Las sentencias en que se revise una decisión de
tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al
juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las
partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta".

De igual manera, el artículo 48.2 de la Ley 270 de 1996 -declarado exequible en sentencia C-037 de 1996-
establece que "las decisiones judiciales proferidas en la acción de tutela tienen carácter obligatorio solo para
las partes".

9

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros

"Como la persona que ejerce la acción de tutela tiene tan sólo un interés
individual, paiticular y concreto, cual es el de que se le proteja un derecho
constitucional fundamental, la sentencia que la resuelva tiene ese mismo
carácter, es decir, que sólo surte efectos en el caso individual y específico. La
facultad del juez de tutela no le permite abarcar o comprender casos
diferentes, como tampoco legislar, pues su función, se repite, se limita a
proteger el derecho, ya sea ordenando hacer lo omitido, cesar las actuaciones
o amenazas, o deshacer lo hecho, no más" (Destaca la Sala)33.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la
acción de tutela solo tiene efectos interpartes y, por consiguiente, las
consideraciones que soporten tales decisiones no son vinculantes para los jueces,
en tanto no es posible admitir la existencia de un precedente jurisprudencial para
el resto de la jurisdicción. Al punto, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha
precisado que "estas decisiones solo tienen efectos entre las partes"34; en esta
misma línea de argumentación y en cuanto a los efectos que produjo la sentencia
de tutela del 15 de noviembre de 2019, cuyo "precedente" se alega como
desconocido en el asunto de la referencia, la Subsección "B" de la Sección
Tercera36, precisó:

"(...) 42. Frente a la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, en el
cual se analizó el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima, la Sala encuentra que esta es una decisión que solo tiene la
virtualidad de afectar a los sujetos procesales allí involucrados (efectos
inter partes) y, por tanto, no constituye precedente vinculante en el caso
concreto.

(...) 44. Ahora bien, sí constituye un precedente vinculante la sentencia SU-
072 de 2018 de la Code Constitucional, en la que se estableció que para
determinar si un daño es antijurídico o no, en lo relativo a la privación de la
libertad, es necesario estudiar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
en la medida impuesta.

45 Además, no se puede establecer un único régimen de responsabilidad en
todos los asuntos y como fórmula inmutable, pues &juez de la reparación, de
acuerdo con las particularidades de cada caso y en aplicación del principio
iura novit curia, deberá elegir el título de imputación con base en el cual
analizará la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad"
(Destaca la Sala).

En este sentido, conviene recordar que en la sentencia de unificación del 15 de
agosto de 201836, la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó su
jurisprudencia "en relación con el régimen de responsabilidad o título jurídico de
imputación aplicable a los casos en los cuales se reclama la reparación de daños

33 Ver, cone Constitucional, sentencia T-321 del 10 de agosto de 1993.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
17 de marzo de 2021, radicado: 15001-23-31-000-2004-01993-01, expediente: 49637, actor: Ilba Patricia
Moreno Bernal y otros, demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial. Este mismo
criterio es reiterado en la Subsección A, de la Sección Tercera, como se puede consultar en la sentencia del
22 de octubre de 2021 (radicado: 11001-03-15-000-2021-04236-01 -AC-, actor: Carlos Alberto Bohórquez
Yepes, accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B), así como en la sentencia del 12 de
agosto de 2022, radicado 11001-03-15-000-2022-03010-00, actor: Roosbell León Pinto, accionado: Nación —
Rama Judicial - Consejo de Estado — Sección Segunda — Subsección B.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
23 de julio de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-00243-01(AC), actor: Stella Collazos y otros,
demandado: Nación - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Es de anotar que, en esta
oportunidad, el ponente de la sentencia del 15 de noviembre de 2019 -radicado 11001-03-15-000-2019-
00169-01- salvó el voto.
36 Expediente 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947).

10

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Soguea López y otros

irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que,
posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa" y unificó los
criterios que el juez contencioso administrativo debe verificar en los casos en los
que se demande tal responsabilidad. Así, se dijo:

"(...) En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su
jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en tomo a la
responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el
sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el
órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual
fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió,
que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no
constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado
respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in
dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del
artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad
del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de
oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la
óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la
apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien
demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la
autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo yen
virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto
bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de
acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los
fundamentos que le sirven de base para ello'37.

Dicho fallo precisó, además, que la libertad no es un derecho absoluto y consideró
que su restricción -con la imposición de una medida de aseguramiento- no tiene
relación alguna con la presunción de inocencia, por cuanto, hasta que no se dicte
sentencia condenatoria en contra del procesado, se entiende que su inocencia se
mantiene intacta.

Por su parte, en la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección "B" dejó sin efectos la anterior sentencia y
ordenó que, en el término de 30 días, se profiriera un fallo de reemplazo en el que
se valorara la "culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia de la
accionante". Con todo, en cumplimiento de dicho fallo, esta Corporación el 6 de
agosto de 2020 emitió sentencia de remplazo y consideró que no era necesaria la
valoración de la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad, tal
como lo indicó el fallo de tutela, "toda vez que en el presente asunto no se superó
el supuesto de acreditar el título de imputación, aspecto que es necesario para el
análisis ordenado".

Puestas así las cosas, los efectos que se predican de la mencionada sentencia del
15 de noviembre de 2019, dictada por la Subsección "B" de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, se circunscriben única y exclusivamente a la situación

37 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente
66001-23-31-000-2010-00235-01 (46.497), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

11

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Saquea López y otros

individual, particular y concreta del asunto que allí se resolvió para salvaguardar
los derechos fundamentales alegados -debido proceso e igualdad-, de suerte que
tales efectos no abarcan ni comprenden otros asuntos, aun cuando sean de
similar naturaleza. La función del juez de tutela se limitó a proteger los referidos
derechos fundamentales atinentes -insiste la Sala- al caso individual sometido a
estudio en aquella oportunidad; por manera que, así esta decisión haya dejado sin
efectos la sentencia de unificación para el asunto resuelto con fundamento en
aquella, esto no significa que se hayan fijado reglas jurisprudenciales que
requieran ser aplicadas a futuro por todos los jueces de esta jurisdicción.

Con todo y lo anterior, resulta necesario recordar que en materia de privación de
la libertad la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 determinó que,
los artículos 90 de la Constitución y 68 de la Ley 270 de 1996, no establecen un
régimen de imputación concreto para estos asuntos y concluyó, con fundamento
en el citado artículo 68 de la Ley 270 y en lo expuesto en la sentencia C-037 de
1996, que el juez administrativo, en todo caso, debe definir "si la decisión que
privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la
imposición de medidas preventivas" 38, es decir, que el juez debe examinar si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad fue proporcionada y
razonada. En palabras de la Corte:

"... el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del
criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el
simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del
Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del titulo de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario ludida! penal
se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y
leaalidad'39 (negritas de la Sala).

No obstante, precisó la Corte, la anterior exigencia no implica que en todos los
casos deba valorarse el dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia,
pues, en cada caso particular, el juez en aplicación del principio iura novit curia
"podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el
daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable,
desproporcionada y, por ese motivo, no tenla por qué soportarsem°.

En ese orden, contrario a lo que entiende la parte recurrente, la línea
jurisprudencial que el Consejo de Estado asumió desde el año 2018 coincide con
el precedente de la Corte Constitucional y, en tal sentido, el juez de lo contencioso
administrativo debe establecer si la providencia mediante la cual se restringe la
libertad de una persona mientras es investigada -o juzgada- es proporcionada y
razonada, previa la verificación de su conformidad con el derecho. En todo caso,
en los eventos en que se demande la responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad es necesario demostrar que la medida que restringió la
libertad fue producto de una decisión irracional, desproporcionada e inadecuada,
análisis que debe realizarse al margen del título de imputación que el juez decida
aplicar en ejercicio del principio iura novit curia.

38 Ver, corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018.
39 Al respecto, dijo la Corte: "dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual
de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo
podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano
devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenla por qué
soportarse".
4° Ibídem.

12

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros

Así las cosas, de la sentencia que se pide revisar en el marco de este recurso
extraordinario, se observa, sin dificultad, que el Tribunal Administrativo del César
agotó la carga de la transparencia frente a la sentencia del 15 de noviembre de
2019, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por cuanto, al concluir la existencia de culpa por parte del señor Édinson Enrique
Vides López, descartó que se transgrediera la prohibición de regreso y la
presunción de inocencia del implicado41. Sobre el particular, en la sentencia
cuestionada se dijó:

"(...) Esta Sala de decisión debe hacer claridad, (sic) de que con estas
precisiones realizadas en precedencia y con la cita textual de las piezas
procesales transcritas, no se busca afectar la inmutabilidad de la
sentencia penal que resolvió absolver al demandante, decisión que
goza de efectos de cosa juzgada, lo que se pretende en esta instancia
es fundamentar la posición que adopta la Sala frente a la privación de la
libertad de que fue objeto del señor EDINSON ENRIQUE VIDES LÓPEZ,
con lo cual se infiere que no tiene el carácter de injusta, arbitraria ni
desproporcional, por tanto, no se puede atribuir a las accionadas ningún
tipo de responsabilidad patrimonial que deba ser objeto de indemnización a
favor de los accionantes".

Desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente judicial que alega la
parte recurrente no constituye un vicio que pueda enmarcarse en la causal quinta
de revisión del artículo 250 del CPACA y que pueda ser analizado a través de
este medio de impugnación, en tanto su procedencia se encuentra limitada a las
causales estrictamente señaladas por el legislador. El caso que acá se presenta
no es de aquellos definidos jurisprudencialmente como violatorios del debido
proceso y, por tanto, susceptible de ser revisado en asuntos de esta naturaleza.

Contrario a lo que afirma el extremo recurrente, el análisis que realizó el Tribunal
Administrativo del Cesar no tuvo por finalidad calificar la conducta que originó la
investigación penal, sino verificar su incidencia en la actuación que dio lugar a la
imposición de la medida restrictiva de la libertad. Para ese efecto, tuvo en cuenta
la declaración de la señora María del Pilar Arias León, la entrevista realizada ante
la Comisaría de Familia de Bosconia a la menor presuntamente abusada y el
informe técnico médico legal sexológico forense del 7 de julio de 2009, que arrojo
como conclusión "Himen con desfloración antigua a las 3 pm con signos de
eritema a las 10:00 am", elementos materiales probatorios que utilizó la Fiscalía
General de la Nación para abrir la investigación en contra de Édinson Enrique
Vides López, cuyo contenido y autenticidad no fue materia de reproche por parte
de la parte recurrente. De suerte que el estudio realizado sobre la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima no fue caprichoso o arbitrario,
sino que se halla debidamente justificado42.

Desde esta perspectiva, comoquiera que los argumentos que delimitan esta
contienda extraordinaria carecen de mérito suficiente para configurar la causal de
nulidad originada en la sentencia y aluden, por el contrario, a situaciones
relacionadas con la estimación errada de los hechos por parte del juez y con las

41 En virtud de la independencia judicial, el juzgador tiene libertad para adoptar su propio criterio y apartarse,
justificada y razonablemente, de la jurisprudencia fijada por los órganos de cierre aun tratándose -lo cual no es
el caso- de sentencias de unificación (art. 5, Ley estatutaria 270 de 1996).
42
La privación de la libertad dentro de un proceso penal que termina con una sentencia absolutoria no es
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues se debe determinar si la medida
restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración; así,
el daño es antijurídico cuando la )rden de restricción devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada, al paso que, por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

13

1•11r1C ---

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67064
Demandante: Cristina Sequea López y otros

normas jurídicas aplicadas, eventos frente a los cuales resulta improcedente la
pretensión extraordinaria", cabe colegir que el recurso de revisión presentado en
el proceso de la referencia deberá declararse infundado y, en consecuencia, la
Sala se abstendrá de infirmar la providencia impugnada.

5. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), subrogado por el art. 70 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con
el artículo 365 del Código General del Proceso (C.G.P.), procede la condena en
costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de
revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso y esté acreditada
su causación, razón por la cual en el presente asunto se condenará a la parte
recurrente.

El artículo 361 ibidem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el trámite de la controversia, así como por
las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la
misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No.
PSAA16-10554 de 2016M-45.

En este caso, la entidad demandada, por conducto de su apoderado, se opuso a
la prosperidad del recurso extraordinario de revisión, por lo que la fijación de
agencias en derecho resulta procedente .

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera razonable fijar las agencias en
derecho en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
ejecutoria de esta providencia en favor de la parte demandada (50% para cada
una de las entidades que conforman dicho extremo procesal) y a cargo del
extremo recurrente.

6. Reconocimiento de personería

Por cumplir con los requisitos de los artículos 74 y 75 del Código General del
Proceso, se reconocerá personería a la abogada Sandra Patricia Lesmes
Cogollos, identificada con cédula de ciudadanía 51'904.206 y titular de la tarjeta
profesional No. 88.391 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la Fiscalía General de la Nación, en los términos y para los efectos
del poder a ella conferido47. De igual manera, se reconocerá personería al
abogado Javier Fernando Rugeles Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía
79'372.166 y tarjeta profesional No. 143.937 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar dentro del presente proceso como apoderado de la Nación
— Rama Judicial, en los términos y para los efectos del poder conferido".

43 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 17 de diciembre de 1998, exp. 11942.
" "9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V (...)".
45 Teniendo en cuenta que el recurso se presentó el 9 de julio de 2014.
46 Ver, numeral 2.4.1 de los antecedentes de esta sentencia.
47 Ver, índice 11, sistema de gestión judicial SAMAI.
48 Ver, índice 10, sistema de gestión judicial SAMAI, consulta realizada el 25 de octubre de 2022. En:
https://relatoria.consejodeestado.goy.co:8086Nistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032600020210012
0001100103.

14

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00120-00 (67062)
Demandante: Cristina Sequea López y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE 'a falta de legitimación en la causa por activa de Vitelma
Vides López, Cristina Sequea López e Isabel Sequea López, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
propuesto por el señor Édinson Enrique Vides López y otros, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 14 de mayo de 2020, de
conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia.

TERCERO: CONDENASE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría,
LIQUÍDENSE los gastos procesales.

CUARTO: FÍJASE por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte
recurrente y a favor de las entidades demandadas (50% para la Fiscalía General
de la Nación y 50% para la Nación - Rama Judicial), la suma equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

QUINTO: RECONÓCESE personería adjetiva a los abogados Sandra Patricia
Lesnnes Cogollos y Javier Fernando Rugeles Fonseca, portadores de las tarjetas
profesionales 88.391 y 143.937, expedidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar corno apoderados de la Fiscalía General de la Nación y de
la Nación — Rama Judicial, respectivamente.

SEXTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLAS YEPE O
Presidente

J
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHE UQUE
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto. Cfr. Rad.
48.205-20 #1.

15

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