Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00148-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00148-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00148-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
23 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266)
Demandante: Nación – Rama Judicial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266)
Demandante: Nación – Rama Judicial
Demandado: Diógenes Villa Delgado
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque, en relación
con uno de los motivos de responsabilidad atribuidos al
demandado, no se demostró el supuesto de hecho de la presunción
de culpa grave invocada; y frente al otro, no se formuló un cargo
claro de dolo o culpa grave en su contra.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Nación –
Rama Judicial contra Diógenes Villa Delgado.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que el
demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos.
En audiencia del 29 de noviembre de 2021 el magistrado ponente corrió
traslado para alegar por escrito. Las partes presentaron alegatos de
conclusión. El Ministerio Público solicitó declarar la caducidad de la acción
porque la demanda fue presentada más de dos años después del vencimiento
del término para pagar la condena.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley.
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Demandante: Nación – Rama Judicial
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de julio de 2020
por la Rama Judicial. Se dirigió contra Diógenes Villa Delgado para obtener el
reintegro de lo pagado por la entidad como consecuencia de la condena impuesta
en la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá el 30 de
abril de 2014, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17
de noviembre de 2016.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda integrada2 y de las piezas procesales
allegadas por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El demandado Diógenes Villa Delgado era el director ejecutivo de
Administración Judicial.
2.2.- Mediante la Resolución No. 5104 del 16 de septiembre de 2011 el
demandado declaró insubsistente el nombramiento de Antonio Enrique Barrera
Martínez como director de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ). Este acto no fue motivado.
2.3.- En reemplazo del señor Barrera Martínez, el demandado nombró a Alba
Marina Arboleda Montoya como directora de la Unidad de Informática.
2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Barrera Martínez demandó la resolución que declaró su insubsistencia.
2.5.- El 30 de abril de 2014 el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá declaró
la nulidad de la Resolución No. 5104 de 2011 porque el cargo de director de la
Unidad de Informática de la DEAJ era de carrera. Como el señor Barrera Martínez
ocupaba el cargo en forma provisional, su insubsistencia debía ser motivada.
Además, no se probó que el nombramiento de su reemplazo significara un
mejoramiento en el servicio. El juzgado ordenó el reintegro del funcionario y el
pago de los emolumentos dejados de recibir.
2.6.- Mediante providencia del 17 de noviembre de 2016 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la declaratoria de nulidad del acto
porque este debió ser motivado. Sin embargo, revocó la orden de reintegro, pues
el cargo había sido provisto mediante concurso de méritos, y limitó la
indemnización hasta el momento en que se nombró al nuevo titular.
2.7.- Por medio de la Resolución No. 1027 del 2 de junio de 2020, la entidad
demandante dispuso el pago. La condena, por un valor total de quinientos treinta
y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil treinta y cinco pesos
($534.584.035), fue pagada el 30 de julio de 2020.
2 La entidad presentó la demanda el 7 de julio de 2020 y la reformó el 5 de agosto de 2020, antes de que se
decidiera sobre su admisión. La demanda luego fue subsanada el 1º de octubre de 2020 (índice 2, SAMAI).
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Demandante: Nación – Rama Judicial
3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el
numeral 3 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<omisión de las
formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos
determinada por error inexcusable>>. El demandado no motivó la resolución de
insubsistencia de Antonio Enrique Barrera Martínez, aunque, para ese momento,
la ley y la jurisprudencia coincidían en el deber de motivar los actos de retiro de
los funcionarios provisionales.
4.- Adicionalmente, la entidad sostuvo que el demandado mostró <<parcialidad y
desviación de poder>> al proferir la resolución de insubsistencia. Ese acto
administrativo no tuvo como finalidad mejorar el servicio público, porque la
funcionaria que reemplazó al señor Barrera Martínez no tenía mejores
condiciones y competencias para asumir el cargo.
B.- Posición de la parte demandada
5.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos
de defensa expuso los siguientes: (i) para el momento en que profirió la
resolución de insubsistencia, la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado señalaba que los cargos de directores de unidad de la DEAJ
eran de libre nombramiento y remoción; (ii) aunque la Corte Constitucional dejó
sin efectos esa interpretación, esto sucedió después de proferir el acto anulado;
(iii) para ese momento, la Contraloría adelantaba una auditoría sobre procesos
de contratación relacionados con la Unidad de Informática, por lo que el
demandado no tenía suficiente confianza hacia el señor Barrera Martínez; (iv) las
sumas que la entidad afirmó haber pagado eran exorbitantes; y (v) con base en
los anteriores argumentos formuló las <<excepciones>> de ausencia de culpa
grave y ausencia de acreditación del pago.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar
6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
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el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
la entidad contaba para pagar.
6.2.- En este caso el pago se realizó el 30 de julio de 2020, después del
vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de
caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del vencimiento del plazo para pagar.
Como este venció el 10 de junio de 20184, el término de caducidad transcurrió,
en principio, hasta el 11 de junio de 2020. No obstante, este plazo estuvo
suspendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 por
disposición del Decreto Legislativo 564 de 20205.
6.3.- Para el momento en que se reanudó el término de caducidad restaban dos
(2) meses y veintiséis (26) días para su vencimiento, por lo que la demanda
presentada el 7 de julio de 20206 se radicó oportunamente.
7.- La Sala declara procedente la tacha por parcialidad formulada por la entidad
demandante contra el testigo Robinson Sanabria Baracaldo, por existir <<una
estrecha relación de amistad con el señor Diógenes Villa Delgado, tan es así que
lo nombró su mano derecha en la Dirección Ejecutiva, [como] director
administrativo>>. En su declaración, el testigo señaló que conocía al demandado
desde hace más de quince (15) años, que este le pidió hacer parte de su equipo
de empalme como director ejecutivo de Administración Judicial, y que luego lo
nombró director administrativo de la DEAJ7. La Sala advierte que, de acuerdo con
el artículo 211 del CGP, lo anterior no significa la exclusión de la prueba, sino que
se <<analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso>>.
8.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su
entrada en vigencia. La Resolución No. 5104, mediante la cual se declaró
4 La condena quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2016 (fl. 103, documento 1, índice 2 de SAMAI). La
Sala no comparte la postura planteada por el Ministerio Público en su concepto, según la cual la condena
debía pagarse dentro del plazo de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA. El proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho estuvo regido por el CCA porque inició bajo su vigencia, de modo
que el pago de la condena debía realizarse dentro del plazo de dieciocho (18) meses previsto por el artículo
177 de esa codificación. Según el artículo 308 del CPACA, <<los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior>>. En la sentencia se indicó que la
condena debía cumplirse en los términos del CCA.
5 Artículo 1º: <<Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o
procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o
ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo
de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos
judiciales (…)>>. Esa corporación ordenó la reanudación de los términos judiciales a partir del 1º de julio de
2020, mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
6 Fl. 3, documento 3, índice 2 de SAMAI y fl. 108, documento 1, índice 2 de SAMAI.
7 Grabación de la audiencia de pruebas, record 1:03:20-1:35:10 (índice 17 de SAMAI).
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insubsistente el nombramiento de Antonio Enrique Barrera Martínez, fue
proferida el 16 de septiembre de 2011.
9.- Para la Sala, los elementos objetivos de la acción de repetición están
demostrados:
9.1.- La calidad de agente estatal del demandado se probó porque profirió la
Resolución No. 5104 de 2011, mediante la cual declaró insubsistente el
nombramiento de Antonio Enrique Barrera Martínez como director de la Unidad
de Informática de la DEAJ8. Además, el demandado no controvirtió su calidad de
agente estatal.
9.2.- La condena contra la entidad está demostrada porque tanto la sentencia del
30 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá,
como la sentencia del 17 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, fueron aportadas a este proceso junto con su
constancia de ejecutoria9.
9.3.- El pago se acreditó con la constancia No. DEAJCER20-55 de la directora
administrativa de la División de Tesorería de la DEAJ10, que es prueba idónea
de este presupuesto según el artículo 142 del CPACA.
10.- La Sala negará las pretensiones de la demanda porque: (i) no está
demostrado el supuesto de hecho de la presunción de culpa grave por la
<<omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable>>; y (ii) la entidad
demandante no formuló un cargo de culpabilidad claro en relación con la
<<parcialidad y desviación de poder>> del demandado, por cuanto no identificó
en qué consistió su conducta dolosa o gravemente culposa.
D.- La entidad demandante no probó el supuesto de hecho de la presunción
de culpa grave invocada
11.- La entidad demandante invocó en la demanda la presunción de culpa grave
contenida en el numeral 3 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 11, es decir, la
<<omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable>>. Esta presunción requiere
para su configuración que el carácter <<inexcusable>> del error se establezca de
manera expresa o se deduzca claramente de la decisión judicial que se presenta
para estructurar la presunción.
8 Fl. 105, documento 1, índice 2 de SAMAI.
9 Fl. 46-103, documento 1, índice 2 de SAMAI.
10 Fl. 3-4, documento 5, índice 2 de SAMAI.
11 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por la Ley 2195
de 2022, porque esta última no estaba vigente al momento de los hechos.
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12.- A partir de las sentencias dictadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho está establecido que la Resolución No. 5104 de
2011, proferida por el demandado, carecía de un elemento necesario para su
validez: la motivación. En esas providencias se determinó que, al tratarse de un
cargo de carrera ocupado provisionalmente por el señor Antonio Enrique Barrera
Martínez, la declaratoria de insubsistencia debía ser motivada.
13.- Sin embargo, las sentencias no permiten establecer que la falta de
motivación fuera <<inexcusable>>: para el momento en que el demandado
profirió el acto de insubsistencia, la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado señalaba que el cargo de director de la Unidad de Informática
de la DEAJ no era de carrera, sino de libre nombramiento y remoción.
13.1.- En palabras de la sentencia de primera instancia:
<<El 26 de noviembre de 2009 la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad parcial del numeral 3 del artículo 2 del Acuerdo 345 [que
convocó a un concurso de méritos], al considerar que los cargos de director
de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ofertados
en la convocatoria eran de libre nombramiento y remoción, tal como se
puede deducir de los Acuerdos 250 y 273 de 1998. […]
El Consejo de Estado concluyó que los cargos de director de Unidad de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y director de
Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial eran de libre
nombramiento y remoción pues son equivalentes al cargo de magistrado
auxiliar y, en esa medida, no pueden ser sometidos a concurso público de
méritos, tal y como se hizo mediante el Acuerdo 345 de 1998. […]
La Corte Constitucional, dentro del proceso de revisión del fallo de tutela antes
citado, a través de la sentencia SU-539 de 12 de julio de 2012, revocó la tutela
antes señalada y dejó sin efecto el fallo proferido el 26 de noviembre de 2009
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, en el cual se había declarado la nulidad parcial del numeral 3 del
articulo 2 del Acuerdo 345 de 1998>>12 (resalta la Sala).
13.2.- Lo anterior fue confirmado por la sentencia de segunda instancia:
<<En ese contexto, si bien la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2009
por el H. Consejo de Estado se encontraba en firme para la época de la
declaratoria de insubsistencia del actor, y en la misma se declaró la nulidad
parcial del artículo 2º del numeral 3 del Acuerdo No. 345 de 3 de septiembre de
1998, […] al contestar la demanda en el sub lite y en otros procedimientos
judiciales, la Rama Judicial siempre ha aceptado que el cargo que desempeñaba
el actor era de carrera administrativa provisto en provisionalidad, apoyando la
tesis sostenida por la H. Corte Constitucional>>13 (resalta la Sala).
12 Fl. 55-57, documento 1, índice 2 de SAMAI.
13 Fl. 91, documento 1, índice 2 de SAMAI.
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14.- En la sentencia SU-539 de 2012, la Corte Constitucional dejó sin efectos la
interpretación del Consejo de Estado según la cual los cargos de directores de
unidad de la DEAJ eran de libre nombramiento y remoción; pero esto sucedió
después de que el demandado declarara la insubsistencia del nombramiento del
señor Barrera Martínez. Y, aunque en la sentencia de segunda instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se indicó que la Rama Judicial
había afirmado que esos cargos eran de carrera, no está probado que el
demandado fuera el director ejecutivo de Administración Judicial para ese
momento y, menos aún, que él hubiera conocido o sostenido esta posición.
15.- La Sala advierte que, de acuerdo con el testimonio de Robinson Sanabria
Baracaldo, él y otros miembros del equipo directivo asesoraron al demandado en
el sentido de que los cargos de director de unidad de la DEAJ eran de libre
nombramiento y remoción14. Aunque el testigo fue tachado por parcialidad, es
creíble que el demandado recibiera esta asesoría, porque coincidía con el criterio
de la Sección Segunda del Consejo de Estado para ese momento.
16.- Los anteriores argumentos, además de desvirtuar que la falta de motivación
de la resolución de insubsistencia era <<inexcusable>>, evidencian que el
demandado no obró con culpa grave. Al tratarse, en este caso, de la aplicación
de la jurisprudencia vigente para el momento en que se expidió el acto
administrativo, no podría considerarse que el demandado obró con extrema
negligencia al proferir la Resolución No. 5104 de 2011.
E.- La entidad demandante no formuló un cargo de culpabilidad claro en
relación con la <<parcialidad y desviación de poder>> del demandado
17.- Aunque la Rama Judicial sostuvo que el demandado obró con <<parcialidad
y desviación de poder>> al declarar la insubsistencia de Antonio Enrique Barrera
Martínez, no explicó por qué afirma que actuó de esta forma. En efecto, se limitó
a señalar que reemplazar al señor Barrera Martínez por la señora Arboleda
Montoya como directora de la Unidad de Informática no persiguió el mejoramiento
del servicio, debido a que aquel tenía mejores condiciones que ella para ocupar
14 <<(…) Eran cargos de dirección y manejo, todos estos cargos que teníamos incluido el mío, todos los
directores de libre nombramiento y remoción para esa época, porque recuerdo bien que yo estudié, por mi
condición de magistrado en esa época tenía las posibilidades de estar un poco más informado en muchas
cosas, y orientamos desde el punto de vista jurídico que en efecto esos cargos eran de libre nombramiento
y remoción, toda vez que, en virtud de que el Consejo de Estado tenía vigente una jurisprudencia para esa
época que esos cargos de dirección (sic), porque se equiparaban, inclusive el sueldo mío se equiparaba al
de un magistrado de tribunal o de los magistrados auxiliares del Consejo de Estado de la Corte Suprema de
Justicia. (…) Digo que estoy documentado en ese sentido porque yo precisamente fui uno de los que ayudó
a hacer el estudio jurídico en esa materia, sobre ese tema, con todos los demás del equipo de asesores que
tenía el doctor Diógenes, que eran personas también muy versadas en la materia (…)>>. (Grabación de la
audiencia de pruebas, record 1:15:22-1:17:20, índice 17 de SAMAI).
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el cargo15; pero no precisó cuál fue el interés desviado que motivó la decisión del
demandado. Y, especialmente, no identificó por qué el demandado obró con dolo
o con culpa grave al declarar la insubsistencia del nombramiento.
18.- Incluso si se entendiera que, con la mención general realizada en la
demanda acerca de la <<desviación de poder>>, se invocó la presunción de dolo
contenida en el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 678 de 2001, esta no se
estructuró con las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho. Como lo
ha señalado esta Sala16, es insuficiente que la sentencia condenatoria mencione
que el acto fue proferido con desviación de poder, sino que es necesario que en
sus consideraciones se identifique cuál fue el interés distinto del buen servicio
que llevó al demandado a proferir el acto. La sentencia de primera instancia se
limitó a señalar que no se probó que el reemplazo del señor Barrera Martínez
persiguiera el buen servicio, y la sentencia de segunda instancia solo anuló el
acto por falta de motivación.
F.- Costas
19.- El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que <<salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil>>.
20.- La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, porque la entidad demandante fue la parte vencida en el
proceso. En los términos del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas
deberá realizarse por Secretaría.
21.- Para la fijación de las agencias en derecho se tienen en cuenta los criterios
establecidos en el artículo 2º del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 proferido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, <<la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar
la labor jurídica desarrollada>>. Como el demandado estuvo representado por
apoderado, quien contestó la demanda y presentó alegatos, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes (6 SMLMV).
III. DECISIÓN
15 Ante la ausencia de un cargo de culpabilidad claro, los medios de prueba relacionados con las calidades
profesionales de Antonio Enrique Barrera Martínez y Alba Marina Arboleda Montoya, no permiten a la Sala
determinar si el demandado obró con dolo o con culpa grave.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del
2 de marzo de 2022. Exp. 56635.
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Demandante: Nación – Rama Judicial
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte actora a favor del demandado.
Por Secretaría de la Sección, LIQUÍDENSE e INCLÚYASE la suma de seis
salarios mínimos legales mensuales vigentes (6 SMLMV) por concepto de
agencias en derecho.
TERCERO: La condena en costas se cumplirá de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 192 del CPACA.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría ARCHÍVESE el
expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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