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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00170-00

Imputada: los argumentos de la demanda permiten encuadrar la conducta en la

Fecha
4 de junio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00170-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR las súplicas de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección Tercera, ARCHIVAR el expediente. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00170-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)

Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Demandado: TERESA MOYA SUTA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Temas: DEMANDA DE REPETICIÓN - presupuestos objetivos - acreditados / CONDUCTA
IMPUTADA - Los argumentos de la demanda permiten encuadrar la conducta en la
presunción de culpa grave prevista en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de
2001 - El hecho base de presunción no se encuentra probado - Los alegatos de conclusión
no tienen por objeto que se complemente o modifique la causa petendi / CONDENA EN
COSTAS – Improcedente.

La Sala resuelve, en única instancia, la demanda de repetición presentada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses contra la señora Teresa
Moya Suta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demandó en repetición a la señora Teresa Moya Suta para que se le ordene
reintegrar la suma de dinero que la parte demandante tuvo que pagar en
cumplimiento del acuerdo conciliatorio que se realizó frente a una condena
impuesta, en primera instancia, en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, que resolvió anular la resolución por medio de la cual la aquí demandada,
en su condición de ex directora general, declaró insubsistente el nombramiento de
una funcionaria que desempeñaba un cargo de carrera administrativa en
provisionalidad.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 24 de junio de 2016, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante
INPEC, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda de repetición contra la
señora Teresa Moya Suta, quien fungió como directora general, a fin de que se le

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

ordene pagar la suma de dinero que canceló en cumplimiento del acuerdo
conciliatorio derivado del fallo del 7 de diciembre de 2012 y aprobado por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Medellín, en auto del 7 de junio de
2013, dictado en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 2009-00178-001.

Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, se narró que el 1° de junio
de 2003, la señora Inés Elena Montoya se vinculó como contratista del INPEC y
desde el 17 de noviembre de 2005 fue nombrada en provisionalidad como
profesional universitaria, código 320, grado 8, de la planta global del instituto,
adscrita a la Dirección Regional Noroeste; sin embargo, en Resolución 14677 del
19 de diciembre de 2008 se declaró insubsistente su nombramiento, sin motivación
alguna.

Por tal hecho, la afectada instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el INPEC para que se anulara la resolución referida y, como
consecuencia, se le reconocieran y pagaran los sueldos y prestaciones sociales
dejados de percibir, además de ordenar su reintegro al cargo que ocupaba o a otro
de igual o superior jerarquía.

Mediante sentencia del 7 de diciembre de 2012, el Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión de Medellín accedió a las súplicas incoadas, decisión que, pese
a que fue apelada por el INPEC, las partes de esa controversia conciliaron la
condena impuesta, por manera que el 27 de mayo de 2014 se reconoció y ordenó
el pago de $203’221.012 a favor de la señora Inés Elena Montoya.

A juicio del INPEC, la señora Teresa Moya Suta, ex directora general, incurrió en
culpa grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 678 de 2011,
teniendo en cuenta que declaró insubsistente el nombramiento de la señora Elena
Montoya González, quien ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad, sin
ofrecer alguna motivación del retiro ni valorar las labores que ejercía, a la luz de lo
dispuesto en la Ley 909 de 2004.

Para tal efecto, citó extractos jurisprudenciales relativos a la obligación de motivar
los actos administrativos de insubsistencia de funcionarios que ocupan cargos de
carrera administrativa en provisionalidad.

Agregó que, si bien en el proceso primigenio se intentó justificar que la
desvinculación se ocasionó por el bajo rendimiento laboral de la señora Elena

1
Archivo 6 del expediente digital.

2

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Montoya González, quien supuestamente dejó vencer los términos para contestar
unas demandas, lo cierto era que esa situación no se probó; por el contrario, se
demostró que aquella fue absuelta en los procesos disciplinarios por las aparentes
omisiones que se le endilgaron2.

2. Trámite impartido

2.1. El 24 de junio de 2016 se radicó la demanda de repetición ante la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá3. El asunto se le asignó al
Juzgado 60 Administrativo Oral de Bogotá, el cual se abstuvo de asumir su
conocimiento por el factor de conexidad y dispuso su remisión al Juzgado 31
Administrativo Oral de Medellín, autoridad que, a su vez, pidió someter la
controversia a reparto y finalmente se dejó a cargo del Juzgado Sexto Administrativo
Oral de Medellín4.

2.2. En proveído del 25 de enero de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de
Medellín admitió la demanda y ordenó notificar a la demandada y al Ministerio
Público5.

2.3. El apoderado de la parte demandada solicitó que se declarara la nulidad de lo
actuado, en consideración a que el INPEC no se encontraba debidamente
representado, petición que fue despachada desfavorablemente el 22 de marzo de
20186.

2.4. La señora Teresa Moya Suta contestó la demanda y sostuvo que el INPEC no
allegó suficientes pruebas para acreditar la culpa grave imputada, sino que se limitó
a transcribir los razonamientos expuestos en la sentencia condenatoria.

Indicó que, de todos modos, la resolución sobre la que recayó la nulidad fue
proyectada y revisada, en su orden, por las señoras Alexandra Páez Aldana y Gloria
Esperanza Maldonado, funcionarias de talento humano de la entidad, quienes
dieron concepto favorable previo para definir la insubsistencia referida, lo que
acreditaba que la suscribió con la convicción de que se encontraba ajustada a
derecho.

De otra parte, manifestó que el INPEC ejerció una defensa deficiente en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, habida cuenta de que no contestó la

2
Archivo 4 del expediente digital.
3
Archivo 10 del expediente digital.
4
Archivo 6 del expediente digital.
5
Archivo 10 del expediente digital.
6
Archivo 21 del expediente digital.

3

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

demanda ni solicitó el decreto o práctica de pruebas, sumado a que omitió presentar
adecuadamente los alegatos de conclusión y “prescindió de apelar la decisión de
primera instancia”, por lo que era evidente que provocó la condena impuesta en su
contra.

Adujo que del monto por el que se pretende repetir se debían descontar los
intereses moratorios y aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales,
ya que dichos conceptos no tenían relación con el daño antijurídico indemnizado.

A su vez, puntualizó que se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, en la
medida en que el acuerdo conciliatorio cobró firmeza el 19 de junio de 2013 y los 10
meses para cumplir con el pago fenecieron el “19 de abril de 2014”, fecha en la que
empezó a correr el plazo de 2 años para demandar y se extendió hasta el “18 de
abril de 2014”; sin embargo, la demanda se impetró el 24 de junio de 2016.

2.5. El 2 de agosto de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial, diligencia en la que
se agotaron las etapas de saneamiento y resolución de las excepciones previas y
mixtas7. La decisión que negó la excepción de caducidad fue apelada y, en
providencia del 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia la
confirmó8.

2.6. El 14 de abril de 2021, la demandada formuló incidente de nulidad respecto de
la competencia para conocer la litis. El 17 de junio de 2021, el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Medellín declaró su falta de competencia funcional para
seguir conociendo del proceso, dado que la demanda se instauró contra la ex
directora general de una entidad del orden nacional y, en virtud de lo previsto en el
artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado era quien debía
resolverlo9.

2.7. El 10 de septiembre de 202110, esta Corporación avocó conocimiento del caso
y, el 26 de enero de 202411, reanudó la audiencia inicial. En la etapa de fijación del
litigio se precisó que en el sub lite se debía determinar si la demandada actuó con
culpa grave al proferir la Resolución 14677 del 19 de diciembre de 2008, sin algún
tipo de motivación y aduciendo que la remoción obedeció a la mejora del servicio.
De superar tal supuesto, se estudiaría la condena correspondiente.

7
Según la legislación vigente en la época.
8
Archivos 4, 31 y 34 del expediente digital.
9
Archivo 39 del expediente digital.
10
Archivo 42 del expediente digital.
11
Archivo 86 del expediente digital.

4

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Las partes manifestaron expresamente su aceptación con la determinación anterior.
Acto seguido, se tuvieron como pruebas los documentos aportados por la entidad
accionante y se decretaron las pedidas en el escrito inicial.

2.8. El 1° de abril del presente año se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión por escrito12 y al agente del Ministerio Público
para que, si a bien tenía, rindiera concepto13.

2.9. El INPEC reiteró que sus pretensiones estaban llamadas a prosperar, con base
en que “en los casos de retiro del servicio de empleados que ocupaban cargos de
carrera en provisionalidad, requerían motivación”, pues la discrecionalidad del
nominador solo se predica respecto de la desvinculación de empleos de libre
nombramiento y remoción, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional14.

En ese sentido, era palmario que la demandada al expedir la Resolución 14677 del
19 de diciembre de 2008 desconoció no solo la jurisprudencia sobre la materia, sino
la Ley 909 de 2004 y Decreto Reglamentario 1227 de 2005, atinentes a los
concursos de méritos y al retiro de empleados designados en provisionalidad en
cargos de carrera administrativa.

A la par, expresó que la decisión de la señora Teresa Moya Suta también se
encuadraba en un actuar doloso, porque la nulidad del acto administrativo de
insubsistencia devino “de falsa motivación y desviación de poder”. En concreto,
arguyó15:

(…) Teniendo conocimiento jurídico y dentro de su trayectoria profesional,
profirió y tomó la decisión de desvincular del INPEC a la señora Inés Elena
Montoya, pese a que el cargo que ocupaba en provisionalidad (…) no fue
ofertado en alguna convocatoria pública, argumentando el uso de una facultad
discrecional, situación con la cual actúo bajo una desviación de poder, ya que
no tenía asidero legal ni el alcance para realizar la desvinculación (…), pues no
se encontró fundado en el mejoramiento constante de la prestación del servicio,
sino que lo sustentó y demostró en una arbitrariedad.

(…) Se encontró demostrado que la Resolución 14677 de diciembre 19 de 2008
incurrió en una falsa motivación, por cuanto el acto acusado no tenía sustento
jurídico para desvincular a la señora Inés Elena Montoya.

2.10. La señora Teresa Moya Suta sostuvo que la parte accionante no probó el pago
efectivo del acuerdo conciliatorio, en vista de que se echaba de menos un
documento emanado por parte de la beneficiaria del recibo a satisfacción de la

12
Comoquiera que no hubo pruebas por practicar.
13
Archivo 109 del expediente digital
14
T-800 de 1998, T-884 de 2002, T-1206 de 2004, T-1310, T-222 y T-392 de 2005.
15
Archivo 110 del expediente digital.

5

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

obligación o, en su defecto, la consignación al abogado que la representaba o el
certificado de paz y salvo a favor del INPEC.

En lo que referente al elemento subjetivo, advirtió que existía una incongruencia
entre la imputación planteada en el escrito inicial y lo aducido en los argumentos de
cierre, puesto que, en el primer acto, se determinó que debía responder a título de
culpa grave, tomando en consideración que no motivó la resolución anulada, de
acuerdo con lo exigido por la ley y, en segundo término, se calificó la conducta como
dolosa por falsa motivación y por desviación de poder, situación que vulneraba sus
garantías de defensa y contradicción.

Al margen de esa inconsistencia, aseguró que no obró con culpa grave, en tanto
acató las directrices fijadas en los manuales de funciones del INPEC y asumió la
buena fe de los funcionarios de talento humano, quienes eran los encargados de
estudiar las hojas de vida de los empleados y verificar si aquellos cumplían o no con
sus deberes, a fin de aplicar los procedimientos del caso y elaborar y aprobar cada
acto administrativo relacionado con el manejo del personal de la entidad. Al
respecto, puntualizó16:

(…) Las funcionarias no informaron sobre la improcedencia de la resolución, en
ningún tiempo intentaron evitar que dicho acto administrativo fuera firmado por
la entonces directora del INPEC, fueron ellas las que omitieron la motivaron
exigida, debiendo hacerlo, ya que eran las que tenían en su poder las carpetas
de todos los funcionarios de la entidad y contaban con la información de cada
uno de ellos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011 -sin la modificación de la Ley 2080 de 202117-, el Consejo de Estado conoce,
en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerza, entre otros,
contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional.
Como la demanda se dirigió contra la señora Teresa Moya Suta, quien para la época
de los hechos se desempeñaba como directora general del INPEC, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto18.

16
Archivo 112 del expediente digital.
17
En atención a lo previsto en el artículo 86 de esa norma.
18
El artículo 6 del Decreto 4151 de 2011 establece que el director general es el representante legal
de la entidad.

6

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

2. Oportunidad

Al asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011; no
obstante, el acuerdo conciliatorio objeto de recaudo se efectuó en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Decreto
01 de 1984, por tal razón, el INPEC debía cumplirlo en los términos del artículo 177
de ese cuerpo normativo19.

De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente,
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria del auto del 7 de junio de 2013,
mediante el cual se aprobó la conciliación, lo cual ocurrió el 19 de ese mes y año,
por lo que el plazo para pagar finiquitaba el 20 de diciembre de 2014.

Ahora, el numeral 2, literal i), del artículo 164 de la Ley 1437 de 201120 señala que
lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago
o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En este
asunto, el pago total de la condena se realizó el 27 de junio de 2014, antes de que
se completaran los 18 meses consagrados en la norma.

Entonces, la demanda se presentó oportunamente el 24 de junio de 2016, pues la
entidad estatal tenía hasta el 28 de junio de 2016 para proceder de conformidad.

4. Legitimación en la causa

El INPEC está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8 de la
Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público21 directamente
perjudicada con el pago del acuerdo conciliatorio efectuado en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La señora Teresa Moya Suta se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en
tanto en la demanda se le imputó el daño objeto de la controversia, ya que se detalló
que con su actuación ocasionó el pago por el que se pide un reintegro, pero, dado
que está por determinarse el sentido de la presente sentencia -denegatoria o
condenatoria-, el referido aspecto no se estudiará ab initio, sino al analizar de fondo
el asunto.

19
“Artículo 177. Ejecución. (…) Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de
ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más
lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria
dieciocho (18) meses después de su ejecutoria (…)”.
20
Sin modificaciones.
21
El INPEC es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Interior y de
Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente (Decreto 2160
de 1992 y el Acuerdo 002 de 2010).

7

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

5. Análisis de fondo

Acreditada la existencia del acuerdo de conciliación derivado de una condena
patrimonial impuesta contra el INPEC22, el pago pertinente23 y la calidad de ex
servidora pública de la demandada24, le corresponde a la Sala examinar el actuar
de la señora Teresa Moya Suta, previa definición del título de imputación al que se
recurrirá.

En la demanda de repetición no se especificó la presunción en la que se debía
subsumir la conducta que se le reprocha a la demandada; solo se hizo énfasis en
que esta actuó con culpa grave por infringir las normas de las que se desprendía la
obligatoriedad de motivar el acto administrativo que declaró insubsistente el
nombramiento de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera
administrativa, en especial, la Ley 909 de 2004.

No obstante, la Subsección considera que se puede inferir con claridad que la
entidad demandante pretende que se aplique la presunción de culpa grave descrita
en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 200125, referida a la violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, aspecto que, a su turno,
encuentra congruencia con lo dicho en la parte inicial del escrito de alegaciones
finales y la fijación del litigio.

Descarta las causales de dolo enlistadas en el artículo 5 ibidem26, porque, de una
parte, lo narrado en la demanda para solventar la imputación no se acompasa con

22
En fallo del 7 de diciembre de 2012, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Medellín declaró la nulidad de un acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de
la señora Inés Elena Montoya y ordenó al INPEC pagar los emolumentos laborales desde su retiro,
así como su reintegro al cargo que desempeñaba (fls.10 -18 del archivo 3 del expediente digital).
Previo a conceder la alzada del INPEC, el juzgado celebró la audiencia de conciliación, oportunidad
en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio que se aprobó el 7 de junio de 2013 (fl. 19 –
22 del archivo 3 del expediente digital).
23
Según la certificación suscrita por la coordinadora del Grupo de Tesorería del INPEC y los
comprobantes, los pagos realizados a la señora Inés Elena Montoya con ocasión del acuerdo
conciliatorio se realizaron así: (i) $152’584.920 (19/06/2014); $10’130.058 (27/06/2014); $2’131.400
$3’197.700; $4’263.600; $15’964.100; $12’471.100 (29/06/2014, 24/06/2014 y 25/06/2014) (fls. 1 -
16 del archivo 3 del expediente digital). La Sala ha indicado que la certificación a la que se refiere el
artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 es, prima facie, una prueba sumaria en relación con el pago de
la condena por la cual una entidad pública repite, en concordancia con lo señalado en la sentencia
C-523 de 2009. (sentencias del 1° de marzo de 2018, expediente 52.209; del 1° de octubre de 2018,
expediente 46.994; del 30 de agosto de 2018, expediente 52.462; y del 16 de julio de 2021,
expediente 49.051).
24
La persona mencionada para la época de los hechos fungía como directora general del INPEC y,
además, suscribió al acto de insubsistencia anulado (fls. 95 – 104 del archivo 3 del expediente digital
y el cuaderno 1 del expediente primigenio obrante a índice 55 de Samai).
25
Tal disposición normativa fue modificada por la Ley 2195 de 2022; empero, ello no se aplica al
caso concreto, en vista de que los hechos que dieron lugar a la condena por la que se repite
acaecieron en 2008, por lo que la conducta de la accionada debe verificarse respecto de la norma
vigente, sin cambio alguno.
26
A cuyo tenor: “se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:
1. Obrar con desviación de poder.

8

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

ninguna de éstas y, de otro lado, la propia parte accionante restringió la posible
configuración de esa conducta en el escrito inicial.

En este punto, es menester subrayar que en los alegatos de conclusión también se
hizo alusión a las causales de dolo de que tratan los numerales primero y tercero
de la norma, esto es, desviación de poder y falsa motivación, pero no se puede
admitir tal exigencia, debido a que esa etapa procesal no tiene por objeto que se
complemente o modifique la demanda y se sorprenda a la contraparte con cargos
nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse ni aportar o solicitar
pruebas27, por tal motivo, la Sala se abstendrá de estudiar esa modificación
realizada a la imputación de responsabilidad.

Así pues, en este evento, como ya se dijo, se recurrirá a la presunción aludida, de
modo que se expondrán unas breves reflexiones sobre este tópico.

La Sala parte por destacar que la finalidad de las presunciones es tener como cierto
o probable un hecho que se infiere a través de un juicio lógico que realiza el
legislador o el juez acudiendo a las máximas generales de la experiencia y la sana
crítica28, de ahí que se considere que tiene por virtud invertir las condiciones
generales de la carga de la prueba en favor de quien la invoca. Aquellas, pueden
considerarse como de tipo legal (iuris tantum), cuando admiten prueba en contrario,
o de derecho (iuris et de iure), cuando se considera definitivamente como cierto el
hecho presumido y, por el contrario, no es posible desacreditarlo. Así se encuentra
plasmado en el artículo 66 del Código Civil:

Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas.

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no
existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los
antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma
rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o
circunstancias.

Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende
que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o
circunstancias.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto
de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u
ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que
sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un
proceso judicial”.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente 54.407, M.P. María Adriana Marín.
28
Francesco Carnelutti, La prueba civil, (Buenos Aires: Arayú, 1955), 19.

9

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Ahora, cabe decir que cuando el Estado ha sido condenado a la reparación
patrimonial de los daños antijurídicos originados en alguna de las hipótesis
consignadas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó una serie de
presunciones legales como mecanismos procesales enderezados a tornar efectiva
la acción de repetición prevista en la Constitución y así hacer eficaz la
responsabilidad civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u
omisión generen.

Las presunciones estipuladas en el artículo 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza
de legales29 y, por tanto, la entidad demandante tiene la carga de probar únicamente
los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que “la parte que
niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho contrario”30.
Así también lo ha considerado esta Subsección:

Las presunciones de culpa grave y de dolo contenidas en la Ley 678 de 2001
son legales. Esto se debe a que así lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia C-374 de 2001 al decidir acerca de la constitucionalidad de los
artículos 5 y 6 de esa normativa (…). Concluyó la Corte Constitucional que las
presunciones que contempla la Ley 678 de 2001 son legales, pues, de haberlas
calificado de derecho, la acción de repetición carecería de sentido.

Si se tratara de presunciones de derecho [que no admiten prueba en contra, por
fundarse en el orden público], el demandado en una acción de repetición no
tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no
ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se encontraría en una
posición en la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría
la violación del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a
“presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”31.

De tal manera que se comparten las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional acerca de que la Ley 678 de 2001 incorporó presunciones
legales, toda vez que de esta manera se garantiza el ejercicio del derecho de
defensa, como vía para hacer valer la presunción de inocencia en desarrollo de

29
El profesor Betancur Jaramillo cuestiona el nomen iuris adoptado por el legislador de 2001, y afirma
que “vistas las definiciones y los eventos que los ponen de presente, habrá de concluir que lo que
quiso el legislador fue señalar o calificar unos hechos como dolosos en su artículo 5 y otros, como
equivalente a culpa grave, en el siguiente. En otras palabra, cuando la primera norma enuncia cinco
hechos (…) no lo hace a título de antecedentes para que de él se infiera o presuma el dolo, sino que
está dando a entender que cuando ocurra cualquiera de los hechos enunciados y probados no es
que se presuma el dolo, sino que existe éste (…) Corrobora la idea de que el artículo 5 no establece
presunciones sino que enuncia casos de dolo, la definición misma que sobre éste hace en su inciso
1º, al señalar que el agente actúa con dolo cuando el agente quiere la realización de un hecho ajeno
a la finalidad del servicio del Estado”. Betancur Jaramillo, Carlos, Derecho Procesal Administrativo,
Medellín, Seña Editora, 2013, p. 124 y 125.
30
Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, Tomo II (Bogotá: Temis, 2017),
681.
31
Original de la cita: “El inciso 4º del artículo 29 constitucional señala:
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

una demanda de repetición, escenario judicial que se instauró precisamente
para definir la responsabilidad o no del servidor o ex servidor del Estado32.

De hecho, en los antecedentes legislativos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27
del Código Civil (voluntas legislatoris), se mencionó que el establecimiento de estas
presunciones legales tenía por objeto tornar eficaz la acción de repetición e invertir
la carga de la prueba, ya que el demandado debe desacreditar el hecho que le da
origen a aquella. Así fue narrado en la ponencia para primer debate en el Senado:

[E]l legislador debe facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de
repetición una misión imposible. Señalar causales de presunción de dolo y la
culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de
repetición sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la
presunción, con el objeto de invertir la carga de la prueba para hacer de la
acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente
para la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para
presumir que el funcionario actuó con dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte
demandada demostrar que el supuesto de hecho que se alega no se
configuró33.

Asimismo, la Corte Constitucional lo precisó al estudiar la constitucionalidad, entre
otros, del artículo 6 la Ley 678 de 2001, pues indicó que, para hacer efectivo lo
preceptuado en el artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de proteger la
moralidad y el patrimonio público, se buscó relevar al Estado de la carga de la
prueba cuando ejercía la acción de repetición y alegaba en su favor una presunción,
como por ejemplo, de culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda
desvirtuarla, mediante prueba en contrario, ya que aquella no constituye un juicio
anticipado que desconozca la presunción de inocencia:

(…) Con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca
hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el
Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el
supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere,
correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin
de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de
defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse
en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta
circunstancia se vulnera el debido proceso34.

Es claro que, en estos casos, no se compromete el derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que el agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición
siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil35.

De esta manera, por tratarse de una presunción legal, esto es, que admite prueba
en contrario, la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 6 de julio de 2017, expediente 45.203, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada en
decisión del 4 de diciembre de 2020, expediente 65.086, M.P. María Adriana Marín.
33
Congreso de la República, Gaceta del Congreso 14 del 10 de febrero de 2000, página 16.
34
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.
35
Ibidem.

11

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
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Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

acreditar, en esta sede judicial, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la
presunción o de las circunstancias en las que se configuró aquel, ya que la
presunción “no impide que la parte adversaria lleve al proceso otras pruebas con la
finalidad de desvirtuar aquella y demostrar que en realidad esos hechos no han
ocurrido. Si se consigue este objetivo o, por lo menos, que el juez estime inciertos
aquellos hechos, no podrá aplicar la presunción”36.

Ahora, su previsión legal no constituye una imputación automática de culpabilidad
en cabeza del agente contra el cual se dirige la acción de repetición, ya que, si este
puede aducir medios de convicción en contrario, ello supone que, para efectos de
la repetición, el juez -en estos casos- está en el deber de realizar una nueva
evaluación de la conducta del agente. Por esta razón, el simple hecho de que el
legislador suponga en estos eventos la responsabilidad civil del agente o ex
funcionario estatal, no impide que esta presunción pueda ser destruida con la
presentación de pruebas de descargo.

En suma, para tener por superada la presunción, el hecho que le da sustento debe
estar completamente probado y no debe dar lugar a duda alguna, por manera para
ello se pueda acudir a una valoración integral de las pruebas que obran en el
expediente37.

En ese orden de ideas, se trae a colación los hechos probados que son relevantes
para resolver el asunto, de acuerdo con las pruebas obrantes al plenario38:

• La señora Inés Elena Montoya se vinculó al INPEC desde el 2003 hasta el 2005,
a través de un contrato de prestación de servicios. Por medio de Resolución 6963
del 3 de noviembre de 2005 fue nombrada en provisionalidad como profesional
universitario, código 3020, grado 8, de la planta global del instituto, adscrita a la
Dirección Regional Noroeste.

• El 16 de junio de 2006 fue trasladada al centro de Reclusión de Mujeres de
Medellín, encargada de la secretaría en la Oficina de Control Único Disciplinaria y,
en Resolución 14677 del 19 de diciembre de 2008, la hoy demandada, en calidad
directora general del INPEC y, de acuerdo con el manual de funciones asignadas39,

36
Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, 689.
37
Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto
de 2006, expediente 28448. M.P Ruth Stella Correa Palacio.
38
Se extraen del expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho que obra a índice 55
de Samai y al archivo 3 del expediente digital de repetición.
39
“nombrar, dar posesión y remover al personal de la entidad, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias, así como expedir los actos administrativos que requiera la administración
de personal”.

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Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

declaró insubsistente el nombramiento de la señora Inés Elena Montoya, sin motivar
su decisión.

• La afectada interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de
que se anulara dicho acto administrativo, la cual fue decidida, en primera instancia,
el 7 de diciembre de 2012, por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
de Medellín, ente judicial que accedió a las súplicas invocadas, con base en lo que
a continuación se transcribe:

(…) Han existido durante todos estos años, decisiones en estos dos sentidos y
que han generado toda una serie de controversias en torno a la estabilidad de
los empleados nombrados en provisionalidad, y específicamente en lo que se
refiere a las formalidades que deben satisfacerse para determinar su retiro del
servicio.
En concepto del despacho, en la actualidad existen dos elementos de juicio que
son ineludibles para definir asuntos como el que propone la demanda, que no
por actuales son sobrevinientes a la época en que se ocurrió el retiro del
demandante. El primero de ellos, ya mencionado, es la disposición contenida
en el artículo 41, parágrafo 2° de la Ley 909 de 2004, norma general en materia
de carrera y supletivamente operable para los demás regímenes del sistema de
méritos colombiano.

De conformidad con esta norma, cualquier retiro del servicio que recaiga sobre
un empleado nombrado en provisionalidad, por ocupar éste un empleo de
carrera, deberá determinarse mediante acto administrativo motivado. La
inquietud que queda es en relación con qué debe ser registrado en la motivación
como causal del retiro de estos empleados, es decir, cuáles son los motivos que
pueden dar lugar terminación de la provisionalidad o a su insubsistencia,
aspecto al cual la norma no hace ninguna referencia.

El segundo elemento de juicio es la jurisprudencia que de manera reiterada ha
producido la Corte Constitucional, no sólo en sede de acción de tutela sino
también en sede de control abstracto de constitucionalidad, en la cual ha
defendido la motivación de los actos administrativos de retiro del personal
provisional y la necesidad de que en ellos consten las causas que los
justificaron. Por supuesto que estas decisiones han tenido su contrapartida en
las producidas por el Consejo de Estado y que, en principio, son éstas las que
se constituirían en el precedente a aplicar por este Despacho, por razón de ser
emitidas por la más alta jerarquía de la jurisdicción contencioso administrativa,
tal como quedó considerado en la sentencia C-836 de 2001.

No obstante, dos razones permiten entender que la línea de razonamiento y
decisión que debe adoptarse es la de la Corte. En primer lugar, porque las
pretensiones que plantea la demanda se sustentan en la vulneración de
derechos fundamentales y, en esta materia, es la Corte Constitucional la que
tiene la competencia para determinar el alcance de los mismos y el de las
normas constitucionales que los consagran, tal como se desprende de los
artículos 86 y 241 de la Carta y del Decreto 2195 de 1991. Es una labor de
unificación que resulta lógica en atención al papel que cumple la Corte como
guardiana de la Constitución y a la diversa interpretación y alcance que se le
puede adscribir a los derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a propósito de la pregunta que deja planteada
el artículo 41 de la Ley 909 en relación con el contenido que debe tener la
motivación de los actos que disponen el retiro del servicio de los empleados
nombrados en provisionalidad, la Corte Constitucional, en una de sus más
trascendentales decisiones, la sentencia SU-917 de 2010, en la cual se recoge
toda su doctrina y su precedente en materia de provisionalidad, señaló que la
estabilidad laboral del empleado que ocupa un cargo de carrera administrativa
no se reduce por el hecho de que se encuentre en provisionalidad, pues la

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Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

administración sólo podría retirarlo por motivos disciplinarios, baja calificación,
o porque se provea el empleo de acuerdo con las normas de carrera (…).

La sentencia SU-917 de 2010 es particularmente relevante para definir el objeto
de esta controversia, toda vez que la Resolución No.14677 del 19 de diciembre
de 2008 proferida por la Directora General del INPEC no hace motivación
alguna respecto a las razones que llevaron al retiro de la actora de la entidad,
es decir, de la lectura de la resolución demandada no constata un análisis
detallado ni se hace valoración de la labor desempeñada que tuviera que ver
con el empleado, como para advertir que su conducta, bien disciplinaria o con
relación a las funciones que estaba a su cargo, presentara índices
insatisfactorios como para adoptar tal decisión; del mismo modo, no se justificó
en la causal natural en este tipo de casos, como lo es la provisión del cargo
mediante los mecanismos de la carrera administrativa.

Este punto conduce a advertir una insuficiente e inadecuada motivación del acto
administrativo de terminación de la provisionalidad de la actora (…), se adujo
que el retiro obedeció a un bajo desempeño profesional, habida cuenta que ésta
dejó de contestar algunas demandas, no obstante estos son hechos aislados
que debieron analizarse a la luz de la carga laboral de la actora y determinar
con certeza que fueron términos dejados pasar por ella, de lo cual no obra
constancia teniendo en cuenta que la sentencia citada no señala nombre de
quien dejó pasar los términos y para la época el trámite de los proceso pudo
coincidir con los períodos en los que la entidad contaba con más de un abogado
tramitando los proceso, lo que no permite certeza sobre el asunto.

Así las cosas, este Despacho considera que es procedente declarar la Nulidad
de las Resolución 14677 del 19 de diciembre de 2008, mediante el cual declaró
insubsistente el nombramiento en provisionalidad de la señora Inés Elena
Montoya en su cargo de Profesional Universitaria, puesto que se demostró que
se encuentran viciados por falta de motivación al carecer el acto acusado de
fundamentos fácticos y jurídicos para la decisión de desvinculación del cargo
de la demandante.

• Inconforme con lo anterior, el INPEC impetro recurso de apelación, pero, en
atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el juzgado celebró
la audiencia de conciliación, oportunidad en la que las partes llegaron a un acuerdo
conciliatorio sobre la condena, por ende, el 7 de junio de 2013 se aprobó y se
declaró terminado el proceso.

• En resolución 1606 del 27 de mayo de 2014, la entidad dio cumplimiento a lo
expuesto, para lo cual solo ordenó el pago de los emolumentos laborales, pues la
señora Inés Elena Montoya no aceptó el reintegro a la planta de personal.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la señora Teresa Moya Suta suscribió
el acto de desvinculación de la señora Inés Elena Montoya el 19 de diciembre de
2008, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, que en su
artículo 58 derogó la Ley 443 de 1998 y que se reglamentó mediante el Decreto
1227 de 200540.

40
Dicho decreto, en el artículo 112, derogó el Decreto 1572 de 1998.

14

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Demandado: TERESA MOYA SUTA
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Esa norma señaló, en el parágrafo 2 del artículo 4141, que el retiro de los servidores
que desempeñaran empleos de carrera administrativa debía realizarse a través de
acto administrativo motivado y que la remoción en empleos de libre nombramiento
y remoción era discrecional y se efectuaría mediante acto no motivado.

En relación con el cargo que desempeñaba la señora Inés Elena Montoya en el
INPEC al momento de su retiro, lo que se puede establecer es que era profesional
universitario, código 3020, grado 8, de la planta global del instituto y que su
nombramiento fue en provisionalidad, pero en las resoluciones no se mencionó si
ese cargo era carrera administrativa. Con independencia de ello en la demanda así
se dijo y la demandada no tuvo reparo frente a ese punto, además ese fue el alcance
que le imprimió el juez de la nulidad.

Vale la pena advertir que, pese a que el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de
2004 imponía expresamente el deber de motivación en los cargos de carrera
administrativa42, no describía si tal exigencia aplicaba también para los empleados
públicos que ocupaban en provisionalidad cargos de carrera y la jurisprudencia
ofrecía dos posturas jurídicas opuestas entre sí.

Para el Consejo de Estado era posible predicar las reglas de la facultad discrecional
en los nombramientos provisionales, por la similitud en el ingreso y el retiro con los
nombramientos de libre nombramiento y remoción43, mientras que para la Corte
Constitucional, el hecho de que el funcionario estuviera nombrado en
provisionalidad no lo equiparaba a uno de libre nombramiento y remoción, por lo
que era necesaria la motivación del acto de desvinculación, so pena de vulnerar el
debido proceso, obligación que persistía “hasta el momento en el cual sea
nombrada en el cargo una persona que haya sido escogida en virtud de la
realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva la
plaza”44.

41
“Artículo 41. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento
y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos (…).
Parágrafo 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad
con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto
motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”.
42
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 1 de octubre de 2018,
expediente 53.329, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Aspecto que fue reiterado en Sentencia de
30 de mayo de 2019, expediente 50.073.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13 de
marzo de 2003, expediente 4972-01.
44
Al respecto ver: SU-2550 y T-800 de 1998; T-884 de 2002; T-610 y T-752 de 2003; T-597, T-951,
T-1216, T-1204 de 2004; T-161, T-031 y T-132 de 2005 y T-070 de 2006.

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Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Fue a partir de la sentencia de unificación del 23 de septiembre de 201045 que el
Consejo de Estado estableció que debía motivarse del acto de retiro del servicio de
los empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego
de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004 y que la discrecionalidad del nominador
solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción.
En esa decisión, reiterada en lo sucesivo, se precisó que el retiro del servicio de los
empleados que ocuparan cargos de carrera en provisionalidad debía ser justificado
mediante la expedición de un acto administrativo motivado, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, y el alcance de lo
dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en su Decreto Reglamentario 1227 de 200546.

En esa línea, salta a la vista que en diciembre de 2008 no existía una línea
jurisprudencial uniforme en torno a la estabilidad laboral relativa de los empleados
públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad, sino que la
seguridad jurídica sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto
Reglamentario 1227 de 2005 solo se alcanzó en septiembre de 2010.

Lo hasta aquí expuesto permite a la Sala descartar una violación manifiesta de las
normas de derecho por parte de la demandada al terminar el nombramiento de la
señora Inés Elena Montoya, sin expresar las razones de esa decisión, puesto que
la misma era razonable para la fecha en la que se produjo y, además, contaba con
el respaldo de la entonces jurisprudencia del Consejo de Estado47, la cual fue
acogida por la demandada.

Cabe destacar que el razonamiento aquí expuesto se ha replicado en recientes
pronunciamientos dictados no solo por esta Sala, sino por las diferentes
Subsecciones de la Sección Tercera de esta Corporación para absolver de
responsabilidad, en sede de repetición, a los nominadores que expedían dichos

45
Sección Segunda, expediente 0883-2008, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
46
En esa decisión, la Sección Segunda consignó lo siguiente: “La motivación del acto de retiro del
servicio de empleados nombrados (…) aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se haya
producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia
de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41
de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la
competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de
nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de
conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto administrativo
que así lo disponga debe ser motivado, de tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se
predica respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se efectuará
mediante acto no motivado (inciso segundo parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004)”. Sentencia del
23 de septiembre de 2010, expediente 0883-08, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Reiterada, entre
otras, en las siguientes decisiones: (i) sentencia del 27 de enero de 2011, expediente 2288-08, M.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; (ii) sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 1076-10,
M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; (iii) sentencia del 23 de octubre de 2012, expediente 11001-
03-15-000-2012-00671-01, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; (iv) sentencia del 18 de marzo de
2015, expediente 2698-11, M.P. Gerardo Arenas Monsalve; y (v) sentencia del 12 de octubre de
2017, expediente 1844-13, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
47
Sin perjuicio de que se comparta o no esa hermenéutica.

16

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

actos no motivados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 909 de
200448. A modo de ejemplo, la Subsección ha sostenido49:

(…) El aquí demandado suscribió el acto de desvinculación de José Bernardo
Álvarez Pulgarín el 14 de junio de 2006, con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 909 de 2004, que en su artículo 58 derogó la Ley 443 de 1998 y que
se reglamentó mediante el Decreto 1227 de 2005.

(…) El municipio de Itagüí, en la narración de los hechos de la demanda, resaltó
que José Bernardo Álvarez Pulgarín ocupaba, al momento de su retiro, un cargo
de carrera en provisionalidad; lo cual no fue negado en ningún momento por el
demandado en la contestación del escrito inicial; tanto así que aceptó este
hecho y estructuró su defensa en resaltar que la jurisprudencia de esta
Corporación, para la época de los hechos, determinaba que no debían
motivarse los actos de retiro de funcionarios públicos que ocupaban en
provisionalidad cargos de carrera administrativa.

La Sala encuentra que, para el 14 de junio de 2006, momento en que expidió el
Decreto 254, ya se encontraba en vigor la Ley 909 de 2004 y que José Bernardo
Álvarez Pulgarín ocupaba, en provisionalidad, un cargo que pertenecía al
régimen de carrera administrativa.

(…) Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 2010 que el Consejo
de Estado estableció que debía motivarse del acto de retiro del servicio de los
empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego
de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004 y que la discrecionalidad del
nominador solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre
nombramiento y remoción (…).

En definitiva, se acreditó que: i) para junio de 2006 no existía una línea
jurisprudencial uniforme en torno a la estabilidad laboral relativa de los
empleados públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad;
ii) la seguridad jurídica sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y
su Decreto Reglamentario 1227 de 2005 sólo se alcanzó en septiembre de 2010
y iii) el acto que removió del cargo a José Bernardo Álvarez Pulgarín lo realizó
una funcionaria de la alcaldía de Itagüí, con asesoría de la secretaría jurídica
de esa entidad.

Lo hasta aquí expuesto le permite a la Sala descartar una violación manifiesta
e inexcusable de normas de derecho por parte del demandado al terminar el
nombramiento de José Bernardo Álvarez Pulgarín sin expresar las razones de
esa decisión, la misma era razonable para junio de 2006 y, además, contaba
con el respaldo de la entonces jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual fue
acogida por la secretaría jurídica de Itagüí, dependencia que prestaba su
asesoría para que el entonces alcalde no incurriera en yerros jurídicos (…).

Igualmente, replicó50:

(…) Debe aclararse que el aquí demandado suscribió el acto de desvinculación
de Gina Paola García Guevara el 26 de diciembre de 2014, con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, que en su artículo 58 derogó la Ley

48
También se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 67.534, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, expediente 50.053, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencias del 26 de abril de 2019 y 28 de noviembre de 2022, expedientes 50.695 y 48.182, M.P.
Guillermo Sánchez Luque.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 67.534, M.P. Marta Nubia Velasquez Rico.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 21 de noviembre de 2022, expediente 62.364, M.P. Marta Nubia Velasquez Rico.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

443 de 1998 y que se reglamentó mediante el Decreto 1227 de 2005; además,
que García Guevara ocupaba, en provisionalidad, un cargo que pertenecía al
régimen de carrera administrativa.

La Ley 909 de 2004 dispuso en el parágrafo 2 del artículo 41, que el retiro de
los servidores que desempeñaran empleos de carrera administrativa debía
realizarse mediante acto administrativo motivado. Esa misma normativa
determinó que la desvinculación en empleos de libre nombramiento y remoción
era discrecional y se efectuaría mediante acto no motivado.

En materia de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera, hasta 2010, se presentaban dos posturas jurídicas opuestas
entre sí: la del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional; sin embargo,
tal como se expondrá a continuación, para 2014, cuando se profirió el acto
administrativo que aquí importa, en la jurisprudencia existían criterios sólidos y
decantados sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto
Reglamentario 1227 de 2005.

(…) Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 2010 que el Consejo
de Estado consideró que debía motivarse el acto de retiro del servicio de los
empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego
de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004; y que la discrecionalidad del
nominador solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre
nombramiento y remoción, decisión que fue reiterada en lo sucesivo. Es así
como desde el año 2010 ya existía una sentencia de unificación en la materia,
a partir de la cual era claro que la terminación de un nombramiento provisional
procedía por acto administrativo motivado.

Ante este panorama, se concluye que no se tiene demostrado el primero de los
supuestos de la presunción de culpa grave, a saber, la violación manifiesta de la
norma, lo que resulta suficiente para negar las pretensiones de la demanda, sin
necesidad de revisar lo atinente a la inexcusabilidad de la norma, como antes lo ha
resuelto esta Sala en estos asuntos.

6. Costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila
un asunto de “interés público”.

Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de
repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad
es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es
uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, en esta instancia, no
hay lugar a condenar en costas al INPEC.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00170-00 (67.369)
Actor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Demandado: TERESA MOYA SUTA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección
Tercera, ARCHIVAR el expediente.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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