Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00218-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00218-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00218-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 110010326000202100218 00 (67688)
Demandante: NACIÓN-CONGRESO DE LA REPÚBLICA-CÁMARA DE
REPRESENTANTES
Demandado: PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA
Tema: Medio de control de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley
678 de 2001. Se probó la conducta gravemente culposa del
agente estatal. Condena.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia y mediante sentencia anticipada1 el medio de
control de repetición promovido por la Nación – Congreso de la República –
Cámara de Representantes contra Pedro Mary Muvdi Aranguena.
I. SINTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 23 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo del Cesar,
condenó a la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes
dentro del proceso de reparación directa No. 2013-00369-00, a pagar a Jaime
Alfonso Castro Martínez el equivalente a $44’073.853, por concepto de perjuicios
morales, por la violación de sus derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre.
Como la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes fue
condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal
concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en
1 Índice 33 Samai, expediente electrónico. Mediante auto del 24 de junio de 2025 se resolvió
prescindir de la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, con el objeto de dictar
sentencia anticipada.
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Radicado: 110010326000202100218 00 (67688)
Demandante: Nación – Congreso de la República
contra de Pedro Mary Muvdi Aranguena, señalando que debía reembolsarle dicho
dinero, dado que fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo
incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 24 de septiembre de 20212, la Nación – Congreso de la República – Cámara de
Representantes, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control
de repetición, presentó demanda en contra de Pedro Mary Muvdi Aranguena, para
que se le declare patrimonialmente responsable del pago de $44’073.853 a Jaime
Alfonso Castro Martínez, realizado en cumplimiento de la condena que le impuso
el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 23 de julio de 2020.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Pedro Mary Muvdi
Aranguena se desempeñó como representante a la Cámara durante los periodos
2006-2010 y 2010-2014, y que fungió como presidente de la Comisión Cuarta
Constitucional permanente de la Cámara de Representantes durante el periodo
2010-2011.
Indica que, el 3 de febrero de 2011, Pedro Mary Muvdi Aranguena, en calidad de
representante a la Cámara y actuando como presidente de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, radicó queja
disciplinaria ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar, Jaime
Alfonso Castro Martínez, acusándolo de cometer actuaciones “temerarias,
constitutivas del delito de prevaricato y de dilación sospechosa” de un proceso
judicial.
Manifiesta que, el 12 de julio de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ordenó la terminación y archivo de
la investigación disciplinaria seguida en contra el juez primero administrativo del
2 Índice 2 Samai, expediente electrónico.
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Radicado: 110010326000202100218 00 (67688)
Demandante: Nación – Congreso de la República
Circuito de Valledupar Jaime Alfonso Castro Martínez, con fundamento en que la
conducta del disciplinado no fue constitutiva de falta disciplinaria, desvirtuándose
las afirmaciones del quejoso.
Sostiene que, en fecha indeterminada, Jaime Alfonso Castro Martínez presentó
demanda de reparación directa contra de la Nación - Congreso de la República -
Cámara de Representantes, por los perjuicios morales causados a su honra y
buen nombre, como consecuencia de la queja infundada presentada por el
exrepresentante a la cámara Pedro Mary Muvdi Aranguena.
Señala que, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2016, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación –
Congreso de la República – Cámara de Representantes por la violación de los
derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Jaime Alfonso Castro
Martínez y condenó a la entidad a pagarle el equivalente a 50 SMLMV, por
concepto de perjuicios morales.
Narra que, en fecha indeterminada, la Nación – Congreso de la República –
Cámara de Representantes formuló recurso de apelación contra la sentencia
antes mencionada, pero esta fue confirmada mediante providencia del 23 de julio
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
Refiere que, en cumplimiento de la sentencia del 23 de julio de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, el Congreso de la República mediante
Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020, ordenó reconocer y pagar a
Jaime Alfonso Castro Martínez la suma de $44’073.853, lo cual se hizo efectivo el
29 de ese mismo mes y año.
Señala que “la conducta del excongresista Pedro Mary Muvdi Aranguena, como
pasará a demostrarse, fue temeraria, negligente e irresponsable. Su actuar no fue
el esperado de una persona razonable o del manejo que las personas menos
avezadas emplean en el respeto y cuidado de lo propio”. De ahí que se configuró
la causal de culpa grave prevista en el artículo 6, numeral 1º de la Ley 678 de
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Demandante: Nación – Congreso de la República
2001 consistente en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de
derecho.
Como la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes fue
condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal
concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en
contra de Pedro Mary Muvdi Aranguena, señalando que debía reembolsarle dicho
dinero, dado que fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo
incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.
2. Contestación
La demanda se admitió mediante auto del 25 de noviembre de 20243 y se ordenó
su notificación al demandado y al ministerio público.
2.1. Pedro Mary Muvdi Aranguena no contestó la demanda.4
3. Trámite de la sentencia anticipada
Encontrándose el proceso para convocar a la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 del CPACA, se resolvió prescindir de esta con el fin de dictar
sentencia anticipada5. Al efecto, se constató la configuración de la causal
contenida en el literal c) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA 6, por lo que
se decretaron e incorporaron como pruebas los documentos aportados por la parte
demandante y, en firme tal determinación, se fijó el objeto del litigio en torno a
establecer “si la conducta del ex congresista Pedro Mary Muvdi Aranguena fue
gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta dentro del proceso de
3 Índice 16 Samai, expediente electrónico.
4 Según constancia secretarial el demandado fue notificado, pero no contestó la demanda. Índice
32 Samai, expediente electrónico.
5 Mediante auto del 24 de junio de 2025, índice 33 Samai, expediente electrónico.
6 Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la
audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar
pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la
demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d)
Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles (…)”.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este
numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá
hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
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Radicado: 110010326000202100218 00 (67688)
Demandante: Nación – Congreso de la República
reparación directa identificado con el radicado No. 20-001-33-33-004-2013-00369-
00 en el cual se dispuso: declarar la responsabilidad extracontractual de
naturaleza patrimonial de la Nación – Congreso de la República – Cámara de
Representantes, por la vulneración de los derechos fundamentales a la honra y
buen nombre del señor Jaime Alfonso Castro Martínez y; ii) condena a esa entidad
a pagar por concepto de perjuicios morales al señor Jaime Alfonso Castro
Martínez, en su condición de víctima directa, la suma de 50 SMLMV. Igualmente,
si, en consecuencia, se configuran todos los presupuestos necesarios para que
prospere el medio de control de repetición instaurado en su contra […]”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 11 de julio de 20257 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La entidad demandante8 reiteró que la culpa grave del demandado consistió
en haber presentado una queja disciplinaria infundada y temeraria contra un juez
de la República, lo que dio lugar a que debiera pagar una condena judicial.
4.2. El ministerio público9 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda con
fundamento en que se configuraron los dos elementos de la presunción de culpa
grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, por cuanto la
actuación del demandado fue inexcusable al interponer una queja disciplinaria sin
respaldo probatorio y realizar afirmaciones temerarias e infundadas contra un juez
de la República. Señaló que esa conducta debía catalogarse como equivocada y
negligente porque el deber de denuncia, más cuando se ostenta una investidura
como la de representante a la Cámara y presidente de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente, no implica realizar juicios de valor ni imputaciones
penales sin respaldo fáctico y jurídico. Aseguró que el uso desprevenido y
negligente del deber de denunciar que tienen los servidores públicos es un error
inexcusable.
7 Índice 38 Samai, expediente electrónico.
8 Índice 43 Samai, expediente electrónico.
9 Índice 42 Samai, expediente electrónico.
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Demandante: Nación – Congreso de la República
4.3. Pedro Mary Muvdi Aranguena guardó silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o
reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a
esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)10 y el inciso 1° del
artículo 7 de la Ley 678 de 200111.
En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley
1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda12, en
10 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
11 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo
conocerá de la acción de repetición.”
12 Por tratarse de una demanda promovida el 24 de septiembre de 2021, esto es, con posterioridad
al 2 de julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la mencionada
normatividad, a cuyo tenor: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso
(CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los
estatutos mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo
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Demandante: Nación – Congreso de la República
sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los
procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía
para los de doble instancia.
De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del
CPACA sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 202113, el Consejo de
Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado
ejerce contra los senadores y representantes.
En este sentido, atendiendo a la calidad de Pedro Mary Muvdi Aranguena como
representante a la Cámara se concluye que esta Corporación es competente para
decidir de fondo el presente proceso, en única instancia (hechos referidos 8.2.1. y
8.2.2.).
2. Medio de control procedente
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 200114, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 15, la
las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la
norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente
49.299.
13 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de
2021, dispuso lo siguiente: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 13. De
la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento
Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General
de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República,
magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del
Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del
orden nacional (se destaca).
Es importante precisar que, si bien el artículo 24 de la Ley 2080 de 2020 modificó el artículo 149
del CPACA y que el artículo 25 de la misma ley introdujo el artículo 149A al CPACA sobre la
competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad respecto de las
Repeticiones que el Estado ejerza contra congresistas, entre otros funcionarios, lo cierto es que
tanto el artículo 149 modificado como el artículo 149A se aplican a las demandas instauradas a
partir del 25 de enero de 2022, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2020, pero
esta demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2021, por ello se aplica el artículo 149 del
CPACA en su texto original.
14 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento
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acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el
servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto.
En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita
declarar a Pedro Mary Muvdi Aranguena patrimonialmente responsable del pago
de $44’073.853, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante fallo del 23 de julio de 2020.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal16.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,
apuntando a la protección del interés general17, estableció unos plazos para poder
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una
función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial
[…]”.
15 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al
disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un
agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
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ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción18, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
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resultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.
Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 201221, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)22. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código
General del Proceso (CGP)23, en virtud de la integración normativa dispuesta por
el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados24.
19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
21 La demanda de repetición se presentó el 1 de marzo de 2018.
22 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.
23 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el
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Demandante: Nación – Congreso de la República
Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable es el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del
numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de
control de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al
del pago de la condena o conciliación o, a más tardar, desde el día siguiente al del
vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago
correspondiente.25
Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que
se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del
CPACA26_27.
CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen
por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que
inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
24 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 21 de mayo de 2021, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00070-00 (51260)B y 81001-
33-33-002-2014-00468-00 (acumulado): “El artículo 11 de la Ley 678 de 2001, dispone que “la
acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en
cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo
las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”.
En relación con la vigencia del medio de control de repetición, el literal L) del numeral segundo, del
artículo 164 del CPACA, dispone que: “cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término
será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar
desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de
conformidad con lo previsto en este Código.
De conformidad con lo anterior, para brindar seguridad jurídica y que no se postergue la caducidad
en el tiempo, el término de caducidad del medio de control de repetición (...) inicia a partir del día
siguiente de la fecha de pago o a más tardar del vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas. Es decir que, el inicio del conteo del término de
caducidad se supedita a lo primero que suceda en el tiempo, (i) bien sea el día siguiente en que la
entidad realizó el pago dentro del plazo previsto, o (ii) en caso de que la entidad no hubiera
cumplido con el pago dentro del plazo legal, se iniciará la contabilización del término al vencimiento
de este.”
26 “Artículo 192. “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las Entidades Públicas.
Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30)
días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma
de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha
de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de
pago correspondiente a la entidad obligada […].”
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de marzo de 2018, Rad.: 59245. En el
mismo sentido, véase, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 6 de
diciembre de 2017, Rad.: 50192 y del 30 de agosto de 2018, Rad.: 55661.
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Demandante: Nación – Congreso de la República
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 23 de julio de 2020, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia del 13 de
diciembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar,
quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2020, tal como se dejó constancia en la
Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020 que dio cumplimiento a la
condena judicial28; ii) que según certificación expedida por el jefe de la Sección de
Pagaduría de la Cámara de Representantes, el 29 de diciembre de 2020, esa
entidad pagó mediante trasferencia bancaria a Jaime Alfonso Castro Martínez la
suma de $44’073.853; iii) que el plazo de los 10 meses para cumplir la condena se
cumplió el 24 de julio de 2021; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la
condena; y iv) que la demanda se presentó el 24 de septiembre de 202129, esto
es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del
CPCA para presentarla de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis30.
4.1. La Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes está
legitimada en la causa por activa, pues es la entidad pública que fue condenada
por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 23 de julio de
202031.
28 Páginas 68 a 71, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
29 Índice 2 Samai, expediente electrónico.
30 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
31 Páginas 15 a 67, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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Radicado: 110010326000202100218 00 (67688)
Demandante: Nación – Congreso de la República
4.2. Pedro Mary Muvdi Aranguena está legitimado en la causa por pasiva, pues
presuntamente fue el agente que con su conducta dolosa y/o gravemente culposa
dio lugar a la condena impuesta en contra de la Nación – Congreso de la
República – Cámara de Representantes, dado que en su calidad de representante
a la Cámara y presidente de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la
Cámara de Representantes presentó la queja disciplinaria contra el juez primero
administrativo del Circuito de Valledupar, la cual resultó archivada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y que
dio lugar a la condena judicial contra la entidad demandante dentro del proceso de
reparación directa No. 20-001-33-33-004-2013-00369-0032.
5. Problema jurídico
En la fijación del litigio se dispuso que el problema jurídico a resolver en el
presente asunto sería determinar “si la conducta del ex congresista Pedro Mary
Muvdi Aranguena fue gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 20-001-
33-33-004-2013-00369-00 en el cual se dispuso: declarar la responsabilidad
extracontractual de naturaleza patrimonial de la Nación – Congreso de la
República – Cámara de Representantes, por la vulneración de los derechos
fundamentales a la honra y buen nombre del señor Jaime Alfonso Castro Martínez
y; ii) condena a esa entidad a pagar por concepto de perjuicios morales al señor
Jaime Alfonso Castro Martínez, en su condición de víctima directa, la suma de 50
SMLMV. Igualmente, si, en consecuencia, se configuran todos los presupuestos
necesarios para que prospere el medio de control de repetición instaurado en su
contra […]”.33.
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.
32 Mediante auto del 24 de junio de 2025, índice 33 Samai, expediente electrónico.
33 Documento 92. Samai, expediente digital.
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7. Régimen jurídico aplicable al caso
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente
suyo, aquel deberá repetir contra éste”.
Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción
civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex
servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen
función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.
La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al
igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta
del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en
punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos
procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la
jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de
caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de
la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento
en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso34.
34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y
23 de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
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Así las cosas, como en el sub examine los hechos35 que produjeron la condena en
contra la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes
ocurrieron en 2011, esto es, cuando Pedro Mary Muvdi Aranguena en calidad de
representante a la Cámara y actuando como presidente de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, radicó queja
disciplinaria contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar, Jaime
Alfonso Castro Martínez, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es
el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195
de 202236, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de
los hechos.
8. El caso concreto
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación37, para la procedencia del
medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la
obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad
de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones
públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o
gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual
se condenó al Estado.
En este sentido, en aras de resolver los cargos invocados en el recurso de
apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la
procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de
dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia,
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021,
Rad: 47535.
36 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha
contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
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no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por
ende, declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron
lugar a la condena o conciliación contra el Estado y condenarlo a reembolsar la
suma de dinero que éste pagó.
8.1. La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que
formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una
suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en
sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de
naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un
conflicto38, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 200139.
En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante
fallo del 23 de julio de 202040, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
sentencia del 13 de diciembre de 201641, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar que declaró la responsabilidad patrimonial de la
Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes por la violación
de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Jaime Alfonso Castro
Martínez y condenó a dicha entidad a pagar el equivalente a 50 SMLMV, por
concepto de perjuicios morales.
8.2. La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o
haya ejercido funciones públicas del demandado
El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el
demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la
38Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de
2016, Rad.:56284.
39 “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en
contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o
gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se
ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma
dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”.
40 Páginas 32 a 67, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
41 Páginas 15 a 31, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de
particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.
En el caso sub judice, para probar la calidad de servidor público del demandado,
la parte actora aportó los siguientes medios probatorios:
8.2.1. Certificación suscrita el 4 de agosto de 2021 por el subsecretario general de
la Cámara de Representantes, en la que hizo constar que Pedro Mary Muvdi
Aranguena fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral
del Cesar para el período constitucional 2006-2010, que tomó posesión el 20 de
julio de 2006 y que ejerció el cargo ininterrumpidamente hasta el 19 de julio de
2010, fecha en que terminó su período constitucional. Igualmente, constató que
Pedro Mary Muvdi Aranguena fue elegido representante a la Cámara por la
circunscripción electoral del Cesar para el período constitucional 2010-2014, para
cuyo efecto tomó posesión del cargo el 20 de julio de 2010 y que mediante
Resolución No. MD0344 de 2014 fue suspendido en su cargo de congresista, a
partir del 12 de marzo de 2014, sin indicar si reanudó sus funciones. De ello da
cuenta la certificación del 4 de agosto de 2021.42
8.2.2. Oficio del 6 de agosto de 2021, por el cual la secretaria de la Comisión
Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de Representantes certificó que
el ex representante a la Cámara Pedro Mary Muvdi Aranguena fungió como
presidente de dicha Comisión para la legislatura comprendida entre julio de 2010 y
julio de 2011, según consta en el Acta No. 001 del 28 de julio de 2010, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 584 de 2010. De ello da cuenta el oficio del 6 de
agosto de 2021.43
Según lo expuesto, está demostrado que Pedro Mary Muvdi Aranguena tenía la
calidad de servidor público de la Nación – Congreso de la República – Cámara de
Representantes para la época de los hechos.
42 Página 1, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
43 Página 2, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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8.3. El pago de la obligación reparatoria
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe
acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o
cualquier otra forma de terminación de conflictos.
A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine la actora aportó las
siguientes pruebas:
8.3.1. Copia de la Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020, proferida por
el director administrativo de la Cámara de Representantes “por la cual se da
cumplimiento a las decisiones judiciales proferidas al interior de la reparación
directa No. 20-001-33-33-004-2013-00369-00”, en la que se ordenó pagar
$43’890.150 de capital más $183.706 de intereses para un total de $44’073.853 a
la cuenta de ahorros del banco BBVA No. 938282860 a nombre de Jaime Alfonso
Castro Martínez. De ello da cuenta copia de la mencionada resolución.44
8.3.2. Certificación expedida por el jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara
de Representantes, en la que hace constar que “una vez revisado el Sistema
Integrado de Información Financiera SIIF de la Nación, se pudo constatar que el
29 de diciembre de 2020 se efectuó una transferencia a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público correspondiente a la Unidad Ejecutora 01-01-02
(Cámara de Representantes), con la orden de pago No. 388517720 a favor de
Jaime Alfonso Castro Martínez identificado con cédula de ciudadanía No. […] por
valor de cuarenta y cuatro millones setenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres
pesos M/cte ($44’073.853). Lo anterior dándole cumplimiento a las decisiones
judiciales proferidas al interior de la reparación directa No. 20-001-33-33-004-
2013-00369-00, la cual se reconoció mediante Resolución No. 1985 del 21 de
diciembre de 2020”. De ello da cuenta copia de la certificación del 28 de julio de
2021.45
44 Páginas 68 a 71, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
45 Página 72, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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Ahora bien, el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, dispone que “cuando se
ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o
servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad
realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de
repetición contra el funcionario responsable del daño”. Así también lo reconoció la
Sala en un asunto similar.46
Al respecto, aunque el referido artículo 142, señala que el certificado de pagador,
tesorero o servidor público es prueba suficiente “para iniciar” el proceso de
repetición, lo cierto es que dicha prueba per se no acredita definitivamente el pago
de la condena impuesta contra el Estado, tal como lo sostuvo la Subsección A de
la Sección Tercera de esta Corporación: "[P]reciso es advertir que lo dispuesto no
implica que los documentos expedidos por el servidor público a cargo, sea una
prueba definitiva e incontrovertible desde la presentación de la demanda, pues es
importante recalcar que aquellos adquieren esa condición cuando su contenido
acredite con suficiencia el hecho que se certifica y en la medida que estando a la
disposición de la parte contraria, no han sido controvertidos, objetados o tachados
de falsos. Así, antes de superar tales eventos, tan solo son prueba sumaria que
sirve como presupuesto para la admisión de la demanda de repetición, pero no
así para la definición del fondo del asunto hasta que sea controvertida" 47.
Justamente, el Consejo de Estado48 en reciente oportunidad, se pronunció sobre
el alcance del citado artículo 142 del CPACA, específicamente sobre la calidad de
prueba sumaria de la certificación expedida por el pagador o tesorero para iniciar
el proceso de repetición, manifestando que si bien dicho documento es sumario al
presentarse la demanda, lo cierto es que al contestarse ésta, deja de ser sumario
para convertirse en plena prueba porque ya puede ser objeto de contradicción por
la parte contra quien se aduce.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 60977.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 54518.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, Rad. 49051.
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En suma, de conformidad con lo expuesto se evidencia que está acreditado el
pago de la condena impuesta a la Nación – Congreso de la República – Cámara
de Representantes mediante sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar.
8.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación
del daño reparado por el Estado
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad
demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de
los hechos49, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular
investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo
de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa.
Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del
agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es
necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia
condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un
conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión50.
Como lo ha sostenido esta Corporación51, para el estudio del dolo o la culpa grave
se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron
la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en
virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley referida.
Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa
cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las
finalidades del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe
dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de
2016, Rad.: 56284.
50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661.
51 Cfr. Sentencias del 30 de agosto de 2007. Rad.: 29.223; del 26 de febrero de 2009. Rad.: 30329;
del 22 de julio de 2009. Rad.: 25659.
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poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le
sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación
por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento
a la decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente
responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento
para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución,
el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.
A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume
que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de
competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable;
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso
en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con
detención física o corporal.
Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte
Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de
presunciones de hecho mediante prueba en contrario; posición que posteriormente
fue reiterada por el Consejo de Estado52 mediante sentencia del 6 de julio de
2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001
son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el
ejercicio del derecho de defensa.
Además, la jurisprudencia de esta Sección53 ha destacado que quien invoque en la
demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, Rad.:
45203; y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, Rad.: 42777.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, Rad.:
40755. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 62571.
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probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho
inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria
desvirtúe la conclusión que se presume.
Justamente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-354 de
202054, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta
por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos,
dicha Corporación advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y,
al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad
del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al
agente, a título de dolo o culpa grave”.
De hecho, en esa misma oportunidad el alto tribunal indicó que las presunciones
legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678
de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso
administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión
atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los
supuestos legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida
la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado
contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la
determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos
de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la
oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.
Bajo esta óptica, se establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si dentro del sub examine se encuentra acreditado el
actuar gravemente culposo de Pedro Mary Muvdi Aranguena.
8.4.1. Está probado que, el 3 de febrero de 2011, Pedro Mary Muvdi Aranguena
actuando como representante a la Cámara y presidente de la Comisión Cuarta
Constitucional permanente de la Cámara de Representantes presentó queja
disciplinaria ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar Jaime
54 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020.
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Alfonso Castro Martínez, con fundamento en que este había actuado con
temeridad y prevaricato en un proceso de acción popular a su cargo, el cual había
dilatado injustificadamente, con lo cual estaba causando consecuencias nefastas
para el erario público del municipio de Valledupar. De ello da cuenta copia de la
queja disciplinaria de la cual se destaca lo siguiente:55
“[…] 1. La acción popular presentada por Angélica Milena Mieles Sena contra el
municipio de Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar, por reparto
correspondió al juez primero administrativo del Circuito de Valledupar bajo el
radicado número 20-001-33-33-004-2013-00369-00. […] 5. En auto del 28 de
octubre de 2010 el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar decretó
como medidas previas dentro del proceso las siguientes […]. 6. El apoderado del
municipio de Valledupar apela la anterior medida preventiva expedida por el juez
primero administrativo del Circuito de Valledupar. 7. Mediante auto de fecha 30 de
noviembre de 2010, el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar ordena
en la parte resolutiva artículo 2º al gerente de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.
suspender en forma inmediata el convenio interadministrativo 004 del 26 de julio de
2010 suscrito entre esa entidad y la alcaldía de Valledupar, a nuestro entender
prevaricando notoriamente, ya que la empresa EMDUPAR no fue vinculada dentro
de la acción popular y puesto que en el auto del 28 de octubre de 2010 no hizo
mención alguna al convenio suscrito con EMDUPAR S.A. E.S.P. tres meses
después de haber sido suscrito el mismo y cuando ya estaba en ejecución el
convenio entre la Alcaldía y EMDUPAR; siendo apelado este auto el día 7 de
diciembre de 2010, aún no ha sido concedido dicho recurso de apelación. 8.
Mediante auto de fecha 13 de enero de 2011 el Tribunal Administrativo del Cesar
con ponencia del magistrado […] revoca el auto de fecha 28 de octubre de 2010 y
en su lugar, deniega las medidas cautelares solicitadas por los actores. Con base en
lo anteriormente expuesto, le solicito al señor presidente de esa Corporación ordene
de forma inmediata una vigilancia administrativa a dicho proceso, ya que es
evidente la temeridad con la que el señor juez está actuando en dicho proceso. De
igual manera que se investigue disciplinariamente al señor juez primero
administrativo del Circuito de Valledupar Jaime Alfonso Castro Martínez por su
conducta pasmada en el presente proceso ya que por vía de hecho vinculó a la
empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. en el proceso y esta no tenía la calidad de
accionada contrariando la ley mediante auto del 30 de noviembre de 2010, la vincula
y después de desatarse el recurso de apelación en el Tribunal Administrativo del
Cesar de las medidas cautelares expedidas por el señor juez con más de cinco (5)
meses de admitida la acción popular por su despacho desde el día 7 de diciembre
de 2010, hasta la fecha no ha concedido el recurso de apelación, retardando
injustificadamente dicho proceso y dilatándolo trayéndole consecuencias nefastas al
municipio de Valledupar por no poder arrancar con las obras definidas en el Plan de
Desarrollo del Municipio y causando detrimento patrimonial al erario público del
mismo porque hay que pagar unos intereses al crédito y no es concedido dicho
recurso. Es de anotar señor presidente que todas las acciones populares
impetradas contra el municipio de Valledupar siempre son asignadas a ese Juzgado
y siempre tienen el mismo trámite: son admitidas y expiden las medidas cautelares a
los varios meses de forma temeraria.”
55 Páginas 3 a 5, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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8.4.2. Consta que, mediante providencia del 28 de julio de 2011, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
ordenó terminar el procedimiento disciplinario y ordenar el archivo definitivo en
favor del juez primero administrativo del Circuito de Valledupar Jaime Alfonso
Castro Martínez, por considerar que su conducta no era constitutiva de falta
disciplinaria, como da cuenta la referida sentencia, de la cual se destaca lo
siguiente:56
“[…] 2.6. Sea lo primero advertir que no se probó la afirmación del honorable
representante a la Cámara Muvdi Aranguena en el sentido de que todas las
acciones populares impetradas contra el municipio de Valledupar siempre son
asignadas al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar donde
siempre son admitidas y se expiden las medidas cautelares a los varios meses de
forma temeraria, porque a folios 99-104 del cuaderno disciplinario No. 1 , la jefe de
la Oficina Judicial de Valledupar aportó documentos que son de naturaleza pública a
los que se les da fe o credibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo
264 del Código de Procedimiento Civil, donde se establece de su lectura cuidadosa
que las acciones populares en el año 2010 contra el municipio de Valledupar se
repartieron de manera equitativa con un promedio para cada uno de los seis (6)
juzgados de 20 demandas de acciones populares. […] 2.8. Ahora bien, demostrado
que no es cierta la afirmación principal del querellante disciplinario sobre los hechos
anteriores, la Sala queda relevada de investigar el hecho de que las acciones
populares siempre son admitidas y se expiden las medidas cautelares a los varios
meses de forma temeraria, como se afirma en la querella, porque tales afirmaciones
resultan como meras sospechas, suposiciones o aprehensiones del doctor Muvdi
Aranguena, imposibles de probar porque sus afirmaciones no son razonables y
contrarían la lógica y la experiencia judicial, porque no todas las acciones populares
son iguales y no todas las tramitadas en contra de cualquier entidad pública requiere
impajaritablemente de la petición de medidas cautelares y de su consecuencial
decreto por el operador de la justicia. […] 2.16. La Sala advierte del estudio en
conjunto de las decisiones pronunciadas por el juez investigado y que tiene que ver
con las medidas cautelares, y particularmente con el proveído del 30 de noviembre
de 2010, que contrario a lo manifestado por el honorable representante a la Cámara
por el departamento del Cesar y quejoso en este asunto, esta decisión no tiene
características de ser prevadicadora, porque conforme se manifestó de manera
escueta en la misma, en la practica lo que estaba haciendo el juez al ordenar la
suspensión del citado convenio interadministrativo, era consecuencia lógica y
razonable de las medidas cautelares que había tomado el 28 de octubre de 2010
contra el Concejo Municipal y el municipio de Valledupar, dado que dicho acuerdo
interadministrativo se convino para materializar el dinero del crédito obtenido por el
municipio de Valledupar en virtud de las facultades pro tempore otorgadas en el
Acuerdo Municipal por el Concejo de Valledupar y, en este caso, era necesario
extender las medidas cautelares hasta ese Convenio que estaba ligado
jurídicamente a todo el proceso que dio lugar a la acción popular. […] 2.19. Se
evidencia así que material o sustantivamente, el juez no vinculó nunca a EMDUPAR
al trámite de la acción popular con la providencia del 30 de noviembre de 2010
como lo afirma el querellante, en tanto que, lo que se hizo con ese proveído, fue
extender los efectos de las medidas cautelares decretadas el 28 de octubre, para
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que cobijara también el convenio interadministrativo citado. La Sala es del criterio
que el querellante disciplinario confundió la extensión o decreto de la medida
cautelar adoptada por el juez contra EMDUPAR el 30 de noviembre de 2010, con
una posible vinculación previa de dicha empresa al trámite de la acción popular,
confusión que parecería lógica fuera del contexto del trámite, pero ya establecido
con certeza el momento y la razón de la decisión el juez investigado, como se
determinó antes, esa lógica desaparece. […] 2.21. Conforme se estableció en la
inspección judicial citada antes, hubo demora en la decisión el recurso que el 7 de
diciembre interpuso el apoderado del municipio de Valledupar contra la decisión del
30 de noviembre de 2010 […] 2.23. Cronológicamente el juez, según lo dispuesto en
el artículo 124 del CPC contaba con tres días hábiles para resolver si concedía o no
el recurso de apelación y como el expediente pasó al despacho el 21 de enero de
2011, los tres días se vencían el 26 de enero y como el recurso solo se concedió el
21 de febrero, la mora es de 17 días hábiles. […] en el período de la mora el juez
investigado pronunció 38 sentencias entre ellas 19 tutelas, 2 de habeas corpus, más
43 autos interlocutorios y participó en 35 diligencias y dentro de ellas 13 audiencias
de cumplimiento, lo que le da un promedio de 4.7 providencias de fondo por día,
más 2 diligencias por día, referentes estadísticos que justifican la mora pequeña
advertida, que por lo demás no reviste la calidad de ser constitutiva de ilicitud
sustancial, porque la misma no afectó de manera sustantiva la pronta y cumplida
justicia. 2.25. En las circunstancias anteriores […] como la conducta no es
constitutiva de falta disciplinaria que dé lugar a la formulación de un pliego de
cargos, se ordenará la terminación del procedimiento y el archivo del expediente
[…]”
8.4.3. Se comprobó que, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2016, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar declaró la responsabilidad
patrimonial de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes
por la violación de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de
Jaime Alfonso Castro Martínez y condenó a la entidad a pagarle el equivalente a
50 SMLMV, por concepto de perjuicios morales. Así consta en la copia de dicha
providencia de la cual se destaca lo siguiente:57
“[…] no hay duda de la existencia del daño antijurídico como quiera que el señor
Castro Martínez no se encontraba en la obligación jurídica de soportar la limitación
de los derechos que le fueron afectados, su honra, buen nombre, dignidad, entre
otros, lo que nos lleva forzosa y objetivamente a la conclusión de que la queja
temeraria y sin motivos fundados contra el señor Jaime Alfonso Castro Martínez
debe calificarse de injusta y con ello el daño causado, por tanto, debe ser resarcido.
[…] no existe en el presente caso algún eximente de responsabilidad […] no se
presentó ninguna situación que alterara la autonomía del presidente de la Comisión
Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de Representantes, en el sentido
de instaurar la queja disciplinaria sin ningún sustento probatorio y sin el respectivo
análisis jurídico de las situaciones fácticas que se debatieron en el proceso de
acción popular en contra del empréstito celebrado por el municipio de Valledupar
con las incidencias y repercusiones procesales, sin advertir que su conducta estaba
encuadrada en la temeridad y mucho menos que con ello se estaba causando un
57 Páginas 15 a 31, archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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perjuicio al injustamente señalado de prevaricador, conducta que a todas luces
resulta sobredimensionada y desconsiderada, dado que precisamente era esa queja
infundada la que desvirtuaba en favor del señor Jaime Alfonso Castro Martínez y
sus familiares, el deber jurídico de soportar y/o afrontar dicha carga. De esta manera
la responsabilidad que le asiste al congresista frente a este caso se hace manifiesta
y razonable, no solo por la necesidad de que se haga justicia, sino como un
reproche sancionatorio por vía de la ley en la comunidad social frente a
sindicaciones absurdas, sin el estudio ni el análisis jurídico suficiente y, por el
contrario, alimentados por ímpetus reprochables en muchos casos, y por ello, de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, las personas jurídicas
deben responder patrimonialmente de los daños o perjuicios que ocasionen sus
agentes […] máxime cuando es indiscutible que en este caso el congresista Pedro
Mary Muvdi Aranguena como titular de la Comisión Cuarta Constitucional
permanente de la Cámara de Representantes de la que actuó como tal, así lo
denota su pos firma, la papelería que utilizó, el contenido mismo de sus escritos y
los membretes en el documento de queja de la Cámara de Representantes,
circunstancias que ratifican inequívocamente la legitimidad pasiva que le asiste a la
parte accionada, sin soslayar que la persona jurídica debe responder de igual
manera por los daños o lesiones patrimoniales y extrapatrimoniales que ocasionen
sus más altos miembros, como lo es el representante Pedro Muvdi en perjuicio de
esa misma persona jurídica, en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de
ellas o en abuso de su investidura como representante a la Cámara del Congreso
de la República.[…]”
8.4.4. Se acredito que, mediante fallo del 23 de julio de 2020, el Tribunal
Administrativo del Cesar confirmó la providencia del 13 de diciembre de 2016
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, al considerar que la
queja disciplinaria instaurada por el excongresista Pedro Mary Muvdi Aranguena
fue temeraria e infundada. De ello da cuenta la providencia de la misma fecha de
la cual se destaca lo siguiente:58
“[…] se evidencia que los calificativos de actuaciones ‘prevaricadoras’ o ‘temerarias’
que utilizó el quejoso distaban mucho de la realidad, porque no aportó ninguna
prueba respecto a las afirmaciones que esgrimió, y por el contrario, evidenció un
serio desconocimiento del proceso judicial y de la ley que regula este tipo de
procedimiento. Aunado a lo anterior, esta Sala no justifica la ignorancia de la ley
procesal de este servidor público, del cual se infiere que tiene conocimiento de las
normas jurídicas del país, no solo porque tiene dentro de sus funciones principales
legislar, sino porque, además, cuenta con una Unidad de Trabajo Legislativo –UTL-
que colabora en su gestión como congresista. Siguiendo esta línea de ideas,
conviene indicar que las denuncias o quejas elevadas por funcionarios públicos
deben guardar mesura y prudencia, pues de sus afirmaciones se predica un alto
grado de credibilidad. […] Por todas estas razones, quedó debidamente probado
dentro del plenario que la queja disciplinaria interpuesta por el representante a la
cámara Pedro Mary Muvdi Aranguena fue temeraria e infundada, por lo cual, se
puede establecer la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-
Congreso de la República- Cámara de Representantes.”
58 Páginas 32 a 67 archivo anexos demanda, índice 2 Samai, expediente electrónico.
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Ahora bien, la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes
considera que la actuación gravemente culposa del entonces representante a la
Cámara Pedro Mary Muvdi Aranguena fue la que ocasionó la condena contra el
Estado. De hecho, en la demanda indicó textualmente que “la conducta del
excongresista Pedro Mary Muvdi Aranguena fue temeraria, negligente e
irresponsable. Su actuar no fue el esperado de una persona razonable o del
manejo que las personas menos avezadas emplean en el respeto y cuidado de lo
propio”. De ahí que, a su parecer, se configuró la causal de culpa grave prevista
en el artículo 6, numeral 1º de la Ley 678 de 2001 consistente en la violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
Pues bien, al respecto, cabe precisar que si bien todo servidor público tiene el
deber de denunciar la posible comisión de un delito59 o de una falta disciplinaria en
virtud del deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de
justicia al que todos estamos obligados como lo establece la Constitución60, ni
siquiera los senadores y representantes a la Cámara amparados por la
inviolabilidad de votos y opiniones que establece el artículo 185 superior pueden
aprovechar dicha inviolabilidad para cometer acciones que puedan causar daños a
terceros, pues de actuar por fuera de ese ámbito, aun invocando su investidura,
“pueden llegar a causar un daño que deba ser resarcido por el Estado y respecto
del cual pueda caber eventualmente, de llegar a cumplirse las condiciones
señaladas en la ley, la acción de repetición”, como lo ha señalado la Corte
Constitucional.61
Igualmente, sobre el particular el Consejo de Estado ha señalado que las quejas o
denuncias de los funcionarios públicos deben ser racionales y guardar mesura y
prudencia, por cuanto pueden comprometer derechos como la honra y el buen
59 “Código de Procedimiento Penal, artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar
a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará
sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá
inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.
60 Constitución Política, artículo 95, numeral 7º.
61 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1174 de 2004, MP: Álvaro Tafur Galvis.
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nombre del afectado:62
“[…] “En relación con el denunciante: (i) si es un servidor público, se le exige una
mayor cautela por cuanto dispone de la información para corroborar ex ante los
hechos en los que funda la acusación y goza de mayor credibilidad, es decir, no
puede hacer denuncias ligeras y carentes de fundamento y en especial si
desempeña un cargo directivo; (ii) en todo caso, la responsabilidad por las
consecuencias de una denuncia deben ser evaluadas ‘de manera razonable, siendo
más estricta cuando la acusación proviene de una institución estatal y de menor
envergadura cuando se trata de denuncias elevadas por los medios de
comunicación orales, escritos o en red’; ya que no se puede perder de vista ‘la
necesidad de fortalecer el control sobre la gestión pública en una sociedad
democrática que puede verse sensiblemente limitado e incluso completamente
obstruido cuando se imponen sanciones desproporcionadas cuyo objetivo no radica
tanto en reparar el daño, sino en desmotivar la denuncia o, lo que es peor, en
silenciar a la opinión pública’ […]”
Incluso, frente a las denuncias hechas por servidores públicos, esta Corporación
ha señalado que se requiere un mayor grado de diligencia, dado que estos
cuentan con mayor acceso a la información y la posibilidad de requerir esta para
confrontarla con los hechos que posiblemente se constituirían en motivo de queja
o denuncia:63
“[…] Por lo general, las entidades públicas cuentan con la información suficiente
para poder verificar si la denuncia o queja presentada se corresponden con la
realidad, es decir, con la información disponible al interior de la entidad se pueden
confrontar las versiones presentadas y es dable establecer si corresponden a lo que
realmente sucede. […] Dicho en otros términos, la entidad pública cuenta en su
interior con dependencias que se pueden encargar específicamente de recolectar
toda la información disponible y de recopilar los documentos para confrontar el caso
objeto de denuncia con la realidad. Lo anterior tanto más cuanto no toda información
genera per se una investigación de tipo penal. Si se actúa de modo diligente en el
recaudo de información y se contrasta con la denuncia realizada, puede incluso que
gracias a esa indagación quede sin piso la denuncia o se refuerce y abra paso a
otros tipos de datos que impongan promover no solo la investigación de tipo penal
sino también disciplinaria o fiscal. Debe tenerse siempre presente que entre más
seria sea la acusación, mayor diligencia se exige. […]”
Finalmente, en cuanto a los derechos al buen nombre y a la honra por cuya
violación fue condenada en reparación directa la demandante, se trata de una
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. 38879.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 29 de agosto de 2012, exp. 24097.
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garantía fundamental consagrada no solo en la Constitución Política (artículos 1564
y 2165) sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo
1166).
En cuanto a la acepción de estos derechos esta Corporación ha señalado que el
derecho al buen nombre alude al concepto que del individuo y su comportamiento
tienen los demás miembros de la sociedad, es decir, a su reconocimiento externo,
el cual está vinculado íntimamente al derecho a la honra, en cuanto este se refiere
a los valores éticos, morales y sociales que se reputan de una persona:67
“[…] El derecho al buen nombre consagrado en el artículo 15 de la Constitución
Política68, alude: ‘[…] al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la
sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades,
condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y
constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida
[…]’69. ‘Así mismo, ha establecido la Corte Constitucional que en el evento en que
una persona pueda reclamar la protección de dicho derecho, también depende de
un reconocimiento externo, identificado como una aceptación social70, pero no se
vulnera el mismo, cuando es la persona directamente quien le ha impuesto el
demérito a sus conductas y ha perturbado su propia imagen ante la colectividad71.
64 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. […]”.
65 “Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra, la ley señalará la forma de su protección”.
66 “Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11. Protección de la Honra y de la
Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 3.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 36934.
68 “Original de la cita: El derecho al buen nombre y a la honra se encuentra protegido
internacionalmente en los siguientes instrumentos: Pacto Internacional de Derechos civiles y
políticos (Ley 74 de 1968) Artículo 17 No. 1: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación. Convención Americana sobre derechos humanos “Pacto San José de Costa Rica”
(Ley 16 de 1972) Artículo 11: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques. Declaración universal de los derechos humanos, artículo 12: Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
69 “Original de la cita: Tal concepción se puede ver en sentencias de la Corte Constitucional T-412
de 1992; T-047 de 1993; T-097 de 1994; T- 228 de 1994; T- 259 de 1994; SU.056 de 1995; SU.082
de 1995; SU.089 de 1995; T-189 de 1995; T-360 de 1995; T-355 de 2002, T- 1198 de 2004”.
70 “Original de la cita: Sentencia SU - 1723 de 2000 y T- 437 de 2004”.
71 “Original de la cita: Ver entre otras. Sentencia T- 228 de 1994; T - 437 de 2004 y T- 219 de
2009”.
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‘Por su parte, el derecho a la honra consagrado en el artículo 21 de la Constitución
Nacional, ha sido concebido por la Corte Constitucional como un derecho que: ´[…]
toma su valoración de conformidad con las actuaciones de cada quien en particular
y de conformidad con su manera de ser, su comportamiento en sociedad, el
desenvolvimiento en el núcleo social donde vive y con quienes comparte su
existencia que hace que los demás se formen un criterio respecto de los valores
éticos, morales, sociales de su buen vivir y le valoren su condición de ser social en
un plano de igualdad dentro de los criterios objetivos de ponderación de la dignidad
humana. El derecho a la honra es un derecho personalísimo porque sólo se predica
de los individuos en su condición de seres sociales […]’72
De ahí que se lesionan o amenazan estos derechos cuando se difunden versiones
falsas o erróneas o se involucra a una persona en la comisión de delitos sin contar
con prueba de ello o con una condena judicial como lo ha señalado la Corte
Constitucional:73
“[…] Existe la posibilidad de que, quien sustenta un proyecto de ley o quien emite un
comunicado oficial lesione o amenace los derechos a la honra o al buen nombre de
una persona natural o jurídica, al involucrarla en la comisión de hechos delictivos o
ilícitos sin exhibir prueba y sin apoyarse en sentencia judicial condenatoria; que
difunda versiones erróneas o falsas, o que desconozca el derecho a la intimidad
personal o familiar. En tales hipótesis el funcionario comprometería su
responsabilidad y la actuación sería susceptible de las acciones legales […]”
Así las cosas, en lo que respecta a la responsabilidad del demandado, debe
reiterarse que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista
en la Ley 678 de 2001, deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, sin
perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume74.
Además, respecto de aquellas situaciones que no se subsumen en los supuestos
contemplados en las presunciones previstas en los artículos 5° y 6° de la referida
72 “Original de la cita: Sentencia T- –063 de 1992, T- 209 de 2009 y T- 1198 de 2004. En sentencia
T- 494 de 2002, se señaló que ‘El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista
valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva
la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que
corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad’”.
73 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-440 del 12 de octubre de 1993, MP:
José Gregorio Hernández Galindo.
74 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las
particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al
decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en
mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.”
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norma, la parte actora debe, entonces, demostrar que en el caso concreto se
configuró el dolo o la culpa grave del agente con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 63 del Código Civil.
De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante probó el
obrar gravemente culposo de Pedro Mary Muvdi Aranguena, pues al proceso se
allegó la queja disciplinaria instaurada por el excongresista, en su calidad de
presidente de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de
Representantes usando la papelería y membrete de esa Corporación Legislativa,
contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar Jaime Alfonso
Castro Martínez, en la que lo acusó de actuaciones temerarias y dilatorias de un
proceso de acción popular sin aportar prueba alguna que soportara sus
acusaciones (hecho probado 8.4.1.), ante lo cual la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ordenó terminar el
procedimiento disciplinario y ordenar el archivo definitivo en favor del juez primero
administrativo del Circuito de Valledupar Jaime Alfonso Castro Martínez, al
encontrar que la conducta del investigado no era constitutiva de falta disciplinaria
(hecho probado 8.4.2.).
Lo anterior con fundamento en que las afirmaciones del quejoso no solo carecían
de sustento fáctico y probatorio, sino que, incluso, frente a una mora de 17 días en
que incurrió el juez para resolver si concedía o no un recurso de apelación, esa
Sala advirtió que el retardo era justificado, pues, aunque excedió el término
estrictamente legal, no afectó de manera sustantiva la pronta administración de
justicia, ni se estableció ninguna circunstancia debidamente probada en la que se
hubiera fundado el quejoso para acusar al juez de una supuesta afectación al
patrimonio de una entidad pública, debido a la mora en una actuación procesal.
De hecho, el hoy demandado acusó al juez primero administrativo del Circuito de
Valledupar de cometer prevaricato, porque mediante el auto del 30 de noviembre
de 2010 proferido dentro de la acción popular No. 2013-00369, ordenó a la
empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. suspender la ejecución de un convenio
interadministrativo, prevaricato que según el hoy accionado se configuró porque
dicha empresa no había sido vinculada a la acción popular, sin señalar siquiera
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cómo dicha decisión judicial era manifiestamente contraria a la ley, o qué norma
violó el juez con dicha providencia, pues el quejoso simplemente se limitó a
afirmar que, a su entender, el juez estaba “prevaricando notoriamente”, es decir, lo
acusó sin fundamento fáctico ni pruebas de cometer el delito de prevaricato por
acción75; además, sin haber atendido a que la orden del juez era consecuencia de
las medidas cautelares que había proferido con anterioridad, mas no estaba
fundada en que dicha empresa fuera demandada o no.
Como antes se advirtió, si bien a todo ciudadano le compete el deber de denuncia,
lo cierto es que el demandado, ni siquiera en su condición de representante a la
Cámara y presidente de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la
Cámara de Representantes por la inviolabilidad de votos y opiniones que
establece el artículo 185 superior, estaba amparado o justificado para presentar
una queja temeraria e infundada contra un juez de la República, como la que
presentó el 3 de febrero de 2011, dado que actuó por fuera de dicha inviolabilidad,
al no expresar una simple opinión o inconformidad, sino que presentó ante la
autoridad disciplinaria acusaciones sin sustento contra un funcionario judicial,
actuación que, como lo ha advertido la Corte Constitucional pueden causar daño
y, como agente estatal, hacerlo susceptible del medio de control de repetición.76
Así, se observa que el excongresista incurrió en la causal de culpa grave del
artículo 6, numeral 1º de la Ley 678 de 2001, dado que con su queja infundada y
temeraria en la que alegó hechos no verificados para acusar de una conducta
disciplinaria e incluso delictual (prevaricato) al juez primero administrativo del
Circuito de Valledupar, la cual no se comprobó, violó de manera manifiesta e
inexcusable los derechos a la honra y buen nombre del referido funcionario
judicial, amparados por la Constitución Política (artículos 1577 y 2178) y la
Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 1179).
75 “Código Penal, artículo 413. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución,
dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48)
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
76
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1174 de 2004, MP: Álvaro Tafur Galvis.
77 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. […]”.
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Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que es
ilícita toda forma de violación de los derechos consagrados en dicha Convención
al indicar que “[…] conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del
poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal
sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de
una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos,
se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en
ese artículo. […] El mencionado principio se adecúa perfectamente a la naturaleza
de la Convención, que se viola en toda situación en la cual el poder público sea
utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si se
considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para
violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son
ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención
[…]”80.
En efecto, con el texto de la queja disciplinaria presentada por el hoy demandado,
quedó en evidencia que este formuló acusaciones temerarias e infundadas contra
un juez de la República, con lo cual se concretó la violación manifiesta e
inexcusable de las normas superiores y convencionales que protegen los
derechos a la honra y al buen nombre del afectado, misma vulneración por la cual
la demandante resultó condenada en el proceso de reparación directa No. 20-001-
33-33-004-2013-00369-00 y debió pagarle una indemnización.
Por todo lo expuesto, se declarará la responsabilidad patrimonial del demandado
Pedro Mary Muvdi Aranguena, dado que se probó que su conducta gravemente
culposa violatoria de los derechos a la honra y al buen nombre de Jaime Alfonso
Castro Martínez, dio lugar a la condena judicial que debió pagar la entidad
accionante.
78 Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra, la ley señalará la forma de su protección.
79 “Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11. Protección de la Honra y de la
Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 3.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
80 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas, sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 169-171.
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9. Liquidación de la condena
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se
cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del
daño”. Adicionalmente, para efectos de la liquidación de la condena a imponer,
se tendrá en cuenta únicamente el monto de capital que la parte demandante
acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso, pues la suma
correspondiente a los intereses moratorios se relaciona con la tardanza en el
pago por parte de la entidad pública y, por ende, no es imputable a la conducta
del aquí demandado.
Así las cosas, como el demandado Pedro Mary Muvdi Aranguena fue el único
agente estatal que participó activamente en la producción del daño, pues fue la
persona que en virtud de su investidura y en nombre de la Comisión Cuarta
Constitucional permanente de la Cámara de Representantes presentó la queja
disciplinaria infundada contra el juez primero administrativo del Circuito de
Valledupar, se le condenará a pagar el 100% del capital que la Nación –
Congreso de la República – Cámara de Representantes acreditó como
efectivamente pagado.
En consecuencia, se tendrá como valor pagado la suma de $43’890.150 que
corresponde al capital sin intereses pagado a Jaime Alfonso Castro Martínez.
Al respecto, consta que en la Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020,
por la cual el director administrativo de la Cámara de Representantes “da
cumplimiento a las decisiones judiciales proferidas al interior de la reparación
directa No. 20-001-33-33-004-2013-00369-00”, se especificó que el valor total del
capital era de $43’890.150 y el de intereses de $183.706 (fundamento 8.3.1),
razón por la cual la primera suma es la que se ordenará reconocer en esta
providencia.
El referido valor será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por
esta Corporación:
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Vp = Vh x índice final_
índice inicial
Vp = $43’890.150 150,99 (agosto 2025)
105,48 (diciembre de 2020)
Vp = $62’826.827,35
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el demandado Pedro Mary
Muvdi Aranguena fue el agente que con su conducta gravemente culposa dio
lugar a la condena que debió pagar la Nación – Congreso de la República –
Cámara de Representantes, la Sala lo condenará a pagar a esa entidad la suma
de $62’826.827,35.
10. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas
para proceder a la condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
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8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.
De acuerdo con lo anterior, y conforme a los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.1
ejusdem, la Sala encuentra que es procedente condenar a la parte demandada a
pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el
proceso de repetición.
En relación con las agencias en procesos de segunda instancia, de conformidad
con lo establecido en los numerales 381 y 482 del artículo 366 del Código General
del Proceso, en concordancia con los artículos 5, numeral 1°83 del Acuerdo 10554
del 5 de agosto de 201684, vigente para el momento de la presentación de la
demanda, tratándose de procesos “declarativos en general” que se surten en
única instancia la tarifa de agencias en derecho será entre 5% y el 15% de lo
pedido.
En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en la suma
de $2’203.692, que equivale al 5% de lo pedido en la demanda, que el demandado
deberá pagar a la Nación – Congreso de la República – Cámara de
Representantes, cuya liquidación se hará de manera concentrada por la
Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos del
81 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos
judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios
de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades
especializadas, el juez los regulará
82 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
83 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. procesos declarativos en general
[…] En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido
pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. […]”
84 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Acuerdo que es aplicable por la
fecha de presentación de la demanda y en atención a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto 5 de 2016.
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artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a Pedro Mary Muvdi
Aranguena por la condena impuesta a la Nación – Congreso de la República –
Cámara de Representantes, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2016
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, confirmada
mediante fallo del 23 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Cesar.
SEGUNDO: CONDENAR a Pedro Mary Muvdi Aranguena a pagar a favor de la
Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes la suma de
$62’826.827,35.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8
del Código General del Proceso.
Fijar por concepto de agencias en derecho en única instancia la suma equivalente
a $2’203.692 que el demandado deberá pagar a la Nación – Congreso de la
República – Cámara de Representantes.
CUARTO: DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 a 195 del CPACA.
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QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas
las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF/EX8
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