Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00226-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2021-00226-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00226-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00226-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: JUAN JOSÉ PERAFÁN HOYOS Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP- Y
OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Temas: MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD / Demanda de nulidad contra el
artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015, que regula el alquiler o arrendamiento de
inmuebles mediante la modalidad de contratación directa / INTERPRETACIÓN INTEGRAL
DE LA DEMANDA DE NULIDAD – Los argumentos de la parte actora deben enfocarse a
cuestionar el decreto reglamentario y no el marco legal que determina la materia objeto de
regulación / LÍMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA - No es posible que mediante
el ejercicio de la potestad reglamentaria se creen, modifiquen o supriman elementos al
sistema de contratación de las entidades públicas establecido por la ley.
La Sala procede a resolver, en única instancia y mediante sentencia anticipada, la
demanda de nulidad simple instaurada en contra del artículo 2.2.1.2.1.4.11 del
Decreto 1082 de 2015, expedido por el Departamento Nacional de Planeación.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 12 de octubre de 20211, los señores Giuseppe Lorenzo
Bettarel Beltrán, Mario Andrés González Osorio y Juan José Perafán Hoyos
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra el
Departamento Nacional de Planeación -DNP-, con el fin de que se declarara la
nulidad parcial del artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 2, en cuanto a
1
SAMAI - índice 2. ED_210929DEMANDADENU(.PDF) NroActua 2.
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de
Planeación Nacional"
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
la palabra “inmuebles”, por cuanto en la norma “no se observan argumentos que
permitan deducir que aplica únicamente a bienes inmuebles, sino que, por el
contrario, puede afirmarse que es extensible a los bienes muebles”. El contenido
de la disposición normativa acusada es el siguiente:
Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades
Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa
para lo cual deben seguir las siguientes reglas:
1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la
Entidad Estatal requiere el inmueble.
2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen
las necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que
deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y
contratación pública (las subrayas son de la demanda).
La parte demandante explicó que el Decreto Ley 222 de 1983 3 establecía lo
referente al arrendamiento de bienes muebles e inmuebles en el marco de la
contratación pública. En el artículo 156 determinó que el contrato de arrendamiento
de inmuebles podía contratarse directamente y el de muebles requería licitación
pública si su valor era superior a trescientos mil pesos ($300.000.00).
Refirió que el artículo 24 numeral 1, literal e) de la Ley 80 de 19934 disponía que la
escogencia del contratista se efectuaba siempre a través de licitación o concurso
público, salvo en los casos de arrendamiento o adquisición de inmuebles, en los
que se podía contratar directamente; sin embargo, ello fue derogado por el artículo
32 de la Ley 1150 de 20075.
Destacó que en la actualidad las reglas de selección del contratista se encontraban
consignadas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. En el numeral 4, literal i) se
señalaron dentro de la modalidad de contratación directa, los casos de
arrendamiento o adquisición de inmuebles.
Sostuvo que en ejercicio de la potestad reglamentaria, el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del
Decreto 1082 de 2015 determinó que las entidades estatales podían alquilar o
arrendar inmuebles mediante la modalidad de contratación directa.
3
“Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se
dictan otras disposiciones”
4
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración”.
5
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
2
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Puntualizó que en la exposición de motivos de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
no se apreciaba un cambio en la intención del legislador frente a la modalidad de
contratación directa de arrendamiento o adquisición de bienes, porque no se
evidenciaban razones que permitieran deducir que únicamente se aplicaba a
inmuebles, sino que también se hacía extensivo a los muebles como lo establecían
las reglas existentes en el Decreto Ley 222 de 1983.
En línea con lo expuesto, argumentó que el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082
de 2015 solamente reglamentaba el arrendamiento de bienes inmuebles, de modo
que surgía el interrogante sobre qué sucedía respecto a los bienes muebles, ya que
la Ley 1150 de 2007 no los mencionaba ni tampoco los excluía, lo que sí acontecía
con el Decreto Ley 222 de 1983, al disponer un criterio de cuantía para diferenciar
la procedencia de la contratación directa para el arrendamiento de este tipo de
bienes.
1.1. Normas violadas y concepto de la violación
En criterio de la parte demandante, el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de
2015 transgredía los artículos 136 y 837 de la Constitución Política, el artículo 5 de
la Ley 153 de 18878 y el artículo 2 numeral 4 literal i) de la Ley 1150 de 2007 9, de
modo que se encontraba incurso en la causal de anulación consistente en la
“infracción de las normas en que debería fundarse”, de conformidad con lo
establecido en el inciso 2 del artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -C.P.A.C.A-.
6
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.
7
Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas”.
8
Artículo 5. Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica
servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras
o incongruentes.
9
Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 4. Contratación directa. La modalidad de
selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…) i) El
arrendamiento o adquisición de inmuebles.
3
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
A. Primer cargo (Artículo 5 de la Ley 153 de 1887):
La parte demandante expuso que no todas las veces el juez debía tener una
interpretación literal y exacta de las normas, sino que debía hacerlo hasta el punto
en que encontrara que se excedieran las disposiciones legales y constitucionales,
como ocurrió en el caso concreto.
B. Segundo cargo (Artículo 2 numeral 4 literal i) de la Ley 1150 de 2007):
La parte demandante adujo que en esta disposición normativa se establecía la
modalidad de selección de contratación directa, cuando se trataba del
arrendamiento de inmuebles, pero un análisis lingüístico de este precepto
conllevaba a que también cobijara a los bienes muebles.
Manifestó que desde una interpretación histórica del derecho, no se observaba en
la exposición de motivos de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 razonamientos
jurídicos que permitieran deducir que la palabra arrendamiento aplicaba únicamente
para los bienes inmuebles como lo refería la norma demandada, sino que su
redacción permitía la inclusión de los bienes muebles.
Explicó que el Decreto Ley 222 de 1983 establecía que el arrendamiento de bienes
muebles sería causal de contratación directa bajo un criterio de cuantía específico,
de modo que desde siempre se entendió que estaba dentro de las excepciones a la
convocatoria pública bajo las formas de licitación o concurso público.
Bajo este hilo argumentativo, aseguró que jurídicamente no había ninguna razón
para hacer una distinción entre bienes muebles e inmuebles frente a la modalidad
de contratación directa, sobre todo si se tenía en cuenta el antecedente normativo
contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, en el que se contemplaba el
arrendamiento para bienes muebles, a lo que agregó que el silencio en la exposición
de motivos de las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública -Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007-, permitía colegir que para el legislador
era claro que la palabra arrendamiento incluía tanto a bienes muebles como a
inmuebles.
De conformidad con lo anterior, concluyó que en el literal i) numeral 4 del artículo 2
de la Ley 1150 de 2007 se comprendían tanto a los bienes muebles como a los
inmuebles, por lo que el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 se
encontraba inmerso en una omisión, porque dejó por fuera de su marco regulatorio
a los bienes muebles.
4
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
C. Tercer cargo (Artículo 83 de la Constitución Política):
En la demanda se adujo que las situaciones jurídicas debían tener estabilidad en
cuanto al marco normativo al cual debían sujetarse los particulares y,
especialmente, el propio Estado para el desarrollo de sus actividades. Agregó que
en caso de que el sentido de las normas no fuera claro o completo, se dejaría un
margen amplio de discrecionalidad que podía derivar en distintos modos de
proceder ante un mismo supuesto fáctico.
Explicó que el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 no era claro en
cuanto no hacía mención a los bienes muebles, lo que producía un vacío normativo
que podía desembocar en situaciones en las cuales la administración podía actuar
de manera desigual.
D. Cuarto cargo (Artículo 13 de la Constitución Política):
Según la parte demandante, resultaba “incoherente con el bloque de legalidad y
contrario a los principios generales del derecho” que se utilizaran modalidades de
contratación diferentes para el arrendamiento de bienes.
Sobre esa base, concluyó que en el Decreto Ley 222 de 1983, el contrato de
arrendamiento podía celebrarse de manera directa cuando se trataba de inmuebles
y mediante licitación pública para muebles si su valor era superior a trescientos mil
pesos; en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 se estableció como excepción a la
licitación o concurso público el arrendamiento de inmuebles, sin que en su
exposición de motivos se evidenciara algún argumento que permitiera comprender
la falta de incorporación del arrendamiento de bienes muebles en la modalidad de
contratación directa; por tanto, no existía una justificación para la diferencia entre el
Decreto Ley 222 de 1983 y el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015, lo
que dificultaba el entendimiento adecuado de la contratación pública sobre todo en
lo atinente al arrendamiento y ponía en tela de juicio la coherencia del ordenamiento
jurídico.
3. La medida cautelar
En escrito separado, la parte demandante solicitó la suspensión provisional del
término “inmuebles” contenido en el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de
2015.
5
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Como sustento de la referida solicitud, señaló que la disposición demandada
vulneraba el bloque de legalidad, porque se restringía el proceso de contratación
directa únicamente a los bienes inmuebles, contrariando la voluntad del legislador
que desde el Decreto Ley 222 de 1983 estableció que para el arrendamiento de
bienes muebles también procedía esta causal de contratación.
Al lado de lo anterior, sostuvo que si no se decretaba la suspensión provisional del
acto administrativo demandado se causaba un perjuicio irremediable, en atención a
que se cercenaba la posibilidad jurídicamente legítima de utilizar la modalidad de
contratación de selección directa para el arrendamiento de bienes muebles10.
El 19 de julio de 2023, se negó la medida cautelar de suspensión provisional
solicitada por la parte actora, porque no se advertía una vulneración de la simple
confrontación de la disposición demandada con las normas invocadas como
desconocidas, además, la definición de si era justificada o no la limitación de la
causal de contratación directa al arrendamiento de bienes inmuebles, merecía un
análisis que exigía conocer las razones que determinaron dicha reglamentación 11.
3. El trámite en primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia de 16 de mayo de 2022, que se
notificó en debida forma al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, entidad a la que se
citó en la demanda, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado12.
3.1. Contestación de la demanda
El Departamento Nacional de Planeación contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, para lo cual adujo que el medio de control de nulidad no habilitaba
constitucional ni legalmente al Consejo de Estado para que mediante sentencia
pudiera incluir el arrendamiento de bienes muebles en el artículo demandado o en
las Leyes 80 de 1993 o 1150 de 2007.
10
SAMAI - índice 2. ED_211019MEDIDACAUTEL(.PDF) NroActua 2
11
SAMAI - índice 23.
12
SAMAI - índice 10.
6
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Discutió que la disposición demandada simplemente reglamentó lo dispuesto en el
artículo 2, numeral 4, literal i) de la Ley 1150 de 2007, lo cual provenía de la libertad
de configuración legislativa en materia contractual13.
Al contestar la demanda, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente se opuso a las pretensiones, porque la falta de inclusión de los
bienes muebles en la modalidad de contratación directa se enmarcaba en el
ejercicio de la libertad del legislador para configurar los procedimientos y los
mecanismos para la selección de los contratistas.
Indicó que el antecedente normativo de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en
modo alguno constituía un impedimento para que el legislador pudiera introducir
modificaciones a las diversas modalidades de contratación y a los supuestos
fácticos en que debían adelantarse14.
4. Sentencia anticipada
En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 6,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto del 4 de marzo
de 2024, se resolvió prescindir de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia
anticipada en el sub lite, dada la configuración de las causales establecidas en los
literales a), b) y c) del numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, previa
fijación del litigio, providencia que fue debidamente notificada por estado el 12 de
marzo de 202415.
5. Fijación del litigio
En consonancia con los cargos formulados por los demandantes y las
contestaciones de la demanda, el litigio se fijó en el auto del 4 de marzo de 2024,
en los siguientes términos:
Teniendo en cuenta la exposición de los antecedentes realizada previamente,
corresponde a esta Corporación determinar si el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del
Decreto 1082 de 2015, expedido por el Departamento Nacional de Planeación,
es ilegal por infringir las normas en que debía fundarse y vulnerar los artículos
13 y 83 de la Constitución Política, el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007 y el artículo 5 de la Ley 153 de 1887.
13
SAMAI - índice 51.
14
SAMAI - índice 50.
15
SAMAI - índices 69 y 72.
7
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Lo anterior, en atención a que, según lo afirmado por la parte demandante, no
existían razones para que la norma demandada no reglamentara el
arrendamiento de bienes muebles en la modalidad de contratación directa; por
el contrario, las entidades demandada y convocada argumentaron que no se
trató de una omisión, sino del ejercicio de la libertad del legislador para
configurar los procedimientos y los mecanismos para la selección de los
contratistas.
6. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 2 de abril de 2024 se ordenó correr traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto,
respectivamente16.
En su intervención, el Departamento Nacional de Planeación señaló que la
disposición demandada no vulneraba el ordenamiento jurídico, toda vez que
simplemente reglamentó lo establecido en el artículo 2, numeral 4, literal i) de la Ley
1150 de 2007, lo cual surgió de la libertad de configuración legislativa en materia
contractual17.
En esta oportunidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente alegó que el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 era
absolutamente claro en su alcance, es decir, en la reglamentación de la adquisición
y arrendamiento de bienes inmuebles, excluyendo expresamente a los bienes
muebles, lo que no obedecía a una falta de claridad, a una omisión o a un vacío
normativo, sino que, por el contrario, se enmarcaba en el ejercicio de la libertad de
configuración legislativa frente a la contratación pública18.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Régimen procesal aplicable
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación de la demanda -22 de octubre de 2021-, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA -
incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las
16
SAMAI – índice 75.
17
SAMAI – índice 79.
18
SAMAI – índice 81.
8
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 26 de enero de 2021 19- y
el Código General del Proceso, en los aspectos no contemplados en el primero
(artículo 306 de la Ley 1437 de 2011)20.
2. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer la demanda impetrada contra el
artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015, pues es un acto administrativo
general expedido por el Departamento Nacional de Planeación, ya que de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 237 de la Constitución
Política y los artículos 137 y 149 del CPACA, corresponde al Consejo de Estado
conocer, en única instancia, de las demandas de nulidad que contra esta clase de
actos se interpongan.
Advierte así mismo la Sala que el conocimiento de la presente demanda
corresponde a esta Sección de la Corporación, dado que el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019, por el cual se adoptó el reglamento del Consejo de Estado, radicó en
la Sección Tercera la competencia para conocer de los procesos de simple nulidad
contra actos administrativos que, entre otros temas, versen sobre asuntos
contractuales; y, en el presente caso, la disposición parcialmente acusada establece
la posibilidad de las entidades estatales de arrendar bienes inmuebles mediante la
modalidad de contratación directa.
3. Naturaleza jurídica del acto demandado
La disposición demandada está contenida en un acto administrativo general,
mediante el cual el Gobierno Nacional compiló diferentes temas relacionados con la
contratación estatal. Se trata de una disposición que establece una definición
concreta de los escenarios de contratación directa regulados por el literal i) del
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 relacionados con los contratos de
arrendamiento o adquisición de inmuebles.
19
“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y
tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las
demandas que se presenten un año después de publicada esta ley […]”.
20
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
9
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Los destinatarios de la disposición demandada son la Administración, los oferentes
y el conglomerado en general, pues tiene como finalidad señalar de manera más
concreta los eventos en los que se permite contratar determinados servicios
mediante el uso de la modalidad excepcional de selección de contratistas conocida
como contratación directa y prevista en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150
de 2007.
Finalmente, en cuanto a la expedición de la disposición acusada, la Sala considera
que una de las entidades demandadas en ejercicio de las facultades
constitucionales21 y legales22 profirió el acto demandado.
Por todo lo expuesto, a juicio de la Sala, el acto demandado debe ser calificado
como acto administrativo de carácter general, susceptible de control judicial.
4.- Potestad reglamentaria
Antes de entrar a estudiar el caso concreto, la Sala estima conveniente hacer
algunas consideraciones sobre la potestad reglamentaria, su titularidad, contenido
y alcance a la luz de la jurisprudencia, tanto constitucional, como aquella proferida
por esta Corporación.
Según el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al
Presidente de la República como jefe de estado, jefe del gobierno y suprema
autoridad administrativa “Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de
las leyes”.
Sobre la definición y titularidad de la potestad reglamentaria, la Corte Constitucional
ha expresado las siguientes consideraciones:
La potestad reglamentaria, entendida como la capacidad de producir normas
administrativas de carácter general, reguladoras de la actividad de los
particulares y fundamento para la actuación de las autoridades públicas, la
tiene asignada de manera general, en principio, el Presidente de la República,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 189-11 de la Carta Política, quien puede
ejercerla en cualquier momento sin necesidad de que la ley así lo determine en
cada caso. Excepcionalmente, y por disposición constitucional, existe un
sistema de reglamentación especial respecto de ciertas materias y para
determinados órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria
del Presidente de la República. Tal es el caso del Consejo Superior de la
21
Constitución Política, artículo 189.11.
22
Ley 489 de 1998, artículo 59.
10
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Judicatura, de la Junta Directiva del Banco de la República, del Consejo
Nacional Electoral y de la Contraloría General de la República23.
Respecto de la titularidad de la potestad reglamentaria, es decir, de la posibilidad
de expedir actos administrativos de carácter general, se ha reconocido que los
ministerios también gozan de dicha competencia. En este sentido, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente:
El fundamento constitucional de las competencias asignadas a los ministerios
también se encuentra normado por el artículo 208 de la Carta. El canon
prescribe que a los ministros les corresponde “formular las políticas atinentes a
su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, todo ello bajo
la dirección del Presidente de la República.
(…)
En los anteriores términos, no resulta inconstitucional que una ley atribuya, de
manera directa, a los Ministros del Despacho, competencias para expedir
normas de carácter general sobre las materias en ella contenidas, cuando tales
normas correspondan a regulaciones de carácter técnico u operativo, dentro de
la órbita competencial del respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la
competencia de regulación tiene el carácter de residual y subordinada respecto
de aquella que le corresponde al Presidente de la República en ejercicio de la
potestad reglamentaria24.
Frente el contenido y alcance de la potestad reglamentaria, esta Corporación ha
sostenido lo siguiente:
La ley sienta los principios generales y el decreto reglamentario los hace
operantes o los particulariza para hacer viable la aplicación de la ley. De
consiguiente, so pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria mal puede
ampliarse el ámbito de aplicación de la ley. El acto reglamentario debe aportar
entonces los detalles, los pormenores de ejecución o aplicación de la ley; hace
explícito lo implícito en ella; facilita su entendimiento y comprensión. Pero no
puede extender su ámbito más allá de la ley. No es posible que el reglamento
contenga normas que le están reservadas al legislador; no puede adicionar la
ley, cambiarla, restringirla o recortarla en su esencia o sustancia; tampoco
puede deslindar los límites de la potestad reglamentaria porque violaría,
además de la ley, la propia Constitución25.
Como toda potestad en un Estado de Derecho, la reglamentaria está sujeta a
límites, siendo el primero, el ámbito material de la misma ley que reglamenta. Por lo
tanto, en aras de facilitar el cumplimiento de la ley, el reglamento no puede ir más
allá de lo dispuesto por el legislador.
23
Corte Constitucional, sentencia C-384 del 13 de mayo 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
24
Corte Constitucional, sentencia C-917 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
25
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de julio de 1996. Exp. No.
854, C.P.: Roberto Suárez Franco.
11
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Conforme con los parámetros fijados por la ley reglamentada, el ejecutivo desborda
los límites de su potestad reglamentaria si modifica o altera en el reglamento el
contenido de la ley. Ello ocurre si las definiciones establecidas por el propio
legislador se ven ampliadas por la norma reglamentaria, de tal manera que aludan
a supuestos no contemplados por el legislador26.
Sobre este punto en particular, la Corporación ha señalado que27:
La potestad reglamentaria tiene su primer límite en la ley que va a reglamentar,
dado que es ella la que establece el marco dentro del cual se ejerce, de tal
forma que no puede el ejecutivo crear una disposición no contenida en aquélla,
ni modificarla para restringir su espíritu o finalidad, pues así invadiría
competencias que le corresponden al Congreso, con mayor razón tratándose
de disposiciones legales de carácter tributario, en las que la Constitución
Política consagra expresamente las competencias legislativas .
Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar
que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del
legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede desfigurar la situación
regulada por la ley, hacerla nugatoria, ni extenderla a situaciones de hecho que
el legislador no contempló.
La necesidad del ejercicio de la potestad reglamentaria se funda en el carácter
genérico de la ley. Así, si la regulación legal agota el objeto o materia regulada, la
intervención del Ejecutivo no deviene indispensable28. En este sentido, la
jurisprudencia de esta Corporación estableció que:
Los límites del poder reglamentario de la Ley, los señala la necesidad de
cumplir debidamente el estatuto desarrollado; si los ordenamientos expedidos
por el Congreso, suministran todos los elementos necesarios para su ejecución,
el órgano administrativo nada tendrá que agregar y por consiguiente, no habrá
oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria. Pero, si en ella faltan
los pormenores necesarios para su correcta aplicación, opera inmediatamente
la potestad para efectos de proveer la regulación de esos detalles29.
5. Análisis del caso concreto
En el caso concreto, la parte demandante solicita que se declare la nulidad parcial
del artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015, en cuanto a la palabra
“inmuebles”, por cuanto en la norma “no se observan argumentos que permitan
26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de octubre de 2021, Exp. No. 24049. M.P.
Milton Chaves García.
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de mayo de 2013, Exp No. 19306, M.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia.
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de septiembre de 1997, Exp. No. 8308. M.
P.: Germán Ayala Mantilla; sentencia de mayo 5 de 2003. Exp. No. 13212. M. P. Ligia López Díaz.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008, Exp. No. 0294-04.
M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
12
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
deducir que aplica únicamente a bienes inmuebles, sino que, por el contrario, puede
afirmarse que es extensible a los bienes muebles”.
Cabe precisar ab initio que no se demanda una omisión, aunque la parte actora
utilice tal expresión en algunos aparte del libelo introductorio, porque esencialmente
sostiene que con la expedición del decreto reglamentario se vulneraron varias
disposiciones legales y constitucionales, porque no había razones jurídicas para
hacer una distinción entre bienes muebles e inmuebles frente a la modalidad de
contratación directa.
Si bien la parte actora indicó como vulneradas diferentes disposiciones, tanto
constitucionales como legales, lo cierto es que centró los cargos de nulidad parcial
en la violación del literal i) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150, porque en el
ejercicio de la potestad reglamentaria la norma demandada solo incluyó dentro de
la modalidad de contratación directa, el arrendamiento de bienes inmuebles,
cuando esta debió hacerse extensiva a los bienes muebles.
Ahora bien, una comparación normativa permite evidenciar que el artículo
2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 reprodujo prácticamente el contenido
previsto en el artículo 2, literal i) del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007.
Disposición normativa Contenido
Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, De las modalidades de selección. La
escogencia del contratista se efectuará con
literal i)
arreglo a las modalidades de selección de
licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa,
con base en las siguientes reglas:
(…)
4.- Contratación directa. La modalidad de
selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos: (…) i) El
arrendamiento o adquisición de inmuebles
Decreto 1082 de 2015, artículo Arrendamiento de bienes inmuebles. Las
2.2.1.2.1.4.11 entidades estatales pueden alquilar o
arrendar inmuebles mediante
contratación directa para lo cual deben
seguir las siguientes reglas:
1. Verificar las condiciones del mercado
inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad
Estatal requiere el inmueble.
2. Analizar y comparar las condiciones de los
bienes inmuebles que satisfacen las
necesidades identificadas y las opciones de
arrendamiento, análisis que deberá tener en
13
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
cuenta los principios y objetivos del sistema
de compra y contratación pública
Según el artículo 2, numeral 4, literal i) de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de
selección de contratación directa solamente procederá para el arrendamiento de
inmuebles. En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015
dispone que las entidades estatales pueden arrendar inmuebles mediante
contratación directa.
Como se puede apreciar, existe una correspondencia entre lo legalmente
establecido y lo reglamentado, toda vez que el artículo demandado se limitó a
establecer las condiciones para el arrendamiento de bienes inmuebles mediante la
modalidad de contratación directa, tal como lo ordenó la ley, de modo que no se
puede evidenciar un desbordamiento del ejercicio de la potestad reglamentaria,
porque no se modificó o alteró en la norma reglamentaria el contenido de la ley.
Si bien el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 introdujo una reglas que
deben tenerse en cuenta para el arrendamiento de inmuebles mediante la
modalidad de contratación directa, se trata de aspectos que no se relacionan ni
interfieren con el análisis propuesto por la parte demandante relativo únicamente a
la inclusión dentro de esta modalidad de selección del arrendamiento de bienes
muebles.
Bajo esta óptica, hay lugar a concluir que si la facultad reglamentaria se desarrolló
dentro del marco legal, el juicio de razonabilidad de la restricción de la causal de
contratación directa al arrendamiento de bienes inmuebles, que a juicio de la parte
actora excluyó injustificadamente a los bienes muebles, se proyecta más sobre la
ley que frente al reglamento, porque éste se limitó a reglamentar este aspecto dentro
de los límites que la ley determinó.
Sobre este particular, se debe señalar que un análisis detenido de la demanda
permite entender que los argumentos de inconformidad de la parte actora no se
dirigieron contra la norma reglamentaria, sino contra el marco legal que estableció
el arrendamiento de bienes inmuebles dentro de la modalidad de contratación
directa y que excluyó a los bienes muebles.
En efecto, la parte demandante manifestó que en la exposición de motivos de las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no se apreciaba un cambio en la intención del
14
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
legislador frente a la modalidad de contratación directa de arrendamiento de bienes,
porque no se evidenciaban razones que permitieran deducir que únicamente se
aplicaba a inmuebles, sino que también se hacía extensivo a los bienes muebles.
A lado de lo anterior, sostuvo que la Ley 1150 de 2007 no mencionaba ni tampoco
excluía el arrendamiento de muebles, lo que sí acontecía con el Decreto Ley 222 de
1983, en el cual se establecía la procedencia de la contratación directa para el
arrendamiento de este tipo de bienes.
En la misma dirección, adujo que el silencio en la exposición de motivos de las
normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007-, permitía colegir que para el legislador era claro que la
palabra arrendamiento incluía tanto a bienes muebles como inmuebles.
Por último, manifestó que restringir el proceso de contratación directa únicamente a
los bienes inmuebles, contrariaba la voluntad del legislador que desde el Decreto
Ley 222 de 1983 estableció que para el arrendamiento de bienes muebles también
procedía esta causal de contratación.
Las anteriores referencias demuestran que las razones expuestas por la parte
actora, relativas a que no resultaba justificada la limitación de la causal de
contratación directa al arrendamiento de bienes inmuebles, se enfocaron a
cuestionar el marco legal que así lo impuso, aspecto que no corresponde juzgar a
esta jurisdicción, sino a la jurisdicción constitucional.
De acuerdo con el artículo 149 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde
conocer en única instancia las demandas de nulidad contra los decretos
reglamentarios, y a la Corte Constitucional las demandas que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación, según lo establecido en el artículo 241-4 de la
Constitución Política.
En esta perspectiva y en atención a que la norma demandada se circunscribió a
reglamentar la ley, en relación con el arrendamiento de bienes inmuebles, mediante
la modalidad de contratación directa, no existen cargos o, al menos, estos son
aparentes, y más bien se dirigen a cuestionar el marco legal que no incluyó el
arrendamiento de bienes muebles dentro de la referida modalidad de selección,
cuestión que desborda la competencia de esta Corporación.
15
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
En estas condiciones, la interpretación natural que se desprende de la demanda
permite concluir que la parte demandante cuestiona que el legislador no incorporó
el arrendamiento de los bienes muebles mediante la modalidad de contratación
directa, aspecto frente al cual el Consejo de Estado carece de competencia; sin
embargo, si se entendiera que la demanda se dirige a señalar que tal irregularidad
fue del legislador y no del Gobierno Nacional al proferir el Decreto 1082 de 2015, se
debe precisar que a través de la facultad reglamentaria no es posible introducir
algún elemento adicional que no contemple la ley, en consideración a que la
expedición del estatuto contractual corresponde a una materia de reserva legal.
Al respecto, se debe recordar que en el artículo 150 de la Constitución Política se
establece que “Compete al congreso expedir el estatuto general de contratación de
la administración pública y en especial de la administración nacional”.
La Corte Constitucional señaló que el legislador definió los aspectos básicos y
generales de la modalidad de contratación directa y, por tanto, no se podía predicar
la existencia de un vacío legal o material respecto de esta forma o manera de
celebrar el contrato estatal. En este sentido, expuso lo siguiente:
No obstante esa facultad de contratar directamente no es discrecional del jefe
de la entidad, pues la ley identificó y definió los casos en que esa forma o
manera de contratar por excepción era procedente. Determinó entonces el
legislador, en trece literales los contratos en los cuales el Estado podrá
contratar directamente; adicionalmente, consagró las reglas básicas de
imperativo cumplimiento para dar plena aplicación al principio de la
transparencia. Por otra parte, en el parágrafo 1° del artículo 24, dispuso que en
los casos de contratación directa los servidores públicos que en ella
intervengan se encuentran sujetos al principio de legalidad. Resulta claro
entonces, que tratándose de la contratación directa como una forma
excepcional de celebrar los contratos del Estado, el legislador definió los
aspectos básicos y generales, sin que se pueda predicar como lo hace el actor,
la existencia de un vacío legal o material respecto de esta forma o manera de
celebrar el contrato estatal30.
En este sentido, no le es dable al Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad
reglamentaria o a las autoridades administrativas crear causales de contratación
directa o incorporar elementos extraños a los procesos de selección determinados
por el legislador, porque estos procedimientos administrativos de selección de
contratistas en el derecho colombiano devienen de la ley y deben en consecuencia
respetarse y aplicarse en los estrictos términos en ella establecidos.
30
Corte Constitucional, sentencia C-508 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
16
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
Las normas que consagran estos procedimientos de selección son de carácter
imperativo y de orden público, no disponibles y, por tanto, de obligatorio
cumplimiento, lo que implica que no pueden ser dispuestas por sus destinatarios
de manera diferente a la establecida por el legislador y sus efectos no pueden
evitarse o modificarse, porque solo opera en el contexto de su descripción legal.
En consecuencia, más allá de los criterios doctrinales de interpretación de este tipo
de normas de excepción, es el mismo legislador quien de manera expresa le da
ese carácter restrictivo a las causales de contratación directa e impide su aplicación
por fuera de sus contenidos normativos sistemáticamente articulados con el
ordenamiento jurídico predicable de la contratación pública31.
Bajo este hilo argumentativo, resulta inane pronunciarse sobre cada uno de los
cargos de la demanda, específicamente sobre la vulneración del artículo 5 de la
Ley 153 de 1887 y los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, porque todos se
enfocaron a señalar que no solo se incorporó dentro de la modalidad de
contratación directa el arrendamiento de bienes inmuebles, cuando esta debió
hacerse extensiva a los bienes muebles; sin embargo, una interpretación integral
de la demanda permitió entender que tales cargos no están dirigidos a atacar el
decreto reglamentario sino la ley, aspecto frente al cual el Consejo de Estado
carece de competencia en sede de nulidad.
Adicionalmente, no puede olvidarse que este es un juicio de nulidad, por lo que no
basta con referir diferentes normas de rango constitucional para desvirtuar la
legalidad de un acto administrativo, ya que se requiere de la confrontación directa
con una ley, más allá de que el marco constitucional pueda resultar comprometido
por cuenta de la transgresión del Decreto frente a la ley.
Finalmente, cabe precisar que por vía de nulidad no es posible alegar una omisión
en el decreto reglamentario, pues la causal de nulidad procedente sería la falta de
competencia por defecto; sin embargo, no es posible realizar este análisis, porque
la parte actora elevó ataques contra la ley, aspecto que, como se dijo, escapa a la
competencia del Consejo de Estado.
31
En este ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de unificación de 2
de diciembre de 2013, Exp. No. 41719. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
6.- Conclusión
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Sala concluye que no se
vulneraron las normas invocadas en la demanda, ni existió un desbordamiento en
el ejercicio de la potestad reglamentaria, porque i) el artículo demandado se limitó
a reproducir las condiciones fijadas por la ley para el arrendamiento de bienes
inmuebles mediante la modalidad de contratación directa, ii) las razones expuestas
por la parte actora, relativas a que no resultaba justificada la limitación de la causal
de contratación directa al arrendamiento de bienes inmuebles, se enfocaron a
cuestionar el marco legal que así lo impuso y no el decreto reglamentario, aspecto
que no corresponde juzgar a esta jurisdicción, sino a la constitucional y, iii) no es
posible que mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria se creen, modifiquen
o supriman elementos al sistema de contratación de las entidades públicas
establecido por la ley.
7. Condena en costas
En atención a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no procede la condena en costas,
por cuanto en el presente asunto se debate una pretensión de nulidad general, la
cual lleva inmersa un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015,
con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el proceso de la referencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
18
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00226-00 (67727)
Actor: Juan José Perafán Hoyos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP- y otro
Referencia: Medio de control de nulidad
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
VF
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.