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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00230-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00230-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes, en contra de la sentencia del dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00230-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

14 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00230-00 (67762)
Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA PLENA
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
11001-03-26-000-2021-00230-00 (67762).
Radicado número:
Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros.
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación.

Tema. La connotación de sentencia de unificación que se invocó como desconocida. Subtema 1.
Criterios funcionales y materiales para la identificación de una sentencia de unificación. Subtema 2.
Finalidad del recurso extraordinario de unificación – no puede convertirse en una tercera instancia
judicial -. Se desestima el recurso.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado
por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el dieciséis (16) de abril
de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó
la providencia del dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019) del Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Quibdó, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda

María Isabel Palacios Córdoba, Oscar Andrés Mosquera Palacios y Clarisabel
Palacios Córdoba interpusieron demanda1, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, contra la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional, con el
fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios derivados
de la muerte de Oscar Mosquera Martínez, a consecuencia de un atentado terrorista
a las instalaciones de un supermercado en el que laboró el fallecido, que tuvo lugar
el 25 de febrero de 2014 en Quibdó, Chocó.

1.2. Sentencia de primera instancia

Surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Quibdó dictó sentencia el dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019)2,
en la que declaró probadas las excepciones de inexistencia de título jurídico de
imputación e inexistencia probatoria que propuso la demandada, y negó las
pretensiones de la parte demandante. Para fundamentar su decisión, consideró que
en el expediente no obraban suficientes pruebas que demostraran que la
demandada hubiere incurrido en una falla en su deber de protección; que hubiere
creado un riesgo o que haya generado desequilibrio en las cargas públicas, esto
último como consecuencia de una actuación legítima de la administración. De
manera que, no encontró probado que el suceso del 25 de febrero de 2014 hubiera
constituido un atentado “dirigido contra la entidad castrense”; y que, por el contrario,
todo demostraba que el acto criminal atentó contra un establecimiento de comercio

1 Fls. 1 a 22, cdno. 1.
2 Sentencia de primera instancia del 18 de marzo de 2019 que profirió el Juzgado Tercero Administrativo Oral

de Quibdó. Fls. 241 a 248, cdno. 2.

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00230-00 (67762)
Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

privado, propiedad de quien no hay prueba que haya presentado previamente
solicitud de protección especial y que tal acto acaeció al margen de un contexto de
notable perturbación del orden público que permitiera advertir a la demandada de
posibles retaliaciones en su contra. En síntesis, señaló la falta de prueba de los
presupuestos fácticos sobre los que se fundan los precedentes de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en materia de actos terroristas3:

1.3. Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación, el primero (1) de abril de dos
mil diecinueve (2019)4, con el que solicitó la revocación de la decisión de primera
instancia con fundamento en los argumentos que la Sala sintetiza así5:

1.3.1. Que, el Juzgado desconoció el precedente del Consejo de Estado en materia
de actos terroristas6, conforme al cual, en tales eventos, existen tres títulos de
imputación aplicables: la falla en el servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.
Manifestó que su asunto versó sobre una falla en el servicio, título aplicable, según
el Consejo de Estado, cuando el daño ha sido producido por un acto violento
perpetrado por agentes no estatales, pues el Estado debe, en esas circunstancias,
desplegar su fuerza activa para evitar un daño contra la población civil.

1.3.2. Que, el Juzgado valoró indebidamente las pruebas ya que inadvirtió su
pertinencia, conducencia y necesidad, al desestimar los elementos que reafirmaron
la existencia de alertas tempranas que permitían corroborar el “modus operandi” de
las FARC-EP. Una valoración adecuada de tales elementos habría permitido inferir
válidamente que el propietario del establecimiento de comercio atacado, Nabor
Tadeo Giraldo Aristizábal, pidió medidas de protección y seguridad al presentar la
correspondiente denuncia penal por los delitos de extorsión y de amenazas, aspecto
que convertía el suceso en un hecho previsible para la demandada. En cuanto a la
materia, agregó que, evidentemente, el Tribunal desconoció la trascendencia del
atentado en el lugar en el que se presentó, y que, aun en caso de considerar
insuficiente la carga probatoria, omitió oficiar para que se allegara el expediente
penal que se tramitó en contra de la ex emisaria de las FARC-EP, Jorley Serna
Correa, quien fue indultada por Colombia tras reconocer su autoría frente a los
hechos.

En tal sentido, argumentó la entonces apelante que, habida consideración de la falta
de configuración de alguna causal de exoneración de responsabilidad, debía
declararse no probada la excepción propuesta por la demandada, y proferirse
condena conforme a las pretensiones de la demanda con base en una examinación
probatoria adecuada.

1.4. Sentencia de segunda instancia

El Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia el dieciséis (16) de abril de
dos mil veintiuno (2021)7 en la que confirmó la decisión de primera instancia, que

3 Citó, entre otras, las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de abril de 2012
(radicación interna número 21515) y del 23 de agosto de 2021 (radicación interna número 24392).
4 Fls. 252 a 266, cdno 2.
5 Para los efectos de la presente providencia, la Sala sintetiza los argumentos relevantes incluidos en el recurso.

Así pues, no se hará referencia a los aspectos meramente fácticos o probatorios propios del asunto ordinario.
6 Puntualmente las providencias de la Sección Tercera de esta Corporación del 20 de junio de 2017 (radicación

interna número 18860) y del 23 de mayo de 2018 (radicación interna número 41345).
7 Fls. 306 a 316, cdno.ppal.

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Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Como fundamento de ello, consideró que con las pruebas aportadas no quedó
acreditado el daño antijurídico, ya que en el registro civil de defunción de Oscar
Mosquera Martínez no se demostró que este hubiera fallecido en los hechos
ocurridos el 25 de febrero de 2014, y la parte demandante no aportó el informe de
la noticia criminal del atentado terrorista ni la historia clínica en la que obra registro
de las lesiones.

En gracia de discusión, consideró que, aun cuando se hubiera configurado el daño
antijurídico, no saldrían avante las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado8 sobre la imputación de
responsabilidad por actos violentos de terceros, pues no se probó la participación
de los agentes estatales en los sucesos terroristas, ni que se hubiera producido un
ataque indiscriminado —sino, en cambio, uno específico en contra de un
establecimiento privado— ni se acreditó que los actores hubieran solicitado medidas
de protección que hicieran imperativo el actuar de la Policía Nacional y determinaran
su previsibilidad en torno a un potencial daño para la población. Al punto, concretó
que la demandada no creó una situación de riesgo, comoquiera que las afectaciones
a la propiedad no acontecieron por un enfrentamiento entre la fuerza pública y un
grupo al margen de la ley, ni estuvieron dirigidas en contra de la primera.

1.5. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021)9, María Isabel Palacios
Córdoba, Oscar Andrés Mosquera Palacios y Clarisabel Palacios Córdoba
interpusieron recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en el que
pidieron la revocación de la decisión que emitió el Tribunal Administrativo del Chocó
el dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), para que, en su lugar, se
concedan las pretensiones de su demanda. Con tal propósito y luego de realizar un
recuento fáctico, precisaron que el Tribunal desconoció la sentencia de unificación
de la Sección Tercera de esta Corporación del 6 de junio de 2013 (exp. 26011)10,
por las siguientes razones que la Sala procede a sintetizar:

1.5.1. Porque el Tribunal menospreció la denuncia penal que se instauró ante el
Gaula de la Policía Nacional, que permitía probar la “previsibilidad del hecho”,
actuación que condujo a un desconocimiento de la regla de unificación relativa a la
existencia de una falla en el servicio11 propiciada12, de manera que la demandada
faltó en su deber de garantizar una vigilancia adecuada y eficiente.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de junio de 2017, exp.18860.
9 Como el presente recurso se interpuso en la fecha transcrita, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia

de la Ley 2080 de 2021 que reformó la Ley 1437 de 2011, el mismo se regirá por la modificación introducida
por esta primera codificación. Ello es así, ya que de acuerdo con el artículo 86 de la precitada Ley 2080 de
2021, esta rige a partir de su publicación (que ocurrió el 25 de enero de 2021), al punto que el inciso tercero del
mismo artículo prevé que los recursos se regirán por las leyes vigentes a la fecha en que se interpusieron.
10 Si bien la parte demandante en su recurso hizo referencia a seis providencias que a su juicio fueron

desconocidas por el Tribunal y sobre las cuales sustentó cargos, el magistrado ponente de esta Sala únicamente
admitió el recurso con respecto a la sentencia del seis (6) de junio de dos mil trece (2013), radicación interna
número 26011, por lo que frente a esta se desatará esta providencia y los demás reparos no merecerán estudio
alguno.
11 Citaron expresamente el contenido de la unificación que delimitó estar incorporado en las páginas 1-9-10-15-

16-17 de la providencia. Citó un aparte relativo a la falla en el servicio exigible cuando los funcionarios
participaron en la comisión del hecho, la persona solicitó protección, o a pesar de ello el suceso era previsible.
12 Citaron expresamente: “como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama

ocurrieron en el marco del conflicto armado interno y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la
búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se
aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el
Estado no acuda a socorrer a sus víctimas”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00230-00 (67762)
Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

1.5.2. Porque en la unificación se estudió un caso de un ataque terrorista en el que
no se impetró denuncia previa, y aun así se condenó por falla en el servicio por
actuación deficiente, lo cual reforzaría, en el caso en concreto, la existencia de una
falla imputable a la demandada, toda vez que en este sí se radicó denuncia penal y
existió un conocimiento certero del riesgo por la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, sin que esta última desplegara actuación positiva.

1.5.3. Porque el establecimiento público en que se presentó el suceso es un lugar
abierto al público, de modo que el ataque sí tiene la connotación de indiscriminado
en contra de la población civil, y no específico como lo dio a entender el Tribunal 13.

1.5.4. Finalmente, porque el Tribunal consideró que no se probó el daño antijurídico,
pese a que, en su condición de demandantes acreditaron que la muerte de su
familiar ocurrió en los hechos que tuvieron lugar el 25 de febrero de 2014, cuestión
que además de no merecer reparo alguno por la demandada, se acreditó con
múltiples pruebas14.

1.6. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Chocó concedió el recurso el 11 de octubre de
202115 que admitió esta Corporación el 3 de marzo de 202216, providencia en la que
corrió traslado a la parte demandada y al Ministerio Público para que se
pronunciaran en el término común de quince (15) días. El Procurador Delegado
para la Conciliación Administrativa rindió el concepto número 030 del 4 de
abril de 202217 en el que solicitó la desestimación del recurso, toda vez que, por un
lado, la unificación que se invocó como desconocida no es el criterio vigente en
materia del régimen de imputación aplicable en atentados terroristas, pues la
Sección Tercera de esta Corporación dictó una providencia el 20 de junio de 2017
(exp. 18860); y, por otro, por cuanto, aun considerado que la unificación invocada
estuviera vigente, el Tribunal Administrativo del Chocó no la desconoció.

1.6.2. El magistrado sustanciador prescindió de la celebración de audiencia prevista
en el artículo 266 del CPACA, de manera que en auto del 25 de mayo de 202218
corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para rendir sus
alegaciones conclusivas y, al Ministerio Público, para que emitiera su concepto. En
dicha oportunidad se efectuaron los siguientes pronunciamientos:

13 Transcribieron el siguiente contenido: “Por consiguiente, en cuanto el acto terrorista se dirige contra la
sociedad en su conjunto, pero se localiza materialmente en el perjuicio excepcional y anormal respecto de un
ciudadano o grupo de ciudadanos muy reducido, será toda la sociedad la que soporte, de forma equitativa, esa
carga. En efecto, la solidaridad fundamentaría la atribución de esos daños al Estado”.
14 Hicieron referencia, entre otras, a las siguientes: copia del certificado de defunción del señor Oscar Mosquera

Martínez, la historia clínica, la petición por informes de riesgos, el escrito a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Registro Único de Víctimas (RUV), las cédulas de ciudadanía, los registros civiles de
nacimiento, la declaración extraprocesal rendida ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dos
declaraciones extraprocesales de testigos, solicitud de trámites de filiación natural , poderes, registro civil de
defunción, radicado de correos, dirección de e-mail, un C.D y acta de la Procuraduría Oral Administrativa. En
relación con todas, hicieron énfasis en la copia del certificado de defunción y en el RUV, al transcribir el
contenido de la documental contentiva de la inspección técnica del cadáver y de la Resolución número 2014-
54242928. Puntualmente, manifestaron su deseo de conocer si el registro civil de defunción era el documento
idóneo para demostrar la muerte.
15 Fl. 345, cdno. ppal.
16 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

C947A66FE5A7A07D F79914BBC69CCCB0 9234AA9AE58D346F B3C70C1EFF6CB0F1, ubicado en el índice
03.
17 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

CDF1D90B83ADB3C6 FE395F107480C6DD 5397D2F4FC7250B0 E595E5CB935A2617, ubicado en el índice
07.
18 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

1D5923D4E5B2E21C 01F23E911A01677B AE140D9DB42EC5F7 24D3927049363511
, ubicado en el índice 09.

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Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

1.6.2.1. La parte demandante19 reiteró sus argumentos en torno al desconocimiento
de la unificación del 6 de junio de 2013, al concretar que, en su caso, quedó probado
que la demandada incurrió en una falla en el servicio.

1.6.2.2. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)20 solicitó
la suspensión del proceso para efectuar intervención en el asunto, razón por la que
el magistrado ponente, en auto del 17 de agosto de 202221, ordenó a la Secretaría
de la Sección Tercera que pusiera a disposición de la entidad el expediente físico y
le concediera el acceso al digital, para efectuar su intervención, así como reconoció
personería a su mandatario. Visto lo anterior, la ANDJE intervino22 para pedir la
desestimación del recurso, toda vez que: (i) el mismo no se sustentó en debida
forma; (ii) la sentencia enjuiciada no contrarió la unificación; (iii) con este recurso se
pretende reabrir la controversia probatoria, y (iv) las reglas aplicables a los asuntos
de atentados terroristas fueron definidas por el pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia del 20 de junio de 201723. El expediente ingresó al
Despacho del ponente para fallo el 5 de julio de 202324. La parte demandada guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de rigor y sin que exista causal alguna que invalide lo
actuado, procede la Sección Tercera del Consejo de Estado a decidir el asunto
sometido a su consideración. La decisión, metodológicamente discurrirá, así: (i)
presupuestos procesales, (ii) problema jurídico; (iii) naturaleza, objeto y alcance del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; (iv) análisis del recurso, y
(v) condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales

2.1.1. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 104 y 259 del CPACA y artículo 14.1 del Acuerdo 80 de
2019, proferido por la Sala Plena de esta Corporación. Así mismo, de conformidad
con el artículo 257 CPACA, modificado por el 71 de la Ley 2080 de 2021, el recurso
extraordinario de unificación procede contra las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos en única o en segunda instancia, tanto para procesos que
se rigen por el CCA como por el CPACA. En el presente caso, atendiendo a que el
recurso examinado se interpuso contra una decisión del Tribunal Administrativo del

19 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado
49360C4274B47387 869BFBBF0B252621 678B5B4AA390C7FC B928BE0AC732C4D4, ubicado en el índice
013.
20 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

243B741B13B68B5E DB37FA7EF2F8442A 16231EC8E285D17E A0CF9C19A5D135BE, ubicado en el índice
015.
21 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

B4D884DD8C0825E1 79A03A87955B1117 BD4337BBF22215ED F573141A1487AE1F, ubicado en el índice
020.
22 Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

E53485496FBB1DB2 DDCC979586A36A72 267895DCCBF7F0C8 72C41AEEB1C8ACE3, ubicado en el índice
026.
23 Con posterioridad la ANDJE solicitó reconocimiento de personería que efectuó el magistrado ponente en auto

del 7 de junio de 2023. Documento contenido en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con
certificado BCB5E31F27C5A01B 0EC318D81AB3AA54 72AFD40E1233FF50 892FF04F31D82096, ubicado en
el índice 030.
24 Constancia secretarial contenida en el expediente digital obrante en el aplicativo SAMAÍ, con certificado

5E7477DE20E2934A BB8F67B5492FC459 1AE912FBB9686281 0A570B0399B60765, ubicado en el índice
034.

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Chocó en segunda instancia que se tramitó en vigencia del CPACA 25, y que se
supera la cuantía exigida26, salta a la vista su procedencia.

2.1.2. Este recurso fue interpuesto y sustentado oportunamente, de acuerdo con
el artículo 261 del CPACA modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, que
prevé que el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial deberá
“interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más
tardar dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria”. En el caso en
concreto, como la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó del 16 de abril de
2021 se notificó el 21 de abril de 202127 por mensaje de datos, y cobró ejecutoria el
28 de abril siguiente, el término para interponer y sustentar el recurso extraordinario
inició al día siguiente, esto es, el 29 del mismo mes y año, de manera que vencía el
12 de mayo de 2021, y como la parte lo radicó y sustentó el 28 de abril de 202128,
cumplió con el presupuesto de oportunidad29.

2.1.3. En cuanto a la legitimación, el artículo 260 del CPACA prevé que cualquiera
de las partes o los terceros que hayan resultado agraviados por la providencia se
encuentran legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, actuación que deberán desplegar por medio de apoderado y sin que
se requiera el otorgamiento de un nuevo poder. Sin embargo, no está legitimado
para interponerlo quien no hubiere apelado la sentencia de primera instancia o
adherido a la apelación de la parte contraria, cuando el fallo de segunda instancia
sea exclusivamente confirmatorio30.

En el asunto sub judice María Isabel Palacios Córdoba, Oscar Andrés Mosquera
Palacios y Clarisabel Palacios Córdoba están legitimados por activa para interponer
el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, porque conforman el
extremo demandante del proceso de reparación directa, lo radicaron por conducto

25 La demanda de reparación directa se radicó el 15 de octubre de 2015, como dio cuenta el acta individual de

reparto. Fl. 61, cdno. 1.
26 Tal como lo prevé el artículo 257 del CPACA, “Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o

económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de
la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:
4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación
directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas
que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas”. En el presente caso y toda vez que se trató de una
sentencia denegatoria y no condenatoria, la cuantía debe revisarse con fundamento en la sumatoria de las
pretensiones, que ascendieron a un monto total de $525.961.723. Así pues, como para el 2021, fecha de
interposición del recurso, el salario mínimo en Colombia ascendió a la suma de $908.526, las pretensiones
superaron los 450 Smlmv exigidos por Ley, al alcanzar un valor de más de 578 Smlmv.
27 Notificación de la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Chocó del 16 de abril de

2021. Fl. 317, cdno. ppal.
28 Si bien el escrito contentivo del recurso y de acuerdo a como lo afirmó el magistrado ponente de esta Sala en

auto admisorio, se radicó el 27 de abril de 2021, ello se hizo a las 11:33pm, por fuera del horario laboral del
Tribunal, por lo que se entiende presentado al día hábil siguiente. Fl. 342, cdno. ppal.
29 Para estos fines se toma en consideración que cuando el Tribunal Administrativo de Chocó dictó la sentencia

del 16 de abril de 2021 ya estaba vigente la Ley 2080 de 2021 -que entró en vigor el 25 de enero de dicha
anualidad-, de modo que aplicado en esta oportunidad el contenido del artículo 205.2 del CPACA modificado
por dicha codificación y el contenido del auto de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021, que adoptó la siguiente regla: “«La
notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se
entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 205 del CPACA»”, se cumplió con el presupuesto de oportunidad. En todo caso, aun sin la
interpretación atinente a los 2 días hábiles siguientes, y si se tiene como fecha de ejecutoria el 26 de abril de
2021, igualmente la radicación del presente recurso sería oportuna.
30 Si bien el texto legal únicamente exigió para efectos de la legitimación el agotamiento del recurso de apelación

cuando la providencia de segundo grado fuera exclusivamente confirmatoria de la primera (formal), la
jurisprudencia, además, ha agregado como criterio material que debió haberse planteado el desconocimiento
como motivo de censura en la alzada, “agotamiento procesal que constituye sin duda un requisito de
subsidiariedad, pues impone que cuando la alegación del desconocimiento de la sentencia de unificación pueda
ser invocado en el proceso ordinario, es a través de la interposición de los recursos de ley que debe plantearse,
so pena de declarar improcedente el recurso por esa razón”. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16
de agosto de 2016, exp.11001-03-28-000-2016-00052-00.

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Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

de su apoderado, a quien en el trámite ordinario le otorgaron poderes amplios y
suficientes31, y apelaron la decisión de primer grado, tomando en consideración que
la de segunda instancia fue exclusivamente confirmatoria de la primera 32.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el escrito contentivo del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico:

¿La sentencia proferida el 16 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Chocó contravino la sentencia de unificación dictada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 6 de junio de 2013 (exp. 26011), en cuanto concluyó, merced
a la inobservancia de las pruebas obrantes en el expediente, que no existió una
falla en el servicio ni un daño antijurídico?

2.3. Naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial

El fin del recurso extraordinario de unificación consiste en asegurar la unidad de la
interpretación del derecho, su aplicación uniforme y la garantía de los derechos de
las partes y de los terceros perjudicados con la providencia recurrida (artículo 256,
CPACA). El recurrente, a su vez, tiene la carga de indicar, con precisión, la
sentencia de unificación jurisprudencial que estima contrariada y las razones que
le sirven de fundamento (art. 262.4 CPACA). Este recurso tendrá vocación de
prosperidad cuando la sentencia recurrida contraríe o se oponga a una sentencia
de unificación del Consejo de Estado (artículo 258, CPACA) y, más concretamente,
a la regla de unificación en ella fijada.

Ahora, en la identificación de las providencias de unificación, debe tomarse en
consideración, que: (i) según el artículo 270 del CPACA, lo son aquellas que haya
dictado el Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica o
social, por la necesidad de unificar jurisprudencia o precisar el alcance de las
divergencias interpretativas33; (ii) también lo son las proferidas para desatar el
mecanismo de revisión eventual en acciones populares o de grupo, que hayan sido
seleccionadas con el fin expreso de unificar jurisprudencia, de acuerdo con el
artículo 36 A de la Ley 270 de 199634; (iii) son así mismo sentencias de unificación

31 El apoderado por conducto del cual radicaron recurso fue Jhon Eduar Sánchez Castro, a quien desde el inicio

del proceso se le otorgó poderes amplios y suficientes obrantes en los folios 50 y 51, cdno. 1.
32 Si bien la parte demandante en su recurso de apelación no aludió expresamente a un desconocimiento de la

decisión de la Sección Tercera de esta Corporación del 6 de junio de 2013, que en este trámite invocó como de
unificación - pues allí se refirió a otras decisiones-, ello no es óbice para considerar incumplido el presupuesto
de la legitimación, toda vez que la Ley únicamente exigió el agotamiento del recurso.
33 A título ilustrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo identificó los siguientes eventos generales

en los cuales está llamada a operar la labor unificadora de la jurisprudencia: “- Cuando uno o varios de los
temas contenidos en la providencia respectiva hubieren merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, de manera que resulte indispensable fijar una posición unificadora; || - Cuando uno o varios
de los temas de la providencia, por su complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las
disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean susceptibles de confusión
o involucren disposiciones respecto de las cuales quepan diferentes formas de aplicación o interpretación; || -
Cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la
jurisprudencia de esta Corporación. || - Cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubieren sido
objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado. […] Se reitera que los eventos antes
expuestos lo fueron únicamente a título enunciativo, por ello, su sola mención no excluye la posibilidad de que
con posterioridad y en atención a la finalidad de unificación de jurisprudencia puedan llegar a considerarse otras
hipótesis que harían posible la selección de la providencia para fines de revisión”. CONSEJO DE ESTADO,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de julio de 2009, radicación número 20001-23-31-000-
2007-00244-01(IJ) AG. Reiterado en: Auto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 11 de
septiembre de 2012, radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008.

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Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

las proferidas para desatar el recurso de súplica, previsto en el artículo 21 del
Decreto 2304 de 1989, contra providencias en las que se acogiera una doctrina
contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado35-36; y (iv) por último, lo son las
dictadas en los asuntos remitidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
por su importancia jurídica o trascendencia social, según el artículo 38 de la Ley
446 de 199837.

Los anteriores criterios materiales de identificación de las sentencias de unificación
pueden ser complementados con un criterio funcional, de carácter auxiliar, en el
cual se observa el órgano que profirió la providencia, que lo es el Consejo de
Estado; y, dentro de este, las Salas Plenas de cada una de las cinco (5) secciones
que, por su especialidad, integran el pleno de la Sala Contenciosa 38 y, las Salas
Especiales de Decisión39.

El recurrente en sede extraordinaria de unificación de jurisprudencia debe
demostrar que la sentencia recurrida se opone a la regla de unificación invocada,
de acuerdo con la ratio decidendi que motivó su adopción. Como lo ha precisado la
Sala40, las providencias de unificación tienen una fuerza vinculante reforzada, que
las hace objeto del recurso en comento, debido a que cumplen la “función especial
y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable”41-42. Pero, las sentencias
de unificación tienen, asimismo, unas consecuencias jurídicas subjetivas,
circunscritas al caso concreto; y unos efectos generales, con trascendencia erga
omnes, en cuanto definen el alcance y sentido en el que deben entenderse y
aplicarse las normas cuya interpretación dio lugar a la elección del asunto como
objeto de unificación. Este último es el propósito primordial de este tipo de
providencias y, por ende, el que tiene una fuerza vinculante reforzada 43-44, que es
el que protege el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Ahora bien, el precedente judicial vinculante está conformado por la “conjunción
inescindible” de tres (3) elementos, a saber: “(i) los hechos relevantes del caso a
decidir, (ii) la subregla o criterio jurisprudencial en el cual se soporta la decisión
adoptada por el juez o tribunal ─la ya comúnmente llamada ratio decidendi─ y (iii)
la parte resolutiva del correspondiente fallo ─decisum─”45. La identidad de patrones
fácticos supone que, en principio, se aplique una subregla jurisprudencial a casos
futuros; y la ratio decidendi conecta tales hechos con la parte resolutiva, definiendo
argumentativamente la subregla. En este orden de ideas, “solo serán subsumibles
en el campo de la sentencia de unificación, procesos que discutan hechos similares

35 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena. Sentencia de 31 de agosto de 1988, expediente S-032
36 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-104 de 1993.
37 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de C-180 de 2006.
38 Con fundamento en lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 ─Reglamento Interno del Consejo

de Estado─.
39 En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019.
40 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2018, exp. 55972.
41 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-588 de 2012.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 25 de septiembre de 2017, exp.

50892.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012,

radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
44 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-335 de 2008 y C- 252 de 2001.
45 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. 19957. CONSEJO DE

ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012, radicación número
17001-33-31-003-2010-00205-01(AP). CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 31190.

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Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

que permitan hacer extensivo el precedente” 46; y en relación con “la ratio decidendi
del caso concreto” que “es la que resulta útil para tal efecto”47.

De esta forma, de acuerdo con lo expuesto en precedencia, se evita, de un lado,
que se pretenda aprovechar reglas que, pese a estar en la sentencia de unificación
no fueron materia de unificación48 y, de otro, que se aproveche el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, cual si fuera una etapa adicional para
reabrir el debate del proceso originario como si se tratara de una tercera instancia
para discutir, verbigracia, la valoración probatoria que efectuó el juez de la causa,
pues “el recurso extraordinario no se concibe como una nueva vía de discusión de
una causa jurídica, sino como una herramienta puntual para decantar criterios y
plasmar líneas de interpretación que perduren en el tiempo”49.

2.4. Análisis del recurso

Para efectos de resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
que fue sometido ante esta Corporación, la Sala debe establecer si se cumple el
presupuesto relativo a la connotación de sentencia de unificación de la cual se
pretende valer el criterio unificado, que hace procedente avanzar hacia el estudio
de la regla contrariada y el análisis concreto de la solicitud.

2.4.1. Los demandantes afirmaron que el Tribunal Administrativo del Chocó, al emitir
la providencia del dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), inaplicó la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 6 de junio
de 2013 (exp. 26011).

2.4.2. La sentencia precitada expresamente indicó: “conoce la Sala Plena de la
Sección Tercera de la actuación, ante la necesidad de unificar el criterio
jurisprudencial en relación al tema materia de juzgamiento, comoquiera que se han
proferido fallos contradictorios en dos subsecciones sobre el particular”, de manera
que formalmente cumpliría con uno de los criterios definidos legalmente por el
artículo 270 del CPACA para ser catalogada como de unificación.

2.4.3. No obstante, lo cierto es que dicha providencia no concretó los tópicos
específicos50, no unificó reglas jurídicas en torno a la aplicación o interpretación de
una norma, ni frente a la aplicación de un punto de hecho o de derecho.

Por el contrario, reiteró el criterio que ya había sostenido esta Corporación en
decisiones anteriores sobre la responsabilidad del Estado por actos terroristas y los
títulos de imputación que resultan aplicables a tales asuntos51, con el fin único de
aclarar por qué no estaba de acuerdo con los argumentos que ventiló la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación en una decisión anterior52, en la que

46 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
47 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 63.357. En el mismo

sentido: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
48 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2023, Rad. 64.849.
49 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-179 de 2016.
50 La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 11 de agosto de 2020, afirmó que

“aunque por cuestiones metodológicas la Sección Tercera de la Corporación ha incluido en la parte resolutiva
las reglas de unificación, lo cierto es que ello no representa un requisito indispensable o legal. Así, basta con
que la providencia contenga la razón de la decisión para constituir precedente”. Radicación número 11001-03-
15-000-2020-02702-00.
51 Para tales fines se incorporó, entre otras, el contenido de la sentencia del 21 de febrero de 2002, y del 19 de

abril de 2012, dentro del expediente con radicación interna número 21515. Esta última, que catalogó
expresamente como de unificación, pues según indicó compiló la temática atinente a la aplicación de los
regímenes de responsabilidad.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de febrero de 2012.

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Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

condenó al Estado por los perjuicios ocasionados a las víctimas de los mismos
hechos. De manera que, la Sala Plena, en la sentencia del 6 de junio de 2013, solo
fijó un criterio jurisprudencial frente a los hechos que fueron objeto de demanda 53,
sin que ello genere la connotación de unificación, como lo consideró recientemente
esta Sección54.

2.4.5. Así las cosas, no estando acreditados los supuestos para la prosperidad del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, será desestimado.

2.5. Condena en costas

El artículo 267 del CPACA, establece que “si el recurso es desestimado, se
condenará en costas al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General
del Proceso (aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA 55) prevé
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se
demuestren causadas y, en la medida de su comprobación. En el caso concreto no
se condenará en costas, dado que la desestimación del recurso deviene de una
circunstancia ajena a los recurrentes, pues, con posterioridad a su interposición,
esta Corporación concluyó que la sentencia invocada no tiene el carácter de
unificación; así mismo, porque no aparece demostrado que hubiesen sido
causadas, comoquiera que la parte demandada no intervino en el trámite del
presente recurso, ni se encuentra acreditado que se haya incurrido en el pago de
expensas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por los demandantes, en contra de la sentencia del
dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Firmado electrónicamente

53 La Sala Plena de esta Sección se decantó por estudiar un caso relativo a un fallecimiento de una persona

derivado de una explosión de una bomba en el parque San Antonio, en la ciudad de Medellín.
54 En términos similares a los aquí expuestos se pronunció esta Sala en la sentencia proferida el 27 de julio de

2023, en la que se desestimó un recurso extraordinario de unificación, dentro del expediente con radicación
interna número 67751. Allí se estudió la naturaleza de la sentencia del 6 de junio de 2013 y se determinó que
no era de unificación, y se citó decisión anterior en la que esta misma Sala determinó igualmente que la
sentencia invocada no era de unificación. (sentencia del 25 de agosto de 2022, dentro del radicado
11001032600020210001500).
55 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil” (se resalta).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00230-00 (67762)
Demandante: María Isabel Palacios Córdoba y otros

WILLIAM BARRERA MUÑOZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Ausente con permiso Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
VMP

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