Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00011-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00011-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00011-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Asunto: Sentencia
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Estudio de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA- No constituye una tercera
instancia - No es un mecanismo para controvertir la decisión del juzgador de
segunda instancia
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Milton
Antonio Valderrama Losada y otros, contra la sentencia del 9 de diciembre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso bajo radicado
41001-33-33-005-2016-00218-01, la cual revocó la decisión de primera instancia y
denegó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. La señora Aminta Losada Monje y sus hijos Édison Valderrama Losada, Leónidas
Valderrama Losada, Milton Antonio Valderrama Losada, Neyla Valderrama Losada
y Diana Patricia Valderrama Losada, interpusieron acción de reparación directa, con
el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
• Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales e inmateriales sufridos
como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Libardo
Valderrama Garrido.
2. Como supuesto fáctico de sus pretensiones, se indicó que el 9 de noviembre de
2003, el señor Libardo Valderrama Garrido, fue privado de la libertad en la Plata-
Huila, por orden de captura emitida por la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva,
al ser sindicado de los delitos de concierto para delinquir y rebelión.
3. El 19 de noviembre de 2003, le fue impuesta medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, la cual fue
impugnada por el abogado defensor y, el 21 de enero de 2004, en segunda
instancia, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva decidió
1
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
suprimir la sindicación del delito de concierto para delinquir, confirmando en lo
demás dicha resolución.
4. En decisión de control de legalidad del 8 de julio de 2004, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Neiva revocó la detención preventiva del señor
Valderrama Garrido y ordenó su libertad inmediata. No obstante, se continuó la
investigación por el delito de rebelión, sin surtirse ninguna actuación por el lapso de
nueve años y once meses, hasta que el 9 de agosto de 2013, la Fiscalía Quinta
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Neiva profirió
Resolución de preclusión a favor del señor Libardo Valderrama Garrido.
5. Surtido el trámite legal correspondiente, el 25 de junio de 2019 1, el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva declaró y condenó a la Fiscalía
General de la Nación por ser responsable de los perjuicios causados a los
demandantes por la injusta privación de la libertad del señor Libardo Valderrama
Garrido, al encontrar que en la investigación penal no fue desvirtuada la presunción
de inocencia, lo que afectó su derecho a la libertad y ocasionó un daño antijurídico.
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
6. Corresponde a la decisión del 9 de diciembre de 20202, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Huila revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
7. Como fundamento de su decisión, el Tribunal adujo que no se logró probar el
daño antijurídico, en tanto que se encontró que la privación de la libertad del señor
Valderrama Garrido fue proporcional, razonable y legal, de manera que la Fiscalía
actuó conforme al material probatorio e indicios existentes en la investigación.
El recurso extraordinario de revisión
8. En el escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión 3, la parte
demandante señaló que la sentencia antes referida incurrió en la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”
9. Considera la parte recurrente que la decisión adoptada es contraria al debido
proceso, de manera que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto
fáctico al no valorar adecuadamente las pruebas obrantes en el proceso penal y
administrativo, dándole un sentido diferente, esto al determinar que sobre las
mismas se configuró una privación de la libertad justa acorde a lo estipulado en la
sentencia C-037 de 1996, de manera que fue razonable, legal y proporcional.
1
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 21.
2
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 21.
3
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 2.
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
10. Señala que la Fiscalía distorsionó el alcance de la prueba allegada a la
investigación y le administró a su contenido un sentido distante al real, de manera
que, las declaraciones practicadas, solo podían servir como criterios orientadores
de la investigación. Por lo anterior, consideran los recurrentes, que no se demostró
la culpa o dolo del investigado, por lo que no se le podía atribuir responsabilidad
penal.
11. Finalmente, establece como defecto material que el Tribunal: i) desconoció el
precedente jurisprudencial, por lo que incurrió en una violación directa de la
Constitución al desbordar el principio de inocencia y el derecho fundamental al
debido proceso; ii) no ordenó la práctica de pruebas de oficio; iii) sustentó su
decisión en pruebas que por disposición legal no eran demostrativas del hecho
objeto de la decisión; y iv) desconoció sus propios fallos de segunda instancia.
Oposición e intervenciones
12. El 16 de septiembre de 20224, la Fiscalía General de la Nación se opuso a la
prosperidad del recurso, indicando que ni los fundamentos alegados, ni los
documentos aportados por la parte recurrente dan sustento para la procedencia del
recurso, en tanto alega hechos que no se enmarcan dentro de las causales
establecidas por el legislador en el artículo 250 del CPACA.
13. Señala que el recurso extraordinario de revisión no puede ser empleado para
debatir la comprensión jurídica del juez natural de la causa, reabrir debates propios
de la instancia y no cumplir con la carga argumentativa.
Período probatorio
14. Mediante providencia del 12 de agosto de 20225 se ofició al Tribunal
Administrativo del Huila para que remitiera de manera digital el expediente del
proceso radicado bajo el número 41001-33-33-005-2016-00218-01, el cual fue
incorporado por medio de auto de pruebas del 21 de noviembre siguiente 6, junto al
expediente de primera instancia con radicado 41001-33-33-005-2016-00218-00.
II. CONSIDERACIONES
Objeto del recurso extraordinario formulado
15. Planteados los términos del asunto a decidir, el problema jurídico que debe ser
resuelto en esta oportunidad se contrae a determinar si la sentencia del 9 de
diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, está llamada
a ser infirmada en tanto se configuró un defecto fáctico y un defecto material que
desconoció el debido proceso.
4
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 22.
5
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 13 .
6
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, índice 24 .
3
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión: naturaleza, objeto y alcance
16. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que tiene un
carácter especial y excepcional, no permite cuestionamientos sobre el criterio con
el que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
establecidas por el legislador.
17. El artículo 250 del CPACA fijó, de manera taxativa, las causales bajo las cuales
se habilita la procedencia de este recurso, cuyo fin último es corregir situaciones
fácticas en el plano de la justicia, al verificarse inconsistencias o actuaciones al
margen de la ley que afectan el fondo del fallo cuestionado. Por ende, con respecto
de su carácter excepcional, entra en pugna contra decisiones que ya han cumplido
su curso legal conforme el procedimiento ordinario, sobreponiéndose a los
principios de ejecutoriedad e inmutabilidad de los fallos.
18. Las causales para que proceda el recurso extraordinario de revisión deben
soportarse en hechos externos que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, aspecto que excluye la posibilidad de esgrimir cuestionamientos
sobre el criterio con que el operador judicial interpretó o aplicó la ley en la sentencia.
En ese sentido, su alcance y carácter excepcional revelan que este medio de
impugnación no comporta una nueva instancia ni prevé oportunidades para que las
partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite.
19. Bajo estos supuestos, las facultades del juez que conoce de este recurso se
limitan al estudio de los planteamientos esbozados por el recurrente, que deben
dirigirse a la construcción de un razonamiento que permita estructurar tal
circunstancia en la causal aducida sin incluir argumentos tendientes a revivir la
controversia ya resuelta por la autoridad judicial competente7.
La causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
20. El numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, establece la procedencia
del recurso extraordinario, al “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”8.
21. De la norma en comento se tiene que son dos los presupuestos para que
prospere la causal alegada i) que exista nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso, y ii) que contra dicha providencia no proceda recurso de apelación.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
marzo de 2022, expediente: 63.100 (RER), ponencia del suscrito magistrado.
8
Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 28 de septiembre de 2016 (radicación 0452-
15), del 20 de septiembre de 2018 (radicación 11001-03-25-000-2013-00109-00) y del 14 de agosto
de 2018 (radicación 11001-03-15-000-2013-02174-00).
4
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
22. Sobre el requisito que la nulidad se origine en la sentencia, esta Corporación ha
señalado que es necesario que concurran dos supuestos: que el vicio alegado se
materialice con la expedición del fallo, no antes y, además, debe ser grave e
insaneable, al punto que, de no presentarse, la decisión adoptada hubiese sido
distinta9.
23. En razón del primer supuesto, esta causal de revisión no se estructura cuando
la irregularidad se presenta en etapas anteriores al fallo, salvo “que el afectado no
haya tenido la oportunidad de invocarlo ante el juez porque solo los conoció cuando
se dictó la sentencia recurrida”. Este límite temporal y material -la emisión de la
sentencia objeto del recurso- “impide que emerja una confusión entre el instrumento
de corrección y/o saneamiento del proceso o de ser un hecho constitutivo de nulidad
insanable, con el de realización de la justicia material que subyace al recurso
extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión judicial que puso fin a la
litis”10.
24. En lo que corresponde a este presupuesto, se ha señalado que son
básicamente dos los grupos de nulidades que pueden dar lugar a un defecto
insanable derivado de la sentencia: de un lado, las irregularidades originadas en
vicios que constituyen causal de nulidad del proceso que solo pudieron ser
advertidos en la sentencia y, de otro lado, los vicios graves que contiene la
providencia y que generan una vulneración del derecho al debido proceso
contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política.
25. Con fundamento en estas premisas, se han identificado como integrantes del
aludido primer grupo, los siguientes defectos causantes de nulidad en la sentencia:
i) dictarse providencia a pesar de la terminación previa por desistimiento,
transacción o perención; ii) dictarse fallo cuando el proceso se encuentra
suspendido; iii) dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión; iv)
pretermitir la instancia, por ejemplo: a) al proferir una decisión sin motivación o b)
violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda
o por causa distinta a la invocada) y, v) decidir aspectos que no corresponden, por
falta de jurisdicción o competencia del juez11.
26. Como se observa, las causales de nulidad están enmarcadas en dos categorías:
las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal de nulidad del
proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios
que contiene el fallo, es decir, que devienen de ella misma, de su sustancialidad12.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119. C.P. Alberto Montaña
Plata.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-00266-00. C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
junio de 2014. Rad: 27.283. C.P Danilo Rojas Betancourth.
12
Ibídem.
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
27. A su vez, estas hipótesis excluyen eventos en los que se pretenda debatir la
comprensión jurídica del fallador o reabrir debates propios de la instancia respectiva,
como son los atinentes a la valoración probatoria o, a hechos constitutivos de
nulidad procesal que pudieron alegarse antes de proferirse la decisión.
28. Sumado a lo anterior, la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar ciertos vicios que darían lugar a su configuración13, tales como: i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso, iii) proferir una sentencia sin motivarla, iv) dictar un fallo
inhibitorio injustificado y, v) faltar al principio de congruencia, entre otros.
29. De cualquier manera, en estos casos, la irregularidad se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial es el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para
invalidarlo, pues no todo vicio tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la
providencia que ha puesto fin al proceso pues únicamente lo serán aquellas que
tengan un carácter sustancial, en la medida en que incidan en el sentido de la
decisión, por afectar el núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante
del derecho al debido proceso14.
Análisis del caso concreto con fundamento en la causal invocada
30. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, dado que la
parte recurrente no demostró los presupuestos para la configuración de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
31. La parte recurrente afirmó que la decisión de segunda instancia se encuentra
viciada de nulidad, por cuanto vulneró el derecho al debido proceso al no valorar
adecuadamente las pruebas obrantes y al desconocer el precedente jurisprudencial
sobre casos similares, los cuales, en su sentir, acreditaban la responsabilidad de la
Fiscalía, el nexo causal y el daño producido sin que mediara culpa exclusiva de un
tercero, para esto recapitula los argumentos expuestos en los alegatos de
conclusión y en el recurso de apelación.
13
Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-
01.
14
Sobre el tema, la Sala Plena de esta Corporación, en providencia del 8 de mayo de 2018, precisó
que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo
judicial adicional que el legislador diseñó para la protección de derechos fundamentales como el de
acceso a la justicia y el debido proceso; por tanto, “hacen parte del haz de acciones para la
satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Así, dentro de las garantías
que ampara el derecho al debido proceso, se encuentran las relativas a que los procesos judiciales
sean resueltos de fondo, dado que la no resolución de las controversias judiciales, fundada en
motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una
vulneración del aludido derecho fundamental.
6
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
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Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
32. Para la Sala el fallo de segunda instancia, no implicó el desconocimiento del
debido proceso, de manera que el examen que pretende imponer el recurrente es
utilizar este medio de impugnación excepcional como una instancia adicional.
33. Lo anterior, dado que con respecto del defecto fáctico que la parte arguye, no
se configuró, pues el Tribunal, en su fallo, explicó de manera clara y razonada los
argumentos por los cuales no se probó el daño antijurídico alegado, en tanto se
encontró que la privación de la libertad del señor Valderrama Garrido fue
proporcional, razonable y legal.
34. De tal manera que este medio de impugnación no es una oportunidad procesal
para reabrir un debate propio de las instancias15. Es por esto que, la interposición
de este recurso, exige una carga argumentativa precisa por parte del recurrente,
toda vez que, esta debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada, y
que impida la reapertura de aspectos que fueron tratados por el juez de instancia16.
35. Estas circunstancias demuestran que el interés del recurrente desborda el
propósito de este medio de defensa judicial extraordinario, el cual, de ningún modo,
habilita a que se reabra el debate jurídico para ahondar en razones no formuladas
y tampoco para que se cuestione la valoración probatoria que realizó el juez en la
sentencia, la cual estuvo ajustada.
36. Ahora bien, con respecto al defecto material que aduce el recurrente, es
pertinente manifestar, que conforme lo ha indicado esta Subsección 17 el
desconocimiento del precedente jurisprudencial no constituye un elemento
configurativo de una causal especifica de revisión, pues la estructura de este
mecanismo cimienta sus bases en fallas formales que descartan la posibilidad de
volver a analizar los argumentos de las instancias; por ende, la Sala se releva de
analizar lo referente a este punto, pues no corresponde a la finalidad de este
específico medio de control.
37. Con lo anterior, reitera la Sala que este recurso no es una oportunidad para
reabrir un debate propio de las instancias, cuestionar la actividad interpretativa del
juez o corregir errores in iudicando, más aún cuando la configuración de la causal
invocada se llena de contenido a partir de una discrepancia interpretativa sobre el
acervo probatorio tomado en cuenta para definir la responsabilidad estatal en el
presente asunto. El hecho de que el recurrente no los comparta, no habilita a la Sala
para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el juez natural.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 29 de abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239)
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-2002-01074-01(0372-12)
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 17 de junio de 2022, Radicado 11001-03-26-000-2021-00204-00 (67.618) y Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 4
de noviembre de 2022, Radicado 11001-03-26-000-2022-00143-00 (68.595)
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Costas
38. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 202118,
establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.
39. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que se
condenará en costas a la parte que se le resuelva desfavorablemente el recurso de
revisión, siempre y cuando se demuestren causadas y en la medida de su
comprobación.
40. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el
artículo 5, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone que la
tarifa de agencias en derecho, tratándose de recursos extraordinarios, debe oscilar
entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
41. En este asunto, la Nación – Fiscalía General de la Nación actuó a través de
apoderado, para contestar la demanda. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y
gestión desarrollada por los profesionales del derecho, se tasará a favor de la entidad
demandada, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PARTE RESOLUTIVA
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Milton Antonio Valderrama Losada y otros, contra la sentencia del 9
de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del
proceso bajo radicado 41001-33-33-005-2016-00218-01, la cual revocó la decisión
de primera instancia y denegó las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias
en derecho a cargo de la parte recurrente la suma equivalente a tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por
Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.
18
Si bien el asunto de la referencia se formuló con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley,
lo cierto es que la misma es una norma de aplicación inmediata y a futuro, sin que se configure
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 86 de esta ley para aplicar la norma anterior a
la reforma.
8
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00011-00 (67.917)
Demandante: Aminta Losada Monje y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MENDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
VF
Nota: Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
9
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