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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00018-00

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00018-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR NULOS los siguientes apartes de la Directiva 1 de 2020 proferida por la Agencia Nacional de Tierras: Las dependencias que participan en la implementación de la compra de predios rurales con fines de reforma agraria deberán abstenerse de realizar la adquisición de inmuebles con conflictos por invasiones u ocupaciones de hecho. (…) En los casos de procesos de compra directa de predios que se encuentra en curso que hayan sido puestos en oferta por sus propietarios, que hayan sido objeto de invasiones u otras de las vías de hecho mencionadas en el apartado anterior, se suspenderán tales procesos, y no se procederá con los respectivos estudios técnicos que viabilizan la compra. Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929) Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca− CRIC Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro Referencia: Nulidad _________________________________________________________________________ SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. TERCERO: DECLARAR próspera la excepción de falta de legitimidad pasiva en la causa propuesta por la Nación−Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. CUARTO: NO CONDENAR en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00018-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca− CRIC
Demandados: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad

Temas: Nulidad − instructivo − concepto de acto administrativo − producción de efectos
jurídicos − nulidad de acto administrativo derogado −

Síntesis: el demandante solicitó la nulidad de unos lineamientos expedidos por la Agencia
Nacional de Tierra, pues limitaba la facultad que legalmente le había sido otorgada para la
adquisición de predios con invasiones u ocupaciones de hecho.

Decide la Sala la demanda de nulidad interpuesta por el Consejo Regional
Indígena del Cauca− CRIC en contra de la Agencia Nacional de Tierras y la
Nación − Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural1.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.

1.1. Posición de la parte demandante

1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en única instancia, pues se trata de una

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad en contra de actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 149.1 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
_________________________________________________________________________

1. El Consejo Regional Indígena del Cauca− CRIC (en adelante El
Consejo o el CRIC) presentó demanda2, en ejercicio del medio de control
de nulidad, en contra de la Agencia Nacional de Tierras y la
Nación−Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con las siguientes
pretensiones (se trascribe):

Primero: Que se declare la nulidad de la Directiva 1 del 30 de abril de
2020 expedida por la Dirección General de la Agencia Nacional de
Tierras−ANT que tiene como asunto: “Por la cual se imparten
lineamientos para la ejecución de los procedimientos de compra
Directa de Predio y Mejoras Rurales y se deroga la Directiva 1 del 1 de
agosto de 2017”.
Segundo: Que en caso de cobrar vigencia se declare la nulidad de la
Directiva 1 de 1 de agosto de 2017 que tiene como asunto: “Directrices
Compra Directa de Predios” expedida por la Dirección General de la
Agencia Nacional de Tierras− ANT, por medio del cual se impartió
instrucciones con la finalidad de acatar los principios orientadores de la
función pública y el objeto misional de la Agencia.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a Agencia
Nacional de Tierras−ANT que profirió la Directiva 1 de 30 de abril de 2020
que derogó la Directiva 1 de 1 de agosto de 2017, a fijar nuevamente
los lineamientos en cumplimiento de la función establecida en el
numeral 20 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994.
Cuarto: solicito la Suspensión provisional de los efectos de la directiva 1
del 30 de abril de 2020 expedida por la ANT, hasta que resuelva de fondo
el presente medio de control.

2. En la parte de la demanda titulada “normas legales y constitucionales
vulneradas” se indicó que la Directiva 1 de 30 de abril de 2020 violaba los
numerales 3 y 5 del artículo 11 del Decreto 2363 de 2015 que establece las
funciones del director de la Agencia. Lo anterior con base en los siguientes
argumentos:

[N]o obstante que se basó en las facultades que le otorga las
disposiciones normativas contenidas en los numerales 3 y 5 antes
transcritos, es contraria a la misma, ya que no se impartió lineamientos
en cumplimiento de estos preceptos legales, ni en cumplimiento a su
función establecida en el artículo 12 numeral 20 de la Ley 160 de 1994,
por el contrario se orientó fue a excluir esta función establecida en esta
disposición legal de reforma agraria, por eso la Directiva fue expedida
con desviación de las atribuciones propias de quien la profirió y con
infracción de las normas en que debería fundarse.

2 El 17 de diciembre de 2021, expediente digital índice Samai 2.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
_________________________________________________________________________

3. También se citaron como vulnerados el artículo 4 del Decreto Ley 2363
de 2015, el numeral 20 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, el artículo 31
de la Ley 160 de 1994, y los artículos 58, 13, y 150-1 de la Constitución.

4. En la parte de la demanda titulada “concepto de la violación”, se
expusieron los argumentos por los cuales se consideraban nulas las
Directivas demandadas. En síntesis, la parte demandante adujo que la
Directiva 1 de 2020 impartía la orden de “abstenerse y no adelantar los
procesos de adquisición de predios invadidos y ocupados de hecho y a no
continuar con los procesos que estaban en curso”. Para la parte
demandante tales “lineamientos [fueron] expedidos con argumentos e
interpretaciones erradas de las normas en las que se basó, que auspician la
violación directa de la Ley y la Constitución Política, por lo que
consideramos que la Directiva fue expedida con desviación de las
atribuciones propias de quien la profirió y con infracción de las normas en
que debería fundarse”.

5. De igual manera se arguyó que con la Directiva “se reformó el numeral
20 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994”, pues debía establecer
lineamientos para adelantar procedimientos de compra, y no para
detenerlos o dejar de realizarlos. Para la demandante la Directiva “derogó
de hecho una norma vigente establecida en una Ley de la República”.

6. En la demanda también se alegó que era una “interpretación errada
desde el punto de vista jurídico (…) que para cumplir la función de comprar
predios invadidos u ocupados de hecho asignada por el legislador a la
máxima autoridad de tierras de la Nación en el numeral 20 del artículo 12
de la Ley 160 de 1994, la entidad competente tenía que supeditarse a los
motivos de utilidad pública e interés social establecidos en la versión
primigenia del artículo 31 de esta misma Ley”.

7. En lo relativo a la violación de la Constitución citó el artículo 121, que no
había sido citado en el capítulo de las normas vulneradas, y sostuvo que la
ANT se extralimitó en sus funciones al modificar la ley. La misma
argumentación se usó para sustentar la violación del artículo 150, pues en
el entender de la parte demandante se usurparon funciones del Congreso.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
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En lo referente al artículo 58 de la Constitución sostuvo que, con las normas
acusadas, se violaba el derecho de los propietarios rurales, cuyos predios
habían sido invadidos u ocupados de hecho para que pudieran acceder
a las mismas garantías de otros propietarios. En el mismo argumento se
afincó la violación del artículo 13 de la Constitución.

1.2. Posición de la parte demandada

8. La Agencia no contestó la demanda. El 17 de noviembre de 2022, la
Agencia radicó, vía correo electrónico, un oficio de un folio, en el cual
informó que “la Agencia Nacional de Tierras está evaluando el impacto e
incidencia de la Directiva 0001 del 30/04/2020 en punto a la ejecución del
programa de compra directa de tierras, instrumento este último que será
clave para el cumplimiento de las metas del próximo cuatrenio, y por ello
seguramente será reformado o derogado”. El 9 de diciembre la Agencia
informó que la Directiva había sido revocada3.

9. El Ministerio contestó la demanda4. En síntesis, sostuvo que carecía de
legitimidad pasiva en la causa y que los actos demandados no eran actos
administrativos, pues se trataba de instrucciones internas de la Agencia que
no tenían la potencialidad de modificar situaciones jurídicas de
particulares. Así mismo, indicó que la Directiva demandada había sido
revocada.

10. La parte demandante presentó, el 8 de marzo de 2023, un escrito en el
que informó la revocación de la Directiva demandada y su posición jurídica
al respecto. En síntesis, para la demandante “en este proceso se present[ó]
la figura jurídica de «hecho superado»”5.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Objeto del litigio. 2.2. El lineamiento de la Directiva es un acto administrativo
susceptible de control judicial. 2.3. Existe objeto para decidir la nulidad pese a la revocatoria
del acto demandado. 2.4. Se limitan, vía reglamentaria, facultades otorgadas por la Ley a
la Agencia. 2.5. Condena en costas

3 Índice Samai 40.
4 Índice Samai 42.
5 Índica Samai 47.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
_________________________________________________________________________

2.1. Objeto del litigio

11. La Sala decidirá si la Directiva 1 de 2020, proferida por la Agencia
Nacional de Tierras, es un acto susceptible de ser controlado por el medio
de control de nulidad (2.2); si ante la revocatoria de la Directiva existe aún
objeto para decidir de fondo (2.3) y, finalmente, si su contenido es contrario
a la ley, pues limita por vía reglamentaria las facultades legales otorgadas
a esa Agencia (2.4).

12. La parte demandante no individualizó los apartes de la Directiva 1 de
2020 que consideró contrarios a las normas que fueron invocadas como
vulneradas. Sin embargo, del contenido de la demanda es posible extraer
que se refiere a los siguientes apartes de los lineamientos:

Las dependencias que participan en la implementación de la compra
de predios rurales con fines de reforma agraria deberán abstenerse de
realizar la adquisición de inmuebles con conflictos por invasiones u
ocupaciones de hecho.
(…)
En los casos de procesos de compra directa de predios que se
encuentra en curso que hayan sido puestos en oferta por sus
propietarios, que hayan sido objeto de invasiones u otras de las vías de
hecho mencionadas en el apartado anterior, se suspenderán tales
procesos, y no se procederá con los respectivos estudios técnicos que
viabilizan la compra.

13. De otro lado, no procede el estudio de la nulidad presentada en contra
de la Directiva 1 de 2017, pues no cobró vigencia; y este era un elemento
de la pretensión segunda de la demanda.

14. Se accederá a la excepción de falta de legitimación pasiva en la
causa presentada por el Ministerio. Lo anterior, porque en el caso se
enjuician actos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras; una entidad
con personería jurídica6. Por lo tanto, la Nación−Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural carece de legitimación en la causa en el presente proceso,
pese a que la Agencia se encuentre adscrita a él.

6 Decreto 2363 de 2015.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
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2.2. El lineamiento de la Directiva es un acto administrativo susceptible de
control judicial

15. Una de las cuestiones que se dirimirá antes de entrar en el análisis de los
cargos, se refiere a la naturaleza jurídica de los lineamientos incluidos en la
Directiva. Sobre el particular, es indispensable recordar que esta
corporación ha adoptado una posición clara frente a la definición de actos
administrativos susceptibles de control: el elemento fundamental es su
objeto, su contenido, y no su forma, nombre, o cualquier otra
consideración7.

16. En ese sentido, siempre que una Directiva, Circular, o Instrucción
contenga una norma jurídica, o una decisión que cree, modifique, o
extinga una situación jurídica, se tratará de un acto administrativo
susceptible de control ante esta jurisdicción.

17. Para la Sala es claro que, en el caso, se enjuicia un acto administrativo,
ya que el lineamiento, en principio dirigido a las dependencias que
participan de la implementación de predios rurales, tiene por efecto limitar
la compra de determinados predios rurales a los administrados en el
contexto de la reforma agraria.

2.3. Existe objeto para decidir la nulidad pese a la revocatoria del acto
demandado

18. El Consejo de Estado ha decidido que las normas jurídicas derogadas
pueden ser controladas judicialmente 8 . La derogatoria de una norma
jurídica finaliza con su vigencia, pero no restablece el orden jurídico que
pudo haber sido vulnerado con su expedición y aplicación, en caso de ser
contraria al ordenamiento jurídico superior. En otras palabras, la
derogatoria hace que una norma deje de hacer parte del ordenamiento
jurídico vigente hacia el futuro, esto es, con efectos ex nunc; mientras que
la nulidad tiene por efecto verificar la validez de la norma frente al
ordenamiento retrotrayendo sus efectos hasta el momento mismo de la

7 Ver entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

Sentencia de 20 de marzo de 2013, Exp. 1575-12.
8
Ver entre otro, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de septiembre
de 2021, Exp. 11001-03-24-000-2018-00441-00.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
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expedición del acto, como si el acto nunca hubiera existido, esto es, con
efectos ex tunc.

19. Por lo tanto, si un acto administrativo, como la Directiva 1 de 2020, fue
derogado, sigue amparado por la presunción de legalidad, y también lo
están sus efectos, producidos durante el término de su vigencia. La
derogatoria surte efectos hacia el futuro, sin afectar lo sucedido durante la
vigencia de la norma. De lo anterior se deriva que solamente la
declaratoria de nulidad, y no la derogatoria, puede restablecer el orden
jurídico9. En ese orden de ideas, en el caso existe objeto para decidir la
demanda y no ocurrió un “hecho superado”. Tampoco se evidencia ningún
fenómeno procesal que lleve a una terminación anormal del proceso.

20. La Sala aclara que en sentido técnico los actos administrativos de
contenido general son susceptibles de derogación, mientras que los actos
administrativos de contenido particular lo son de revocatoria. Motivo por el
cual el fenómeno jurídico ocurrido sobre la Directiva 1 de 2020 fue una
derogatoria, y no una revocatoria, como la llamaron las partes del proceso.
No obstante, tal falta de técnica jurídica no afecta la realidad de lo
ocurrido o decidido en este caso.

2.4. Se limitan, vía reglamentaria, facultades otorgadas por la Ley a la
Agencia Nacional de Tierras

21. La Sala declarará la nulidad de los apartes demandados de la
Directiva 1 de 2020, pues limitan, por medio de un acto administrativo de
contenido general, una competencia que la ley otorgó a la Agencia
Nacional de Tierras. La Ley 160 de 1994 contiene una prohibición general
con excepciones, mientras que la Directiva prescribe una prohibición
absoluta, sin excepción alguna.

22. De conformidad con el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015, “todas
las referencias normativas hechas al INCORA o al INCODER en relación con
los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse
referidas a la Agencia Nacional de tierras -ANT PARÁGRAFO. Las referencias
normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 14 de enero de 1991, Exp. S – 157.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
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Referencia: Nulidad
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la Junta Directiva deI INCORA, o al Consejo Directivo del INCODER,
relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad,
deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la Agencia Nacional
de Tierras -ANT-”. Por lo tanto, la referencia que el artículo 12.20 de la Ley
160 de 1994 hace a la Junta del INCORA se entiende hecha al Consejo de
la ANT.

23. Se iniciará el estudio de la nulidad de las disposiciones acusadas con
base en la vulneración del artículo 12.20 de la Ley 160 de 1994, pues a su
contrariedad se refiere, en su mayoría, la demanda.

24. El artículo 12.20 de la Ley 160 de 1994 otorga la competencia al
Consejo Directivo de la ANT a “autorizar, en casos especiales (…) la
iniciación de los procedimientos de adquisición de predios rurales
invadidos, ocupados de hecho o cuya posesión estuviere perturbada por
medio de violencia”. En contraposición, la Directiva demandada ordenaba
a las dependencias, de manera general y sin excepción alguna,
“abstenerse de realizar la adquisición de inmuebles con conflictos por
invasiones u ocupaciones de hecho”, además de ordenar suspender los
procesos que se estén adelantando.

25. Para la Sala resulta absolutamente claro que, de un lado, la citada
Ley otorgó al Consejo Directivo de la Agencia una competencia para
autorizar a la Agencia determinada conducta y, de otro lado, la Directiva,
proferida por el director de la Agencia, indicó que tal competencia no
podía ser ejercida. Cuando quiera que la ley otorga una competencia a
una autoridad, aun cuando lo haga para que esta sea ejercida “en casos
especiales”, esta no puede ser eliminada por la vía de un reglamento.
Menos aún si ese acto fue expedido por la propia autoridad depositaria de
la competencia.

26. En el caso, la ley estableció una prohibición general, con
excepciones, y otorgó una competencia y la Directiva estableció una
prohibición absoluta, sin excepciones, con lo cual cercenó por completo la
competencia de origen legal. Es decir, mientras la Ley habilitó, aunque de
manera excepcional, la Directiva prohibió; con lo cual nos encontramos
ante dos prescripciones contradictorias contenidas en normas de diferente

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
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rango. Por lo tanto, en el caso, debe primar la disposición de mayor orden
jerárquico; esto es, la ley. En consecuencia, la prescripción prohibitiva de la
Directiva debe ser expulsada del ordenamiento y por ello la Sala declarará
la nulidad de los apartes demandados de la Directiva 1 de 2020.

27. Debido a que la Sala accedió a la pretensión de nulidad por el cargo
analizado, no estudiará la vulneración de las demás normas invocadas en
la demanda. En razón de que obra en el expediente prueba de que existe
un nuevo lineamiento sobre la materia, no se accederá a la pretensión
tercera de la demanda.

2.5. Condena en costas

28. De conformidad con el artículo 188 del CPACA no se condenará en
costas, por tratarse de un proceso en el cual se ventiló un interés público.

3. DECISIÓN

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR NULOS los siguientes apartes de la Directiva 1 de 2020
proferida por la Agencia Nacional de Tierras:

Las dependencias que participan en la implementación de la compra de
predios rurales con fines de reforma agraria deberán abstenerse de realizar la
adquisición de inmuebles con conflictos por invasiones u ocupaciones de hecho.
(…)
En los casos de procesos de compra directa de predios que se encuentra en
curso que hayan sido puestos en oferta por sus propietarios, que hayan sido
objeto de invasiones u otras de las vías de hecho mencionadas en el apartado
anterior, se suspenderán tales procesos, y no se procederá con los respectivos
estudios técnicos que viabilizan la compra.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00018-00 (67929)
Demandante: Consejo Regional Indígena del Cauca−
CRIC
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad
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SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: DECLARAR próspera la excepción de falta de legitimidad pasiva
en la causa propuesta por la Nación−Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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