Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00019-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00019-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00019-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de abril de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: MARÍA ANTONIETA GRIJALBA APONTE
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – SOLICITUD
DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL
Síntesis del caso: el 9 de mayo de 2013, la demandante elevó ante la Agencia Nacional de
Minería (ANM) una solicitud de formalización de minería tradicional con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento
jurídico por virtud de la declaración de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional
en sentencia C-366 de 11 de mayo 2011, sin que para ese preciso momento la referida
petición hubiese sido tramitada y decidida. En año 2019, la entidad demandada rechazó
dicha petición con fundamento en lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019,
según el cual “las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de
formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área
libre, continuarán su trámite”, por estimar que no quedaba área susceptible de contratar en
atención al “sistema de cuadrícula minera” adoptado en las leyes 1753 de 2015 y 1955 de
2019, así como en las resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la
ANM; esta decisión fue confirmada posteriormente.
Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora María Antonieta Grijalba Aponte, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, en contra de la Agencia Nacional de Minería
(índice 2 SAMAI).
I. ANTECEDENTES
La demanda
En el escrito de la demanda la parte actora elevó las siguientes súplicas:
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Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
“1.-Que es nula la Resolución No.001016 de fecha octubre 22 de 2019,
proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación de la
<<AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA>>, mediante la cual resuelve:
RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradicional
No.OE9-14532, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
2.-Que es nula la Resolución No.000146 de 28 de febrero de 2020
proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la
<<AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA>>, mediante la cual RESUELVE:
CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución No.001016 de fecha octubre
22 de 2019 <<por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de
minería tradicional No. OE9-14532>>, lo anterior de conformidad con lo
establecido en la parte motiva del precitado acto administrativo
3.-Que como consecuencia de las nulidades de los Actos Administrativos
demandados y a título de Restablecimiento del Derecho conculcado, se
proceda a dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OE9-
14532 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los
actos administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar
se proceda a declarar como derecho adquirido la legalización OE9-14532
por parte del Consejo de Estado, conforme lo establecía el artículo 12 de
la Ley 1382 de 2010 y las sentencias C-763 de 2002 y C-242 de 2009 de
la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado en donde
claramente se establece que La (sic) ultraactividad de la ley es un
problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al
principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley
vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de
la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus
regit actus",que se traduce en que la norma vigente al momento de
sucederse los hechos por ella prevista es la que se aplica a esos hechos,
aunque la norma haya sido derogada después. Todo en razón a que en
la actualidad no hay normatividad minera vigente relacionada con la
legalización de minería tradicional por la declaratoria de inexequibilidad
de la Ley 1382 de 2010, conforme lo estableció la sentencia C-366 de
2011 de la Corte Constitucional” (índice 2 SAMAI1 – mayúsculas fijas del
original).
Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 9 de mayo de 2013, presentó ante la ANM la solicitud de formalización de
minería tradicional con radicación número OE9-14532 con base en lo dispuesto en
el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico el
día 11 de mayo de 2013 por razón de la declaración de inexequibilidad efectuada
1 Archivo: “ED_DEMANDA(.PDF) NroActua 2”.
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Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
por la Corte Constitucional en sentencia C-366 de 11 de mayo 20112, sin que para
ese momento hubiese sido tramitada y decidida.
2) En el procedimiento administrativo la autoridad minera no requirió al solicitante ni
realizó visitas técnicas para efectos de verificar la ubicación y antigüedad de las
explotaciones mineras, el estado de la mina y el mineral objeto de explotación.
3) Mediante la Resolución no. 001016 de 22 de octubre de 2019, la ANM rechazó
la petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia con base
en lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, según el cual “las
personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de
formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad
minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran
vigentes y en área libre, continuarán su trámite”, toda vez que, para ese momento
no quedaba área susceptible de contratar en el espacio objeto de la solicitud, de
conformidad con el “sistema de cuadricula minera”3; esta decisión fue confirmada
por la Resolución número 000146 de 28 de febrero de 2020, la cual fue notificada
personalmente a la demandante el 10 de septiembre de 2021.
Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostiene que los actos administrativos demandados deben
declararse nulos por la violación de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 29, 330
y 360 de la Constitución Política; 6 del Convenio no. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y 12 de la Ley 1382 de 2010; de igual manera, los referidos
actos administrativos desconocen lo dispuesto en los Decretos números 1970 de
2012 y 933 de 2013 proferidos por el Gobierno Nacional.
En explicación de ese quebranto normativo, la parte planteó con la demanda los
siguientes cuatro motivos de censura:
2 Mediante esta providencia se declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el
término de dos (2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrodescendientes.
3 Regulado por los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019 y adoptado por
la ANM mediante Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de
2019 proferidas por la ANM.
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Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
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Sentencia de única instancia
3.1 Primer cargo: ausencia de motivación
En sustento de esta acusación arguyó que los actos administrativos cuestionados
carecen de motivación porque las consideraciones allí efectuadas “son abstractas,
ausentes de razones y [de] justificaciones legales”.
3.2 Segundo cargo: falsa motivación y violación del derecho constitucional
fundamental del debido proceso
Los fundamentos de estas censuras son los siguientes:
1) No es jurídicamente viable aplicar de forma retroactiva lo dispuesto en los
artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019, así como tampoco
lo previsto en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505
de 2 de agosto de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de
formalización de minería tradicional con radicación número OE9-14532 de 9 de
mayo de 2013, toda vez, que la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de
2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011 tuvo por efecto la consolidación de
un derecho adquirido en favor de la demandante por el hecho de no haberse
cumplido la finalidad para la cual fue expedida, de conformidad con lo dispuesto en
las sentencias C-242 de 2009 y C-259 de 2016.
2) La petición de formalización de minería tradicional debió tramitarse con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos
Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013 por ser las normas vigentes
al momento de su presentación; en consecuencia, se debió requerir a la
demandante y realizar las visitas técnicas necesarias para verificar la ubicación y
antigüedad de las explotaciones mineras, el estado de avance, el mineral objeto de
la explotación y otras condiciones en la forma y términos previstos en dichas
normas.
3) Las normas del “sistema de cuadrícula minera” se aplican únicamente a los
contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de
legalización de minería tradicional.
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Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
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4) Operó el fenómeno de la “reviviscencia” respecto de las normas derogadas o
modificadas por la Ley 1382 de 2010, motivo por el cual la petición de formalización
de minería tradicional debió regirse por las disposiciones que “resurgieron” por virtud
de la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-366 de 2011
proferida por la Corte Constitucional.
3.3 Tercer cargo: las normas de la Ley 1955 de 2019 no son aplicables para
tramitar y decidir la petición de legalización de minería tradicional por el
hecho de no surtir el trámite de la consulta previa
Como fundamento de este motivo de reproche de legalidad adujo que los artículos
23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no eran aplicables para tramitar y decidir
la petición de legalización de minería tradicional con radicación no. OE9-14532,
pues, de conformidad con lo establecido en los artículos 330 constitucional y 6 del
Convenio no. 169 de la OIT, “las disposiciones que se refieran a la explotación de
recursos naturales no renovables, en las zonas que se asientan las comunidades
diferenciadas, son susceptibles de Consulta Previa”, empero, las referidas
disposiciones legales no surtieron dicho trámite.
3.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones
números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser
improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución
Política
Para explicar este cargo de nulidad manifestó que los actos administrativos objeto
de debate no podían fundarse en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de
2019 proferidas por la ANM, por cuanto estas “son improcedentes, ilegales y
violatorias del artículo 29 de la Carta Política”, por cuanto “no pueden hacer las
veces de decretos reglamentarios” de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955 de
2018, en atención a lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política.
Trámite y contestación de la demanda
1) El 30 de enero de 2023 se admitió la demanda (índice 10 SAMAI), la cual fue
notificada en forma personal a la autoridad demandada el 22 de marzo del mismo
año (índice 20 SAMAI).
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2) En escrito presentado el 12 de mayo de 2023, la ANM se opuso a las
pretensiones de la demanda, en sustento de lo cual manifestó que i) la solicitud de
formalización de minería tradicional con radicación no. OE9-14532 fue
correctamente rechazada por no contar con área libre susceptible de ser otorgada,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 y
en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por esa misma
autoridad en relación con el “sistema de cuadrícula minera”; ii) al decidir la solicitud
de formalización minera tradicional con radicación no. OE9-14532 la entidad
demandada aplicó de manera retrospectiva normas expedidas con posterioridad a
su presentación por el hecho de que no estaba frente a una situación jurídica
consolidada con base en una ley anterior sino ante una mera expectativa y, iii) los
actos demandados están amparados por la presunción de legalidad y, además,
fueron debidamente motivados (índice 24 SAMAI).
3) Por auto de 4 de octubre de 2024, i) se prescindió de la audiencia inicial y se
dispuso el trámite de sentencia anticipada; ii) se incorporaron como pruebas los
documentos allegados con la demanda y su respectiva contestación; ii) se fijó el
litigio y, iv) se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones de conclusión
(índice 43 SAMAI); esta providencia no fue objeto de recursos.
Alegatos de conclusión
En esta etapa procesal las partes insistieron en los argumentos esgrimidos a lo largo
del proceso (índices 48, 49 y 50 del aplicativo SAMAI); el Ministerio Público guardó
silencio.
La petición de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados
Junto con la demanda la parte actora solicitó la suspensión provisional de los
efectos de las resoluciones cuya nulidad se pretende (índice 2 SAMAI); mediante
auto de 4 de octubre de 2024 se denegó la petición de la referida medida cautelar
por estimarse que no existían en esa etapa procesal elementos suficientes a partir
de los cuales se pudiese concluir que los actos administrativos demandados
desconocen las disposiciones invocadas como violadas (índice 42 SAMAI).
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II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa, 2) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, 3) marco normativo de la controversia, 4)
análisis de los cargos de nulidad, 5) conclusión y, 6) condena en costas.
Cuestión previa – no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial cuando las súplicas de la demanda no tienen
contenido económico
1) El numeral 1 del artículo 161 del CPACA preceptúa que “[c]uando los asuntos
sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de
procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad
con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales”;
a su turno, el artículo 2 del Decreto Reglamentario no. 1716 de 2009 4 dispone que
son conciliables “los conflictos de carácter particular y contenido económico” de los
cuales conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marco de los
referidos medios de control.
2) Sobre el particular, esta Corporación ha señalado que la conciliación extrajudicial
es requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales siempre que la
controversia sea de carácter particular y contenido económico, con indicación de
que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser conciliados,
pues, en algunas ocasiones carecen de contenido económico5.
3) Para este caso concreto, lo que se pretende es la declaración de nulidad de los
actos administrativos demandados y, al propio tiempo, que se deje “la solicitud de
legalización de minería tradicional OE9-14532 en el estado en que se encontraba
4 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.
5 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2012,
exp. 2012-00277-00, CP Marco Antonio Velilla Moreno; ii) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2022, exp. 2011-01126-01 (59.512), CP Jaime
Enrique Rodríguez Navas y, iii) Consejo de Estado, Sección Primera, 2022-00072-01, CP Nubia
Margoth Peña Garzón.
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antes de la expedición de los actos administrativos demandadas (sic), para que en
su lugar se proceda a declarar como derecho adquirido la legalización OE9-14532”,
de lo cual no se desprende en forma palmaria que las súplicas de la demanda
tengan por contenido y alcance un aspecto de naturaleza económica; en ese orden,
de conformidad con lo expresa y puntualmente establecido en el artículo 2 del
Decreto Reglamentario no. 1716 de 2009, la Sala advierte que no era necesario
agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Presentada la demanda en término6, la parte actora pretende la declaración de
nulidad de la Resolución número 001016 de 22 de octubre de 2019 proferida por la
ANM a través de la cual “se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional
No. OE9-14532”; asimismo, depreca la declaración de nulidad de la Resolución
número 000146 de 28 de febrero de 2020 expedida por esta misma entidad “por la
cual se resuelve un recurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de
formalización de minería tradicional No OE9-14532”.
De igual forma, deprecó el restablecimiento del derecho consistente en que se
ordene a la entidad demandada “dejar la solicitud de legalización de minería
tradicional OE9-14532 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de
los actos administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se
proceda a declarar como derecho adquirido la legalización OE9-14532”.
2) Como fundamento de la demanda arguye que los actos demandados i) carecen
de motivación; ii) desconocen el derecho constitucional fundamental del debido
proceso y están viciados de falsa motivación; iii) los artículos 23, 24, 325 y 329 de
la Ley 1955 de 2019 no surtieron el trámite de la consulta previa y, por ende, no
eran aplicables para decidir la petición de formalización de minería tradicional objeto
de la controversia y, iv) no podían fundarse en las resoluciones nos. 504 de 2018 y
6 La Resolución número 000146 de 28 de febrero de 2020 se notificó el 10 de septiembre de 2021;
en ese orden, el término de cuatro (4) meses para presentar la demanda corrió entre el 11 de
septiembre de 2021 y el 11 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA; la demanda fue presentada en término el 16 de diciembre de
2021 (índice 2 SAMAI – archivos: “ED_CAMSCANNER1216202.PDF NroActua 2” y
“ED_CORREORECIBIDO.PDF NroActua 2”).
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505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes, ilegales y violatorias del
artículo 29 de la Constitución Política toda vez que “no pueden hacer las veces de
decretos reglamentarios”.
3) Se negarán las pretensiones de la demanda porque la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la que están investidos los actos
administrativos demandados.
Marco normativo de la controversia
1) De conformidad con los artículos 3327 y 3608 de la Constitución Política, el Estado
es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio
de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes,
motivo por el cual su explotación causa a favor del Estado una contraprestación a
título de regalía.
2) En esta misma línea de análisis, el artículo 6 de la Ley 685 de 20011
expresamente determina que “[e]l derecho a explotar [los recursos naturales no
renovables] solo se adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados
en el artículo 14 de este Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o
explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere la antigüedad,
duración o características, conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título
minero o para oponerse a propuesta de terceros”.
3) A su turno, el artículo 14 de ese mismo cuerpo normativo prevé que “[a] partir de
la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el
derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de
concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional”.
7 “ARTÍCULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
8 “ARTÍCULO 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado,
una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables (…)”.
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4) En igual sentido, el artículo 16 ibidem establece que mientras la solicitud de
concesión minera se halle en trámite “no confiere, por sí sola, frente al Estado,
derecho a la celebración del contrato de concesión”, con indicación de que el único
derecho que adquiere el solicitante es el de prelación o preferencia frente a otras
solicitudes o frente a terceros si reúne los requisitos legales para obtener dicha
concesión.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-983 de 2010 precisó lo siguiente
en relación con el momento en el que se considera que el explotador ostenta un
derecho adquirido:
“En el caso de las propuestas presentadas que se encuentren en trámite,
es claro para la Corte que no afecta ni el debido proceso administrativo,
ni los derechos adquiridos. Lo anterior, por cuanto el Legislador, de una
parte, fija un requisito para la prosperidad de la propuesta, con pleno
respeto de las garantías inherentes al debido proceso administrativo, y de
otra parte, si la propuesta se encuentra en trámite, es claro que no
existe todavía una situación consolidada para el proponente que
constituya un derecho adquirido, ya que mientras la propuesta se
encuentre en trámite y no se haya perfeccionado el contrato de
concesión minera, no existen derechos adquiridos de los
proponentes. En este caso, encuentra la Corte que lo que hace el
Legislador, es determinar que se concede un término de tres meses para
que se pague el canon superficiario por parte del proponente, disposición
que no puede considerarse violatoria del debido proceso administrativo,
ni de derechos adquiridos, por cuanto en este caso existen meras
expectativas legítimas.
(…).
La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples
oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos,
diferenciándolos de las expectativas legítimas. A este respecto, ha
sostenido que los derechos adquiridos constituyen derechos que son (i)
subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii) cumplen con los requisitos
de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se encuentran jurídicamente
garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la persona; (vii) son
intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva ley no
los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas. Por su parte, estas últimas se caracterizan por no haber
cumplido los presupuestos legales exigidos para la consolidación del
derecho, aunque puedan llegar a perfeccionarse en el futuro, y son tan
solo probabilidades o esperanzas que no constituyen derechos subjetivos
consolidados y pueden ser modificadas legítimamente por el legislador,
con el fin de cumplir con objetivos constitucionales.
(…).
Esta Corporación ha evidenciado que el contrato de concesión para
la explotación de recursos naturales no renovables tiene dos
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Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
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aspectos primordiales, (i) el derecho de explotación que nace con la
inscripción del acto que otorga el título minero en el registro minero
correspondiente, de conformidad con el código de minas, y (ii) la
actividad propiamente dicha de exploración o explotación del bien público”
(resalta la Sala).
5) En relación con las peticiones de legalización de la minería tradicional, el artículo
165 de la Ley 685 de 2001 dispuso, con carácter temporal, que los explotadores de
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional podían
solicitar el otorgamiento de un contrato de concesión en el término improrrogable de
tres (3) años, contados a partir del 1º de enero de 2002, siempre que el área
solicitada estuviese libre para contratar y cumpliera con los requisitos para tal efecto;
posteriormente, el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 dispuso que los grupos y
asociaciones de minería tradicional que explotaran minas de propiedad estatal sin
título inscrito en el Registro Minero Nacional podían solicitar en el término
improrrogable de dos (2) años, contados a partir del 9 de febrero de 2010, que la
mina correspondiente les fuera otorgada en concesión; esta última norma fue
reglamentada por el Decreto 2715 de 2010, cuyo capítulo correspondiente a la
“Legalización Minera” fue objeto de modificación por el Decreto no. 1970 de 20129,
disposición que, a su turno, fue derogada tácitamente por el Decreto 933 de 9 de
mayo de 2013.
Sin perjuicio de lo anterior, i) la Corte Constitucional, en sentencia C-366 de 2011,
declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el término de dos
(2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrodescendientes, con lo cual dicha norma salió del
ordenamiento jurídico el 12 de mayo de 2013 y, ii) el Decreto 933 de 2013 fue
suspendido provisionalmente por esta Corporación mediante auto de 20 de abril de
201610 y posteriormente anulado en sentencia de 28 de octubre de 201911.
9 “Por el cual se modifica el Capítulo II del Decreto número 2715 de 2010”.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 11001-03-26-000-2014-00156 (52.506),
auto de 20 de abril de 2016, CP (E) Jaime Orlando Santofimio Gamboa; esta providencia fue
confirmada en sede de súplica por auto de 19 de septiembre de 2018, CP Guillermo Sánchez Luque.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 11001-03-26-000-2015-00169-00
(55.881), sentencia de 28 de octubre de 2019, CP Martín Bermúdez Muñoz.
12
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
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Sentencia de única instancia
6) En lo que atañe a la delimitación del área objeto de los contratos mineros, los
artículos 64 a 69 de la Ley 685 de 2001 definieron en una etapa inicial el “sistema
de polígonos”, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 64. AREA EN CORRIENTES DE AGUA. El área de la
concesión cuyo objeto sea la exploración y explotación de minerales en el
cauce de una corriente de agua, estará determinada por un polígono de
cualquier forma que dentro de sus linderos abarque dicho cauce continuo
en un trayecto máximo de dos (2) kilómetros, medidos por una de sus
márgenes.
El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una
corriente de agua, será de hasta cinco mil (5.000) hectáreas, delimitadas
por un polígono de cualquier forma y dentro de cuyos linderos contenga
un trayecto de hasta cinco (5) kilómetros, medidos por una de sus
márgenes.
Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante estudios
técnicos la necesidad de retener la totalidad del área solicitada en
concesión.
Lo anterior sin perjuicio de que se obtengan las respectivas autorizaciones
ambientales para intervenir las zonas escogidas para la extracción de los
minerales, dentro del área de la concesión.
ARTÍCULO 65. AREA EN OTROS TERRENOS. El área para explorar y
explotar terrenos de cualquier clase y ubicación con exclusión del cauce
de las corrientes de agua, estará delimitada por un polígono de cualquier
forma y orientación delimitado con referencia a la red geodésica nacional.
Dicha área tendrá una extensión máxima de diez mil (10.000) hectáreas.
ARTÍCULO 66. LAS REGLAS TÉCNICAS. En la identificación y
delimitación del área objeto de la propuesta y del contrato, serán de
obligatoria aplicación los principios, criterios y reglas técnicas propias de
la ingeniería, geología y la topografía, aceptadas y divulgadas
oficialmente.
ARTÍCULO 67. NORMAS TÉCNICAS OFICIALES. El Gobierno Nacional
por medio de decreto, establecerá, en forma detallada, los requisitos y
especificaciones de orden técnico minero que deban atenderse en la
elaboración de los documentos, planos, croquis y reportes relacionados
con la determinación y localización del área objeto de la propuesta y del
contrato de concesión, así como en los documentos e informes técnicos
que se deban rendir. Ningún funcionario o autoridad podrá exigir en
materia minera a los interesados la aplicación de principios, criterios y
reglas técnicas distintas o adicionales a las adoptadas por el Gobierno.
ARTÍCULO 68. DEFINICIONES TÉCNICAS. El Gobierno Nacional
adoptará un glosario o lista de definiciones y términos técnicos en materia
minera que serán de obligatorio uso por los particulares y por las
autoridades y funcionarios en la elaboración, presentación y expedición
de documentos, solicitudes y providencias que se produzcan en las
actuaciones reguladas por este Código.
13
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
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Sentencia de única instancia
ARTÍCULO 69. AREA EFECTIVA DEL CONTRATO. El área del contrato
de concesión se otorga por linderos y no por cabida. En consecuencia, el
concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno en caso de que la
extensión real contenida en dichos linderos resulte inferior a la
mencionada en el contrato. La autoridad concedente, de oficio y en
cualquier tiempo, podrá ordenar, previa comprobación sobre el terreno y
mediante resolución motivada, la rectificación o aclaración de los linderos
si advirtiere errores o imprecisiones en los mismos” (mayúsculas
sostenidas y negrillas del texto original).
7) Posteriormente, el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015 (Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018) estatuyó que la autoridad minera nacional podría
adoptar un sistema de cuadrícula única y continua para delimitar el área objeto de
los contratos de concesión minera, con la indicación de que podría ser
implementado incluso respecto de los títulos vigentes si el beneficiario así lo
decidía12, aspecto que fue objeto de desarrollo en la Resolución número 504 de 18
de septiembre de 201813 proferida por la ANM, en la que se consagró, entre otros
aspectos, que la cuadrícula minera está conformada por un conjunto continuo de
celdas de tres coma seis por tres coma seis segundos de arco (3,6” x 3,6”) referidas
a la red geodésica nacional vigente.
8) Luego se promulgó la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)
en la que se dispuso que i) la implementación del sistema de cuadrícula se llevaría
a cabo de acuerdo con los lineamientos que definiera la autoridad minera nacional,
con indicación de que todas las solicitudes y propuestas en curso se evaluarían
con base en este sistema14 y, ii) las solicitudes de formalización de minería
tradicional presentadas hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
12 “ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN DE LA MINERÍA. (…) Parágrafo. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de
cuadrícula para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será
única y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos
así lo decida (…)”.
13 “Por medio de la cual se adopta el sistema de cuadrícula para la Agencia Nacional de Minería –
ANM, y se dictan otras disposiciones en materia de información geográfica”.
14 “ARTÍCULO 24. SISTEMA DE CUADRÍCULA EN LA TITULACIÓN MINERA. La implementación
del sistema de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial
vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. // Todas las
solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado
por la autoridad minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre
una misma celda, con excepción de las concesiones concurrentes. Se entiende por celda el cuadro
definido por la autoridad minera nacional como una unidad de medida para la delimitación del área
de las solicitudes y contratos de concesión minera. // Los títulos mineros otorgados con anterioridad
a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema
manteniendo las condiciones y coordenadas en las fueron otorgados, para lo cual se atenderá la
metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional”.
14
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
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competente y que a la fecha de promulgación de dicha ley se encontraran vigentes
y en área libre continuarían su trámite15.
9) Finalmente, en atención a lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1955 de
2019 la ANM expidió la Resolución no. 505 de 2 de agosto de 2019 16, en la que se
adoptaron los lineamientos técnicos para la evaluación de los trámites y solicitudes
mineras a partir del “sistema de cuadrícula minera”, contenidos en el documento
denominado “Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras
a Partir del Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los
Títulos Mineros al Sistema de Cuadrícula” y, al propio tiempo, i) definió como área
mínima para el otorgamiento de un título minero la correspondiente a una celda de
la cuadrícula minera de que trata la Resolución no. 504 de 2018 proferida esta
misma entidad y, ii) estableció el 31 de octubre de 2019 como fecha límite para la
transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y
solicitudes mineras en trámite con base en el sistema de cuadrícula minera.
Análisis de los cargos de nulidad
4.1 Primer cargo: ausencia de motivación
1) Este reproche se contrae a señalar que los actos administrativos demandados
carecen de motivación porque las consideraciones allí efectuadas “son abstractas,
ausentes de razones y [de] justificaciones legales”.
2) Al respecto, la Sala encuentra lo siguiente:
15 “ARTÍCULO 325. TRÁMITE SOLICITUDES DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL.
Las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería
tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de
promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de
verificar la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud
no se encuentra en área libre esta se rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente
artículo. En caso de que la superposición sea parcial se procederá a los recortes respectivos. La
autoridad minera resolverá estas solicitudes en el término de un (1) año contado a partir de la
viabilidad técnica de la solicitud”.
16 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás
capas cartográficas al sistema de cuadrícula, se establece la metodología para la evaluación de los
trámites y solicitudes mineras en cuadrícula y se implementa el periodo de transición para la puesta
en producción del Sistema Integral de Gestión Minera”.
15
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
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a) En relación con la ausencia de motivación esta corporación ha precisado que,
por regla general, “los actos administrativos deben revelar las razones de su
expedición, la fundamentación jurídica y la valoración fáctica que sustenta tales
decisiones, so pena de originar la causal de nulidad del acto por expedición
irregular”17, con la indicación de que “no hay falta de motivación del acto principal,
cuando al menos en forma sumaria, se dan las razones o fundamentos de la
decisión, lo que debe resultar suficiente para que la demandante entienda el punto
de la controversia lo que permite incluso el examen contextual del procedimiento
administrativo previo al acto”18.
b) De igual forma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la
causal de nulidad de ausencia de motivación difiere de la denominada falsa
motivación, en los siguientes términos:
“(…) una cosa es la falsa motivación y otra la falta de motivación: la
primera, es un evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica y
jurídica del acto administrativo, y la segunda, es un aspecto
procedimental, formal, ya que ésta es la omisión en hacer expresos
o manifiestos en el acto administrativo los motivos del mismo. La
falsa motivación plantea para el juzgador un problema probatorio, de
confrontación de dos extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad
fáctica atinente al mismo, con miras a comprobar la veracidad; también
plantea un juicio lógico de correspondencia entre la realidad constatada y
la consecuencia jurídica que se pretende desprender de ella, cuando la
primera resulta demostrada. De otro lado, la falta de motivación le
significa un problema de valoración directa del cuerpo o contenido
del acto sobre si se expresan o indican razones para su expedición,
y si lo dicho es suficiente como para tenerse como motivación”19.
c) En ese orden, es claro que cuando se alega la falta de motivación es menester
acreditar que el acto carece totalmente de fundamentos o que las razones
consignadas fueron insuficientes para justificar la decisión.
17 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 1º de junio de 2016, exp. 2012-00283-01 (21.702), CP Martha Teresa Briceño de
Valencia; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia
de 6 de octubre de 2022, exp. 2019-00095-01 (26.323), CP Julio Roberto Piza Rodríguez y, iii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 9 de
noviembre de 2023, exp. 2018-00680-01 (27.761), CP Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1º de
agosto de 2019, exp. 2013-00904-01 (21.826), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de
junio de 2013, exp. 2007-00169-01 (17.495), CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
16
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
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d) Para este caso concreto, la Sala advierte que la parte considerativa de las
Resoluciones números 001016 de 22 de octubre de 2019 y 000146 de 28 de febrero
de 2020 expedidas por la ANM señalan de manera expresa y detallada los motivos
de hecho y de derecho que sustentaron el rechazo de la solicitud de formalización
de minería tradicional con radicación número OE9-14532, con el siguiente tenor:
(i) Resolución número 001016 de 22 de octubre de 2019:
“RESOLUCIÓN NÚMERO 001016
<<Por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería
tradicional No. OE9-14532>>
EL VICEPRESIDENTE DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN (E)
(…).
CONSIDERANDO
(…).
Que el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015 consagra que
<<(...) la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de
cuadricula para delimitar el área objeto de los contratos de concesión
minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema
de cuadriculas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así
lo decida>>.
Que mediante la Resolución No. 504 de 18 de septiembre de 2018 <<(...)
se adopta el sistema de cuadricula para la Agencia Nacional de Mineria -
ANM, y se dictan otras disposiciones en materia de información
geográfica>>, especificando en el artículo 3° que <<Se adopta como
cuadricula minera la conformada por un conjunto continuo de celdas de
tres coma seis por tres coma seis segundos de arco (3,6" x 3,6") referidas
a la red geodésica nacional vigente. La cuadrícula minera entrará en
operación junto con la herramienta informática Sistema Integral de
Gestión Minera o el que haga sus veces>>, así mismo, en el artículo 4°
establece que <<Las solicitudes y propuestas presentadas con
anterioridad y los contratos de concesión generados a partir de la puesta
en operación del Sistema Integral de Gestión Minera estarán conformados
espacialmente por celdas completas y colindantes por un lado de la
cuadricula minera>>, y en el Parágrafo del citado artículo señala que
<<Las dimensiones de las celdas que conforman la cuadricula minera
serán revisadas con base en el análisis que al respecto realice la
autoridad minera, cada quinquenio, a partir de la expedición de la presente
resolución>>.
Que hace parte integral de la Resolución No. 504 de 2018 el documento
técnico denominado <<Especificaciones técnicas sobre la adopción del
sistema de referencia y la cuadricula minera en la ANM>>, el cual contiene
17
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
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los argumentos técnicos que soportan las disposiciones en materia de
información geográfica.
Que el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, dispuso que <<La implementación del sistema de cuadriculas
se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial
vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera
nacional. Todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el
sistema de cuadricula minera implementado por la autoridad minera
nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas
sobre una misma celda, con excepción de las concesiones concurrentes.
Se entiende por celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional
como una unidad de medida para la delimitación del área de las
solicitudes y contratos de concesión minera>>.
(…).
Que mediante la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019, la Agencia
Nacional de Minería adoptó los lineamientos para la evaluación de los
trámites y solicitudes mineras a partir del sistema de cuadricula y definió
el área mínima, así mismo dio inicio al periodo de transición en el cual se
deberán evaluar las solicitudes mineras en el sistema de cuadricula
minera.
(…).
Que el día 9 de mayo de 2013 fue presentada la Solicitud de
Formalización de Minería Tradicional por la señora MARIA ANTONIETA
GRIJALBA APONTE identificada con Cédula de Ciudadanía No.
51564281, para la exploración y explotación de un yacimiento clasificado
técnicamente como CARBON COQUIZABLE O METALURGICO, ubicado
en el municipio de SAMACÁ, departamento de BOYACÁ, a la cual le
correspondió el expediente No. OE9-14532.
Que verificado el expediente No. OE9-14532, se verificó que el trámite se
encuentra vigente siendo procedente su evaluación bajo las condiciones
del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, para lo cual, en cumplimiento de
la Resolución 505 de 2019 mencionada, el Grupo de Legalización Minera,
emitió el día 6 de octubre de 2019 concepto de transformación y migración
de área al sistema de cuadricula minera, determinando lo siguiente:
(…).
Que el día 15 de octubre de 2019 se evaluó jurídicamente la Solicitud de
Formalización de Minería Tradicional No. OE9-14532 y con base en el
concepto de transformación y migración al sistema de cuadricula minera
de fecha 6 de octubre de 2019, el cual concluye que, no queda área
susceptible de contratar, se considera procedente jurídicamente el
rechazo de la solicitud No. 0E9-14532, de conformidad con el artículo 325
de la Ley 1955 de 2019.
(…).
Que del resultado de la evaluación de la Solicitud de Formalización de
Minería Tradicional No. OE9-14532, se evidencia que la misma no cuenta
con área libre susceptible de contratar con fundamento en la evaluación
18
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
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técnica y la norma que regula la materia y se considera procedente su
rechazo.
(…).
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar la Solicitud de Formalización de
Minería Tradicional No. OE9-14532 por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído (…)” (negrillas y mayúsculas sostenidas del
texto original – índice 2 SAMAI20).
(ii) Resolución número 000146 de 28 de febrero de 2020:
“RESOLUCIÓN NÚMERO 000146
<<POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
DENTRO DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE
MINERÍA TRADICIONAL No. OE9-14532>>
EL VICEPRESIDENTE (E) DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
(…).
La protección a los derechos adquiridos constituye una garantía
constitucional que al tenor del articulo 58 superior no pueden ser
desconocidos ni vulnerado por leyes posteriores.
A partir de este postulado, la Corte Constitucional precisó los alcances de
este derecho fundamental en los siguientes términos: <<La Corte
encuentra que de conformidad con criterios doctrinarios y
jurisprudenciales expuestos, se puede afirmar que los derechos
adquiridos, protegidos constitucionalmente por el articulo 58 Superior, se
refieren a derechos subjetivos consolidados e intangibles, que cumplieron
con las condiciones contempladas en la ley (...)>>. Con base en lo
anterior, es preciso afirmar que un derecho adquirido se configura ante
una situación jurídica consolidada y definida bajo el imperio de una Ley.
Ahora bien, el artículo 16 del Código de Minas frente a los derechos que
otorga la presentación de una solicitud minera dispuso: <<Articulo 16.
Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión,
mientras se halle en trámite, no confiere, por si sola, frente al Estado,
derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras
solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de
prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el
efecto, los requisitos legales.>>.
Siguiendo lo expuesto, y con ocasión a la sentencia invocada por la
recurrente, el mismo Órgano Constitucional definió las meras expectativas
en el siguiente sentido: <<Las meras expectativas, consisten en
probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse
consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a
parámetros de justicia y de equidad. En las meras expectativas, resulta
probable que los presupuestos lleguen a consolidarse en el futuro>>.
20 Archivo: “2_110010326000202200019002EXPEDIENTEDIGI20220127162223” – págs. 1 a 4.
19
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
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Pues bien, como es de público conocimiento el Gobierno Nacional
consagró en el artículo 12 dé la Ley 1382 de 2010 un régimen para
formalizar las actividades desarrolladas en minas de propiedad del estado
sin el amparo de título minero alguno, en este punto es importante traer a
colación la sentencia C-259 de 2016 invocada por la peticionaria en su
escrito, pues es aquí donde la Corte Constitucional a partir del estudio, de
otra figura de legalización (minería de hecho) reconoce en este tipo de
programas una serie de prerrogativas que, adicional a la ya enunciada en
el artículo 16 del Código de Minas, posibilitan el ejercicio de actividades
minera en el área de interés.
No obstante la misma Corte reconoce que para que le sea consolidado el
derecho de celebrar un contralo estatal, se deben agotar todas y cada una
de las etapas previstas por la Ley.
En este orden de ideas, y dado que en vigencia de la Ley 1382 de 2010
no se configuró en favor de la solicitante una situación jurídica que deba
ser protegida como la suscripción de un contrato de concesión, entiende
esta Vicepresidencia que en la actualidad no le ha nacido a la recurrente
derecho diferente al de evaluar la solicitud presentada bajo las
condiciones normativas aplicables como se verá en el presente acto
administrativo.
(…).
El programa de formalización de minería tradicional se originó inicialmente
con la expedición del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 cuya
reglamentación se dio a través del Decreto 2715 de 2010 modificado a su
vez por el Decreto 1970 de 2012, preceptos estos que fueron declarados
inexequibles por el alto órgano Constitucional a través de Sentencia C-
366 de 2011.
Posteriormente, con el fin de resolver las solicitudes radicadas en virtud
del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010; el Gobierno Nacional expide el
Decreto 0933 de 2013, que fuere compilado en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.1
y siguientes del Decreto 1073 de 2015. Sobre el particular es preciso
señalar que mediante Auto de fecha 20 de abril de 2016, emitido por el
Consejo de Estado, dentro del Medio de Control de Nulidad radicado bajo
el No. 11001-03-26-000-2014-00156-00 se dispuso la suspensión del
Decreto 0933 de 2013, lo que significó la suspensión de las solicitudes de
minería tradicional pendientes por resolver.
Atendiendo esta situación particular, el Gobierno Nacional puso en
marcha el día 25 de mayo del 2019 el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 <<Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad>> Ley 1955 de 2019,
en el cual se estableció un nuevo marco normativo con el fin adelantar los
trámites de las solicitudes de formalización de minería tradicional que
fueron presentados hasta el 10 de mayo de 2013, el cual quedo contenido
en el artículo 325 que a su tenor establece:
(…).
La Corte Constitucional definió el principio <<TEMPUS REGIT ACTUS>>
como la aplicación de la norma vigente al momento de sucederse los
hechos prevista por ella.
20
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
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Es así como los actos jurídicos celebrados durante la vigencia de una ley
no pueden verse afectados en su validez por leyes posteriores pese a que
esta hubiese sido declarada posteriormente inconstitucional, así lo señaló
la Alta Corte: <<Sobre este punto, esta Corporación ha dejado en claro
que los actos administrativos particulares y concretos así como los actos
jurídicos celebrados por la administración durante la vigencia de una ley
que posteriormente es declarada inconstitucional no se ven afectados en
su validez o eficacia por dicha consideración respecto de la Ley, pues, se
impone reconocer allí la vigencia del principio de seguridad jurídica,
manifestado, justamente en que la declaratoria de inconstitucionalidad de
una ley, por principio, surte electos hacia futuro, dejando indemne las
situaciones jurídicas que fueron gobernadas durante su vigencia>>.
A partir de lo antes expuesto y como se señaló en líneas anteriores, no
existe en el presente caso derecho consolidado en vigencia de la Ley
1382 de 2010 que le permita a la recurrente afirmar que a partir del
principio invocado "TEMPUS REGIT ACTUS" su solicitud no pueda ser
evaluada bajo nuevos preceptos normativos, pues ante la necesidad de
resolver su situación jurídica, fue el mismo legislador quien atendiendo las
circunstancias particulares de los trámites vigentes cobijados bajo la
figura de formalización de minería tradicional crea en el artículo 325 de la
Ley 1955 de 2019 un nuevo marco normativo para concretar estos
procesos administrativos.
(…).
De acuerdo con la Corte Constitucional, todo proceso debe ser
considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo
objetivo final es la definición de una situación jurídica. Por ello, en sí
mismo no se erige como una situación consolidada sino como una
situación en curso Por tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se
aplican a los procesos en trámite tan pronto entren en vigencia.
Ahora bien, el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 circunscribe su ámbito
de aplicación a aquellas solicitudes de formalización de minería tradicional
vigentes a la fecha en que la precitada normatividad entró a regir, por su
parte el artículo 24 de la misma normatividad cobija a todas las solicitudes
y propuestas en trámite las cuales se evaluarán conforme al sistema de
cuadricula minera implementado por esta autoridad.
A partir de los preceptos dispuestos en las normas enunciadas, es claro
que la voluntad del legislador no fue modificar situaciones jurídicas
consolidas pues ellas gozan de toda presunción legal, por el contrario, lo
que se pretendía era crear un nuevo marco normativo para aquellas
solicitudes vigentes cobijadas bajo el programa de formalización de
minería tradicional en aras de definir un proceso administrativo que ha
sido objeto de múltiples modificaciones.
Bajo este entendido, es claro que con la aplicación de las precitadas
normas no se ha configurado los fenómenos de ultraactividad y
retroactividad de la Ley por cuanto no se han afectado situaciones de
hecho consolidadas por fuera del ámbito de su aplicación.
(…).
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERA.- CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución No.
001016 del 22 de octubre de 2019 <<Por medio del (sic) cual se archiva
la solicitud de minería tradicional N° OE9-14532>> lo anterior de
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo” (índice
2 SAMAI21 – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).
e) Por lo anotado este motivo de censura no está llamado a prosperar, por cuanto,
es evidente la ausencia total de fundamento válido, pues, la realidad indica,
palmariamente, que los actos administrativos demandados cuentan con la
necesaria y debida motivación de soporte, tanto fáctica como jurídica, para cuya
constatación basta con una lectura desprevenida de sus respectivos textos.
4.2 Segundo cargo: falsa motivación y violación del derecho constitucional
fundamental del debido proceso
1) En sustento de este cargo de nulidad la demandante arguyó que los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad por falsa motivación y,
además, porque desconocen lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política, con base en las siguientes consideraciones:
a) No es jurídicamente viable aplicar de forma retroactiva lo dispuesto en los
artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019, así como tampoco
en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de
agosto de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de
formalización de minería tradicional con radicación número OE9-14532 de 9 de
mayo de 2013, pues, la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010
contenida en la sentencia C-366 de 2011 tuvo por efecto automático la
consolidación de un derecho adquirido en favor la demandante por el hecho de no
haberse cumplido la finalidad para la cual fue expedida, de conformidad con lo
dispuesto en las sentencias C-242 de 2009 y C-259 de 2016.
b) La petición de formalización de minería tradicional debió tramitarse con base en
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos
reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013, por ser las normas vigentes
al momento de su presentación; en consecuencia, se debió requerir a la
demandante y realizar las visitas técnicas necesarias para verificar la ubicación y
21 Archivo: “2_110010326000202200019002EXPEDIENTEDIGI20220127162223” – págs. 6 a 17.
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antigüedad de las explotaciones mineras, el estado de avance, el mineral objeto de
la explotación y otras condiciones en la forma y términos previstos en dichas
normas.
c) Las normas del “sistema de cuadrícula minera” se aplican únicamente a los
contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de
legalización de minería tradicional.
d) Operó el fenómeno de la “reviviscencia” respecto de las normas derogadas o
modificadas por la Ley 1382 de 2010, motivo por el cual la petición de formalización
de minería tradicional debió regirse por las disposiciones que “resurgieron” por virtud
de la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-366 de 2011
proferida por la Corte Constitucional.
2) Este motivo de cuestionamiento tampoco está llamado a prosperar, por las
siguientes razones:
a) La aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de
la Ley 1955 de 2019, así como en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de
2019 proferidas por la ANM, no desconoce lo dispuesto en el artículo 29
constitucional ni tampoco vicia de falsa motivación los actos administrativos
demandados, toda vez que, al momento de decidir la petición de formalización de
minería tradicional con radicación número OE9-14532 de 9 de mayo de 2013 no
existía un derecho adquirido en favor de la demandante por efecto de la declaración
de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011
proferida por la Corte Constitucional, como se explica a continuación:
(i) El artículo 58 constitucional dispone que “se garantizan la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”; a su turno, el artículo 17 de
la Ley 153 de 1887 preceptúa que “[l]as meras expectativas no constituyen derecho
contra la ley nueva que las anule o cercene”.
(ii) Respecto de las reglas de aplicación de la ley en el tiempo, la Corte
Constitucional en sentencia SU-309 de 11 de julio de 2019 precisó lo siguiente:
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“A su turno, la parte primera de la Ley 153 de 1887, que en su artículo
49 derogó el artículo 13 del Código Civil, prescribe las reglas generales
para resolver los conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo,
entre las cuales se contemplan (i) el principio de prevalencia general
de la ley posterior sobre la anterior, (ii) la regla de que las meras
expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las
anule o cercene, (iii) el efecto general inmediato de las leyes, (iv) la
subsistencia del estado civil adquirido conforme a la ley anterior pero con
arreglo a la ley posterior en cuanto al ejercicio de derechos y obligaciones
inherentes a dicho estado, (v) la conservación de derechos reales
constituidos bajo ley anterior pero con sujeción al imperio de la ley nueva
en cuanto a su ejercicio, cargas y extinción, (vi) la validez de los contratos
celebrados bajo ley anterior con sometimiento de sus efectos a la ley
nueva, y (vii) la preferencia de la ley preexistente favorable en materia
penal, entre otros.
Por su parte, el Constituyente de 1991 no dejó de lado la cuestión de
la aplicación de la ley en el tiempo, y en el artículo 58 Superior
consagró el efecto no retroactivo de las leyes al enunciar que se
garantizan los derechos adquiridos con justo título, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Ello,
claro está, sin perjuicio del principio de favorabilidad penal previsto en el
inciso 3º del artículo 29 de la Carta, a cuyo tenor <<en materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable>>.
A partir de este contexto, se tiene que, en principio, las normas que
integran el ordenamiento jurídico rigen con efecto general e
inmediato para los actos, hechos o situaciones jurídicas que tienen
lugar con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, ante
tránsitos normativos, los operadores jurídicos se enfrentan a
escenarios en los que se abre paso la aplicación de las normas con
distintos efectos en el tiempo.
La retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las
situaciones que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia.
La irretroactividad de la legislación implica, entonces, la
imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de una disposición nueva. El alcance
de esta proscripción –que, como se vio, cuenta con fundamento
constitucional– se plasma en que la nueva disposición no tiene vocación
para afectar hechos o consecuencias jurídicas que se han formado
válidamente al amparo de una ley anterior, como garantía de seguridad
jurídica. En consecuencia, la excepcional aplicación retroactiva de una
norma sólo puede tener lugar por expresa disposición del legislador –en
tanto productor de la norma–, jamás al arbitrio del juez.
(…).
El fenómeno de la retrospectividad, por su parte, es consecuencia
normal del efecto general e inmediato de la ley, y se presenta cuando
las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con
anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En efecto,
la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que <<el efecto en el
tiempo de las normas jurídicas es por regla general, su aplicación
inmediata y hacia el futuro, ‘pero con retrospectividad, (…) siempre que la
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misma norma no disponga otro efecto temporal (…)’. De este modo,
´aquello que dispone una norma jurídica debe cumplirse de
inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones
que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir,
situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de
la norma´>>.
(…).
De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación, se puede concluir que las reglas de derecho sobre aplicación
de la ley en el tiempo son las siguientes: <<(i) por regla general las
normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro,
pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la
ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de
regular situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a
normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma
jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y
jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero
que aún no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva
norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica y; (iv)
tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento jurídico
con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y
discriminación (tuitivas), el juzgador debe tener en cuenta, al
momento de establecer su aplicación en el tiempo, la posibilidad de
afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto
el propósito de estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida
protección a grupos sociales marginados>>” (se destaca).
De igual manera, esta Corporación ha puesto de presente que la aplicación
retrospectiva del “sistema de cuadrícula minera” para tramitar y decidir solicitudes
en presentadas en vigencia del “sistema de polígonos” no comporta el
desconocimiento de los derechos de los solicitantes, en la medida en que la
presentación de la propuesta minera únicamente concede el derecho de prelación
respecto de aquellas que se radiquen de manera posterior, pero, no concede ningún
derecho adquirido, en los siguientes términos:
“Para esta Sala, la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula
minera a las solicitudes de esa naturaleza que se radicaron bajo la
vigencia del anterior sistema de celdas, no representa una
vulneración de los derechos de los peticionarios, en la medida en
que para tal momento no existía un derecho adquirido, sino una mera
expectativa, además de que tal figura propende por acabar con la
incertidumbre del modelo anterior, que generaba una falta de certeza
sobre las áreas que se otorgaban para la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que por medio de las
Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, el legislador estableció el sistema
de cuadrícula como un mecanismo para delimitar el área objeto de
los contratos de concesión minera en Colombia y dispuso su
25
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aplicación inmediata, incluyendo a las solicitudes que se hubieran
presentado con anterioridad a la creación de ese mecanismo.
(…).
Ahora, el hecho de que el sistema de cuadrícula se hubiera previsto
frente a solicitudes en curso no tiene la vocación de afectar ningún
interés o derecho de los solicitantes, ya que la simple propuesta
minera solo concede el derecho de prelación respecto de aquellas
que se radiquen de manera posterior, pero su simple radicación no
otorga por sí misma la posibilidad de explorar y explotar las minas del
Estado, pues ello solo surge una vez se cumplen los requisitos para la
firma del contrato de concesión y este se suscribe y registra”22.
(iii) Para este caso concreto, la Sala advierte que no le asiste la razón a la
demandante en afirmar que la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de
2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011, proferida por la Corte Constitucional,
tuvo por efecto automático la consolidación de un derecho adquirido en favor suyo
“por el hecho de no haberse cumplido la finalidad para la cual fue expedida” (índice
2 SAMAI23), por cuanto el artículo 24324 de la Constitución Política ni los artículos
4525 y 4826 de la Ley 270 de 1996 prevén expresamente tal consecuencia jurídica,
aunado al hecho de que la referida corporación, única legitimada para definir los
efectos de sus sentencias27, no efectuó alguna manifestación al respecto en dicha
providencia.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de septiembre de 2023, exp.
2022-00206-00 (69.267), CP Marta Nubia Velásquez Rico. Este criterio de decisión fue reiterado en
la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de
octubre de 2024, exp. 2021-00071-00 (66.795), CP José Roberto Sáchica Méndez.
23 Archivo: “5_110010326000202200019005.pdf” – pág. 14.
24 “ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito
a cosa juzgada constitucional (…)”.
25 “ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN
DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que
profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241
de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
26 “ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el
siguiente efecto: // 1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las
normas legales (…) sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte
resolutiva (…)”.
27 Al respecto ver: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, MP Vladimiro
Naranjo Mesa: “Se torna forzoso concluir -y reiterar- que sólo la Corte Constitucional puede
definir los efectos de sus sentencias. La prevalencia del principio de separación funcional de las
ramas del poder público (…), el silencio que guardó la Carta Política para señalar los alcances de
las providencias dictadas por los altos tribunales del Estado, la labor trascendental que cumple esta
Corporación en el sentido de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de
<<cosa juzgada constitucional>> y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (…), son
suficientes para inferir que el legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a
las sentencias que en desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta
Corte”.
26
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(iv) De igual forma, a partir del análisis de las sentencias referidas por la
demandante (C-242 de 2009 y C-259 de 2016, expedidas por la Corte
Constitucional) tampoco es jurídicamente viable concluir que exista algún derecho
adquirido en cabeza favor de aquella.
En efecto, i) la sentencia C-242 de 2009 resolvió una demanda de constitucionalidad
en contra del el artículo 113 (parcial) de la Ley 50 de 1990 “por la cual se introducen
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, aspecto
que a todas luces no guarda relación con esta controversia y, ii) la sentencia C-259
de 2016 declaró exequible una parte del artículo 165 de la Ley 685 de 2001 según
la cual mientras no sean resueltas las solicitudes de legalización de minería
presentadas entre el 1º de enero de 2002 y el 1º de enero de 2005 no hay lugar a
proceder con el decomiso de los minerales ni con las acciones penales
correspondientes, punto de derecho que tampoco guarda relación con lo debatido
en este específico proceso judicial.
(v) Por otra parte, precisa la Sala que la sola presentación de la petición de
formalización de minería tradicional no generó una situación jurídica consolidada en
favor de la señora María Antonieta Grijalba Aponte, dado que esta no confiere el
derecho a la celebración del contrato ni la obtención de los derechos subjetivos
propios del título minero sobre el área objeto de la referida petición, únicamente
confiere un derecho de prelación o preferencia para celebrar el contrato de
concesión, en atención a lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001.
(vi) Así las cosas, tampoco le asiste la razón a la parte actora en afirmar que la
aplicación del “sistema de cuadrícula minera” violó la prohibición de retroactividad
de la normas jurídicas, pues, aunque la petición de formalización de minería
tradicional número OE9-14532 de 9 de mayo de 2013 se hubiese radicado en
vigencia del anterior sistema de polígonos previsto en la Ley 685 de 2001, lo cierto
es que, al momento de decidir la referida solicitud no existía ninguna situación
jurídica consolidada o derecho adquirido en favor suyo con vocación de impedir la
aplicación retrospectiva de las normas del “sistema de cuadrícula minera”, aun
cuando pudiese anular o cercenar meras expectativas, las cuales, se reitera, no son
susceptibles de protección legal por virtud de lo expresa y puntualmente dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 153 de 1887.
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b) La petición de formalización de minería tradicional del 9 de mayo de 2013 no
debía tramitarse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de
2010 y en los Decretos Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013 y, en
ese orden, tampoco era menester requerir a la demandante ni realizar las visitas
técnicas necesarias para verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones
mineras, el estado de avance, el mineral objeto de la explotación y otras condiciones
pertinentes en la forma y términos previstos en dichas normas, por razón de que
para la época en que adoptó la decisión de rechazar la solicitud de formalización de
minería tradicional las referidas normas no tenían vocación de producir efectos
jurídicos, por las siguientes razones:
(i) El artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 salió del ordenamiento jurídico desde el 11
de mayo de 2013 por virtud de la declaración de inexequibilidad contenida en la
sentencia C-366 de 2011.
(ii) El artículo 91 del CPACA dispone lo siguiente en relación con la pérdida de
fuerza ejecutoria de los actos administrativos:
“ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan vigencia” (se resalta).
En ese contexto normativo, es palmario que para la fecha en la que se estudió y
decidió la petición de formalización de minería tradicional con radicación número
OE9-14532 de 9 de mayo de 2013 los Decretos Reglamentarios números 1970 de
2012 y 933 de 2013 habían perdido toda fuerza ejecutoria, pues, el artículo 12 de la
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Ley 1382 de 2010 -disposición legal que reglamentaban- había sido declarado
inexequible por la Corte Constitucional, aunado al hecho de que el Decreto
reglamentario número 933 de 2013 se encontraba suspendido provisionalmente
como consecuencia de lo resuelto por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C en auto de 20 de abril de 2016, exp. 2014-00156 (52.506), CP (E)
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
c) En atención a lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 “[t]odas
las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula
minera implementado por la autoridad minera nacional”; en ese orden, no le asiste
la razón a la parte actora en sostener que el “sistema de cuadrícula minera” no es
aplicable a las solicitudes de formalización de minería tradicional en curso.
d) En relación con el fenómeno jurídico de la “reviviscencia” o reincorporación de
normas derogadas por disposiciones declaradas inexequibles, la Sala advierte que
el trámite de la solicitud de legalización de minería tradicional con radicación número
OE9-14532 de 9 de mayo de 2013 no podía regirse por disposiciones expedidas
antes de la entrada en vigencia de Ley 1382 de 2010, puesto que el artículo 16528
de la Ley 685 de 2001 únicamente es aplicable a las peticiones de legalización
presentadas entre el 1º de enero de 2002 y el 1º de enero de 2005; en ese orden,
este fundamento de reproche no está llamado a prosperar.
4.3 Tercer cargo: las normas de la Ley 1955 de 2019 no son aplicables para
decidir la petición de legalización de minería tradicional por el hecho de
no surtir el trámite de la consulta previa
1) Desde otro ángulo de argumentación, la parte actora estima que los artículos 23,
24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no eran aplicables para decidir la petición de
legalización de minería tradicional con radicación número OE9-14532, porque, de
conformidad con lo establecido en los artículos 330 constitucional y 6 del Convenio
no. 169 de la OIT, “las disposiciones que se refieran a la explotación de recursos
naturales no renovables, en las zonas que se asientan las comunidades
28 “ARTÍCULO 165. LEGALIZACIÓN. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres
(3) años contados a partir del primero (1o) de enero de 2002, que la mina o minas
correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de
fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar (…)” (se resalta).
29
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diferenciadas, son susceptibles de Consulta Previa”, pero, las referidas normas no
surtieron dicho trámite.
2) Al respecto, la Sala denota que este cargo de nulidad no resulta atendible dado
que i) el control abstracto de constitucionalidad de los artículos 23, 24, 325 y 329 de
la Ley 1955 de 2019 corresponde exclusivamente a Corte Constitucional en los
precisos términos del artículo 241 de la Constitución Política y, ii) para este caso
concreto la parte actora no justificó las razones por las cuales es jurídicamente
viable inaplicar las referidas medidas legislativas por el hecho de que
supuestamente no surtieron el trámite de la consulta previa, es decir, no expuso los
motivos por los cuales aquellas tienen vocación de afectar directamente los
intereses de grupos étnicos diferenciados29 ni tampoco aportó prueba de su trámite
legislativo, por manera que, tampoco es posible constatar si dichas normas fueron
sometidas al trámite de consulta previa.
4.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones
504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes,
ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución Política
1) En cuanto a este otro motivo de reproche de legalidad, en concepto de la actora
los actos administrativos acusados no podían fundarse en las Resoluciones 504 de
2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM, por cuanto estas “son improcedentes,
ilegales y violatorias del artículo 29 de la Carta Política” porque “no pueden hacer
las veces de decretos reglamentarios” de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955
de 2018, en atención a lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política.
2) Sobre el particular, la Sala advierte que este argumento de censura no tiene
vocación de prosperidad debido a que su contenido y alcance se circunscribe a
debatir directamente la legalidad de las Resoluciones números 504 de 2018 y 505
de 2019 proferidas por la ANM, actos administrativos de carácter general cuya
29 La Corte Constitucional ha entendido que ello ocurre cuando las medidas legislativas alteran el
estatus de la persona o de la comunidad por el hecho de imponer restricciones o conceder beneficios,
con la indicación de que las medidas legislativas de carácter general que afecten de forma
igualmente uniforme a todos los ciudadanos no están sujetas al deber de consulta, excepto cuando
esa normatividad general tenga previsiones expresas que sí interfieran con esos intereses. Al
respecto ver: i) Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-030 de 23 de enero de 2008, MP
Rodrigo Escobar Gil; ii) Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-461 de 14 de mayo de 2008,
MP Manuel José Cepeda Espinoza; iii) Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-145 de 2009,
MP Luis Ernesto Vargas Silva y, iv) Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-493 de 26 de
noviembre de 2020, MP Diana Fajardo Rivera.
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nulidad no se pretende en este proceso judicial, aunado al hecho de que no se
advierte en forma palmaria la contradicción de estas disposiciones con el artículo
360 de la Constitución Política de manera tal que deban inaplicarse por
inconstitucionales, pues, no tienen vocación de fijar las condiciones para la
explotación de algún recurso natural no renovable; huelga decir, no crean requisitos,
formalidades, ni pruebas para el trámite de las solicitudes mineras, únicamente
establecen distintas reglas técnicas para la implementación del sistema de
cuadrícula minera previamente adoptado en los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015
y 24 de la Ley 1955 de 2019 por razón de las facultades especiales conferidas a la
ANM para tal efecto en estas últimas normas.
Conclusión
En tales condiciones, por no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
ampara los actos administrativos demandados se impone denegar las pretensiones
de la demanda.
Condena en costas
1) La Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal y
modificó el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno
objetivo, el cual se aplica con independencia de la conducta procesal de los
litigantes. El nuevo precepto prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
2) De la norma objeto de análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: i)
retornó a un criterio objetivo que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de
las partes o sujetos procesales; ii) estableció una regla general según la cual en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste,
del comportamiento de las partes y, iii) la excepción a la regla general de la condena
en costas, se encuentra prevista para aquellos procesos en los cuales se “ventile
un interés público”, de manera que se debe precisar qué se debe entender por
“interés público” para efectos de la condena en costas.
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3) Sobre este punto la Sala reitera lo ya expuesto en ocasión anterior 30 que la
expresión “interés público” necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas,
contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al
principio de interpretación del efecto útil de las normas31.
En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas,
tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir
controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez
procuran la satisfacción del interés general; sin embargo, este entendimiento amplio
o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta
perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues, no procedería la condena
en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.
De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es
equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v gr nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).
En esa perspectiva, en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen
intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares
(v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales;
reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte
vencida, sin importar si es demandante o demandada.
4) Por lo anterior, en los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1)
del CGP, la parte demandante debe asumir las costas porque se negaron las
súplicas de la demanda, las cuales se liquidarán en forma concentrada por la
Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación según dispone el artículo 366
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. no.
2019-00011-00 (63.217), CP Fredy Ibarra Martínez.
31 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última
todo efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura
y simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad
condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más
acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los
principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia
jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo,
una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional,
sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
32
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Sentencia de única instancia
del Código General del Proceso. Las costas incluyen las agencias en derecho que
serán fijadas en proveído posterior a esta decisión judicial.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Deníeganse las pretensiones de la demanda.
2º) Condénase en costas a la parte actora, tásense.
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría archívese el expediente
previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Con aclaración de voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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