RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2022-00040-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00040-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00040-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de marzo de 2020, dentro del proceso de reparación directa 24 Al respecto, consultar las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 8 de mayo de 2025, Rad 70869; de 17 de julio de 2025, Rad 71455, y de 4 de septiembre de 2025, Rad 72081. 25 La Nación-Fiscalía General de la Nación otorgó poder y se opuso al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (índices Samai 8, 12 y 19). 9 Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037) Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otro Asunto: Recurso extraordinario de unificación 76111-33-33-002-2013-00081-01, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte demandada las costas del proceso y FÍJASE la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho TERCERO: Ejecutoriada esta decisión y cumplido lo acá dispuesto, archívese el expediente dejando las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00040-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Proceso: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA-Competencia del Consejo de
Estado y determinación de la cuantía. RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA-Oportunidad para interponerse. RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA-Procede solo frente a sentencias de unificación. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN-
Definición legal, art. 28 CC. UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA-Improcedente frente a sentencias que no
sean de unificación según los artículos 270 y 271 CPACA. COSTAS EN CPACA-Proceden si se demuestra su
causación.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver en única instancia el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia interpuesto por Yason Estiven González Acevedo y
otros, contra la sentencia del 6 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se presentó demanda por los daños causados por la privación de la libertad de
Yason Estiven González Acevedo ocurrida entre el 10 de septiembre de 2007 y el
23 de febrero de 2011. El 6 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca revocó el fallo del 27 de marzo de 2015, proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Buga y, en su lugar, negó las pretensiones. El
demandante interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al
considerar que la decisión de segunda instancia contravenía una sentencia de
unificación del Consejo de Estado.

II. ANTECEDENTES

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

Del proceso de reparación directa 2013-00081 en desarrollo del cual se dictó
la sentencia objeto del recurso extraordinario.

El 18 de febrero de 2013, Yason Estiven González Acevedo y otros, a través de
apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. Solicitaron que se declarara la
responsabilidad por la privación injusta de la libertad de Yason Estiven González
Acevedo. Los demandantes afirmaron que la absolución se fundamentó en que no
existía un conocimiento más allá de toda duda razonable de la responsabilidad
penal del procesado1.

Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Segundo Administrativo
de Buga, en la sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las
pretensiones en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad. El juez
consideró que la privación de la libertad era injusta, dado que el sindicado fue
absuelto porque no cometió los delitos investigados.

El 6 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en la
sentencia de segunda instancia, revocó el fallo y, en su lugar, negó las
pretensiones, al considerar que se configuró la culpa exclusiva de la víctima por
haber actuado con culpa grave.

A ese respecto, precisó que, aun cuando la absolución se fundamentó en una duda
probatoria (en tanto el único testimonio de cargo no era contundente y las víctimas
no ratificaron sus declaraciones en juicio oral), el demandante, con su conducta
gravemente culposa (desde una perspectiva civil), dio lugar a su captura en
flagrancia y al posterior proceso penal.

Por otro lado, además de la eximente declarada, el Tribunal hizo un estudio de
legalidad de la medida de aseguramiento, en los términos de la Ley 270 de 1996 y
conforme con la interpretación que de ella dio la Corte Constitucional en la sentencia
C - 037 de 1996. Consideró que la medida de aseguramiento fue proporcional en
razón a la gravedad de los delitos investigados (secuestro extorsivo agravado y
porte de armas), tuvo un fin legítimo y contó con una motivación normativa y
probatoria suficiente2.

1 F. 39-76, páginas 51-88, archivo “34_11001” expediente digital, Samai, índice 14.
2 Páginas 7-40, archivo “23_11001” expediente digital, Samai, índice 14.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

El 4 de noviembre de 2020, el demandante interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia contra la sentencia de 6 de marzo de 2020
(notificada el 28 de octubre de 2020). El recurso fue concedido el 12 de noviembre
de 2021 y admitido el 17 de junio de 20223.

Esgrimió la decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca desconoció la
sentencia de Sala Plena de Sección Tercera n°. 23354 de 17 de octubre de 2013,
que previó un régimen de responsabilidad objetivo en las privaciones injustas de la
libertad con absolución por in dubio pro reo. Adujo que el Tribunal debió aplicar el
criterio contenido en esa decisión, pues el fallo de unificación del 15 de agosto de
2018, Rad. 46.947 quedó sin efectos por una decisión de tutela4.

La Fiscalía General de la Nación, al oponerse al recurso, afirmó que el recurrente
está en desacuerdo con la decisión de instancia. Indicó que el fallo recurrido no solo
se fundamentó en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, Rad. 46.947
(y la regla por ella creada), sino en otras decisiones del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional (que aplicaban al caso concreto para la fecha en que fue
proferida la decisión)5.

El Ministerio Público conceptuó desfavorable al recurso. Indicó que la sentencia de
unificación –que se alega contrariada– era inaplicable, pues la Sección Tercera
cambió de postura en 2018 (al margen de las decisiones de tutela posteriores que
la dejaron sin efecto). Por otro lado, agregó que la carga argumentativa del recurso
era insuficiente para sustentar que la decisión del Tribunal contrarió un fallo de
unificación6.

II. CONSIDERACIONES

Régimen procesal

1. Conforme al artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 –que se refirió al artículo 40 de
la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP– las reformas procesales
introducidas por esa Ley prevalecen frente las anteriores. Sin embargo, en esa
misma norma se dispuso que los recursos interpuestos se regirán por las leyes

3 Expediente digital, Samai, índice 14.
4 Páginas 1-9, archivo “24_11001” expediente digital, Samai, índice 14.
5 expediente digital, Samai, índice 12.
6 expediente digital, Samai, índice 11.

3

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

vigentes al momento de su interposición7. En atención a que se trata de un recurso
extraordinario de unificación interpuesto el 4 de noviembre de 2020, le resultan
aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 256 a 268 de la Ley 1437
de 2011, sin la mencionada reforma, puesto que esta entró en vigor el 25 de enero
de 20218.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 104 CPACA, la jurisdicción administrativa,
como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias y litigios en los que
estén involucradas entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, que gira
en torno a un asunto de responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad, en razón de su especialidad y conforme a los artículos 259
CPACA9 y 14.1 del Acuerdo 80 de 201910, proferido por la Sala Plena de esta
Corporación.

Procedencia del recurso extraordinario

3. Según el artículo 257 del CPACA, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra los fallos dictados por los tribunales administrativos
en única o en segunda instancia. Si se trata de sentencias de contenido patrimonial
o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su
defecto, las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda 450 SMLMV para los
procesos de reparación directa, contractuales y de repetición.

7 Conviene precisar que, aunque el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 se refirió a los “recursos interpuestos”,

sin que se especificara o distinguiera si se trataba de recursos ordinarios –reposición, apelación, queja y
súplica– o extraordinarios –de revisión y unificación de jurisprudencia–, en desarrollo del principio general de
interpretación jurídica, según el cual “donde la norma no distingue no le corresponde distinguir al intérprete”, se
debe entender que dicha determinación se aplica en ambos casos, es decir, a los recursos ordinarios y
extraordinarios.
8 Esta ley entró en vigencia el 25 de enero de 2021, salvo algunas disposiciones particulares, referidas en el

artículo 86.
9 Artículo 259. Competencia. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo

conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, la
respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación.
10 ARTÍCULO 14.- Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada una de las Secciones

de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá́ competencia
para: 1. Tramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

4

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue proferida
en segunda instancia en un proceso de reparación directa y en esta se revocó el
fallo dictado en primera y se negaron las súplicas de la demanda. Dado que la
sumatoria11 de las pretensiones arroja 2400 SMLMV, el recurso extraordinario es
procedente.

Oportunidad del recurso

4. De conformidad con el artículo 261 del CPACA, el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia debía interponerse dentro de los cinco días siguientes
a la ejecutoria de la sentencia proferida por el tribunal administrativo y sustentarse
durante el traslado de veinte días.

Como la sentencia del 6 de marzo de 2020 se notificó el 30 de octubre siguiente12,
el término para interponer el recurso extraordinario vencía el 12 de noviembre de
2020. El recurso se interpuso y se sustentó el 4 de noviembre de 202013, es decir,
dentro del término legal.

Legitimación

5. Cualquiera de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado
agraviados por la providencia se encuentran legitimados para interponer el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Sin embargo, no está legitimado
para interponerlo quien no hubiere apelado la sentencia de primera instancia o
adherido a la apelación de la parte contraria, cuando el fallo de segunda instancia
sea exclusivamente confirmatorio (art. 260 del CPACA).

Yason Estiven González Acevedo y los demás recurrentes están legitimados para
interponer el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque
conforman la parte demandante. Además, el fallo recurrido revocó la decisión de
primera instancia, que les había sido favorable.

Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

11 Consejo de Estado, auto de 22 de agosto de 2024, Rad. 66407. El ponente no comparte la interpretación
según la cual para determinar la cuantía es procedente la sumatoria de las pretensiones, como lo expresó en la
aclaración de voto al auto referido, no obstante, lo aplica por ser el criterio mayoritario del Pleno de la Sección
Tercera.
12 f. 359 c. ppal.
13 f. 368 c. ppal.

5

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

6. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-Ley 1437 de 2011- fue innovador al regular instituciones que propugnan por la
aplicación directa de la jurisprudencia de unificación a situaciones y supuestos
regidos, precisamente, por el criterio unificado. Estas figuras obligan, no solo a
quienes administran justicia, sino a las autoridades administrativas en los asuntos
de su competencia14.

Uno de estos mecanismos es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia que, según el artículo 256 del CPACA, tiene como fin asegurar la
unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los
derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la
providencia recurrida, y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a
tales sujetos procesales.

El artículo 258 prevé, como causal única de procedencia, que el fallo impugnado
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. De
manera que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe
contener la indicación precisa de la decisión de unificación jurisprudencial que se
estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento (art. 262.4 del
CPACA).

Son sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el
Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o
por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. También lo son aquellas
proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo
eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado
por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 (art. 270 del CPACA15).

Es importante precisar que las sentencias de unificación solo vinculan en los
aspectos unificados y en los precisos términos de la respectiva unificación. Ello
impide extender esos efectos a otros temas que, aunque hayan sido tratados o
desarrollados en la providencia, no fueron objeto de unificación de jurisprudencia16.

Caso concreto

14 Esto en materia de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado (artículos 269 y ss).
15 Declarado exequible, Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2012 [fundamento jurídico 5.3.1].
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2023, Rad. 64.849 [fundamento jurídico

12].

6

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

7. El recurrente alegó que el fallo del 6 de marzo de 2020, proferido por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, se opone a la sentencia del 17 de octubre de
2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera. Agregó que,
como la decisión de unificación del 15 de agosto de 2018 -Rad. 46.947-, quedó sin
efectos por una decisión de tutela, estaba «vigente» el criterio objetivo de
responsabilidad contenido en la decisión de unificación del 17 de octubre de 2013,
Rad. 23.354.

En la sentencia alegada por el recurrente, la Sección Tercera unificó jurisprudencia
en relación con el régimen de responsabilidad en eventos de privación injusta de la
libertad cuando la preclusión o absolución se producía en aplicación del principio in
dubio pro reo17. Al respecto, en esa oportunidad, se concluyó que esos casos debían
ser decididos con fundamento en el régimen objetivo de responsabilidad en
aplicación del título de imputación de daño especial:

Se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada
de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la
causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad
─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la
Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los
correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales
condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio
privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se
concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto,
dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas,
esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone
el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces
aludido artículo 90 constitucional18.

8. Posteriormente, en sentencia de unificación del 15 de agosto de 201819, la
Sección Tercera modificó el anterior criterio en los eventos de responsabilidad por
privación de la libertad de una persona cuyo proceso concluía con preclusión o con
un fallo absolutorio. Allí se establecieron los criterios que el juez debía verificar en
el estudio del daño y la imputación, sobre todo en el análisis del carácter injusto de
la privación. Se extrae lo pertinente:

“(…) cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la
medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se
encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la
conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del
encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico

2.3.2].
18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de agosto de

2018, Rad 46.947.

7

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90
de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño”.

En esa decisión se precisó, además, que el juez contencioso administrativo debía
verificar la conducta del demandante desde una óptica civil20, en lo referente a la
culpa de la víctima. En otras palabras, se le permitió al juez examinar si la persona
privada de la libertad actuó con negligencia, imprudencia o impericia y si ese
comportamiento, precisamente, dio lugar al proceso penal y a la consecuente
imposición de la medida de aseguramiento.

Por ende, resultaba admisible que, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de
199621, una conducta imprudente o irregular del procesado penal –conforme al
artículo 63 del Código Civil– pudiera romper el nexo causal con fundamento en la
culpa exclusiva de la víctima.

9. Ahora bien, esta providencia fue dejada sin efectos por un fallo (dentro de un
trámite de acción de tutela), proferido el 15 de noviembre de 2019 por esta misma
Corporación22, la cual ordenó dictar una sentencia de reemplazo bajo determinados
lineamientos fijados en esa decisión.

10. En estricto acatamiento de la orden de tutela, la Sección Tercera del Consejo
de Estado emitió el fallo de reemplazo el 6 de agosto de 202023, en el que no se
adoptó un criterio unificado y se hizo referencia a la jurisprudencia aplicable en la
materia, en especial a la desarrollada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
037 de 1996, en la cual se precisó que, en los eventos de privación injusta de la
libertad, es necesario analizar la actuación que condujo a la imposición de la medida

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 15 de

agosto de 2018 rad. 46947 [Fundamento de derecho 53]. «(…) En consecuencia, si el privado de la libertad
actuó de manera irregular y negligente y con ello dio lugar al inicio de una investigación penal y a la privación
de su libertad, aunque se demuestre que en el curso del proceso penal que su conducta no fue suficiente para
proferir en su contra sentencia condenatoria, esa misma actuación, en sede de responsabilidad civil y
administrativa, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad
a la entidad demandada, con sujeción a lo prescito por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del
Código Civil. (…)
Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona
puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa
grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil , la conducta de quien fue
privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la
apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva
cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.(…)»
21 ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva

de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En
estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2019, Rad 2019-00169-01.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de agosto de

2020, Rad 46947.

8

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

restrictiva de ese derecho fundamental, en tanto no es procedente reconocer de
manera automática la indemnización de perjuicios en tales supuestos. En ese
estado de cosas, es claro, entonces, que el fallo de reemplazo del 6 de agosto de
2020 no retomó el criterio contenido en la referida decisión del 17 de octubre de
2013.

11. La sentencia de 17 de octubre de 2013 no era la posición vigente al momento
de dictarse la decisión del tribunal de segunda instancia -6 de marzo de 2020- ni es
el criterio actual de la Sala en materia del régimen de responsabilidad aplicable a
esos casos. Sobre el particular, el Pleno de esta Sección, en eventos similares al
que aquí se resuelve, ha sostenido que ese criterio no está vigente ni fue retomado
por los fallos posteriores atrás referidos y, que, por ende, no resulta aplicable a las
decisiones dictadas por los tribunales con posterioridad a que fuera replanteado su
criterio, lo que trae de suyo que el recurso extraordinario de unificación se declare
infundado24.

Costas

12. El artículo 267 CPACA establece que, si el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia es desestimado, se condenará en costas al recurrente. De
conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº. 10554 de
2016 del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en derecho se tasarán en
1 SMLMV a favor de la parte demandada, en atención a la naturaleza del proceso y
a la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado25.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 6 de marzo de 2020, dentro del proceso de reparación directa

24 Al respecto, consultar las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 8 de mayo de 2025,

Rad 70869; de 17 de julio de 2025, Rad 71455, y de 4 de septiembre de 2025, Rad 72081.
25 La Nación-Fiscalía General de la Nación otorgó poder y se opuso al recurso extraordinario de unificación de

jurisprudencia (índices Samai 8, 12 y 19).

9

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00040-00 (68037)
Demandante: Yason Estiven González Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Recurso extraordinario de unificación

76111-33-33-002-2013-00081-01, por las razones consignadas en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte
demandada las costas del proceso y FÍJASE la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión y cumplido lo acá dispuesto, archívese el
expediente dejando las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
PRESIDENTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VITORIA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Ausente con permiso

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Ausente con permiso

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.