Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00043-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00043-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00043-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00043-00(68082)
Convocante: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Convocado: Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN / errores in procedendo /
inexistencia de pacto arbitral / falta de jurisdicción o competencia / disposiciones
contradictorias / fallo incongruente, extra y ultra petita / causales 1, 2, 8 y 9 del art.
41 de la Ley 1563 de 2012 / principio de tipicidad / sustentación y cargas de
suficiencia / causales excluyentes.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de anulación presentado por el
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), contra el laudo
arbitral del 25 de noviembre de 2021, proferido por el Tribunal de Arbitramento, que
sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La concesionaria Panamericana S.A.S. y el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca –ICCU- convocaron e instalaron un tribunal de
arbitramento para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato de
concesión OJ-121 de 1997 y su adicional 28 de 2009, los que celebraron para la
construcción y mantenimiento del eje vial denominado “Centro Occidente de
Cundinamarca”. La convocante solicitó y reclamó la definición del alcance de las
obras de mantenimiento pactadas bajo el adicional y desde cuándo esas
obligaciones se hacían exigibles para la concesionaria. A su vez, la demandante en
reconvención pidió que se decretara el incumplimiento de las obligaciones de
mantenimiento y el consecuente pago de los beneficios económicos que obtuvo la
concesionaria con las obras no ejecutadas.
El laudo arbitral declaró que las obligaciones de construcción y mantenimiento se
limitaban a los sectores intervenidos por Panamericana S.A.S. y eran exigibles
desde la finalización de cada obra en el sector intervenido. En consecuencia,
denegó las pretensiones de la demanda de reconvención.
1 El análisis se abordará de acuerdo a la naturaleza excepcional y restrictiva de la anulación del laudo arbitral.
En esta línea, la definición de los asuntos relacionados con el fondo de la controversia, así como aquellos que
revelen inconformidades con la aplicación de la ley sustancial al conflicto, no serán objeto de consideración bajo
esta sentencia sin perjuicio de la cita obligada de cara a las particularidades inherentes a la causal invocada y
a los efectos que la ley le ha atribuido en caso de prosperar.
Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
II. ANTECEDENTES
La demanda arbitral
1. El 15 de noviembre de 20182, la Concesionaria Panamericana S.A.S. presentó
convocatoria arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, en contra del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca –ICCU-, con fundamento en la cláusula compromisoria3 pactada en
el Contrato de Concesión OJ-121 de 16 de diciembre de 1997, para que se hicieran
las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe conforme obra):
“1. Pretensiones declarativas:
1.1. Que se declare que el alcance de las obligaciones de mantenimiento
respecto de las obras sobre los corredores de competitividad, incluidas en el
Adicional 28, a saber: “San Vicente — Chaguaní — Guaduas; “San Juan de
Rioseco — Puli — Paquiló; “Sasaima — La Vega” y; “Los Alpes - Quipile
(Tabacal - La Sierra)”, se limitan específicamente a los sectores intervenidos
por Panamericana.
1.2. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4 del Adicional No.
28, se declare que las obligaciones de mantenimiento sobre los corredores de
competitividad, incluidas en el Adicional 28, a saber: “San Vicente — Chaguani
• Guaduas; “San Juan de Rioseco — Pulí — Paquiló; “Sasaima — La Vega” y;
“Los Alpes - Quipile (Tabacal – La Sierra)”, se hacen exigibles solamente a partir
de la finalización de cada obra respectiva y exclusivamente para el sector
intervenido.
1.3. Que se declare que el ICCU ha actuado en contra del principio de la buena
fe y actos propios al pretender imponer a PANAMERICANA obligaciones de
mantenimiento rutinario en la totalidad de la longitud de los corredores de
competitividad, sin consideración a que hayan sido intervenidos o no por la
Concesionaria.
2. Pretensiones de condena:
2.1. Que se condene al ICCU a pagar las costas y agencias en derecho a
PANAMERICANA.”
2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, adujo que con motivo de la ejecución
del contrato de concesión suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca4 y la
Concesionaria Panamericana S.A.S. surgió un conflicto en relación con las
actividades de mantenimiento que estaba obligada a desarrollar a la luz del contrato,
su adicional y documentos modificatorios. Indicó que el ICCU exigía a
Panamericana S.A.S. la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario sobre
la totalidad de la longitud de los corredores de competitividad identificados en el
adicional 28 y en sus documentos modificatorios, lo cual, a su juicio, desconocía el
2 Folios 1 a 21 del cuaderno principal 1, obrante en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
3 "CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que se susciten
entre las partes con motivo u ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, distintas
a las de carácter eminentemente técnico, serán sometidas a un tribunal de arbitramento conformado por tres
árbitros, todos colombianos, dos de los cuales serán designados de común acuerdo por las partes y el tercero
por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. Tratándose de asuntos de menor o mínima cuantía el árbitro
(sic) será uno y lo designará la Cámara de Comercio. Fallarán en derecho en el término de seis (6) meses,
prorrogables por un lapso igual, su domicilio será Santafé de Bogotá D.C. y funcionará en el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Folio 16 del cuaderno de pruebas 1, obrante en
el índice 2 del aplicativo SAMAI.
4 Ahora el ICCU, debido a la cesión de la posición contractual, artículo 30 del Decreto Ordenanza 261 de 2008.
2
Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
alcance de las actividades de mantenimiento, en relación con la entrada en
operación de cada obra terminada.
3. En su contestación5, la convocada se opuso a las pretensiones y planteó las
excepciones que denominó como i) “Excepción de contrato no cumplido.
Concesionaria Panamericana S.A.S. sí tiene la obligación de hacer el
mantenimiento de ‘todas’ las calzadas existentes, incluidas aquellas
correspondientes al Adicional No. 28”; ii) “Las partes del contrato OJ-121 de 1997 y
el Adicional 28 sí pactaron multas, las cuales están establecidas en la cláusula
trigésima quinta el contrato principal”; iii) “La tasación de la multa se ha hecho de
conformidad con lo pactado en el Contrato OJ-121 de 1997”; iv) “Excepción
genérica”. A su vez, formuló demanda de reconvención6 en la que, básicamente,
solicitó que se declarara que Panamericana S.A.S. incumplió la obligación de
mantenimiento rutinario de todas las calzadas existentes desde el inicio de la etapa
de diseño y programación, la cual estaba contenida en el Manual de Operación y
Mantenimiento del contrato OJ-121 de 19977.
Trámite del proceso arbitral
4. En audiencia llevada a cabo el 24 de junio de 20208, el Tribunal de Arbitramento
se declaró competente para conocer el conflicto a que se refieren las demandas
principal y de reconvención antes referidas.
5. Habiendo asumido competencia, el Tribunal decretó y practicó las pruebas,
actuaciones que se adelantaron en sesiones de 28 de julio y 15 de septiembre de
2020; 10 de febrero, 1, 3, 8, 24 de marzo, 12 de abril y 5 de mayo de 2021, según
dan cuenta las actas y grabaciones magnetofónicas de cada una de las audiencias9.
5 Folios 171-208 del cuaderno principal 1, obrante en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
6 Folios 210-253 del cuaderno principal 1, obrante en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
7 De manera textual se transcriben algunas de las pretensiones que se plantearon en la demanda de
reconvención: “PRIMERA: DECRETE que el Manual de Operación y Mantenimiento del Contrato de Concesión
OJ-121 de 1997 es aplicable para todas las calzadas existentes, incluyendo las obras complementarias
pactadas mediante el Contrato Adicional 28, y en consecuencia, la cláusula (de multas) del contrato OJ-121 de
1997 es aplicable para el referido Adicional No. 28.
SEGUNDA: DECLARE que Concesionaria de Panamericana S.A.S. incumplió la obligación contenida en los
literales B y F del numeral 6.3.6 “Mantenimiento vial” contenida en el Manual de Operación y Mantenimiento del
Contrato OJ-121 de 1997, corresponde al mantenimiento rutinario de todas las calzadas existentes desde el
inicio de la Etapa de Diseño y Programación, como quiera que mediante el Contrato Adicional No. 28 no se
derogó la referida obligación de mantenimiento vial.
TERCERA: En consecuencia, se IMPONGA Y LIQUIDE a la fecha de emisión del laudo por parte del Tribunal
Arbitral la multa que en derecho corresponda a cargo de Concesionaria Panamericana S.A.S. en favor del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, de conformidad con lo prescrito en a) La cláusula
trigésimo quinta el contrato de concesión OJ-121 de 1997; y b) en concordancia con el informe financiero del
contrato adicional No. 28 que contemplaba los recursos financieros con destino a las obras de mantenimiento
rutinario y periódico.
CUARTA: Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de inversión en obras de mantenimiento
rutinario a cargo de Concesionaria Panamericana S.A.S. se causó un beneficio económico en su favor sin justa
causa, por lo cual se debe CONDENAR al pago de la suma de $13.371’997.850 o lo que aparezca probado en
el proceso en favor del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, debido al desplazamiento
en el tiempo de las inversiones en obras de mantenimiento rutinario, resultado de no ejecutar debidamente el
OPEX entre los años 2011 a 2019 (…)”.
8 Folios 286-301 del cuaderno principal 2, obrante en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
9 Folios 320-342 del cuaderno principal 1. Cuadernos de pruebas 1 a 7.
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
6. En sesión del 2 de julio de 202110, las partes alegaron de conclusión. La
convocante se refirió a que las obligaciones de mantenimiento solo se limitaban a
los sectores intervenidos por Panamericana S.A.S. y que se hacían exigibles desde
la finalización de la obra en ese sector específico.
a. La convocada, además de reiterar los argumentos de su defensa y solicitar la
declaratoria favorable de las pretensiones de reconvención, solicitó al Tribunal que
declarara de oficio la nulidad absoluta del contrato adicional 28 de 2009, en tanto
que éste había vulnerado el principio de planeación, sin perjuicio de que, si fuera el
caso, concluyera que la obligación de mantenimiento de las obras del adicional eran
exigibles sobre todo el corredor vial, dado que así se había pactado y era evidente
que debía garantizarse el tránsito vehicular11.
b. A su turno, el Ministerio Público12 conceptuó que debía declararse que la
obligación de mantenimiento periódico y rutinario le correspondía a la
concesionaria.
7. El 25 de noviembre de 2021 se profirió laudo, el cual no fue objeto de solicitud de
correcciones, aclaraciones o complementaciones. Contra esta decisión, la
convocada –ICCU- presentó recurso extraordinario de anulación, el cual surtió el
trámite13 a que se refiere el artículo 40 de la ley 1563 de 2012.
III. EL LAUDO IMPUGNADO
8. Como se ha indicado, se trata de la decisión14 ya referida de cuya parte resolutiva
–que se compone de 27 determinaciones– se transcriben aquellas vinculadas al
objeto del recurso de anulación, según manifestación que en este sentido hizo la
parte recurrente, así (se reproduce, incluido los errores de numeración):
I. RESPECTO DE LA DEMANDA DE CONCESIONARIA PANAMERICANA
S.A.S. vs INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA ICCU
PRIMERO: DESESTIMAR las siguientes excepciones propuestas por el
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA –ICCU-: ‘I. Excepción de contrato no cumplido.
Concesionaria Panamericana S.A.S. sí tiene la obligación de hacer el
mantenimiento de ‘todas’ las calzadas existentes, incluidas aquellas
correspondientes al Adicional 28’; ‘II. Las partes del contrato OJ-121 de 1997 y
Adicional 28 sí pactaron multas, las cuales están establecidas en la cláusula
trigésima quinta del contrato principal’, ‘III. La tasación de la multa se ha hecho
de conformidad con lo pactado en el Contrato OJ-121 de 1997’ y ‘Genérica, en
los términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.
SEGUNDO: DECLARAR la prosperidad de la pretensión 1.1. y en
consecuencia, DECLARAR que el alcance de las obligaciones de
mantenimiento respecto de las obras sobre los corredores de competitividad,
incluidas en el Adicional 28, a saber: ‘San Vicente-Chaguaní-Guaduas: ‘San
Juan de Rioseco-Pulí-Paquiló; ‘Sasaima-La Vega’ y ‘Los Alpes-Quipile’
10 Archivo 0.4 del cuaderno principal 3, obrante al índice 2 del aplicativo SAMAI.
11 Archivo 0.4 del cuaderno principal 3, obrante al índice 2 del aplicativo SAMAI.
12 Archivo 0.3 del cuaderno principal 3, obrante al índice 2 del aplicativo SAMAI.
13 La secretaría del Tribunal dio traslado del recurso y, en su oportunidad, se pronunciaron el concesionario
Panamericana S.A.S. y el Ministerio Público.
14 Folios 1 a 477 del cuaderno principal 3.
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
(Tabacal-La Sierra)’, se limitan específicamente a los sectores intervenidos por
la sociedad Panamericana S.A.S., en los términos y por las razones indicadas
en la parte motiva de este laudo.
TERCERO: DECLARAR la prosperidad de la pretensión 1.2. y en consecuencia
DECLARAR que de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del
Adicional No 28, las obligaciones de mantenimiento sobre los corredores de la
competitividad, incluidas en el adicional 28, a saber: ‘San Vicente-Chaguaní-
Guaduas: ‘San Juan de Rioseco-Pulí-Paquiló; ‘Sasaima-La Vega’ y ‘Los Alpes-
Quipile’ (Tabacal-La Sierra)’, se hacen exigibles solamente a partir de la
finalización de cada obra respectiva y exclusivamente para el sector intervenido,
en los términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.
CUARTO: NEGAR la pretensión 1.3. de la demanda principal, por las razones
indicadas en la parte motiva de este laudo.
II. RESPECTO DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN REFORMADA Y
SUBSANADA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
DE CUNDINAMARCA ICCU vs CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S.
OCTAVO: DECLARAR probadas las siguientes excepciones propuestas por
CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S., en los términos y por las razones
indicadas en la parte motiva de este laudo. “C. TERCERA. CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO OJ. 121 DEL ADICIONAL 28 NO. 28 POR PARTE DE
PANAMERICANA, Y DE LOS DOCUMENTOS APLICABLES A DICHOS
CONVENIOS frente a los numerales: i) EL REGLAMENTO DEL CONTRATO
OJ-121 NO ES APLICABLE A TODAS LAS CALZADAS EXISTENTES,
ESPECIALMENTE NO ES APLICABLE A AQUELLAS OBRAS
COMPRENDIDAS BAJO EL MARCO DEL ADICIONAL NO. 28; iii) AUSENCIA
DE INCUMPLIMIENTO DE PANAMERICANA RESPECTO DE LOS
LITERALES B Y F DEL NUMERAL 6.3.6. ‘MANTENIMIENTO VIAL’ DEL
REGLAMENTO; v) PANAMERICANA NO TIENE A SU CARGO LA
OBLIGACIÓN DE EJECUTAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE TODAS
LAS CALZADAS EXISTENTES, INCLUYENDO, LOS SITIOS CRÍTICOS O
INESTABLES. AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTO. vi) CUMPLIMIENTO DE
PANAMERICANA DE LA OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO. AUSENCIA DE
BENEFICIOS ECONÓMICOS O ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA; viii)
PANAMERICANA NO HA INCUMPLIDO SU OBLIGACIÓN DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO SOBRE LOS SITIOS CRÍTICOS O
INESTABLES QUE PREVIAMENTE HA INTERVENIDO. AUSENCIA DE
RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL AGRAVAMIENTO DE LOS SITIOS
INESTABLES (…).
DÉCIMO CUARTO: NEGAR la PRETENSIÓN PRIMERA en cuanto dirigida a
que se DECRETE que el Manual de Operación y Mantenimiento del Contrato
de Concesión OJ-121 de 1997, es aplicable para todas las calzadas existentes,
incluyendo las obras complementarias pactadas mediante el contrato adicional
No. 28.
(…)
DÉCIMO SEXTO: DECLARAR la prosperidad parcial de la PRETENSIÓN
SEXTA en cuanto a que ‘las obras de mantenimiento rutinario sobre las
calzadas existentes corresponden a obras para mantener la transitabilidad en
la infraestructura concesionada’, pero con el alcance del término de
transitabilidad en su sentido genérico definido en la parte motiva del laudo, y
sobre el supuesto de que la obligación de mantenimiento de Panamericana
respecto de las obras sobre los corredores de competitividad, incluidas en el
Adicional 28, se limita a los sectores intervenidos por Panamericana, lo anterior
en los términos y por las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
DÉCIMO SÉPTIMO: DECLARAR la prosperidad dela PRETENSIÓN DÉCIMO
SEGUNDA, pero únicamente en el sentido de que la obligación de
mantenimiento no es sobre todas la calzadas existentes, sino sobre aquellas
calzadas priorizadas y en los tramos efectivamente intervenidos por
Panamericana S.A.S., es decir, aquellos donde PANAMERICANA S.A.S. realizó
actividades de parcheo, de acuerdo con los términos y por las razones indicadas
en la parte motiva de este Laudo.
(…)
DÉCIMO NOVENO: DECLARAR la prosperidad de la PRETENSIÓN VIGÉSIMA
SEGUNDA, y por tanto DECLARAR que todas las obras no incluidas dentro del
alcance físico contratado inicialmente son obras complementarias, incluidas
todas aquellas acordadas en documentos distintos de contratos adicionales,
siempre que tales documentos cumplan con los requisitos exigidos por la
cláusula décima novena del contrato OJ-121, de acuerdo con los términos y por
las razones indicadas en la parte motiva de este laudo.
VIGÉSIMO: NEGAR las pretensiones SEGUNDA, TERCERA, CUARTA,
QUINTA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA PRINCIPAL, DÉCIMA SUBSIDIARIA,
DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA
QUINTA, DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA OCTAVA, DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA,
VIGÉSIMA PRIMERA, y VIGÉSIMA TERCERA, en los términos y por las
razones indicadas en la parte motiva de este laudo. (…)”.
9. Frente a lo que interesa en este caso, el laudo arbitral concluyó, en los términos
de la cláusula décima quinta15 del adicional 28 de 2009 y después de realizar una
interpretación de los documentos contractuales, que las reglas sobre el
mantenimiento contenidas en el contrato OJ-121 de 1997 y su reglamento, fueron
sustituidas en relación con las obras contenidas en el adicional, por manera que
éstas últimas se harían solamente sobre los sectores intervenidos y desde el
momento de la terminación de la construcción.
IV. EL RECURSO DE ANULACIÓN
10. La convocada presentó16 recurso extraordinario de anulación con fundamento
en las causales uno, dos, ocho y nueve del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Causal 1: La inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral
11. Como sustento de esta acusación, indica la impugnante que el laudo consideró
que el contrato adicional 28 de 200917 y el contrato de concesión OJ-121 del 16 de
diciembre de 1997, eran “dos contratos autónomos e independientes, relacionados
por la misma causa origen, pero de nuevo autónomos el uno del otro”18, por lo que
15 “Cláusula décima quinta. Disposición general. Déjese sin efecto, todas aquellas disposiciones contenidas en
EL CONTRATO o en las actas suscritas por las partes, que sean contrarias al presente adicional y modificatorio
y a la forma de remuneración pactada. En todo lo demás, continúan vigentes EL CONTRATO y sus
modificaciones” (se destaca).
16 En auto de 30 de junio de 2022, por reunir los requisitos de oportunidad y forma, se admitió el recurso
extraordinario de anulación del laudo arbitral y, además, se suspendió su ejecución. En contra de esta decisión,
la convocante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de súplica, para efectos de que se levantara la
suspensión decretada. A través de auto 27 de septiembre de ese mismo año, se decidió no reponer la decisión
y negar, por improcedente, el recurso interpuesto de forma subsidiaria. Aplicativo SAMAI, índices 4, 10 y 19.
17 Se recuerda que, el 18 de diciembre de 2009, el ICCU y Panamericana suscribieron el Adicional 28, cuyo
objeto fue: "Adicionar las actividades referidas al corredor vial del Contrato de Concesión No. OJ-121-97
Proyecto Los Alpes - Villeta - Chuguacal - Cambao necesarias para el proyecto y modificar las cláusulas
mencionadas en el presente contrato".
18 Para ilustrar la cuestión, entre otros, citó el siguiente aparte: “En los alegatos de conclusión, reitera la
convocante que en las pretensiones Cuarta y Quinta el ICCU está solicitando pretensiones extra contrato, pues
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
no mediaba pacto arbitral en relación con el primero de ellos. Manifestó que si bien
en el contrato de concesión OJ-121 de 1996 se acordó acudir a un tribunal de
arbitramento para resolver los conflictos -cláusula cuadragésima tercera-19 , en el
contrato adicional 28 no se pactó una cláusula compromisoria. Por esta razón, el
Tribunal carecía de competencia, dado que no existía cláusula compromisoria en el
contrato adicional ya referido.
12. Al oponerse al recurso, el Concesionario Panamericana S.A.S. indicó, lo
siguiente:
a. La convocada no cumplió con el requisito de procedibilidad a que se refiere el
artículo 4120 de la Ley 1563 de 2012; esto es, no había interpuesto recurso de
reposición en contra del auto de 24 de junio de 2020, a través del cual el Tribunal
asumió competencia.
b. La cláusula compromisoria del contrato de concesión no fue derogada con la
adopción del contrato adicional, al tiempo que la relación jurídica surgida entre las
partes era una sola.
c. Al suscribir el contrato adicional, las partes ratificaron la vigencia de la cláusula
compromisoria al indicar en la cláusula 15 del contrato adicional que se dejarían sin
efecto aquellas disposiciones que le fueran contrarias, pero todo lo demás
continuaba vigente del contrato inicial y sus modificaciones.
d. Finalmente, mencionó que la posición del ICCU era contradictoria, dado que entre
las partes ya había existido un proceso arbitral con fundamento en la misma relación
jurídica y el mismo pacto arbitral, sin que en ese proceso se hubiere desconocido la
cláusula compromisoria.
13. En su intervención, el Ministerio Público indicó que el adicional 28 de 2009 era
un modificatorio del contrato de concesión OJ-121 de 1997, de ahí que sí estaba
comprendido bajo la cláusula compromisoria.
Causal 2: La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia
14. En relación con este cargo, la convocada manifestó que existía falta de
jurisdicción o de competencia, porque el Tribunal estimó que era competente para
pronunciarse sobre el contrato adicional 28 cuando éste no tenía cláusula
a pesar que el ICCU se refiere a un supuesto ‘incumplimiento de las obligaciones de inversión en obras de
mantenimiento rutinario’ como supuesta fuente de daño, lo que en apariencia diría que el daño que se reclama
surge del contrato OJ-121 y del adicional 28, ello no es así pues tanto en el contrato OJ-121 como en el adicional
28 no hay obligaciones de inversión, sino obligaciones o actividades de mantenimiento que obviamente llevan
aparejados unos costos y unos gastos para su realización, situación que denota que son dos cosas distintas
con efectos disimiles” (pág. 42 del Laudo).
19 "Cláusula cuadragésima tercera. Cláusula Compromisoria. Las diferencias que se susciten entre las partes
con motivo u ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, distintas a las de carácter
eminentemente técnico, serán sometidas a un tribunal de arbitramento conformado por tres árbitros, todos
colombianos, dos de los cuales serán designados de común acuerdo por las partes y el tercero por la Cámara
de Comercio de Santafé de Bogotá. Tratándose de asuntos de menor o mínima cuantía el árbitro (sic) será uno
y lo designará la Cámara de Comercio. Fallarán en derecho en el término de seis (6) meses, prorrogables por
un lapso igual, su domicilio será Santafé de Bogotá D.C. y funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Bogotá”.
20 “Las causales 1, 2 y 3 solo podrán invocarse si el recurrente hizo vales los motivos constitutivos de ellas
mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia”.
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
compromisoria; para esto invocó los mismos argumentos esbozados en la causal
antes aludida, agregando que si se aceptase que la interpretación era que el
contrato adicional 28 consistía en un contrato ligado al contrato de concesión OJ-
121 de 1997, lo cierto era que “el Tribunal no es competente para pronunciarse
sobre interpretaciones parcializadas y sectorizadas de dicho adicional No 28 de
2009”.
15. Al igual que la causal antes abordada, la convocante se opuso, en tanto que el
ICCU no alegó mediante recurso de reposición la supuesta falta de competencia del
Tribunal para avocar conocimiento de la controversia. Igualmente era reprochable
que el ICCU, en el trámite arbitral, nunca señalara la inexistencia de la cláusula
compromisoria y/o que el Tribunal carecía de competencia, por manera que este
actuar era sorpresivo y contrario a sus actos propios.
a. Enfatizó que la causal de anulación carecía de conexidad con el argumento base
para su configuración, dado que el ICCU reiteró el fundamento frente a la
independencia y autonomía del contrato adicional 28 de 2009 respecto del contrato
OJ-121 de 1997, lo cual no tenía relación alguna con la competencia del Tribunal,
sino, en cambio, con la supuesta inexistencia de la cláusula compromisoria. Esta
circunstancia denotaba una falta de técnica en la invocación de la causal.
b. Agregó que el ICCU aludía únicamente a discrepancias frente a las
consideraciones del Tribunal contenidas en el laudo, situación que estaba proscrita
para el recurso extraordinario de anulación, dado que esta Corporación no estaba
investida de las facultades para pronunciarse de fondo en la controversia.
16. Al pronunciarse sobre la causal de anulación indicada, el Ministerio Público
precisó que el cargo no debía prosperar, dado que no podía “inferirse” que el
Tribunal hubiere independizado el contrato adicional 28 de 2009 del OJ-121 de
1997.
Causal 8: Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos
o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que
estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido
alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.
17. Después de citar jurisprudencia del Consejo de Estado21 sobre los supuestos de
esta causal, reiteró que el laudo consideró que el contrato de concesión OJ-121 de
1997 y el adicional 28 de 2009 eran autónomos e independientes, para luego
mencionar que ambos estaban “interrelacionados”, lo cual representaba una
incoherencia22. Así, no podían considerarse “independientes para unas cosas y ser
21 Sobre el particular, citó la sentencia de 16 de septiembre de 2021, exp. 66091, M.P.: María Adriana Marín.
22 Al respecto, enfatizó que era evidente su tesis por el siguiente acápite: “La declaración sobre el pretendido
beneficio de la concesionaria debido al desplazamiento en la inversión tanto de OPEX entre los años 2011 a
2019, como de CAPEX desde el año 2010 hasta el año 2018, lo plantea el ICCU como dependiente de la primera
pretensión, dirigida a que se declare que el Manual de Operación y Mantenimiento del Contrato de Concesión
OJ-121 de 1997, es aplicable a todas las calzadas existentes incluyendo las obras complementarias pactadas
mediante el Contrato Adicional 28, pretensión de la cual a su vez desencadena la de declaratoria de
incumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales B y F del numeral 6.3.6. del referido Manual,
correspondientes al mantenimiento rutinario de todas las calzadas existentes desde el inicio de la etapa de
Diseño y programación, y las consecuentes de que PANAMERICANA debe ser condenada a pagar al ICCU la
suma de $13.371’997.850 por el incumplimiento de las obligaciones de inversión en obras de mantenimiento
rutinario, suma que corresponde al beneficio económico en su favor sin justa causa, debida al desplazamiento
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
dependientes (…) para otras, a conveniencia del Tribunal”, lo que constituía una
interpretación contraria al ordenamiento jurídico y a las reglas de la sana crítica y la
lógica.
a. Lo anterior, daba cuenta de que ambos contratos eran dependientes y, por tanto,
era clara la “incongruencia” en la que incurrió el Tribunal, pues concedió efectos que
no tenía el contrato adicional 28 de 2009 al mencionar, posteriormente, que no
estaban relacionados, por cuanto había “partes del contrato de concesión OJ-121
de 1997 que no aplican al contrato adicional 28”, todo lo cual afectó la parte
resolutiva. En ese orden de ideas, afirmó que la incoherencia era clara cuando en
lo relativo a la propuesta del adicional presentada por Panamericana S.A.S. se le
dio un tratamiento diferente a aquel pactado en el contrato adicional 28. Para
sostener su afirmación citó el siguiente apartado del laudo:
“Estas conclusiones le permiten al Tribunal afirmar, que la Cláusula Vigésima
Sexta del contrato OJ-121-97 no es aplicable al Adicional 28, en relación con el
alcance y extensión de la obligación de mantenimiento rutinario y periódico, en
tanto las partes dispusieron sobre este aspecto término diferentes para ese
adicional, disposición ratificada en el otrosí 4 a ese adicional y en el documento
‘actualización del manual de mantenimiento”23.
b. Finalmente, hizo énfasis en que el Tribunal interpretaba a su conveniencia la
dependencia o no del contrato adicional 28 de 2008 respecto del Contrato de
Concesión OJ-121 de 1997, para no incurrir en la causal primera y segunda de
anulación, pero aquellos “saltos interpretativos” lo llevaron a incurrir en múltiples
inconsistencias contrarias a la ley, por lo que el laudo era contradictorio en sus
razonamientos y, por tanto, en su decisión.
18. El Concesionario Panamericana S.A.S. pidió que se negara la causal abordada,
en tanto que el ICCU no alegó oportunamente ante el Tribunal los supuestos que
consideraba como contradictorios. Así, al omitir presentar los mecanismos
procesales pertinentes, tales como la solicitud de corrección y/o aclaración, cuyas
finalidades precisamente buscaban palear aquella situación, era claro que
manifestó estar de acuerdo con la decisión.
a. Bajo ese contexto, el ICCU tenía que haber puesto de manifiesto aquellas
consideraciones al Tribunal, con el ánimo de agotar el requisito de procedibilidad de
la causal que ahora invocaba (numeral 8° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012).
b. Finalmente, reiteró su tesis según la cual no había conexidad de los argumentos
con la causal invocada, en tanto que el impugnante buscaba un pronunciamiento de
fondo en la controversia bajo una interpretación aislada y fuera de contexto. De
hecho, una lectura concatenada del laudo evidenciaba que no existían
discrepancias, ni contradicciones.
19. El Ministerio Público aclaró que, como el fundamento de la causal era el mismo
en el tiempo de las inversiones en obras de mantenimiento rutinario, resultado de no ejecutar debidamente el
OPEX entre los años 2011 a 2019” (pág.80 del Laudo).
23 Pág. 186 del Laudo.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
que en los cargos atrás relacionados, se limitaba a insistir en que los contratos 28
de 2009 y OJ-121 de 1997 no eran independientes y, por ende, no existía
contradicción en la parte motivada ni resolutiva.
Causal 9: Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de
los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre
cuestiones sujetas al arbitramento
20. Al sustentar esta causal, la impugnante se soportó en dos circunstancias
específicas.
21. En primer lugar indicó que al Tribunal se le solicitó que, en ejercicio de sus
poderes oficiosos, decretara la nulidad del contrato adicional 28 de 2009 por objeto
y causa ilícitos; no obstante, concluyó que había caducado esta posibilidad. Por esta
razón, no se pronunció sobre “cuestiones sujetas al arbitramento”, habida cuenta de
que era deber de los árbitros pronunciarse incluso sin que existiera una solicitud de
parte al respecto.
a. Agregó que la facultad oficiosa de decretar la nulidad del contrato no perecía con
el paso del tiempo y que la jurisprudencia del Consejo de Estado 24 había sido
pacífica y reiterativa en ese sentido, por manera que no era posible que la caducidad
fuera un impedimento para ejercer funciones oficiosas. Igualmente, debía tenerse
en cuenta que el contrato adicional 28 fue celebrado en el año 2009 y, por tanto, no
se había cumplido el término de prescripción del artículo 1742 del Código Civil.
b. En línea con lo anterior, indicó que fue en la práctica de pruebas que se advirtió
una vulneración al principio de planeación, por lo que, en los alegatos de conclusión,
se hizo la solicitud para que se declarara la nulidad absoluta por causa y objeto
ilícito del contrato adicional 28 de 2009.
22. Frente a este cargo, el Concesionario Panamericana S.A.S. señaló su
oposición, en tanto no podía configurarse la causal 9 de anulación, dado que no se
dejó de resolver un asunto sometido al arbitraje.
23. El Ministerio Público manifestó que los argumentos se circunscribían a un asunto
sustancial que no podía ventilarse en el recurso extraordinario de anulación. Agregó
que, en cualquier caso, el Tribunal sí se pronunció sobre la nulidad del contrato; no
obstante, consideró que había acaecido la caducidad de la acción. Por esta razón,
pidió que se declarara infundada esta causal.
24. Bajo esta misma causal, el recurrente acusó al Tribunal de fallar de forma extra
y ultra petita; particularmente refiere a que el panel arbitral le otorgó un alcance
distinto al petitum, lo cual se podía evidenciar así:
24 Citó, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 3 de octubre de 2010, exp. 26140, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Pretensiones Decisión
1.1. Que se declare que el alcance de las Es por ello que, del análisis de las cláusulas
obligaciones de mantenimiento respecto de contractuales y del comportamiento de las
las obras sobre los corredores de partes a lo largo de la ejecución
competitividad, incluidas en el Adicional 28, contractual, el Tribunal concluye que el
a saber: “San Vicente — Chaguaní — mantenimiento rutinario se debe realizar
Guaduas; “San Juan de Rioseco — Puli — solamente sobre los tramos que se
Paquiló; “Sasaima — La Vega” y; “Los hayan intervenido, es decir, sobre
Alpes - Quipile (Tabacal - La Sierra)”, se aquellos tramos donde se haya
limitan específicamente a los sectores terminado formalmente la etapa de
intervenidos por Panamericana. construcción, y en esa medida reafirma el
Tribunal que deben prosperar las
1.2. Que de conformidad con lo establecido pretensiones 1.1 y 1.2. de la demanda
en la Cláusula 4 del Adicional No. 28, se principal presentada por Panamericana
declare que las obligaciones de (negrillas marcadas en el texto).
mantenimiento sobre los corredores de
competitividad, incluidas en el Adicional 28,
a saber: “San Vicente — Chaguani -
Guaduas; “San Juan de Rioseco — Pulí —
Paquiló; “Sasaima — La Vega” y; “Los
Alpes - Quipile (Tabacal – La Sierra)”, se
hacen exigibles solamente a partir de la
finalización de cada obra respectiva y
exclusivamente para el sector
intervenido (negrillas marcadas en el
texto).
a. Según la recurrente, Panamericana S.A.S. limitó el alcance de su pretensión
únicamente a la declaratoria de que el mantenimiento debía realizarse solamente
sobre los sectores intervenidos, pero el Tribunal extendió dicha posición a los
tramos que se hubieran terminado formalmente en la etapa de construcción,
circunstancia que obedecía a una decisión extra y ultra petita. En particular, porque:
“una cosa es que el contratista solamente intervenga la obra en sus múltiples formas
y otra muy distinta –como lo señala el Tribunal- que se termine formalmente la etapa
de construcción”.
b. Así, indicó que se abre paso esta causal de anulación, en tanto la etapa de
construcción estaba definida en varios documentos contractuales, en particular,
como se adoptó en la cláusula cuarta25 del contrato adicional 28 de 2009. De esta
forma, la mencionada etapa consistía en todas aquellas actividades dirigidas a
completar la obra, lo cual incluía el conjunto de intervenciones que se realizaban
sobre los tramos, pero sobre los que el concesionario hizo alguna intervención y no
como lo plasmó el Tribunal al incluir el vocablo “es decir” e incluir que la frase “sobre
aquellos tramos donde se haya terminado formalmente la etapa de construcción”.
c. Bajo las anteriores consideraciones -dice el recurrente-, el laudo amplió el alcance
de la pretensión, en cuanto a que “la finalización de la etapa de construcción dista
mucho de una simple intervención”.
25. Para el Concesionario Panamericana S.A.S, esta causal no está llamada a
25 “Etapa de construcción. En la cual el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades correspondientes
a la construcción de las obras objeto de esta adición. Las actividades correspondientes a esta etapa deberán
ser ejecutadas por el Concesionario, según lo establece la modelación financiera (anexo no. 2), en un plazo
máximo de cuarenta y ocho meses (48), contados a partir del acta de inicio, una vez se culmine la etapa de
preconstrucción”.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
prosperar, puesto que el laudo, tanto en su parte motiva como en la resolutiva, se
circunscribió a la causa petendi. En particular, debía destacarse que las
pretensiones 1.1. y 1.2. tenían objetos distintos.
a. Igualmente, en criterio de la convocante, el laudo no trastocó los ejes
estructurales que la jurisprudencia26 ha decantado para el estudio de la congruencia
de manera formal y sustancial, esto es, lo pedido en la demanda arbitral por
Panamericana S.A.S., lo excepcionado por el ICCU y lo resuelto por el Tribunal.
26. A su turno, el representante del Ministerio Público mencionó que la obligación
de mantenimiento decretada por el Tribunal se hizo con base en los textos
contractuales, de ahí que no existía la incongruencia alegada y, por tanto, la causal
no debía prosperar.
V. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES INVOCADAS
Las causales 1, 2 y 8 de anulación
27. Como punto de partida, la Sala aprecia que el supuesto fáctico en que el
recurrente soporta los cargos de anulación del laudo, bajo las causales 1, 2 y 8 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es uno solo, soportado en la independencia de
los contratos de concesión OJ-121 de 1997 y el adicional 28 de 2009, según
consideraciones vertidas en el propio laudo.
28. A partir de esta circunstancia, el recurrente infiere que la cláusula compromisoria
contenida en la cláusula cuadragésima tercera27 del contrato de concesión no
estaba llamada a gobernar los conflictos surgidos en el marco del contrato
adicional, por lo que el tribunal al haber provisto sobre ellos obró sin pacto arbitral,
sin competencia e incurriendo en contradicciones insalvables. Al lado de esto,
indica que el laudo incurre en contradicciones, pues menciona que el contrato de
concesión y el adicional eran autónomos e independientes, para luego mencionar
que ambos estaban “interrelacionados”, lo cual representaba una incoherencia.
29. Ante la referida acusación, la Sala aborda de manera inicial el cuestionamiento
acerca de si un mismo supuesto de hecho puede o no configurar diferentes causales
de anulación o si, por el contrario, es dable entender que cada una de ellas se refiere
exclusivamente a una hipótesis fáctica propia e implícita, cuyo vínculo con su
aspecto jurídico la dota de un alcance particular y concreto. Así mismo, es necesario
determinar cuál es su incidencia al desatar un recurso extraordinario de anulación.
30. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado la naturaleza y
características del recurso de anulación, destacando de manera pacífica y uniforme,
26 Sobre el particular citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 27 de noviembre de 2017, exp. 59913, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
27 "CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que se susciten
entre las partes con motivo u ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, distintas
a las de carácter eminentemente técnico, serán sometidas a un tribunal de arbitramento conformado por tres
árbitros, todos colombianos, dos de los cuales serán designados de común acuerdo por las partes y el tercero
por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. Tratándose de asuntos de menor o mínima cuantía el árbitro
(sic) será uno y lo designará la Cámara de Comercio. Fallarán en derecho en el término de seis (6) meses,
prorrogables por un lapso igual, su domicilio será Santafé de Bogotá D.C. y funcionará en el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Folio 16 del cuaderno de pruebas 1, obrante en
el índice 2 del aplicativo SAMAI.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
que las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el llamado
principio dispositivo, en el que el recurrente, al formular y sustentar su recurso,
delimita el objeto que persigue con su interposición. En consecuencia, al juez de la
anulación no le está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar
de establecer la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no
contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar
de plano el recurso cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las
señaladas en la ley28.
31. Así, es claro que en el recurso extraordinario de anulación el juez de
conocimiento está limitado por los hechos y argumentos que se le aducen como
sustento de las causales invocadas, los cuales llevan a consolidar la causa petendi
de este mecanismo excepcional. De esta manera, el recurso representa el marco
sobre el cual se va tratar y a decidir el proceso, por lo que constituye el nodo de su
competencia, al punto de que resulta en un elemento indispensable para preservar
y respetar el derecho de defensa de la contraparte y el principio de congruencia.
32. Bajo ese contexto, el recurso extraordinario de anulación tiene naturaleza
dispositiva y exceptiva, dado que responde a unas causales expresamente
previstas por el legislador. De aquí que su objeto lo constituye el laudo contentivo
del yerro in procedendo y no el proceso en sí mismo, esto, sin perjuicio de que este
último haya podido incidir finalmente en la decisión. Así, este mecanismo se predica
del laudo en el cual se declara o se hace efectivo un derecho subjetivo, es decir, en
aquellos en los que se interpreta, aplica el derecho, la equidad o es producto de un
análisis técnico29, todo lo cual, a su vez, agota la instancia. Por esta razón, todas
aquellas decisiones surtidas en el trámite arbitral, distintas del laudo, no caben bajo
este mecanismo impugnaticio.
La sustentación de las causales de anulación
33. Dado el carácter restrictivo que caracteriza este recurso, su sustentación no
consiste en la sola indicación del texto legal que establece una determinada causal,
así como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna de las causales
consagradas en la ley, se expongan argumentaciones que en realidad no configuran
ninguna de las previstas por el legislador. De este modo, su procedencia está
condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de
manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto.
34. De estos postulados se infiere que no es posible encuadrar, ni siquiera de forma
oficiosa, una determinada causal a una situación de hecho que no se encuentra
contemplada en sí misma, por manera que es improcedente que un supuesto fáctico
establecido por el precepto jurídico como objeto de anulación pueda ser transferido
con igual validez a otra. En igual sentido lo propone la doctrina cuando explica
que:“[L]a tipicidad de la anulación, también infiere que no es posible extender o
ampliar el ámbito de acción de una determinada causal ni tampoco transferir los
28 Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso
de anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentando o las causales invocadas
no correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley.
29 Ley 1563 de 2012, artículo 1, “(…) El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El
laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico”.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
hechos constitutivos de una a otra, dado que se trata de una competencia asignada
a la jurisdicción de manera precisa”30.
35. Así, el alcance de la competencia del juez de la anulación no supone un ejercicio
oficioso de interpretación de las causales invocadas, ni de su argumentación, sino
de una apreciación directa, manifiesta, motivada, precisa y clara del escrito
contentivo del recurso extraordinario de anulación, pues, en caso contrario,
significaría una vulneración de la causa petendi y el desconocimiento del derecho
de defensa de la contraparte. Dicho alcance obedece a los límites y el respeto por
la integridad del pacto arbitral, cuya suscripción es la génesis del arbitraje en caso
de conflicto y, por tanto, es la que subyace y determina la competencia del juez de
la anulación.
36. La potestad de autodeterminación que ostentan las partes en el negocio jurídico
para determinar los límites y el objeto de su relación contractual en el arbitraje tiene,
entre otras, la función de derogar la competencia del aparato jurisdiccional del
Estado. De ahí que la razón por la que no pueden, ni deben invalidarse laudos por
fuera de los motivos establecidos en la ley tiene génesis en la protección de la
autonomía de la voluntad de quienes lo suscribieron, pues decidieron libremente
excluir del órgano jurisdiccional el conflicto.
37. En esa medida, el principio de tipicidad de la anulación tiene dos finalidades. La
primera, cuya génesis es de carácter material, significa que deben existir preceptos
jurídicos anteriores o motivos que den certeza de aquellas conductas o decisiones
arbitrales que vulneran el trámite regular del arbitraje -taxatividad-. La segunda, de
características formales, que se refiere a la certeza de un supuesto que pueda
encuadrar en una causal de anulación, mismo que deberá fundarse fáctica y
jurídicamente bajo la tesitura de la norma –suficiencia-.
38. En ese contexto, es evidente que las causales de anulación contempladas en el
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 decantan errores in procedendo producto de
varias situaciones acaecidas en el marco de las etapas31 del arbitraje y que afectan
el laudo arbitral. Estas circunstancias involucran cualquier tipo de controversias
llevada a los árbitros y su resolución acarrea que el recurso extraordinario que las
contiene sea interpuesto oportunamente y en forma sustentada, de manera escrita,
y ciñéndose a las mencionadas causales –principio de tipicidad-
La tipicidad objetiva y su carga de suficiencia
39. Como se dijo, los supuestos de hecho y de derecho que integran las causales
de anulación configuran el marco de la tipicidad objetiva, de lo cual no puede
inferirse que se pueda extender o ampliarse el cuadro de acción de una determinada
causal y tampoco transferir los hechos constitutivos de una a otra. Así, el principio
de tipicidad en materia de las causales de anulación hace alusión a la expresión
clara y expresa de los motivos que dan lugar a su interposición, es decir, que los
30 Hernando Herrera Mercado, La impugnación del laudo arbitral, Colección Arbitraje 360, Tomo VI (Bogotá:
Editorial Ibáñez, 2022), 62-63.
31 La primera etapa inicia con la presentación de la demanda, la integración e instalación del tribunal arbitral, la
audiencia de conciliación y culmina en la primera audiencia de trámite. La segunda, desde la finalización de
ésta hasta la notificación del laudo o su aclaración, adición o corrección -arts. 12, 14, 30, 33 de la Ley 1563 de
2012-.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
supuestos reprochables encajen en un tipo exacto cuya hipótesis se encuentre en
el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Así mismo, que el sustento fáctico vaya
encaminado únicamente a una causal de anulación, sin que pueda considerarse
constitutivo de varias al mismo tiempo.
40. Este juicio de tipicidad no implica una labor interpretativa del operador judicial,
sino del recurrente en procura del establecimiento de un nexo causal entre el
argumento base y la causal de anulación, es decir, la simple enunciación o
referencia fáctica o jurídica de uno de los numerales del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 no es suficiente para configurarla –requisito de suficiencia-. Así, el
interesado debe circunscribir su actividad discursiva a desvirtuar la presunción de
acierto que abriga al laudo por errores in procedendo, no de manera inopinada, sino
con sujeción a requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que
trazar linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez de la anulación
sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural.
41. Bajo este contexto, es indispensable que la crítica del laudo objeto del recurso
extraordinario de anulación guarde adecuada consonancia con la esencia que se
pretende descalificar. Vale decir, que se refiera directamente a las bases en verdad
importantes y decisivas de la construcción jurídica y fáctica sobre la cual se asienta
la causal. De ahí que si el blanco de ataque se hace bajo los supuestos que delinea
a su mejor conveniencia el impugnante y no a los que objetivamente constituyen el
fundamento de la causal, se configura una carencia demostrativa del principio de
tipicidad.
42. Como se desprende de la propia naturaleza de las cosas, el recurso
extraordinario de anulación tiene su génesis en una decisión definitiva y deberá
cumplir con la identificación de su objeto, así como cumplir con unas cargas de
claridad, precisión y debida argumentación para demostrar que existe una causal
típicamente establecida por el legislador.
43. La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer
comprensivas las acusaciones que estima serían causantes de la anulación, es
decir, que el objeto y concepto invocado esté determinado.
44. La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la causal,
tanto su aspecto fáctico como el jurídico, ya que de no ser un argumento que
consagre la causal la tornaría infundada, pues el laudo no puede ser afectado por
una causal no contemplada en la ley.
45. La argumentación tiene que ver con los aspectos de suficiencia en las
consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad y la
precisión, para efectos de que opere el recurso extraordinario de anulación -nexo
causal-.
46. De acuerdo con lo anterior, y de cara al recurso que se decide bajo esta
providencia, para la Sala resulta coherente que si la causal alegada estaba referida
a la inexistencia del pacto arbitral –causal 1-, era impropio e inconsistente alegar la
configuración de la causal 2, dado que ésta última suponía la existencia de la
cláusula compromisoria o el compromiso, pero que los árbitros se pronunciaron
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación
cuando el derecho de acción estaba caducado o, que por su alcance o materia a
decidir, no se tenía jurisdicción o competencia para laudar.
47. Igualmente, invocar la causal 8 implicaba que no solo había pacto arbitral, sino
que se contaba con competencia, solamente que al laudar el Tribunal erró al verter
las inconsistencias a las que se refería la causal32. Esta situación es idéntica para
la causal 9, pues partía de aquella base, pero la decisión fue citra, extra o ultra
petita.
48. Estos asertos resultan congruentes con el artículo 4333 de la Ley 1563 de 2012,
por cuanto las consecuencias de las causales en mención son distintas. Frente a
las primeras -1 y 2- procede la anulación del laudo pero, para las segundas -8 y 9-,
éste solo se corrige o adiciona. Precisamente, la causal y su consecuencia se
encuentran ligadas de conformidad con la gravedad del yerro en el que se haya
incurrido, por manera que no resultaba aceptable que, simultáneamente, aquellas
causales pudieran coexistir a no ser que estuvieren fundadas en supuestos de
hecho distintos.
49. De igual manera es importante dejar claro que las causales 1 y 2 del artículo 41
de la Ley 1563 de 2012, no se configuran bajo un mismo supuesto de hecho y, en
los términos de su tesitura, son excluyentes entre sí. Por esta razón, la
argumentación plasmada por el recurrente no puede, ni debe analizarse de forma
concomitante, sino que, en cambio, deberá estarse al principio de tipicidad del
recurso extraordinario de anulación, en procura de que se haga uso de este
mecanismo bajo unos supuestos concretos y razonables.
50. Precisado lo anterior, la Sala cuestiona como reflexión de apertura, que la
recurrente interprete una misma hipótesis fáctica para sustentar diversas causales,
contrariando las reglas de tipicidad antes referidas, aspecto que si bien no se
estatuye en una razón para negar el llamado anulatorio, si está llamado a ser
considerado en la base de la decisión definitiva que se apresta a adoptar.
La causal 1
51. El 24 de junio de 202034, el Tribunal surtió la primera audiencia de trámite, misma
en la que se declaró competente para conocer y decidir la controversia surgida entre
las partes contenidas en la demanda arbitral subsanada, su contestación, la
demanda reconvención reformada y subsanada, su contestación, las excepciones
perentorias recíprocas, las objeciones al juramento estimatorio y sus réplicas. Acto
seguido, entre otros35, declaró que el término de duración del proceso
32 “Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de
palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y
hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral”.
33 “Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará
la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará”.
34 Folios 289-301 del cuaderno principal 2, obrante en el índice 3 del aplicativo SAMAI.
35 “Tercero. Disponer que, una vez quede en firme esta providencia, se entregue a los árbitros y a la secretaria,
el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios fijados y el IVA correspondiente. Así mismo, que se entregue al
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá la suma decretada como gastos de
administración y funcionamiento de la misma, junto con el IVA correspondiente, todo lo anterior, de conformidad
con los pagos efectuados en la forma indicada en el informe secretarial.
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correspondería a 6 meses contados a partir de la finalización de esta diligencia, sin
perjuicio de las prórrogas, suspensiones o interrupciones que pudieran presentarse.
52. Realizada la correspondiente notificación en estrados, el ICCU presentó recurso
de reposición dirigido a cuestionar el término de duración del proceso, pues
consideraba que debía estarse a lo establecido en el Decreto 491 36 de 2020,
mediante el cual aquel se había ampliado a 8 meses. El Tribunal negó el recurso
interpuesto, porque el término de duración del proceso se había fijado
convencionalmente y, por tanto, no era aplicable esa normativa.
53. En este estado de sus consideraciones, la Sala repara en que, de conformidad
con el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, para invocar la causal de
anulación del numeral 1° ibídem se requiere el agotamiento de un requisito de
procedibilidad, esto es, de interponer recurso de reposición en contra del auto de
asunción de competencia. Además, dicho requerimiento no se entiende satisfecho
si no es congruente con la causal alegada, es decir, debe guardar relación con el
supuesto que consagra la norma.
54. La Sala comprueba que, si bien el ICCU interpuso recurso de reposición contra
el proveído por el cual el panel arbitral determinó su competencia, lo cierto es que
no cuestionó tal decisión con base en argumentos tendientes a soportar la
inexistencia de cláusula compromisoria respecto del contrato adicional 28 de 2009,
pues solamente indicó a los árbitros que el término del arbitraje debía atemperarse
al Decreto 491 de 2020.
55. En ese sentido, el ICCU no cumplió con el requisito de procedibilidad para atacar
el laudo con la causal primera de anulación, toda vez que, tal como lo ha señalado
esta Corporación37, no bastaba con la interposición del recurso de reposición, sino
que resultaba necesario que en dicha impugnación se hubieran expresado los
motivos relacionados con la inexistencia del pacto arbitral, cuestión esta última que
se echa de menos en el plenario. Por lo anterior, se declarará infundada la causal
aquí examinada.
Cuarto. Requerir a las partes para que procedan a entregar, de forma inmediata, a los árbitros y a la secretaria,
los certificados de las retenciones en la fuente, ICA e IVA realizadas individualmente a nombre de cada uno de
ellos, en relación con el 50% de sus honorarios. El cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios de los
árbitros y la secretaria, deberá contabilizarse por las partes como un depósito y solo se causará en los términos
legales.
Quinto. Requerir a las partes para que procedan a entregar al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio el certificado de la retención de IVA.
Sexto. Por haberse iniciado este trámite arbitral con la solicitud de convocatoria y demanda arbitral presentada
el 15 de noviembre de 2018, se dará cumplimiento a lo establecido en las Leyes 1743 de 2014 y 1819 de 2016
respecto de la causación y pago de la contribución arbitral especial.
Séptimo. El Tribunal suspende la presente primera audiencia de trámite, para ser continuada el día 28 de julio
a las 3:30 pm en sesión virtual para resolver lo que en derecho corresponda”.
36 Artículo 10. “(...) En el arbitraje, el termino previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8)
meses; y el termino para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012
no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones
ni los procesos, a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales
señalados y una de las partes lo proponga”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12
de diciembre de 2019, expediente No. 64.142, M.P. María Adriana Marín.
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56. Derivado de lo anterior, al haberse invocado un supuesto fáctico que hacía
alusión a la causal primera de anulación, para la Sala no es procedente debido a su
exclusión, pronunciarse sobre la causal segunda, en tanto que la falta de
competencia alegada por el recurrente no fue propuesta con base a supuestos
fácticos distintos a la de la inexistencia del pacto arbitral y, por tanto, no puede
configurarse simultáneamente con la atrás relacionada.
57. Aunque parece de perogrullo, la causal segunda opera cuando no se cuestiona
la existencia de la cláusula compromisoria, lo cual, de suyo, impone que sean
supuestos fácticos y normativos distintos a los contemplados en la causal primera,
por manera que es improcedente invocarlos de manera concomitante para una
misma circunstancia de hecho. En cualquier caso, debe recordarse que respecto de
la causal 2 de anulación tampoco se agotó el requisito de procedibilidad, por lo que
también debe declararse infundada.
58. Ahora bien, esta Subsección ha destacado que –con las salvedades
conceptuales- equiparando el laudo arbitral a una sentencia de carácter definitivo,
los límites de la causal 8 citada se corresponden con el contenido del artículo 285
del Código General del Proceso, según el cual la sentencia no podrá ser reformada
por el juez, pero, excepcionalmente, podrá ser aclarada cuando contenga conceptos
o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda38.
59. Además, debe tenerse en cuenta que, para que sea procedente el estudio de la
causal 8ª, la ley exige que las disposiciones contradictorias, los errores aritméticos
o por omisión o el cambio o alteración de las palabras deben estar contenidos en la
parte resolutiva del laudo o influyan en ella y hayan sido alegados oportunamente
ante el tribunal, es decir, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de
laudo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012.
60. Al igual que ocurrió con la causal 2ª de anulación, para la Sala es reprochable
que el recurrente manifieste supuestas contradicciones del laudo con base en el
mismo supuesto de hecho que utilizó para dar estructura a la causal 1ª, de ahí que
sea insuficiente la argumentación plasmada para invocarla, en tanto a que no
satisface el principio de tipicidad del recurso extraordinario de anulación.
61. De cualquier modo, de conformidad con el informe de la secretaría del Tribunal
al poner de presente al panel arbitral el escrito contentivo del recurso extraordinario
de anulación, se advierte que no hubo solicitudes de adición, aclaración o corrección
en contra del laudo39. Por lo anterior, como la parte recurrente no alegó
oportunamente ante el tribunal de arbitramento las razones por las cuales considera
que se configuró esta causal del recurso de anulación, ésta no puede prosperar.
38 “Artículo 285 C.G.P. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin
embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en
ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición
de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la
aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la
providencia objeto de aclaración”.
39 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo denominado: “ED_RADICACIONRECURSOA(.PDF) Nr oActua 2”.
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62. En todo caso, la Sala no puede dejar de precisar que las alegaciones que
corresponden a esta causal no pueden referirse a interpretaciones jurídicas del
laudo, ni a reabrir el debate del conflicto, como si se tratara de una segunda
instancia, pues ello implicaría estudiar nuevamente el fondo del asunto; como
tampoco hace referencia a las omisiones probatorias en las que hubieran podido
incurrir las partes en su comportamiento procesal o en las alteraciones o
imprecisiones en sus escritos, en tanto el recurso extraordinario de anulación se
interpone en contra del laudo arbitral, no de las actuaciones desarrolladas por las
partes en el curso del proceso.
La causal 9 de anulación
63. Como se ha reseñado, el ICCU acusa el laudo de haber dejado de decidir sobre
la nulidad del contrato adicional 28 de 2009, situación que pudo evidenciarse en la
etapa probatoria y se puso de presente en los alegatos de conclusión.
64. Comprueba la Sala que el Tribunal no dejó de pronunciarse sobre el llamado
referido, toda vez que el laudo incorporó varios acápites sobre tal tópico, tales como,
“3. La nulidad del contrato destacada en las alegaciones finales y la oportunidad del
tribunal para pronunciarse”; “3.2.1. Competencia para estudiar de oficio la nulidad
alegada”; “3.2.2. La caducidad de la ‘pretensión’ de nulidad del contrato y su
incidencia en la competencia del Tribunal para pronunciarse oficiosamente sobre la
nulidad absoluta del contrato”: “3.2.3. La prescripción y su análisis en el presente
caso”.
65. En efecto, en el curso de la decisión, el panel arbitral consideró que había
operado la caducidad de la acción en relación con la supuesta nulidad absoluta del
adicional, en tanto que el plazo contado desde la fecha de la suscripción del negocio
jurídico a la de presentación de la demanda habían transcurrido los 5 años de que
trataba el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 44 de la Ley 446 de 1998; no obstante, agregó que dicho fenómeno no
obstaba para que se ahondara en la nulidad absoluta, siempre que no hubiere
operado la prescripción y, por ende, después de un análisis jurídico y
jurisprudencial, concluyó que no estaba facultado para declarar la nulidad absoluta,
dado quedó saneada por prescripción extraordinaria. Así lo dijo (se transcribe de
forma literal):
Cómo el contrato adicional 28 fue celebrado el 18 de diciembre de 2009, esto
es, en vigencia del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, a partir del día siguiente
a esa fecha comenzó a correr el término de hasta cinco años para demandar su
nulidad absoluta que consagraba esa norma y conforme a esa regla sigue
rigiéndose, lo cual comporta que su vencimiento se produjo el 19 de diciembre
de 2014, es decir, ante de la presentación de la demanda y por tanto se
consolidó la caducidad frente a la pretensión de tal estirpe.
Sin embargo, tiene en cuenta el Tribunal que la caducidad como sanción erigida
por el legislador por no haberse presentada la demanda en el término señalado,
no cobija al juez para declarar oficiosamente la nulidad del contrato, por cuanto
esa facultad difiere del derecho a demandar.
(…)
Por tanto, con base en el razonamiento anterior, se puede reafirmar que el
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término de prescripción se venció en diciembre de 2019 y, por lo tanto, el
Tribunal no está facultado para decretar de oficio la eventual nulidad del
adicional 28, por encontrarse saneado cualquier vicio de nulidad absoluta por
prescripción extraordinaria40.
66. Con todo, además, el panel arbitral advirtió que la tesis plasmada por la
convocada según la cual la violación del principio de planeación acarreaba la
nulidad absoluta del contrato había sido replanteada por la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
67. La circunstancia anotada, tampoco permite ignorar que la solicitud de
declaratoria de nulidad no se encauzó bajo una pretensión o excepción, sino que se
hizo en el contexto del llamado que la convocada hizo al introducir sus alegaciones
finales invitando al tribunal a declarar de oficio tal nulidad.
68. Bastaría referirse a lo anterior para negar la causal invocada, en tanto que el
supuesto de hecho no refiere a una pretensión o asunto que por ley estuviere
llamado a definir el Tribunal en su laudo, pero ante la forma como ha sido traída por
la recurrente al proceso, debe precisarse que se propone como un juicio sustantivo
sobre el caso concreto. Esta situación ignora que esta Sala no funge como juez del
contrato, sino como juez de la anulación del laudo, por lo que decidir sobre la
eventual nulidad del contrato adicional 28 de 2009 implicaría inmiscuirse al fondo
del litigio y, por tanto, revivir un debate fáctico, jurídico y probatorio ya surtido.
69. De obviarse que el cargo de anulación subyace a una situación que tuvo
pronunciamiento en el laudo, llevaría a que la Sala verificara si están probados los
presupuestos para declarar la referida nulidad y determinar si el panel arbitral erró
al no haberla declarado de oficio, lo cual no corresponde a las funciones del juez de
la anulación, ya que este recurso no es la vía de entrada para el estudio del caso
en una segunda instancia. Bajo estas consideraciones se declarará infundada esta
causal en relación con el argumento referido.
70. Ahora bien, el recurrente también acusó que el laudo otorgó un alcance distinto
al petitum, porque extendió la obligación de mantenimiento rutinario a los tramos
que se hubieran terminado formalmente en la etapa de construcción, situación que
pasa a analizarse a continuación.
71. Esta causal 9 se refiere de manera concreta a los eventos de fallo extra petita
(el que resuelve sobre un asunto no sujeto a la decisión de los árbitros), ultra petita
(el que concede más de lo pedido) y citra petita (el que deja de resolver una cuestión
sometida al arbitramento) y corresponde a una de las reglas de la congruencia de
la sentencia, que es la que se funda en la comparación entre las pretensiones y las
decisiones contenidas en la parte resolutiva, tal como dispone el artículo 281 41 del
Código General del Proceso.
72. De la simple lectura de la causal se advierte que su análisis implica la
comparación entre las pretensiones de la demanda –o las excepciones de la
40 Págs. 52 a 69 del Laudo.
41 Artículo 281 C.G.P. Congruencia. (…) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.
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contestación, en su caso- y las decisiones del laudo arbitral y que no se funda en la
contradicción entre las distintas motivaciones, sino en la decisión que se evidencia
como excedida, deficitaria o desviada en relación con las pretensiones.
73. Ahora, el artículo 43 de la Ley 1563 de 201242 señala que, en caso de que la
causal 9 se encuentre configurada, el juez del recurso extraordinario puede corregir
o adicionar el laudo arbitral, por lo cual, de conformidad con los supuestos que la
conforman, lo que le corresponde en estos eventos es anular las decisiones que
excedan las pretensiones (ultra petita) o las que concedan cosa distinta de lo
contenido en ellas (extra petita) y, en el evento de que el laudo deje de resolver
sobre algunas de las pretensiones (citra petita), le compete entrar a decidir sobre
la(s) pendiente(s).
74. De cara al caso concreto, es evidente que en este asunto no se trata de un fallo
extra petita, a pesar de que el recurrente en algunos apartes mencionó que su
argumento también iba dirigido en ese sentido, precisamente porque la
fundamentación se circunscribió al análisis y resolución de las pretensiones 1.1. y
1.2. de la demanda arbitral del convocante, es decir, no se falló por fuera de lo
pedido, sino que, supuestamente, el Tribunal amplió las pretensiones relativas al
mantenimiento a los tramos que se hubieran terminado formalmente en la etapa de
construcción. En esa medida, solo se abordará el estudio de la causal en relación
con una decisión ultra petita.
75. Para determinar si esta causal se configuró, la Sala procede a transcribir las
pretensiones de la demanda presentada por la convocante y la declaración que
realizó el tribunal en la parte resolutiva del laudo, la cual es la que se acusa de
resolverse de manera ultra petita:
Pretensiones demanda Parte resolutiva Laudo
Panamericana S.A.S.
1.1. Que se declare que el alcance de SEGUNDO. DECLARAR la prosperidad de la
las obligaciones de mantenimiento pretensión 1.1. y en consecuencia, DECLARAR
respecto de las obras sobre los que el alcance de las obligaciones de
corredores de competitividad, mantenimiento respecto de las obras sobre los
incluidas en el Adicional 28, a saber: corredores de competitividad, incluidas en el
“San Vicente — Chaguaní — Adicional 28, a saber: “San Vicente-Chaguaní-
Guaduas; “San Juan de Rioseco — Guaduas; “San Juan de Rioseco-Pulí-Paquiló;
Puli — Paquiló; “Sasaima — La Vega” “Sasima-La Vega” y “Los Alpes-Quipile
y; “Los Alpes - Quipile (Tabacal - La (Tabacal-La Sierra)”, se limitan
Sierra)”, se limitan específicamente específicamente a los sectores intevenidos por
a los sectores intervenidos por la sociedad Panamericana S.A.S., en los
Panamericana. términos y por las razones indicadas en la parte
motiva de este laudo.
1.2. Que de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 4 del TERCERO: DECLARAR la prosperidad de la
Adicional No. 28, se declare que las pretensión 1.2. y en consecuencia DECLARAR
obligaciones de mantenimiento que de conformidad con lo establecido en la
sobre los corredores de cláusula 4 del adicional No. 28, las obligaciones
competitividad, incluidas en el de mantenimiento sobre los corredores de la
Adicional 28, a saber: “San Vicente — competitividad, incluidas en el adicional 28, a
Chaguani - Guaduas; “San Juan de saber: “San Vicente-Chaguaní-Guaduas; “San
Rioseco — Pulí — Paquiló; “Sasaima Juan de Rioseco-Pulí-Paquiló; “Sasima-La
42 “De la sentencia de anulación cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7
del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará”.
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— La Vega” y; “Los Alpes - Quipile Vega” y “Los Alpes-Quipile (Tabacal-La
(Tabacal – La Sierra)”, se hacen Sierra)”, se hacen exigibles solamente a
exigibles solamente a partir de la partir de la finalización de cada obra
finalización de cada obra respectiva respectiva y exclusivamente para el sector
y exclusivamente para el sector intervenido, en los términos y por las razones
intervenido (se destaca). indicadas en la parte motiva de este laudo (se
destaca).
76. Tal como se desprende de las pretensiones atrás reseñadas, es evidente que la
convocante pretendía que el Tribunal definiera el alcance de las obligaciones de
mantenimiento bajo el contrato adicional 28 de 2009 y, a su vez, que se determinara
el momento en que aquellas se hacían exigibles para Panamericana S.A.S. De
hecho, la conclusión antes enunciada fue a la que llegó el panel arbitral cuando
mencionó que la demanda de la convocante estaba dirigida a:
“Se refiere el Tribunal en primer lugar a las pretensiones declarativas 1.1. y 1.2.
de la demanda de la concesionaria Panamericana en contra del ICCU,
encaminadas a que se declare el alcance y temporalidad de la obligación de
mantenimiento que corresponde a la convocante en relación con las obras
ejecutadas sobre los corredores de la competitividad incluidos en el contrato
adicional 28 (…)”43.
77. En esa medida, el ICCU sostenía que las obligaciones antes reseñadas se
debían ejecutar sobre la totalidad de los tramos que componían el proyecto,
indistintamente que estos estuvieran o no intervenidos. En este sentido planteó los
siguientes argumentos y, en concreto, la excepción que denominó como de “De
contrato no cumplido. Concesionaria Panamericana S.A.S. sí tiene la obligación de
hacer el mantenimiento de ‘todas’ las calzadas existentes, incluidas aquellas
correspondientes al adicional No. 28” (se transcribe literalmente, incluso con
errores):
“[L]as partes nunca acordaron de manera expresa una obligación del tenor que
manifiesta el concesionario, ni mucho menos la posibilidad de excluir el
mantenimiento de los sectores del tramo no intervenidos.
De manera contraria, la entidad tiene claridad respecto a las obligaciones de
mantenimiento incumplidas por la parte convocante, pues estas no surgen para
sí de forma subsecuente al cumplimiento de su obligación de rehabilitación de
las obras correspondientes al Contrato Adicional No. 28, siendo que estas son
una obligación de permanente ejecución desde la celebración del contrato OJ-
121 de 1997. (…).
Si bien es cierto que el cuadro consolida las obras intervenidas por el
concesionario, esto no es equivalente a un cumplimiento a satisfacción de las
obligaciones del concesionario. Por el contrario, toda vez que el cumplimiento
de las mismas implica un mantenimiento de la totalidad de los tramos
concesionados, tanto los que haya rehabilitado como los que hagan parte de la
infraestructura concesionada, como lo establece el Manual de Operación del
Contrato OJ-121-97 (…).
I. Excepción de contrato no cumplido. Concesionaria Panamericana S.A.S. sí
tiene la obligación de hacer el mantenimiento de ‘todas’ las calzadas existentes,
incluidas aquellas correspondientes al adicional No. 28.
(…)
43 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo denominado: ED_LAUDOFINAL(.PDF) NroActua 2. Pág. 111 del
Laudo.
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Con base en la cláusula décima quinta del adicional 28 del contrato, se
manifiesta de manera expresa lo pactado por las partes de que lo que no quedó
modificado expresamente, se guiaría por el contrato base, es el que dice que,
sobre estos temas, se quedará igual y se remite con el contrato base, es el
contrato base y el Manual de Operación del contrato hace parte integral del
contrato.
Para la interventoría del contrato, las obligaciones de mantenimiento rutinario
están en cabeza del concesionario respecto de todas las calzadas existentes,
esto es, el tramo originalmente concesionado -por virtud del contrato OJ-121 de
1997- y el adicionado con el contrato adicional No. 28, de acuerdo con el Manual
de Operación y Mantenimiento del contrato OJ-12 de 1997”44.
78. En ese mismo sentido, el Tribunal planteó que el problema jurídico se
circunscribía a determinar el “alcance de la obligación de mantenimiento de los
tramos conocidos como corredores de competitividad incorporados en el contrato
adicional 28 y la parte que debe asumirlo”45, para, una vez realizado un análisis
fáctico y probatorio, se determinara que:
“Instrumentos contractuales que en síntesis llevan al Tribunal a concluir que, la
obligación de mantenimiento en relación con el adicional 28 recae sobre las
obras intervenidas y una vez concluidas éstas, por lo cual se accederá a las
pretensiones 1.1. y 1.2. de la demanda y en cambio se desestimará la
“Excepción de contrato no cumplido. Concesionaria Panamericana S.A.S. sí
tiene la obligación de hacer el mantenimiento de ‘todas’ las calzadas existentes,
incluidas aquellas correspondientes a adicional No. 28’, sustentada en
argumentos contrarios a los que permiten la prosperidad de esas pretensiones.
La desestimación de la excepción viene como consecuencia de la demostración
en el proceso de que en los términos de ese adicional, Panamericana no tiene
obligación de hacer mantenimiento a ‘todos’ los corredores concesionados,
incluidos los del adicional No. 28, por cuanto el tema de mantenimiento fue
modificado expresamente en ese adicional, como ya lo ha analizado y concluido
el Tribunal”46.
79. La recurrente argumentó que el Tribunal amplió la pretensión, porque en la parte
motiva adicionó el vocablo “es decir” para especificar que el mantenimiento rutinario
debía hacerse sobre los tramos donde se hubiera terminado formalmente la etapa
de construcción. La Sala no considera acertado este argumento, por cuanto de una
lectura de las pretensiones, su contestación, el laudo y precisamente sobre el
problema jurídico que estaba siendo sometido a consideración de los árbitros, era
evidente que se buscaba establecer desde cuándo se hacía exigible la obligación
de mantenimiento, por manera que no se trató de una situación que hubiere sido
decidida de forma ultra petita.
80. Respecto del acápite citado por el recurrente como base de la incongruencia del
laudo, debe decirse que efectivamente lo definido en relación con la obligación de
mantenimiento era objeto del debate y, como lo narró el Tribunal en el laudo, era
una situación que debía determinarse de acuerdo a los documentos contractuales
y a la interpretación que las mismas partes habían dado al adicional 28 de 2009. Así
se dijo:
44 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Folios 171-208 del cuaderno principal 1.
45 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo denominado: ED_LAUDOFINAL(.PDF) NroActua 2. Pág. 128 del
Laudo.
46 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo denominado: ED_LAUDOFINAL(.PDF) NroActua 2. Págs. 186-187 del
Laudo.
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“[L]a obligación de mantenimiento no fue definida en el adicional 28 de la misma
forma en que lo fue en el adicional 25, y que, desde la suscripción de esta pieza
contractual, las partes tenían la misma comprensión del alcance y de la forma
de ejecución del mantenimiento rutinario: esto es, que este se debía hacer
sobre las obras donde ya se hubiera terminado la etapa de construcción.
En ese sentido, y entendiendo que la interpretación contractual también se hace
con base en el análisis de la voluntad de las partes, considera este Tribunal
que, cuando se firmó el contrato adicional 28 las partes entendían que el
mantenimiento rutinario se debía hacer sobre las obras que ya se hubieran
ejecutado, y por lo tanto ese es el sentido original que se le debe dar a dicha
obligación (…)”47.
81. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la declaración que se hizo en
el laudo se circunscribió precisamente a los supuestos que indicaba la causa
petendi, sin que para esta Sala pueda establecerse que se excedió o amplió la
pretensión de mantenimiento en los términos de su texto y su motivación.
82. Igualmente, para la Subsección, el argumento de la recurrente corresponde a
un análisis de fondo del asunto litigioso, pues precisamente el alcance y el momento
en que se hacía exigible la obligación de mantenimiento contenida en el adicional
28 de 2009 era un supuesto que se pretendió, discutió, motivó y decidió en el laudo
arbitral. Dicha circunstancia, entonces, no puede construirse como una causal de
incongruencia contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, si
se tiene en cuenta que el recurso de anulación no constituye una vía procesal para
reabrir el debate y controvertir supuestos que fueron objeto de la decisión del panel
arbitral48.
83. En el análisis del tenor literal de las pretensiones de la convocante y de la causa
petendi expuesta en la demanda, frente al laudo arbitral, se advierte que las
consideraciones del Tribunal no fueron más allá de los asuntos expuestos al litigio,
sobre los cuales decidió de manera congruente. Lo anterior se concluye sin que sea
procedente, en este caso, entrar a definir si el análisis del panel arbitral fue o no
correcto, toda vez que el juez del recurso extraordinario de anulación examina
asuntos “in procedendo” y no “in judicando”49.
84. Finalmente, se anota que la decisión arbitral solo puede ser anulada por las
causales previstas en la ley y en ese escenario no es viable modificar o corregir las
decisiones que se debatieron y adoptaron en el laudo arbitral, puesto que dichas
resolutivas se desarrollaron dentro del marco de las pretensiones de la demanda.
47 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo denominado: ED_LAUDOFINAL(.PDF) NroActua 2. Págs. 209-210 del
Laudo.
48 “Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. (…) La autoridad judicial competente en la anulación no se
pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 28
de marzo de 2019, radicación:11001-03-26-000-2019-00019-00 (63318), convocante: Unión Temporal
Protección 33, convocado: Unidad Nacional de Protección – UNP, referencia: recurso extraordinario de
anulación de laudo arbitral // “La recurrente pasa por alto las anteriores consideraciones del laudo arbitral y
pretende constituir la causal de incongruencia con base en una interpretación diferente acerca del modificatorio
4, en sentido contrario a la que adoptó el Tribunal de Arbitramento, de manera que falla en la técnica del recurso
de anulación, el cual no puede ser utilizado para controvertir las consideraciones en que se fundó el laudo
arbitral, ni para introducir nuevas argumentaciones. // (…) el recurso de anulación es extraordinario y taxativo
y, por ello, se reafirma que debe fundarse en el juzgamiento de los vicios ‘in procedendo’.
24
Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
85. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró la causal de
incongruencia que invocó la recurrente.
VI. COSTAS
86. Toda vez que el recurso de anulación se declarará infundado, corresponde
aplicar el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual, si ninguna de las
causales prospera, se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso
haya sido presentado por el Ministerio Público.
87. Como consecuencia, se dispondrá la fijación de costas. Para ello, en relación
con las agencias en derecho, se advierte que se entienden causadas por la
actuación que tuvo que desplegar la Concesionaria Panamericana S.A.S. frente al
recurso de anulación.
88. Las agencias en derecho se tasan dentro del marco del Acuerdo PSAA16-10554
del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con la complejidad y la duración de la actuación que adelantó la parte
vencedora dentro del respectivo recurso, que intervino de manera activa, en forma
detallada y sobre todos los tópicos que se suscitaron en el recurso.
89. Para lo anterior, se tiene en cuenta que en el recurso se invocaron cuatro
causales de anulación y que la parte convocante intervino de manera activa, de
manera que se reconocerá el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a favor de la Concesionaria Panamericana S.A.S., suma que
se deberá pagar con cargo al Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca (ICCU), parte recurrente en el presente asunto.
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
(ICCU).
SEGUNDO: LEVANTAR la suspensión de la ejecución del laudo arbitral decretada
mediante auto del 30 de junio de 2022.
TERCERO: Se ordena liquidar las costas, por secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de acuerdo con lo previsto en la parte motiva de esta
providencia. Para el efecto, como agencias en derecho se fija la suma equivalente
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente
providencia, a cargo del recurrente.
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Radicación: 110010326000202200043 00 (68082)
Actor: Concesionaria Panamericana S.A.S.
Demandado: Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca –ICCU-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
CUARTO: En firme la providencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal de
Arbitramento por conducto de la Secretaría.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
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