Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00074-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00074-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00074-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Convocante: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Convocado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
La Sala decide el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
sociedad Servicios Globales en Salud SGS S.A.S. por la causal prevista en el
numeral 2 del art 41 de la Ley 1563 de 2012, referida a la caducidad, contra el
laudo emitido el 29 septiembre de 2021 por un Tribunal de Arbitramento que
sesionó en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Pereira.
Síntesis del caso
La sociedad Servicios Globales en Salud SGS S.A.S y la ESE Salud Pereira
convocaron un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias surgidas
con ocasión de los contratos Nos 0001-2017 1, 022-2017, y 044-2017 2 que
celebraron para el suministro de medicamentos e insumos de baja complejidad
contenidos en el POS. Adujo la Convocante que se había presentado
incumplimiento en el pago del valor total de los insumos suministrados a la
ESE Salud Pereira bajo tales contratos.
El laudo arbitral declaró configurado el fenómeno de la caducidad y, en
consecuencia, se abstuvo de hacer pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.
1
Se contrató “bajo la modalidad de outsourcing, la adquisición, suministro y dispensación de los
medicamentos ambulatorios, hospitalarios y de urgencias de baja complejidad contenidos en el
POS Resolución 5592 de 2015, anexo técnico No. 1, lista de medicamentos POS y anexo técnico
2, lista de los insumos, dispositivos médicos y odontológicos definidos por la ESE Salud Pereira,
para los usuarios de la Empresa Social del Estado Salud Pereira”.
2
En el segundo y tercer contrato el objeto consistió en “Contratar bajo la modalidad de outsourcing
la adquisición, suministro y dispensación de todos los insumos médico quirúrgicos y odontológicos
de baja complejidad contenidos en el POS Resolución 6408 de diciembre 26 de 2016, anexo
técnico 2, lista de los insumos, dispositivos médicos y odontológicos definidos por la ESE Salud
Pereira, para los usuarios de la empresa social del Estado Salud Pereira.
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
I. ANTECEDENTES
La demanda arbitral
1. Con fundamento en la cláusula compromisoria incorporada en los contratos
No. 0001-2017, 022-2017, y 044-2017 (cláusula décima tercera de todos
ellos 3), el 26 de junio de 2020 la parte Convocante presentó demanda contra
la ESE Salud Pereira con la pretensión de que el Tribunal de arbitramento
declarara que las facturas allí enlistadas hicieron parte de tales contratos y,
por tanto, debía ordenarse su pago por un valor total de $559.720.100 pesos,
junto con los respectivos intereses moratorios.
2. La Convocada no contestó la demanda, según quedó registrado en el Acta
No. 13 del 26 de enero de 2021 4.
Primera audiencia de trámite
3. En audiencia llevada a cabo el 24 de mayo de 2021, el Tribunal de
Arbitramento, mediante Auto No. 13, se declaró competente para conocer de
la controversia objeto de la demanda. Al referirse a la caducidad señaló que
en ese momento resultaba prematuro hacer un pronunciamiento definitivo
sobre su configuración puesto que, para ello, haría falta realizar un estudio de
fondo de los medios de prueba aportados, como también de aquellos que de
manera oficiosa serían requeridos para su definición. Al respecto indicó5:
4. Seguidamente, en la misma audiencia, el tribunal procedió al decreto de
pruebas mediante Auto No. 15 del 24 de mayo de 2021; en esa oportunidad,
activó sus facultades oficiosas (núm. 1.3 de la referida providencia) y, entre
otras, requirió tanto a la parte demandante como a la parte demandada,
aportar los siguientes documentos 6:
3
Fl. 598 y 599 de la carpeta 5, expediente digital.
4
Fl. 155 y 156 de la carpeta 5, expediente digital
5
Fl. 256 y 257 de la carpeta 5, expediente digital. Folio 1656 de la foliatura manual.
6
Fl. 261 de la carpeta 5, expediente digital. Folio 1658 –anverso– de la foliatura manual.
2
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
5. Concluida la etapa probatoria, se adelantó la audiencia de alegaciones el 4
de agosto de 2021 en la que Convocante y Convocada hicieron uso de esta
etapa procesal.
El Ministerio Público al emitir concepto señaló que, de acuerdo con el debate
probatorio en el que se discutía, entre otros asuntos, si las denominadas actas
de terminación suscritas en los tres contratos se correspondían por sus
elementos y alcance, con las actas de liquidación de esos negocios jurídicos
–y de allí aplicar las previsiones que para el cómputo de la caducidad señala
el literal j) del numeral 2 del art. 164 del CPACA– conceptuó que tales
documentos, más allá de su título, contenían tanto el balance del contrato,
como la declaración de paz y salvo por todo concepto entre las partes, al igual
que la liberación de los recursos restantes; así, al tratarse de actas suscritas
de común acuerdo entre contratante y contratista el 30 de diciembre de 2017
(respecto de los 3 contratos en controversia), el término de caducidad de los
dos años corrió desde ese momento, por lo que la presentación de la demanda
el 26 de junio de 2020 fue extemporánea.
II. EL LAUDO QUE SE SOLICITA ANULAR
6. Corresponde a la decisión proferida el 29 de septiembre de 2021 por el
Tribunal de Arbitramento, conformado por un árbitro único, en la cual se
resolvió lo siguiente:
Lo anterior, además del pronunciamiento sobre costas que hizo el tribunal.
3
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
7. Como fundamento de tal determinación, el laudo analizó las hipótesis
contenidas en el literal j), numeral 2, del artículo 164 del CPACA y,
remitiéndose a la jurisprudencia unificada de esta Corporación (Auto del 1° de
agosto de 2019) señaló que el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma
del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, y precisó que el
apartado v) del literal j) solo se debía aplicar cuando al momento de
interponerse la demanda el operador judicial encuentre que no hubo
liquidación contractual alguna.
8. Paso seguido, indicó que la Convocante se refirió en su demanda a las
denominadas “actas de terminación” sin aportarlas como prueba en su libelo
introductorio; de modo que, dada su importancia en torno a la definición de la
caducidad y de los demás asuntos ventilados en el proceso (en tanto la
Convocada tampoco las aportó pues no contestó la demanda) el Tribunal, de
forma oficiosa, requirió a ambas partes a cumplir con su entrega y, en esa
oportunidad, fueron remitidas e incorporadas al proceso.
9. Al analizar el contenido de las “actas de terminación” de los tres contratos
en disputa, concluyó que, por su alcance y contenido, tales documentos eran
verdaderas actas de liquidación. De manera que, como todas ellas fueron
suscritas de mutuo acuerdo el 30 de diciembre de 2017, declarándose a paz y
salvo, el cómputo de la caducidad iniciaba al día siguiente de su celebración,
configurándose el fenómeno de la caducidad; lo anterior, llevó a desestimar
los planteamientos de la Convocante quien afirmaba que nunca se liquidaron
los contratos, situación que modificaba la regla de contabilización del término
para demandar. Señaló el laudo: (fl. 617 del c. 5, expediente digital)
4
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
E indicó, más adelante, que:
III. EL RECURSO DE ANULACIÓN
10. Dentro de la oportunidad legal 7, la parte Convocante interpuso el recurso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, con fundamento en la
causal segunda del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, puntualmente la
relativa a la “caducidad de la acción”.
11. Para fundamentar su censura, luego de referirse a algunos aspectos
relacionados con el fondo de la controversia, la recurrente sostuvo que el
cómputo de caducidad efectuado por el Tribunal de Arbitramento fue
equivocado, pues tal como lo establece el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública y el manual de contratación de la ESE
demandada, la terminación y la liquidación corresponden a dos momentos
diferentes, que aquí se confunden; y agregó que: (fl. 635 ídem).
“frente a la ´interpretación´ realizada por el Tribunal frente al contenido de las
actas de terminación, es tan lógico señalar que este caso, como todos los
casos relacionados al contrato estatal, deben analizarse en forma Sistemática
(sic) y no exegética pues, después de haberse determinado en el proceso que
en efecto, la ESE SALUD PEREIRA no canceló los servicios prestados por
SGS S.A.S., no puede declararse un efecto absoluto al PAZ Y SALVO (sic)
que, a todas luces, fue lo que indujo a error a la empresa con la confianza
legítima que los dineros pendientes serían cancelados y de buena fe”
(…) en el presente caso, no sólo la demandante probó la falta de pago de los
dineros deprecados sino que también la demandada … en el informe rendido
por el señor Gerente ... admitió la existencia de la obligación, razón por la cual
no se explica el efecto ABSOLUTO, DOGMÁTICO y EXEGÉTICO otorgado a
la frase contenida en las actas de liquidación sobre declararse a paz y salvo,
7
Como fue analizado mediante auto del 13 de mayo de 2022 proferido por el desp acho ponente,
el recurso de anulación cumplió los requisitos de oportunidad y forma contemplados en el artículo
40 de la Ley 1563 de 2012, en tanto se presentó y sustentó con la indicación de la causal invocada,
ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento el 11 de noviembre de 2021, esto es, dentro de los
30 días siguientes a la notificación del laudo arbitral ocurrida el 29 de septiembre anterior.
5
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
además que por esa razón les otorgó la calidad de actas de liquidación, lo cual
deviene en una posible interpretación subjetiva e incongruente” .
12. Indicó que lo cierto en este caso, era la existencia de una deuda no pagada
por la Convocada, e insistió en que los contratos no han sido “liquidados
normalmente [y,] por el solo hecho de contener un paz y salvo no puede
otorgárseles el efecto de liquidación, se reitera, que no existen actas de
liquidación sino de TERMINACIÓN que implica dos documentos muy
diferentes …” (fl. 640 ídem).
En suma, aseguró que no se había configurado la caducidad ya que el término
debía contabilizarse a partir del momento en que venciera el plazo para la
liquidación unilateral, pues los contratos no habían sido liquidados. Insistió en
que el cómputo de la caducidad era el siguiente: (fl. 644 ibidem)
13. De los cargos se corrió traslado a la empresa Convocada quien guardó
silencio8.
14. Por su parte, el Ministerio Público al emitir concepto consideró que el
recurso de anulación formulado es improcedente porque: (i) la parte actora
pretende que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del asunto como
una segunda instancia de cara a la valoración probatoria efectuada por el
árbitro único, sin que ello esté permitido por la ley; y (ii) porque la causal
invocada no encaja en los supuestos fácticos para su configuración, en tanto
ésta sólo procede cuando el tribunal de arbitramento decide un asunto pese a
haber operado la caducidad y no al contrario, es decir, cuando el tribunal
encuentra probado dicho fenómeno jurídico; subraya que así lo tiene
establecido la jurisprudencia de lo contencioso administrativo.
IV. CONSIDERACIONES
(i) Competencia para conocer del recurso de anulación
15. Le asiste competencia a esta Subsección para conocer del recurso
extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012
que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos
8
Según constancia secretarial visible a fl. 678 del c. 5, expediente virtual. Fl. 1885 foliatura manual.
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Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe
funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
En este caso, como la parte convocada es la Empresa Social del Estado Salud
Pereira, entidad pública del orden municipal, creada mediante Acuerdo No. 56
del 29 de agosto del año 2000 del Concejo Municipal de Pereira, el
conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación, y
concretamente a esta Sección, conforme a la naturaleza de dicha entidad.
(ii) Cuestión preliminar
16. Antes de emprender el análisis de la causal de anulación invocada, la Sala
estima útil destacar brevemente algunas características del arbitraje que
ofrecen claridad respecto al carácter excepcional, restrictivo y extraordinario
de este medio de impugnación y determinan el papel del juez al abordar su
examen.
17. En línea de principio, hay que señalar que la génesis del arbitramento,
como mecanismo alternativo de solución de controversias, descansa en el
principio de voluntariedad, por cuya virtud las partes acuerdan libremente
renunciar a la jurisdicción del Estado para, en su lugar, deferir a árbitros la
solución de un conflicto transigible, ya sea actual o futuro.
En otras palabras, se trata del reconocimiento que el constituyente ha
asignado a la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, para investir
conjunta y transitoriamente a unos particulares de la función pública de
administrar justicia; de manera que este acto dispositivo desplaza la
jurisdicción estatal, y con ella las etapas, trámites e instancias allí establecidas,
para adoptar un modelo propio que inscribe la resolución de la disputa en el
marco legal y constitucional dispuesto para el proceso arbitral.
18. Así las cosas, considerando que es voluntad de las partes que su conflicto
se resuelva por árbitros, el laudo se torna vinculante y concluyente para sus
gestores habilitantes, pues tal decisión “se reputa prima facie intangible,
definitiva y revestida de plenos efectos de cosa juzgada” 9, bajo la estructura
de un proceso que materialmente es de única instancia, escogido por las
partes al convenir el pacto arbitral.
19. Entonces, más allá de las equivalencias que acompañan las sentencias y
los laudos arbitrales, existe una especial distinción en relación con los recursos
que se pueden interponer. Así, frente a las primeras y por regla general,
procede el recurso de apelación que habilita reexaminar a través de una
segunda instancia, las inconformidades sustanciales y adjetivas respecto de
9
Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2011.
7
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
la decisión adoptada por el juez de primer grado; respecto a los segundos, es
decir frente a los laudos arbitrales, y por cuenta del principio de voluntariedad,
el recurso de apelación no está disponible pues la decisión arbitral adoptada
es (i) la acordada por las partes; (ii) tiene carácter vinculante; y, (iii) se trata de
un modelo procesal que no admite una segunda instancia; por ello, la
apelación es un trámite impropio y ajeno al instituto arbitral 10.
20. De manera que los mecanismos de impugnación para atacar los laudos
arbitrales escapan a los cuestionamientos relacionados con aspectos
sustanciales del litigio –errores in judicando– pues no existe un superior
jerárquico de los árbitros; este razonamiento explica el denominado principio
de permanencia de la decisión arbitral, por cuya inteligencia, son las partes del
conflicto quienes descartan acudir a la jurisdicción estatal a través de su
renuncia expresa, inscribiéndose en un modelo procesal con etapas propias y
efectos definitivos. De suerte que, el recurso de anulación se califica como
extraordinario y sólo se ocupa de examinar las faltas que comprometan las
formas propias de cada juicio, en este caso del arbitral, a través de la
configuración de alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 41
de la Ley 1563 de 2012 o errores in procedendo.
Con este horizonte la Sala pasa a analizar la causal invocada por el recurrente.
(iii) Causal 2° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
21. El artículo 41 del Estatuto de Arbitraje, prevé como causal segunda de
anulación “[l]a caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de
competencia”, siendo objeto de análisis bajo el sub lite, la primera de tales
hipótesis normativas.
22. En relación con la caducidad, corresponde indicar que a través de esta
figura el legislador ha establecido los límites temporales en que puede ser
ejercido el derecho de acción. Para ello, realiza una actividad de ponderación
entre el interés de quien pretende resolver un conflicto en sede judicial y el
interés general que concreta el principio de seguridad jurídica entre los
asociados; balance que tiene como resultado la determinación de una medida
de tiempo o plazo razonable para ejercer cada uno de los medios de control,
de forma que se garantiza el derecho de acción, a la vez que se evita la
10
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-174 del 14 de marzo de 2007 señaló: “(…)
los laudos arbitrales no son completamente equiparables en sus características formales y
materiales a las sentencias judiciales, principalmente porque al ser producto de una habilitación
expresa, voluntaria y libre de los árbitros por las partes en conflicto, no están sujetos al trámite de
segunda instancia a través del recurso de apelación, como sí lo están las decisiones adoptadas por
los jueces. Si los laudos fueran apelables ante los jueces, la disputa cuya resolución las partes
voluntariamente decidieron confiar a unos particulares habilitados por ellas terminaría siendo
desatada precisamente por el sistema estatal de administración de justicia de la cual las partes, en
ejercicio de su autonomía contractual y de la facultad reconocida en el artículo 116 de la
Constitución, querían sustraer esas controversias específicas en virtud de una cláusula
compromisoria o de un compromiso
8
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
indefinición de situaciones jurídicas que harían perenne e inagotable la
pugnacidad social.
23. En esta línea, el instituto de la caducidad sanciona los eventos en que
determinados dispositivos de control judicial no son promovidos en los plazos
específicos fijados por la ley. Así que, una vez transcurrido el límite temporal
dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad se revela
como medio extintivo del mismo. Sobre esta figura jurídico procesal mucho se
ha explicado, tanto en pronunciamientos de esta Corporación como en sede
constitucional; entre otros, cabe destacar los siguientes:
“...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues
puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea
oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador
(…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos,
racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el
acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del
derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so
pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad
jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”11.
Por su parte, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de la
caducidad de los medios de control en lo contencioso administrativo, indicó:
La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como
el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos
fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado
derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para
revivirlos". Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad
jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro
del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede
ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá
expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".
• La caducidad como causal de anulación
24. Como antecedente normativo, se recuerda que esta causal carecía de
consagración autónoma y su reproche se tramitaba a través de la invocación
de la hipótesis de anulación prevista en el numeral 8° del artículo 163 del
Decreto 1818 de 1998 que cuestionaba, por diversas vías, la competencia del
tribunal arbitral, al disponer:
“8. Haberse (sic) recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los
árbitros o haberse concedido más de lo pedido”.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05, M.P.
Tarsicio Cáceres Toro.
9
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
25. Así las cosas, la entonces causal octava se dirigía a sancionar el laudo
proferido por objeto o causa distinta a la que fue pretendida o invocada en la
demanda, así como los eventos en que se condenara por más de lo pedido –
fallos extra y ultra petita, respectivamente–; de esta categoría participaban,
igualmente, los reproches a la competencia de los árbitros cuando fallaban
sobre asuntos que de acuerdo con el pacto arbitral no se habían sometido a
su decisión, o aquellos que por ley no podían ser objeto de arbitraje.
26. En esta última hipótesis quedó comprendida, entre otras, la figura de la
caducidad, en tanto su configuración se constituía en una falta de competencia
de los árbitros quienes, por tal razón, no podían emitir una decisión válida ante
la carencia de este atributo. Así, en vigencia del citado Decreto 1818 de 1998
esta Colegiatura explicó, con meridiana claridad, el alcance de la mentada
causal octava, y respecto a la caducidad indicó lo siguiente:
“El numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 prevé como causal
de anulación el ´haberse (sic) recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la
decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido´.
(…) como en materia arbitral la competencia de los árbitros queda circunscrita
a los precisos puntos que las partes quisieron someter a su decisión, resulta
claro que cualquier pronunciamiento ajeno a este thema decidendum se hará
sin competencia alguna y se abriría paso la causal de nulidad comentada.
Sin embargo, puede distinguirse un evento más que puede quedar
comprendido en la causal que aquí se menciona y que es precisamente el que
aducen las recurrentes. Este evento no es otro que el haber resuelto el laudo
una cuestión litigiosa a pesar de haber operado el fenómeno de la
caducidad de la acción. En efecto, si la acción ha caducado ya no hay
posibilidad, por mandato legal, de ventilar judicialmente la cuestión litigiosa y
por ende el juez que asuma el conocimiento de un asunto en estas
circunstancias lo estará haciendo sin competencia para ello y por ende
finalmente resolverá “puntos no sujetos a la decisión” de ese juzgador, lo que
indudablemente configuraría la aludida causal”12 (negrilla añadida).
27. Se advierte entonces que la sanción de anulación, vinculada al fenómeno
de la caducidad, desde sus orígenes, únicamente comprendió los eventos en
que se presentaba su configuración, por entrañar una limitación al ejercicio de
la competencia de los árbitros; hipótesis que, a su turno, no impedía que la
caducidad pudiera ser declarada en el laudo, pues una decisión en tal sentido
es consistente con las atribuciones de las que es dotado el juez –en este caso,
el árbitro– de declararla cuando la hallare probada, y en cualquier momento
en que advierta su configuración.
28. Con la entrada en vigencia del Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional en el año 2012, la génesis y el alcance de la causal de caducidad
no desaparecieron, sino que se le atribuyó carácter autónomo en el numeral 2
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 1 de febrero de 2012,
Radicación número: 11001-03-26-000-2011-00034-01(41.471), M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
10
Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, disposición en la cual se depositaron
los cuestionamientos sobre la competencia de los árbitros en términos de
“caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”; todos
orientados a limitar las atribuciones del tribunal arbitral para ocuparse del
conocimiento de la controversia.
29. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido prolija en
explicar el alcance de la causal de anulación por caducidad de la acción, y ha
distinguido dos escenarios: el que configura causal de anulación y aquel que
no, en los siguientes términos:
“Partiendo de la base que la caducidad de la acción impide formular ante el
juez determinadas pretensiones por el hecho de haber dejado transcurrir el
término señalado en la ley sin haber ejercido la correspondiente acción, en
materia arbitral, la causal segunda del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
en cuanto a aquel fenómeno se refiere, queda circunscrita únicamente a
aquella hipótesis en que los árbitros deciden el fondo la cuestión
litigiosa, a pesar de que ha operado el fenómeno preclusivo de la acción.
En efecto, nótese que el numeral segundo del artículo 41 de la ley arbitral
recoge todos aquellos eventos en los que el juzgador no está habilitado para
decidir la controversia, bien porque carece de jurisdicción, o porque no tiene
competencia para ello, o simplemente porque se lo impide el hecho de
haberse consolidado el fenómeno de caducidad al derecho de acción.
Luego, si la causal en comento recoge los eventos en que el árbitro no puede
decidir de fondo, y sin embargo decide, mal puede controvertirse un laudo con
fundamento en que ocurre precisamente todo lo contrario, esto es, cuando el
árbitro se abstiene de resolver porque estima que la acción ha caducado”13
(se resalta).
30. Este razonamiento se constata en los debates que en sede legislativa se
surtieron para llegar a la expedición de la Ley 1563 de 2012, de cuyo trasegar
se observa que, en principio, el proyecto de ley 14 no incluía la figura de la
caducidad en el numeral 2° de las causales de anulación, pues éste sólo se
refería a la falta de jurisdicción y competencia 15. El texto así propuesto, sin
incluir la caducidad en el citado numeral 2°, se mantuvo en la primera ponencia
Senado16, segunda ponencia Senado 17 y en el texto aprobado en plenaria del
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 31 de mayo de 2019,
Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00134-00 (62086), M.P. Nicolás Yepes Corrales.
14
Proyecto de ley No. 018 de 2011 Senado, 176 de 2011 Cámara.
15
Gaceta del Congreso de la República 542 del 29 de julio de 2011 – Exposición de motivos. Ver
en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/
gaceta_542.pdf
16
Gaceta del Congreso de la República 817 del 2 de noviembre de 2011. Consultado en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/
gaceta_817.pdf
17
Gaceta del Congreso de la República 946 del 7 de diciembre de 2011. Consultado en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/
gaceta_946.pdf
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Senado18, al igual que en el texto propuesto para primer debate en Cámara de
Representantes (tercer debate) 19 a dicho proyecto de Ley.
31. Fue en curso del segundo debate en Cámara 20 donde se plantearon
algunas modificaciones al texto que venía siendo discutido; entre ellas, se
incluyó en la causal 2° de anulación el fenómeno de la caducidad, y se explicó
que ello procedía en los términos y “tal y como lo ha hecho el Consejo de
Estado, que, en relación con laudos arbitrales que definan conflictos
contractuales de las entidades estatales, la caducidad de la acción contractual
puede tipificarse como causal de anulación18 ”; y advirtió que, “[s]i el tribunal de
arbitraje omitió dar cumplimiento a la ley y declarar de oficio una caducidad
esto debe ser motivo de anulación del laudo arbitral”.
32. Además, para precisar el alcance de la figura de la caducidad en sede
arbitral, el legislador tuvo la precaución de remitirse a un pronunciamiento
específico del Consejo de Estado, dado el carácter taxativo de las causales de
anulación –pie de pág.18 del texto del referido debate– en el que puntualizó
que esta causal sólo se configura, como acontecía en aplicación del Decreto
1818 de 1998, cuando habiendo operado la caducidad del medio de control se
fallaba sin competencia. El citado pie de página indicó:
33. Este ejercicio de constatación, en el que convergen los criterios de
interpretación gramatical 21 e histórico22 de la ley, aplicables ante la duda que
18
Gaceta del Congreso de la República 987 del 21 de diciembre de 2011. Consultado en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/
gaceta_987.pdf
19
Gaceta del Congreso de la República 108 del 27 de marzo de 2012. Consultado en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/
gaceta_108.pdf
20
Gaceta del Congreso de la República 321 del 6 de junio de 2012. Consultado en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/
gaceta_321.pdf pág. 18.
21
Los artículos 25 y ss. del Código Civil, desarrollan los criterios de interpretación de la ley, entre
los cuales el art. 27 dispone: “ARTICULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el
sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o
espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimient o”.
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De acuerdo con la Corte Constitucional “el método histórico … intenta buscar el significado de la
legislación a través de sus antecedentes y trabajos preparatorios ”; criterio que, unido al gramatical,
en el caso concreto, son expresión directa de la intención del legislador en la historia fidedigna de
la ley, en tanto (i) permite conocer el alcance de esta causal en la historia normativa que antecedió
la expedición de la Ley 1563 de 2012, y (ii) al dar lectura a las discusiones y razones expresadas
por el legislador en los distintos debates de gestación normativa, permite conocer el alcance de la
innovación de incluir al fenómeno de la caducidad en la causal 2, dotando de sentido, además, y
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pueda surgir en relación con el alcance de la causal de anulación relativa a la
caducidad, son expresión fidedigna de las razones que condujeron al
legislador a su incorporación en el artículo segundo del estatuto arbitral, en
orden a reproducir en el texto legal los pronunciamientos efectuados por las
altas corporaciones judiciales en la materia; todo ello, bajo un ejercicio que el
citado proyecto denominó como normativización de la jurisprudencia, en el
cual se justificó esta forma de producción legislativa indicando que “se hace
necesario al momento de legislar estudiar la jurisprudencia de las altas cortes
para proceder a normativizar aquella que se considera afortunada”.23
34. Con expresión cierta del alcance de esta causal, basta acudir al contenido
de la sentencia que fue particularizada por el legislativo para explicar el
fundamento y alcance de esta hipótesis de anulación, sentencia del 18 de
febrero de 2010, Exp. 37004 que, al respecto, definió lo siguiente:
“ (…) como ya se ha expuesto ampliamente, mediante la presente sentencia se
dispondrá la anulación del laudo arbitral por considerar que recayó sobre puntos
no sujetos a la decisión de los árbitros, cuestión que da lugar a que se configure
la causal de anulación consagrada en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto
1818 de 1998, y ello en cuanto se ocupó de dirimir controversias que por orden
legal no eran transigibles, puesto que para el momento de presentación de la
correspondiente demanda arbitral ya había operado la caducidad de la acción,
cuestión que, a su turno, determina que la actuación del Tribunal de Arbitramento
se hubiere adelantado sin competencia –e incluso sin jurisdicción–
Pues bien, a partir de la anterior anotación, la Sala estima necesario precisar que
con esa postura no se varía ni se modifica la tesis mayoritaria que ha venido
sosteniendo en el sentido de señalar que, por el contrario, escapa por completo
al ámbito del recurso de anulación, por tratarse de un error in iudicando –que no
in procedendo– el examen de los casos en los cuales los tribunales de
arbitramento sí declaran la ocurrencia de la caducidad de la acción aunque dicho
fenómeno no se hubiere configurado en la realidad, por lo cual no puede abrirse
paso el recurso de anulación en el cual se invoque, por esa circunstancia, la
causal consistente en “no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento” (artículos 163-9 Decreto 1818 de 1988).
Nótese que, aunque se trata de dos situaciones que giran en torno a un mismo y
único fenómeno jurídico, el de la caducidad de la acción, en verdad se oponen
radicalmente entre sí y mal podrían asimilarse:
i) Ciertamente, uno es el evento en el cual el correspondiente tribunal de
arbitramento decide proceder sin competencia –e incluso sin jurisdicción– para
ello, en cuanto hubiere operado la caducidad de la acción, cuestión que obliga al
juez de la anulación a anular el laudo respectivo una vez verifique que, junto con
los demás requisitos propios de este medio de impugnación extraordinario,
hubiere ocurrido la referida caducidad de la acción, independientemente de que
el respectivo tribunal de arbitramento se haya pronunciado, o no, sobre la
excepción de caducidad, toda vez que es evidente que en tal situación a ese
pronunciamiento arbitral le hace falta un presupuesto indispensable: el de la
competencia –y/o la jurisdicción– que debe acompañar al juez arbitral;
por contexto, al requisito de procedibilidad que debe agotarse en cualquiera de los tres eventos
que conforman dicha causal segunda.
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Ídem. Pág. 11
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ii) Otro muy distinto, en cambio, es el caso en el cual, aunque en realidad no se
hubiere configurado la caducidad de la acción, la misma es declarada por el
respectivo tribunal de arbitramento, hipótesis en la que el juez de la anulación no
puede entrar a modificar las valoraciones y las conclusiones que en ese sentido
hubiesen sido adoptadas en sede arbitral, con plena competencia, aunque
equivocadas, puesto que de hacerlo asumiría el papel propio de un juez de
segunda instancia. Si el tribunal de arbitramento decide que ha operado la
caducidad de la acción, contando con competencia para ello, ese pronunciamiento
corresponde a un típico asunto in iudicando y su revisión implicaría reabrir el
debate sobre el fondo de la cuestión litigiosa dirimida por los árbitros”. (se subraya)
35. Los anteriores postulados, traídos a la causal segunda de anulación bajo
el estatuto arbitral de 2012, al ser analizados, además, de forma sistemática
en conjunto con las demás disposiciones que conforman el proceso arbitral,
dotan de sentido la incorporación del requisito previsto en el inciso cuarto del
artículo 41 ibidem, por cuya virtud se exige para definir la procedibilidad de las
causales contenidas en los numerales 1 a 3 de dicha norma, que el recurrente
hubiese hecho “valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de
reposición contra el auto de asunción de competencia”.
Exigencia que razona en torno a la posterior invocación de tales eventos como
causales de anulación, con el fin de evitar que se llegue a la expedición de un
laudo que no podía proferirse por ausencia de pacto arbitral (núm. 1°), falta de
competencia, falta de jurisdicción, o caducidad (núm. 2°), o no haberse
constituido el tribunal en forma legal (núm. 3); y que, en orden al asunto que
convoca la atención de la Sala, de ninguna forma reprime la competencia para
que justamente se declare su ocurrencia, al emitir el laudo respectivo.
(iv) El caso concreto
36. La parte Convocante al interponer el recurso de anulación, invocó como
fundamento la causal 2 de anulación referida a la caducidad de la acción, y,
para estos efectos, planteó su desacuerdo con la decisión arbitral de haber
declarado la configuración de este instituto en el laudo emitido.
Cuestionó, con la misma finalidad, los análisis legales y probatorios realizados
por el Tribunal de Arbitramento que lo llevaron a interpretar y concluir que el
documento titulado “acta de terminación” suscrito por ambas partes, se
constituía, por su alcance y contenido, en una verdadera acta de liquidación;
además, reprochó las valoraciones efectuadas en torno al contenido de la
expresión de paz y salvo incorporada en tales documentos, y de allí, sostuvo
que el punto de partida para el cómputo de la caducidad se efectuó de manera
errada en el laudo, por lo que se ocupó de indicar la interpretación que debía
hacerse de tales actas –distinguiendo entre la etapa de terminación y la de
liquidación del contrato estatal– en función de desacreditar la decisión
adoptada por el árbitro único de hallar configurada la caducidad.
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37. Advierte la Sala, en primer lugar, que los fundamentos ofrecidos en la
impugnación objeto del sub examen, son propios de un recurso de apelación
–inexistente bajo el modelo del proceso arbitral– en el cual la parte inconforme
promueve el control judicial de la decisión de primer grado en una estructura
que impone la existencia de un superior jerárquico a quien compete examinar
los defectos adjetivos y sustanciales que, a juicio del censor, deben ser
removidos del mundo jurídico, en una aplicación debida de la ley.
Contrario a ello, en sede arbitral está excluido el recurso de alzada en
consideración a la especial arquitectura procesal definida en la ley de arbitraje,
escenario donde la decisión contenida en el laudo es definitiva y por regla
general intangible, dentro de un proceso que transcurre en única instancia y al
que las partes llegan por su sola voluntad, sujetándose de forma ineludible a
su estructura, recursos, así como a los efectos de tal decisión.
38. De esta forma, al ser los planteamientos del recurso presentado
verdaderos argumentos de apelación –en tanto controvierten las valoraciones
efectuadas por el Tribunal al interpretar los documentos de terminación del
contrato, el alcance del paz y salvo emitido por las partes, y los análisis que
condujeron a efectuar el cómputo de la caducidad a partir de tal interpretación–
se evidencia que el examen postulado por el recurrente desnaturaliza y supera
la competencia conferida al juez de la anulación, el cual no corresponde ni
puede ser suplantado por un disenso puro de apelación, pues el ámbito del
recurso contra laudos arbitrales está restringido a aspectos in procedendo; tal
como lo corrobora la prohibición que sobre la materia trae el inciso final del
artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que dispone:
“La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de
la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
Conforme a lo indicado, no puede dejar de advertir la Sala que, en este caso,
no se formuló un recurso extraordinario de anulación, sino uno de apelación,
el que, a todas luces, es improcedente.
39. Al lado de lo anterior, puntualmente en torno a la caducidad esgrimida
como hipótesis de anulación, habrá de decirse que, como el argumento de la
impugnante alude a su inconformidad frente a la decisión del árbitro de haber
declarado su configuración en el laudo, se tiene por averiguado que por esa
vía no tiene cabida un pronunciamiento de anulación pues, como ampliamente
fue analizado en el acápite precedente, la caducidad sólo puede invocarse en
aquellos eventos en que habiendo operado este fenómeno preclusivo el
tribunal de arbitramento no lo hubiere declarado y fuera emitido el respectivo
laudo, siendo éste el escenario en que se afecta la competencia en sede
arbitral.
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40. Al hilo de lo dicho, según se itera en la jurisprudencia y se corrobora en las
motivaciones del proceso de gestación normativa adelantadas en sede
legislativa (numerales 29 al 34 de esta providencia), no son parte de dicha
causal de anulación los eventos en que “el árbitro declara la caducidad y la
parte recurrente alegue que no se configuraba, pues dicho supuesto
conduciría al juez de la anulación a pronunciarse sobre las valoraciones y
consideraciones del Tribunal Arbitral -errores in iudicando, lo cual escapa a su
competencia”24.
Por consecuencia, como es esta la hipótesis que formula la impugnante al
cimentar su recurso es evidente que tal evento escapa a la causal segunda
invocada, situación que, dada su improcedencia, impide abrir paso a una
declaratoria de anulación, y su destino conduce a declarar infundado el
presente medio de control.
(v) Costas
41. El inciso 5° del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que, si ninguna
de las causales prospera se declarará infundado el recurso extraordinario de
anulación y se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso
haya sido presentado por el Ministerio Público. De conformidad con lo previsto
en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en derecho se tasan en
atención a la complejidad y la duración de la actuación que adelantó la
vencedora.
En este caso, a pesar de que no prosperó la causal invocada, no hay lugar a
condenar en costas a la recurrente 25, porque la ESE Salud Pereira no se opuso
al recurso extraordinario de anulación, ni tampoco hubo actuación alguna de
su parte en el trámite surtido ante esta Corporación, de ahí que no se hayan
causado agencias en derecho.
V. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 22 de noviembre de 2021,
Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00141-00 (67223), M.P. Nicolás Yepes Corrales.
25
En casos similares, esta Subsección ya se ha pronunciado en estos términos. Ver, entre otras,
Sentencia del 11 de mayo de 2022, Exp. 11001032600020220005100 (68123) M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Tal proveído, a su turno, hizo referencia a jurisprudencia de la Sección Tercera en
la que se consideró: “6. El artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que si el recurso no prospera
se condenará en costas al recurrente. Como no se encuentran probadas las agencias en
derecho, pues la convocada guardó silencio frente al recurso , y tampoco se probaron otros
pagos como impuestos, pagos de auxiliares de justicia u otros gastos judiciales, no se condenará
por esos conceptos” (Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 30 de abril de 2021, expediente No. 65.480, M.P. Guillermo Sánchez
Luque).
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Radicación: 11001032600020220007400 (68.217)
Actor: Servicios Globales en Salud SGS S.A.S
Demandado: ESE Salud Pereira
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por Servicios Globales en Salud SGS S.A.S, conforme a las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta decisión, se ordena devolver el expediente al Centro
de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio
de Pereira, por conducto de la Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE26
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
V.F
26
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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