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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-26-000-2022-00094-00

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-26-000-2022-00094-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por la señora Carmen Idalides Nova Marrugo en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de 13 Radicado: 11001-03-26-000-2022-00094-00 (1993-2023) Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo Bolívar, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-008-2016-00099-01. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas y agencias en derecho a la señora Carmen Idalides Nova Marrugo, conforme a lo indicado en esta providencia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-26-000-2022-00094-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00094-00 (1993-2023)
Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00094-00 (1993-2023)
Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo
Demandado: Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena

Tema: Causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Presupuestos de configuración. Indebida sustentación.

Decisión: Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia de segunda
instancia ni la existencia de vicios graves que comprometieran el debido proceso o
el principio de congruencia.

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, interpuesto por la señora Carmen Idalides Nova
Marrugo contra la sentencia del 7 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 13001-33-33-008-2016-00099-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

2.1. Pretensiones

2. La señora Carmen Idalides Nova Marrugo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio IPC-OFI-0000402-
2016 del 7 de marzo de 2016, expedido por la entidad demandada, mediante el cual
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Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

se negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral encubierta. A título
de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara la existencia de dicha
relación entre las partes durante el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2009
y el 30 de diciembre de 2013 y, como consecuencia, que se ordenara el pago de las
prestaciones sociales.

2.2. Hechos

3.La actora indicó que prestó de manera permanente servicios de apoyo a la
gestión como directora comercial del Teatro Adolfo Mejía en favor del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena, entre el 3 de junio de 2009 y el 30 de diciembre
de 2013, mediante la celebración de diferentes contratos de prestación de servicios.
Asimismo, afirmó que durante todo ese período desarrolló sus actividades bajo
subordinación y en función de las necesidades del Teatro Adolfo Mejía, en
condiciones similares a las del personal de planta y durante un lapso que superó la
temporalidad propia de aquellos contratos. En consecuencia, estimó que se
configuraron los tres elementos que caracterizan una relación laboral —prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación—, por lo que solicitó su
declaración.

2.3. Sentencia de primera instancia1

4. El Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Cartagena dictó sentencia
el 6 de febrero de 2017, mediante la cual declaró la nulidad del acto administrativo
acusado y, «a título de reparación del daño», ordenó, a cargo de la entidad
demandada y en favor de la actora, el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales «tales como vacaciones, prima de vacaciones, cesantías e intereses de
cesantías, prima de navidad, y los demás valores equivalente [sic] a las
prestaciones comunes u ordinarias que devengan los empleados de planta de la
entidad IPCC correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la
existencia de la relación laboral, es decir, a partir del 3 de junio de 2009 hasta el 30
de diciembre de 2013».

5. Para liquidar las prestaciones reconocidas, el Juzgado ordenó tomar como base
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios y recibidos por
la actora. Finalmente, ordenó el reconocimiento y pago de los aportes a pensión

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Expediente digitalizado visible en el índice 62 del aplicativo SAMAI.

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que la entidad demandada debió efectuar, en calidad de empleadora, en favor de la
demandante, y se abstuvo de condenar en costas.

6. Para arribar a esa decisión, el fallador de primera instancia estimó que se
acreditaron los tres elementos constitutivos de la relación laboral: i) la prestación
personal del servicio, dado que la actora se desempeñó como directora comercial
del Teatro Adolfo Mejía en favor del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
entre el 3 de junio de 2009 y el 30 de diciembre de 2013, mediante la celebración
de diferentes contratos; ii) la remuneración, consistente en los honorarios que
recibió a cambio de sus servicios; y iii) la subordinación, pues los documentos
allegados evidenciaban la supervisión y las directrices continuas que recibió por
parte de sus jefes inmediatos.

2.4. Recurso de apelación2

7.El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia con el fin de que fuera revocada.
Para tal fin, propuso los siguientes argumentos:

8. Estimó que las pruebas que reposaban en el expediente no eran concluyentes
para considerar que entre las partes existió una relación laboral encubierta. Por el
contrario, únicamente demostraban la celebración de múltiples contratos de
prestación de servicios. Por tanto, sostuvo que la parte actora no cumplió con la
carga de probar los hechos en los que fundó sus pretensiones, conforme a la
normativa procesal aplicable.

9. En ese contexto, solicitó que no se confundiera la realización de actividades
durante la ejecución de contratos de prestación de servicios con los elementos
propios del contrato de trabajo, los cuales no se acreditaron, siquiera sumariamente,
en el presente asunto.

10. De otro lado, discrepó de la posición del Juzgado respecto de la prescripción,
pues la reclamación administrativa se presentó después de transcurridos más de
tres años desde la celebración de los contratos.

2
Ibidem.

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2.5. Sentencia objeto de revisión3

11. El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia de segunda instancia el 7 de
noviembre de 2019, mediante la cual revocó la decisión del Juzgado, negó las
pretensiones de la demanda y condenó a la demandante en costas de ambas
instancias.

12. Como fundamentos de su decisión, explicó que, con las pruebas aportadas se
acreditó la prestación personal del servicio de la actora en favor de la demandada
entre el 3 de junio de 2009 y el 30 de diciembre de 2013, y la remuneración recibida
a cambio de sus actividades, pero no se constató la subordinación.

13. Alrespecto, recordó que la coordinación en el marco de los contratos de
prestación de servicios «más que una facultad es una obligación que el estatuto de
contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes
públicos que desarrollen cualquier tipo de contratación con rubros oficiales, y que
deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha
obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implica coordinar
algunas funciones, el establecimiento de horario en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita la
superioridad jerárquica ínsita de la subordinación».

14. En ese marco conceptual, el Tribunal consideró que los documentos aportados
al expediente solo demostraban la coordinación existente entre las partes, pues las
actividades de la demandante correspondían a la comercialización y promoción del
Teatro Adolfo Mejía y esta actuaba de manera independiente y autónoma en su
ejecución. Así las cosas, los correos electrónicos que para el Juzgado eran
indicativos de subordinación únicamente evidenciaban la interacción que la actora
mantenía, en cada periodo, con la entidad y con «las personas que arrendaban o
pretendían arrendar el inmueble», así como con «los potenciales usuarios del
Teatro, debido a la comercialización y promoción del mismo».

2.6. Del recurso extraordinario de revisión

15. La causal invocada. La señora Carmen Idalides Nova Marrugo presentó este
recurso contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 7

3
Ibidem.

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Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

de noviembre de 2019, argumentando que se incurrió en la causal de revisión
prevista en el numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20114, en tanto se
desconoció la existencia de un contrato realidad entre las partes, incurriendo la
providencia en una vía de hecho.

16. En cuanto a los argumentos que sustentan el recurso, la actora expuso que la
sentencia recurrida estaba viciada de nulidad, porque con su expedición se
vulneraron sus derechos al revocarse la decisión que había accedido a las
pretensiones de la demanda. Agregó que el recurso extraordinario de revisión era
procedente, debido a que no contaba con otro mecanismo jurídico para defenderlos,
pues contra la sentencia no procedía el recurso de apelación.

17. Consideró que las pruebas aportadas al proceso demostraban la subordinación
a la que estuvo sometida durante la prestación del servicio en favor del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena, pues su presencia permanente en las
instalaciones del Teatro Adolfo Mejía era requerida por desempeñarse como
directora comercial.

18. Añadió que, el elemento de coordinación, a partir del cual el Tribunal estructuró
su decisión para negar las pretensiones, no se «inmiscuye con el elemento esencial
de la subordinación», sino que, en realidad, ambos van de la mano.

2.7. Intervenciones

19. El
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

20. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.

4 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»

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Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

3.2. De la oportunidad para interponer el recurso

21. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°,
entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».

22. La sentencia impugnada se profirió el 7 de noviembre de 2019 y quedó
ejecutoriada el 1 de julio de 2020, de acuerdo con la constancia expedida el 26 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar5. El recurso, por su
parte, fue radicado el 24 de febrero de 2021, esto es, dentro de la oportunidad que
impone la ley.

3.3. Problema jurídico

23. De acuerdo con lo argüido por la parte actora, corresponde a la Sala determinar
si ¿la sentencia de 7 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, dentro del proceso ordinario arriba referenciado, incurrió en la causal de
revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA?

24. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA.

3.4. Normas y jurisprudencia aplicables.

25. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece que:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

26. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las

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Índice 22 aplicativo Samai.

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sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo —jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación—.

27. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de Revisión de este
tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».7

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
doctrina8 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

6 Expediente nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
8 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,

Pág. 884.
9 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado

después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,

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45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».10

28. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de
las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir
la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de
las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a
juicio.

29. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada11. En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez12 o para corregir errores «in iudicando»13, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos

la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
10 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-

000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente nro.

11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
12 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-

000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
13 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores

in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».

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falsos o adulterados14-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho15-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,16- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación17-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».18

14 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
15 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
16 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la

sentencia.
17 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
18 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».

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30. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

31. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.

32. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se defendió la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior19.

33. Por su parte, en la segunda teoría, se señaló que la causal en estudio no se
configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los

19 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.

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mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial20. A partir de esta última tesis sostuvo que21:

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia22 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201823 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de

20 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:

sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
21 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta

Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV

2014-00440-00.
23 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando

se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00094-00 (1993-2023)
Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional24 y que se configuren en la sentencia».

34. Corolario, las causales de nulidad que se pueden predicar frente a las sentencias
ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas últimas como
aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las garantías
esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

35. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico planteado
en precedencia.

3.5. Caso concreto

36. La Sala advierte que la señora Nova Marrugo invocó formalmente la causal quinta
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, analizados los argumentos
del recurso, no se pone de presente que la sentencia proferida por el Tribunal
hubiera incurrido en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133
del CGP, el artículo 29 de la Constitución Política o en otra irregularidad que
permitiera concluir que con esa decisión se quebrantaron los principios de justicia y
legalidad que rigen las actuaciones judiciales. Elementos necesarios para que la
Subsección proceda con el estudio de fondo de su recurso.

37. Por el contrario, los argumentos vertidos por la actora se dirigen esencialmente
a censurar que, contrario a lo decidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar en
la sentencia objeto de reproche, a su juicio si se configuró el elemento de la
subordinación de la relación laboral encubierta que estimó que existió entre su
persona con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en el periodo
comprendido entre el 3 de junio de 2009 y el 30 de diciembre de 2013.

24 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00094-00 (1993-2023)
Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

38. En ese contexto, resulta palmario que los reproches de la solicitante pertenecen
a la esfera del análisis jurídico y probatorio que realizó el Tribunal para concluir que
no se acreditó la subordinación en la prestación del servicio. Argumentación que,
como se indicó en el marco jurídico precedente, es ajeno a la finalidad del recurso
extraordinario de revisión, pues, en estricto sentido, lo que se pretende con ello es
reabrir un debate judicial ya concluido con la expedición de la sentencia de segunda
instancia y no poner en evidencia una nulidad originada en dicha providencia.

39. Los anteriores motivos son suficientes para que la Subsección declare infundado
el recurso extraordinario de revisión, pues no se configuró la causal invocada por el
recurrente.

3.6. Condena en costas

40. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021— establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».

41. En este contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró
infundado, sería procedente la imposición de condenas por este concepto. Sin
embargo, al no haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada
no intervino en el trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.

42. Según el numeral 8.º del artículo 365 del CGP solo habrá lugar a su imposición
de «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación», en este caso se indica en el numeral 19 que el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena no contestó el recurso; razón suficiente para no
condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por la señora Carmen Idalides Nova Marrugo en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de

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Demandante: Carmen Idalides Nova Marrugo

Bolívar, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-33-33-008-2016-00099-01.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas y agencias en derecho a la señora Carmen
Idalides Nova Marrugo, conforme a lo indicado en esta providencia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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