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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2022-00100-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2022-00100-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de la sentencia de 25 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y el fallo complementario de 23 de abril de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad accionante. Por la Secretaría liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente, en favor de la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA S. EN C. CUARTO: TENER al doctor ALBERTO MARIO JUBIZ CASTRO como apoderado judicial de la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA s. EN C., según el poder presentado al contestar este recurso. QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación. 73 Número único de radicación: 11001032600020220010000 Actora: SOCIEDAD TRANSMETRO S.A.S. Recurso Extraordinario de Revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00100-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 110010326000-2022-00100-00
Actora: Sociedad TRANSMETRO S.A.S.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por

la Sociedad TRANSMETRO S.A.S. contra: i) la sentencia de 25 de

septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del

Atlántico, que declaró el incumplimiento por parte de

TRANSMETRO S.A.S. de las obligaciones previstas en las

resoluciones núms. 024 de 4 de septiembre de 2008 y 024-1 de 22

de octubre de 2008, actos de expropiación administrativa; y ii) el

fallo complementario de 23 de abril de 2021, que dispuso adicionar

la sentencia, en relación con medidas y linderos de los 15.352

metros que conforman “el porcentaje del lote sin uso y el

parqueadero con cerramiento provisional”.

2

Número único de radicación: 11001032600020220010000
Actora: SOCIEDAD TRANSMETRO S.A.S.
Recurso Extraordinario de Revisión

I. ANTECEDENTES

1.1. La sociedad ANAYA GIRALDO & CIA. S. EN C., ejerció la

acción de reversión, prevista en el artículo 70 de la Ley 388 de

1997, contra TRANSMETRO S.A.S.1, con el propósito de que se

declarara la retrocesión a su favor respecto del inmueble que le fue

expropiado, ubicado en la calle 65 entre carreras 13 y 14, sector

Los Cusules del municipio de Soledad, pretensión que se decidió de

manera favorable en los fallos que se recurren a través de este

recurso2.

1.2. Para comprender el contexto del proceso en el que se

profirieron las sentencias cuestionadas, la Sala refiere los

siguientes hechos expuestos por la recurrente, así:

1.2.1 En razón a la entrada en operación del proyecto del Sistema

Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana,

aprobado mediante los documentos CONPES: i) 3306 de

septiembre de 2004; ii) 3348 de 2004 (modificatorio) y; iii) 3536

de agosto de 2008, se delimitó, según la recurrente, la necesidad

1
Funge como una empresa industrial y comercial del estado.
2
La parte actora asegura que en el trámite “se incurrieron en sendas irregularidades que devienen,
como se expondrá, en la nulidad de su decisión final, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió
fallo adiado 25 de septiembre del 2020, providencia respecto de la cual, mi representada solicitó
oportunamente su corrección, aclaración y adición, dando lugar a fallo complementario del 23 de
abril del 2021, notificado a Transmetro S.A.S el 27 de abril de la misma vigencia”

3

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de construir un portal y un patio – taller ubicado en el municipio de

Soledad (Atlántico).

1.2.2 Aseguró que para dar cumplimiento a este requerimiento se

identificaron los predios necesarios para la construcción del Portal

de Soledad, de acuerdo con los componentes previstos en los

documentos CONPES que, a su juicio, son: i) el portal; ii) el patio

• taller y, iii) el desarrollo inmobiliario que, de conformidad con los

lineamientos establecidos en el documento CONPES 3260 3 ,

permitirían la autosostenibilidad financiera del sistema, esto es,

contar con las fuentes adicionales de recursos para mejorar la

calidad del servicio prestado al usuario, y generar recursos para su

expansión.

1.2.3 Indicó que para efectos de adelantar dicho proyecto y en

específico, las obras del portal Soledad, el patio taller y el desarrollo

inmobiliario TRANSMETRO S.A.S. expropió en total cuatro predios

contiguos de diferentes propietarios para conformar un solo globo

3
Según el cual la “1. Financiación de los SITM “(…) Por lo tanto, se espera maximizar la inversión
privada en infraestructura, la cual deberá cubrir la construcción de los patios, talleres, y procurará
cubrir otros componentes, tales como las estaciones y portales de modo que estas inversiones logren
alcanzar como mínimo un 10% del costo total de la infraestructura. Dichas inversiones serán
remuneradas vía tarifa, dependiendo de la capacidad de pago del usuario, y/o con otras posibles
fuentes de ingresos del sistema, tales como negocios inmobiliarios y/o publicidad. (…) De otra parte,
se promoverá el diseño y puesta en marcha de nuevos negocios derivados del desarrollo de los SITM
con el objeto de contar con fuentes adicionales de recursos para mejorar la calidad del servicio
prestado al usuario, aumentar los niveles de seguridad ciudadana en los sistemas, y generar recursos
para la expansión del sistema. Para ello, las entidades territoriales competentes desarrollarán
modelos de gestión y esquemas de concesión para la explotación de negocios complementarios tales
como publicidad, comercio, derecho de uso de redes y plusvalías, entre otros, con el apoyo de la
Nación. Si así fuere necesario, cada ciudad realizará las modificaciones que se requieran a sus
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial y apoyará el desarrollo de planes parciales para
permitir el desarrollo de negocios inmobiliarios complementarios a los SITM.”

4

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de terreno 4 , inmuebles entre los cuales se encontraba el de

propiedad de la sociedad ANAYA GIRALDO & CÍA S. EN C.,

identificado en ese momento con el núm. de matrícula inmobiliaria

040-368653, ubicado en la calle 65 entre carreras 13 y 14 “Sector

Los Cusules” del municipio de Soledad.

1.2.4. Sostuvo que la sociedad ANAYA GIRALDO & CÍA. S. EN

C., presentó demanda 5 de retrocesión, de conformidad con el

numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, fundada en que

TRANSMETRO S.A.S. incumplió la finalidad invocada en la

resolución de expropiación, esto es, destinar el inmueble a “la

ejecución del proyecto de infraestructura vial y sistema de

Transporte masivo - SITM - TRANSMETRO S.A.”, pues en su

entender “la administración expropió el inmueble para construir

un Centro Comercial, con el fin de ceder a un tercero la propiedad

del mismo”.

1.2.5 Adujo que la demanda se planteó bajo la pretensión de

declarar la retrocesión y/o reversión a favor de la SOCIEDAD

ANAYA GIRALDO & CIA S. EN C. de la expropiación declarada

por TRANSMETRO S.A.S. mediante la Resolución núm. 024 de 4

4
Refiere la parte actora que el predio de propiedad de la sociedad ANAYA “fue englobado con los
otros 3 predios mediante Escritura Pública No. 700 del 10 de julio de 2012, naciendo así a la vida
jurídica un nuevo y único predio de 83.361 mts2 identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.
040-368653 donde sería construido el denominado Portal de Soledad con todos sus componentes
[ver plano A_PT_GE_02_DE_02 de fecha octubre 02 de 2009] el cual, sin duda, hace parte del
Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla”.
5
La parte recurrente indicó que no fue la primera demanda de este tipo presentada por la sociedad
Anaya.

5

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de septiembre de 2008, confirmada por la Resolución núm. 024-1

de 22 de octubre de 2008, respecto del inmueble ubicado en la calle

65 entre carreras 13 y 14, sector Los Cusules del Municipio de

Soledad (Atlántico), identificado inicialmente con la matrícula

inmobiliaria núm. 040-368653 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Barranquilla.

1.2.6 Refirió que admitida la acción se ordenó la vinculación del

Consorcio Grandes Proyectos, pero omitió la notificación al

Municipio de Soledad y a la operadora SISTUR, en cuanto estimó

que era necesaria su vinculación debido a que el ente territorial es

el propietario del predio en litigio y la otra por ser la operadora del

sistema.

1.2.7 La demanda presentada fue objeto de reforma, la cual se

admitió mediante auto de 30 de junio de 2016.

1.2.8 También se resolvió la solicitud de medida cautelar que

consistió en la inscripción de la demanda en el registro de la

matricula inmobiliaria. Tal decisión se adoptó mediante auto de 3

de febrero de 2017, el cual fue objeto de recurso de súplica,

resuelto en providencia de 30 de enero de 2018, en el sentido de

confirmar la referida inscripción.

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1.2.9 Aludió al desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 1o. de

marzo de 2018 y a la solicitud de las partes para lograr un

consenso, lo que llevó a su suspensión. No obstante, luego de

resultar fallida tal intención, meses después la audiencia continuó.

1.2.10 Destacó que en el desarrollo de la audiencia de pruebas y

con ocasión de la rendición del dictamen pericial, formuló objeción

por error grave al estimar que las conclusiones a las que arribó el

perito no se sustentaron en un análisis riguroso, ni detallado y que

no se apoyó en criterios técnicos.

1.2.11 Indicó que cumplida la audiencia de alegaciones se profirió

sentencia el 25 de septiembre de 2020, en la que se declaró: i)

infundada la objeción por error grave; ii) no probadas las

excepciones formuladas por TRANSMETRO; iii) el incumplimiento

por parte de TRANSMETRO de las obligaciones que asumió en las

resoluciones núms. 024 de 4 de septiembre de 2008 y 024-1 de 22

de octubre de ese año. En consecuencia, ordenó: iv) a la sociedad

ANAYA GIRALDO Y CIA S. EN C. devolver a TRANSMETRO la

suma de $606.106.474; v) devolver la titularidad del derecho de

dominio a la sociedad ANAYA GIRALDO Y CIA S. EN C. de los

15.352 metros cuadrados que hacían parte del predio identificado

con la matrícula inmobiliaria núm. 040-368653 de Barranquilla; y

vi) que los 15.352 metros cuadrados fueran inscritos en la Oficina

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de Instrumentos Públicos de Soledad con un número de matrícula

inmobiliaria independiente.

1.2.12 Afirmó que contra dicha decisión presentó solicitud de

aclaración, adición y complementación, que fueron resueltas

mediante auto de 8 de febrero de 2021 en el sentido de denegar la

aclaración y corrección. Y para dar respuesta a la adición de la

sentencia se ordenó requerir al perito arquitecto para que definiera

con precisión los límites de los 15.352 metros cuadrados 6 , que

ordenaron reintegrarse.

1.2.13 Por sentencia complementaria de 23 de abril de 2021 el

Tribunal aceptó adicionar el fallo en comento, en observancia de los

ajustes solicitados al perito en relación con las medidas del

inmueble objeto de devolución.

1.3. Contra la anterior decisión y el fallo de 25 de septiembre de

2020, la sociedad recurrente promovió ACCIÓN DE TUTELA al

6
En concomitancia con las solicitudes de aclaración, adición y complementación, la sociedad
TRANSMETO refirió que presentó 2 solicitudes de nulidad que se originaron en la sentencia, una
dirigida a demostrar: “la ilegalidad de la prueba pericial contemplada y usada en el fallo de instancia,
y otra presentada bajo el sustento de que pese a que a la sociedad demandante le pareció razonable
plantear como ÚNICOS detonantes de sus pretensiones: (i) los supuestos fines espurios con que se
consumó la expropiación; (ii) y la falta de utilización total del predio por la inejecución total de la
obra proyectada en la resolución de expropiación; el Tribunal, desatendiendo el principio de la
congruencia procesal, emitió sentencia (condena) extra petita en contra de Transmetro, a partir de
un supuesto marginal que no sólo está por fuera de la reglamentación expresa de la Ley –sino que
comporta un mundo jurídico aparte–, que es el caso de los “sobrantes de terreno”, -que en este caso
no se configuran porque lo que aconteció fue que el actor no permitió la finalización de la obra con
su actuar desleal al mantener el predio en constante litigio- que es la expresión tradicional con que
la doctrina y jurisprudencia (la mayoría foránea) se refiere a los excedentes de área del terreno
expropiado una vez ejecutada la obra; circunstancia que, por lo demás, corresponde advertir nunca
hizo parte de la causa petendi como supuesto habilitante para el ejercicio de la remisión
expropiatoria. (hecho 21 del recurso extraordinario)

8

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estimar que tales providencias transgredieron los derechos al

debido proceso, a la igualdad y de defensa, previstos en los

artículos 13 y 29 de la Carta Política. En primera instancia el amparo

fue denegado, decisión confirmada vía impugnación, en la que se

adujo, además, que el reproche de incongruencia alegado debía

plantearse en este medio extraordinario7.

II. PROVIDENCIAS RECURRIDAS EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 25 de septiembre de 2020,

proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo del

Atlántico – Sala de Decisión Oral - Sección “B”, mediante la cual se

declaró el incumplimiento por parte de TRANSMETRO S.A.S. de

las obligaciones establecidas en las resoluciones que expropiaron el

inmueble identificado con el registro inmobiliario 040-368653. En

consecuencia, se ordenó a la sociedad Anaya Giraldo & Cia S. en C.

(parte demandante) realizar la devolución de $606.106.474, para

realizar de nuevo la inscripción de su propiedad en el registro

inmobiliario, respecto de los 15.352 m2 que hacían parte de dicho

predio, en tanto se excluyó la parte que sí se construyó.

7
Mediante sentencia de 8 de febrero de 2022 la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de
Estado, confirmó el fallo de 20 de septiembre de 2021, en la que se adujo: ““Además, la solicitante
afirma que la decisión controvertida es incongruente, pues desbordó su competencia al estudiar
asuntos que no fueron planteados en la demanda de retrocesión, reproche para el que está
previsto el recurso extraordinario de revisión, de conformidad con el artículo 250.5 del
CPACA, de modo que la tutela es improcedente pues no satisface uno de los requisitos generales del
amparo contra providencias judiciales […] “.

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El problema jurídico que delimitó el Tribunal se circunscribió a

examinar si el inmueble frente al cual adelantó la expropiación

administrativa TRANSMETRO S.A.S. “[…] si hay lugar o no a

declarar la retrocesión y/o reversión a favor de Anaya Giraldo &

Cía. S. en C. en razón de la expropiación decretada por Transmetro

S.A.S. […] Así mismo, se determinará, si […] hay lugar o no a

ordenar a Transmetro S.A.S. a restituir materialmente a Anaya

Giraldo & Cía. S. en C., el inmueble […]”.

Además de la fijación del litigio, la sentencia destacó que la

propietaria del bien expropiado adujo que pese a que el bien

expropiado “estaba destinado para la ejecución del proyecto de

infraestructura vial y sistema de transporte masivo -SITM-

TRANSMETRO S.A., ubicado en la Calle 65 entre las carreras 13 y 14

del Municipio de Soledad, en especial, para la construcción del Portal

Sur o Portal Soledad”, se destinaria para la construcción de un centro

comercial, objeto diferente al que se había establecido en los actos

acusados.

La parte accionada se opuso al argumento de la demanda, para lo

cual señaló que el inmueble sí se iba a usar para los fines para los

cuales se expropió; y que la alegación de reducir el predio a un

proyecto de centro comercial era equivocada, en tanto que debe

comprenderse que el sistema de transporte masivo está dotado de

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una infraestructura física que incluye portales, vías, puentes,

espacio público, estaciones y demás elementos inherentes.

Frente a la acción de reversión el Tribunal concretó, luego de

abordar la generalidad del proceso de expropiación, que para la

administración existen una serie de reglas cuando adelanta este

trámite, así: i) la obligación de utilizar el bien expropiado para los

fines invocados; ii) su uso debe cumplirse en el término de 3 años;

iii) el Tribunal es la autoridad judicial encargada de verificar el

cumplimiento de tal obligación; iv) el trámite es de única instancia;

v) en caso de incumplimiento comprobado se recobra la titularidad

del inmueble; vi) se fija el valor del reintegro del dinero pagado

por la administración a cargo del demandante; y vi) es necesario

la acreditación del pago para la inscripción de la sentencia.

Hecha la precisión anterior, el Tribunal se ocupó de analizar las

pruebas que se decretaron, entre las cuales se refirió a: i) las

inspecciones judiciales practicadas tanto en el proceso en el que se

dictó la providencia recurrida, como en el adelantado bajo el

número de radicado 08-001-23-31-001-2010-01240-00; ii) el

interrogatorio de parte 8 de los representantes legales de

TRANSMETRO S.A.S., rendidas en los años 2011 y 2019; y iii) los

dictámenes periciales practicados en el proceso y en aquel que se

8
Se trata de aquel que se rindió en el proceso N° 08-001-23-31-001-2010-01240-00 y el que se
decretó en el proceso 08001233300020150059100 en el que se dictó el fallo recurrido.

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tramitó bajo el núm. 2010-01240-00.

En específico, el fallo aludió al dictamen de 19 de marzo de 2019,

a su contenido y a su contradicción mediante la formulación de la

objeción por error grave, sustentado en el hecho de que las

conclusiones no se soportaron en criterios técnicos y el uso de las

imágenes a través de la aplicación “Google Earth”. A este trámite

se le confirió el proceso correspondiente y se aceptó su reproche

mediante el contra - dictamen rendido por Arquiavalúos S.A.S.

Examinado los puntos de la objeción, el Tribunal decidió que no

prosperaba bajo el entendido de que “ambos dictámenes tienen

semejanzas tanto en los métodos que se utilizaron y las

conclusiones a las que llegaron”.

En estos términos, concluyó que de los 20.148,01 metros

cuadrados que TRANSMETRO expropió, tan sólo usó para la

construcción del Portal de Soledad 1.767 m2, esto es, el equivalente

a un 8.70 % del total del lote expropiado, lo que evidenciaba el

incumplimiento de la obligación asumida en los actos

administrativos de expropiación.

Aludió a los escenarios de la figura de la retrocesión según el

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entendimiento que le asigna la doctrina 9 , y destacó que se

configura, entre otros: “cuando realizada la obra o establecido el

servicio quede alguna parte sobrante de los bienes

expropiados”.

El Tribunal consideró que además la parte demandada no informó

que hubiese proyectos para ser ejecutados a corto o mediano plazo

sobre el terreno inutilizado; y que aunque el argumento frente a

la imposibilidad de culminar el plan integral es de carácter

monetario, ello no justifica el incumplimiento de TRANSMETRO a

los principios que rigen el proceso de expropiación.

Bajo esta consideración, concluyó que a la sociedad ANAYA

GIRALDO le asiste el derecho a recuperar la titularidad del bien

expropiado.; y que debido a las ocupaciones reducidas que se

probaron, el reintegro se reduce a 15.352 metros cuadrados,

correspondiente al 76% de la totalidad del inmueble que fue

expropiado.

Como consecuencia de tal devolución, se ordenó a la demandante

a reintegrar a TRANSMETRO el monto de lo recibido por concepto

de indemnización en la expropiación administrativa,

correspondiente al 61,1661485% de lo recibido, equivalente a la

9
Se refirió a los tratadistas Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho
Administrativo. Editorial Civitas S.A. Madrid 1986, Tomo II, págs. 293-299.

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suma de $606.106.474.

Se condenó en costas a la parte demandante, en virtud de lo

dispuesto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP.

También, se cuestionó el fallo complementario de 23 de abril de

2021, por medio del cual se resolvió la solicitud de adición de la

sentencia, sustentada en la petición de TRANSMETRO respecto de

que el numeral 5 de la sentencia de 25 de septiembre de 2020 es

de imposible incumplimiento porque no “da claridad sobre las

medidas y linderos de las porciones de los predios que son objeto

de exclusión de la orden de devolución”. Esta solicitud se resolvió

previa complementación rendida por el perito, respecto de las

medidas y los linderos de los 15.352 metros cuadrados.

El Tribunal se fundó en el informe de 12 de marzo de 2021, y

accedió al argumento planteado por la apoderada judicial de

TRANSMETRO frente a la individualización del lote sin uso que se

ordenó restituir, y expresó la delimitación por medidas y linderos

allí previstos, para lo cual aceptó complementar el fallo de 25 de

septiembre de 2020.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

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Actora: SOCIEDAD TRANSMETRO S.A.S.
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La sociedad TRANSMETRO S.A.S., por conducto de apoderado

judicial, presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del

recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del

CPACA.

Las decisiones objeto del recurso, como se anunció, son la sentencia

de única instancia proferida por el Tribunal Administrativo del

Atlántico el 25 de septiembre de 2020, dentro del expediente de

retrocesión núm. 20150059100, y el fallo complementario dictado

el 23 de abril de 2021.

Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el

numeral 5 del artículo 250 del CPACA, fundada en la ocurrencia de

la violación del debido proceso, como causal de nulidad del

proceso, por las siguientes razones:

3.1. LA SENTENCIA COMPLEMENTARIA DE 23 DE ABRIL DEL
2021 CREÓ UNA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA QUE
DESCONOCE LO PROBADO EN EL PROCESO

Para explicar esta circunstancia, destacó que solicitó la adición de

la sentencia de 25 de septiembre de 2020, sustentada en que la

orden de devolución del terreno tenía que estar debidamente

identificada en cuanto a sus medidas y linderos para hacer su

registro en la Oficina de Instrumentos Públicos.

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Refirió que para dar respuesta a este planteamiento el despacho

del Magistrado conductor ordenó que el perito designado en el

proceso determinara los linderos del terreno a restituir del

porcentaje del lote “sin supuesto uso y el área de parqueadero con

cerramiento provisional”.

Aseguró que en ese trámite se evidenciaron inconsistencias en lo

rendido por el perito en el curso del proceso judicial, pues el auxiliar

de la justicia determinó nuevas medidas del área de 15.352 m2,

las cuales distan de aquellas que se hicieron constar en el informe

rendido, encontrando las siguientes diferencias:

MEDIDAS RELACIONADAS PARA DICTAMEN DE VICTOR ALBOR EN
ADICIONAR AL FALLO EL DECURSO DEL PROCESO
JUDICIAL
Norte: 206.53 metros lineales que Norte: 206,53 metros lineales que
lindan con anden peatonal paralelo a lindan con anden peatonal paralelo a
la carrera 14 en medio. la carrera 14 en medio.
Sur: 220.04 metros lineales en línea Sur: 228,04 Metros lineales en línea
quebrada así: 159,71 + 68,33 quebrada así: 159,71 + 68,33,
haciendo ángulo interno de 102° en la haciendo ángulo interno de 102º en la
intersección con el lindero oeste y intersección con el lindero Oeste, y
haciendo ángulo interno de 198° en la haciendo ángulo interno de 98º en la
intersección con el lindero este, que intersección con el lindero. Este Linda
linda con predios de la estación de con predios de la estación de
Transmetro. Transmetro.
Este: 68,38 metros lineales, haciendo Este: 68,38 Metros lineales, haciendo
ángulo interno de 100° en la ángulo interno de 100º en la
intersección con el lindero norte y intersección con el lindero norte, y
linda con la calle 63 (Prolongación linda con la calle 63 (Prolongación
calle murillo) en medio. calle Murillo) en medio.
Oeste: 49,96 metros lineales, Oeste: 49,96 Metros lineales,
haciendo en la intersección un ángulo haciendo en la intersección un ángulo
interno de 93° con el linero norte, y interno de 92º con el lindero norte, y
que linda con predios de Municipio de que linda con predios del Municipio de
Soledad. Soledad.

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En estos términos, afirmó que existen inconsistencias que son

determinantes dentro del objeto de la litis, pues no concuerdan con

la realidad material del predio, lo que deja en evidencia que en el

dictamen inicial y el último que fue rendido, el perito utilizó métodos

poco fiables, argumento que dijo haber expuesto a lo largo del

proceso ordinario.

Aseguró que esta situación permite inferir que el fallo incurrió en

un error de congruencia, en tanto el perito se refirió a unas

medidas y linderos que ya habían sido discutidas dentro del

proceso, y las estableció de otra forma en el requerimiento que se

le hizo para decidir el fallo complementario, para lo cual adujo:

“[…] por ejemplo, el despacho dispuso en el numeral 6 del fallo,
como lindero sur un ángulo interno de 198 grados en la
intersección con el lindero oeste, no obstante, en el plano
del perito dicho ángulo aparece como de 98 grados, lo cual
denota una clara y grave inconsistencia y disparidad
entre los linderos definidos por el experto y los que el
despacho finalmente ordena a la oficina de instrumentos
públicos devolver a mi mandante, tal como se evidencia en el
cuadro relacionado […]”.

Refirió que, a pesar de exponer estos yerros ante el despacho de

conocimiento, fueron calificados como un error meramente

aritmético y de transcripción por parte del perito. Por este motivo,

se le requirió al perito por auto de 4 de junio de 2021, para que

aclarara las medidas aportadas al no encontrarse acorde a lo

descrito en el plano que como soporte técnico se adjuntó; no

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obstante, para la sociedad recurrente tales contradicciones y

errores solo podrían ser corregidas o aclaradas por el mismo perito

técnico que rindió la ampliación al dictamen, no por orden del juez.

Además, estimó como una transgresión más al derecho

fundamental al debido proceso, defensa y contradicción de

TRANSMETRO, la relativa a que el juzgador profirió sentencia

complementaria, pero “omitió por completo” pronunciarse sobre las

advertencias efectuadas, y definir que las mediciones correctas

serían las contenidas en el informe escrito y no las de plano

aportado junto con el dictamen.

3.2. LA MOTIVACIÓN DESVIADA POR LA INDEBIDA
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS COMO CAUSAL DE NULIDAD
DE LA SENTENCIA

Para la recurrente el motivo que se alegó en la demanda respecto

de que la supuesta destinación del bien inmueble expropiado para

fines distintos a los previstos en la Resolución expropiatoria, no fue

el motivo en el que se centró el fallo, pues éste se ocupó de

determinar el porcentaje de utilización del bien inmueble, en

desconocimiento de los fines del artículo 70 de la Ley 388 de 1997,

el cual, a juicio de la recurrente, no dispone que la construcción

deba efectuarse en su totalidad en el decurso de los 3 años.

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Que las pruebas aportadas demuestran que fue utilizado mas no

terminado en su totalidad, según se definió en otra demanda de

retrocesión interpuesta por la misma sociedad ANAYA GIRALDO.

Para la sociedad recurrente “la falta crítica de las pruebas”

constituye una violación al debido proceso, conforme a la

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en fallo SC 14018-

201411 de 18 de noviembre de 2014, que precisó lo siguiente:

“[…] Es innegable que la 'motivación' de las sentencias atañe
al derecho fundamental a un debido proceso, pues al tener el
juez que realizar el 'examen crítico de las pruebas', aunado a
los 'razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen', esto no sólo hace visible y pública la
decisión, sino que posibilita su escrutinio por las partes, así
como el ejercicio de los recursos estatuidas para controvertirla.

[…] La motivación de las sentencias tiene como función
'procurar el acierto' y 'demostrar que el juez tiene el
genuino propósito de proscribir la arbitrariedad, adherir
al ordenamiento jurídico y facilitar la crítica externa, en
particular de las instancias encargadas de controlar la
decisión, mediante una labor de contraste con el sistema
de normas y valores que el ordenamiento consagra". Sin
embargo, debe precisarse que para que la causal de
nulidad procesal se estructure debe provenir del
incumplimiento del deber de fundamentar en forma
adecuada las decisiones, hipótesis en las que cabe (i) la
motivación meramente aparente, como cuando se dejan
de lado los aspectos centrales de la controversia, y (ii)
la ausencia de argumentación […]”. (Negrilla del texto de
demanda)

Con apoyo en la jurisprudencia transcrita estimó que “la motivación

desviada por la indebida valoración de las pruebas” es constitutiva

de una causal de violación del debido proceso, pues dejó de lado

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aspectos centrales como es la utilización del predio, según lo

previsto en el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 199710,

que obligaba a una interpretación natural y obvia de las palabras,

resultando clave en este punto, la expresión “UTILIZAR” allí

contendida, pues es la que delimita el alcance de la obligación que

recae sobre la entidad expropiante.

Agregó que la norma NO exige la culminación de la obra propuesta

dentro del término de 3 años, ni el uso total del predio, ya que eso

desconocería el hecho de que existen, por ejemplo, proyectos que

toman mucho más tiempo para ser ejecutados y terminados.

Trajo a colación un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá11,

para destacar que lo único que exige la ley es que la entidad pública

que expropió el bien inmueble lo utilice o de inicio a la

construcción con el fin de que el predio sirva para lo que fue

expropiado, sin que pueda concluirse, que exista alguna condición

10
“ […] 5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía administrativa
adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido
invocados, en un término máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de la
decisión correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
“Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien expropiado podrá solicitar
al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la demanda,
durante un término no superior a un mes transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
“En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la entidad, la sentencia
así lo declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que el
demandante recupere la titularidad del bien expropiado.
“En la misma sentencia se determinará el valor y los documentos de deber que la persona cuyo bien
fue expropiado deberá reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]” (Destacado fuera del texto)
11
Lo identificó únicamente con los siguientes datos. Lo profirió el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Sala de Decisión No. 4. Magistrado Ponente: José Ascensión Fernández el 26 de junio del 2018.

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adicional ni un porcentaje de uso mínimo o específico de utilización

del predio expropiado para los fines de utilidad común invocados.

Para ello aludió a que:

“[…] i) El proyecto fue aprobado inicialmente mediante
documento CONPES 3306 de septiembre de 2004, modificado
por el CONPES 3348 y; finalmente, mediante la aprobación del
CONPES 3536 de agosto de 2008, adoptó un alcance más
profundo que el inicialmente diseñado, redefiniendo algunos de
sus componentes de infraestructura que, para lo que interesa
a la presente, incluyó la necesidad de construcción de un portal
y un patio – taller ubicado en el municipio de Soledad.

ii) El esquema de financiación del Proyecto SITM, definió que
“en relación con la inversión privada se están implementando
proyectos de desarrollo inmobiliario que consolidarán la
construcción de la infraestructura de patios y portales (patio-
portal de Soledad), dando cumplimiento a las directrices
establecidas en el documento CONPES 3260”

iii) Se identificaron los predios que serían requeridos para la
construcción del portal de soledad, con todos los componentes
que fueron contemplados y bajo los términos establecidos en
los documentos CONPES antes indicados, a saber: (i) el portal;
(ii) el patio – taller y; (iii) el desarrollo inmobiliario que, de
conformidad con los lineamientos establecidos en el documento
CONPES 32602, permitieran la autosostenibilidad financiera del
sistema, contar con fuentes adicionales de recursos para
mejorar la calidad del servicio prestado al usuario, y generar
recursos para la expansión del mismo […]”.

Así, afirmó que toda la infraestructura que iba a ser utilizada para

la ejecución de la obra junto con su plan de inversión como lo era

la construcción de un desarrollo inmobiliario para la sostenibilidad

del sistema integrado de transporte, da cuenta de la utilización del

inmueble y que constituyeron las razones para ejercer la

expropiación administrativa, como claros e indiscutibles motivos de

utilidad pública e interés social y para la construcción del portal de

Soledad (incluyendo su patio-taller y desarrollo inmobiliario).

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3.3. PRUEBAS DECRETADAS QUE DAN CUENTA DE LA
UTILIZACIÓN DEL PREDIO

Aseguró que en el proceso se decretaron pruebas para ser

practicadas en el trámite adelantado y otras que fueron trasladadas

provenientes del proceso 2011-339 (primer proceso de retrocesión

incoado y declarado improcedente).

Las distinguió de la siguiente manera, a efectos de evidenciar la

utilización del predio, tanto del proceso trasladado como de aquel

en el que se profirió la sentencia cuestionada y su complementaria:

PROCESO TRASLADADO PROCESO EN EL QUE SE PROFIRIÓ
LA SENTENCIA RECURRIDA Y SU
COMPLEMENTARIA
Interrogatorio del Representante Valoración del perito de la empresa
Legal de Transmetro S.A., para el Arquiavaluos, Sergio Delgado Pachón
1o. de diciembre de 2011. quien puso de presente las
inconsistencias del dictamen, en
audiencia de pruebas de 24 de julio de
2019.
Inspección judicial realizada al Interrogatorio al nuevo representante
predio el día 14 de septiembre de legal de Transmetro, el señor Ricardo
2012. Restrepo Roca.
Intervención del perito Andrés Interrogatorios a los peritos Víctor Albor
Medina Flórez, frente a los y Sergio Delgado en relación con sus
cuestionamientos de la inspección dictámenes.
judicial de 14 de septiembre de
2012.

Sumado a estas pruebas, la recurrente identificó algunos

documentos (registros fotográficos) que, a su juicio, dan cuenta de

la utilización del predio, para lo cual aduce que de la fotografía

tomada en noviembre de 2008 se aprecia el estado del predio antes

de la intervención de TRANSMETRO y posterior evidencia

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fotográfica del predio en disputa y sus diferentes intervenciones12

hasta ahora.

Aclaró que el predio objeto de disputa dentro del presente proceso

aún no se encuentra construido en un 100%, lo cual obedece

a que a la fecha no ha sido posible culminar la totalidad de la

construcción de la obra pública denominada “Portal de Soledad”

(que incluye, plataforma, parqueadero de buses, estación de

servicio y mantenimiento, oficinas administrativas del operador,

desarrollo inmobiliario para auto sostenimiento, etc.), por lo

siguiente:

“[…] a) Toda construcción de una obra y más si se trata de
una de la magnitud del Portal de Soledad, requiere inicialmente
de una porción del predio que se destine a la zona de
campamento, ubicación de las oficinas de los arquitectos e
ingenieros que dirigen el proyecto, acopio de materiales y
ubicación de maquinarias.

b) Como se pudo acreditar a lo largo de este proceso, el predio
que era de propiedad de la sociedad demandante fue el que se
destinó inicialmente para tales efectos, en la medida en que,
por obvias razones, la parte final del portal, que corresponde al
desarrollo inmobiliario que constituye la vía de acceso de los
usuarios del sistema al Portal de Soledad, era el que se
construiría en la última fase o etapa.

c) Sin embargo, y estando claro que ni la ley ni la
jurisprudencia exigen que la obra se culmine al 100% dentro
de los tres (3) años siguientes a la inscripción del acto de
expropiación ni tampoco exige un porcentaje de ocupación
determinado, pues ello resultaría ilógico en tanto que la
mayoría de las obras públicas, por su magnitud y gran tamaño,
tardan muchos años en culminar su construcción, lo cierto es
que, en este caso particular, Transmetro no ha podido finalizar
dicha obra, por las razones que se explicaran en detalle en el
siguiente punto […]”.

12
Este registro puede consultarse en el escrito del recurso de revisión a los folios 27 a 34 con su
respectiva explicación.

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3.4 NULIDAD DE LA SENTENCIA POR DESCONOCIMIENTO DE
LA VALORACIÓN PROBATORIA. CONCEPTO DE ESPACIO
PÚBLICO

Bajo este reproche la sociedad recurrente refiere que el “Despacho

dejó clara su postura en cuanto a que, por fuera de toda lógica, la

vía dada en pago al Municipio de Soledad no constituye, a su

juicio, parte del SITM, cuestión que claramente resulta desacertada

teniendo en cuenta que i) esta (la vía) sin duda resulta útil al

sistema de transporte masivo, haciendo parte integra de él y que

ii) al ser parte del SITM no resulta válido el argumento según el

cual el porcentaje del terreno donde aquella (la vía) está construida

no debe ser devuelto en dinero por parte de la demandada a la

entidad“.

Para arribar a dicho argumento se sirve del concepto de transporte

masivo de pasajero 13 y cuestiona la prueba pericial en cuanto

refiere que dicha prueba pericial “no cumplen con los más mínimos

requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales,

concernientes al ESPACIO PÚBLICO, noción que, imperativamente,

13
Refiere que según el “artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto 1079 de 2015, se entiende por Transporte
masivo de pasajeros “el servicio que se presta a través de una combinación organizada de
infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de pasajeros y da respuesta a
un porcentaje significativo de necesidades de movilización.” Y según el artículo 2.2.1.2.1.3. del
mismo decreto en cita, son elementos de este sistema: “el conjunto de infraestructura, predios,
equipos, sistemas, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer de
manera eficiente y continua la demanda de transporte en un área de influencia determinada.”

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debió y debe ser protegida por todas nuestras autoridades, así sean

jurisdiccionales”.

En ese sentido, agregó:

“[…] se vislumbra que en el referido dictamen se ignoró que
toda la mensura del inmueble expropiado “Constituye
espacio público”, toda vez que la totalidad de su área
será destinada para utilizarse como abrigo de cada una
de las estructuras que componen el Transporte Masivo
que explota. V.gr. Puerta urbana. Jerarquización ejes viales.
Área de transición y protección. Servicios metropolitanos.
Infraestructura física. RADIOS DE GIROS REQUERIDOS.
Afectaciones Malla vial + andenes + luminarias. Área Neta
construible. Cesiones públicas obligatorias. Parques.
Equipamiento. Áreas edificio Terminal Planta de Parqueaderos
y vías vehiculares internas. Servicios- Hall- Bodegas de
almacenaje (mercancía). Almacenes de cadena. Locales
comerciales. Zona Bancaria. circulaciones peatonales. Locales
de comidas- Plaza de comidas. salida de pasajeros. Zona de
taquillas. Sala de espera. Salas VIP. Servicios. Anden de
abordaje. Patio de maniobras- Parqueadero buses de reserva.
Estación de servicios. Área descanso de conductores. Porterías.
Vías internas. Intercambiador Modal. Anden llegada de
pasajeros. Taquillas de taxis. Anden de abordaje. Parqueadero
bicicletas. Circulación bicicletas, y un largo etcétera […]”.

De manera que, en su entender, la determinación de si se produjo

o no un “sobrante” o “exceso” del área expropiada a la sociedad

demandada, no podía efectuarse desde la perspectiva de un predio

aislado, sino contemplada como compatible o no con la finalidad

urbanística ejecutada por TRANSMETRO dentro de las áreas

expropiadas.

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Concluyó que al desecharse el entendimiento del concepto de

espacio público y las partes que lo integran, ello representa una

transgresión al debido proceso.

3.5 NULIDAD EN LA SENTENCIA. VIOLACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS PROCESALES DE JUSTICIA ROGADA Y
CONGRUENCIA

La recurrente identifica como reproche la no coincidencia entre la

solicitud de la demanda y lo decidido. Ello, por cuanto dice que la

acción se encaminó a alegar la “supuesta destinación del bien

inmueble expropiado para fines distintos a los consagrados en la

Resolución expropiatoria, esto es, la construcción de un supuesto

“centro comercial”, en cambio el debate probatorio y el análisis

efetuado (sic) en el fallo se centró en el estudio del “porcentaje de

ocupación del predio y la disposición de unos supuestos sobrantes”.

En este punto, insistió en que no resulta acertada la conclusión

respecto de la cual el predio deba ser utilizado en un 100% luego

de los tres años de su expropiación. Tampoco lo es la manera en

cómo se procedió para delimitar si existen sobrantes, pues tal

argumentación constituyó un atropello a la defensa de la recurrente

y desconoció el pilar de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

cuyo principio es que es una justicia rogada, por lo que no le es

permitido al juez confrontar las situaciones puestas en su

conocimiento con disposiciones o hechos no invocados en la

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demanda, ni atender conceptos de violación diferentes a los en ella

contenidos.

Así las cosas, concluyó que el Tribunal hizo mal al reencauzar el

fundamento central de la demanda y de la litis, a argumentos que

no fueron expuestos como marco principal.

Lo anterior, a su juicio, va en contra del principio de consonancia

o congruencia de la sentencia según el cual se exige que aquella

se encuentre acorde con los hechos y pretensiones esgrimidos en

la demanda, tal como lo prevé el artículo 281 del CGP.

Afirmó que en términos de la Corte Constitucional la falta de

congruencia en un fallo se configurará una nulidad, que en el caso

bajo examen se aprecian por lo siguiente:

“[…] debe señalarse que, pese a que a la sociedad demandante
le pareció razonable plantear como ÚNICOS detonantes de sus
pretensiones: (i) los supuestos fines espurios con que se
consumó la expropiación; (ii) y la falta de utilización total del
predio por la inejecución total de la obra proyectada en la
resolución de expropiación, este TRIBUNAL, desatendiendo el
principio de la congruencia procesal, emitió sentencia
(condena) extra petita en contra de TRANSMETRO, a partir de
un supuesto marginal que no sólo está por fuera de la
reglamentación expresa de la Ley –sino que, en verdad,
comporta un mundo jurídico aparte–, que es el caso de los
´´sobrantes de terreno´´, que es la expresión tradicional con
que la doctrina y jurisprudencia (la mayoría foránea) se refiere
a los excedentes de área del terreno expropiado una vez
ejecutada la obra; circunstancia que, por lo demás,
corresponde advertir –a la par que reconocer como acto
oportuno de contrición para poner las cosas en su legítimo
orden – nunca hizo parte de la causa petendi como supuesto
habilitante para el ejercicio de la remisión expropiatoria […]”.

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Así, manifestó que las peticiones elevadas por la sociedad ANAYA

GIRALDO y los hechos invocados, denotan que los elementos

“RECTORES” del litigio eran solo dos: i) que la expropiación se

efectuó con fines distintos a los proyectados en las resoluciones que

la contienen; y ii) que, transcurridos 3 años luego de la

expropiación, en el perímetro del predio expropiado no se ejecutó

obra de ninguna clase.

Afirmó que la sociedad demandante aseveró de manera expresa su

querer esencial, relativo a que el Tribunal ordenara la retrocesión

de la TOTALIDAD del predio expropiado por las razones anotadas

en el numeral anterior; no obstante, el Tribunal, incurriendo en una

evidente incongruencia, que no comportó un mero

pronunciamiento infra petita, accedió a las pretensiones de la

parte actora, acomodadas al argumento de que era parcialmente

viable lo demandado en virtud de que la ley dispone lo pertinente

en aquellos casos que la expropiante no utiliza la “TOTALIDAD” del

bien.

Por lo expuesto, solicitó declarar la NULIDAD de la sentencia

proferida el 20 de septiembre del 2020, adicionada por el fallo

complementario de 23 de abril del 2021 proferido por el Tribunal

Administrativo del Atlántico, por incurrir en la causal 5ª del artículo

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250 del CPACA y, en consecuencia, se regrese a la autoridad de

origen para que dicte nueva sentencia.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Por auto de 2 de agosto de 2022, La Sección Tercera,

Subsección “B” del Consejo de Estado, resolvió declararse

incompetente para tramitar el asunto de la referencia y remitió el

expediente a la Sección Primera.

4.2. Mediante proveído de 2 de diciembre 2022, el Despacho

admitió el recurso 14 y ordenó notificar a la sociedad ANAYA

GIRALDO & CIA S. EN C. y a la Procuraduría Delegada ante esta

Corporación.

4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones15, el Ministerio

Público y la parte demandante, en el proceso ordinario, se

pronunciaron en relación con lo pretendido en el recurso

extraordinario, así:

14
En esa ocasión se estableció que el recurso interpuesto fue oportuno. El fallo cuestionado de 25 de
septiembre de 2020 y su complementario de 23 de abril de 2021. Este último se notificó por mensaje
electrónico enviado el 27 de abril de 2021, por lo que adquirió ejecutoria el 4 de mayo de 2021,
según constancia visible en el expediente digital. Carpeta 14 folio 37. Lo anterior, en aplicación del
auto de unificación sobre la interpretación al artículo 203 del CPACA de 29 de noviembre de 2022. A
su turno, el escrito del recurso se radicó el 29 de abril de 2022, esto es dentro del plazo previsto
para el efecto. Cfr. Expediente Digital reparto y radicación del proceso realizadas el viernes, 29 de
abril de 2022 con secuencia: 511. Índice 1 SAMAI.
15
Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos. Visible en el índice
6 del registro del expediente Digital en el aplicativo SAMAI. Soporte notificación Auto que admite
recu(.pdf) NroActua 6

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4.2.1. SOCIEDAD ANAYA GIRALDO & CIA S. EN C.

Por conducto de apoderado judicial 16 la sociedad refiere que los

planteamientos que sustentan el recurso no se refieren a

situaciones producidas en la sentencia sino a circunstancias del

proceso que le fueron falladas adversamente a la sociedad

recurrente y respecto de las cuales pretende abrir una discusión

sustancial ya decidida, lo que demuestra la inconformidad con el

resultado judicial en su contra.

En relación con la solicitud de retrocesión del lote expropiado

reconoce que se realizó frente a su TOTALIDAD; no obstante,

estima que la alegación de incongruencia que efectúa

TRANSMETRO es genérica y desconoce que, en abierta violación

de las normas legales, utilizó una porción del lote para pagar

obligaciones comerciales pendientes con el municipio de Soledad,

al entregar en dación de pago al municipio una zona en la cual

construyó una vía pública.

En ese sentido, destacó que en el proceso ordinario se probó que

TRANSMETRO no utilizó el lote para los propósitos para los cuales

fue expropiado y varios años después resolvió usar una parte de

éste para propósitos diferentes, es decir, para atender su propio

16
La contestación al recurso la efectuó el doctor ALBERTO MARIO JUBIZ CASTRO, según los
documentos que obran en el expediente digital. Anotación 34 del registro en SAMAI.

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flujo de caja, pagando una obligación insoluta que no tiene relación

alguna con las razones de expropiación.

Luego de referir en extenso a la actuación de TRANSMETRO y las

circunstancias que responden a la expropiación administrativa,

concluyó que el lote no tuvo ninguna destinación y que durante la

inspección judicial se comprobó que: i) es usado como paradero

ilegal de mototaxistas, ii) se encuentra en estado de abandono e

invasión.

En cuanto a la solicitud de infirmar los fallos cuestionados, refirió

que no hay error alguno en la sentencia de retrocesión y su fallo

complementario; que no existe la gravedad que quiebre la firmeza

adoptada; y que, en todo caso, se exige una carga argumentativa

que sea expuesta de manera técnica, rigurosa y fundamentada.

Indicó, con apoyo en la jurisprudencia, que no se dan los requisitos

para la procedencia del recurso extraordinario de revisión y la

causal invocada, por lo siguiente:

Adujo que la sentencia de retrocesión es legal. Para explicarlo trajo

a colación el examen de la acción de retrocesión con fundamento

en la normas que la regulan y los conceptos jurisprudenciales y

doctrinales, para concluir que: tal como lo encontró el fallador

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ordinario se configuraron los presupuestos de hecho y de derecho

determinantes para declarar la retrocesión, en tanto se demostró

que transcurrieron tres años desde la matrícula de la resolución de

expropiación sin que TRANSMETRO haya ejecutado la obra

invocada como justificante del proceso administrativo de

expropiación en el bien inmueble objeto de esta medida.

Que la sociedad presenta en su escrito de contestación una serie

de argumentos y pruebas documentales (fotografías) con el ánimo

de acreditar la certeza con la que la decisión judicial controvertida

optó por declarar la retrocesión por el no uso del inmueble.

Insistió que el recurso de revisión no es el escenario idóneo para

revivir los debates de instancia o para cuestionar dentro de ellos

las interpretaciones normativas o las valoraciones probatorias del

operador de justicia que dictó el fallo cuestionado.

En relación con los aspectos objeto de cuestionamiento, que

TRANSMETRO denomina “inconsistencias” en el pronunciamiento

del perito, aseguró que lo acaecido es un simple error de

transcripción; y que, frente a ellos, el operador judicial cuenta con

autonomía para valorar los dictámenes y apoyar su decisión en

aquello que corresponda.

32

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Respecto al supuesto defecto sustantivo por la errada

interpretación del numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997,

indicó que sus fundamentos radican en la inconformidad de la

recurrente con la decisión proferida por el tribunal accionado, la

cual no comporta una razón para acudir a la acción constitucional a

pesar de que ello resulte contrario a sus intereses.

Finalmente, en relación con la supuesta incongruencia de la

decisión judicial, sustentada en que: i) los hechos aducidos en la

demanda serían distintos de los considerados para fallar y ii) que

al haberse ordenado la retrocesión parcial ello resultaba diferente

a lo demandado, manifestó que:

“[…] existe perfecta simetría entre el fundamento fáctico de lo
pretendido, postulado en la demanda de retrocesión por la
sociedad que apodero y aquello que fue analizado para los
efectos de desatar la causa, todo lo cual giraba en torno a la
aplicación de la figura de la retrocesión, con ocasión del
incumplimiento del deber que a quien expropia le impone el
numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997 consistente en
la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término máximo
de tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de
la decisión correspondiente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos”. Finalmente, por lo que hace al
cuestionamiento que se erige aduciendo que la sentencia
concedió a la sociedad que apodero menos de lo pedido, basta
con señalar que ello está expresamente autorizado por la ley,
como se desprende del texto del inciso 3° del artículo 281 del
CGP, que a la letra señala: “Si lo pedido por el demandante
excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último
[…]”.

33

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4.2.2. MINISTERIO PÚBLICO

Indicó que, en su entender, el recurso extraordinario no cumple con

las condiciones para su procedencia, pues el propósito es que el

juez extraordinario realice un control de legalidad respecto de la

sentencia como si se tratara de una nueva instancia, sin tener en

cuenta que respecto de ella operó el fenómeno jurídico de la cosa

juzgada.

Afirmó que no se configura la causal de nulidad alegada por el

recurrente, en tanto que lo planteado denota una inconformidad

con la decisión tomada por el Tribunal y lo que pretende es la

reapertura del debate probatorio para reparar los posibles errores

en los que pudo incurrir al no alegarlos en oportunidad.

Los argumentos del recurso revelan que el recurrente cuestiona la

labor intelectual del juzgador, lo que escapa a la órbita del recurso

extraordinario de revisión, pues se pretende usar como una

instancia adicional, lo cual es improcedente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

34

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ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249 del

CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de revisión

contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales

Administrativos, según la materia.

En este caso, le corresponde a esta Sala decidir el recurso

extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el

Tribunal Administrativo del Atlántico, atendiendo a la distribución

de los procesos entre las Secciones, prevista en el artículo 13 del

Acuerdo 080 de 2019, Reglamento de la Corporación.

5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada17.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se

17
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.

35

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sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003

que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la infirmación 18 , tanto para “enmendar los

errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para]

restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia

fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el

ordenamiento jurídico”19.

En estos términos, la Corte Constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos
hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el
sentido de justicia que de ella emana. La acción de
revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por
la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta
taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que
modifica providencias amparadas en el principio de cosa
juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido”20.

18
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
20
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

36

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Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas21 que

habilitan su procedencia.

5.3 De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201122, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”

21
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
22
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

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En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad procesal

en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter

constitucional, fundada en el artículo 29 Superior23.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13424 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

23
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
24
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”

38

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evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

Ahora, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales de

nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General del

Proceso como constitutivas de este vicio, en los términos de artículo

133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.

En este primer escenario 25 , la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a

colación el siguiente pronunciamiento26:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC27. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

25
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
26
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
27
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

39

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A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.

“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad28 de la Corte Constitucional C-491-95.

28
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en

40

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Allí, la Corte manifestó que además de las causales del artículo 140

del CPC29 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo

el entendido de que es una garantía que debe observarse en el

trámite procesal y que su previsión está en la Constitución Política.

Al respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente
las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y

todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
29
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

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sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se
encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”30.

Bajo este análisis, la Corporación 31 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

30
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
31
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.

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Recurso Extraordinario de Revisión

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia32; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado33;

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Estudio del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega la sociedad recurrente, existe nulidad que vicie la sentencia

de 25 de septiembre de 2020 y el fallo complementario de 23 de

32
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
33
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

43

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abril de 2021, por los motivos en que funda la causal invocada,

referidos a que: i) La orden en la sentencia complementaria creó

una situación jurídica desconocedora del debido proceso; ii) hubo

una indebida valoración probatoria frente a la interpretación del

artículo 70 de la Ley 388 de 1997; iii) hubo utilización del predio y

existen pruebas que lo acreditan; iv) la valoración probatoria

desconoció lo acreditado; y iv) se violaron los principios de justicia

rogada y congruencia.

Previo a responder los planteamientos enumerados como

constitutivos de la nulidad invocada, la Sala estima conveniente

hacer precisiones generales frente a la acción en la que se

profirieron las sentencias objeto de la revisión. Lo anterior, para

contextualizar el marco de competencia del juez extraordinario.

Asimismo, la Sala aludirá previamente al principio de congruencia

para determinar si se da o no su ocurrencia, según los reproches

que planteó la sociedad recurrente.

5.4.1 Generalidades de la expropiación administrativa y la
acción de reversión

La expropiación administrativa tiene fundamento en el artículo 5834

de la Constitución Política. Si bien allí se reconoce la propiedad

34
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la

44

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privada como un derecho también se le otorga una función social,

lo que permite distinguir que no es un derecho de carácter absoluto.

La Corte Constitucional35 interpretó esta norma y precisó, que: i)

la garantía a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos

se hacen con arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege

y promueve las formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii)

la propiedad tiene un carácter limitable; iv) la norma superior fija

las condiciones en que prevalece el interés público o social sobre el

interés privado; v) a la propiedad se le asigna una función social y

ecológica; y vi) se fijan las modalidades y los requisitos de la

expropiación.

En este orden, fue la Ley 9ª de 1989 la que, en principio, estableció

los instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles

por motivos de utilidad pública e interés general, potestad que

luego se reguló por la Ley 388 de 1997, que la modificó.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388, establece el procedimiento que

se debe adelantar con el propósito de llevar a cabo la expropiación

por vía administrativa. El artículo 68 ibidem ordena que una vez

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto
los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización
previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos
que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”
35
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.

45

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iniciado el proceso orientado a la expropiación por vía

administrativa y transcurridos 30 días hábiles a partir de la

ejecutoria del acto que así lo ordena sin llegarse a un acuerdo

formal para la enajenación voluntaria la autoridad dispondrá,

mediante acto motivado, la expropiación administrativa del

inmueble correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado, ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago, iii) la

destinación que se dará al inmueble expropiado, iv) la inscripción

del acto administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos, sobre la transferencia del derecho de dominio a la entidad

que dispuso la expropiación, v) la orden de notificar a los titulares

del derecho de dominio u otros derechos reales sobre el bien

expropiado, y la información sobre los recursos procedentes.

El artículo 70 de la Ley 388, prevé:

“[…] ARTICULO 70. EFECTOS DE LA DECISION DE
EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA. Una vez
ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse
formulado el recurso de reposición dentro del término legal o
por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma
negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que
ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el
registro de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos […].

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2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso […].

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del bien inmueble expropiado, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación
de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés
social que hayan sido invocados, en un término máximo
de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre
ubicado el inmueble, la verificación del cumplimiento de
dicha obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término
no superior a un mes, transcurrido el cual se pronunciará
sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere la
titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se
determinará el valor y los documentos de deber que la persona
cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la entidad pública
respectiva, siendo necesario para los efectos del registro de la
sentencia que se acredite mediante certificación auténtica que
se ha efectuado el reintegro ordenado […]”.

De la norma transcrita, se tiene que la habilitación que se le

confiere al propietario del bien expropiado para ejercitar la acción

de reversión se funda en tres elementos que la explican, así:

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i) Temporalidad: Solo pasados tres años desde la inscripción

de la decisión expropiatoria en el registro de instrumentos públicos

es procedente cuestionar su incumplimiento vía acción judicial.

ii) Objeto: La acción se limita a la verificación del cumplimiento

de la obligación de utilizar el bien expropiado para los fines de

utilidad pública o interés social que hayan sido invocados.

iii) Especialidad: El trámite judicial es abreviado. La solicitud de

pruebas se formula en la demanda y el período probatorio se

restringe a un (1) mes. Superada esta etapa, el Tribunal

competente profiere fallo de fondo que no es apelable.

Entonces, es bajo el ejercicio de la acción de reversión prevista en

el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997 que se dictaron

las sentencias cuestionadas, las que tuvieron como propósito

verificar si en el término establecido la autoridad que adelantó el

proceso de expropiación cumplió o no con la obligación de

“utilizarlo” para los fines y propósitos fundamento de tal medida.

Tal como lo describe la norma en comento es un derecho que el

legislador le otorga al administrado que soportó la expropiación

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administrativa para recuperar su bien en caso de que pruebe que

no ha sido utilizado.

Este verbo y la interpretación que realizó el Tribunal es la que para

la recurrente causa reproche, pues no está de acuerdo con las

posibilidades de retornar la titularidad al administrado.

Este planteamiento de interpretación será el que se considere en la

Sala a efectos de establecer si es posible su revisión a través de la

causal invocada y si el juez extraordinario tiene competencia para

ventilar esta clase de reproches.

5.4.2 El principio de congruencia

La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y

se traduce en la armonía predicable tanto de su estructura interna,

esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como de la externa,

entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las

partes.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la

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defensa de quien funge como parte accionada y que se ejerce

también a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

corresponde efectuar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes para

que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra

pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 32029,

armonizado con el artículo 28130, ambos del CGP.

Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión31

en la que se precisó:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

[…] En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir
sus decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A.
Art. 170], exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra,
que la decisión que ella contenga, sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como
en el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la

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doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un
derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.”32

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:

“Se reitera33 que el principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre
la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo
que se denomina congruencia interna, y de otra, que
la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que
dé certeza jurídica al asunto que se ha puesto a
consideración de un juez, sino la salvaguarda del derecho
de defensa de la contraparte, quien ha dirigido su actuación
a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la
demanda.

La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en
que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas
procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos,
siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde
la demanda.

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En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro
del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para
decidir la controversia, las normas violadas y su concepto
de violación, se constituyen en el marco de análisis y
estudio al momento proferir la sentencia […]”34(Subrayas
fuera del texto original)

Precisado lo anterior, la Sala procede al examen de los reclamos de

este recurso.

5.4.3 Del examen de los reproches planteados

Conforme a las razones que explican el recurso extraordinario de

revisión conviene precisar el sentido de la decisión expropiatoria

que habilitó a la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA S. EN C., y en

la que se fundó para solicitar en ejercicio de la acción de reversión36

la devolución del bien y las pretensiones que formuló.

Al respecto, se tiene que la Resolución expropiatoria, puntualizó:

“[…] 3. Que para efectos de decretar su expropiación, el artículo
58 literal e) de la Ley 388 de 1997, estableció como motivos
de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles

36
Es oportuno precisar que el fallo cuestionado y la sentencia complementaria corresponden a una
segunda demanda que presentó la referida sociedad al haberse dictado fallo inhibitorio respecto de
la primera acción. Esta situación la consideró el tribunal Administrativo del Atlántico al admitir la
acción en los siguientes términos. “[…]Ciertamente, como lo afirma el apoderado judicial de la parte
actora en el acápite de hechos de la demanda, el Tribunal Administrativo del Atlántico conoció con
anterioridad de una acción incoada por la Sociedad Anaya Giraldo & Cia S. en C. fundada en las
disposiciones contenidas en el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley 388 de 1997, presentada en contra
de Transmetro S.A., hoy Transmetro S.A.S., en la que se formularon similares pretensiones a las que
ahora se reclaman en la demanda de la referencia. Este proceso se identificó con el No de radicación
08-001-23-31-001-2011-00339-00
Así mismo, es pertinente anotar que en esa oportunidad el proceso fue repartido al suscrito
Magistrado, quien tramitó en calidad de ponente dicho proceso hasta dictarse la sentencia de 21 de
marzo de 2014. En ésta se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por
incumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción, al determinar que la sociedad
actora había solicitado la aplicación del numeral 5 del Artículo 70 de la Ley 388 de 1997 antes del
término de 3 años que exige esa norma. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Atlántico se
inhibió para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
De lo anterior se infiere con claridad que, si bien existiría identidad en las partes, en la causa y el
objeto entre ambos procesos, también lo es que la sentencia inhibitoria emitida del tribunal no puede
constituir o hacer tránsito a cosa juzgada, toda vez que además de no contener un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto, encuadra en la circunstancia prevista en el Numeral 3 del Artículo 304 del
Código General del Proceso', en tanto que declaró probada una *excepción de carácter temporal que
no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento […]".

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para destinarlos, entre otras, a los fines de la “ejecución de
programas y proyectos de infraestructura vial y de sistema de
transporte masivo
[…]
6. Que mediante Escritura Pública No. 1114 de julio de 2003
otorgada en la Notaria Novena del Círculo de Barranquilla (...)
fue constituida la sociedad TRANSMETRO S.A. HOY
TRANSMETRO S.A.S., quién en su condición de ente gestor,
titular del Sistema de Transporte Masiva firmó un convenio
interadministrativo con el Distrito […] de Barranquilla, con el
objeto de ejecución del Plan de Adquisición Predial y
Reasentamiento para realizar las obras del Sistema Integral de
Transporte Masivo.
[…]
10.- Que en desarrollo del art. 64 de la Ley 388 de 1997, el
Concejo Municipal de Soledad mediante numeral 27 del Art.4°
del Acuerdo 0062 del 6 de Diciembre de 2006, asignó la
competencia a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE SOLEDAD -EDUMAS- para declarar la existencia
de condiciones de urgencia que autoricen la expropiación
administrativa en todos los eventos.
[…]
12.- Que mediante la Resolución 112 de 2007 […] EDUMAS,
declaró las condiciones de urgencia para que TRANSMETRO
S.A. HOY TRANSMETRO S.A.S. adquiera los predios necesarios
para construir el PORTAL SUR O PORTAL DE SOLEDAD.
[…]
17.- Que la Junta Directiva de TRANSMETRO S.A. HOY
TRANSMETRO S.A.S., mediante Acta No. 032 del 08 de
noviembre de 2007 autorizo a la gerencia, la compra a nombre
de TRANSMETRO S.A. HOY TRANSMETRO S.A.S. los predios
donde ha de construirse el PORTAL DE SOLEDAD.
[...]
78.- Que para la ejecución del programa y proyecto de
infraestructura vial y de sistema integrado de transporte
masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana, TRANSMETRO
S.A. HOY TRANSMETRO S.A.S., requiere el área total del
inmueble ubicado en la Calle 65 entre las carreras 13 y 14 Lote
J8 Sector Los Cusules de Soledad del Dpto. del Atlántico, sobre
el cual se levantó el registro topográfico (...) y cuyo actual
titular inscrito del derecho de dominio es la sociedad ANAYA
GIRALDO & CIA. S. EN C. Identificada con el NIT No.
800.256.426-5 […].

[…]

ARTICULO PRIMERO: Decretar por motivos de utilidad
pública e interés social, Expropiación por vía administrativa
del total del área del inmueble requerido ubicado en la calle 85
entre carreras 13 y 14. Sector Los Cusules del municipio de
Soledad Atlántico, sobre el cual se levantó el registro
topográfico No. RTPS-040-368653 donde aparece debidamente

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delimitado y alinderado en un área de Terreno 20.143,91 misa,
identificado con la referencia catastral No.01.05.01920001.000
(la misma del lote mayor) folio de matrícula inmobiliaria
No.040-368653 cuyo actual titular inscrito del derecho de
dominio es la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA S. EN C.
Identificada con el NIT de No.800.256.426-5.

[…]

ARTICULO QUINTO: Destinación. El área del inmueble
requerido objeto de la adquisición y cuya destinación plena se
precisa en el artículo primero de esta Resolución, será
destinado a la ejecución del proyecto de infraestructura vial y
sistema de Transporte masivo - SITM - TRANSMETRO S.A. HOY
TRANSMETRO S.A.S., ubicado en la calle 65 entre las carreras
13 y 14 del municipio de Soledad Atlántico, de conformidad con
lo establecido en el artículo 68 numeral 3 de la Ley 368 de 1997
[…]”.

Asu vez, se tiene que en la demanda se pidieron las siguientes

pretensiones:

“[…] 3.1. Que de conformidad con los hechos y fundamentos
jurídicos que han sido expuestos, así como por lo prevista en
el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, se declare la
Retrocesión y/o reversión a favor de ANAYA GIRALDO & CIA
3. EN C. de la expropiación decretada por TRANSMETRO S.A.
HOY TRANSMETRO S.A.S. mediante Resolución No.024 de
fecha 4 de Septiembre de 2008, confirmada por Resolución
024-1 del 22 de octubre de 2008, respecto del siguiente
bien inmueble ubicado en la calle 65 entre carreras 13 y
14, sector Los Cusules del municipio de Soledad:
"Un Lote de terreno que resulta de la división del
Lote Numero 3 determinado en la Escritura Púbica
No. 032 de Enero del 2003 de feche (sic) 13 de
Diciembre de 2007 de la Notaria Única del Círculo
de Galapa como Lote 3B, Los Cusules comprendido
en jurisdicción del municipio de Soledad,
departamento del Atlántico, con un área total de
20.148,91 metros2 cuyas medidas y linderos son
Norte: 202.17mts. Linda con lotes 4 y 5 que fueron
de Rolant, Hughes Willlams y Pablo Obregón y Cla.
S en C. SUR: 239.00mts, linda con lote que se
reserva el cedente lote 3A ESTE: 120.57mts con
prolongación de la calle murillo en medio, OESTE:
63.59mts2 con lote 6B. A este inmueble le
corresponde el número de referencia catastral No.
01.05.05660001.000 y el folio de matrícula
inmobiliaria No.040-368653

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3.3. (sic) Que como consecuencia de la declaración anterior, se
ordene a TRANSMETRO S.A. HOY TRANSMETRO S.A.S., dentro
del término de cinco (5) días posteriores a la ejecutoria de la
sentencia que ponga fin al proceso, restituir materialmente
a ANAYA GIRALDO & CIA S.EN C., el inmueble ubicado en
la calle 65 entre carreras 13 y 14, sector Los Cusules del
municipio de Soledad, al cual le correspondía la matricula
inmobiliaria No.040-368653 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Barranquilla, y referencia catastral
No.01.05.01920001.000.

3.4. (sic) Que como consecuencia de la declaración solicitada
en la pretensión primera de esta demanda, se ordene la
inscripción de la sentencia de retrocesión en los folios de
matrícula inmobiliaria No.041-4027 y 040-4028 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico, en
los cuales se contienen el inmueble ubicado en la calle 65 entre
carreras 13 y 14, sector Los Cusules del municipio de Soledad,
Atlántico, a efectos de que se restablezca a la sociedad que
apodero el derecho de dominio del referido municipio.

(sic) 3.5. Que se ordene a la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA
S. EN C. efectuar la devolución a TRANSMETRO S.A. HOY
TRANSMETRO S.A.S., del precio recibido en desarrollo
del trámite de expropiación desatado mediante Resolución
No.024 de fecha 4 de Septiembre de 2008, confirmada por
Resolución 024-1 del 22 de octubre de 2008.

(sic) 3.6. Que igualmente se condene a la demandada al pago
de las costas procesales incluidas las agencias en derecho […]”.

Establecidas las condiciones de la expropiación administrativa y de

lo pretendido por la parte accionante en el proceso de reversión,

procede la Sala a examinar en lo sucesivo los reproches planteados,

advirtiendo que por razones metodológicas los estudiará en el

siguiente orden:

5.4.3.1 LA MOTIVACIÓN DESVIADA POR LA INDEBIDA
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS COMO CAUSAL DE NULIDAD
DE LA SENTENCIA

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En este planteamiento la recurrente califica que el motivo que se

alegó como fundamento de la acción de reversión se sustentó en

cuestionar la supuesta destinación del bien inmueble expropiado a

los fines distintos a los que se le estipularon en el acto

expropiatorio, esto es, contrariando lo dispuesto en la Resolución

024 de 4 de septiembre de 2008.

Agregó que lo examinado por el Tribunal fue el porcentaje de

utilización del bien y la fecha de terminación de la obra lo que, a su

juicio, no es el sentido de la norma, pues no se exige culminar la

obra en el término fijado por el Legislador.

Para determinar si es un asunto enmarcado en la causal invocada,

la Sala encuentra que estos argumentos en realidad constituyen

una oposición a la decisión judicial que en única instancia profirió

el Tribunal competente al verificar el cumplimiento de la obligación

a cargo de la entidad que ordenó la expropiación administrativa.

Si bien es cierto que en la demanda se alude a la construcción del

proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo de

Barranquilla y a los reparos sobre la integración de un módulo de

comercio en su desarrollo, lo relevante para el caso es que el

propósito de la demanda quedó expuesto en los siguientes

términos:

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“[…] A la fecha han transcurrido más de cuatro (4) años, desde
que fue registrada la Resolución de expropiación en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio objeto del proceso, sin que
TRANSMETRO S.A. HOY TRANSMETRO S.A.S. haya ejecutado,
en el inmueble objeto del proceso, la obra que motivó la
expropiación invocada como motivo de utilidad común en la
Resolución de expropiación; siendo evidente que no lo hizo
dentro de los tres años siguientes a la expropiación, por
lo que aún se configura el presupuesto de hecho que
resulta determinante para la procedencia de la acción
legal consagrada en el ordinal 5° del artículo 70 de la Ley
388 de 1997, esto es, el incumplimiento por parte de la
Administración de su obligación de destinar el bien
inmueble expropiado al fin invocado en la Resolución
como de utilidad pública o de interés social en un
término máximo de tres (3) años contados a partir de la
fecha de inscripción de la decisión de expropiación en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos […]”.

Lo anterior, evidencia que si bien existe una serie de oposiciones

frente al proyecto de construcción del sistema masivo de transporte

y su planteamiento por parte de quien sufrió la expropiación, tal

manifestación no prueba que en la demanda se haya fallado por un

requerimiento diferente al formulado, por lo que no le asiste razón

a la sociedad recurrente frente a que existió una alteración del

objeto de la acción impetrada.

Es oportuno aclarar que el proceso de reversión no tiene el

alcance de controlar la legalidad del acto que declara los motivos

de la utilidad invocada ni de los actos administrativos que

declararan la expropiación.

El objeto de esta acción, se insiste, está restringido a verificar el

cumplimiento de la obligación expropiatoria, circunscrita a

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determinar que se utilizó el inmueble, por lo que las razones

diferentes a este reclamo superan su propósito y descontextualizan

el razonamiento al que está sometido el juez.

De este modo, cuestionar el fallo emitido en esta acción sustentado

en que no fue objeto de reproche la determinación del porcentaje

de utilización del bien inmueble representa en realidad un

desacuerdo con la postura jurídica que adoptó el Tribunal para darle

entendimiento al artículo 70 de la Ley 388 de 1997. Esta norma

tampoco delimita el razonamiento que esboza la sociedad

recurrente frente a un supuesto criterio de exclusión de la

obligación impuesta por el legislador que, en este caso, la traduce,

a título de defensa, bajo el entendido de que la norma no impone

que se realice la construcción total de la obra.

En ese sentido, lo que reclama del juez la parte recurrente además

de revisar el sentido de la decisión proferida es estudiar la

valoración probatoria que el Tribunal realizó para adoptar el fallo

que accedió a la pretensión de reversión y sus consecuentes

efectos: i) la devolución del inmueble, ii) el registro de la

titularidad del bien en favor de quien fue expropiado y iii) la

devolución del pago realizado, actividad que está vedada al juez de

la revisión por cuanto ello implica actuar como una instancia

adicional.

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En ese orden, es del caso establecer que la violación al debido

proceso que invoca la recurrente respecto del fallo por indebida

valoración probatoria no corresponde a uno de los eventos que

habilitan por desconocimiento del artículo 29 Superior el examen

judicial a cargo del juez extraordinario.

Por ello, la “motivación desviada” a la que recurre TRANSMETRO

para apoyar este reproche no encuentra tampoco respaldo en la

circunstancia que la jurisprudencia ha delimitado para acceder a la

revisión por violación del debido proceso, pues el planteamiento no

se limita a la ausencia de razones sino al hecho de encontrar que

las expresadas por el fallador no las comparte por resultar

contrarias a sus intereses.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación37 puntualizó:

“[…] la nulidad originada en la sentencia por ausencia
de motivación se presenta solamente ante la carencia
total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una
decisión. En efecto, esta causal no procede para controvertir
las razones del fallo ni para corregir los errores de apreciación
de los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del recurrente,
hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se
discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza
de cosa juzgada […]” (La negrillas y subrayas fuera de texto).

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 27 de febrero de 2019, C.P. Guillermo Sánchez Luque, núm. único de radicación 54001-
33-31-006-2011-00207-01 (59706).

59

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5.4.3.2 PRUEBAS DECRETADAS QUE DAN CUENTA DE LA
UTILIZACIÓN DEL PREDIO

Las explicaciones que sustentan este reproche en realidad tienen

que ver con la valoración probatoria que realizó el Tribunal, aspecto

que tal como se anunció no es posible de evaluarse por el juez

extraordinario, en tanto que este planteamiento lo que busca es un

examen sobre el ejercicio que llevó al juez a la convicción del

incumplimiento de la obligación que adquirió la entidad al expropiar

dicho bien.

En lo que respecta a las probanzas sobre la utilización del predio,

bajo la propia afirmación de la recurrente que “aún no se

encuentra construido en un 100%” la Sala destaca que no le

corresponde determinar si esta afirmación es coincidente con lo

resuelto por el Tribunal.

Y en todo caso, las razones que explica para justificar el por qué ha

sido imposible culminar la totalidad de la construcción de la obra

pública denominada “Portal de Soledad”, tampoco resulta ser un

motivo que justifique la revisión de la sentencia por la Sala en razón

a que ello excedería la competencia del juez extraordinario.

Además, lo que se aprecia de la lectura del fallo objeto del recurso

es que esta explicación se consideró por el Tribunal al resolver la

acción en los siguientes términos:

60

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“[…] Frente a lo anterior, debe indicarse que Transmetro
celebró sobre el predio expropiado a la demandante, contrato
de concesión, el cual, en su decir, tuvo que ser terminado
de forma anticipada por cuestiones económicas, y como
quiera que el Portal de Soledad se encuentra en funcionamiento
y no se indicó por parte de la demandada que en la actualidad
se tuvieran proyectos para ser ejecutados a corto o mediano
plazo sobre el terreno inutilizado, pues fue reiterado el
argumento que por deficiencias monetarias no pudo
llevarse a cabo el plan integral que se había previsto
para el funcionamiento del Sistema de Transporte,
cuestiones que, en todo caso, no justifican el
incumplimiento de la obligación que asumió desde un
inicio. Lo anterior acredita un total desconocimiento por parte
de Transmetro, luego de adelantar el proceso de expropiación,
de los principios que rigen las actuaciones administrativas […]”.

Lo expuesto ratifica que los reproches que sustentan esta censura

no corresponden a la ocurrencia de la causal invocada, sino que

demuestran que están en desacuerdo con la decisión de fondo.

5.4.3.3. NULIDAD DE LA SENTENCIA POR
DESCONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN PROBATORIA.
CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO

Esta alegación está atada al argumento que confirió el juez respecto

de la determinación que adoptó frente a la utilización del predio

expropiado, relativo a la construcción de una vía, que luego se cedió

al municipio, y al presunto desconocimiento de este espacio como

público.

Al respecto, es oportuno destacar lo que decidió el Tribunal:

“[…] Debe tenerse en cuenta una particularidad y es que los
metros cuadrados que efectivamente fueron construidos

61

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para el beneficio del sistema, esto es, los 1767 38 de
funcionamiento de Transmetro, se constituyen como un
porcentaje menor (8,70%) que la carretera construida y
que posteriormente fue dado en dación de pago al Municipio de
Soledad por cuestiones de impuestos (3029 metros
cuadrados que corresponden a un 15,03%), el cual, como
se mencionó, no hace parte, actualmente, del
funcionamiento o beneficio del sistema integrado […]”.

Vistos los reproches contra este argumento, la Sala entiende que

el cuestionamiento se funda en el hecho de estar en desacuerdo

con la situación jurídica que el Tribunal identificó respecto de la

porción del predio expropiado que fue destinado a vía pública, pero

que por el hecho de haber sido objeto de cesión concluyó que esta

fracción no podía contemplarse para el cumplimiento de la

obligación cumplida.

Esta circunstancia propia del debate probatorio no tiene el alcance

de evidenciar la ocurrencia de la causal, por cuanto está claro que

a la cesión de la vía construida no se opuso la recurrente, lo que

deviene en que existe claridad que ese espacio, aunque edificado

como tal no es un terreno sobre el cual TRANSMETRO mantenga

la titularidad para el desarrollo del proyecto en que se sustentó la

expropiación.

38
“[…] No se tiene en cuenta los metros cuadrados de lo denominado como "parqueadero
provisional", teniendo en cuenta el primer dictamen que, concluyó, dado las características
de los materiales que lo rodea, que no tiene vocación de permanencia, y se constituyó como
algo transitorio. Y en gracia de discusión, si se sumara ese porcentaje a lo plenamente construido,
seguiría siendo un porcentaje menor frente a la vía que se hizo […]”.

62

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Entrar a revisar que esa vía hace parte del Sistema Integrado de

Transporte para el cual se ejecutó la decisión expropiatoria, era

precisamente la actividad de defensa que debió adelantar

TRANSMETRO en su contestación, con el ánimo no simplemente

de invocar que todos los servicios que se generan en torno al

Sistema constituyen espacio público, pues su argumentación está

fundada en la prestación de un servicio más que en la consideración

de que todas las partes de dicho sistema sean catalogables bajo

este concepto.

De modo que no le corresponde a la Sala examinar la validez de su

explicación, por cuanto, se insiste, este recurso no tiene por objeto

revisar la decisión del juez ordinario.

Tampoco es posible habilitar por conducto de este recurso el

reproche judicial al dictamen pericial porque la contradicción de

éste lo realizó la recurrente al plantear la objeción por error grave

que no prosperó, decisión que no es factible de revisión a través de

este mecanismo extraordinario.

5.4.3.4 NULIDAD EN LA SENTENCIA. VIOLACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS PROCESALES DE JUSTICIA ROGADA Y
CONGRUENCIA

Este reproche lo orienta la sociedad recurrente en la presunta

existencia de falta de congruencia en el fallo de única instancia

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porque señala que el Tribunal profirió un fallo infra petita y que no

existe coincidencia entre la solicitud de la demanda y lo decidido.

Previo a resolver si se presenta este vicio que afectaría de nulidad

la sentencia, se debe establecer su ocurrencia y con tal fin la Sala

se apoya en el procedimiento que la Corte Constitucional decantó

para establecer si existe la violación del principio de congruencia,

mediante un análisis comparativo, así:

“[…] El alcance que en esta jurisprudencia se le da al principio
de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido
por:

“1. Resolver sobre elementos o puntos no
comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra
petita);
2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra petita);
y
3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o
negativamente, acerca de puntos integrantes de la
demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer
probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando así
lo exija la ley (citrapetita).”[42]

Los anteriores supuestos se pueden evidenciar con relativa
facilidad, comparando el contenido de fondo de la
relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador en
el respectivo fallo[43]. Valga decir que en los primeros dos
supuestos se da un exceso en el ejercicio jurisdiccional,
mientras que en el último hay un defecto u omisión más
conocido como fallo omiso o diminuto […]”39.

Como quedo visto atrás, la explicación de la supuesta destinación

del bien expropiado a fines distintos a los que orientaron la

declaratoria de utilidad pública no comporta la ocurrencia de

39
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

64

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incongruencia pues, se repite, si bien es cierto que a ello aludió la

sociedad ANAYA GIRALDO & CIA S. EN C., en los hechos de su

demanda éste no es el argumento que explicó las pretensiones

invocadas.

En este punto, se itera que el motivo de la demanda de reversión

se identificó con el incumplimiento de la obligación de

TRANSMETRO de utilizar el predio expropiado, aunque también se

aluda al motivo de las consideraciones que declararon la función

pública de la propiedad y la utilidad pública y a las restricciones que

para la sociedad demandante “tenía” la obra.

Al margen de lo anterior, lo que se aprecia de la decisión judicial

cuestionada es que en el predio expropiado no existe edificación,

es decir, que tampoco se construyó un centro comercial, lo cual

descalifica por sustracción de materia la alegación de la recurrente.

Por su parte, lo que sí quedó registrado en el acápite pertinente es

que el motivo de la demanda no se sustentó en la destinación a un

fin diferente sino en el incumplimiento de la obligación, lo que se

tradujo en la pretensión de reversión. Así se lee al comparar el

fundamento de la demanda, la pretensión y la decisión:

FUNDAMENTO DE PRETENSIÓN FALLO DEL
LA ACCIÓN DE TRIBUNAL_ÚNICA
REVERSIÓN INSTANCIA

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“[…] A la fecha han […] Que de Teniendo en cuenta que
transcurrido más de conformidad con los se acreditó el
cuatro (4) años, hechos y fundamentos INCUMPLIMIENTO
desde que fue jurídicos que han sido por parte de
registrada la expuestos, así como TRANSMETRO de la
Resolución de por lo previsto en el obligación que
expropiación en el artículo 70 de la Ley asumió en los actos
folio de matrícula 388 de 1997, se de expropiación del
inmobiliaria del declare la inmueble que estaba
predio objeto del Retrocesión y/o bajo dominio de la
proceso, sin que reversión a favor de Sociedad Anaya
TRANSMETRO S.A. ANAYA GIRALDO & CIA Giraldo, le
HOY EN C. de la corresponde a esta
TRANSMETRO expropiación última el derecho de
S.A.S. haya decretada por recuperar la titularidad
ejecutado, en el TRANSMETRO S.A. del bien expropiado;
inmueble objeto HOY TRANSMETRO sin embargo, y como
del proceso, la S.A.S. quiera que sobre el
obra que motivó […] bien inmueble se
la expropiación Que como hicieron ocupaciones
invocada como consecuencia de la reducidas, se
motivo de utilidad declaración anterior, ordenará la
común en la se ordene a devolución a la
Resolución de TRANSMETRO S.A. demandante de lo
expropiación […]”. HOY TRANSMETRO que no fue
S.A.S., dentro del efectivamente
término de cinco (5) utilizado, esto es,
días posteriores a la 15.352 metros
ejecutoria de la cuadrados, lo cual
sentencia que ponga corresponde a un 76%
fin al proceso, de la totalidad del lote
restituir inicialmente
materialmente a expropiado, y que en la
ANAYA GIRALDO & actualidad hace parte
CIA S.EN C., el de la matrícula
inmueble ubicado en inmobiliaria No. 041-
la calle 65 entre 4028 de la Oficina de
carreras 13 y 14, Instrumentos Públicos
sector Los Cusules del de Soledad, sobre la
municipio de Soledad. cual se encuentra
inscrita medida
cautelar decretada por
esta corporación [...]”.
(Subrayas y negritas
fuera del texto)

En este sentido, se desvirtúa que el fin del proceso de reversión

hubiese sido otro diferente a aquel que se ocupó el Tribunal, lo que

impone despachar desfavorablemente la violación planteada.

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Tampoco resulta acertada la alegación que se transgredió el

principio de justicia rogada al ordenar el Tribunal solo un

porcentaje del predio expropiado. A tal conclusión se arriba porque

del material probatorio decretado en el proceso, el juez no podía

ordenar la restitución en un 100% como se solicitó, sino una

porción equivalente al 76%, porque esa diferencia ya no era

propiedad de TRANSMETRO sino del municipio de Soledad, en

virtud de la cesión del terreno, identificado en la actualidad como

la carrera 14 de esa localidad y demás conclusiones a las que arribó

el fallo frente al terreno ocupado.

Esta elucubración de la recurrente no representa para la Sala la

vulneración pretendida, porque, se repite, este argumento deviene

del entendimiento que ésta le otorga frente a que el incumplimiento

de la obligación a cargo de la entidad que expropió debe ser total,

condicionamiento que no está descrito en la norma fundamento de

la acción de reversión.

Además, el examen de esta alegación de fondo representa para el

juez de la revisión resolver si esta posición jurídica es acertada, lo

que conlleva, como ya se precisó, darle el alcance de una instancia

adicional a este recurso de naturaleza extraordinaria.

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Conviene aclarar que la totalidad de los argumentos que expuso la

parte actora en el proceso de reversión fueron objeto de decisión,

cuestión diferente resulta que por las razones atrás registradas se

concluyó que no era posible la devolución del 100% del bien

expropiado, lo que identifica que ese análisis probatorio permitió al

juez establecer la posibilidad jurídica en la que se hallaba

TRANSMETRO para cumplir la sentencia.

Todo lo anterior lleva a concluir que la congruencia externa no se

vio afectada con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del

Atlántico como tampoco el principio de justicia rogada.

5.4.3.5 LA SENTENCIA COMPLEMENTARIA DE 23 DE ABRIL
DEL 2021 CREÓ UNA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA QUE
DESCONOCE LO PROBADO EN EL PROCESO

En lo que corresponde a los reproches de este reclamo se tiene que

si bien pueden apreciarse diferencias en los metros consignados en

la relación que hizo TRANSMETRO para explicar

comparativamente las inconsistencias encontradas, lo cierto es que

las misma no son de tal entidad que contravengan el sentido de la

decisión complementaria.

En efecto, los ajustes que se aprecian no afectan la determinación

del predio, pues, aunque difieren en metros como se constata en el

siguiente cuadro subrayado, no implica discrepancia en la decisión

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de incumplimiento. La revisión del área a devolver se atiende bajo

la necesidad de delimitar el inmueble y el nuevo registro en el folio

de matrícula inmobiliaria. Las discrepancias halladas son las

siguientes:

MEDIDAS RELACIONADAS PARA DICTAMEN DE VICTOR ALBOR EN
ADICIONAR AL FALLO EL DECURSO DEL PROCESO
JUDICIAL
Norte: […] Norte: […]
Sur: 220.04 metros lineales en línea Sur: 228,04 Metros lineales en línea
quebrada así: 159,71 + 68,33 quebrada así: 159,71 + 68,33,
haciendo ángulo interno de 102° en la haciendo ángulo interno de 102º en la
intersección con el lindero oeste y intersección con el lindero Oeste, y
haciendo ángulo interno de 198° en haciendo ángulo interno de 98º en la
la intersección con el lindero este, que intersección con el lindero Este Linda
linda con predios de la estación de con predios de la estación de
Transmetro. Transmetro.
Este: […] Este: […]
Oeste: 49,96 metros lineales, Oeste: 49,96 Metros lineales,
haciendo en la intersección un ángulo haciendo en la intersección un ángulo
interno de 93° con el linero norte, y interno de 92º con el lindero norte, y
que linda con predios de Municipio de que linda con predios del Municipio de
Soledad. Soledad.

En esencia, lo que aprecia la Sala es que tales diferencias pudieron

resultar incluso de errores mecanográficos. Además, la recurrente

se limitó a señalar sin acreditar que entre uno y otro registro la

identificación del predio a restituir cambia esencialmente sus

características o se sobrepone con otro que no corresponde al que

fue objeto de la expropiación a la demandante en el proceso de

reversión.

Esta reclamación no pasa de ser entonces una inconsistencia menor

en el informe del perito, que además se subsanó con el

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requerimiento que realizó el Tribunal para resolver la solicitud de

complementación de la sentencia.

Es cierto que la determinación de grados y metros de un área con

las diferencias registradas representaría un terreno diferente; no

obstante, lo relevante en este caso es que la decisión del Tribunal

al dictar el fallo complementario y corroborar esta medición

ajustada redundó en la ejecución de la sentencia y no como lo

plantea la recurrente, que cayó en un error irremediable.

Ahora, el hecho de no haberse pronunciado el Tribunal en los

términos requeridos por la recurrente tampoco demuestra que con

ello se incurra en una violación al debido proceso, habida cuenta

que al proferir la sentencia complementaria de manera tácita

corrigió las diferencias que se registraron, sin que sea mandatorio

que se pronunciara expresamente.

Por todo lo expuesto, se declarará infundado el recurso

extraordinario de revisión al no probarse la causal invocada por los

motivos planteados.

5.5 Condena en costas

Las costas procesales se definen35 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

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que se compone de las i) expensas36 y las ii) agencias en

derecho37”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA38, al pasar de un criterio

subjetivo39 a uno objetivo valorativo40, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

De este modo, en el CPACA se prevé que las costas se fijan de

manera objetiva valorativa contra la parte vencida en juicio, es

decir que al juzgador le corresponde valorar si se configura alguna

de las hipótesis previstas por el legislador, salvo en los recursos

extraordinarios de revisión.

En efecto, la condena en costas en el recurso extraordinario fue

objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever

que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare

infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que

resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.

Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este

proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020

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Recurso Extraordinario de Revisión

que modificó el CPACA 40 y que, al decidirse el recurso, éste se

declaró infundado.

En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos41, lo

que impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y

duración de la gestión útil.

Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido por

el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con las

actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en derecho en

un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, en favor de la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA S.

EN C., que acudió a participar en este trámite.

Por último, se reconocerá personería al doctor ALBERTO MARIO

JUBIZ CASTRO como apoderado judicial de la sociedad ANAYA

GIRALDO & CIA s. EN C., según el poder presentado al contestar

este recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

40
El recurso extraordinario se radicó en esta Corporación el 29 de abril de 2022.

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Recurso Extraordinario de Revisión

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia de la sentencia de 25 de

septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del

Atlántico, y el fallo complementario de 23 de abril de 2021, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad accionante. Por la

Secretaría liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por el recurrente, en favor de la sociedad ANAYA GIRALDO

& CIA S. EN C.

CUARTO: TENER al doctor ALBERTO MARIO JUBIZ CASTRO

como apoderado judicial de la sociedad ANAYA GIRALDO & CIA

s. EN C., según el poder presentado al contestar este recurso.

QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

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Recurso Extraordinario de Revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva parcialmente voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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