Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00115-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
De anulación: interpretación restrictiva – Referentes únicamente a errores in
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00115-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00115-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
29 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001032600020220011500 (68482)
Convocante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN -EPM-
Convocado: CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S.
Referencia: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
Temas: RECURSO DE ANULACIÓN – Naturaleza y características / CAUSALES
DE ANULACIÓN– Interpretación restrictiva – Referentes únicamente a errores in
procedendo – Margen de competencia del juez del recurso / NEGACIÓN DE UNA
PRUEBA – Presupuestos que deben darse para que la decisión constituya causal
de anulación del laudo – No se evidenció la carencia de fundamento legal – Sin
incidencia de la prueba en la decisión de fondo- / LAUDO EN CONCIENCIA – Los
cargos formulados no encuadran en la causal – Varios argumentos son ajenos al
laudo, al pleito y/o al margen de competencia de la Sala.
Procede la Sala a resolver el recurso de anulación interpuesto por la parte
convocada contra el laudo proferido el 17 de febrero de 2022, por el Tribunal
Arbitral constituido para resolver las diferencias contractuales surgidas entre las
Empresas Públicas de Rionegro S.A.S. -ente hoy fusionado con las Empresas
Públicas de Medellín y que conforma la parte convocante- y la sociedad
Constructora Nirvana S.A.S. El laudo acogió parcialmente las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Entre las Empresas Públicas de Rionegro -EPRÍO- y la sociedad Constructora
Nirvana Ltda. -hoy S.A.S.- se celebró el contrato de obra pública N° CO-011-2015
del 27 de octubre de 2015.
Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
La entidad estatal contratante interpuso demanda arbitral contra la firma
constructora, por considerar que ésta había incumplido sus obligaciones
contractuales.
El laudo fue proferido el 17 de febrero de 2021, y en él se acogieron parcialmente
las pretensiones de la demanda.
La sociedad convocada interpuso contra el indicado laudo el recurso
extraordinario de anulación que hoy se somete al análisis de la Sala.
I. ANTECEDENTES
1. El proceso arbitral1
1.1. El pacto arbitral
El 27 de octubre de 2015, la sociedad Empresas Públicas de Rionegro S.A.
E.S.P.2 celebró con la firma Constructora Nirvana Ltda.3 el contrato de obra
pública N° CO-011-2015. En lo relativo a la solución de controversias, las partes
pactaron en la cláusula décima cuarta, lo siguiente:
Las partes de común acuerdo pactan, que el presente contrato [se] regirá e
interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. En
caso de discrepancias o controversias con respecto al contrato, su ejecución
y liquidación, serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento
que se regirá por las siguientes reglas: a) El número de árbitros que integrarán
el Tribunal de Arbitramento será de tres (3) (…). c) El tribunal así constituido,
sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil
de la citada Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, se sujetará a lo
dispuesto en la legislación vigente y emitirá su laudo en derecho (…).
1.2. La demanda
El 5 de noviembre de 20194, la sociedad entonces denominada Empresas
Públicas de Rionegro S.A. (en adelante EPRÍO), por intermedio de apoderada
judicial, presentó demanda arbitral de carácter contractual contra la compañía
1 Toda la documentación referida en esta sentencia se encuentra en el expediente digital,
disponible para su consulta en la plataforma Samai.
2 Hoy fusionada con las Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
3 Hoy Constructora Nirvana S.A.S.
4 La fecha fue señalada en el laudo arbitral y en la audiencia celebrada el 29 de enero de 2021,
en la que fue instalado el tribunal e inadmitida la demanda inicial.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Constructora Nirvana Ltda -hoy S.A.S.-. La demanda fue reformada el 13 de mayo
de 2021 por la sociedad Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. (en adelante,
EPM), ya fusionada para ese momento con la demandante inicial. En tal virtud,
las pretensiones definitivas formuladas por la parte convocante fueron las
siguientes:
PRIMERA: QUE SE DECLARE el incumplimiento por parte de la
CONSTRUCTORA NIRVANA LIMITADA con NIT 800.170.836-0, del contrato
de obra CO 011-2015 cuyo objeto es: Construcción de tanque en concreto
reforzado para el Almacenamiento de Agua Potable con capacidad de 5.000
M3 y Construcción de la Red de Intercomunicación entre los Tanques Porvenir
y Cuatro Esquinas, Margen Derecha del Municipio de Rionegro Antioquia,
incluyendo el suministro de tubería.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento
parcial del contrato de obra CO-001-2015, SE ORDENE a la
CONSTRUCTORA NIRVANA LIMITADA con NIT 800.170.836-0 al pago de
las actividades inconclusas para el recibo a satisfacción de la obra contratada
por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL (…) PESOS M.L. ($252.500.000.oo), como costos directos, más la
administración y la utilidad, que se concretarán en el Juramento Estimatorio.
TERCERA: De no prosperar las pretensiones anteriores, que se realice la
liquidación judicial del contrato y se declare la compensación entre la suma
que cuesta realizar de (sic) la impermeabilización del tanque en la forma
requerida en el contrato que es de $252.500.000.oo, como costos directos,
más la administración y la utilidad (concretados en el juramento estimatorio),
con la suma que EPM no ha pagado a NIRVANA por no haber entregado la
obra a satisfacción, según lo permiten las estipulaciones contractuales, suma
(de lo no pagado) que asciende a $252.669.45 (sic) como se verá más
adelante.
CUARTA: Como consecuencia de la Petición anterior, ordenar que la
[convocada], pague a EPM la cantidad de más después de hacer la
compensación.
QUINTA: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, SE
ORDENE la indexación de los valores solicitados, al momento de la sentencia
definitiva y del pago.
SEXTA: Que se condene en costas a los demandados.
Como fundamento de la demanda la convocante refirió, en síntesis, que el 27 de
octubre de 2015, EPRÍO celebró con la Constructora Nirvana Ltda. el contrato de
obra CO-011-2015, cuyo objeto fue la construcción de un tanque de
almacenamiento de agua potable con capacidad de 5.000 metros cúbicos, más la
red de intercomunicación “entre los Tanques Porvenir y Cuatro Esquinas, Margen
Derecha del Municipio de Rionegro Antioquia, incluyendo el suministro de tubería”.
Según la demanda, las partes pactaron que la ejecución de la obra tuviera un
plazo de cuatro meses -a partir del 8 de noviembre de 2015, fecha de inicio-, y
que su valor sería de $6.499.455.394.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Expuso la convocante el contenido de cada uno de los otrosíes suscritos sobre
los contratos de obra e interventoría, especialmente en cuanto ampliaron los
plazos inicialmente pactados y dispusieron la adición de obras con los respectivos
incrementos del valor final de cada contrato.
Señaló que el 14 de noviembre de 2016, las partes y el interventor suscribieron el
acta de terminación del contrato de obra, haciendo constar el recibo parcial de
ésta por evidenciarse que se encontraban pendientes varias actividades a cargo
de la contratista.
Afirmó que, si bien la firma convocada adelantó los trabajos pendientes, se
efectuaron tres pruebas de estanqueidad que sobrepasaron el porcentaje de
pérdida máxima, permitido por la norma.
Indicó que, debido a las fisuras y otros defectos de riesgo para la población,
encontrados en la prueba que se practicó el 7 de abril de 2017, la contratista fue
requerida para que efectuara las respectivas reparaciones, pese a lo cual, en la
siguiente medición se evidenciaron fugas de agua.
Refirió los resultados de las pruebas e inspecciones técnicas adelantadas entre
2017 y 2018, y los defectos que en estas se le atribuyeron a la firma Constructora
Nirvana, así como las diversas comunicaciones en las que se le solicitó enmendar
las fallas detectadas.
Manifestó que, en Resolución N° 018 del 12 de octubre de 2018, la entidad
contratante declaró el siniestro de “incumplimiento”, con cargo a la garantía del
contrato CO-011-2015, debido a los “reiterados llamados al Contratista a cumplir
con las reparaciones necesarias”.
Agregó:
Se solicitó además al Contratista la reparación del tanque para ponerlo en
operación sin fugas detectables. Para esto era necesario el levantamiento y
mapeo de todos los puntos de fuga, tanto en las paredes del tanque (interior
y exterior) como en la losa de fundación. El Contratista debía presentar las
metodologías y materiales a emplear en la reparación de dichas patologías,
apoyado de un especialista en el tema. Esta información estaría sujeta a
revisión por EPRÍO y EPM quienes avalarían y darían vía libre a su ejecución
o solicitarían ajustes a las soluciones presentadas, si estas no cumplían con
la garantía suficiente de estanqueidad y seguridad estructural.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Señaló que, con base en los informes técnicos de EPM y la asesoría del proveedor
de insumos Sika S.A., se identificó la necesidad de establecer un panorama real
de las condiciones estructurales y geotécnicas del Tanque, así como de estudiar
integralmente la patología estructural, para determinar las causas de las
filtraciones y definir las acciones para una solución definitiva, para lo cual se le
encomendó a la firma Inteinsa la realización del dictamen respectivo, el que a su
vez puso de manifiesto las fallas constructivas y los defectos estructurales
buscados por la entidad.
Afirmó que la estimación de los costos de las reparaciones requeridas, hecha por
ingenieros expertos de la Unidad de Gestión de Infraestructura de EPM, arrojó el
monto de $252’500.000, que sumado a los porcentajes de AIU, alcanzaba un total
de $378’750.000.
Según la convocante, EPM pagó a Constructora Nirvana el valor de todas las
obras ejecutadas, salvo las registradas en la última acta5, lo cual estaba permitido
por el contrato en el evento en que la entidad no recibiera a satisfacción el trabajo
contratado.
1.3. Defensa de la convocada
1.3.1. En la contestación de la demanda reformada, Constructora Nirvana S.A.S.
(en adelante, Nirvana S.A.S.) se opuso a las pretensiones por considerar que no
eran responsabilidad suya las fallas del tanque construido. Asimismo, se
pronunció frente a los hechos y fundamentos del libelo, objetó el juramento
estimatorio y propuso las excepciones que denominó “la actuación de la
convocante es un acto de mala fe”, “la actuación de EPRÍO (…) es una verdadera
gestión fiscal antieconómica”, “nadie puede alegar en su beneficio su propia
torpeza”, “inexistencia de incumplimiento del contrato e inexistencia de la
obligación”, “inexistencia de daño” y “excepción genérica o innominada”.
1.3.2. Previamente, en la contestación de la demanda inicial, la mencionada firma
alegó como excepción, que “la sociedad Constructora Nirvana se encuentra en
5 No se mencionaron los valores pagados ni los retenidos.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
proceso de reorganización empresarial desde el 17 de septiembre de 2018”, en
punto de lo cual expuso:
De conformidad con lo dispuesto en [el] artículo 166, las situaciones aquí
planteadas debieron ser resueltas por el Juez del concurso, toda vez que lo
que necesitaba la sociedad era que el contratante cancelara el valor de la
actividad pendiente para liquidar el contrato y hacer la liquidación del mismo
(sic), con lo cual se resolvería algo del flujo de caja de la sociedad, teniendo
en cuenta que para la fecha octubre 15 de 2018 (fecha de declaratoria del
siniestro) NIRVANA ya se encontraba admitida al proceso de reorganización.
Por su parte, la norma ídem, en su artículo 21, prohíbe la terminación de los
contratos por hechos anteriores al inicio del proceso. En el caso bajo estudio,
el siniestro fue declarado posterior a la admisión, motivo por el cual [es] nula
la actuación surtida por EPRIO, hoy EPM.
1.3.3. La convocante llamó en garantía a la compañía de seguros Confianza S.A.,
la cual dio contestación a la demanda y al llamamiento, formulando, entre otras,
las excepciones de “ausencia de acreditación de los perjuicios pretendidos por la
entidad demandante / el seguro de cumplimiento es de naturaleza indemnizatoria,
no es un contrato de valor admitido”, “necesidad de acreditar los requisitos del
artículo 1077 del Código de Comercio para afectar la póliza de cumplimiento
expedida por Confianza S.A.”, “prescripción de la acción derivada del contrato de
seguro - consecuente improcedencia de afectación de la póliza de cumplimiento”,
“compensación”, “subrogación” e “inexigibilidad de pago de intereses moratorios”.
2. El laudo impugnado
2.1. En audiencia de fecha 17 de febrero de 2022, el Tribunal de Arbitramento
profirió el respectivo laudo, en el cual dispuso:
PRIMERO. DECLARAR que las pretensiones tercera y cuarta de la demanda
reformada, ejercitadas con base en el medio de control de controversias
contractuales, caducaron, por haberse promovido por fuera de los términos
indicados en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
SEGUNDO. DECLARAR¸ con fundamento en el artículo 1081 del Código de
Comercio, la prescripción de las pretensiones aducidas en el llamamiento en
garantía efectuado a COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
CONFIANZA.
TERCERO. DECLARAR que NO PROSPERAN las excepciones de fondo (…)
aducidas por CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S., de conformidad con lo
establecido en la parte motiva del presente laudo.
CUARTO. DECLARAR que CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S. incumplió el
contrato de obra CO-001-2015 y como consecuencia se condena a la
6 No especificó el cuerpo normativo al cual aludía.
6
Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
convocada a pagar a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S.
E.S.P, hoy EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, a la ejecutoria de
este laudo, conforme a lo expuesto en la parte motiva, la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS
($341.580.787,17), por concepto de la realización de las obras pendientes de
ejecutar para poner en funcionamiento el tanque objeto del contrato
incumplido.
QUINTO. CONDENAR a CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S. al pago de las
agencias en derecho y costas procesales, a favor de la parte convocante, a la
ejecutoria del presente laudo arbitral, en la siguiente forma:
a) Por agencias en derecho, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($34.000.000).
b) Por costas procesales, por concepto de honorarios y gastos del Tribunal,
la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($55.525.675).
SEXTO. CONDENAR a EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S.
E.S.P, hoy EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P al pago de las
agencias en derecho y costas procesales, a favor de COMPAÑÍA
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA (…).
SÉPTIMO. DECRETAR la causación y pago a los árbitros y al secretario del
50% restante de sus respectivos honorarios, los cuales deberán ser
cancelados por la ejecutoria del Laudo o de la providencia que decida su
aclaración, corrección o complementación (Cfr. Art. 28 de la Ley 1563 de
2012) (…)”.
Las consideraciones y motivaciones esbozadas en el laudo sobre los puntos
controvertidos en el recurso serán referidas por la Sala al analizar los cargos
formulados en el recurso extraordinario de anulación.
Ninguna de las partes solicitó aclaración, corrección ni adición del laudo arbitral.
3. Recurso de anulación y su trámite.
3.1. La sociedad convocada interpuso el recurso extraordinario de anulación del
mencionado laudo, con apoyo en las causales contempladas en el artículo 41
numerales 2, 5 y 7, de la Ley 1563 de 2012 7, bajo cargos de los que se corrió
traslado a la parte convocante, quien se abstuvo de pronunciarse. La impugnación
se sustentó en los argumentos que la Sala expondrá en la parte considerativa de
esta sentencia.
7 “Son causales del recurso de anulación (…):
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia (…).
5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente (…), sin fundamento legal,
siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición
y aquella pudiera tener incidencia en la decisión (…).
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
3.2. En providencia del 6 de julio de 2021 se admitió el recurso extraordinario de
anulación y se ordenó notificar personalmente al Ministerio Público, que guardó
silencio en la presente instancia y durante el término de traslado del recurso en
sede del Tribunal de Arbitramento.
II. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La demanda arbitral que dio origen a este proceso se presentó el 5 de noviembre
de 20198, esto es, en vigencia del CPACA y del Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional. Por tanto, la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene
jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 1563 de 20129, norma que determina
que esta Corporación conoce, en única instancia, de los recursos de anulación
de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad
pública o quien desempeñe funciones administrativas.
En el contrato de obra CO-011-2015 del 27 de octubre de 2015, que originó la
controversia, fungió como contratante la entidad Empresas Públicas de Rionegro
S.A. E.S.P., sociedad de economía mixta del orden municipal con participación
estatal superior al 60%10.
8 Y fue reformada el 13 de mayo de 2021.
9 “Artículo 46. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será
competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese
funcionado el Tribunal de arbitraje (…).
Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
10 Fue constituida inicialmente con la razón social Aguas de Rionegro S.A., como una sociedad de
economía mixta con participación del municipio de Rionegro en el 60% del componente accionario,
y de la empresa estatal de servicios públicos Acuantioquia, con “no más del 20%”, todo ello por
autorización expresa del Concejo de Rionegro, impartida mediante Acuerdo N° 163 del 20 de
septiembre de 1996. Más adelante, por disposición del Acuerdo 010 de 2014, la razón social de la
entidad pasó a ser la de “Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.” y bajo tal nombre celebró
el contrato materia del proceso arbitral. Posteriormente, mediante acta N° 54 del 14 de marzo de
2018, expedida por la Asamblea General de Accionistas, cambió su nombre al de Empresas
Públicas de Rionegro S.A.S., y por último, mediante escritura pública N° 4641 del 30 de diciembre
de 2016, fue absorbida por las Empresas Públicas de Medellín (documento obrante en SAMAI).
Los actos administrativos del Concejo de Rionegro fueron consultados en la página virtual oficial
www.concejorionegro.gov.co/concejo/#acuerdos, el 30 de junio de 2022.
8
Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Por tanto, se trata de una entidad pública que intervino en el contrato sometido a
juicio en el proceso arbitral, siguiendo así el presupuesto de competencia previsto
en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012.
2. Régimen legal aplicable
La Ley 1563 del 12 julio de 201211 es el marco legal aplicable para resolver el
recurso extraordinario de anulación en estudio, puesto que el proceso arbitral
inició después de la expedición del referido estatuto12, razón por la cual, el recurso
extraordinario será decidido con fundamento en lo establecido en ese
ordenamiento13.
3. El recurso extraordinario de anulación: naturaleza y características
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha referido la naturaleza, las
características y las particularidades que identifican al recurso de anulación de
laudos arbitrales14, advirtiendo que el mismo es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, por lo cual no constituye ni puede entenderse como
una instancia adicional en el proceso.
Se ha señalado, asimismo, que la finalidad del mencionado mecanismo es
controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo,
de modo que a través de él no puede atacarse el laudo por cuestiones de mérito
o de fondo, esto es, errores in iudicando. En ese sentido, no le es dable al juez del
recurso examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo con el
derecho sustancial, ni revivir el debate probatorio para entrar a considerar
11 Al respecto, el inciso primero del artículo 119 de la Ley 1563 prevé: “Artículo 119. Vigencia. Esta
ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses después de su
promulgación. Esta ley sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de
su entrada en vigencia”.
12 La demanda arbitral se presentó el 28 de noviembre de 2017.
13 Es del caso señalar que en providencia de unificación de jurisprudencia, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que solo aquellas controversias dirimidas en sede
arbitral, iniciadas antes de la vigencia de la Ley 1563 de 2012, es decir, en vigor del Decreto 1818
de 1998, continuarían rigiéndose por esta última normativa y, por consiguiente, a los recursos de
anulación interpuestos contra laudos provenientes de esa clase de procesos, aunque fuesen
formulados en vigencia del nuevo Estatuto de Arbitramento, no les resultaría aplicable la
mencionada Ley 1563 (Consejo de Estado, Sección Tercera –Sala Plena– auto del 6 de junio de
2013, exp. 45.922, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).
14 Reiteración jurisprudencial: al respecto pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871; de 26 de marzo de 2008, exp.
34.071; de 13 de agosto de 2008, exp. 34.594; de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, entre muchas
otras.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
eventuales yerros en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las
cuales arribó el correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha
sido instituido como superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral. Al
respecto, el artículo 42 - inciso tercero del Estatuto Arbitral prohíbe al juez de la
anulación pronunciarse sobre el fondo de la controversia y calificar o modificar los
criterios, interpretaciones y análisis plasmados en el laudo15.
Sin perjuicio de lo anterior cabe anotar que, excepcionalmente, el juez de la
anulación puede corregir o adicionar la providencia, pero solo en aquellos
específicos eventos en que prospere la causal de anulación referente a la
incongruencia, prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Ahora bien, los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por
el denominado “principio dispositivo”, en cuya observancia dicho operador judicial
debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en
la formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su vez, el objeto que con
el recurso se persigue se debe encuadrar en las precisas causales que la ley
consagra16, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la anulación
interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no
invocadas y, menos aún para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la
formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación17.
Por otro lado se tiene que, dado el carácter restrictivo que identifica el recurso
extraordinario de anulación, su procedencia se encuentra condicionada a que se
determinen y sustenten debidamente las causales que se invocan en forma
expresa, las cuales deben tener correspondencia con aquellas que de manera
taxativa consagra la ley para ese efecto; por ello el legislador establece que el juez
de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se
invoquen o propongan no correspondan a ninguna de las señaladas
expresamente en la ley –artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–18.
15 “La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la
controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16 de
junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas por esta Subsección en sentencia
de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por esta Subsección en sentencia de 25 de agosto de 2011,
exp. 38.379, M.P. Hernán Andrade Rincón.
18 La jurisprudencia constitucional ha recalcado las características del proceso arbitral, su sujeción
al principio dispositivo y las limitaciones del recurso extraordinario de anulación contra el laudo que
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
4. Requisito de procedibilidad de la causal referente a la falta de jurisdicción
Como se anotó, la sociedad recurrente adujo, entre otras, la causal segunda de
anulación -en lo relativo a la falta de jurisdicción-, respecto de la cual, el artículo
41 del estatuto arbitral establece en su penúltimo inciso:
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los
motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto
de asunción de competencia.
No obstante, este requisito de procedibilidad no fue cumplido por la parte que
impugnó el laudo, pues el auto N° 16 de fecha 1 de septiembre de 2021, en el que
el tribunal de arbitramento declaró su propia competencia, no fue objeto de recurso
alguno.
En la solicitud de anulación, la convocada manifestó que la aludida carga había
sido cumplida en la audiencia adelantada el 6 de agosto de 2021, “en las demás
audiencias dirigidas por el Tribunal Arbitral [y] en el escrito de excepciones”,
puesto que en tales actuaciones indicó y reiteró que Constructora Nirvana S.A.S.
había sido admitida a un proceso de reorganización empresarial.
Al respecto, evidencia la Sala que en la audiencia del 6 de agosto de 2021 no se
resolvió lo relativo a la competencia del tribunal de arbitramento, sino que se trató
lo correspondiente a la conciliación, la solicitud de amparo de pobreza de la
convocada y la fijación de los honorarios de los árbitros; cuestiones estas que si
bien fueron impugnadas por Nirvana S.A.S., no fueron reprochadas por razón de
la supuesta falta de jurisdicción ni de competencia, sino porque la convocada
insistió en el derecho a que se le concediera el amparo de pobreza mencionado,
por encontrarse, entre otras cosas, en proceso de reorganización.
El hecho de haber alegado la existencia de esa actuación concursal en una
audiencia que no es la prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y en la
que, además, no se ventiló el asunto correspondiente a la jurisdicción y
lo resuelve, al indicar: “La Corte Constitucional ha considerado que el arbitramento es un
mecanismo idóneo no únicamente para descongestionar los despachos judiciales, sino también
para lograr que las partes en forma pacífica pongan fin a sus controversias. Bajo este entendido,
se ha considerado el arbitramento como un ‘mecanismo alterno de solución de conflictos’ que
‘implica la derogación que hacen las partes de la jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce
el Estado, para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean terceros
distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la controversia suscitada,
mediante una decisión –fallo arbitral- que al igual que las decisiones de los jueces de la República,
haga tránsito a cosa juzgada” (Corte Constitucional. Sentencia T-714 del 17 de octubre de 2013).
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
competencia del panel arbitral, no suple de ninguna manera la carga impuesta en
la citada norma, como tampoco lo hace el planteamiento del vicio como excepción
de mérito en la contestación de la demanda, pues con posterioridad a esa
formulación, la parte interesada tuvo la oportunidad legal para alegarlo de manera
directa, específica y oportuna, por la vía de impugnar el auto que, justamente,
resolvía sobre la jurisdicción y la competencia que ahora refuta. Al guardar
silencio, la hoy recurrente no solo desatendió la imposición hecha en el artículo
41 del estatuto arbitral, sino que aceptó la facultad procesal del Tribunal de
Arbitramento para adelantar el juicio, permitiendo que la providencia
correspondiente quedara ejecutoriada y así se habilitara al panel de árbitros para
continuar con la actuación hasta llegar al laudo.
Por consiguiente, dado que la sociedad Constructora Nirvana S.A.S. no satisfizo
el requisito de procedencia establecido en el artículo 41 - inciso undécimo de la
Ley 1563 de 2012 para invocar la causal de falta de jurisdicción y competencia, la
misma no será examinada por la Sala.
5. Las demás causales de anulación invocadas en el recurso
a) La negación del decreto de una prueba oportunamente solicitada
La impugnante invoca en su recurso la causal de anulación establecida en el
artículo 41, numeral 5, de la Ley 1563 de 2012, y consistente en “haberse negado
el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar
una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere
alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella
pudiera tener incidencia en la decisión”.
Del tenor de la norma en cita se desprenden los siguientes presupuestos para que
proceda la anulación del laudo arbitral con fundamento en el mencionado vicio: i)
que la prueba denegada haya sido solicitada oportunamente, o que la no
practicada se haya decretado en el proceso, ii) que tales negativas probatorias
carezcan de fundamento legal, iii) que la prueba en cuestión tenga incidencia en
la decisión o resolución de la controversia y, iv) que la parte interesada haya
interpuesto recurso de reposición contra la decisión de rechazo u omisión de dicho
medio probatorio.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Dada la naturaleza del recurso extraordinario de anulación, y en particular, en
cuanto la competencia del juez se contrae al examen de errores in procedendo
bajo la delimitación de las causales fijadas por la ley, es claro que el entendimiento
de la norma debe circunscribirse con estrictez a los postulados que contiene, de
modo que, en cuanto se refiere a la carencia de fundamento legal de la negación
u omisión de la prueba, si bien al juez le corresponde verificar si tal negativa está
o no legalmente justificada, debe tener en cuenta, aún en ese ejercicio analítico,
que de conformidad con el artículo 42, inciso último, del Estatuto de Arbitraje, “[l]a
autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de
la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el
laudo”.
Ahora bien, respecto de la mencionada causal, ha dicho la jurisprudencia19:
[N]o resulta predicable esta causal de anulación de los laudos arbitrales
cuando el recurrente considera que el juez se abstuvo, injustificadamente, de
decretar pruebas de oficio, pues se refiere exclusivamente a las pedidas por
las partes; tampoco procede, cuando las que dejó de decretar el tribunal
fueron pedidas de manera extemporánea o cuando a pesar de haberlo sido
oportunamente, la denegatoria está legalmente justificada; de la misma
manera, el recurso no podrá prosperar cuando la prueba que se echa de
menos no resulta relevante para la decisión, es decir que su presencia no
habría significado una diferencia respecto a lo decidido en el laudo arbitral,
como tampoco saldrá avante la impugnación de la decisión con base en esta
causal, si el recurrente no reclamó por la falta de decreto de la prueba o la
falta de su práctica, en las oportunidades procesalmente dispuestas para
ello20.
(…) resulta necesario recordar que la finalidad del recurso de anulación no es
la revisión de fondo de la decisión tomada por los árbitros para determinar si
aplicaron bien o mal la normatividad legal en la resolución de los problemas
jurídicos sometidos a su conocimiento, sino que se dirige a verificar que el
proceso arbitral se haya adelantado en debida forma, para lo cual el legislador
estableció taxativamente las causales por las que procede la anulación total
o parcial de un laudo arbitral.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el
derecho fundamental al debido proceso, ha admitido que la causal relativa al
decreto y práctica de las pruebas en el proceso arbitral –anteriormente, la 4ª
del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, compilada en el artículo 163 del
19 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 20 de marzo de 2018, exp. N° 11001-03-26-000-2017-00161-00(60465). C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
20 Nota original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, expediente 37261, C.P. Danilo Rojas
Betancourth”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Decreto 1818 de 1998 y hoy consagrada en el numeral 5º del artículo 41 de
la Ley 1563 de 2012-, también era procedente en el caso de que la decisión
se fundara en pruebas obtenidas con violación del debido proceso21.
b) Laudo en conciencia
Como se anotó, la parte recurrente también fundamentó la solicitud de anulación
en la causal séptima prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 22, referente
a la expedición del laudo en conciencia cuando la decisión debió adoptarse en
derecho23, siempre que tal vicio sea visible y se advierta prima facie en la
providencia.
En efecto, la causal de fallo en conciencia opera cuando el tribunal de arbitramento
profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio, para
ajustar sus decisiones exclusivamente a su criterio personal. En otros términos, al
incurrir en el vicio de laudo en conciencia, el panel arbitral aplica criterios
axiológicos como los de “lo correcto o lo bueno”, al margen de un parámetro
normativo o legal y ateniéndose únicamente a su íntima convicción.
En este punto, la Sala reitera su jurisprudencia, en la que hizo un recorrido
histórico sobre la mencionada causal de anulación y sintetizó su contenido y
alcance en los siguientes términos:
El laudo en conciencia se estructura cuando los árbitros se apoyan
exclusivamente en su íntima convicción del caso, no dan razones de su
decisión o prescinden de toda consideración jurídica o probatoria y es en
21 Nota original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 28 de enero de 2009, expediente 34239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.
22 “Son causales del recurso de anulación:
1. La inexistencia, la invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral.
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia (…).
6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva
o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.”.
23 Cabe anotar que el arbitraje en derecho constituye la regla general aplicable a la contratación
estatal, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, que establece: “En los tribunales
en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las
controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución,
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el
laudo deberá proferirse en derecho”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
equidad cuando los árbitros inaplican la ley al caso concreto, porque
consideran que ella es inicua o que conduce a una iniquidad, o cuando buscan
por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido.
El laudo en conciencia está proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano
y el laudo en equidad está permitido cuando el conflicto objeto del arbitraje se
traba entre particulares, de modo que uno y otro serán anulables bajo la
aducción de la causal ‘Haberse fallado en conciencia o en equidad debiendo
ser en derecho’, cuando se trate de conflictos derivados de contratos
estatales.
El laudo en derecho debe ser proferido con fundamento en el derecho positivo
vigente, lo cual significa, por una parte, que no basta la simple referencia de
una norma Constitucional o legal, para que se repute como tal, pues es
necesario que la norma positiva esté hilada en la cadena argumentativa que
sustenta la decisión y, por otra parte, supone que la norma debe estar vigente
en el ordenamiento jurídico para que pueda tener la virtualidad de fundar la
decisión.
La decisión en derecho debe estar fundada en las pruebas aportadas al
proceso, de manera que la decisión que se adopte con prescindencia de la
prueba necesaria para fundar la decisión o con carencia absoluta y ostensible
de juicio jurídico valorativo de la prueba es una decisión que solo responde a
la íntima convicción del juzgador, luego es una decisión en conciencia24.
Cabe destacar que, en materia probatoria, solo cuando sin justificación alguna el
laudo excluye totalmente del análisis los elementos de prueba u omite la
valoración de las probanzas necesarias para resolver el asunto, surge la decisión
o fallo en conciencia, vicio este que, por el contrario, no ocurre cuando los árbitros
valoran las probanzas de manera distinta a la que las partes consideran correcta,
o fundan la providencia en medios probatorios diferentes a los que el censor
estima que debieron tenerse en cuenta.
Esto se explica porque el fallo en conciencia se caracteriza por contener una
decisión sustentada únicamente en el convencimiento subjetivo del juez, de suerte
que, cuando este funda su proveído en las pruebas, aún de manera equivocada,
el fallo es en derecho. Así lo ha precisado la jurisprudencia al indicar,
precisamente, que la valoración errada de las pruebas por parte de los árbitros no
configura el vicio de fallo en conciencia, de manera que las discrepancias que las
partes tengan con el criterio fijado por el tribunal de arbitramento para estimar y
analizar el material probatorio no pueden hacerse valer mediante el recurso
extraordinario de anulación bajo la indicada causal25, puesto que ello equivaldría
a señalar que el juez del recurso puede hacer pronunciamientos de fondo sobre
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017, exp.
56.347, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
25 Nota transcrita: “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de
2002, Rad 22.191 (fundamento jurídico c)”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
la cuestión resuelta en el laudo, circunstancia que, se reitera, desnaturaliza el
aludido mecanismo.
Al respecto, expone el Consejo de Estado26:
No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración que de
las pruebas realice el juzgador27, por cuanto ‘(n)o se trata pues, y eso está
claro, de que el recurrente encubra sus divergencias sobre la manera como
el tribunal estimó y valoró las pruebas del proceso, que le ha sido
desfavorable, para deducir de allí que se está en presencia de un fallo en
conciencia, cuando normalmente, en un caso como este, el juez suele
expresar claramente, a lo largo de la motivación de la sentencia, las razones
por las cuales los medios de prueba le han conducido a tomar una u otra
posición, gracias a la libertad de valoración –sana crítica- que la ley procesal
le confiere”28 (…).
[L]a Sala (…) remite al desarrollo que sobre este criterio se hizo, en el
entendido que se exige del laudo su fundamentación en las pruebas
legalmente aportadas al proceso. Luego, si no hay fundamento probatorio o
sin justificación se desconoce o se aparta de las pruebas, se estará frente a
una decisión claramente subjetiva de los árbitros’.
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera significar
la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la misma. Se trata de
defectos evidentes, como lo son la ausencia de fundamentos probatorios o,
como lo ha precisado la jurisprudencia, que aun cuando exista un análisis
probatorio, el laudo se aparte por completo y sin justificación de lo que las
pruebas señalan, es decir, un abandono absoluto del material probatorio29.
Con fundamento en todo lo anterior y, a título meramente ilustrativo, se tiene que
no procede fundar el recurso de anulación por la causal de laudo en conciencia
en los siguientes eventos o hipótesis:
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de marzo de 2018, exp.
N° 11001-03-26-000-2017-00113-00(59836). C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido,
véase la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018, exp. N° 61082, en la cual se indicó: “[L]os
fallos en conciencia en Colombia están proscritos para los tribunales arbitrales en la contratación
pública, toda vez que ellos prescinden de toda motivación y de las pruebas, en la medida en que
los árbitros se apoyan en su íntima convicción y, por tanto, no dan razones de su decisión o
prescinden de toda consideración jurídica o probatoria. En tal sentido, para configurar esta causal
se requiere demostrar que la decisión del Tribunal i) prescindió de toda motivación; de toda prueba
y de toda consideración jurídica y ii) cuando esto aparezca de manifiesto en el laudo” (Consejera
ponente: Marta Nubia Velásquez Rico -E-).
27 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.
28 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, C.P. Enrique Gil Botero”.
29 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55852, C.P. Ramiro Pazos Guerrero”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
i) Cuando el tribunal de arbitramento hace una determinada interpretación del
derecho vigente, lo que implica que la anulación del laudo no se pueda fundar en
yerros cometidos por el juez al hacer un ejercicio hermenéutico sobre la ley30.
ii) Cuando el tribunal arbitral funda el laudo en la equidad, como criterio auxiliar
para llenar los vacíos legales. En torno a este punto, esta Corporación 31 ha
advertido que el criterio de la equidad es un elemento de interpretación que se
puede emplear por la justicia arbitral, aun en el marco del arbitramento en derecho,
sin dar lugar a la anulación del laudo.
iii) Cuando el tribunal de arbitramento interpreta de manera incorrecta el contrato
sometido a la controversia32.
iv) Por último, si las pruebas fueron apreciadas o valoradas en forma distinta a la
que invocaron las partes. En efecto, se reitera que el recurso de anulación no es
una instancia para rebatir o cuestionar la valoración de las pruebas ya que solo
procede la causal cuando es inexistente el sustento probatorio o se desconoce en
forma manifiesta e injustificada la prueba indispensable para resolver33.
30 Véase al respecto, la sentencia proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo
de Estado, el 24 de mayo de 2017, expediente N° 110010322600020160015200 (58.675). C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencia de 21 de septiembre de 2016, exp. 56.728, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio
6 de 2005, exp. 28.990, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez:
“De hecho, para que se pueda hablar de un fallo en conciencia, la decisión judicial arbitral debe
adolecer de toda referencia al régimen jurídico aplicable a la controversia contractual, de manera
que sea posible sostener que, efectivamente, al margen del derecho, la decisión ha partido del
fuero interno de los árbitros, sin justificación normativa alguna”.
33 La Corte Constitucional ha trazado la misma senda en materia de anulación de laudos arbitrales
por haberse dictado en conciencia. Al respecto, ha subrayado que la limitación de la competencia
de la autoridad jurisdiccional únicamente al examen de errores in procedendo, se fundamenta en
que el recurso de anulación no puede ser empleado para desconocer lo pactado por las partes, al
prever que el eventual conflicto solo sea resuelto por la vía del arbitramento, razón por la cual, los
posibles desaciertos del colegio de árbitros en la interpretación de las normas jurídicas o las
falencias en la valoración de las pruebas no hacen procedente el uso del aludido mecanismo
extraordinario. Destacó la Corte: “La restricción del juez de anulación para pronunciarse sobre
errores in iudicando, encuentra su razón de ser en que este recurso no puede usarse como
mecanismo para desconocer o soslayar la voluntad de las partes de sustraer la controversia del
conocimiento de la Jurisdicción. De esta manera, ante un eventual desacierto del tribunal de
arbitramento en cuanto a la aplicación e interpretación de normas sustantivas o ante la falta o
indebida valoración de la prueba o a una impropia utilización de los principios lógicos o empíricos
del fallo, no será posible acudir al recurso extraordinario de anulación” (Sentencia SU-173 del 16
de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Por tanto, solo puede cuestionarse como laudo en conciencia el que se ha
fundamentado única y exclusivamente en el fuero interno de los árbitros, desligado
del orden jurídico y probatorio34.
6. Caso concreto
6.1. Problema jurídico
En el presente caso, le corresponde a la Sala establecer si al laudo arbitral objeto
de recurso se le pueden atribuir los vicios referidos en el artículo 41, numerales 5
y 7 de la Ley 1563 de 2012, es decir: i) si la decisión contenida en el laudo no se
ajustó a derecho por haberse emitido sin valorar una prueba indebidamente
denegada por el Tribunal de Arbitramento, y ii) si el laudo debe ser anulado por
contener decisiones no proferidas en derecho sino en conciencia, y que ese vicio
sea manifiesto en el laudo, en los términos antes indicados.
6.1.1. Argumentos del recurso
6.1.1.1. Al invocar la causal quinta de anulación, referente a la negación del
decreto de una prueba oportunamente solicitada, la recurrente manifestó haber
aportado con la contestación de la demanda el acta de posesión del promotor
designado en el proceso de reorganización empresarial de Nirvana S.A.S., a
efectos de demostrar que dicha actuación se encontraba en curso desde el 17 de
septiembre de 2018, y que durante su interrogatorio de parte, el representante
legal de la convocada solicitó que se tuviera en cuenta el acta de la respectiva
aprobación, para entonces recién impartida.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de noviembre de 2012,
exp. 39332, M.P. Hernán Andrade Rincón: “No obstante lo anterior, como ya en otras
oportunidades lo ha señalado esta Corporación, el fallo en conciencia no sólo se configura cuando
el juez prescinde de las normas jurídicas vigentes y aplicables al caso, sino que también se
presenta cuando, a pesar de haber hecho referencia a ellas, resuelve sin explicar las razones
probatorias que dan lugar a su decisión, es decir, apoyándose en el principio de verdad sabida y
buena fe guardada (…). Si bien el Tribunal de Arbitramento a partir de normas jurídicas vigentes y
aplicables al caso elaboró el concepto de Pérdida Generalizada de Producción - PGP - y la definió
‘como aquella conducta contraria a la buena fe del propietario o de su representante en obra, que
haciendo un uso abusivo de sus prerrogativas contractuales y legales, afecta significativamente al
rendimiento y a la utilidad que la obra genera para el constructor’, lo cierto es que no se observa
en el texto del laudo cuáles habrían sido las pruebas específicas que a juicio del Tribunal
constituyeron la mala fe de la entidad demandada y que, por tanto, dieran lugar a concluir que ésta
incurrió en las conductas descritas en el concepto de la PGP”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
En punto de ello, reprochó que en el auto N° 1935, el Tribunal de Arbitramento
denegara la prueba aludida, pese a que no se trataba de un hecho nuevo sino la
ratificación de un evento alegado desde la contestación de la demanda inicial.
Dijo la recurrente:
(…) se dejó de revisar un material con alta incidencia en la negación de las
pretensiones, puesto que una de los alegados (sic) incumplimiento[s] se debió
a desarrollar la obra por falta de recursos, los cuales fueron retenidos de
manera ilegal por la misma convocante, cuando con los mismos se retrasó la
realización de una obra que terminó siendo propuesta por la misma NIRVANA,
es decir, EPM, trasladó un incumplimiento del contrato por la misma
negligencia en reconocer los derechos que mi representada gozaba como
empresa en reorganización, situación que también fue desconocida por el
tribunal arbitral.
Agregó que estos aspectos de censura fueron expuestos ante el Tribunal, al
interponerse recurso de reposición contra el mencionado auto N° 19, sin éxito.
En efecto, la sociedad convocada impugnó dicho proveído el 16 de septiembre de
2021, en la misma audiencia en que fue dictado, como lo precisará la Sala más
adelante.
6.1.1.2. En invocación de la causal de laudo en conciencia, la convocada comenzó
por referir jurisprudencia alusiva a la distinción entre el arbitramento técnico y el
arbitramento en derecho, para señalar que en el caso concreto el panel de árbitros
se había extralimitado, al “realizar juicios técnicos sobre la correcta o incorrecta
ejecución de la obra”, sin que, además, existiera prueba idónea que sustentara
sus conclusiones.
Señaló que, aun cuando los testimonios de los profesionales que adelantaron la
obra indicaron que esta no funcionó, ello no significaba que la ejecución hubiera
sido imperfecta, y que si bien el informe final de interventoría evidenció que a la
fecha de entrega del proyecto hacían falta algunos trabajos, no hizo referencia a
incumplimientos imputables a la contratista, la cual, en todo caso, ya estaba
exenta de obligaciones por haber sido admitida al proceso de reorganización
empresarial.
35 No indicó la fecha, pero el auto en que se denegó la prueba referida por la impugnante fue
proferido el 16 de septiembre de 2021.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Tras recalcar que el arbitraje pactado en la cláusula compromisoria debía ser en
derecho y no técnico, señaló que las pretensiones de la demanda reformada se
encaminaron a variar esa estipulación, lo que fue ignorado por el Tribunal cuando
admitió dicha reforma, y que las deficiencias aducidas como técnicas no fueron
demostradas en el juicio.
Refirió la declaratoria de siniestro de incumplimiento por parte de EPM en “el mes
de octubre de 2018” y señaló que, a ese respecto, debía tenerse en cuenta el
criterio jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en sentencia del 26 de junio
de 201436, sobre la competencia temporal de las entidades estatales para declarar
“la caducidad del contrato”, únicamente durante la vigencia del mismo.
Adujo que la finalidad de la liquidación del contrato era efectuar un balance final
del negocio jurídico para que las partes pudieran declararse a paz y salvo, lo que
implicaba la extinción del vínculo negocial y no la sanción al contratista por
posibles incumplimientos surgidos durante el período de ejecución, de suerte que
en el caso concreto, EPM carecía de facultad para demandar a su contratista por
incumplimiento y para declararlo en acto administrativo, pues ese asunto debió
ser discutido cuando el contrato todavía estaba vigente, máxime si el informe final
de interventoría no evidenciaba inobservancia alguna de la contratista.
Cuestionó el hecho de que EPM hubiera solicitado en la demanda arbitral la
declaratoria de incumplimiento de Nirvana S.A.S. después de haber expedido la
Resolución N° 018 de 2018 declarando el siniestro sobre el mismo asunto, y
reprochó que tanto la demanda como el acto administrativo se hubieran emitido
cuando la firma contratista ya se encontraba en proceso de reorganización, y
aduciendo aspectos de orden técnico que, en su sentir, debieron ser dilucidados
por expertos y no por el tribunal que expidió el laudo. En punto de ello, también
señaló que las actuaciones de EPM en sedes administrativa y arbitral afectaron
patrimonialmente a la sociedad contratista, por impedir que se cumpliera con la
finalidad de la Ley 1116 de 2006, de procurar la permanencia de la empresa en el
mercado.
Adujo que ese detrimento patrimonial también fue injustificado en la medida en
que la demanda arbitral señaló como valor de los perjuicios una suma equivalente
36 Señaló la sentencia dictada por la Sección Tercera – Subsección B, en el expediente N° 26705.
20
Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
al precio de los arreglos propuestos por Nirvana S.A., en 2018, cuando, después
de haber finalizado el contrato, las pruebas de estanqueidad arrojaron fallas que
ya no eran responsabilidad de la contratista pero que esta se ofreció a reparar
para poder solucionar de manera definitiva las necesidades de la obra entregada.
Reprochó otras conductas de EPRÍO y EPM, así como otros apartes de la
demanda reformada, y recalcó los supuestos cumplimientos de Nirvana S.A.S. a
lo largo de la relación contractual, además de los pretendidos percances sufridos
por esa sociedad con ocasión del proceso de reorganización y de un embargo
judicial de que fue objeto, subrayando el hecho de que EPM no puso a órdenes
de ninguna de las autoridades que adelantaron tales actuaciones, los dineros que
le adeudaba a la contratista y con los cuales ésta, según su dicho, habría podido
adelantar las obras que le solicitó la contratante después de la finalización del
contrato y de las pruebas de estanqueidad.
Sostuvo que en el proceso no obraba informe alguno que señalara que Nirvana
S.A.S. hubiera incumplido el contrato o ejecutado la obra desatendiendo las
especificaciones de la misma, lo que, en su criterio, le impedía a EPM expedir la
resolución de siniestro en pleno curso del proceso de reorganización, y ponía de
manifiesto que el no funcionamiento del tanque, detectado en las pruebas, no
implicaba mala ejecución por parte de la contratista; y adujo que esta conclusión
fue expuesta por la ingeniera “Oquendo”37, durante el testimonio rendido en el
juicio arbitral.
Después de reiterar lo relativo a la improcedencia de la declaratoria del siniestro,
el cumplimiento de la contratista, la existencia del proceso de reorganización, las
responsabilidades de EPM y sus supuestos equívocos en sede procesal,
concluyó:
[S]i no existe en este momento una prueba idónea que determine que la
causante del mal funcionamiento hay[a] sido NIRVANA, mal podría declararse
una responsabilidad en favor de ella (sic) y lo que sí corresponde de acuerdo
a las posiciones contenidas aquí, es que se liquide el contrato teniendo en
cuenta (…) los saldos ya reconocidos por la convocante a favor de NIRVANA
y que no fueron puesto[s] a disposición del Juez Ordinario en la jurisdicción
Civil, ni ante el juez del concurso que es la Superintendencia de Sociedades
(…).
Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que se trata de una discusión
de carácter técnico sobre la cual el tribunal no debía pronunciarse, además
37 Infiere la Sala que la impugnante se refería a la ingeniera Mónica María Oquendo Zuluaga, cuyo
testimonio fue referido en el laudo.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
de no estar probada, razones suficientes para que [se] anule el Laudo Arbitral
en la forma dispuesta en la Ley 1563 de 2012.
6.1.2. La prueba denegada por el Tribunal de Arbitramento
-. En audiencia de fecha 15 de septiembre de 2021, rindió declaración de parte el
señor Jorge Eduardo Londoño Bonet, en calidad de representante legal de la
convocada.
Previo al inicio del interrogatorio, señaló que38 Nirvana S.A.S. había sido aceptada
en proceso de reorganización y solicitó que se le permitiera aportar al trámite
arbitral el acta de aprobación del acuerdo respectivo, “para que quede en el
expediente” dado que, en su condición de representante, estaba tratando de
“salvar la empresa” 39.
-. En auto Nº 19 del 16 de septiembre de 2021, Tribunal de Arbitramento resolvió
negativamente la solicitud de admisión de la prueba ofrecida por el representante
legal de Nirvana S.A.S. en el interrogatorio de parte.
Expuso:
[A]nalizando la conducencia y la forma de aportarla, [el panel] considera que
no es a través de un interrogatorio, que se deben aportar este tipo de pruebas,
que no tienen relación directa con una de las preguntas, y que es un hecho
posterior (…) al que no se refiere la demanda, ni la contestación, ni el
llamamiento en garantía, ni la contestación al llamamiento en garantía,
entonces no considera necesario que se aporte como prueba al proceso dicho
documento.
-. En la misma audiencia del 16 de septiembre de 2021, la convocada interpuso
recurso de reposición contra tal proveído, manifestando que el hecho aducido con
la prueba denegada no era nuevo, ya que si bien la admisión de la empresa al
proceso concursal era distinta a la aprobación del acuerdo de reorganización,
38 Minuto 04:00 de la audiencia (archivo disponible en Samai).
39 Durante el interrogatorio (minuto 19:20 en adelante), manifestó que había transcurrido un tiempo
entre la entrega del tanque y la realización de las pruebas de estanqueidad, y que durante tales
ensayos se detectaron daños en la tubería, provocados por terceros con posterioridad a la
finalización del contrato. Adujo que las obras requeridas para reparar tales fisuras fueron
recomendadas por la empresa Sika, quien efectuaría las reparaciones por un valor aproximado de
$110’000.000. Agregó que, toda vez que Nirvana S.A.S. ya se encontraba en proceso de
reorganización y pesaba en su contra un embargo en proceso judicial, le propuso a EPM que ésta
pagara a Sika el valor de las obras, y le entregara a la contratista la suma restante para completar
el saldo a su favor -de aproximadamente $250’000.000, en palabras del interrogado-, poniendo el
dinero a disposición de las autoridades que adelantaban los procesos contra Nirvana S.A.S.,
propuesta que, según su dicho, fue rechazada por la entidad contratante.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
ambas pertenecían “a la misma institución jurídica”, lo cual afectaba, en todo caso,
las deudas de Nirvana S.A.S. y por consiguiente, la eventual condena que se le
impusiera en el proceso. Por otro lado, recalcó que la terminación unilateral del
contrato por parte de EPM40 infringía el ordenamiento, por haberse dispuesto
cuando ya se estaba adelantando el mencionado proceso de reorganización.
Expresó:
[N]o se puede terminar unilateralmente los contratos, porque puede pasar lo
siguiente: si no se aprueba, no tiene ningún efecto, va a liquidación, pero
estando aprobado el acuerdo de reorganización, refuerza los efectos de
admisión del proceso de reorganización. Lo que digo en este punto: ya
Nirvana cuenta con la aprobación del acuerdo de reorganización y con mucha
más razón se ratifican los efectos de protección a la empresa, esa terminación
unilateral que se dio con la declaratoria de siniestro fue posterior a la admisión
de reorganización. Considero que el Tribunal debe tener como hecho
sobreviniente la existencia de ese acuerdo, que no es una prueba adicional,
no es una prueba foránea, no es una prueba que no se mencionó, es la
continuación, es un elemento de la prueba ya establecida en la entrada a la
admisión del proceso de reorganización.
-. El panel arbitral dispuso no reponer el auto impugnado por cuanto, en su criterio,
la prueba solicitada por Nirvana S.A.S. no guardaba relación alguna con las
pretensiones de la demanda ni las excepciones propuestas por la parte pasiva,
además de evidenciarse que la solicitud probatoria se había formulado por fuera
de las oportunidades previstas en la ley. De igual manera, manifestó que el
proceso en curso era declarativo y “no ejecutivo”, lo que, a su juicio, también
impedía el decreto y valoración de la prueba documental aludida.
6.1.3. Motivaciones y decisiones del laudo
En la providencia censurada, el panel de árbitros comenzó por recalcar la
naturaleza del contrato materia de controversia y señaló que al mismo le
resultaban aplicables las normas y principios del derecho privado que gobernaban
40 Tanto en la demanda inicial como en el escrito de reforma, se indicó que el 14 de noviembre de
2016 las partes suscribieron el acta de terminación del contrato, instrumento que, sin embargo, no
fue aportado al proceso arbitral -de lo cual dio expresa cuenta el Tribunal de Arbitramento-. EPM
señaló ese hecho en la Resolución N° 018 del 15 de octubre de 2018, en la cual declaró el siniestro
de “incumplimiento” y dio “por terminado” el contrato de obra CO-011-2015, pese a esa
manifestación de haber suscrito las partes el acta de terminación, en una fecha previa. La
convocada reprocha que EPM hubiera “terminado unilateralmente” el contrato en 2018, época en
la cual, reiteró, Nirvana S.A.S. ya estaba admitida en el proceso de reorganización. Por otro lado,
es de anotar que en el expediente no obra prueba de que se hubiera demandado ante instancia
competente alguna, la nulidad de la Resolución N° 018 de 2018, y de lo manifestado por las partes
a lo largo de la actuación se infiere que no fue así, al menos por parte de Nirvana S.A.S.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
los negocios de obra civil, aunque debía tenerse en cuenta que se trataba de un
contrato estatal, por lo que era palmario que también se sujetaba a lo previsto en
la Ley 80 de 1993, especialmente en el artículo 3, que preveía que “al celebrar
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento
de los fines estatales (…)” mientras que los particulares, al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades del Estado, debían tener en cuenta que estaban
colaborando con ellas para el logro de sus fines.
En punto de lo anterior, expuso algunos pormenores del contrato N° CO-011-
2015, entre estos el objeto, el término de duración y las obligaciones de la
contratista; y enunció los otrosíes en que se convinieron las prórrogas y adiciones
de aquel. En este marco, recalcó lo estipulado en la cláusula décima contractual,
en cuanto se le impuso a Nirvana S.A.S. la entrega de la obra “completamente
lista para darla al servicio”, a más tardar el último día del plazo de ejecución
pactado por las partes.
De lo anterior coligieron los árbitros que Nirvana S.A.S. se había obligado,
esencialmente, a la construcción del tanque en concreto reforzado para el
almacenamiento de agua potable, “de manera que fuese una obra funcional según
su destinación (…) [y] sirviera para su distribución a la comunidad”, y que al
expresarse en el contrato la obligación de entrega “lista para darla al servicio”, era
manifiesto que se referían los firmantes a la funcionalidad del tanque que debía
construir la contratista.
El Tribunal reseñó el contenido de algunas notas de bitácora de Nirvana S.A.S. y
varios informes rendidos por la interventoría, en los que se constató la entrega de
la obra el 30 de noviembre de 2016 con algunas actividades pendientes;
igualmente mencionó la correspondencia intercambiada posteriormente entre las
partes para programar las pruebas de estanqueidad, y aludió a las actas en que
éstas se registraron. Con fundamento en ello, concluyó que el contrato no había
terminado el 14 de noviembre de 2016, como lo indicó EPM, sino el 30 de
noviembre siguiente, mientras que las pruebas al tanque fueron adelantadas entre
2017 y 2018.
Señaló que no era de recibo el planteamiento de la convocada, referente a que
las pruebas de estanqueidad no hacían parte del objeto contractual y que por ello
su resultado negativo no podía imputársele a título de incumplimiento. A este
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
respecto, manifestó que el compromiso asumido por Nirvana S.A.S., de entregar
el tanque en condiciones de funcionamiento, era una obligación de resultado, de
modo que su cumplimiento no se concretaba únicamente con la entrega del
tanque, pues era necesario, además, que este operara adecuadamente, por lo
que las aludidas pruebas de estanqueidad sí comprometían la responsabilidad
contractual de la sociedad constructora.
Se indicó en el laudo:
[E]l cumplimiento de un contrato no es otra cosa que el cumplimiento por el
deudor de las obligaciones nacidas de aquél, en los términos de los artículos
1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, en cuanto se prescribe
por el primero que ‘Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por
ley pertenecen a ella’ y en forma parecida, por el segundo de esos textos, que
‘Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a
todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la
costumbre o la equidad natural’ (…).
[P]or ello no puede sostenerse que las pruebas de estanqueidad, cuyo
propósito era comprobar que el tanque sí tenía la capacidad de almacenar
agua potable, eran cuestión extraña a las obligaciones contractuales.
Bajo las anteriores premisas, los árbitros precisaron que, al resolverse la
pretensión de declaratoria de incumplimiento formulada por EPM, lo que debía
establecerse en el juicio no era la eventual existencia de fallas estructurales o
errores constructivos en el tanque entregado por Nirvana S.A.S., sino la
operabilidad o funcionamiento del mismo.
En orden a resolver dicho problema jurídico, el Tribunal se adentró en la valoración
de los medios de convicción aportados a la causa y tuvo como prueba constitutiva
de confesión lo expresado por la sociedad convocada al contestar la demanda, en
el sentido de que “las pruebas de estanqueidad no arrojaron los resultados
esperados”, hubo “fallas presentadas en las filtraciones” y que éstas eran
corregibles en la fecha de la contestación, “aun aplicando la membrana tipo PVC”,
-insumo sobre el cual también hubo debate en el proceso-. Así, los árbitros
consideraron que con tales manifestaciones, la convocada confesó que el tanque
construido no estaba funcionando o no era útil para cumplir con su finalidad,
debido a los problemas de filtración.
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
Asimismo, del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Nirvana
S.A.S., los árbitros dedujeron que las pruebas de estanqueidad eran inherentes al
contrato, por ser necesarias para verificar precisamente si el tanque funcionaba,
lo que suponía la constatación del cumplimiento del objeto contractual; y
señalaron que si bien el interrogado manifestó que los daños en el tanque habían
sido provocados por terceros, no obraba en el plenario prueba alguna que
permitiera corroborar dicha afirmación, como tampoco podía acogerse lo dicho por
el declarante, en cuanto a que transcurrió mucho tiempo entre la entrega del
elemento y las pruebas de estanqueidad, pues no se demostró que ese lapso
afectara por sí solo la funcionalidad del bien.
El Tribunal valoró como prueba documental el “Informe de Diagnóstico estructural
I-2683-033-T4E-01-Rev0”, aportado por la convocante y rendido por la firma
Inteinsa, que señaló, según la transcripción hecha en el laudo, que “el tanque
cumple con las cuantías de acero y espesores considerados en losa y muros, por
lo cual se descarta que el tanque no cumpla con las pruebas de estanqueidad por
diseño estructural bajo esas condiciones y corrobora que las filtraciones
presentadas son debido al proceso constructivo”.
Igualmente refirió los testimonios de los profesionales Estevan (sic) Alejandro
Castaño, Carlos Augusto Agudelo Mejía, Mónica María Oquendo Zuluaga y Clara
Consuelo Díaz Henao; y señaló que todos ellos coincidieron en mencionar los
resultados negativos de las pruebas de estanqueidad y la detección de filtraciones
en cada una de ellas.
Con base en todo lo anterior, expuso el colegio arbitral:
Se infiere de la prueba en conjunto, en conclusión, que el tanque construido
quedó con deficiencias para servir a su finalidad (…).
[P]ara el Tribunal no queda ni la menor duda, por lo expresado por la
demandada al contestar la reforma a la demanda y por las pruebas
practicadas, interrogatorio, testimoniales y documentales, más las tesis
expuestas por el Señor Agente del Ministerio Público, que el tanque
construido no es estanco, no almacena el agua. Y que esa carencia es
atribuible a la actividad o trabajo que adelantó la sociedad demandada. Lo
cual constituye incumplimiento, porque la construcción contratada lo fue de
un tanque de almacenamiento que pudiera ponerse al servicio.
Bajo esa línea, al resolver sobre las excepciones de mérito -y en particular, la que
planteó que “la actuación de EPRIO, hoy EPM, es una verdadera gestión fiscal
antieconómica”, el panel de árbitros subrayó que la convocada no había
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
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manifestado haber cumplido con el contrato, sino que se limitó a reprochar a la
entidad convocante por no haber minimizado el riesgo.
Por otro lado, el Tribunal precisó que, de acuerdo con lo declarado por ambas
partes en la demanda reformada y su contestación, así como con las pruebas del
proceso, el contrato había terminado en noviembre de 2016, de manera que, para
la fecha en que Nirvana S.A.S. entró en proceso de reorganización -es decir, el
17 de septiembre de 2018, según la convocada-, el negocio jurídico ya había
finalizado. Sobre esa base, desestimó la excepción que se denominó “La
declaratoria de siniestro es arbitraria y no respetó el debido proceso ni la
prohibición contenida en el artículo 21 de la ley 1116 de 2006”.
7.2. Análisis de la Sala
7.2.1. Con respecto a la prueba denegada por el Tribunal de Arbitramento e
invocada por la impugnante en el recurso de anulación, encuentra la Sala que,
salvo en lo que respecta al recurso de reposición que debe interponerse contra el
auto que niega el decreto de la prueba, la causal de anulación aducida en ese
marco no reúne los presupuestos de ley, anteriormente mencionados.
Así, en cuanto a la oportunidad en que fue solicitado el elemento probatorio, es
palmario que no correspondió a ninguna de las expresamente señaladas en la
normativa procesal aplicable41, particularmente porque si bien el acuerdo de
reorganización de Nirvana S.A.S. fue aprobado por la Superintendencia de
Sociedades el 21 de mayo de 202142, sobre tal aprobación guardó silencio la parte
pasiva al contestar la demanda, reformada el 31 de mayo siguiente sin allegarse
ni solicitarse el acta extendida por la mencionada autoridad para refrendar el
acuerdo. Siguiendo esa pauta de conducta procesal, la convocada también omitió
41 Es decir, la demanda o su reforma, la contestación, el escrito de excepciones previas cuando
estas se formulen y la proposición de incidente cuando este tenga lugar a instancia de parte
(artículos 82-6, 96, 101 y 129 del Código General del Proceso, aplicables por virtud de la remisión
que para efectos probatorios dispone el artículo 31, inciso segundo, del Estatuto Arbitral, conforme
al cual, “[e]l tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes
previstos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o complementen.
Las providencias que decreten pruebas no admitir (sic) recurso alguno; las que las nieguen son
susceptibles de reposición. Cuando la prueba haya de practicarse en el exterior, se aplicarán los
tratados vigentes sobre la materia y, en subsidio, las normas del Código de Procedimiento Civil,
en lo pertinente. En este caso, cuando en el proceso se hayan practicado todas las pruebas y sólo
faltare la prueba en el exterior, los árbitros podrán suspender de oficio el proceso arbitral, mientras
se practicare la misma”).
42 El acta respectiva fue rechazada como prueba por el Tribunal pero aparece en el expediente
digital visible en Samai.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
pedir la prueba en las demás fases de la actuación arbitral pese a que así se lo
permitía el artículo 32, parágrafo, de la Ley 1563 de 2012, que establece que las
medidas cautelares “también podrán tener como objeto recaudar elementos de
prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la controversia”.
Agréguese a lo anterior que, como lo señalaron los árbitros al pronunciarse sobre
el instrumento, el mismo no guardaba relación alguna con las preguntas
formuladas al representante legal del Nirvana S.A.S. durante el interrogatorio de
parte, por lo cual no existía mérito para tener como oportunamente allegada el
acta aludida en dicha diligencia, ni aun bajo principios como la prevalencia del
derecho sustancial o la economía procesal, pues la parte interesada había dejado
pasar las oportunidades legalmente establecidas para aportar la prueba, ya
existente en la fecha de contestación, como se indicó.
Bajo esta línea, tampoco se advierte que haya carecido de fundamento o
justificación legal el rechazo de la prueba, puesto que esa denegación se dispuso
por el Tribunal precisamente sobre la base de las oportunidades probatorias
reguladas por el ordenamiento procesal ya comentado; y la inconducencia del
instrumento, señalada por el panel y prevista como supuesto de rechazo en el
artículo 168 del Código General del Proceso43, no logró ser desvirtuada por la
convocada en sede del recurso de reposición que interpuso contra el respectivo
auto.
En cuanto a la incidencia del acta aprobatoria del acuerdo de reorganización de
Nirvana S.A.S. en las resultas del proceso, se advierte que ese documento no era
el que acreditaba el hecho alegado por la recurrente en su escrito de impugnación
y, además, conocido por el Tribunal con base en las otras pruebas y alegaciones
de las partes, llegando en todo caso a la conclusión final relativa al incumplimiento
contractual de Nirvana S.A.S.
En efecto, de acuerdo con los argumentos de la censura, el rechazo de la indicada
acta fue determinante en la negación de las pretensiones porque desconocía que
las obras que se le solicitaron a la contratista después de las pruebas de
estanqueidad no pudieron ser adelantadas por ella debido a la falta de recursos,
circunstancia que la obligó a entrar en reorganización y que, en el marco del
43 “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
contrato, fue causada por la retención de saldos por parte de EPM. Sin embargo,
tales asertos no podían sustentarse con el acta aprobatoria del acuerdo concursal,
pues la supuesta imposibilidad económica para adelantar las obras que, según
Nirvana S.A.S., le fueron solicitadas tras las pruebas de estanqueidad, tuvo lugar
en el año 2018 -como además lo declaró el representante legal de la convocada
en el interrogatorio de parte-, mientras que el documento mencionado fue
expedido en 2021.
Por lo demás, aún al considerarse que la existencia del proceso de reorganización
contribuía a la acreditación de la falta de recursos aducida por la hoy impugnante,
y a la subsiguiente demostración de hallarse imposibilitada para ejecutar las obras
requeridas en 2018, en el laudo quedó constatada la fecha de inicio del alegado
proceso sin necesidad de que obrara o se valorara el acuerdo final aprobado por
la Superintendencia de Sociedades, y en todo caso, el hecho relevante para el
Tribunal fue que los ensayos hechos con el tanque arrojaron resultados
desfavorables y pusieron de manifiesto que el elemento no era idóneo para el
almacenamiento de agua, por lo cual los árbitros concluyeron que Nirvana S.A.S.
había desatendido sus obligaciones contractuales, por el solo hecho de no haber
entregado un tanque en condiciones de funcionamiento, como lo exigía el
contrato.
En ese orden de ideas, es palmario que la causal quinta de anulación, invocada
por la sociedad recurrente, no está llamada a prosperar.
7.2.2. Lo propio concluye la Sala en torno a la causal referente al laudo en
conciencia, no solo porque se evidencia que el proveído censurado fue dictado en
derecho, sino porque los argumentos del recurso no encuadran en los supuestos
del artículo 41, numeral 7, del estatuto arbitral.
La impugnante comienza por aducir que las decisiones del laudo se cimentaron
con juicios propios de un arbitraje técnico, pese a que lo pactado por las partes
había sido un arbitraje en derecho; este argumento es a todas luces cuestionable,
pues reprocha el hecho de que el Tribunal haya analizado lo concerniente a las
fallas presentadas en el tanque materia de controversia, cuando era una cuestión
en la que necesariamente debía discurrir, en tanto le correspondía dilucidar en el
juicio si la convocada había incumplido o no el contrato en la forma planteada en
la demanda, lo que indefectiblemente remitía al estudio de la obra final entregada
por Nirvana S.A.S.
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
En ese marco, ciertamente, los árbitros concluyeron que la contratista había
desatendido sus obligaciones, sobre la base de establecer si el tanque construido
cumplía o no su propósito, pero para ese ejercicio no acudieron a sus propios
conocimientos en obras civiles ni a criterios personales sobre la adecuada o
inadecuada operabilidad del elemento, sino a las pruebas del proceso, entre estas
los testimonios de los profesionales en ingeniería y el informe técnico de la firma
Inteinsa, aportado por la convocante al presentar la demanda. Así, siendo la
controversia de raigambre jurídica y atinente al alegado incumplimiento
contractual de Nirvana S.A.S., a ese tema se circunscribió el análisis del Tribunal;
cosa distinta es que para ello necesariamente tuviera que examinar determinados
detalles técnicos de la obra contratada, lo que de ninguna manera constituye un
“arbitramento técnico” como lo adujo la impugnante, y menos un laudo en
conciencia en los términos normativos y jurisprudenciales anteriormente
precisados. Por lo demás, el basamento de la conclusión final que sobre el
incumplimiento de Nirvana S.A.S. se plasmó en el laudo no solo estuvo constituido
por el citado material probatorio, sino también por varias normas sustantivas, entre
estas, los artículos de la Ley 80 de 1993 relacionados con los fines de la
contratación estatal, lo que en este caso contribuyó a la adopción de una decisión
en derecho.
Ahora, partiendo del aludido argumento, la recurrente señaló que si bien las
pruebas testimoniales evidenciaron que el tanque no funcionó, ello no significaba
que la ejecución de la obra hubiera sido imperfecta; sin embargo, este asunto
corresponde al análisis de fondo de la controversia, por lo cual es propio del
recurso de apelación y resulta ajeno al recurso extraordinario de anulación, más
aún a la causal de laudo en conciencia, que no procede para cuestionar las
conclusiones probatorias expuestas en la providencia. En todo caso, cabe precisar
que el Tribunal no reprochó la ejecución de la obra, por el contrario, precisó que
el problema jurídico no se centraba en establecer los defectos estructurales del
tanque, sino en indagar si el mismo funcionaba o no, interrogante que tuvo por
respondido precisamente con los testimonios rendidos en la actuación y en varias
pruebas documentales referidas en el laudo.
Las siguientes inconformidades de la recurrente no aluden al laudo en específico
sino a las actuaciones de la convocante y al supuesto cumplimiento de Nirvana
S.A.S. En efecto, se reprochan en el recurso aspectos como la interposición de la
demanda por parte de EPRÍO hallándose en trámite el proceso de reorganización,
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
la declaratoria de siniestro en la resolución expedida por EPM -cuestión que
además no hacía parte del debate materia de juicio-, el haberse declarado y
alegado el incumplimiento en sedes administrativa y arbitral cuando ya había
finalizado el contrato, la competencia temporal para declarar la caducidad -evento
éste que no ocurrió durante la relación negocial entre las partes ni fue sometido a
pleito-, la pretendida afectación patrimonial de la contratista por las conductas de
EPM y la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de EPRÍO.
Todos estos aspectos también hacen parte del fondo de la controversia -lo que
escapa del margen de competencia del juez del recurso de anulación- y no
comunican en forma alguna la ocurrencia de yerros o vicios constitutivos de laudo
en conciencia, por lo cual la Sala se abstendrá de examinarlos, teniendo en
cuenta, además, que algunos de ellos no correspondían siquiera al conflicto
decidido en el laudo y los demás ya fueron resueltos por el juez competente, de
acuerdo con el pacto arbitral. Aunado a ello, se advierte que dichos aspectos
alegados por la recurrente están comprendidos en la prohibición legal del artículo
42, inciso cuarto, de la Ley 1563 de 2012, que le impone al juez del recurso
abstenerse de emitir pronunciamiento “sobre el fondo de la controversia”, y le
señala que no “calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el
laudo”.
Por último, en los apartados finales del recurso se alega que no obraba en el
proceso ninguna prueba demostrativa de que el mal funcionamiento del tanque le
fuera imputable a Nirvana S.A.S., y se insiste en que, de cualquier manera, la
discusión era de carácter técnico, por lo que el Tribunal no podía pronunciarse
sobre ella. Frente a esto, debe reiterarse que los árbitros no solo estaban
facultados sino que les asistía el deber de pronunciarse sobre el incumplimiento
contractual que les fue puesto en consideración con la demanda y su reforma, y
que la decisión adoptada al respecto se fundó sobre el caudal probatorio, al
margen de que la valoración de las probanzas, hecha en el laudo, hubiera sido
contraria al interés de la convocada, lo que naturalmente no configura ni da lugar
a una decisión en conciencia.
8. Conclusiones
Así las cosas, se concluye que no hay lugar a declarar fundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral dictado el 17 de
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
febrero de 2022, puesto que: i) si bien el Tribunal denegó una prueba solicitada
por la convocada, no se dan los presupuestos previstos en el artículo 41, numeral
5 del Estatuto Arbitral para la configuración de la causal allí prevista, en particular
porque tal negativa no careció de justificación legal y no tenía incidencia en las
resultas del proceso; y ii) los reproches formulados por el recurrente sobre la
causal 7 –referente al fallo en conciencia- no se enmarcan en ella, y varios de
tales puntos de censura son ajenos, además, al margen de competencia del juez
del recurso de anulación.
Con todo, cabe advertir –la Sala lo recalca- que ni las conclusiones esbozadas de
manera precedente ni la decisión que se adoptará en esta sentencia, en el sentido
de declarar infundado el recurso extraordinario de anulación, se orientan en
manera alguna a señalar que se comparte la decisión de fondo contenida en el
laudo impugnado, pues, se reitera, la competencia del juez de lo contencioso
administrativo en sede del recurso de anulación del laudo arbitral está limitada en
forma diáfana, y se contrae exclusivamente al examen de los yerros in procedendo
que invoque la parte recurrente, con fundamento en las causales de anulación que
taxativamente se enuncian en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por tanto, la
no prosperidad del recurso no implica ni entraña una aquiescencia, acuerdo o
conformidad de la Sala con lo resuelto por el tribunal de arbitramento, sino que
solo pone de manifiesto que las causales de anulación invocadas por la recurrente
no se configuraron.
9. Costas
El inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que “[S]i el recurso
no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya
sido presentado por el Ministerio Público”. A su vez, de conformidad con lo
normado en el artículo 42 de la misma ley, en la sentencia que resuelve el recurso
de anulación “se liquidarán las condenas y costas a que hubiere lugar”.
No obstante, a la luz del artículo 365, numeral 8, del Código General del Proceso,
“[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.
En el presente caso, si bien es palmario que el recurso de anulación se resolverá
de manera desfavorable, no se evidencia la causación de costas por haberse
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Expediente N° 68482
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Constructora Nirvana S.A.S.
interpuesto dicho mecanismo extraordinario, especialmente porque ninguna de
las partes se pronunció sobre el mismo, en el término del traslado hecho por el
Tribunal de Arbitramento ni en el curso de la actuación surtida ante esta Sala.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la parte convocada contra el laudo arbitral del 17 de febrero de
2022.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/ validador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Ausente con excusa
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado Electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
33
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